Politica - Patria Moreira

Año 6.  Febrero 2018 .  San Juan.  Argentina.   Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Politica

Tras un verano negativo, se espera una masiva marcha en contra del Gobierno

Gremios y organizaciones sociales marcharán para expresar el descontento con los despidos, los tarifazos y el ajuste de Cambiemos.

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) ratificó su participación de la marcha convocada por Camioneros para el 21 de febrero próximo y aclaró que si el líder de ese gremio, Hugo Moyano, tiene "intereses particulares", eso es "absolutamente secundario".
La agrupación destacó que la movilización se da en el marco de "una perspectiva estratégica que es la reunificación de los trabajadores en una central y una situación de alianza táctica", la cual "se da en determinadas circunstancias".
La reacción del Gobierno ante la marcha
En la previa de la movilización impulsada por el líder camionero, Hugo Moyano, el Gobierno advirtió hoy que "marchar y generar una situación de enfrentamiento" con el oficialismo "le pone presión a los jueces", quienes así pierden "margen para disponer medidas" en las causas contra el referente sindical.
"Él sabe que marchar y generar esta situación de enfrentamiento le pone presión a los jueces, le quita margen para disponer medidas. Yo no esperaría medidas inmediatas. ¿Qué juez va a tomar una decisión ahora?", señaló a un integrante del Gabinete.
Antes de la marcha, advierten que se puede venir un paro nacional

Mientras se aguarda una masiva movilización a la 9 de Julio, distintos sectores ya hablan de más medidas de acción directa.

Cuando la calle se prepara para ser el escenario de una masiva movilización contra las políticas económicas del Gobierno nacional, los actores que participarán de la marcha ya anticipan que si no hay respuestas se puede venir un paro nacional.
Ya sin el "lastre" del sindicalismo dialoguista, algunos de los cuales acompañarán al ministro Triaca en un viaje por Europa, el sector más opositor al Gobierno comienza a hablar de profundizar el plan de lucha contra la reforma laboral, el techo a las paritarias y la política económica en general.
Así se expresó, por ejemplo, Huyo Yasky, titular de una de las vertientes de la CTA. En diálogo con Fm Blue, el también diputado nacional expresó que "el paro nacional está en el horizonte" y agregó: "Es necesario reagrupar al movimiento sindical. Los propios protagonistas de la CGT dan por hecho que se agoto el triunvirato. Este gobierno sabe que esta produciendo un daño irreversible grave".
"Sumate a la comunidad de El Destape"
En esa sintonía habló el referente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico: "Le duele al gobierno que salgamos a la calle. Por eso hay que construir la unidad más amplia posible entre las organizaciones. Si no hay respuesta del gobierno tras la marcha, hay que ir a un paro nacional".
En una entrevista para Crónica Anunciada, de FM La Patriada, estimó que la marcha tendrá alrededor de 100 mil manifestantes. "La de hoy es una movilización más contra este gobierno, en un marco difícil sin salida", evaluó.
A la marcha convoca el gremio de Camioneros y toda el ala moyanista de la CGT, además de las dos CTA, partidos de izquierda (en una columna independiente) y movimientos sociales como la CTEP, Barrios de Pie y el Movimiento Evita. A la misma no se sumaron ni los "Gordos" ni los llamados "independientes" de la CGT, más cercanos al oficialismo.
Alconada Mon pone contra las cuerdas a Macri y expone a un ministro

El periodista de La Nación le hizo un reclamo al Gobierno.

El periodista Hugo Alconada Mon le pide al Gobierno que ahora renuncie el ministro de Finanzas Luis Caputo.
En un largo tuit, se refirió a la reciente renuncia de Valentín Díaz Gilligan, el Subsecretario de Presidencia que dimitió tras la revelación de una cuenta offshore.
Alconada Mon, que destapó la cuenta offshore de Caputo en Islas Caimán, pide la cabeza del ministro de Finanzas.
"Díaz Gilligan ocultó que fue titular de una CUENTA offshore que manejo $$ de tercero (sería Paco Casal). Omisión maliciosa. Renunció. Luis Caputo ocultó que fue accionista de un ENTRAMADO offshore que manejó $$$ de terceros (no se sabe quiénes son). Omisión maliciosa. No renunció", afirmó el periodista de La Nación.
La Asociación de Magistrados cuestionó a Macri por sus declaraciones sobre el caso Chocobar
“Una indebida injerencia en la Justicia”

La entidad que nuclea a jueces y que tiene una muy buena relación con el Gobierno criticó al Presidente porque consideró una “interferencia” sus reproches a los magistrados y alertó sobre la invocación al “sentir popular” para definir cuestiones judiciales.

Un Presidente no se convierte en ciudadano por andar en chomba”, fue la frase célebre del lunes por la mañana en el cuarto piso de Palacio de Justicia, donde está la Corte Suprema. Era la síntesis del malestar en el mundo judicial después del ataque de Mauricio Macri a los camaristas que confirmaron el procesamiento del policía Luis Chocobar por homicidio agravado de Pablo Kukok, una decisión que “como ciudadano” dijo que no podía  “entender”. Luego, les advirtió a “las siguientes instancias” que revisen el caso, “que entiendan que queremos convivir en paz”. Por la tarde, ayer, la Asociación de Magistrados, que nuclea a los jueces de todo el país, interrumpió al menos por un rato la relación cordial que la une al gobierno de Cambiemos al difundir un comunicado en el que cuestiona a Macri por “desentenderse de su calidad de jefe supremo de la Nación” para ejercer una “indebida injerencia tendiente a limitar o a enderezar según su punto de vista las facultades del Poder Judicial”.
La alusión a la chomba se debe a la imagen informal que intentó mostrar el Presidente al hablar desde el retiro espiritual que compartía con su gabinete en Chapadmalal. Como es evidente, el retiro no era de un aislamiento total y, si bien nadie podía usar celular, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, esperaba ansiosa las noticias en su “ipad”. Después de que se conoció el fallo firmado por los jueces Marcelo Lucini, Mariano González Palazzo y Rodolfo Pociello Argerich, ella fue la primera en salir públicamente a respaldar otra vez al policía Chocobar, agente de Avellaneda. Los que vieron la primera reacción de Macri al recibir la noticia del fallo esperaban una exposición todavía más brutal de la que hizo contra los jueces, con su chomba gris, pero cuentan en la Casa Rosada que como es habitual en estos temas el ministro de Justicia, Germán Garavano, corrió a taclearlo. “El fallo jurídicamente es bueno”, “no empeora la situación del policía aunque diga homicidio agravado”, cuentan testigos que intentó explicar el ministro.
Entonces Macri utilizó el recurso de hablar como ciudadano, como si fuese escindible de su carácter de mandatario, y dijo que no entendía cómo los jueces fallaron contra Chocobar que “perseguía a un asesino”, a quien insistió en mostrar como un héroe, pese a que la sentencia muestra que no evitó nada: el turista estadounidense ya estaba herido, a casi 300 metros de Kukok, que trataba de huir después de que unos vecinos lograron quitarle la cámara de fotos que había robado, y recibió los disparos mortales por la espalda. Para denostar a los camaristas, que distan de representar al progresismo judicial, dijo que seguro Raúl Zaffaroni los había felicitado.
La otra frase célebre en el cuarto piso de tribunales decía que los jueces “no se guían por las encuestas sino por la ley”. Es una verdad a medias, o al menos difícil de generalizar si se advierte el furor por la prisión preventiva contra ex funcionarios kirchneristas en Comodoro Py y que justo la semana pasada más de un juez supremo vio con alarma una encuesta de la Universidad de San Andrés que habla de la pésima imagen que tiene el Poder Judicial, con un setenta por ciento de desaprobación, bastante más rechazo que el que los encuestados expresan por el Poder Ejecutivo (56 por ciento). Lo cierto es que el malestar frente a la postura presidencial, que carga las tintas sobre esa mala imagen, se empezó a palpitar el mismo viernes, cuando –como informó este diario– a los camaristas criticados les llovieron mensajes de apoyo, algunos incluso provenientes de recovecos de la propia estructura gobernante.
En la Asociación de Magistrados –cuya presidenta es la camarista comercial María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que interviene, por ejemplo, en el caso del Correo– la reacción no fue inmediata. La entidad suele tantear los humores en la corporación para cuidarse de dar pasos en falso. En este caso había dos factores en juego: tienen una buena relación con el Gobierno, en las antípodas de lo que sucedió durante las administraciones de Cristina  Fernández de Kirchner, pero a la vez era evidente el enojo extendido entre jueces y juezas. La versión final del comunicado que emitió la entidad no fue tan dura como el borrador inicial, pero puso un límite al Ejecutivo con párrafos que señalan “preocupación por las expresiones críticas del señor Presidente” respecto de las decisiones tanto en primera instancia –con el fallo del juez Enrique Velázquez– como en Cámara en el  caso conocido como Chocobar.
  • “Resulta inadmisible que el titular de uno de los departamentos del Gobierno Federal pretenda expresar una encendida crítica a la labor judicial, aduciendo que lo hace desde su ‘rol de ciudadano’ intentado, de ese modo, desentenderse de su calidad de Jefe Supremo de la nación que les debe respeto e independencia a los demás poderes” y de la “implicancia política, institucional y social de sus manifestaciones”.
  • “Sus expresiones respecto de cómo debe resolverse un hecho que está siendo investigado por la Justicia deben interpretarse como una indebida injerencia tendiente a limitar a o enderezar, según su punto de vista, las facultades del Poder Judicial de la Nación, lo que resulta a todas luces incompatible con un Estado de Derecho”.
  • “Esta asociación reitera su postura en cuanto a la necesidad de evitar intromisiones, sea del sector que fuera, en procura de obtener una determinada resolución judicial, invocando para ello el sentir popular, pues ello implica una      inaceptable interferencia en las funciones exclusivas del Poder Judicial, a la vez que coadyuva a generar un infundado enfrentamiento de la sociedad con los magistrados”.
Hay jueces y juezas que alegan sentirse usados por el Poder Ejecutivo para, con casos como el de Chocobar o críticas a los privilegios, tapar otros temas sustanciales como la inflación, los tarifazos y el desempleo. Otros conceden que el Poder Judicial está a años luz de la sociedad y sus intereses y necesidades y que si algo le sobran son privilegios, pero que nada tiene que ver eso con el respeto a la independencia y el intento de injerencia gubernamental.
El intento, además, de instalar una “nueva doctrina” como la definió la ministra Bullrich, donde las fuerzas de seguridad siempre tengan razón, generó grietas en Cambiemos y con el Poder Judicial. Algunos radicales ya expusieron sus cuestionamientos. Quienes trabajan en la redacción de un nuevo Código Penal no tienen previsto introducir nada al respecto ni modificar la definición de “legítima defensa”. Habrá que ver si estos cortocircuitos son pasajeros o harán mella en el tiempo.
Encuesta: el 55% rechaza al Gobierno nacional

El sondeo marca también un fuerte pesimismo en relación al futuro de la economía del país.

Una nueva encuesta de la consultora Analogía muestra que el 55% de las personas tienen una imagen negativa de la gestión del Gobierno nacional. El pesimismo en materia económica, la clave para comprender el por qué del descenso.
Según la consultora Analogías, el 55,2% de los consultados en la provincia de Buenos Aires desaprueba la gestión del Gobierno, contra solo un 35% que la aprueba. La imagen personal de Macri va en esa sintonía: si bien se mantiene con un leve diferencial positivo (51,1 a 47,3%), su imagen positiva descendió 7 puntos desde noviembre, mientras que la negativa ascendió otros 8.
Desde las elecciones de octubre, y tras la aprobación de la reforma previsional, la "esperanza" le dio lugar al pesimismo en relación al futuro de la economía. Hoy, un 55,2% cree que el futuro será peor,cuando solo era del 41% en octubre. El optimismo en materia económica bajó del 54% hace 4 meses a solo 38,8%.
En esa sintonía, el 71% cree que este año no bajará la inflación, en tanto que 69,9% considera que no habrá más trabajo en relación al 2017. Precisamente, la falta de trabajo figura como la principal problemática de la PBA, con el 27,5%, en tanto que la inseguridad bajó al segundo lugar, 24,7% y la inflación con el 14,7%.
La gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantiene mientras tanto un 61,7% de imagen positiva, con un 36,2% de negativa.

El Gobierno compra armas para las FF.AA. en un procedimiento "secreto"

Fue publicado en el Boletín Oficial y asegura que es por "razones de seguridad o defensa nacional".

El Ministerio de Defensa, comandado por el radical Oscar Aguad, realizará una compra secreta de armamento, según se desprende de un decreto publicado este mismo jueves en el Boletín Oficial.
"Declárase secreta la operación contractual por razones de seguridad y defensa nacional para la adquisición del Material Bélico que tramita bajo el Expediente N° 6/2017 del MINISTERIO DE DEFENSA, de conformidad al requerimiento consolidado y efectuado por el ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS", reza en su artículo 1 el decreto 125, firmada por el propio Presidente, Mauricio Macri.
De acuerdo a los considerandos, "la selección por contratación directa se utilizará cuando el PODER EJECUTIVO NACIONAL haya declarado secreta la operación contractual por razones de seguridad o defensa nacional, facultad ésta excepcional e indelegable".
La noticia se conoce pocas semanas después de la confirmación del cierre de la planta que Fabricaciones Militares poseía en Azul, dejando a más de 200 trabajadores en la calle. Uno de los delegados denunció que detrás de esto se encontraba la intención de comprar a Israel el material que antes de fabricaba allí.
¿Cambia la sociedad o cambia la política?

El gobierno del presidente Mauricio Macri ha planteado desde su inicio una serie de cambios en la concepción que “baja” desde el Estado en torno a ciertas dinámicas sociales, difundiendo a su vez un conjunto de ideas que influyen en el debate público. Muchos de estos mensajes y políticas implican modificaciones profundas no sólo con respecto a épocas recientes, sino que en algunos aspectos significan reestructuraciones de más largo alcance en la dinámica social y su relación con la política.
Así, por ejemplo, la forma en que se concibe la protesta social desde el Gobierno ha cambiado con respecto a la que había primado en la década pasada, junto con una noción distinta de la idea de “orden”, así como una visión distinta con respecto al significado de una ciudadanía centrada en el ejercicio de ciertos derechos que el Estado el que debe impulsar y garantizar. Algunas modalidades de conformación y circulación de las elites, así como la forma en que se ejercen relaciones de poder al interior y entre distintos estratos sociales podrían estar también experimentando modificaciones relevantes.
Como en todo gobierno, la forma de concebir cuáles son las cuestiones socialmente problematizadas y, al mismo tiempo, el menú de opciones que se ponen sobre la mesa para su posible resolución desde las políticas públicas se ven acotados a un cierto esquema conceptual. A una cierta idea de, por ejemplo, mediante qué modalidades el Estado debe intervenir en el territorio y actuar en función de ciertos conflictos sociales. En el caso de la gestión de Macri, se trata de un enfoque con rasgos que pueden rastrearse a otras experiencias políticas de la historia argentina que han buscado plantear como bandera y horizonte principal la cuestión de la “modernización”.
Estos cambios impactan en la sociedad, pero ¿con qué profundidad y a qué ritmo? ¿En qué medida los mecanismos por los que se conforma un cierto “sentido común” están sufriendo a su vez modificaciones?
Desde el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) hemos venido trabajando sobre algunos de estos temas en lo que hace a la ciudadanía, las identidades políticas y las creencias colectivas en un territorio específico que es el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Una encuesta desarrollada junto con Opina Argentina en septiembre pasado ratificó la preponderancia que los ciudadanos le dan al Estado tanto en la responsabilidad de impulsar el desarrollo económico como en la cuestión de la disminución de la pobreza. También reveló que la actividad política es seguida con interés por una porción importante de ciudadanos. Y que la cuestión “social” tiene vínculos con el ideal de sociedad que tienen los habitantes del AMBA.
Mientras que seis de cada diez consultados evalúan que el Estado es el principal actor social en esas materias, menos de dos le asignan ese rol a las empresas. En cuanto al combate a la pobreza, apenas el 5 por ciento de los consultados o menos apuntaron a la tarea que realiza la Iglesia y ONG. Esta centralidad del Estado es ciertamente incorporada en el discurso de los funcionarios del Gobierno nacional, del porteño y del de la provincia de Buenos Aires. El jefe de Estado repite desde el inicio de su gestión que uno de sus objetivos principales es lograr la “pobreza cero” y que los ciudadanos deberán evaluarlo en base a su nivel de éxito en torno a esta cuestión. Pero ¿en qué medida y a través de qué modalidades el Estado efectivamente se coloca en función del debate contra la pobreza y el impulso al desarrollo?
Además, cuando se indaga a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires sobre el significado de “un país mejor”, la mayor proporción de consultados se inclina por la idea de “un país sin pobreza” (35 por ciento). También alude al ejercicio pleno de derechos la idea de un país donde haya “plena igualdad”, a la que adhieren un 16 por ciento de quienes participaron del sondeo. De igual modo, a la idea de “orden”, al igual que en otros estudios que hemos realizado aparece como una noción donde “lo social” tiene un lugar relevante. La mayor cantidad de menciones (28,3 por ciento) la vinculan con la necesidad de una situación con “mayor bienestar social” y si bien aparece la idea más habitual del enfoque mediático o de algunos sectores políticos en torno a una sociedad “donde se pueda circular libremente –un cuarto de los consultados se expresan de esa forma– y “una sociedad más segura” (13,2 por ciento) o “más represiva (3,7 por ciento), también la idea de “una sociedad más justa” (12 por ciento) surge entre las respuestas con más menciones.
En cuanto los aspectos más importantes para el desarrollo y el bienestar de la sociedad, en primer lugar, apareció la idea de justicia (37,1 por ciento), seguida por la igualdad (29,1 por ciento). En un estudio similar realizado para el CEM en marzo de 2017 las preferencias aparecían invertidas: en primer lugar, los consultados se inclinaban por la igualdad (32 por ciento) y la justicia recibía el 28 por ciento de menciones. Las ideas de “orden” y “libertad” le siguen en cantidad de preferencias a las dos anteriores en ambos estudios.
En este sentido, es necesario continuar indagando sobre “el cambio que propone Cambiemos”, su impacto en la sociedad y cómo se retroalimentan o se modifican estas visiones que no son inocuas a la hora de pensar y poner en marcha políticas públicas.
Dirigente de Cambiemos reconoce que extorsionan sindicalistas para que no marchen el 21

Claudia Calciano reconoció que el gobierno desembolsará 5000 millones de pesos para los sindicatos.

La ex legisladora porteña de Cambiemos Claudia Calciano reconoció que el gobierno nacional utilizó los fondos de las obras sociales para presionar a los sindicatos para que no marchen el 21 de febrero. La cifra total es 5000 millones de pesos que entregará la administración de Mauricio Macri a los disidentes de la movilización.
"Me preocupa el gasto que se va a hacer de cinco millones de pesos (sic), como dijo la periodista. Es mucho", reconoció Calciano, quien se desempeña como Directora General de Desarrollo Productivo de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio de la Ciudad.
Calciano hacía referencia a que la periodista Mariana Contartessi contó al aire que para que los gremios no marchen junto a Hugo Moyano, el gobierno liberó los fondos de las obras sociales.
"El gobierno, como hicieron todos, hace una retención de los aportes a las obras sociales. Los trabajadores hacen el aporte que debe ir a las obras sociales, pero eso se lo queda el gobierno para usarlo como moneda de cambio", explicó Contartessi.
"5000 millones de pesos frenan la marcha", sostuvo Contartessi con el aval de la ex diputada.

Alarmante artículo del Wall Street Journal advierte que Macri podría no concluir su mandato

Para una periodista de la tradicional publicación estadounidense, el peronismo podría triunfar en un intento destituyente

Una nota publicada hoy en el Wall Street Journal escrita por la periodista Mary Anastasia O’Grady, se analizan en detalle, y de la mejor forma para un lector extranjero, las circunstancias alrededor del problema político y económico que heredó Mauricio Macri al hacerse cargo de la presidencia en diciembre de 2015.
Sin embargo advierte, de forma un tanto apresurada, que el peronismo podría hacer que no termine su mandato constitucional.
La columna le presenta al lector norteamericano e internacional una muestra precisa de lo difícil que se le ha hecho al “no peronismo” y a las instituciones la continuidad democrática en Argentina.
No son los mejores antecedentes que el último presidente que haya finalizado su mandato (no perteneciente al Partido Justicialista) haya sido Marcelo Torcuato de Alvear en 1928, ni tampoco la seguidillas de alzamientos militares ocurridos en el país, el último en 1976.
Cabe destacar que O’Grady ni siquiera menciona el golpe contra Fernando de la Rúa en diciembre de 2001, también a manos de sectores del peronismo, lo que hace aún más sombrío el panorama.
La columnista también es certera en el diagnóstico sobre lo peor del kirchnerismo (autoritarismo, control total de la economía, persecución a los medios), lo que le falta hacer a Macri (liberar la economía, reducir el gasto público y el déficit fiscal) y advierte, de forma acertada, la necesidad imperiosa de solucionar el problema de la inflación, que para el Gobierno lamentablemente ya no es absolutamente prioritario en el corto plazo.
Sin embargo se equivoca al considerar como una posibilidad real de que Macri se tenga que ir antes de diciembre de 2019.
Sus palabras exactas fueron que “el peronismo desea que termine su presidencia de forma prematura”, lo que puede ser cierto, pero que “ellos podrían tener éxito”, lo que sí es muy poco probable.
Lo cierto es que el Partido Justicialista está más quebrado que nunca desde el regreso a la democracia en 1983. Cabe destacar que si bien el peronismo ha tenido graves conflictos en su historia (muchos de los cuales se resolvieron a los tiros), la situación de la atomización lejos del poder, y no con una facción en el Estado, les está resultando extremadamente difícil.
El movimiento fundado por Juan Domingo Perón, allá por la década del cuarenta del siglo pasado, tiene en sus vertientes a un grupo de gobernadores y senadores con más sintonía hacia el gobierno nacional, que por ejemplo, hacia el kirchnerismo.
Este espacio le ha dado los votos a Cambiemos para leyes claves y pareciera que su única preocupación es despegarse políticamente de las cuestiones de índole nacional. Esto es porque no encuentran al momento un referente con posibilidades de batir a Macri el año próximo.
Por otro lado hay espacios “filo peronistas” como el massismo que todavía se encuentra en la disyuntiva sobre que hacer con el kirchnerismo, al que abandonaron cuando todavía se encontraba en el poder. Si bien la expresidente Cristina Fernández ya envió a sus voceros a negociar la “unidad peronista” lo cierto es que muchos dirigentes no tienen interés ni siquiera en una foto con ella.
O’Grady en su columna se pregunta si Macri podrá “romper el hechizo” y terminar con su mandato. Pero dada la dispersión en la oposición, el importante respaldo de un sector de la sociedad al presidente, y el hecho que el kirchnerismo radical sea la primera fuerza opositora, pero en muy clara minoría, hacen que Cambiemos no corra ningún riesgo de no finalizar su primer período.
Las preguntas que sí quedan pendientes y con final abierto son si Macri conseguirá su reelección, si en ella podrá implementar las reformas necesarias (y que hasta el momento no se vieron) o si el macrismo será una nueva desilusión en la historia política argentina por no haber cumplido sus objetivos, pero no por haberse ido antes. Al menos, en el primer mandato. Todo puede pasar a partir de 2019.
El Frente Renovador exige la renuncia del ministro Luis Caputo

Los vínculos con empresas offshore en medio de negociaciones por deuda externa, hizo que llovieran las críticas sobre el funcionario.

El Frente Renovador salió a exigir la renuncia del ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, luego de los documentos que publicó Perfil donde se observa que fue accionista de cuentas en sociedades off shore antes de asumir en la función pública.
En ese sentido, consideraron que debe renunciar "por su condición de representante del país ante el G20 y el puesto clave que ocupa". Si hubo ocultamiento, lo que hizo fue mentir no solo a la Oficina Anticorrupción que más que nunca deberá demostrar eficiencia y celeridad para investigar el caso; sino a todos los argentinos.
El diputado nacional por el Frente Renovador, José Ignacio De Mendiguren manifestó la preocupación al respecto: “La política de endeudamiento que fomenta el gobierno a través del ministerio de Finanzas ya es en sí misma suficientemente gravosa para el país. Si encima hay conflictos de intereses por parte de los funcionarios a cargo de su ejecución, la situación sería doblemente grave. Es importante que la justicia avance cuanto antes en dilucidar si esta situación es efectivamente así
“La Oficina Anticorrupción y el Gobierno tienen que garantizar, como prometieron, la transparencia para que no quede ninguna situación dudosa", apuntó el legislador massista. "La Argentina no puede estar endeudándose a través de una persona a quien se le atribuye un delito muy grave. Es inaceptable que maneje las finanzas del país esta persona que ya cuenta con antecedentes. El ministro debe renunciar”, enfatizó.
También la diputada nacional del Frente Renovador, Carla Pitiot, aseguró: “Si es verdad que queremos instituciones sólidas y transparentes deberíamos exigir de nuestros funcionarios, tanto de los que elegimos en las urnas como de los que elige Macri que sean honestos, sinceros y comprometidos. No solo decretos para la tribuna”.
“Si lo de Caputo es así, es grave; si hubo ocultamiento, lo que hizo fue mentir no solo a la Oficina Anticorrupción que más que nunca deberá demostrar eficiencia y celeridad para investigar el caso; sino a todos los argentinos. Y si mintió debería renunciar”, concluyó la diputada nacional.
[EXCLUSIVO] Fuerte respuesta de Cristina a Macri en la Justicia por el reclamo de $20.000 millones

Es por una demanda polémica que presentó Vialidad Nacional. En un comunicado presentado ante el juez Ercolini, la ex presidenta se refiere a la unidad del PJ ante un "gobierno de incansables atropellos a las leyes".

Cristina Kirchner presentó un fuerte escrito en la Justicia contra el Gobierno por demandarla por más de $20.000 millones. Allí pide que se llame también a ex jefes de Gabinete y gobernadores durante la gestión del kirchnerismo como testigos (no como imputados).
Es por una demanda polémica que presentó Vialidad Nacional. En un comunicado presentado ante el juez Julián Ercolini, la ex presidenta se refiere a actores principales de la unidad del PJ ante un "gobierno de incansables atropellos a las leyes".
El Gobierno de Mauricio Macri, a través de Vialidad Nacional, hace dos semanas presentó una demanda por daños y perjuicios contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner (primo de Néstor) y Lázaro Báez, entre otros imputados, por $ 22.500 millones, a modo de resarcimiento "por el daño ocasionado por los hechos de corrupción". La insólita demanda es en concepto de las obras otorgadas a Báez que nunca concluyó. Ercolini aceptó al organismo que dirigeJavier Iguacel como "actor civil" en la causa por el direccionamiento de la obra pública a favor del Grupo Austral, del empresario santacruceño.
"La persecución selectiva del gobierno es animosa, no sólo encarcela, sin razón (lógica y jurídica) a ex funcionarios público, sino que evita demandar a quienes ocuparan el cargo de Jefe de Gabinete durante las gestiones de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y del ex presidente Néstor Kirchner. Sin embargo, no podemos, bajo ningún concepto, convalidar el atropello jurídico al que Cambiemos, en palabras de Iguacel, se aventura", afirma en un escrito presentado por el abogado de la senadora, Carlos Beraldi, ante el juez.
Y aclara: "Extender la insensata demanda a los ex Jefes de Gabinete de Ministros implicaría ser cómplices del ataque permanente a la oposición política que caracteriza a este gobierno. No podemos, por mandato popular, por comprensión ni por responsabilidad política, contribuir a dicha manipulación jurídica y judicial". Agrega: "Avalar este abuso respecto de otros dirigentes políticos contribuiría a la persecución judicial que lleva adelante el gobierno nacional, tanto en el plano penal como en el patrimonial, al efecto de eliminar permanentemente cualquier tipo de oposición política a su plan de ajuste".
Cristina pide que declaren Sergio Massa, Jorge Capitanich, Juan Manuel Abal Medina, Alberto Fernández y Aníbal Fernández. Y también a los gobernadores de Santa Cruz, desde el 2003 a la actualidad. Ellos son Sergio Acevedo, Carlos Sancho, Daniel Peralta, y Alicia Kirchner.
Cristina cierra su escrito con la siguiente frase: "El único argumento que tiene el gobierno en su demanda es la persecución política. La ausencia palmaria de los presupuestos de la responsabilidad evidencia un conglomerado político, mediático y judicial que apunta a denostar, demonizar, difamar y estigmatizar cualquier expresión política que exprese los intereses de los sectores populares. Pero el camino de las luchas sociales es una rosa con espinas que, más temprano que tarde, florece en todo su esplendor".
El Gobierno insiste con incorporar a las FFAA en "la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo"
La nueva doctrina viene con botas

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, dijo que este mes pondrá en marcha una Fuerza de Despliegue Rápido para que las tres ramas de las Fuerzas Armadas sirvan “de apoyo logístico” para “la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo“. "Vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el diputado Agustín Rossi, quien dijo que la medida “está en los límites" de lo que fija la Ley de Seguridad Interior.

“Este mes tenemos que resolverlo”, confirmó su apuro el ministro de Defensa, Oscar Aguad, que anticipó la creación de una Fuerza de Despliegue Rápido bajo la órbita de su ministerio, integrada por las tres ramas de las Fuerzas Armadas para prestar “apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”. El anuncio, que hasta ahora no contó con muchas precisiones, va en la línea con la doctrina elaborada por el Comando Sur de Estados Unidos, que según aseguraron los especialistas promueve la intromisión de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. “Está en los límites de lo que fija la ley, vamos hacia un estado gendarme”, cuestionó el diputado y ex ministro de Defensa Agustín Rossi.
“Una de las cuestiones en las que estamos pensando, no a largo plazo, sino que este mes tenemos que resolver, es la creación de una fuerza de despliegue rápido", afirmó el ministro Aguad, que el próximo jueves partirá para Miami, junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reunirse con funcionarios del comando estadounidense para recibir asesoramiento. En declaraciones a Radio Mitre, Aguad explicó que la nueva fuerza incorporará elementos de las tres fuerzas –hoy solo existe en el ámbito del Ejército- con el objetivo de brindar apoyo logístico en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.
"No significa que las Fuerzas Armadas se van a involucrar en el tema de seguridad porque está prohibido por ley”, aseguró en un primer momento el ministro aunque acto seguido aclaró que la nueva fuerza funcionaría como un “apoyo” en temas de seguridad interior. "Tiene que ver con darle un apoyo, el Ejército tiene en condiciones operativas 40 mil hombres que pueden prestar una gran colaboración en materia de seguridad interna pero en el tema logístico”, reafirmó Aguad, que consideró que las Fuerzas Armadas deben rediseñarse y prepararse para las "nuevas amenazas".
La Ley de Seguridad Interior limita la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna; sólo las habilita en casos extremos de excepcionalidad, con la declaración del estado de sitio. Por eso la creación de la nueva fuerza aparece como una posible puerta de entrada para la participación de los militares en asuntos internos.
“La ley prevé el apoyo logístico y eso ya existe hoy. Por ejemplo poder utilizar los aviones del ejército o camiones para llevar suministros a un puesto sanitario. Pero en ningún caso significa una fuerza de despliegue rápido armada. ¿Para qué querés una fuerza así si no es para actuar en seguridad interior?”, cuestionó el ex ministro de Defensa Agustín Rossi, que puso en duda las intenciones del gobierno de Cambiemos. Ayer, la ministra de Seguridad confirmó que su cartera busca modificar la doctrina de seguridad para “invertir la carga de la prueba y otorgar el beneficio de la duda” a los policías que participen en enfrentamientos.
En diálogo, Rossi consideró que la creación del nuevo escuadrón responde al alineamiento de la política de seguridad nacional con el Comando Sur, que involucra a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico.    
-¿Cómo evalúa la experiencia de esta doctrina en los países de la región?
-El Comando Sur es la representación del Pentágono para América Latina. En ninguna región del continente donde se involucró a las Fuerzas Armadas en el combate narco ha habido resultados positivos. Por lo contrario, el efecto fue el inverso: generó un espiral de violencia en la sociedad. Tal vez la experiencia más negativa en este sentido son los Zetas de México, el primer país en seguir esta doctrina, que terminaron conformando un ejército.
-¿Qué hay por detrás de la creación de la nueva Fuerza de Despliegue Rápido?
La creación de esta fuerza es una manera de empezar a involucrar a las Fuerzas Armadas en los asuntos internos. Está en los límites de lo que fija la ley. Y no está disociado con el rumbo que ha tomado la política de seguridad tras el caso Chocobar, que fue respaldado hasta por el Presidente. Vamos hacia un Estado gendarme, con un aumento del poder represivo y que va a traer como consecuencia una mayor violencia institucional.
-¿El límite está en la Ley de Seguridad Interior?
-Argentina y Uruguay son los únicos dos países de América Latina que tienen claramente limitado el uso de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué están conformando esta nueva fuerza si ya existe el apoyo operativo en el marco del Ejército? Si no tienen pensado violar la ley de Seguridad Interior no tiene sentido armar una fuerza de despliegue rápido.
A pedido de quién
Según opinaron especialistas en narcocriminalidad, el antecedente de esta nueva fuerza sería el decreto de enero de 2016 que habilitó el derribo de avionetas no identificadas, supuestamente en manos del narcotráfico, por parte de la Fuerza Área, una de las primeras medidas de Bullrich al frente del ministerio de Seguridad. Para muchos, el decreto fue una manera de obviar la ley de Seguridad Interior y permitir de manera “oblicua” el actuar de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. La doctrina de las nuevas amenazas podría ser la puerta de entrada para la militarización de diferentes territorios y el ingreso de fuerzas extranjeras, que hoy necesitan una autorización expresa del Congreso Nacional.
Para la especialista en seguridad y narcotráfico y ex secretaria ejecutiva del Consejo Federal Penitenciario Paola Spatola, la creación de esta nueva fuerza así como está planteada significa un peligro y roza los límites de las leyes de Defensa y de Seguridad Interior. “Una cosa es que las Fuerzas Armadas reemplacen a las fuerzas de seguridad en el resguardo de objetivos estratégicos, eso es viable y se hace. Otra muy distinta es que presten colaboración, con despliegue incluido, en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, aseguró la académica, que también presidió la Comisión de Narcotráfico del parlamento latinoamericano.
Según entiende Spatola, otro de los puntos oscuros del nuevo comando es quién va a poder requerir sus funciones en el despliegue. ¿Lo deberá hacer un juez, que instruya en alguna causa por narcotráfico, o será pedido por el Ejecutivo? “No es un dato menor quién va a requerir y supervisar cómo se ajusta el actuar de una fuerza con despliegue. Si va a quedar a disposición del Ejecutivo van a terminar haciendo tareas que exceden la ley de Defensa”, remarcó la especialista.
Spatola también opinó que las experiencias de los países vecinos no llevan a pensar en una intervención exitosa de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, sumado que actualmente las fuerzas no están capacitadas para eso. “Sería mucho más proactivo generar una fuerza federal dedicada a los delitos complejos, con más inteligencia, que manotear a las Fuerzas Armadas”, dijo también la abogada y remarcó otro dato preocupante de las funciones de la nueva fuerza: el cuidado de los recursos naturales. Esto último podría utilizarse contra las comunidades originarias que reclaman el acceso a sus tierras ancestrales y que bajo este argumento el despliegue militar podría tener como objetivo el desalojo de los pueblos originarios. “Plantear esto es realmente peligroso, es contribuir a formar el enemigo interno. Son situaciones que se resuelven a través del diálogo y consenso”, finalizó Spatola.
Les pidió que sean el motor de la "renovación educativa"
Una provocación de Macri a los docentes

El Presidente hizo el llamado a los maestros, a los que por decreto dejó sin paritaria durante un acto que encabezó en Córdoba. En un mensaje que se interpretó dirigido a Hugo Moyano allí también convocó a actuar "sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos".

A tres semanas de eliminar la paritaria nacional docente a través de un decreto de necesidad y urgencia y después de que su ministro de Educación tensionara aún más la relación con los gremios con una convocatoria limitada que excluía la discusión salarial, el presidente Mauricio Macri les pidió hoy a los docentes que se conviertan en el motor de “la revolución en la calidad de la innovación educativa”. Al participar de un acto en la planta de Fiat en Córdoba, el mandatario abogó para que los gremios “sean parte y lideren esa inclusión, esa renovación y esa superación permanente para que los chicos tengan acceso a los trabajos del futuro". Al día de hoy, sólo en una provincia, San Juan, fue convocada la paritaria.
Junto al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y el presidente de Fiat Chrysler Argentina, Cristiano Ratazzi, Macri exhortó a que "cada argentino se pueda sentir protagonista de una Argentina que avanza sobre bases sólidas" y llamó a actuar "siempre con la verdad, sin patoterismo ni comportamientos mafiosos o extorsivos".
Justamente ayer, tras la impugnación de Ctera a la reunión que convocó, Finocchiaro salió a acusar a los gremios también. “No se puede seguir con la lógica intimidatoria de algunos gremios y no se puede rechazar lo que aún no se ha ofrecido”, manifestó Finocchiaro, quien le apuntó a Ctera por no concurrir al encuentro. “Privilegian la lógica política y se corren del diálogo", dijo el funcionario y señaló que ese gremio “prefirió el palco con Hugo Moyano”.
En otro pasaje de su discurso en la empresa automovilística, Macri convocó a la industria a adaptarse a la innovación tecnológica porque "los miedos llevan siempre en el camino equivocado” y se mostró contento con el lanzamiento del nuevo modelo de Fiat, al celebrar que “el país no sólo puede exportar materias primas, sino productos de alto valor agregado”.
Los números, sin embargo, lo contradicen: según estadísticas publicadas por el Ministerio de Industria, Comercio Exterior y Servicios de Brasil, la balanza comercial bilateral continuó deteriorándose en 2018.  El saldo del intercambio comercial arrojó un déficit en contra de Argentina de 478 millones de dólares en el primer mes del año, un 34 por ciento superior al rojo que se había registrado en enero de 2017, de 356 millones. Las importaciones provenientes de Brasil subieron un 16,3 por ciento, al tiempo que las ventas al país vecino lo hicieron en un 6,9 por ciento.
La muerte de Débora Pérez Volpin
Investigan un homicidio culposo

Ante una denuncia de la familia de la periodista y legisladora fallecida ayer en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo, el juzgado Criminal y Correccional 57 a cargo del juez Gabriel Ghirlanda caratuló la causa como homicidio culposo.

La Justicia caratuló como “homicidio culposo” la causa por la muerte de la periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin, que falleció ayer en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo cuando le realizaban una endoscopia, un estudio que no suele presentar complicaciones graves. La clínica privada emitió ayer un escueto parte en el que informó que Pérez Volpin ”se encontraba internada desde el 5 del corriente por un cuadro abdominal complejo" y “el plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta”. “Durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorespiratorio, que no respondió a las maniobras habituales de reanimación", completa el texo.Hoy el diputado nacional Martín Lousteau manifestó a través de sus cuentas en las redes sociales su pesar por el fallecimiento de la periodista e integrante de su espacio político. “Te vamos a extrañar mucho”, escribió.
"Si el mundo está hecho de lo que cada uno pone, hoy es - amable, - íntegro, -inteligente, -generoso, -libre, - bello, y se ríe menos”, expresó el líder de Evolución Radical en su cuenta de Twitter. “Te queremos y admiramos. Te vamos a extrañar mucho, Débora”, concluyó.
La periodista trabajó en varios medios de comunicación nacionales en particular los pertenecientes al Grupo Clarín, como el canal de cable Todo Noticias (TN), pero el año pasado había dejado su profesión para dedicarse a la política. En esa instancia, en las últimas elecciones se convirtió en legisladora porteña por el espacio que comanda Lousteau.
Bullrich y Peña ratificaron la defensa del gatillo fácil

La doctrina Cambiemos

El jefe de Gabinete reveló que el presidente Macri recibió al policía Chocobar tras haber visto el video en el que se observa que el agente disparó a corta distancia y por la espalda. Hoy la ministra de Seguridad reafirmó la postura oficial y sostuvo que impulsará un cambio en el Código Penal para eliminar la figura de defensa legítima para las fuerzas de seguridad. “El juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción", manifestó Bullrich.

“Estamos cambiando la doctrina”, defendió enfática la ministra de Seguridad Patricia Bullrich al remarcar nuevamente el apoyo del Gobierno hacia el policía Luis Chocobar, que mató a un ladrón por la espalda mientras éste huía. Y fue más allá: afirmó que los nuevos protocolos del accionar policial elaborados por su ministerio invierten la carga de la prueba y le otorgan al efectivo el beneficio de la duda. “No fue legítima defensa, fue cumplimiento del funcionario público”, ratificó Bullrich, quien propuso modificar el Código Penal para avalar la acción de los policías.
Ayer, el jefe de Gabinete Marcos Peña reveló que el Presidente conocía las imágenes que muestran al efectivo disparar y matar a corta distancia al supuesto ladrón cuando escapaba. Macri había visto el video antes de recibir a Chocobar y quiso enviar un mensaje claro de apoyo al actuar policial. El efectivo, en cambio, fue procesado y embargado por la Justicia que consideró un exceso en la legítima defensa.
Bullrich ratificó esta mañana el apoyo a Chocobar y dijo que el efectivo “siguió todos los protocolos de la nueva doctrina que hemos elaborado”. Según la funcionaria, las nuevas líneas de acción consideran que el accionar  de un policía en un enfrentamiento “no es legítima defensa, es cumplimiento del deber de funcionario público”. “Estamos cambiando la doctrina de la culpa hacia la policía, el hecho de considerar que siempre el policía es el culpable, y estamos construyendo la doctrina de que el Estado es quien realiza las acciones para impedir el delito”, aseguró Bullrich sobre el nuevo paradigma represivo en declaraciones a Radio Con Vos.
Según explicó la ministra, el objetivo del Gobierno es “invertir la carga de la prueba” a favor del policía. “Hay jueces que no lo entienden. Vamos a cambiar el Código Penal para eliminar la figura de legítima defensa para las fuerzas policiales”, remarcó Bullrich, que insistió que en otros casos, como el de Santiago Maldonado, “se demostró que la razón estaba de nuestro lado”, eximiendo de responsabilidad al operativo de la Gendarmería del que ya se demostraron múltiples irregularidades.
La funcionaria también consideró que es un buen momento para relanzar la idea del macrismo de que los efectivos cuenten con un arma alternativa a la letal, en referencia a las cuestionadas pistolas Tasser. “El policía actuó como debía, en cualquier país civilizado el Estado lo primero que hace es darle la presunción de inocencia a su policía y no al revés”, sostuvo la ministra, que por si quedaban dudas agregó: “El juez que haga lo que quiera, nosotros vamos a llevar adelante la defensa de la acción, no vamos a dejar que se construya la doctrina de que le delincuente tiene razón”.
En la misma línea, el jefe de Gabinete Marcos Peña defendió también anoche la postura del gobierno con respecto al caso Chocobar al justificar que “era un demanda social” el hecho de otorgarle el beneficio de la duda a las fuerzas policiales.
Los supermercados advierten que la rebaja del IVA no llegará a los consumidores

Las entidades transmitieron la información "con sorpresa y alarma".

Los supermercados advirtieron que la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) promovida por el Gobierno no llegará a los consumidores porque los proveedores de alimentos, bebidas y otros productos pretenden "apropiarse" del margen.
Así lo señalaron la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) en un comunicado de prensa. Las entidades transmitieron a la sociedad y a las autoridades del Gobierno de la alianza Cambiemos su "sorpresa y alarma", al comprobar que sus proveedores "pretenden apoderarse de las rebajas del IVA implementadas por el Gobierno a través de la Ley.
En efecto, dijeron las cámaras, algunos productos de pollo y cerdo están alcanzados a partir del 1° de febrero por alícuotas del 10,5% en lugar del 21%, sin embargo, los precios de las empresas productoras no han descendido en el porcentaje equivalente a dicha reducción, a pesar de que en las facturas se hace constar la nueva tasa.
"Esto significa, lisa y llanamente, que los proveedores de los supermercados, en lugar de trasladar la reducción de costos a los consumidores, incrementan indebidamente sus ganancias", dijeron CAS y FASA en el comunicado.
Por ello, las entidades repudiaron públicamente "esta actitud desleal y egoísta en un momento en el que todos debemos estar profundamente comprometidos en la lucha contra el flagelo inflacionario".
"Los Súper Argentinos reiteran su compromiso con los consumidores de todo el país para ayudarlos mantener y -de ser posible- incrementar el poder de compra de sus ingresos, a través de los productos que comercializan y de los servicios que brindan".

Roberto Navarro te responde a la pregunta que más intriga al peronismo.

¿Será candidata Cristina en 2019?, el nuevo editorial de Roberto Navarro

Los medios de comunicación intentan manejar esa postulación y apretar a cualquier peronista que se le acerque. En caso de los intendentes, la presión va por el lado de los fondos que necesitan para gobernar.
En el último tiempo, varios candidatos que no lograron juntar ni una porción mínima de los votos que obtuvo la ex mandataria (solo en la Provincia de Buenos Aires), la atacaron en los canales del Grupo Clarín pero ¿quién iría a una elección sin su candidato más potable?


Sandra Heredia sobre Triaca: "Tengo miedo de salir a la calle"

La ex empleada del ministro de Trabajo pidió la renuncia del funcionario e hizo una fuerte declaración.

La ex empleada del Ministro Jorge Triaca, Sandra Heredia, se refirió al escándalo tras el audio difundido en el cual fue maltratada por el funcionario del gobierno nacional: “Tengo miedo de lo que me pueda llegar a pasar a raíz de esto, tengo cuidado cuando salgo a la calle”.

En una entrevista exclusiva al programa de radio Crónica Anunciada, de Fm La Patriada 102.1, Heredia denunció a la familia Triaca porque le “deben 10 meses de aportes previsionales del último año como empleada en blanco” y agregó que “Triaca debería renunciar como Ministro de Trabajo”. En este sentido, Heredia contó que desde la familia del funcionario jamás se disculparon con ella: “No me pidieron perdón ni personalmente ni hacia mí persona por los daños que me ocasionaron”. Y rompió en llanto al confesar: “Yo no quería hacer nada, pero me dolió que me hayan tratado de chorra y me hayan roto la puerta de mi casa como si fuese pepita la pistolera”. Por otro lado, aseguró que está demandando “a Carlos Triaca porque dijo que tenía problemas mentales en un programa de televisión”. Y afirmó: "Lamentablemente para esta gente que tiene mucha plata, vos sos una mina que tenés que laburar y te tienen que negrear y es así".
Además, la ex empleada aseveró: “Siempre laburé y fui re fiel a ellos. Yo no me porté mal como para que me hagan una cosa así. Le pido al Ministro que reconozcan el daño que me hicieron".
También, confirmó que el jardinero de la familia Borsalino, cuñado de Triaca, estaba registrado como empleado en el SOMU.
Por último, Heredia se notó preocupada por su situación actual: "Voy a complir 46 años y me va a costar un montón conseguir trabajo siendo él Ministro de Trabajo y más si dicen que tengo problemas mentales. Estoy con bronconeumonía".
En el primer mes del año se registraron 6639 despidos y suspensiones

Un verano negro para los trabajadores

La cantidad de personas que se quedaron sin trabajo durante el último mes duplicó la cifra de diciembre y la de enero del año pasado. El 58 por ciento de las cesantías se registró en la administración pública.

En lo que está siendo otro verano negro para los trabajadores, enero acumuló 6.639 nuevos despidos y suspensiones. La cantidad de personas que quedaron sin empleo en el mes prácticamente duplicó a la de diciembre. Si la comparación se hace con enero de 2017, el resultado es también un incremento del doble. Esta nueva ola de cesantías fue motorizada por la decisión del Gobierno de no renovar miles de contratos de trabajo en la administración pública nacional. La ofensiva incluyó un llamado del presidente Mauricio Macri para que las provincias y municipios siguieran el ejemplo. Y de hecho, los principales intendentes de Cambiemos en el conurbano lo hicieron.
El 58 por ciento de los despidos del mes de enero fueron provocados así por expulsión de trabajadores del sector público. Este ajuste había sido preanunciado en los últimos meses del año por el Ministerio de Modernización, que preparó el terreno para los despidos estableciendo un plan de “dotaciones óptimas” de ministerios y organismos del Estado. Luego, Mauricio Macri dio la señal de largada con una serie de llamados a la “austeridad”
“Vamos a buscar el equilibrio fiscal”, anunció en un acto público a principios de diciembre, en el que remarcó que “todo lo estamos impulsando desde el valor central de decir la verdad”. El 2 de enero, mientras los despedidos se enteraban de su situación –y en algunos casos reaccionaban con tomas de edificios–, hizo un alto en sus vacaciones en Villa La Angostura para defender el ajuste: “Debemos vivir con los recursos que tenemos”.
Un desglose sector por sector revela que la poda se concentró en los entes descentralizados: el INTI (260 despedidos), Coros y Orquestas del Bicentenario (240), Radio Nacional (233), la Televisión Pública (170), el Hospital Posadas (150), el Senasa (138), el Ballet Nacional de Danza Clásica (50), la Superintendencia de Seguros de la Nación (16). Hubo también despidos en los ministerios de Agricultura, Producción y Trabajo.
Los intendentes macristas que recortaron sus plantas municipales fueron Ramiro Tagliaferro, en Morón –donde más de 500 trabajadores fueron desvinculados–, Diego Valenzuela, en Tres de Febrero –con 400–, y Martiniano Molina, en Quilmes –otros 400–. Hubo además bajas en las ciudades de La Plata y Lanús. Sumadas, las municipalidades originaron 1700 despidos.
Enero fue también el mes en que el macrismo desarmó los medios de comunicación públicos, con 425 despedidos entre la TV Pública, Radio Nacional y el Canal de la Ciudad.
En empresas de capital estatal como YPF, los Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y la Fábrica Argentina de Aviones (Fadea) se produjeron 695 casos.
Estos datos son parte del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que de manera periódica realiza seguimientos sobre la situación del empleo y la dinámica laboral. El equipo dirigido por Hernán Letcher –economista y dirigente del Frente para la Victoria– viene haciendo desde la asunción del gobierno de Cambiemos este seguimiento sobre los despidos. A las fuentes periodísticas, el CEPA suma información de sindicatos y comisiones internas, cámaras empresarias y otros centros como el Observatorio del Derecho Social de la CTA.  
El CEPA cita en las conclusiones de su informe otra frase de la saga de justificaciones presidenciales a los despidos (“tenemos que terminar con los ñoquis y con los beneficios personales en el Estado”), pronunciada por Macri el 23 de diciembre pasado, cuando el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, por la publicación de unos audios de Whatsapp con los que el funcionario echó entre insultos a una empleada doméstica que tenía contratada en negro no había estallado. Tampoco se sabía que, para ahorrarse el pago de un aumento salarial, el ministro la había nombrado en la intervención del SOMU.
El informe analiza, por otra parte, lo sucedido en el sector privado, donde la expulsión de trabajadores sigue centrada en la industria. De los 2761 despidos en empresas, el 82 por ciento (2.253 casos) correspondió al sector industrial.  
Hacia el interior de la industria el rubro alimentos y bebidas encabezó los despidos, con cerca de mil cesantías (Ingenio San Isidro, Tabacal, Ledesma e Ilolay). También fueron afectadas las fábricas de autopartes (350 bajas) y la actividad textil, con 300 suspensiones.
En el rubro servicios los trabajadores de Comercio fueron los más afectados, con 200 cesantías. También volvieron a ser muchos los despidos en medios de comunicación, con los casos de Radio Continental, Diario Hoy y El Gráfico.
Del total de despidos en el sector privado, un porcentaje alto (del 22,5) fue originado por cierres de turnos o de empresas. Son 1425 casos, de mayor gravedad en la medida en que la recuperación de los empleos perdidos se vuelve improbable.
Kicillof destrozó a Macri: "batió un nuevo récord olímpico de mentiras"

El diputado nacional analizó una frase que pronunció el Presidente en la inauguración de un tramo de 9 kilómetros cerca de Pergamino.

El diputado nacional Axel Kicillof analizó una frase que el presidente, Mauricio Macri, pronunció en la inauguración de un tramo de nueve kilómetros de la Autopista Ruta Nacional 8 Pilar-Pergamino.
La frase que pronunció Macri fue: "Después de más de 100 años hemos logrado que baje el gasto, que baje el déficit, que baje la inflación, que bajen los impuestos y que el país crezca dos años consecutivamente".
En respuesta, Kicillof explicó que "el déficit fiscal fue mayor en los dos años de Macri que en 2015" y que "la inflación de los dos años de Macri es la mayor de los últimos 15 años (IPC CABA)".
Además manifestó que "después de 2 años de gobierno, el PBI recién recupera valores de 2015. Y en su repaso Macri parece olvidar que entre 2004-2015 el crecimiento promedio anual del PBI fue de +3,7% 4". También señaló que "la industria todavía está 2,9% puntos por debajo de los niveles de 2015".
Kicillof sostuvo que "el gobierno de Macri tiene otros “récords” que omite: el endeudamiento más rápido de la historia (USD 80 mil millones en 2 años); el déficit comercial más alto de la historia; y medalla de bronce en bicicleta financiera (3º país en el mundo)".
Triaca usó información de inteligencia para saber quién filtró su audio y espió a Moyano

El ministro de Trabajo pidió un informe de inteligencia para conocer el destino de la escucha que lo perjudica. Macri enfureció.

El ministro de Trabajo Jorge Triaca usó a la Agencia Federal de Inteligencia para saber quién filtró el audio de los insultos a su empleada, Sandra Heredia.
El hecho enfureció a Mauricio Macri cuando se lo contó el propio Triaca, quien echó a su empleada a los gritos. Heredia trabajaba para el funcionario en negro y había sido "metida" por él a trabajar al SOMU, el sindicato intervenido por corrupción.
El dato lo reveló el diario Clarín. Para peor: Triaca espió a Heredia y a Hugo Moyano y llegó a la conclusión de que el audio, según él, lo filtró el líder camionero, hoy enfrentado con el Gobierno.
"'Fue Moyano', acusó directamente el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Enfrente estaba Mauricio Macri y la plana mayor del Gobierno. En esa intimidad, Triaca denunció: 'Fue Moyano el que se encargó de filtrar el audio para perjudicarme'. Y admitió, con rabia: 'Fue un tiro por debajo de la línea de flotación'", revela el periodista Marcelo Bonelli en su columna de hoy sobre la reunión del martes.
Cuando Triaca acusó a Moyano afirmó: “Sandra ─dijo─ conoce a un dirigente kirchnerista y ambos le llevaron el audio a Hugo. Fue Moyano el que lo difundió."
"Triaca admitió que utilizó información de inteligencia y una pesquisa propia para reconstruir el origen de la divulgación de su desliz. La explicación embraveció al Presidente, porque conoce que parte de la caída de imagen obedece a este affaire", contó Bonelli.
Macri recibió al policía procesado por homicidio por matar por la espalda a un asaltante en La Boca

El Gobierno prefiere el gatillo fácil

El presidente Macri recibió en la Rosada a Luis Chocobar, policía de Avellaneda, quien el 8 de diciembre mató a un joven que acababa de apuñalar a un turista. El disparo mortal fue por la espalda. Participaron Bullrich y Ritondo.

Mauricio Macri realizó hoy un acto que no tiene antecedentes en democracia. Como presidente de la Nación recibió a un policía procesado por “excesos en la legítima defensa”. Se trata del policía Luis Chocobar, quien intervino, vestido de civil, tras el asalto a un turista norteamericano, y le disparó por la espalda a uno de los agresores, mientras huía. Chocobar llegó vestido con su uniforme a la Casa Rosada y subió al despacho presidencial, donde Macri lo recibió junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su par bonaerense, Cristian Ritondo. Allí reconoció su “valentía”, y se fotografió con el procesado, foto que, poco después, subió a las redes sociales. “Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”, señaló el jefe de Estado, quien remarcó que el policía “defendió al turista en La Boca”.
El hecho ocurrió el 8 de diciembre pasado, en la esquina de Olavarría y Garibaldi, La Boca, cuando Chocobar, miembro de la policía local de Avellaneda, vio cómo dos hombres apuñalaban a Frank Josepk Wolek para robarle. Chocobar dio la voz de alto y los dos asaltantes escaparon. Wolek fue internado, y recibió el alta 20 días después del robo, tras permanecer internado en terapia intensiva en el mismo centro de salud luego de ser operado de urgencia por haber sufrido lesiones en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho, un puntazo en cada pulmón y otras seis heridas.
Uno de los ladrones fue detenido por dos peatones desarmados a los 100 metros. El otro, Pablo Kukoc, de 18 años, fue perseguido unos 300 metros por Chocobar y recibió dos disparos, uno en una pierna y le rompió el fémur, y otro que le alcanzó el colon, el hígado y el intestino delgado y resultó el disparo mortal.
Ese segundo disparo, innecesario, fue el que derivó en el procesamiento de Chocobar ya que impactó por la espalda.
Intervino el juez nacional de menores 1, Enrique Gustavo Velázquez, quien procesó a Chocobar por homicidio con exceso en la legítima defensa y lo embargó por 400 mil pesos.
Ayer, después de la reunión, Macri tuiteó: “Hoy recibí a Luis Chocobar en la Casa Rosada. Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. Con otra instancia se refería a una próxima apelación ante la Cámara con la intención de dar vuelta el procesamiento.
En simultáneo, también desde su cuenta de Twitter, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decía que “Junto al Presidente @mauriciomacri recibimos al policía Luis Chocobar que salvó a un turista de la muerte. Actuó en cumplimiento de su deber de Policía y así debe ser interpretado. Queremos defender a los Policías que cuidan a la gente y no que terminen acusados o presos”.
Las baterías gubernamentales siguieron disparando sobre la red: el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, tuiteó que “Nos sorprende. Defendió a un turista poniendo en riesgo su vida cumpliendo con su compromiso de servir y proteger y termino embargado. Tendrá nuestro apoyo para que triunfe la justicia.”
El encuentro del primer mandatario con el policía procesado se dio a exactos seis meses de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado en Chubut durante un operativo represivo de Gendarmería Nacional, que el Gobierno siempre reivindicó.
Cuando los funcionarios tomaron contacto con el periodismo, Bullrich sostuvo que “nosotros lo vamos a ayudar en la defensa legal, tanto nosotros como la provincia de Buenos Aires. Hemos tomado contacto con el juez para analizar los contactos”.
Una periodista allí presente entonces le preguntó: “¿No se trata de una presión del poder político sobre el judicial?".
“No –contestó Bullrich—. Porque lo que vamos a dar es una defensa legal, que es poner abogados para que den un punto de vista alternativo al que tuvo el juez. Y también hay una cámara. Lo importante es que damos vuelta la realidad (sic). Hemos dado vuelta lo que pasaba acá, los victimarios parecían las víctimas, en nuestro Gobierno hemos revertido esto, tanto en las fuerzas y como en la sociedad”.
También el policía cuestionado aportó información. “Me siento un poco decepcionado de la Justicia, la verdad me está cagando la vida y no logro entender el motivo por el cual quieren sacarme esa cantidad de plata con la que no cuento porque soy un trabajador”, dijo Chocobar.
La polémica se desató porque a las declaraciones oficiales le respondieron especialistas y público. La abogada del Cepoc y autora de Masacre en el Pabellón Séptimo, Claudia Cesaroni, sostuvo mientras concurría a los actos de memoria por cumplirse seis meses de la muerte de Santiago Maldonado, tuiteó que “Hace 6 meses el Estado provocó la muerte de Santiago Maldonado, y en vez de tuitear sobre eso, tenemos que andar recordando que un policía que asesina por la espalda y a una persona que huye, no es un héroe, sino el autor de un delito gravísimo, un homicidio calificado”. Y también, “Quiero recordar, con toda humildad, que en nuestro país no existe la pena de muerte. Y si alguien supuestamente roba a otra persona, incluso si la lastima, debe ser detenida y si corresponde, condenada. No asesinada, y menos por la espalda cuando está huyendo. Se entiende?”.
El periodista Juan Amorín tuiteó “Hace seis meses que la familia de #SantiagoMaldonado espera que Macri los reciba y les prometa que aclarará su muerte en medio de una represión ilegal de Gendarmería. Pero es más importante recibir a un poli procesado por el homicidio de un delincuente al que mató por la espalda.
También Pablo Duggan envió desde su cuenta que “Hay muchos periodistas defendiendo a Chocobar. Les pregunto, ¿está bien matar a un chorro por la espalda cuando está en fuga? Según la ley no. Ojo con lo que defendemos a veces. Chocobar quiso ayudar, pero cometió una ilegalidad.”
Y el periodista Sebastián Lacunza tuiteó “La irresponsabilidad del gobierno al apoyar a Chocobar, en medio del proceso y con indicios de que mató a una persona abusando de su arma, la pagarán mañana chicos pobres que caerán víctimas del gatillo fácil, en casos con menos atención mediática”.
Y la legisladora porteña Andrea Conde: “Es macabro ver a @PatoBullrich y al presidente pasar sobre la justicia y felicitar a Chocobar, investigado x matar a un ciudadano. No nos sorprenda q cada vez haya más gatillo fácil si esta conducta es aplaudida x el propio gobierno. Lamentable.”
Desde la cuenta @fedebillie se sostiene: “El presidente habla de la ‘valentía’ de Chocobar cuando la reconstrucción judicial concluyó que le disparó por la espalda al sospechoso. Se da de narices hasta con las reglas del western.”
Temporada 2018: Macri y su gabinete volverán a su tradicional "retiro espiritual"

La indignante decisión que tomó el presidente en un febrero caliente.

En plena tensión por la polémica del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, y los tarifazos que afectarán al bolsillo de los trabajadores, el presidente Mauricio Macri tomará el primer retiro espiritual de 2018 con su gabinete en Chapadmalal.
Según reveló El Cronista Comercial, el objetivo del Gobierno es “unir más al equipo y recargar energías para todos los desafíos que tienen este año”. No se sabe qué día será el evento pero, por el momento, sería algún día en febrero.
En tanto, el mandatario buscará dar más respaldo al ministro de Trabajo, el gran foco de críticas luego de que la empleada de su hermano, Sandra Heredia, lo denunciara por una contratación en negro, y que incluso el ex diputado la ubicara como interventora del SOMU.
Este es el “retiro espiritual” que el Gobierno postergó en diciembre ante el temor de que se caiga la reforma previsional, en medio de protestas violentas en los alrededores del Congreso.
Nélson Castro arremetió contra la censura en los medios y habló del ataque de troll de Marcos Peña

El conductor de Todo Noticias además cuestionó al gobierno por Jorge Triaca. "Me preocupa el tema de los medios", afirmó.

El conductor de Todo Noticias (TN) Nélson Castro aseguró que está preocupado por la situación que atraviesan los medios de comunicación por los cierres y los despidos. Además afirmó que "hay menos voces afines al kirchnerismo, que era importante que estén".
Nelsón Castro afirmó que "es necesario crear pluralidad" y que "la persona que piense lo contrario que yo esté ahí presente con la misma potencia y facilidad que tengo yo". El periodista sostuvo que le preocupa por lo laboral, pero también "por el conocimiento de los hechos".
En otro tema, el conductor habló de los trolls que operan en las redes sociales en favor del Gobierno y dijo que recibe fuertes críticas en las redes sociales, aunque también en la calle.
"¿Tenés miedo de perder televidentes por criticar fuertemente al gobierno? ¿Tenés miedo que digan está muy tibio Nélson?", preguntó el periodista Diego Sehinkman en La Nación. El conductor respondió: "Esto que vos decís es algo que yo recibo. Recibo en los troles, en la gente, aunque ahora un poco menos en la gente, porque hay muchos que comienzan a ver cosas, aún aquellos que tienen afinidad con el gobierno".

El Gobierno todavía estudia los alcances de la exclusión de los familiares de los ministros
Primero el marketing, después los detalles

El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, advirtió que aún no saben cuáles serán los términos del decreto que se publicará en los próximos días, por ejemplo si alcanzará o no a cuñados y yernos de los miembros del Gabinete. "Estimamos que no deben ser más de 40 casos", aseguró en relación a la cantidad de familiares que deberían dejar sus cargos.

Un día después del anuncio del presidente Mauricio Macri que limitó la posibilidad de que los familiares de los ministros ocupen cargos públicos, desde el Gobierno reconocieron que no saben aún cuál será el alcance del decreto que se publicará en los próximos días. La medida llegó luego del escándalo protagonizado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que además de insultar y despedir de manera irregular a una de sus empleadas, se convirtió en el funcionario que más familiares ubicó en distintas dependencias públicas. Tras las versiones sobre su ausencia en el anuncio de ayer, Triaca participó hoy de la reunión de Gabinete.
El ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reconoció que en el Ejecutivo aún analizan cuál será el alcance de la exclusión de familiares de ministros nacionales, el anuncio que hizo ayer Macri y que se convertirá en decreto "en los próximos días". "Estamos viendo dos niveles de consanguinidad -esto es esposos, padres e hijos- y se está definiendo ahora específicamente hasta dónde llega el tema", aseguró el titular de Modernización en declaraciones formuladas esta mañana a radio El Mundo. Ibarra no detalló si la exclusión alcanzará a cuñados o yernos, aunque en diálogo con radio La Red aseguró que la norma incluirá a familiares “de sangre y por matrimonio”
Hasta ahora la medida fue sólo un anuncio y se espera que el decreto sea presentado en los próximos tres días. "Estimamos que no deben ser más de 40 casos", aseguró también Ibarra, en relación a la cantidad de familiares de ministros que, a partir del decreto, quedarían afuera del Gobierno nacional. Ayer presentaron su renuncia Mariana y Lorena Triaca, que ocupaban cargos en el directorio del Banco Nación y en la Agencia de Inversiones respectivamente. También se fue el titular de Arsat, Rodrigo De Loredo, yerno del ministro de Defensa Oscar Aguad y Matías Santos, el hijo del ministro de Turismo, Gustavo Santos.
Por otro lado, Ibarra enmarcó los anuncios -que comprenden también una reducción del 25 por ciento de los cargos políticos dentro del ámbito del Ejecutivo y el congelamiento por este año de los salarios de los funcionarios de mayor rango- en "el proceso de transformación del Estado". En total, aclaró, serán alrededor de unos mil cargos lo que deben renunciar sobre un total de 3.600.  Se trata del 25 por ciento de cargos que el mismo macrismo había aumentado en las dependencias públicas desde que llegó al gobierno.
Ibarra, cuya esposa fue directora de Relaciones Institucionales en Radio y Televisión Argentina (RTA) y ahora es diputada, intento despegar la decisión presidencial del escándalo del caso Triaca. "Tiene que ver con dar una señal de transparencia", afirmó Ibarra y explicó que el decreto no alcanzará a familiares que hubieran estado desde antes de la asunción de la función del ministro o ministra.
En relación al cargo que ocupa su mujer, Carla Piccolomini, el titular de la cartera de Modernización aclaró que "fue elegida diputada nacional en octubre", con lo cual "pertenece al Congreso y no está alcanzada" por el decreto que ayer anunció el Presidente. "Donde hay estabilidad del empleado público, esto no juega porque hay por encima una ley superior", dijo sobre los familiares que tengan mayor antigüedad en el cargo o que no ocupen puestos jerárquicos.
El Gobierno elimina un área clave de AFIP que perseguía el trabajo en negro

El propio Abad había asegurado en diciembre insistentes transcendidos, si se pensaba disolver la Dirección, el titular de la AFIP lo negó enfáticamente.

En medio del ajuste estatal, el titular de la AFIP, Alberto Abad, disolvió la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social, único organismo con capacidad de perseguir el trabajo en negro.
Mediante la disposición 21/2018, se implementaron cambios en la estructura organizativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que obligará a reasignarle funciones al personal de dicha área disuelta.
"Teniendo en cuenta que el 50% de la población económicamente activa no está debidamente registrada, disolver esa área lejos de ayudar a equilibrar las cuentas públicas es un atentado al equilibrio fiscal", aseguró El Secretario General de la Unión del Personal Superior de la AFIP, Julio Estevez.
Según asegura El Cronista, el propio Abad había negado enfáticamente en diciembre los trascendidos de que pensaba disolver la Dirección.
Macri anunció una reducción del Estado
Otro ajuste en marcha

El Presidente señaló que habrá un recorte del 25 por ciento de los cargos del Ejecutivo Nacional, que los ministros no podrán tener familiares en el Gobierno y que los funcionarios este año no van a tener aumentos de sueldo. De este modo, se darán de baja muchos contratos que el mismo macrismo creó cuando llegó al Gobierno y se intenta subsanar el escándalo protagonizado por el ministro Triaca.

Recién llegado de su gira europea, el presidente Mauricio Macri anunció un nuevo ajuste en el Estado pero esta vez dirigido a los cargos políticos y a los funcionarios de primera línea. Macri prometió para este año un recorte del 25 por ciento en los cargos del Poder Ejecutivo Nacional y el congelamiento de las paritarias de los funcionarios. Golpeado por el escándalo del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que insultó y despidió por WhatsApp a una empleada doméstica y además ubicó en diferentes aérea del Estado a familiares y allegados, el Presidente incorporó una nueva premisa: “A partir de ahora, los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno”, dijo.
"La austeridad tiene que partir desde la política", definió. "El cambio va en serio", se entusiasmó.
A tono con el guión de Cambiemos, Macri anunció lo que presentó como las nuevas mediadas de austeridad del Gobierno. “Vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Ejecutivo nacional. Este año los funcionarios no tendrán aumentos de sueldo. A partir de ahora los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno”, enumeró esta mañana el Presidente desde la Casa Rosada.
Sobre el recorte de los cargos políticos, Macri remarcó que el Estado no debe ser una “maraña burocrática” donde sea “difícil tomar decisiones”, por lo que prometió reducir un 25 por ciento de los cargos políticos. “Equivale a mil cargos, un ahorro de 1.500 millones de pesos por año”, detalló. Asímismo, anunció que este año “no habrá paritarias para los funcionarios de la administración pública nacional” lo que afectará únicamente a los cargos con “designación política”.
Por último, subrayó que a partir de ahora “ningún ministro podrá tener familiares en el gobierno” y prometió enviar un decreto en los próximos días. Esto último pareció aludir directamente a Triaca, que además de conseguirle un cargo a su empleada doméstica en la intervención del SOMU, ubicó en diferentes reparticiones a sus dos hermanas, Mariana y Lorena Triaca; su cuñado, Ernesto Reta; y su esposa, María Cecilia Locciasano.
Optimista, Macri elogió su paso por el mundo. “En todos los lugares donde estuve todos nos creen, se dan cuenta de que el cambio va en serio”, sostuvo el Presidente, que vaticinó que la economía “va a crecer dos años seguidos gracias a la inversión”.
“Cambiar es no volver a los atajos, cambiar es crecer”, sostuvo Macri unos segundos antes de presentar las nuevas medidas de “austeridad de gobierno”. “Todavía nos falta para llegar al nivel de inversión que queremos, pero cada año estamos mejor. Crecieron las exportaciones porque hemos eliminado todas las retenciones a la exportación. Porque exportar más es traer trabajo”, dijo e invitó a las provincias a tomar las mismas medidas en sus distritos.
La caída de la imagen del presidente Macri y su gobierno
Los globos se desinflan y no logran remontar

El ajuste previsional, el aumento de tarifas, la inflación y el affaire de Triaca traspasaron el blindaje de Cambiemos. Ocho consultores analizan si el impacto es coyuntural o continuará.

La totalidad de los consultores en campañas electorales coinciden en que existe una nítida caída de la imagen del gobierno y del presidente Mauricio Macri que lo ubica entre 40 y 42 puntos, uno de los promedios más bajo desde que asumió. Algunos la sitúan en diez puntos y otros incluso piensan que la pérdida es mayor. Pero el punto de debate entre los consultores-encuestadores está en si la caída es coyuntural o se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. En esa polémica, están los que opinan que la administración Macri aprovechó el triunfo electoral para imponer medidas de ajuste  –suba de tarifas, recorte jubilatorio– y está por verse si puede recuperarse. Otros, en cambio, son más contundentes: piensan que el Gobierno está perdiendo la confianza de sus propios votantes, en especial porque no se ve ninguna recuperación económica o porque ya no se transmite convicción en el rumbo del denominado cambio. Es un debate abierto y las posiciones están planteadas. PáginaI12 dialogó con ocho de los consultores más conocidos del país.
Roberto Bacman, titular del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP),  sostiene que “la decisión de aprovechar las consecuencias del triunfo electoral para instalar un nuevo ajuste le produce un alto costo al gobierno. Por consiguiente, no debe extrañar a nadie que la imagen positiva del presidente tienda a la baja, con una pérdida de nueve puntos en estos meses y 15 puntos menos que a principios de 2016. A  esta altura de los acontecimientos no puede decirse que es una simple cuestión coyuntural. Las inversiones no llegan, la economía no arranca, la Argentina se endeuda cada día más, lo que se gana no alcanza para llegar a fin de mes, la temida inflación está con fuerte tendencia al crecimiento y además hay una sensación de que la marcha de economía tiene un rumbo impredecible”.
Enrique Zuleta Puceiro, al frente de Opinión Pública Servicios y Mercados (OPSM), cree que el punto clave no está en los resultados concretos de la economía sino en que se perdió la confianza en el sentido del cambio. “La caída en la opinión publica del gobierno y el Presidente es mayor de lo que la mayor parte de las encuestas hasta ahora publicadas indican. Entre los factores para tener en cuenta, el principal es tal vez la súbita dificultad del gobierno para seguir proyectando una imagen de seguridad en la dirección de sus políticas. Esto es algo decisivo que determina la suerte de todo gobierno. Mientras que se es capaz de proyectar un sentido claro de la orientación –desde donde se viene y hacia donde se va–, la sociedad acompaña, al costo que sea, y aun sin datos que avalen su confianza. A la inversa, cuando ese sentido de la dirección se pierde, la sociedad retrocede, se protege y deja de acompañar al gobierno. El gobierno hasta ahora la tuvo, a pesar de la ingenuidad y pobreza de sus estrategias comunicacionales. La perdió a lo largo de una rápida sucesión de errores. Creo que una clave fue imponer reformas mal estudiadas y articuladas, que al menor traspié en la negociación eran rápidamente consensuadas.”
Analía Del Franco, de Del Franco Consultores, considera que el final es abierto y que la mirada hay que ponerla en el mes de marzo. “Efectivamente en estos dos últimos meses su nivel de aprobación descendió desde los niveles que tenía con el alto impacto favorable causado por el resultado de la ola amarilla. Hoy se encuentra en la posición con la que arrancó las elecciones en 2017. La mirada pesimista es  no haber podido retener ese plus logrado en octubre 2017. La mirada optimista es que aprovechó este plus para tomar decisiones no populares como el ajuste previsional. La prueba de fuego es marzo, para este y cualquier otro gobierno. La llegada de las obligaciones de compra, el comienzo de las clases y una mirada del año en perspectiva justo en un momento crítico. El gobierno de Cambiemos ya pasó por esta situación en marzo del 2017 y se recuperó. Claro que pasó un año y revalidar ahora la confianza no es igual.”
Facundo Nejamkis también deja abierto el diagnóstico. El consultor de Opina Argentina sostiene que  “la agenda de reformas que el gobierno ha propuesto para el año 2018 es muy difícil de asociar con un mejoramiento concreto e inmediato de las condiciones de vida. La conflictividad alrededor de cuestiones tales como la reforma laboral o la reforma jubilatoria, sumadas a un estado actual de la economia que tampoco la opinión publica visualiza de forma positiva, tiene como efecto el descenso de la imagen del gobierno y del presidente. Es probable que esta agenda se haya decidido en virtud que estamos frente a un año no electoral. Veremos si el gobierno esta dispuesto a pagar los costos y si luego tiene estrategias de recuperación”.
Ignacio Ramírez, director del pos- grado de Opinión Pública de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), analiza que ya había una especie de caída tácita incluso en tiempos del triunfo electoral de Cambiemos. “La caída de la imagen del gobierno es posterior a las elecciones. Aquí sugiero revisar y corregir una falsa y apresurada conclusión según la cual las diferentes crisis y errores cometidos por el Gobierno ‘le salían gratis’. La opinión pública no reacciona automáticamente, nunca modifica inmediatamente sus opiniones, pero eso no significa que los asuntos públicos resbalen y se evaporen, sin dejar marcas. Por citar un ejemplo, imágenes como la ausencia insensible del Presidente frente a la crisis del ARA-San Juan (una reacción inédita en términos de comunicación política) se almacenan en la opinión pública y van incubando dudas, malestares. Y luego la reforma previsional fue la iniciativa que terminó de cristalizar un enojo que la opinión pública venía balbuceando en voz baja y que el Gobierno no alcanzó, o no supo, escuchar a tiempo. También pesa el fin de la pesada herencia como marco narrativo efectivo para desviar las atribuciones de responsabilidades y postergar en la gente la espera de resultados.”
Ricardo Rouvier, de Rouvier y Asociados, hace una clara distinción entre lo coyuntural y lo estructural. Y concluye que Cambiemos está empezando a tener problemas de fondo. “Hay dos niveles que casi siempre se presentan en la conformación de la opinión pública: una línea más coyuntural , que es una línea punteada, más sensible y más cambiante; y otra más profunda de mayor consistencia y duración. El gobierno a partir de diciembre tuvo una caída provocada por aspectos de corto y mediano plazo. En primer lugar, la ley previsional fue sentida como una exacción a los jubilados y pensionados. Esto fue el factor principal del cambio de tendencia a lo que se agregó el ajuste de tarifas y luego lo del ministro Triaca. En lo profundo, hay otra cuestión relacionada en parte con lo anterior, pero de mayor envergadura. Es el comienzo de un desencantamiento en el universo de votantes de Cambiemos respecto a los resultados de la economía. Parte de la sociedad esperaba una rápida recuperación que pueda ser vivida y sentida por  los ciudadanos; pero eso no ocurre y la esperanza empieza a ser desplazada por la desilusión.”    
Artemio López, de Equis, sostiene que la caída no es para nada coyuntural. “No es un pérdida coyuntural en tanto las medidas socioeconómicas que provocan la caída en la popularidad no lo son. Agregaría que el descenso de la aceptación impacta sobre Macri y se expande a sus principales referentes, en especial la gobernadora Vidal, cuyas medidas de ajuste sobre los ingresos familiares (vía aumento de servicios y tarifas) son muy profundas y en muchos casos imposibles de afrontar para amplios segmentos de hogares de clase media baja y baja.”
Fernando Zack considera que hay una política del oficialismo de aplicar medicina amarga después del triunfo electoral, pero percibe que puede utilizar lo acumulado este año para imponerse en los comicios presidenciales del año próximo. “2018 no es año electoral y, por lo tanto, Cambiemos lo va a aprovechar para implementar una serie de medidas impopulares que le permitan reducir el déficit fiscal y las necesidades de endeudamiento. Es de esperar que durante este año los niveles de apoyo al Gobierno nacional se deterioren aunque eso no implique necesariamente el fortalecimiento de algún dirigente o coalición opositora. El objetivo de Cambiemos es iniciar 2019 con la economía creciendo y la billetera del Tesoro más abultada para poder financiar las buenas noticias necesarias para ganar una elección presidencial.”
Como se ve, el diagnóstico está discutido. La mayoría de los consultores creen que la administración Macri puede recuperarse pero que las cosas ya no serán como antes. Todos coinciden en que gran parte de las respuestas están en la economía, pero –al menos por ahora– desde la economía las respuestas no son buenas.
El Papa Francisco pone nervioso a Macri

Hay un batallón de referentes espirituales haciendo un gran esfuerzo por explicar lo inexplicable. El arzobispo Marcelo Sánchez Sorondo dijo que "el Papa no es peronista, ni kirchnerista, ni de ningún gobierno". El vocero del episcopado Jorge Oesterheld agregó que "Su Santidad está analizando su agenda, su visión geopolítica y el proceso que se va viviendo", a la par que Marcelo Figueroa, amigo personal y director del diario del Vaticano, afirmó que "pensar que Francisco no quiere venir al país es no conocerlo". Para la política resulta irrelevante la explicación de semejantes motivaciones profundas. El ex presidente americano Harry Truman escribió que la decisión de tirar la bomba atómica fue "una responsabilidad horrible". Sin perjuicio de ello, lo único que quedó en limpio para la historia fueron los escombros de dos islas japonesas.
En tal sentido, Francisco visitó nueve países latinoamericanos en los casi cinco años de su pontificado. No tiene previsto venir a Argentina este año y sería improbable que lo hiciera en el marco de un año electoral como el próximo. De hacerlo en 2020, regresaría a su país natal a los siete años de iniciado su papado, un intervalo superior a los seis años de su predecesor Benedicto respecto a Alemania y muy distante del escaso año transcurrido entre la unción de Juan Pablo II y su histórica visita a Polonia en 1979. En ese contexto, el presidente Macri fue al Vaticano en 2016 y consideró que su encuentro con el Papa Francisco "sirvió para poner fin a las múltiples especulaciones". Lamentablemente, las fotos no sintonizaron con las declaraciones. Gestos adustos en el marco de Una reunión de visible tono protocolar que representó más la continuidad que el cierre de las conjeturas.
Una tercera evidencia cierra este combo. La reciente visita de Francisco a Chile no sólo no contó con presencia visible de ningún dirigente político ni funcionario ligado al oficialismo sino que hasta sirvió para que el Papa se encontrara en privado con tres dirigentes ligados al "campo popular" local. El más emblemático de ellos, Juan Grabois, venía de sostener en los últimos días una dura pelea mediática con periodistas de primera línea del Grupo Clarín respecto a su eventual papel como vocero informal de Francisco. Todo ese panorama basta y sobra para que la torre de control macrista se ponga nerviosa ante la sospecha de que una figura etérea que tiene un nivel de popularidad transversal que supera el 80% según datos del encuestador Gustavo Córdoba, pudiese jugar a futuro algún papel político como el que ya desempeñó informalmente en la elección de provincia de Buenos Aires de 2015 a través de diferentes iglesias y parroquias.
Moyano dijo que la denuncia en su contra es “un disparate” y acusó al Gobierno de intentar “distraer la atención”
“No tienen capacidad para salir de la crisis”

Tras la difusión del avance de una causa por irregularidades en Independiente, el titular de Camioneros, Hugo Moyano, dijo que detrás de la denuncia está Cambiemos. Acusó al Gobierno de atacar “los derechos de los trabajadores”.

Para Hugo Moyano, las denuncias judiciales que pretenden achacarle representan en realidad una jugada a dos bandas del gobierno nacional que por un lado intenta disciplinar a los sindicatos y, por otro, distraer a la sociedad “porque no tienen capacidad para salir de la crisis”. El camionero, ahora alejado del Gobierno, aseguró que los integrantes de la administración de Cambiemos “desprecian a los laburantes” porque nunca tuvieron necesidades e incluso afirmó, con una alta dosis de ironía, que “si he cometido algo por lo que tenga que ir preso, lo único que pido es estar al lado de la celda de Franco, porque si me meten preso a mí, imagínense entonces el padre de Macri con los desastres que hizo”.
La reaparición de Moyano se produjo un día después de que, con bombos y platillos, los grandes medios de comunicación afines a la Casa Rosada se hicieran eco de que un fiscal notificara a Moyano de la existencia de una causa abierta por asociación ilícita y fraude a los directivos del Club Atlético Independiente, que él mismo preside y donde su hijo Pablo ocupa la vicepresidencia. Eso lo llevó a sentarse en el set televisivo de Crónica TV para, desde allí, no solo rechazar las acusaciones sino también criticar al Gobierno y señalar que está detrás de estas operaciones. El miércoles, además, Camioneros había confirmado y pueso fecha a una movilización, que se realizará el 22 de febrero. Sobre las denuncias dijo que “son un disparate sin sentido” y advirtió que sobre esa causa lo que recibieron es una notificación de que se realizarán pericias que ordenó la Fiscalía que entiende en la causa abierta por las declaraciones del detenido barrabrava Pablo “Bebote” Alvarez. Aprovechó esta referencia para indicar que el Gobierno la promueve a modo de una “venganza” en su contra por no arrodillarse ante el poder. “Yo sólo me arrodillo ante Dios”, pontificó.
Moyano reconoció una larga amistad con Macri e incluso aseguró haberlo defendido ante el gobierno del Frente para la Victoria cuando el actual mandatario nacional gobernaba la Ciudad de Buenos Aires. “Ahora son el poder y creen que se pueden llevar a todos por delante”, indicó. De hecho, cuando la campaña presidencial de 2015, el propio Moyano afirmó que Macri había sido uno de los gobernantes que más había hecho por los trabajadores. Pero ese tiempo ya pasó. Según sus declaraciones de ayer, fueron las políticas aplicadas por la administración de Cambiemos lo que los distanció a tal punto que ya ni siquiera hablan por teléfono. Moyano insistió en sus tesis de la “venganza” que aplican los funcionarios nacionales y puso otro ejemplo para demostrarlo cuando recordó que, luego de que su hijo Pablo acompañara a la Corriente Federal de los Trabajadores en la primera movilización contra la reforma previsional fue allanada la sede de Independiente. “Lo único que falta es que acusen a mi mamá que tiene cien años”, ironizó con una media sonrisa. Lo curioso es que Pablo Moyano sólo estuvo en aquella movilización y después no apareció durante las jornadas que incluyeron represión, heridos y detenidos, del 14 y 18 de diciembre. En aquellos días, los sectores más combativos e incluso los conservadores de la CGT criticaron a Moyano hijo porque ni siquiera participó de la decisión del luego frustrado paro nacional. En los mentideros sindicales siempre le adjudicaron un doble juego a los Moyano, donde el padre negocia y el hijo aprieta. Incluso aseguran que la actual dureza de Hugo tiene que ver con el ataque a Pablo más que a su propia persona. Pero, más allá de esas especulaciones, las afirmaciones de Moyano no parecen alejadas de lo que ocurre en la actualidad. Por caso, para el camionero no hay lugar a duda de que el Gobierno lo está utilizando para “distraer la atención”, porque “quieren ocultar lo que ocurre en el país y no les veo capacidad para salir de la crisis que vivimos”. Es más, en otro tramo de la entrevista indicó, casi como un dirigente clasista, que los funcionarios del Gobierno consideran que “si sos laburante no podés tener nada, pero ellos pueden tener lo que se les dé la gana porque son empresarios. Mi viejo me dejó de herencia el defender a los laburantes. A otros les dejaron el haber comprado y vendido el Correo Argentino”, dijo, en obvia referencia al Grupo Macri y la privatización del servicio postal. No fue la única referencia a la familia presidencial. También dijo que los trabajadores fueron los que pelearon contra la última dictadura y que “los empresarios fueron socios y compinches de los dictadores”.
Para Moyano, la otra prueba del desprecio del Gobierno hacia la clase trabajadora se expresa en el intento de ponerle techo a las paritarias. “Eso significa sacarles el plato de comida a los trabajadores. Como a ellos nunca les faltó nada  no se dan cuenta de que la gente pasa necesidades”.
La discusión y el distanciamiento con el Gobierno le servirá al sector de Moyano en la CGT para recuperar fuerza en la lucha por la reorganización de la central sindical.
Cristina Kirchner mostró una carta que recibió de Putin a pocas horas de su encuentro con Macri

Apenas después de la reunión entre el mandatario ruso y el argentino, la senadora nacional publicó una carta que recibió hace unos días.

Apenas horas después que Mauricio Macri fuera recibido por Vladimir Putin en Moscú, la senadora nacional Cristina Kirchner dejó trascender una carta que recibió desde Rusia con la firma del presidente de ese país saludándola afectuosamente.
La Presidenta mandato cumplido pasó buena parte de enero en su provincia, Santa Cruz, y volvió a Buenos Aires el miércoles por la noche, por lo que hoy fue por primera vez en el año al Instituto Patria, donde tiene sus oficinas, y al revisar su correspondencia, encontró un sobre proveniente de Moscú, entregada vía la embajada de ese país en Buenos Aires.
"¡Honorable Señora Cristina Fernández. Estos días especiales, llenos de quehaceres agradables y esperas del milagro, en cada casa impera la atmósfera de la fiesta, suenan los deseos sinceros de felicidad y bienestar, se hacen planes para el futuro", le escribió Putin a Cristina Kirchner, para luego desearle "que el año venidero satisfaga nuestros sueños y esperanzas, sea pródigo en hechos buenos y cambios para mejor".
"Le deseo a Usted fuerte salud, éxitos y suerte", concluyó.
Macri llega hoy a Rusia, donde se reunirá con Vladimir Putin antes del Foro Económico Mundial
El Presidente ya está de nuevo de viaje

Macri salió anoche junto a su esposa y llega hoy a Moscú. La actividad arrancará mañana con un desayuno con empresarios. Lo acompañan tres gobernadores de la oposición dialoguista y Horacio Rodríguez Larreta.

Tras un puñado de días en Buenos Aires, el presidente Mauricio Macri partió sonriente rumbo a Moscú junto a la primera dama Juliana Awada. Allí hará la primera escala de su gira europea, que incluirá reuniones bilaterales con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y con el de Francia, Emmanuel Macron, además de otros encuentros como el que tendrá con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Macri participará además del Foro Económico Mundial de Davos, donde tendrá un encuentro con el fundador de Microsoft, Bill Gates. Ya planea otro viaje a México para febrero y podría recibir al primer ministro de España, Mariano Rajoy.
El presidente viajará acompañado por un grupo de gobernadores de la oposición dialoguista que lo asistió en la aprobación del recorte a los jubilados: estará Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Hugo Passalaqua (Misiones). Además, lo acompañará el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, a quien Macri invitó durante sus vacaciones en el sur para despejar los rumores de diferencias entre los líderes PRO.
El Presidente partió de Ezeiza ayer a las 18 hacia Moscú en un vuelo de Lufthansa, que hará escala en Frankfurt, Alemania, y que llegará a la capital rusa hoy a las 11.15 (hora de Argentina).
La actividad oficial, de todas formas, no comenzará hasta el martes, cuando Macri tendrá un desayuno de trabajo con empresarios rusos en el Hotel Ritz Carlton. Será a las 9 (hora local, 3 de la mañana en la Argentina). En el encuentro, habrá CEOs de diversas firmas, como Biocad (biotecnología), Gazprom (energía), el banco Gazprombank, Phosagro (agroquímica), Rosatom (energía nuclear), Vnesheconombank (banco de desarrollo), Lukoil (petrolera), Mail.Ru (internet), Russian Railways (ferroviaria), Vtb Bank Group (banco), Yandex (internet), Russian Copper Co. (cobre), Transmashholding (ferroviaria) y Softline (tecnología de la información).
Por la tarde del martes, Macri irá al Kremlin donde tendrá un nuevo encuentro con el presidente Putin, al que lo acompañarán el canciller Jorge Faurie, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el embajador del país ante Rusia, Ricardo Lagorio. La última vez, Macri intentó un chiste con el Mundial que se hará este año que no le resultó con el frío presidente ruso. Es de esperarse que haya aprendido la lección. El objetivo central del encuentro son las relaciones comerciales entre los países (Argentina duplicó su superávit comercial con Rusia). Uno de los funcionarios rusos presentes será el que se ocupa de los controles fitosanitarios. Putin compartirá un almuerzo de trabajo con Macri, y luego habrá una rueda de prensa.
De Rusia, Macri volará a Zürich, Suiza, desde donde se trasladará a la villa alpina de Davos, a una cita a la que el presidente nunca falta: el Foro Económico Mundial. Allí tendrá una agenda cargada. Tendrá un encuentro bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, otro con el presidente suizo, Alain Berset, un tercero con el primer ministro de Holanda, Mark Rutte y también con su reina, Máxima Zorreguieta.
También tendrá una extensa serie de encuentros con empresarios a los que –una vez más– buscará convencer de que inviertan en el país. La más taquillera, por lo famoso del interlocutor, será con Bill Gates, CEO de Microsoft, pero habrá otras en el transcurso de la semana, incluido un almuerzo el miércoles con CEOs el miércoles, donde Macri se sentirá en su salsa. También tendrá encuentros con gerentes de Coca-Cola, Cargill, Temasek International, la petroquímica Total (petroquímica) y Lloyd’s (seguros). También el presidente se reunirá con ejecutivos de Facebook y de Siemens.
El jueves, Macri se reunirá con el director ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, y luego hablará ante la sesión plenaria del foro como representantes del país que preside actualmente el G20. Luego, el mandatario dará una conferencia de prensa en el Media Village del Centro de Congresos de Davos.
La última parada de la gira europea de Macri será en Francia, a donde llegará el viernes. Allí tendrá un desayuno de trabajo con integrantes del  Movimiento de Empresas de Francia. Luego almorzará con representantes de la banca Rothschild, entre ellos su socio-gerente, Oliviér Pécoux. A la tarde, Macri irá al Palacio del Elíseo y se reunirá con el presidente francés. Luego darán una conferencia de prensa conjunta. Macron y su esposa, Brigitte, agasajará a Macri con una cena en el restaurante de La Monnaie de París.
La actividad del presidente argentino en Francia seguirá el sábado con un encuentro con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, en el Hotel de Ville, la sede del gobierno municipal. Por la noche, Macri partirá de regreso a la Argentina. No obstante, el presidente ya está planificando su siguiente viaje para fines de febrero, cuando viajará a México a reunirse con el presidente Enrique Peña Nieto. La agenda internacional de Macri podría continuar en abril, cuando reciba en Buenos Aires al mandatario español, Mariano Rajoy.
Repudios al diputado Massot por su planteo de “reconciliación” sobre los años ’70
“Eso es sinónimo de impunidad”

El jefe de los diputados del PRO consideró que “hay que hacer como en Sudáfrica”. Desde los organismos de derechos humanos criticaron los fundamentos de la comparación y subrayaron que el caso argentino es ejemplo en el mundo.

Representantes de organismos de Derechos Humanos y referentes políticos expresaron su rechazo ayer por las declaraciones del jefe del bloque de diputados del PRO, Nicolás Massot, quien afirmó que “con los años ’70 hay que hacer como en Sudáfrica y llamar a la reconciliación”. Desde los organismos replicaron: “reconciliación y perdón son sinónimos de impunidad” y criticaron los fundamentos de la comparación.
Massot afirmó que lo más importante para su generación es “poder cerrar los capítulos para poder avanzar como sociedad” y que lograrlo implica “no sólo memoria, justicia y verdad. Es también perdón”, en una entrevista con Clarín. Massot –cuya familia fue a juicio como uno de los cómplices civiles de la dictadura desde la dirección del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca– propuso como modelo a seguir el proceso político y judicial que se llevó adelante en Sudáfrica ante los crímenes cometidos durante el apartheid. El caso de ese país se caracteriza por la ausencia de juicios contra los perpetradores de delitos de lesa humanidad.
El abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, Alan Iud, explicó a PáginaI12 que los procesos son incomparables, tanto por la naturaleza del conflicto como por su duración y el tipo de actores sociales involucrados. El abogado detalló las diferencias entre ambos modelos: “El esquema de justicia argentino es el ejemplo paradigmático en el mundo de un proceso en el que se pretende juzgar a todos los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, a la vez que se asume que ese juzgamiento permite conocer mejor la verdad de lo sucedido”. Iud destacó que si bien no es el único caso de este tipo en el mundo, sin dudas es el más desarrollado. En cambio, el modelo sudafricano “está en el otro extremo: proclama que la impunidad garantiza conocer mejor la verdad de lo sucedido, y que eso favorece la reconciliación nacional”.
El abogado destacó que el argumento de Massot es falaz, además, porque en Argentina ese modelo ya se intentó. “Tuvimos impunidad hasta 2003 y los represores nunca aportaron información. Por el contrario, desde la reactivación de los juicios se demostró que no sólo sirven para alcanzar la justicia, sino también para conocer mejor qué pasó”, explicó. Según Iud, desde que se retomaron las investigaciones penales se conoció mucho mejor el funcionamiento de la ESMA, de Campo de Mayo, el rol de la Iglesia y de otros actores civiles. “La historia muestra entonces que al menos en nuestro caso el modelo sudafricano no funciona”, afirmó, y subrayó que mientras el modelo argentino hoy se estudia en todo el mundo como ejemplo de construcción de Memoria, Verdad y Justicia, el modelo sudafricano “se muestra como contraposición cuando se quieren promover instancias en que la justicia tiene un rol secundario”.
Desde Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora respondieron a los dichos de Massot afirmando que “no hay posibilidad de que bajemos los brazos”. La referente del organismo, Nora Cortiñas, consideró que “no hay olvido, perdón, ni reconciliación. Justicia en Argentina significa cárcel a los asesinos, torturadores y apropiadores de bebés. Los crímenes que cometieron son de lesa humanidad, no prescriben ni son amnistiables”. Y añadió que “el único lugar donde tienen que estar los genocidas es en la cárcel, por lo tanto no hay posibilidad de ningún tipo de reconciliación”. Las declaraciones de Massot se dan en un contexto de multiplicación de los pedidos de prisión domiciliaria de represores, como el que benefició días atrás el genocida Miguel Etchecolatz.
Por su parte, Taty Almeida, también de Madres, resaltó que las declaraciones no la sorprendieron. Calificó los dichos de Massot como “un insulto, no sólo para los organismos de derechos humanos, sino también para la memoria de nuestros queridos hijos, los 30.000” y agregó que “desde que asumió este gobierno, todos los días se están violando los derechos humanos, pero la resistencia es cada vez mayor. No vamos a quedarnos de brazos cruzados, resistiremos como siempre, de forma pacífica”.
Graciela Lois, integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, agregó que “no se pueden cerrar procesos cuando ni siquiera se abrieron sus bocas. La parte del dónde, cómo y cuándo jamás la explicaron”. Además, destacó: “somos pocos los que supimos dónde estuvo nuestro familiar y son muchos menos aquellos que pudieron recuperar los restos”.
Desde la organización Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) Capital, denunciaron que “si piden ‘reconciliación’ es porque asumen que son culpables” y agregaron que “el ‘joven’ Massot debería exigir que su tío y otros rompan los pactos de silencio y digan dónde están los cuerpos de los desaparecidos y quiénes tienen a los nietos/as apropiados”. El tío de Nicolás, Vicente Massot, fue ministro de Defensa de Carlos Menem y llegó a juicio en una causa por delitos de lesa humanidad, en la que le dictaron la falta de mérito.
A las declaraciones de repudio se sumaron los diputados del bloque Frente Para la Victoria-PJ, Agustín Rossi y Gabriela Estevez. Rossi, jefe del bloque, resaltó que los dichos de Massot no representan un hecho aislado, sino que se enmarcan en un contexto general de “retroceso de los Derechos Humanos”. “Se ve en las domiciliarias a los represores, no hay que olvidarse que ellos hablaron del ‘curro de los derechos humanos’ y banalizaron la cantidad de desaparecidos”, afirmó Rossi y agregó que para su espacio político “la única posibilidad de reconciliación es a partir de los juicios”. Por su parte, Estevez denunció que el planteo de Massot “sólo pretende impunidad para los genocidas, mientras que desconoce a las víctimas” y añadió que utiliza “de manera descarada la lucha de la nación Sudafricana”.
El Gobierno no entregará durante febrero medicamentos contra el VIH

Según confirmaron fuentes del ministerio de Salud, la Dirección de Sida dejará de entregar durante un mes tres drogas desarrolladas por laboratorios internacionales.

El Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos a pacientes que padecen HIV por "demoras" en la entrega y ya comenzaron a comunicarlo a hospitales de todo el país, donde planificarán los pasos a seguir.
Las complejas drogas, desarrolladas por laboratorios internacionales, son Darunavir 600 mg, Eferavirenz 600 mg, y Zidovudina jarabe. Según confirmaron fuentes del ministerio de Salud a El Destape, desde la Dirección de Sida anunciaron la falta en la entrega de estos tres costosos medicamentos, que resultan vitales para los pacientes que sufren esta enfermedad.
Además, los propios trabajadores del ministerio apuntaron en forma directa contra la subsecretaria de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca, y la responsabilizan por la falta de gestión para obtener estos medicamentos durante el mes de febrero.
Por su parte, desde la provincia de San Luis confirmaron que desde Salud les informaron a través de un comunicado de "carácter nacional" que habrá "demoras en la entrega" de estos medicamentos, y organizaron una junta de urgencia, en donde determinaron que harán todos los esfuerzos para que la provincia se haga cargo ante la necesidad de los pacientes.
"El programa provincial VIH Sida tiene a su cargo personas sin trabajo, sin obra social, de bajos recursos que no podrían afrontar de manera particular los gastos”, detalló Rodrigo Verdugo en diálogo con medios locales.
“Son tratamientos que no pueden ser interrumpidos porque el virus genera resistencia, y si estas personas por un período prolongado no reciben la medicación, es posible que cuando vuelvan a tomar la medicación no les haga efecto”, agregó Verdugo, quien a su vez informó que no es posible conseguir estas drogas en el mercado local.
“Son tratamientos que no pueden ser interrumpidos porque el virus genera resistencia, y si estas personas por un período prolongado no reciben la medicación, es posible que cuando vuelvan a tomar la medicación no les haga efecto”, concluyó.


Fundación Huésped apuntó contra el Gobierno por la falta de medicamentos contra el VIH

Preocupación en el ámbito de la Salud.

La organización que busca garantizar el acceso a la salud y se focaliza en el VIH/Sida emitió un comunicado donde expresó su preocupación los medicamentos que el Gobierno dejará de repartir durante un mes.
En su pronunciamiento, la fundación afirma que el anuncio del Gobierno de Cambiemos "dificulta el acceso al tratamiento de las personas con VIH perjudicando la adherencia al mismo".
La preocupación surge luego de que El Destape revelara que el Gobierno dejará de repartir durante febrero tres medicamentos a pacientes que padecen HIV. En concreto, las costosas drogas son Darunavir 600 mg, Eferavirenz 600 mg, y Zidovudina jarabe, vitales para el tratamiento de los pacientes.
Desde Fundación Huésped indicaron que, en comunicaciones con funcionarios nacionales, les aseguraron que los faltantes "obedecen a la demora en la habilitación del presupuesto 2018 y que en los próximos días se firmarían las órdenes de compra de urgencia". Mientras tanto "se plantean cambios de tratamiento por otras drogas similares".
"Exhortamos a las distintas autoridades competentes a que tengan en cuenta la situación que se presenta en estos días para tomar las medidas pertinentes para evitar futuros faltantes similares y para que arbitren los medios para que avance en tiempo y forma la compra anual de antivirales de manera de evitar posibles quiebres de stock del conjunto de las drogas. Las 70 mil personas con VIH sin otra cobertura que la del Ministerio de Salud tienen el derecho de acceder en forma continua e ininterrumpida a los medicamentos antivirales" sentenciaron.
El área gubernamental encargada de velar por la salud de los portadores de VIH es la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud, que conduce María Cecilia Loccisano, esposa del ministro de Trabajo Jorge Triaca. Desde el propio Ministerio de Salud, trabajadores responsabilizaron a Loccisano por la falta de gestión.
"Te vamos a desaparecer": la amenaza contra Baradel luego de otro conflicto con el Gobierno

El titular de SUTEBA denunció un nuevo intento de intimidación luego de que el Gobierno nacional eliminara la paritaria nacional docente.


El secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, denunció que fue víctima de una nueva amenaza de muerte a través de un correo electrónico, en medio del conflicto por la derogación de la paritaria nacional docente y la polémica por el instructivo de desafiliación de docentes bonaerenses.
"Decidiste ser el enemigo, ahora te vamos a hacer desaparecer", fue el mensaje anónimo que leyó el sindicalista en su casilla de correo y reprodujo Página 12. En diálogo con ese medio, Baradel afirmó que iniciará acciones ante la Justicia, en tanto que ya hizo gestiones ante la división de Delitos Informáticos de la Policía Federal.
"Anoche recibí un mail en el que me pedían que no hablara más, que iban por el sindicato y por mí, que manejan el poder de la Argentina, que manejan a jueces y medios. Me dijeron que iban a hacer lo que quisieran y que no saliéramos a confrontar, amenazándome a mí y a mi familia", relato el secretario general de SUTEBA.
Ahora, la amenaza se consuma un día después del decreto presidencial que eliminó la paritaria nacional docente y luego de que la Dirección General de Cultura y Educación del Gobierno bonaerense publicara un instructivo para gestionar la desafiliación a los sindicatos docentes.
"Es claro que hay un clima de ataque a quienes defendemos los derechos de los trabajadores y en ese marco recibo nuevas amenazas", concluyó Baradel.
Los puestos que más crecen son los informales
Empleo precario

El Indec confirmó que la ocupación que más subió en 2017 fue la de puestos informales o cuentapropistas, muy por arriba del empleo registrado, que apenas avanzó 0,9 por ciento.


El empleo que más crece es el precario. Un informe publicado ayer por el Indec confirmó que la incipiente reactivación económica registrada durante los primeros nueve meses de 2017 fue acompañada por un deterioro en las condiciones laborales. Entre enero y septiembre se registró un alza del 1,9 por ciento en los puestos de trabajo frente al mismo período del año anterior. La recuperación no fue impulsada por una dinámica virtuosa de creación de puestos asalariados registrados, que apenas aumentaron 0,9 por ciento, sino por una expansión de empleos informales y posiciones para cuentapropistas, donde se registraron aumentos del 2,2 y 4,1 por ciento, respectivamente.
De acuerdo al informe de la Cuenta de Generación de Ingreso y Mano de Obra del Indec, en el tercer trimestre del año pasado existían 20,5 millones de puestos de trabajo. La cantidad de puestos no coincide con la cantidad de personas ocupadas en tanto una persona que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de trabajo, es decir, realizar actividades secundarias. Sobre ese total, los puestos de trabajo asalariados alcanzaron los 15,5 millones y los puestos de trabajo no asalariados totalizaron 4,9 millones. El total de trabajos asalariados no registrados marcó así un incremento de 192 mil puestos adicionales en un año: el 2,2 por ciento.
Como sostienen desde el Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín, “la reactivación económica verificada en los últimos meses luego de la fase recesiva de 2016 no tiene un correlato sustantivo en la creación de empleo registrado por tiempo indeterminado en el sector privado. En cambio, crecen las contrataciones que implican mayor inestabilidad y derechos más acotados como los monotributistas y el personal eventual”. Los datos desagregados del informe no permiten realizar comparaciones ya que durante 2016 ofrecía otra presentación.
Estimaciones de la Fundación Germán Abdala revelan que el crecimiento se concentró en aquellos sectores con salarios entre 10 y 25 por ciento debajo de la media de la economía. Por su parte, la mayor destrucción de empleo se concentra en los asalariados que se encuentran entre 10 y 25 por ciento por encima del promedio, como la industria, la minería o las actividades inmobiliarias.
El Gobierno modificó por decreto la paritaria nacional docente
Nuevo capítulo de la ofensiva contra los gremios

La medida suma tensión con los sindicatos, le quita poder de negociación a CTERA y elimina la discusión por el salario mínimo docente. “Están derogando la paritaria nacional por decreto. Viola la libertad sindical y la ley de organizaciones sindicales”, respondieron desde los gremios docentes. Adelantaron que presentarán una nueva denuncia ante la OIT.

Anticipándose a la negociación salarial con los docentes, el Gobierno decidió marcar la cancha y limitar la próxima paritaria. Mediante un decreto publicado esta mañana, el ministro de Educación Alejandro Finocchiaro, con el aval del presidente Mauricio Macri y el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, eliminó la negociación del salario mínimo nacional docente, que establece un sueldo piso en todo el país y además apuntó contra el gremio de mayor representación, Ctera, eliminando la participación proporcional en la mesa de negociación.
“Están derogando la paritaria nacional por decreto. Viola la libertad sindical y la ley de organizaciones sindicales”, se quejaron desde el sindicato y confirmaron que presentarán una nueva denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Internacional de Educación.
“Nuevos criterios de relación”, así justificaron desde el Gobierno la necesidad de modificar la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, que establece el mecanismo de la paritaria nacional docente y los aspectos que deben ser tenidos en cuenta en esa negociación. El decreto Nº 52, publicado esta mañana, pone fin a la discusión de la “retribución mínima de los trabajadores docentes”, como se mencionaba en el decreto original al salario básico nacional, y termina con la negociaciones de “índole económica”, también tenidas en cuenta en la reglamentación original.
Como contrapartida, el decreto establece que el salario mínimo docente “no podrá ser inferior al 20 por ciento por encima del salario mínimo vital y móvil vigente”, acuerdo con el que el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich cerró la discusión en febrero de 2016 y no volvió a convocar a los docentes a la paritaria nacional. Esto último le valió, además de numerosas marchas y paros nacionales, una denuncia contra la OIT por incumplimiento de la normativa laboral. El decreto vino a emparchar la falta de convocatoria.
Además, modifica la representación de los sindicatos nacionales en la mesa de negociación. En vez de garantizarse de manera proporcional por la cantidad de afiliados como establece la ley de Asociaciones Sindicales, el Gobierno limitó la representación de los trabajadores en un miembro por cada asociación sindical, algo que se traduce en un claro ataque contra el gremio mayoritario, con más de 420.000 afiliados en todo el país: la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina.
“El decreto es una clara destrucción de la paritaria nacional. Elimina la posibilidad de discutir el salario básico nacional. Es el ajuste que tenían planeado con la reforma laboral pero aplicado rama por rama”, enfatizó Sonia Alesso, secretaria general de Ctera. Desde el sindicato afirmaron además que el decreto viola la ley de Asociaciones Sindicales y contradice los postulados de la OIT con respecto a la libertad sindical y la negociación colectiva.
“Este gobierno atrasa, quieren volver a los 90”, sostuvo a este diario la dirigente, que descree que la avanzada del gobierno sea únicamente por la cuestión salarial. “La última convocatoria a paritaria fue en diciembre de 2016, después tampoco nos citaron por las cuestiones pedagógicas. Pretenden correr la discusión y que cada jurisdicción se arregle como pueda, como pasó en los 90. Las consecuencias van a ser las mismas: una conflictividad altísima y problemas realmente graves en algunas provincias”, opinó Alesso.
La secretaria de Ctera viajará junto a Hugo Yasky, titular de la CTA, este fin de semana para presentar las dos denuncias contra el gobierno nacional: una en la Internacional de Educación, de la que Ctera forma parte, y la otra en la Organización Internacional de Trabajo. Mientras tanto, Roberto Baradel, titular del Suteba y secretario adjunto de Ctera, convocará a un plenario nacional para definir la línea de acción al interior del gremio.
En cuanto al tema de modificar la representación, lo que apunta contra los gremios mayoritarios, desde Ctera entendieron que se enmarca en la persecución sindical de la que vienen siendo víctimas. Aunque reconocieron que en este punto “el Gobierno se confunde”, porque siempre los cinco sindicatos con representación nacional -CTERA, SADOP, CEA, AMET, y UDA- actúan en conjunto.
“Ctera es el gremio mayoritario, representa a más de 420.000 trabajadores de todas las provincias, por lo cual tiene la representación mayoritaria en la paritaria nacional, como establece la Ley de Asociaciones Sindicales. Es increíble que el decreto incumpla una ley”, enfatizó Alesso.
Para la dirigente, con esto último “se equivocan. “Nosotros siempre discutimos por unanimidad. No hubo votos en disenso ni en el gobierno anterior ni en el actual”, reafirmó. Algo similar opinó Roberto Baradel, para quien “la discusión no es entre los sindicatos. La discusión es con el gobierno nacional”.
Para Baradel, el decreto oficializado esta mañana por el Gobierno es “un mamarracho jurídico”.
“Se les está negando la paritaria nacional a los docentes y modifica la representación que tenemos en la mesa paritaria que es la establecida por la ley, viola la libertad sindical y la ley de financiamiento educativo. Es el Ejecutivo, en nuestro caso la patronal, queriendo imponer las reglas de juego”, afirmó el titular de Suteba.
Consultado por Página/12, desde el Ministerio de Educación defendieron la nueva reglamentación y sostuvieron que el decreto “no saca nada”, de hecho “instala” el piso del salario básico más el 20 por ciento establecido en 2016. También desconocieron que la ley de Financiamiento Educativo estableciera la paritaria nacional. “No existe. No está garantizada por ninguna ley, ni se establece en ningún lado como tiene que ser la convocatoria, ni la periodicidad. La paritaria no es una negociación, es un instrumento jurídico; esa ambigüedad es la que viene a resolver este decreto con respecto al anterior”, sostuvieron desde la cartera de Finocchiaro.
Por último, confirmaron que no buscan “romper la mesa de negociación” sino establecer el “marco” para poder tratar las cuestiones postergadas.
Los gremios docentes denunciarán ante la OIT el decreto de Macri

Se tomó la decisión tras conocerse el decreto del presidente Mauricio Macri que deroga la paritaria nacional de los maestros.

Los principales gremios docentes de la Argentina irán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Bruselas para denunciar al gobierno de Mauricio Macri por "prácticas antisindicales".
Así lo anunció este miércoles el secretario general de uno de los sindicatos de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, tras conocerse el decreto del presidente Mauricio Macri que modifica la reglamentación de la ley de financiamiento educativo.
"Este decreto es un mamarracho jurídico y este es un Gobierno antidemocrático", dijo el sindicalista en declaraciones a Radio Rivadavia y anunció que los gremios presentarán una denuncia en Bruselas.
El decreto publicado este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Estado cambió la reglamentación de la Ley de Financiamiento Educativo, que es la que establece la convocatoria a la llamada "paritaria nacional".
Además, la norma dejó establecido el sueldo mínimo docente en 20% por encima del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y modificó el número de representantes de cada sindicato en futuras negociaciones con lo que le quitó poder de fuego a la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA).
Baradel, integrante de la conducción nacional de CTERA, lamentó también que la gestión Macri "ni siquiera tenga la delicadeza de simular que es un gobierno autoritario que no quiere discutir" con los trabajadores.
"Creo que muestra cada vez más que ni siquiera tiene la delicadeza de simular, son un Gobierno autoritario que no quiere discutir. Es como si mañana no le gustara el sistema electoral a Cambiemos y modifica por decreto el sistema electoral", comparó.
Según entiende Baradel, "hay una embestida del gobierno contra los sindicatos, quieren quitar derechos y maximizar las ganancias empresarias".
"Vamos a hacer una denuncia en Bruselas, en la OIT, por prácticas antisindicales", insistió Baradel, líder del más poderoso de los sindicatos de docentes bonaerenses.
Cambiemos busca tener mayoría en la comisión que debe dictaminar sobre la validez de los DNU presidenciales
Arman la estrategia para gobernar por decreto

El oficialismo busca tener mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debe dictaminar sobre la validez de los decretos. Ocurre después del DNU que derogó 19 leyes y que la oposición quiere rechazar por inconstitucional.

Mientras el Gobierno busca blindar la comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo con una mayoría oficialista para dictaminar a favor de los decretos presidenciales, en la oposición parlamentaria crece el malestar y la resistencia contra el mega DNU con que el presidente Mauricio Macri derogó 19 leyes y modificó otras 140 marginando al Congreso de la discusión legislativa que le corresponde por mandato constitucional. La bancada de diputados del Frente para la Victoria (FpV-PJ) ya manifestó su rechazo a la medida que tildó de inconstitucional. El massista Frente Renovador adelantó que no permitirán que el Presidente “gobierne por decreto cómo lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires” y también alienta su rechazo. En tanto, el interbloque Argentina Federal, referenciado en los gobernadores peronistas, trabaja en una postura unificada entre diputados y senadores sobre la base de un documento que plantea que “el mega DNU atenta contra el rol del Congreso y la transparencia”. Si la oposición logra unificar sus posturas en ambas Cámaras legislativas reuniría las manos suficientes para rechazar el DNU con que Macri busca sortear el Parlamento para gobernar sin sobresaltos.
En sintonía con los objetivos presidenciales, Cambiemos adelantó su jugada en el Congreso: blindar la bicameral de DNU con una mayoría oficialista que hasta ahora no contaba. El puntapié inicial lo dio la Cámara de Diputados, donde su presidente, el macrista Emilio Monzó, repartió los 8 asientos que le corresponden a los diputados en la bicameral por sistema D’ Hont, lo que le permitió quedarse al interbloque oficialista con 5 lugares (los macristas Pablo Tonelli y Ezequiel Fernández Langan, los radicales Luis Petri y Martín Hernández, y el lilito Fernando Iglesias). Mientras Cambiemos representa el 42 por ciento del total de la Cámara baja, su presentación en la bicameral alcanza el 62 por ciento de sus integrantes. De nada sirvió el “pataleo” del FpV-PJ, que como principal bancada opositora se quedó con apenas dos lugares (Marcos Cleri y Máximo Kirchner) y el restante fue para el interbloque de Argentina Federal (Pablo Kosiner), que logró arañar el piso del sistema de reparto.
La mayoría de Diputados le permitirá equilibrar un reparto más equitativo en el Senado, donde Cambiemos tendría tres integrantes en la bicameral, la misma cantidad que el del bloque Argentina Federal que conduce Miguel Angel Pichetto. En tanto, la bancada cristinista FpV-PJ tendrá una silla, igual que el interbloque Federal de Adolfo Rodríguez Saá.
Aunque los lugares quedarían empatados (8 para el oficialismo y 8 para la oposición), Cambiemos se asegura el desempate del presidente de la Bicameral –que es rotativo pero este año le corresponde al oficialismo– y con ello garantiza los dictámenes a favor de los DNU presidenciales. Pero que esta vez no le alcanzaría para ratificar en el recinto los votos necesarios para su respaldo del mega DNU de Macri.
Otras cuentas.
El Ejecutivo tiene diez días hábiles para enviar el DNU al Congreso, el mismo tiempo que dispone la Bicameral para expedirse para luego ser ratificado por una de las dos Cámaras. En cambio, su rechazo debe ser confirmado por los plenos de ambas Cámaras legislativas.
A eso se refería el jefe del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, cuando afirmó ante PáginaI12 que “todo dependerá como reaccione la oposición” frente a lo que definió como “la burla del presidente Macri al Parlamento atravesando la esfera de división de poderes”. Al tiempo que propuso la convocatoria  una sesión especial de la oposición para rechazar el mega decreto que consideró “inconstitucional”.
La gambeta al Congreso también desató las críticas de otros sectores de la oposición. En el massismo se sumaron varios pronunciamientos por el rechazo. “No vamos a permitir que Macri gobierne por decreto evitando el Congreso como lo hizo durante ocho años cuando fue jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires”, dijeron a este diario voceros del bloque de diputados del Frente Renovador. “¿Cuando lo firmó si estaba de vacaciones? ¿Se lo llevaron en avión al Sur? Para nosotros eso es lo mismo que cuando le llevaban los diarios en avión a Cristina Kirchner en Santa Cruz”, se preguntaron y contestaron los voceros del Frente Renovador, una manera de marcar también distancia con el kirchnerismo.
La socia de Sergio Massa en el frente electoral 1País, Margarita Stolbizer, también se había pronunciado en contra debido a la “inconstitucionalidad” del mega decreto y adelantó que presentará un amparo judicial desde la flamante ONG Bajo la Lupa, que armó para actuar desde el llano ya sin su banca.
Desde el Bloque Justicialista y el núcleo mayoritario del interbloque Argentina Federal emitieron un comunicado bajo el título “el mega DNU atenta contra el rol del Congreso y la transparencia”. “El Gobierno tiene que respetar el debate parlamentario, no se puede saltear al Congreso de la Nación en una reforma que contempla áreas verdaderamente sensibles para el funcionamiento del Estado y el futuro de los argentinos”, dice uno de los párrafos que difundieron sus diputados, que apuntaron a las modificaciones que introduce el DNU en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que sostiene el sistema provisional.
“Estas modificaciones no conducen a un Estado menos burocrático sino que intentan alterar estructuras legales de transparencia y responsabilidad estatal que son elementales”, afirman los diputados que ahora trabajan en diseñar una estrategia conjunta con el bloque de senadores que conduce Pichetto que ponga freno al DNU de Macri.
Si los senadores de Argentina Federal adoptan la misma postura que sus diputados, el mega decreto presidencial sería rechazado con la mayoría opositora en ambas Cámaras y perdería inclusive el reaseguro que el oficialismo afirmaba contar en el Senado ante una posible embestida opositora en al Cámara baja. La suerte de la decisión de Macri de avanzar en sus reformas estructurales por decreto no está todavía garantizada para el Gobierno en el Parlamento.
El gobierno bonaerense envió una invitación a los docentes para que se desafilien de los gremios
Achicar los sindicatos para agrandar la nación

Los docentes bonaerenses recibieron junto a su recibo de sueldo una notificación con un link para desafiliarse de la organización gremial a la que pertenecieran. Desde Suteba denunciaron la maniobra como una nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical.

Una nueva forma de amedrentamiento y persecución sindical. Así describieron los docentes de la provincia de Buenos Aires la nueva intimación que les llegó junto al último recibo de sueldo: una invitación a desafiliarse de la organización gremial a la que pertenecen. “Informamos las entidades a las que usted se encuentra afiliado de acuerdo a sus registros. Para iniciar el proceso de desvinculación haga click en el enlace Desvincular”, es el mensaje que aparece desde el viernes cada vez que un docente entra al sistema. El Frente de Unidad Docentes hizo una presentación ante la Dirección General de Cultura y Educación y no descarta presentar una denuncia contra el gobierno de María Eugenia Vidal si no cesa esta siuación.
El mensaje distribuido a través de la Dirección General de Cultura y Educación no sólo facilita la desvinculación, extiende también un manto de sospecha sobre todas las agrupaciones sindicales. “Ante la situación de público conocimiento sobre afiliaciones compulsivas a entidades gremiales o mutuales de agentes del sistema educativo de la provincia…”, así comienza el texto que luego propone la desvinculación. Esto, para los dirigentes sindicales es una estrategia intencional para “manchar” el nombre de las instituciones.
“¿De qué situaciones de público conocimiento hablan? ¿Por qué no dicen puntualmente a qué se refieren? Lo hacen para poner un manto de sospecha sobre todos los gremios”, señaló PáginaI12 María Laura Torre, secretaria gremial de Suteba. La referencia estaba vinculada a la denuncia que tiene por este tema Marcelo Balcedo, el secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) y editor del diario Hoy de la Plata, arrestado la semana pasada, pero por lavado de dinero. Por eso, Torres sostiene que se trata de una estrategia para vincular a los gremios docentes con las prácticas corruptas de otros sindicalistas como Balcedo, que en rigor era un aliado del macrismo a través de Gerónimo “Momo” Venegas. “En Suteba todas las afiliaciones son libres e individuales, negamos absolutamente que haya afiliaciones compulsivas. De hecho cada docente tiene que firmar en triplicado con su puño y letra la autorización para que luego hagamos el trámite del descuento”, aclaró de todas formas Torre.
Para la dirigente, el hecho de que el empleador envíe compulsivamente la advertencia e invitación a desafiliarse implica una “práctica desleal”.
“Ningún docente se afilia a través del patrón y para desafiliarse debe hacerlo a través de la entidad gremial”, sostuvo Torre, quien informó además que los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense presentarán una denuncia formal contra el Gobierno de Vidal. “Así como le pagaron dinero a los docentes que no hacían El Frente de Unidad Docente aseguró que se trata de una maniobra para condicionar la paritaria y anticipó que exigirá “un aumento salarial justo, condiciones dignas de trabajo y la aplicación de la cláusula gatillo” (ver aparte).
Entre los docentes, el mensaje enviado junto a los recibos de sueldos causó una respuesta inmediata. En las redes sociales, los afiliados del gremio Suteba, que son más de 100.000, comenzaron a compartir fotos con el hashtag #YoNoMeDesafilio. “Hay muchísimo malestar, pero la respuesta al amedrentamiento esta vez no fue el miedo. La campaña se inició de manera espontánea”, afirmaron desde el Suteba, que aclararon que no fue convocada por el sindicato, algo que les produjo “una grata sorpresa”.
Para el diputado y secretario general de la CTA Hugo Yasky la notificación del Gobierno sigue la misma línea de persecución sindical comenzada el año pasado contra el dirigente Roberto Baradel. “El año pasado Vidal eligió bastardear la paritaria docente inaugurando una especie de lucha en el barro contra Roberto Baradel. Seguro se acuerdan de las campañas sucias en los medios de comunicación y redes sociales, de la convocatoria a ‘voluntarios’ para reemplazar docentes y de las amenazas contra la familia de Baradel que, vale subrayar, nunca fueron esclarecidas porque, básicamente, no hubo voluntad política de investigarlas”, afirmó el dirigente.
Yasky afirmó que este año Vidal redobló la apuesta con una nueva estrategia: “invitar a los trabajadores de la educación bonaerenses a desafiliarse de los sindicatos, la herramienta más legítima y efectiva que tienen los trabajadores en democracia para la defensa de sus derechos”.el paro, lo único que falta es que les paguen a los que se desafilian”, finalizó la docente.
Lo mejor ya pasó

Panorama económico:

El poder adquisitivo del salario se ubicará en marzo en su punto más bajo en siete años. El Gobierno solo podría evitarlo si la inflación del primer trimestre fuera inferior a un promedio de 1,5 por ciento mensual. Con los aumentos anunciados de electricidad, gas, transporte, telefonía celular, medicina prepaga, educación privada y combustibles, entre otros, las estimaciones más conservadoras anticipan un alza de precios durante el verano de no menos de 2 puntos en promedio por mes. La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) indicó que en ese caso “el salario real alcanzaría en marzo un nivel que, en comparación al mismo mes de cada año, sería el más bajo desde 2011”, situación que se producirá ya con un incremento del IPC de 1,5 por ciento mensual. Es decir, el retroceso que se produjo en la capacidad de compra de los asalariados en los primeros dos años de gestión de Mauricio Macri será más pronunciado cuando se haya consumido una cuarta parte de 2018.
La respuesta del Gobierno frente a ese deterioro es pretender imponer un techo a las paritarias del 15 por ciento. Los despidos a granel en la administración pública y la identificación del sindicalismo con la corrupción que las autoridades nacionales pusieron en el primer plano de la agenda mediática son funcionales a ese objetivo. Más allá de que consiga o no fijar el techo del 15 por ciento, claramente la estrategia oficial descarta una recuperación del salario como fuente de estímulo para el crecimiento económico este año. La rebaja en los aumentos a jubilados y titulares de la seguridad social con el cambio de la ley de movilidad va en la misma dirección. La política económica no logró contener la inflación, está hundiendo el consumo de los trabajadores y regaló rentabilidades extraordinarias al capital financiero con las altas tasas de interés. El fracaso de ese modelo para las mayorías populares no produjo sin embargo una corrección en el rumbo, que por el contrario volverá a aplicarse con mayor intensidad en los próximos meses. El resultado, con las mismas decisiones, será el mismo fracaso.
“¿Lo mejor ya pasó?”, se pregunta el último informe de FIDE al analizar el panorama para 2018. Lo “mejor” fue el rebote del segundo y tercer trimestre de 2017 en comparación con la aguda recesión de 2016. Ya la última parte del año pasado empezó a marcar una desaceleración del crecimiento según surge de datos oficiales y estimaciones privadas. La razón es que los principales factores que permitieron una recuperación del PIB que solo alcanzó para compensar la pérdida del primer año de mandato de Cambiemos -pero igualmente con más desempleo, más desigualdad social, menos salario, menos poder de compra de las jubilaciones, importantes sectores productivos en crisis, déficit externo record, elevado déficit fiscal y aumento exponencial de la deuda pública- han empezado a desvanecerse.
“La mejora del salario real y la inversión pública que se produjeron en el segundo y tercer trimestre de 2017 perdieron impulso”, destaca el documento de la Fundación que conduce la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont. “La inflación anual superó todas las previsiones y se ubicó en 24,8 por ciento, al tiempo que el incremento del PIB difícilmente supere en 2017 el 2,8 por ciento acumulado hasta octubre”, agrega. “Esta lentificación de los niveles de actividad y consumo se proyecta inercialmente para 2018. El Gobierno maneja una hipótesis de aumento del PIB de 3,5 por ciento, pero no hay ningún dato objetivo que habilite a pensar que este año será mejor que el anterior. Ya no se dará el efecto ‘rebote’ que predominó en 2017 y, de acuerdo a los datos presupuestarios, el estímulo fiscal por la vía de la inversión pública se reducirá. En lo que hace a la inversión privada, siguen sin aparecer señales ni condiciones que auguren un rol más dinámico de esta variable. Por su parte, el recorte de subsidios económicos con su contracara en término de aumento de tarifas promete repetir el impacto negativo sobre el ingreso disponible del sector privado. Por el lado de la demanda externa tampoco se advierten razones para esperar una recuperación de las exportaciones. No ayuda el retraso cambiario acumulado, pero menos aún las condiciones de la economía internacional, donde se espera un crecimiento moderado del comercio global y regional y un estancamiento en las cotizaciones de los productos agrícolas”, completa la descripción del escenario para los próximos meses.
La conclusión en base a ese diagnóstico es que “la inercia de la actual situación conduce a una lentificación del crecimiento, no a una intensificación como proyecta el oficialismo”. De hecho, las estimaciones de consultoras privadas identificadas con la política económica y organismos internacionales promedian un 2,5 por ciento de avance del PIB este año. “A nuestro juicio -advierte el paper de FIDE-, tal previsión solo estaría garantizada si mediara una recuperación relevante en la masa salarial que empujara el consumo interno. Sin embargo, ese escenario no parece consistente con la agenda de reducción del costo laboral que el Gobierno aspira a encarar desde varios frentes de la política pública”, completa. Es decir, aquel modesto 2,5 por ciento de expansión puede resultar difícil de alcanzar con los planes que va descargando el equipo económico. De acuerdo a los análisis de distintos consultores, desde Orlando Ferreres a Emmanuel Alvarez Agis, el arrastre estadístico que deja 2017 para este año ronda 1 punto del PIB, por lo cual la evolución real de la economía en 2018 será de un virtual amesetamiento que no permitirá revertir las tensiones crecientes del modelo ni problemas graves como la desocupación y las crisis sectoriales.
La principal y casi única variable a la que se abocó el Gobierno en estos dos años fue el control de la inflación. Los resultados están a la vista. Desde que Alfonso Prat Gay dijo en noviembre de 2015 que el gobierno de Macri subiría el dólar oficial y eso no tendría impacto en la inflación porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar blue, en 15 pesos, el IPC acumuló un aumento de 73 puntos porcentuales. En noviembre de ese año, con el anticipo de la devaluación, el índice de inflación porteño escaló a 2,0 por ciento, y con el salto cambiario ya concretado, fue del 3,9 por ciento en diciembre. Luego la inflación llegó a 41,0 por ciento en 2016 y fue de 26,1 por ciento en 2017 (24,8 según el nuevo IPC nacional del Indec). La única receta para enfrentar la suba de precios, pese a todo, siguen siendo las metas de inflación y el manejo de la tasa de interés. Como se ve, esos instrumentos no han resuelto el problema y más bien ayudaron a engendrar otros más graves como parte de una política de apertura al capital especulativo. A esta altura, el ancla salarial, el aumento de las importaciones, el ajuste del gasto público y un consumo deprimido parecen ser las verdaderas alternativas oficiales para contener la escalada de precios. Es un esquema en el que algunos pocos sectores concentrados pueden salir ganando, pero para la mayoría otra vez lo peor está por venir.
Estará integrada por seis diputados y seis senadores
Submarino: promulgan ley para crear una comisión investigadora


Podrá iniciar investigaciones de oficio, citar a funcionarios y solicitar informes y documentos. Además, deberá elaborar un informe final en un plazo no mayor a un año.

El gobierno nacional promulgó hoy la ley que crea la “Comisión Bicameral Especial Investigadora sobre la desaparición, búsqueda y operaciones de rescate del submarino ARA San Juan”, al cumplirse dos meses de la última vez que se tuvo contacto con el navío que llevaba a bordo 44 tripulantes y del que aún no se tienen novedades.
El cuerpo “tendrá por objeto el análisis, la evaluación y el esclarecimiento de las causas y circunstancias del siniestro de la embarcación, el desarrollo de las acciones desplegadas por el Estado argentino para su hallazgo y el desempeño de la cooperación internacional recibida para su localización y rescate”, establece la norma aprobada en diciembre.
La comisión especial “estará integrada por seis diputados nacionales y seis senadores nacionales, designados por los presidentes de cada cámara, respectivamente, respetando la pluralidad de la representación de ambas cámaras”, añade la ley 27.433 que este lunes se publica en el Boletín Oficial junto a su promulgación.
Asimismo, “tendrá un presidente y un vicepresidente, los cuales serán elegidos por la comisión”, cuyas “decisiones se adoptarán por mayoría de los presentes”.
La comisión “designará un cuerpo de especialistas, integrado por cinco miembros que serán militares retirados de la Armada Argentina sin procesamientos ni condenas por delitos de lesa humanidad, con grado no inferior a contraalmirante, y/o civiles con reconocida trayectoria y experticia en materia de defensa nacional”.
El cuerpo podrá iniciar investigaciones de oficio, citar a funcionarios, solicitar informes y documentos y realizar reuniones secretas y reservadas. Además, deberá elaborar un informe final en un plazo no mayor a un año desde su conformación, el cual podrá prorrogarse no más allá de un año más.
Tanto los informes parciales como el informe final “serán obligatoriamente públicos” y el último de éstos deberá contener “una opinión fundada” sobre la “determinación de las posibles causas de la desaparición de la nave, el desempeño de los mandos de la Armada Argentina, y el de las autoridades del Ministerio de Defensa”.
También, el informe final tendrá que incluir un “análisis de las acciones que se sugiere fueron adoptadas por el comando de la unidad submarina; condiciones de mantenimiento de la nave previo a la autorización de la misión, detallando la existencia de averías o fallas técnicas; y detalle de la misión encomendada al submarino y el desarrollo de la misma, incluyendo el informe pormenorizado de las comunicaciones, durante la travesía”.
En otro punto, la ley sancionada en diciembre último por el Congreso ordena a la Comisión Bicameral Investigadora tener “especial consideración por las solicitudes y requerimientos de los familiares de los tripulantes en relación con la investigación, estudio y análisis de la desaparición, búsqueda y acciones de rescate de la embarcación”.
En ese marco, establece que las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan “podrán participar en calidad de observadores en las reuniones de la Comisión Especial Investigadora, a excepción de aquellas que sean declaradas secretas y/o reservadas”.
El Papa le dio la espalda a Temer

El papa Francisco inició el año con una gira por Chile pocos meses después haber realizado otra por Colombia y suspender una visita a Brasil. Celso Amorim interpreta los movimientos del pontífice en clave diplomática.

“Debo decir que gusto del papa Francisco, y creo que él y el Vaticano al definir sus movimientos en América Latina tienen una tienen una clara noción de la ilegitimidad de este gobierno, de la repulsa internacional que tienen las autoridades brasileñas”, plantea Amorim. “Luego del protagonismo logrado por Brasil durante el gobierno de Lula hoy nuestro país no tiene ningún peso, su opinión no cuenta en la escena internacional” , añade. “Lo último que haría sería defender al gobierno militar pero al final de ese gobierno, cuando comenzó la democratización, la repulsa del Joao Baptista Figueiredo (último dictador) era menor que el rechazo que causa el gobierno actual de Brasil”.
Defensa reimplantó la instrucción en armamento letal a los alumnos de 14 años de los liceos
Para formar adolescentes expertos en armas

Una resolución del ministro Aguad dejó sin efecto el Plan de Liceos establecido durante el gobierno de Cristina Kirchner que había merecido un reconocimiento de la ONU. La medida cede a la presión del lobby castrense.

El Ministerio de Defensa reimplantó la instrucción en el uso de armas letales a los alumnos de tercero a sexto año de los liceos, adolescentes de entre 14 y 17 años. Una resolución firmada por el titular de la cartera, Oscar Aguad, dejó sin efecto el Plan de Liceos 2010 creado durante el gobierno de Cristina Kirchner, que contenía este resguardo. La medida había obtenido un reconocimiento especial del Comité de los Derechos del Niño, el órgano de Naciones Unidas que supervisa el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño. Junto con el elogio, el Comité había indicado al estado argentino que todavía faltaba, instándolo a elevar de 17 a los 18 años la edad mínima para la instrucción con armas de fuego.
La resolución firmada por Aguad (Nº 1270/2017) deroga otra serie de puntos de lo que entre 2010 y 2015 fue un programa de modernización integral de la educación pública de los niños y adolescentes en los liceos.
Criterios que favorecían, por ejemplo, la externación de los alumnos, la posibilidad de que compartieran las aulas con chicos que no cumplen el régimen de internado, la eliminación de la catequesis como materia obligatoria –una rémora que había atravesado la democracia inadvertida debido al escaso control del Estado–, o que protegían el derecho de los alumnos a decidir por sí mismos, llegados a la mayoría de edad, si querían integrar la Reserva, son debilitados o directamente revertidos por esta medida restauradora que, como se contará más adelante, esperaba hace tiempo su oportunidad histórica.
En lo relacionado con el uso de armas, la resolución firmada por Aguad establece que desde el tercer año del liceo los alumnos volverán a recibir instrucción con carabinas calibre 22. El principal argumento expuesto en la Resolución 1270/2017 es que “uno de los propósitos de la creación de los liceos militares fue contribuir a la formación del personal de la Reserva”, un criterio que los especialistas juzgan totalmente aceptable… para 1930. La creación del primer liceo militar viene de esa época, la de la llamada Década Infame. El general Agustín P.Justo dispuso en su carácter de presidente la apertura del primer Liceo Militar.
Luego, a lo largo del siglo XX, se abrirían otros nueve institutos dependientes de las Fuerzas Armadas. El entrenamiento con armas de guerra a menores de edad atravesó en ellos los años sin ser cuestionado, como una práctica naturalizada, de la misma manera que no se cuestionaba la internación de los niños, su abrupto desgajamiento de los lazos de afecto familiares. O como no se cuestionaba en los cuarteles, hasta la muerte del soldado Omar Carrasco, la denigración y el maltrato para estructurar la disciplina militar de los conscriptos.
Especialistas en formación militar como la antropóloga Sabina Frederic advierten que la inclusión de los egresados de los Liceos en la reserva de oficiales “es un anacronismo en esta etapa de la profesionalización militar. Equiparar los liceos a escuelas militares era posible cuando se aprobó la Ley de Personal Militar en 1971, hoy un oficial de carrera es un graduado universitario. Un egresado de liceo tiene una instrucción más próxima a un soldado voluntario. En cambio, la Reserva tiene otras fuentes indubitables mejor preparadas pues se instruyeron mejor y más tiempo, siendo adultos, como aquellos que se han ido voluntariamente de baja de las filas de una fuerza profesional, desde soldados a oficiales”.
El Comité de los Derechos del Niño (“CRC” por sus siglas en inglés) es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño y de su Protocolo sobre la participación de niños en los conflictos armados. Depende de la Organización de Naciones Unidas.
Los Estados Parte –entre los que se encuentra la Argentina– deben presentarle informes cada cuatro años sobre la manera en que se garantizan los derechos contemplados en la Convención sobre los Derechos del Niño. El grupo de expertos examina cada informe y expresa sus preocupaciones al Estado Parte en forma de “observaciones finales”.
El 18 de junio de 2010, el Comité publicó un documento con sus observaciones sobre el informe que había presentado la Argentina. En él se refirió específicamente a los cambios que se habían hecho a los liceos.
En el punto 11 de las observaciones señala lo siguiente:
“El Comité recomienda al Estado parte que siga esforzándose por prohibir que los niños reciban capacitación sobre el uso de las armas, incluidos los niños de entre 17 y 18 años.
“El Comité (también) recomienda al Estado parte que prosiga sus esfuerzos de reforma de las academias militares, en particular armonizando sus programas de estudios con los de las escuelas a cargo del Ministerio de Educación y velando por que el castigo corporal quede expresamente prohibido en todos los contextos, incluido este tipo de academias.
“El Comité alienta además al Estado parte a que se esfuerce por someter a las academias militares a la competencia del Ministerio de Educación”.
La lectura de este documento recuerda cuál es el espíritu de Naciones Unidas para la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y sus protocolos, tema ahora puesto en duda por el gobierno de Cambiemos.
Sectores castrenses, padres de los liceístas, egresados y figuras de la iglesia católica enfrentaron durante la gestión de Nilda Garré como ministra de Defensa la modificación de los planes de estudio. Son sectores con un poder de lobby considerable, que incluye a egresados que se convirtieron en fiscales, jueces, funcionarios de ministerios provinciales, cuadros de carrera dentro de ministerios nacionales claves en el tema, como los de Defensa y Educación.
La ofensiva incluyó presentaciones en los tribunales –hubo jueces federales que hicieron lugar a pedidos para mantener el régimen cerrado de algunos liceos– movidas en los medios y en el ámbito político. En la cámara de diputados, el llamado Grupo A –por esa época principal oposición al kirchnerismo– acordó un dictamen en la Comisión de Defensa para derogar los cambios realizados.
Esto logró introducir cuñas en las propuestas iniciales de la ministra de Defensa. Su planteo inicial, por ejemplo, había sido prohibir la instrucción en el manejo de armas a menores de 18 años. Tras la embestida, se concedió que los liceístas del último año, a los 17, tuvieran entrenamiento en el uso de FAL. Otro tema en el que se cedió fue el de la enseñanza de religión católica, ya que se dejó abierta la posibilidad de que se cursara catecismo, aunque como materia optativa y no obligatoria.
En ese embate en el Congreso fue público el rol que jugaron la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el propio Oscar Aguad, por entonces diputados nacionales. Él mismo liceísta, egresado de la academia militar General Paz, de Córdoba, Aguad retoma ahora –en la resolución que firmó el pasado 28 de diciembre– los principales reclamos de ese lobby.
Citando palabras de la Unesco, la medida argumenta que “los principios fundacionales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se basan en la convicción de que la educación es esencial para combatir la ignorancia y la desconfianza que provocan los conflictos humanos”, aunque sin explicar cómo la instrucción en el uso de armas a un menor puede ayudar en ese sentido.
Si bien no reimpone la enseñanza de Catequesis como materia obligatoria, la resolución hace un guiño en ese sentido, ya que sostiene que “la inclusión de las religiones del mundo en los planes y programas de estudios pueden contribuir a disipar muchos de los malentendidos que convierten la convivencia en algo problemático”.
El ministro atenúa además el alcance las medidas que se habían tomado en favor de que se privilegien regímenes de cursada abiertos por sobre los cerrados; (el régimen de internación en los liceos comienza en el sexto año de la primaria, con niños de once años, y cubre todo el secundario). Y vuelve a habilitar que los alumnos puedan ser inscriptos como reservistas antes de los 18 años, “con el consentimiento de sus padres”, cuando hasta ahora se garantizaba que esta pudiera ser una decisión propia y tomada alcanzado un mínimo de madurez, una vez cumplida la mayoría de edad.
Insaurralde: "No podemos discutir el liderazgo de Cristina Kirchner en el PJ"

El intendente bonaerense se refirió a la ex mandataria y a la posibilidad de una unión entre el kirchnerismo y el Frente Renovador.

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, resaltó que en el peronismo "no se puede discutir el liderazgo de Cristina Kirchner" y reconoció que ve posible una alianza entre el kirchnerismo y el Frente Renovador de cara a 2019.
"Su candidatura fue la mejor opción, sacó 37,5 puntos", comenzó el funcionario peronista a opinar sobre la ex mandataria en una entrevista brindada a La Nación:"Cuando creamos el grupo veníamos de perder en 2015 y no sabíamos qué iba a hacer Cristina. Pero el día que ella vuelve a la política activa es indiscutible en ese camino".
Por otro lado, Insaurralde consideró que los dirigentes "intermedios" no pueden discutir el liderazgo de la senadora nacional por la Provincia de Buenos Aires y sugirió contribuir para que "Cristina y todos construyamos una fuerza que sea mayoría".
Al ser consultado sobre la conjunción del Frente Renovador y el kirchnerismo en un mismo proyecto político de cara al 2019, el dirigente no dudo en lanzar una advertencia: "Si no confluyen, después que no se quejen".
Cristina: "Lo más importante es crear una fuerza política que no se termine en una persona"

Fue durante un acto en Avellaneda junto al intendente Jorge Ferraresi.

La senadora nacional por Unidad Ciudadana Cristina Kirchner participó en un acto, en Avellaneda, junto al intendente local, Jorge Ferraresi, en el cual se firmó la incorporación de 800 trabajadores a la planta municipal con la promesa de que el año que viene todos estén en planta permanente. En este marco, la dirigente envió un contundente mensaje a la dirigencia política de cara a las elecciones presidenciales y brindó una definición de su futuro.
“Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para contribuir y lograr que el 10 de diciembre del 2019 otro argentino esté en la Casa Rosada para conducir los destinos del pueblo, pero lo que es importante es tener la suficiente amplitud y generosidad para no preocuparnos tanto por los nombres”, aseveró la ex mandataria. Y advirtió que “hay que garantizar que quien ocupe nuevamente en nombre del pueblo vaya a respetar el mandato popular”.
Asimismo, le pidió a la militancia que sean “lo suficientemente amplios y generosos para lograr esto” y apostó: “Vamos a construir una alternativa política que permita que la gente vuelva a estar alegre y lo más importante no va a ser el nombre sino lograr una fuerza política que no se termine en una sola persona sino que garantice a los ciudadanos de a pie estar tranquilos y no ser traicionados”.
Además, dijo que “son ustedes los que se tiene que movilizar, se tienen que defender porque si se organizan son invencibles” y les manifestó que sean “sobre todas las cosas solidarios y convencer al que está más allá del peronismo”
En el acto, el intendente Ferraresi no solo repudió la firma del pacto fiscal de la provincia de Buenos Aires sino que anunció un aumento del sueldo municipal del 30 por ciento y la promesa de que para el 2018 los trabajadores municipales estén en planta permanente “para que nadie venga y pueda precarizarlos”.
“Si no tenemos independencia económica no podemos tener soberanía política para definir nuestro futuro de un Estado presente y de tener trabajadores dignificados. Desde esa base fundamental con la soberanía política podemos ejecutar la justicia social”, advirtió el jefe comunal y remató: “Nos invitaban a firmar un pacto fiscal pero no necesitamos adecuarnos a un sistema que achica y expulse”.
Navarro y Víctor Hugo Morales adelantaron todo lo que pasará en 2018

¿Qué pasará el próximo año en Argentina?

En la edición especial de El Destape, Roberto Navarro y Víctor Hugo Morales analizan lo sucedido durante el 2017 y adelantan el panorama gris que le depara al país, con nuevos presos político, tarifazos, pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, paritarias por debajo de la inflación y el papel de Cristina Kirchner en el escenario político.
“Este régimen instalado por los medios corporativo y que tiene a Macri como gerente ¿Está en condiciones de mantenerse en el poder?”, en la pregunta de Morales que dispara el análisis de ver qué pasara en próximo año.
En una charla de colegas, Navarro adelantó que “te vas a encontrar con que la gente va tener un aumento del 15 por ciento en sus sueldos con una inflación que no va bajar del 20 porque se viene de los tarifazos, en marzo subirá el transporte público y si gastas en eso no consumís y todo se hace un círculo vicioso”.
“Como las paritarias no puede superar el 16 por ciento, vamos a tener una pulseada impresionante y se viene con el arrastre de lo que perdieron los trabajadores este año y el año pasado. ¿Cómo le dicen a los trabajadores que tienen que aceptar una nueva caída en el 2018?”, agregó Morales.
Ambos periodistas, advirtieron sobre la desventaja que representará para Argentina el acuerdo con la Unión Europea ya que “significa entrar a competir con los alemanes, ingleses, franceses y no se puede competir con ellos”. “Encima, en Europa subsidian la producción agrícola, así que no podes decir que le vendes granos. A pesar de que dicen que la década pasada fue populista y se dedicó a distribuir, la Unión Industrial creció un 95 por ciento”, aclaró Navarro. Además, sostuvo que se rumorea la salida de Argentina del UNASur.
Frente al escenario político que se abre después de las elecciones de octubre, Morales sentenció que “cualquier peronismo que presenta caminar por ese camino de derecha está traicionando al peronismo” y replicó si a los dirigentes peronistas “les da” para ganar en el 2019 sin Cristina Kirchner.
Al respecto, evaluó que “fue un buen año para Cristina en el 2017, fue positivo porque pudo tener un 37 por ciento en una elección de la Provincia y tuvieron que intentar condenarla con traición a la patria” y lanzó que el Gobierno nacional “ha perdido autoridad moral”.
Para finalizar, Navarro adelantó que “no terminó la cacería de opositores, va a haber más presos político”.
La carta de una productora de la TDA que fue notificada del cierre de la señal
"En tres días nos rajan"

Los trabajadores de la Televisión Abierta Digital revelaron que les informaron del cierre de la señal a partir del 1º de enero, por lo que más de 130 empleados serían desvinculados. “Despedida… o ni siquiera eso, porque estaba trabajando en negro”, escribió una de las productoras afectadas por el recorte en una carta que luego se viralizó en las redes sociales.

A los trabajadores de la Televisión Abierta Digital (TDA) les avisaron que a partir del 1º de enero el área de contenidos cierra. La notificación, que llegó con tan sólo tres días de anticipación, incluye más de 130 despidos, la mayoría de trabajadores precarizados que no verán renovados sus contratos después de las fiestas. El anuncio de estos nuevos despidos se suma a las 520 cesantías de los últimos días en diferentes dependencias del Estado. “Hoy nos avisaron que en tres días nos rajan. Que el 1º cierran la TDA. Que la plata que se invirtió ahí va a la basura. Que 160 familias quedamos sin trabajo. Así, de un día para el otro”, descargó su bronca una de las trabajadoras desvinculadas en una carta que publicó en su Facebook y luego se viralizó en las redes sociales.
“Despedida… o ni siquiera eso, porque estaba trabajando en negro”, escribió a modo de descargo Melina Martínez, una de las productoras de la TDA que fue notificada del inminente cierre de la señal. A los despidos en diferentes dependencias públicas informados en los últimos días –que ya alcanzaron a 520 trabajadores- se suman ahora las cesantías del personal de la emisora pública.
La sede de TDA Contenidos funciona en Cabildo al 100. Allí se elaboraban materiales para Bacua, ACUA Mayor y ACUA Federal, ya cerradas, y se realizaban las coberturas de actos de Gobierno, contenidos para el exterior y un noticiero federal. Los trabajadores estaban desde hace años con contratos anuales facturando como monotributistas. En el edificio hay 10 salas de edición y todo el equipo necesario para la emisión.
“Ayer corría por grabar un mensaje del Presidente con una responsabilidad en la espalda demasiado grande, y comprándome ropa acorde para moverme en los eventos de Casa Rosada, y hoy estoy sacando cuentas para ver cómo pagar esa ropa y el alquiler donde vivo, re armando el CV y pensando adónde mandarlo. 159 técnicos audiovisuales más, estarán mañana enviando sus CVs a productoras”, continuó la carta de la productora. Martínez agregó también que durante el último año de trabajo, tras el cambio de gestión, tuvo que llevar todos los días su computadora personal y poner plata de su bolsillo para cubrir los viáticos de diferentes coberturas donde la enviaban a trabajar.
A la angustia por los despidos, la trabajadora sumó la bronca de saber que luego del cierre del área de contenidos el Estado pagará “presupuestos enormes” y “fortunas” para la realización del mismo material en productoras particulares. “Lo irónico de esto es que 160 profesionales estaremos mañana buscando laburo en las mismas productoras que el Estado pasará a contratar por videos por presupuestos enormes, o sea más caros que mantener nuestros puestos de trabajo. Yo no tengo más laburo y vos no tenés más TDA gratis”, escribió Martínez que siguió con su queja.
El intercambio de comunicaciones entre Noble y Timerman que echa por tierra la hipótesis que esgrimen los jueces
Una secuencia que desbarata una maniobra

En la Justicia argumentan que el ex secretario de Interpol firmó un texto escrito desde la Cancillería argentina. Pero el análisis de los mails muestra que no tuvieron en cuenta el horario de Dubai, donde reside Noble.

La reconstrucción de una verdadera secuencia de mails destruye la acusación del juez Claudio Bonadio y la Sala II de la Cámara Federal con la que pretenden involucrar al ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, en una especie de complot para encubrir al ex canciller Héctor Timerman. El magistrado y los camaristas sostienen que Noble se prestó a firmar un texto escrito por la Cancillería en defensa de Timerman, o sea que el norteamericano simplemente aceptó poner su rúbrica en una carta redactada en Buenos Aires. La base de todo es un mail que circuló dentro de la Cancillería con la traducción de la carta. Ese mail es del 16 de enero de 2015 a las 16.46.32, es decir de las 16 horas, 46 minutos, 32 segundos. Bonadio y los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah consignan que el correo supuestamente original, enviado por Noble, en inglés, es posterior, de las 21.13.55. Pero el grosero error de los magistrados es que se trata del horario de Dubai, donde vive Noble, y por lo tanto corresponde a las 13.13.55 de Buenos Aires. En ese mail original de Noble figura la hora de Dubai y al lado dice +04.00 o sea cuatro horas más que la hora base, la del meridiano de Greenwich, es decir cuatro horas más que en el Reino Unido, ocho horas más que en Buenos Aires. Por dos vías distintas queda establecido que Noble mandó el mail muchísimo antes de que circularan las versiones en inglés y castellano dentro de la Cancillería.
La increíble jugada contra Noble y Timerman tiene que ver con una carta en la que el primero, funcionario norteamericano de alto rango, desmintió en forma rotunda las acusaciones originales del fiscal Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner, Timerman y otros. Por esa acusación, presentada el 14 de enero de 2015, hoy están presos Carlos Zannini, Luis D’Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil. En su carta enviada dos días después de la denuncia de Nisman, el 16 de enero de 2015, Noble fue categórico: ni Timerman ni ningún funcionario del gobierno argentino hicieron gestión alguna para que se levantaran las órdenes de captura con alertas rojas que pesaban sobre los sospechosos iraníes. Noble dice que ocurrió todo lo contrario: Timerman insistió una y otra vez en que la firma del Memorándum no alteraba el status de las órdenes de captura. De hecho, las alertas rojas siguen vigentes hasta hoy.
La defensa del ex vicecanciller Eduardo Zuaín, a cargo de Martín Arias Duval, del estudio Arslanian, deja más que clara la documentación y la secuencia de los mails con los que, insólitamente, quieren involucrar a Noble en una trama favorable a Timerman. Arias Duval presentará un mail de Zuaín a Timerman en el que le reenvía la carta original de Noble, también llegada por correo electrónico.
El mail de Noble tiene la hora, 21.13.55. Pero el juez y los camaristas sacan la conclusión que ese horario indica que es posterior a los mails que circularon dentro de la Cancillería con el texto. El increíble error es que el horario es de Dubai, o sea que en Buenos Aires, que son ocho horas menos, no eran las 21.13.55 sino las 13.13.55.
En el horario de Dubai además dice +04.00 que significa el horario del meridiano de Greenwich más 4 horas, es decir el horario del Reino Unido más cuatro horas. Las 21.13 de Dubai son las 17.13 de Londres y las 13.13 de Buenos Aires.
Como se ve en el mail de Zuaín, el vicecanciller le reenvía el correo a Timerman una hora después de recibido: a las 02.23.32 PM, es decir a las 14 horas, 23 minutos, 32 segundos. Una hora y diez minutos después de recibir el correo de Dubai.
La secuencia sigue con el mail que el juez y la Cámara consideran fundamental. El correo lo emite el jefe de Gabinete de la Cancillería, Carlos Alejandro Poffo, con la traducción de la carta de Noble, y se lo envía al vicecanciller Zuaín. El horario es 16.46.32. Y los magistrados dicen que como el mail de Noble tiene la hora 21.13, entonces se comprobaría que el correo de Noble es posterior. De ahí sacan la conclusión de que la carta la redactó la Cancillería y Noble sólo la firmó. Los documentos demuestran que el horario del mail de Noble corresponde a Dubai, que en Buenos Aires eran las 13.13 y que, por lo tanto, el mail de Poffo es tres horas y media después de la recepción del de Noble. Poffo pone: “este es el texto que sale”, refiriéndose a que ese será el texto del comunicado oficial de la Cancillería.
Otra evidencia de que el texto de Poffo era para publicar es que quedó afuera el último párrafo de la carta de Noble en la que consigna que lo pueden contactar en su dirección de correo electrónico pero pide que esa dirección no se haga pública. Ese párrafo está suprimido en el mail de Poffo y, consecuentemente, en el comunicado oficial, tanto en castellano como en inglés.
El comunicado oficial fue presentado por Héctor Timerman en conferencia de prensa que los medios reprodujeron a las 20.22.
De esta manera queda desnudada la maniobra judicial con la que quisieron involucrar a Noble y Timerman. Se verifica lo que señaló el ex titular de Interpol: “es 100% cierto que escribí el mail del 16 de enero de 2015 a Timerman. Fui secretario general de Interpol durante 14 años, trabajé durante diez años en las alertas rojas y fui profesor de Derecho. No necesito ayuda de una cancillería (para redactar un texto)”.
Con la acusación del juez y de la Cámara, la Argentina quedó al borde de un papelón internacional. Desde Dubai, Noble se preguntó por qué el juez Bonadio o la Cámara no lo consultaron. “¿Por qué? Porque saben que mi sincero mail les destruye la acusación”, concluyó Noble.
La CIDH criticó la violencia del gobierno de Mauricio Macri

La Comisión Intermaericana de Derechos Humanos lanzó un fuerte mensaje tras los recientes hechos de represión.

Tras el fuerte operativo represivo ejecutado por las fuerzas de seguridad sobre la movilización que se llevó a cabo contra la reforma previsional, la Comisión Intermaericana de Derechos Humanos (CIDH)salió a repudiar el despliegue llevado a cabo por el gobierno de Mauricio Macri.
En un comunicado de prensa titulado "CIDH expresa preocupación por la actuación de la fuerza policial en protestas y agresiones a periodistas en Argentina", la organización alertó sobre los peligros de este tipo de acciones, donde se ve un "uso inadecuado e indiscriminado de la fuerza".
"En democracia, los Estados deben actuar sobre la base de la licitud de las protestas o manifestaciones públicas y bajo el supuesto de que no constituyen una amenaza al orden público", reza el comunicado.
Asimismo, remarcaron que "la criminalización de la movilización y la protesta social, sea a través de represión directa a los manifestantes, o a través de la detención arbitraria de manifestantes y proceso criminal, es incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente".
Las críticas de la CIDH recaen sobre las dos represiones llevadas a cabo por el Gobierno: la del 14 de diciembre, en donde la sesión para debatir la reforma previsional se suspendió, y la del lunes 18, tras lo cual el proyecto finalmente se convirtió en ley.
Diputados de la oposición denunciaron la “extorsión” del gobierno nacional para aprobar la reforma previsional

El cambio viene con ajuste y aprietes

Los ex gobernadores de La Rioja y Santa Fe Beder Herrera y Bonfatti aseguraron que sus sucesores fueron coercionados y presionados para acompañar las iniciativas de Cambiemos. En el mismo sentido se expresó la legisladora chubutense Rosa Muñoz.

Los métodos extorsivos con que el gobierno de Mauricio Macri aprieta a gobernadores y legisladores para conseguir en el Congreso la aprobación de sus reformas comenzaron a salir a la luz. La diputada chubutense Rosa Muñoz reconoció que el gobernador Mariano Arcioni le pidió que diera quórum y votara a favor la reforma provisional para que “los empleados públicos de Chubut pudieran cobrar el aguinaldo”. Muñoz, que aportó al quórum pero se ausentó a la hora de votar, relató como presionaron a Arcioni durante la fallida sesión del jueves 14 de diciembre en la Cámara baja: “me mostró los mensajes y la foto, le dijeron ‘tu diputada todavía no se sienta’”, le señalaban al gobernador desde el Gobierno. El diputado y ex gobernador riojano, Luis Beder Herrera, que votó en contra de la reforma previsional –que definió como “perversa y dañina”– expresó públicamente su hartazgo de las presiones y promesas incumplidas del gobierno de Cambiemos: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja”, posteó en su cuenta de Twitter. Otro ex mandatario, el santafesino Antonio Bonfatti, también se refirió a los mecanismos de disciplinamiento que sufrió el socialista Miguel Lifschitz: “No fue un consenso, fue una imposición, una coerción a los gobernadores”, denunció.
Beder Herrera, que tras la derrota presidencial de 2015 rompió junto a otros diputados el bloque de FpV-PJ para emigrar a una bancada que armaron los gobernadores peronistas “dialoguistas” con el  gobierno de Macri, decidió que no era tiempo de callar. “Ayer creo que se les cayó la careta @mauriciomacri que hagan lo que quieran, pero yo contra la gente, los abuelos, los niños, los ex combatientes de Malvinas, no me voy a meter”, escribió en su cuenta de la red social.
El interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, dividió voluntades a la hora de sentarse para garantizar el quórum al oficialismo y también con su voto: 16 lo hicieron a favor, 15 en contra, dos se abstuvieron y otros se ausentaron antes de emitir su voto. “Estoy tranquilo porque hemos hecho todo lo posible para tratar de impedir esta ley tan perversa y dañina que muestra el verdadero rostro del Presidente”, agregó minutos después el riojano sobre el sentido de su voto en contra. Pero Beder Herrera también consideró que era momento para correr el velo sobre el discurso oficial de “diálogo y consenso”: “Nos tienen agarrados con el tema de que si no votamos no nos bajan la plata; dos años los acompañamos con las leyes y lo mismo no nos mandaron un peso y no se ha iniciado una sola vivienda en La Rioja”, sumó para desmentir que el alineamiento de los gobernadores con el poder central le trajera algún beneficio a las provincias. “Les pido a los riojanos que tengan fe; arrodillarse, mendigar en Buenos Aires no vale la pena, hay que estar parados defendiendo a la gente porque la gente y La Rioja va a seguir progresando”, posteó seguido el ex gobernador provincial.
Aunque Beder Herrera evitó ayer contactos directos con la prensa, sus declaraciones públicas dejaron expuesta la actitud de muchos gobernadores y sembraron dudas sobre la estrategia parlamentaria de la bancada “dialoguista” y el futuro de la misma. Pero tampoco fue el único que dejó al descubierto las presiones que el Gobierno niega sobre los gobernadores. Bonfatti reveló que si su gobernador no firmaba “se quedaba sin compensación (del déficit) de la Caja de Jubilaciones, sin el fondo sojero”. El titular de la Cámara de Diputados de Santa Fe aseguró que “hubiesen estado en peligro las prestaciones de salud, educación, seguridad y justicia”.
La chubutense Muñoz denunció “las presiones” para dar quórum y votar la reforma previsional. Muñoz se sentó en su banca, esquivo su voto a favor ausentándose y manifestó su bronca en el recinto: “El presidente de los argentinos se quejaba de la vieja política. Lamentablemente, hicieron un curso acelerado porque aprendieron a extorsionar a los gobernadores con la chequera a cambio de los votos; aprendieron algo que no debe hacer un político, que es ser soberbio”, sostuvo en la madrugada del martes.
Ayer explicó más detalladamente el sentido de sus palabras. “Mi sentada valía que los chubutenses, los empleados provinciales cobren el aguinaldo y todo lo que tienen”, dijo en una entrevista a una radio local. “El gobernador me lo pidió y me lo dijo clarito”. agregó. “El compromiso era con el gobernador. Pensé en mi provincia”, se justificó Muñoz y sentenció: “El gobierno nacional presiona a todos los gobernadores con conductas extorsivas”. “De mi provincia somos cinco (diputados nacionales) pero el único voto que puede disponer el gobernador es el mío. Le dije, me puedo sentar pero jamás votar. Voy a hacer lo que se mas conveniente para mi provincia y la gente”, continuó Muñoz, que justificó su postura en beneficio de los chubutenses.
Luego se explayó sobre su especulación en la primera sesión en que la Cámara baja quiso abordar la reforma provisional. “Yo tenía el mismo mandato para la semana pasada, nada más que especulé. Me senté y dos minutos que me senté, ocurrió lo de los diputados truchos y pasó lo que pasó”, dijo sobre la fallida sesión. Fue entonces que el gobernador Arcioni recibió la foto y advertencia del Gobierno. Muñoz luego contó que en la madrugada del martes “la oposición planeaba retirarse del recinto y dejar al oficialismo sin quórum. No me quedaba más remedio que sentarme”.
“Yo podría haber elegido salir indemne de todo esto y haber hecho lo que mi pensamiento me dictaba pero pensé en mi provincia a quien represento, entonces tuve que tomar una decisión que más allá de todo no fue la que me pidieron”, insistió la diputada chubutense para rusticar su postura.
“Era una decisión comprometida, todo sea porque mi provincia y los chubutenses salgan adelante. Ya está”, agregó cuando le preguntaron a la experimentada militante del dasnevismo si se arrepentía de haber regresado al ruedo político y haber asumido una postura que mucha gente parece no compartir. La publicación de sus teléfonos en las redes sociales (“por otro diputado de la provincia que no es de mi partido”) le provocó más de un disgusto: recibió “unas dos mil entre llamadas y whatsApp acordándose de mi y de mi hijos”. Ayer Muñoz analizaba realizar una denuncia penal por las amenazas.
Otro masivo cacerolazo contra el recorte a los jubilados


Arrancó a las 19 con la Ciudad como epicentro pero hay distritos del país donde se hace escuchar la protesta.

Se convocó un nuevo cacerolazo contra el Gobierno de Mauricio Macri por el paquete de reformas.
La protesta comenzó a las 19 horas en todos los barrios porteños y el conurbano bonaerense. Pero se extendió a todo el país.
Los principales puntos de encuentro fueron Santa Fe y Callao, Corrientes y Scalabrini Ortiz, Acoyte y Rivadavia, Triunvirato y Avenida de Los Incas y Medrano y Rivadavia.
Miles de personas se manifestaron ayer contra el saqueo a los jubilados que llevó adelante Cambiemos. Los barrios con más participación fueron Almagro, Palermo, Boedo, Villa Urquiza, Villa Crespo, Caballito y la zona de Congreso.
Hoy se trata en la Cámara Baja la reforma tributaria que baja impuestos a petroleras y alimentarias y evita subirlos a gaseosas y vino.
Bariloche, Mar del Plata, Neuquén, Esquel, algunas de las ciudades que son centro del cacerolazo de hoy.
Cacerolas de aire fresco

Otra vez los teléfonos transmitieron mensajes de asombro. Cacerolazos en Cabildo y Juramente. Cacerolazos en la Quinta de Olivos. Cacerolazos en Villa Crespo. Cacerolazos en Acoyte y Rivadavia. Cacerolazos en Córdoba. Cacerolazos en Lomas de Zamora. En Avellaneda. En Vicente López. En Callao y Corrientes. Y tres horas largas después de las nueve de la noche, pasadas las 12, seguían los ruidos.

Un señor anda con dos martillos por la calle. Uno en cada mano. Peligro. Camina como un poseído. Peligro. Hasta que encuentra un poste de luz. Y le pega con ganas con los dos martillos. Suenan bien los postes. Se escuchan en varias cuadras a la redonda.
Muchos chicos. Muchas chicas. Sub-30. O sub-25. Pocas consignas. “Si este no es el pueblo/ el pueblo dónde está” y “El pueblo/ unido/ jamás será vencido”. Pero más bien nada de consignas. La mayoría camina por las avenidas con la misma expresión en la cara. Todos carecen de lo mismo: bronca. Todos muestra lo mismo: una sonrisa. ¿Alivio? Parece desahogo.
No son columnas. Se miran unos a otros, unas a otras, unos a otras, unas a otros, como si fuera el primer reconocimiento mutuo.
Filman frenéticamente. Ésa es una de las diferencias con aquel 19 de diciembre de 2001 en que los teléfonos de la redacción sonaban desde las casas de todos y todas. No se decía todos y todas pero era así. La primera fuente venía de las casas, porque los redactores viven en algún hogar además del propio diario, y el primer croquis se fue armando con esos relatos breves. Quedaba claro que no bien Fernando de la Rúa terminó de anunciar el estado de sitio todas las ciudades de la Argentina se llenaron de un mismo estruendo.
Este 2017 no es aquel 2001. El gobierno de Mauricio Macri acaba de ser revalidado en las urnas. El gobierno de Fernando de la Rúa venía de ser derrotado. Arrasado. La crisis política se sumaba a la social y al estallido desprolijo de la convertibilidad.
Pero igual que De la Rúa, que al día siguiente se fue mientras hacía sangrar a la Argentina, Macri pasó un límite. O varios juntos. La misma encuesta de Ricardo Rouvier y Asociados que le da un 54 por ciento de imagen positiva al Presidente revela que el 75,8 por ciento considera que el recorte jubilatorio es “una medida innecesaria” y que el Gobierno “debería ajustar a otros sectores”. Muchos gobiernos atacaron a los débiles. Pero la ostentación en el ataque es otra cosa. Lo mismo sucede con la proliferación de balas de goma y la ineficacia de las fuerzas de seguridad, cebadas, feroces y carentes de una orden sencilla: “No quiero heridos, oficial, porque se juega su carrera”. O con la impericia en aislar a los profesionales y a los voluntarios de la provocación que arruinan las manifestaciones pacíficas y masivas. Si es que hubiera voluntad de aislarlos, claro. También fue un límite traspasado la humillación a los gobernadores. La presión ya es gravosa. El monitoreo de los diputados, más aún. Pero una foto parece más la perversidad del ganador que la expresión de un gran pacto nacional.
Imposible determinar, en este bar de Corrientes y Montevideo a las 0.40 de 19 de diciembre de 2017, qué herida representan las cacerolas para el Gobierno. Pero que son una herida política para el oficialismo, son. Aunque apruebe la poda. Y no se trata de un helicóptero con el que nadie sensato fantasea. Es simplemente una reacción muy humana ante el poder crudo. Como respirar hondo para tomar aire fresco.
Multitudinaria manifestación de rechazo a la reforma previsional
La masiva marcha que fue invisibilizada

Mientras las piedras y la represión se llevaban la atención de los medios masivos, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron y colmaron la Plaza del Congreso y sus alrededores. Los dirigentes destacaron que “se amplió la base social de la protesta”.

“No se quejen... ¡Esto es un juego de niños!”, dice Beto López Camelo, ex dirigente de los municipales de San Miguel, hoy devenido en profesor de historia en un colegio secundario. Lo dice cuando en la plaza del Congreso, con mucha gente a pesar de los choques con la policía que se siguen produciendo contra las vallas, unos metros más adelante, varios manifestantes comienzan a señalar hacia los pisos altos de un edificio donde la policía abrió las ventanas para disparar desde la altura gases lacrimógenos. “¿Qué no se queje quién?”. Pero López Camelo ya no responde: acaba de caer cerca un cartucho de gas, y después otro. Desde adelante llega una oleada: los manifestantes que están más cerca de las vallas ya vienen retrocediendo en masa. “¡No corran! ¡Tranquilos!”, gritan mientras retroceden. Todo el mundo sabe que en medio de una corrida lo que no hay que hacer es correr.
El problema son los gases. Las fuerzas de Seguridad tienen nuevas armas que les permiten tirarlos a distancia, desde 60 o 70 metros. Si se riega una plaza llena, habrá empujones para salir. Si se siguen tirando gases durante varios minutos –los cartuchos caen en medio de las columnas que tratan de retirarse–, lo que se produce es una avalancha.
En medio de protestas, la Cámara de Diputados aprobó el ajuste de las jubilaciones
Una reforma que salió a palazo limpio

El recorte de los haberes jubilatorios fue aprobado con 128 votos a favor. En contra votaron 116 diputados y dos se abstuvieron. Terminó así el duro debate que había comenzado ayer en medio de la masiva movilización de protesta y los violentos choques entre policías y manifestantes, que dejaron más de 60 heridos y centenares de detenidos. Durante hubo carolazos en distintos barrios porteños y el conurbano que confluyeron en el Congreso.

La alianza Cambiemos –acompañada por diputados peronistas que responden a gobernadores “dialoguistas”– convertió en ley la reforma previsional que rebaja la actualización de los haberes de jubilados, pensionados por discapacidad, ex combatientes de Malvinas y los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y embarazo. Con la presión sobre los gobernadores, que llegaron hasta el Congreso para respaldar el pacto con el Gobierno central, el oficialismo se aseguró el quórum y despejó el camino para imponer en una embestida legislativa la reforma más resistida del paquete económico, que ayer se tradujo en otra multitudinaria manifestación de rechazo frente al Congreso, acompañada por un paro general decretado por la CGT. La protesta derivó en una nueva represión de las fuerzas de seguridad, que chocaron con grupos de izquierda, dejando un saldo de cientos de detenidos y unos 60 heridos. Por la noche, se multiplicaron los ruidazos de protesta por todo el país, incluyendo frente a la quinta de Olivos, Plaza de Mayo y de nuevo en el Congreso, mientras los diputados seguían con el debate que cerró con 128 votos a favor del ajuste, 116 en contra y dos abstenciones.  
La oposición expresó su rechazo a la reforma y al bono “compensador” que sólo restituye unos 4 mil de los 100 mil millones anuales que quitarán a jubilados y pensionados para tapar los agujeros económicos del Gobierno nacional y las provincias.
Tras casi cinco horas de discusiones que rondaron la continuidad o no de la sesión en medio de la represión desatada afuera del Congreso, el oficialismo logró arrancar el debate pasadas las 19. Una larga lista de 80 oradores iniciales, la sesión –que también tiene en su temario la reforma tributaria– amenazaba con extenderse hasta avanzada la madrugada. Apurado por los tiempos, Eduardo Amadeo, como presidente de la comisión de Previsión Social, defendió el proyecto del Gobierno leyendo su discurso –en medio de los abucheos opositores–, lo que no le evitó fallidos sobre los objetivos de la iniciativa. “El Estado cumplirá sus obligaciones con los jubilados y los demás pobres”, afirmó Amadeo, quien pretendía convencer que la nueva fórmula no representaba un recorte a los sectores más castigados por las políticas económica del Gobierno macrista.
“Llegamos al recinto en medio de una enorme campaña de falsedades, pero a fin de año los jubilados no sólo van a estar mejor, sino que van a tener una fórmula que los va a proteger por décadas”, insistió, para luego afirmar no tener culpa por el recorte. “Tenemos la conciencia tranquila”, se justificó y rechazó los cuestionamientos opositores. “Estamos orgullosos del enorme compromiso social de nuestro gobierno”, afirmó. Desde la oposición no se mostraron muy de acuerdo.
La massista Mirta Tundis y la kirchnerista Luana Volnovich compartieron su turno luego de unificar el dictamen opositor de rechazo. “Vamos a rechazar este proyecto porque lo consideramos inviable”, arrancó Tundis y agregó: “Dicen que la ley no vulnera ni afecta los derechos de los mayores, sin embargo afecta los derechos humanos del sector alcanzado por esta reforma, que en realidad es un ajuste, es un recorte”. “Esta ley es inconstitucional porque viola tratados, convenciones, como la del derecho del niño, fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esto va a ir a la justicia pero sólo se van a poder defender los jubilados con haberes más altos, el que gana 7600 pesos no va a poder contratar un profesional para defenderse”, añadió.
“Este bono para los jubilados es como si un delincuente secuestrara a un jubilado, lo llevara a un descampado, le robara todo lo que tiene y después le diera 200 pesos para que vuelva a su casa. Eso es el bono (Pablo) Kosiner”, soltó Volnovich, que le apuntó a los peronistas conciliadores pero también al Gobierno nacional: le dijo a los legisladores oficialistas que son “débiles con los fuertes y fuertes con los débiles”.

Martín Lousteau, que aportó al quórum oficialista, quiso diferenciarse en el recinto. “Esto que está ocurriendo hoy es la grieta, es la calamidad de la grieta, es el peligro de jugar con la grieta por temas electorales, es el peligro de creer que uno puede ir por todo porque tiene los votos”, dijo tomando distancia de la iniciativa y advirtió sobre la “prepotencia de un proyecto de ley que no se discutió, que quiso ser impuesto, que no se debatió como corresponde”. “Nosotros no estamos a favor del proyecto. Presentamos un proyecto alternativo y decimos de dónde debe salir el dinero para obtener este fin”, cerró tras allanarle el camino a Cambiemos.
“En este Parlamento tenemos un problema con realidad si no le decimos a la gente de que se trata esto. Esto se trata de sacarle la plata del bolsillo a los jubilados. Tiene ese único nombre, aunque le agrego a los trabajadores, embarazadas, población vulnerable. Es un saqueo no tiene otro nombre”, afirmó el ex ministro de Economía Axel Kicillof (FpV-PJ), que cargó contra la mentira “planteada por el Gobierno y el presidente Macri en campaña, cuando dijeron que no iban a tocar los haberes jubilatorios. “El ajuste es el ahorro, como le gusta decir a ustedes”, agregó y le piso números al saqueo: 100 mil millones de pesos anuales. “Es una bancarrota de la estafa electoral”, sentenció Kicillof.
“Este es un Gobierno de mamarracho. Como puede enviar al Congreso un decreto para modificar un proyecto que se está debatiendo sin modificaciones”, soltó Leopoldo Moreau sobre el bono que firmó Macri “para compensar lo que dice que no le saca”. En la esquina Rivadavia y Riobamba, del Congreso aun sitiado por la policía, comenzaron a sonar algunas cacerolas. El oficialismo evaluaba entonces un cuarto intermedio inmediatamente después de que se sancionara la ley. Querían evitar el desgaste de la tropa propia en medio de la continuidad de los reclamos en la calle.
Hasta el dialoguista Diego Bossio mostró su resistencia al proyecto. “Que una ley como la de movilidad esté tan enraizada en toda la sociedad significa que es buena para la gente. Nunca fue cuestionada esta ley”, dijo el ex titular de la Anses y diputado de Argentina Federal que responde mayoritariamente a los gobernadores peronistas. “Si el reconocimiento es que con esta ley no se pierde poder adquisitivo, lo que estamos reconociendo es que el haber mínimo jubilatorio actual es bueno, y lo estamos congelando”, se justificó Bossio.
Desde el Movimiento Evita, el jefe de la bancada Leonardo Grosso también cargó contra el “recorte previsional” que “quieren imponer a los tiros”. “Le mienten a la gente y a los jubilados”, insistió. Consideró que “la ley no tiene legitimidad política”. Los puntanos de Compromiso Federal también adelantaron su rechazo y destacaron que el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, fue el único que no se sometió a la presión del Gobierno sobre las provincias.
Nicolás del Caño (FIT) repasó los recortes que sufrieron en estos dos años de gobierno macrista, trabajadores, jubilados y los sectores más pobres de la población mientras que favoreció a los capitales concentrados. “Los recursos para los jubilados están. Pero se lo lleva un pequeño puñado de grandes empresarios que representan el cinco por ciento de la población”, afirmó el diputado de izquierda.
Las versiones sobre los cacerolazos crecían dentro del recinto. La sesión continuaba y al cierre de esta edición, Cambiemos aseguraba el triunfo y sólo esperaba que transcurrieran los discursos. Afuera del Congreso ya comenzaba a reagruparse la gente y se escuchaban ruidos de cacerolas.
Macri incluyó el ARA San Juan en las sesiones extraordinarias

Así lo determinó el jefe de Estado mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, que incluye otras dos iniciativas para el tratamiento legislativo.

El presidente Mauricio Macri amplió para este lunes el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso e
incluyó los "proyectos relacionados a esclarecer lo ocurrido al Sumbrarimo ARA San Juan".
Así lo determinó el jefe de Estado mediante un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial, que incluye otras dos iniciativas para el tratamiento legislativo.
Se trata de los proyectos de ley de "Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores" y otro "tendiente a sustituir diversas disposiciones de la Ley N° 26.912 y su modificatoria, sobre el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte".
El jefe de Estado había oficializado el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación para tratar las reformas tributaria, previsional y laboral, entre otros temas clave para su gestión.
Entre las iniciativas incluidas en su momento se encontraban el pacto fiscal entre la Nación y las provincias, así como la reforma previsional, la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de Defensa.
En materia económica también se incluyen proyectos como el presupuesto 2018, el régimen federal de responsabilidad fiscal, de buenas prácticas de gobierno, de financiamiento productivo, y la prórroga del impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias (impuesto al cheque).
Asimismo, se incluyó el proyecto sobre revalúo impositivo y contable y la modificación de la ley de Impuesto a las Ganancias.
Massot confirmó que existe el DNU pero avisó que buscarán aprobarlo en el Congreso

El presidente de la bancada anticipó además que realizarán una denuncia penal contra diputados de la oposición por los disturbios.

Por primera vez, desde el interbloque Cambiemos confirmaron que el DNU para sacar la reforma previsional existe y está en gateras para salir si no se aprueba en el Congreso de la Nación, luego de la fallida sesión de este jueves.
Así lo afirmó el diputado Nicolás Massot, jefe de la bancada del PRO en la Cámara Baja, al canal Todo Noticias:"El decreto está firmado por todos los ministros, falta la del Presidente". Asimismo, lo calificó como "una alternativa firme ante la violencia".
Sin embargo, el legislador anticipó que se tomó la decisión de "darle una segunda instancia legislativa". Si bien aun no salió la convocatoria oficial, todo indica que buscarán aprobarlo el próximo lunes.
Massot volvió a fustigar a la oposición y calificó de "desestabilizador" a las protestas y reclamos de los legisladores, muchos de los cuales fueron reprimidos por la propia Gendarmería Nacional. No conforme con ello, avisó que están "terminando de redactar una denuncia penal contra algunos diputados de la oposición" por los incidentes.

Arrancó el calendario electoral: el peronismo ganó en La Rioja y Chaco y Cambiemos en Corrientes

En las dos provincias en las que triunfó el justicialismo se realizaron Primarias legislativas locales mientras que el triunfo de la coalición que gobierna la Nación se dio en una municipal. El intendente correntino, que iba por la reelección, reconoció la derrota.
El Partido Justicialista de La Rioja, que gobierna la provincia, se imponía en las elecciones legislativas que  se llevaron a cabo en siete departamentos y dejaba a Cambiemos en el  tercer lugar en la capital, al cosechar el 25,47 por ciento de los votos  contra el 19,11 de la alianza oficialista. Lo propio ocurría con el Frente Chaco

Merece Más que triunfaba con poco más del 58 por ciento de los sufragios, seguido de Cambiemos, que lograba el 33,98 por ciento. En la capital de Corrientes, en cambio, ganó Cambiemos la intendencia. El candidato a intendente de Corrientes por la alianza ECO+Cambiemos, el radical Eduardo  Tassano, ganó la elección por poco más de cinco puntos de diferencia  respecto del frente Haciendo Corrientes, que encabezaba el intendente  saliente Fabián Ríos, quien iba por su reelección.
En Chaco,  el peronismo se adjudicó el triunfo en las elecciones Primarias  legislativas del  Chaco, con una diferencia de más de diez puntos  porcentuales  contra la alianza Cambiemos. El intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, dijo que se  trata de "un contundente resultado contra las políticas de  ajuste de Mauricio Macri" y llamó a la unidad del peronismo en  todo el país.
Por su parte, el Justicialismo riojano se alzó con el primer triunfo electoral del año, al obtener cerca  del 25 por ciento de los votos,  aventajando por más de cinco  puntos a Cambiemos y al Frente Encuentro  por la Rioja, que se  disputaban el segundo lugar en las elecciones para  legisladores  provinciales.
El oficialismo se mantenía al frente por un margen considerable,  seguido por  Cambiemos con el 19,50 por ciento y el Frente Encuentro por  la  Rioja con el 19,44 por ciento.
La Estrategia Macri: por Esteban Bullrich
El ministro de Educación contó su estrategia ajedrecística frente a los sindicatos docentes cuando era funcionario de la Ciudad.
Desde hace un par de días circula un video de 2014, donde el por entonces ministro de Educación porteño Esteban Bullrich está junto a Mauricio Macri, cuando éste era jefe de Gobierno. Allí, el ahora encargado de la cartera educativa a nivel nacional critica a los gremios docentes que rechazaban la implementación de la inscripción online y por la que habían llevado a cabo un paro de 48 horas.
Enlace al video en Youtube:  https://youtu.be/YnNrufFzF84

"Ese  año pudimos visibilizar la falta de vacantes en la Ciudad y seguimos en  esa lucha", recuerda el secretario general de la Unión de los  Trabajadores de la Educación (UTE), Eduardo López, en diálogo con El Destape.

En el vídeo, Esteban Bullrich se pregunta "¿qué es lo que hacemos para vencer a la resistencia?" y se responde: "Primero, lanzar muchas iniciativas al mismo tiempo porque el gremio focaliza. Entonces cuando  el gremio focaliza, estoy develando la estrategia pero no importa  porque es poco atacable igual, le abriste doce y las otras once avanzan".

Y  siguió: "Cuando se dieron cuenta que alguna ya se implementó, van atrás  de esa y avanzás con la que no habías avanzado". Y remató: "Un partido  de ajedrez o de damas medio complejo, pero que funciona".

López apuntó que Bullrich  "es el mismo ministro que hace unos meses se reconoció ante empresarios  'más como un gerente de Recursos Humanos que como ministro de  Educación'. En ese marco toda crítica al sindicalismo de parte de un  gerente de recursos humanos como Bullrich no es más que un orgullo y un  reconocimiento a la tarea de los miles de docentes nucleados en las  organizaciones sindicales".
Fuente: eldestapeweb.com
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