Politica - Patria Moreira

Año 6. 2018 .  San Juan.  Argentina.   Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Muerte de Nisman: desmienten que haya sido inyectado con ketamina

Informes periodísticos ponen en duda las teorías de la Gendarmería y muestran la imposibilidad del relato.

Decenas de trabajos científicos internacionales que fueron entregados a los investigadores de la causa de la muerte de Alberto Nisman desmienten que el fiscal haya tenido ketamina en su cuerpo al momento de su fallecimiento. Los datos echan por tierra la teoría de los médicos y de la familia del ex funcionario que sostenían que había sido drogado para que no presente resistencia antes de "su asesinato".
El periodista Néstor Espósito en Tiempo Argentino detalló las características de la ketamina que muestran la imposibilidad del relato creado por la Gendarmería Nacional en una pericia que se hizo dos años después de la muerte. Acerca del estudio de Gendarmería, el periodista Pablo Duggan había sostenido que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había exigido que la fuerza de seguridad manipule las pruebas para mostrar que fue un homicidio a cambio de protegerlos por la causa de la muerte de Santiago Maldonado.
La primera prueba es que la ketamina no tiene un efecto inmediato y que el adormecimiento del cuerpo ocurre más de un minuto después de inyectada, según explican los estudios presentados en la causa. Es decir que, en caso de haber sido atacado, Nisman pudo haberse defendido antes de que estupefaciente haga efecto. Sin embargo, no se encontraron golpes en sus piernas o antebrazos que muestren que repeló el ataque.
La segunda prueba es que casi no hay posibilidades de que la Gendarmería pueda haber encontrado ketamina en el cuerpo de Nisman 30 meses después de su muerte. Más aún teniendo en cuenta que los forenses que actuaron en la autopsia de Nisman en 2015 no hallaron la sustancia.
"Sólo si hubieran estado resguardadas a una temperatura de entre 20 y 30 grados bajo cero habría existido alguna posibilidad (remota) de conservación. Si hubieran sido guardadas en una heladera, el tiempo habría sido mucho menor, de algunas semanas. Y, a temperatura ambiente, no sólo la ketamina no estaría sino que también se habrían podrido las vísceras", explicó Espósito.
Los gremios aeronáuticos salieron al cruce del ataque del macrismo a la línea de bandera

“Están haciéndole daño a Aerolíneas”

Después de las críticas de Macri y Vidal a la línea aérea, los dirigentes gremiales advirtieron que el Gobierno está vaciando a Aerolíneas mientras publica “salarios y condiciones laborales mentirosas” para enfrentar a los usuarios con los trabajadores.

Los gremios aeronáuticos que desarrollaron la semana pasada protestas para reclamarle al gobierno nacional por el incumplimiento de la cláusula gatillo acordada en paritarias criticaron la reacción de varios funcionarios y referentes del oficialismo que descalificaron tanto a los trabajadores de las líneas de bandera (Aerolíneas y Austral) como a sus protestas. El titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, desmintió a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien aseguró que los empleados de Aerolíneas Argentinas cobran 200 mil pesos, y acusó al gobierno de Cambiemos de “enfrentar a los usuarios (de la aerolínea) con los trabajadores”. Desde la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), consideraron que “la gobernadora está desinformada o miente, ya que la inmensa mayoría de los trabajadores de Aerolíneas y Austral cobran muchísimo menos”. Además, los sindicatos denunciaron que el Ejecutivo adeuda parte del salario de septiembre y que pospuso la negociación paritaria para el año próximo.
“Publican salarios y condiciones laborales mentirosas, y en algunos de los casos sacados de contexto para agraviarnos y que la gente se ofusque”, puntualizó Biró en respuesta a las declaraciones de Vidal. También respondió así a las descalificaciones que el presidente Mauricio Macri dedicó a la protesta de los trabajadores aeronáuticos de la semana pasada.
Mientras el jueves último Aerolíneas Argentinas y Austral debieron suspender y posponer más de 200 vuelos debido a que los trabajadores de los cinco gremios del sector mantuvieron asambleas entre la mañana y entrada la tarde, Macri aprovechó para cuestionar a la aerolínea de bandera e, indirectamente, alentar su privatización. La frutilla del postre fue su intención de vincular, sin ningún dato que lo sostenga, las protestas de los trabajadores de la aerolínea con las inundaciones del pasado sábado: “Da mucha impotencia saber que con una pequeña parte de lo malgastado en Aerolíneas se podrían haber hecho hace tiempo las obras necesarias para prevenir esto”, señaló.
El domingo a la noche, por su parte, Vidal golpeó el reclamo de aumento salarial de los trabajadores aeronáuticos al comparar lo que, según ella, cobra un piloto de Aerolíneas Argentinas con lo que, también según ella, cobra un docente bonaerense. “En un momento como éste, en una crisis donde todos estamos poniendo el hombro, ¿es justo que se discuta un aumento salarial para un piloto que gana 200 mil pesos, mientras que un docente gana 33 mil pesos en promedio? ¿Por qué un piloto es más importante que un docente, o que un policía o que un médico de la provincia?”, deslizó. Los gremios docentes de la provincia también salieron a responder las inexactitudes de la gobernadora (ver aparte).
Los dirigentes gremiales no tardaron en retrucarle. “Es inconsistente lo que dijo Vidal. Un trabajador de tráfico o de rampa no llega a los 25 mil pesos de sueldo y también son trabajadores de Aerolíneas y de Austral que están reclamando lo mismo que los pilotos: que cumplan con la paritaria que firmaron en 2017 y que se sienten a negociar un aumento porque ya corresponde”, detalló Marcelo Uhrich, de UPSA, quien aconsejó a los funcionarios del Ejecutivo que “antes de hablar (de la protesta salarial) primero hagan todos los aportes a los trabajadores de Aerolíneas y Austral que hace tres meses que no hacen, que paguen el salario adeudado de septiembre y que se sienten a discutir la paritaria” correspondiente al nuevo período.
Los gremios vinculados con las aerolíneas de bandera suelen negociar recomposiciones que cubren de septiembre a agosto de cada año. A fines del año pasado, acordaron con el Gobierno un incremento del 17 por ciento y una cláusula gatillo que actualizaría el salario acorde a la inflación una vez que ésta sobrepasara el 17 por ciento, mes a mes, según el índice de suba de precios oficial. Los gremios están denunciando que el Estado no abonó el porcentaje correspondiente a septiembre, el mes con mayor índice inflacionario de las últimas décadas. Por eso, y porque además fuentes del Gobierno les adelantaron que no abrirán las paritarias hasta enero próximo, activaron las asambleas que paralizaron Aeroparque y el Aeropuerto de Ezeiza el jueves pasado.
Vidal también dijo que “es mentira” que el Gobierno quiera privatizar Aerolíneas Argentinas. Biró reconoció que “no sabría decir si la quieren quebrar o privatizar”, pero puntualizó que, así y todo, desde el Gobierno “le están haciendo daño a Aerolíneas y han elegido a los pilotos para tratar de quebrar a los (demás gremios) aeronáuticos”. “Vemos que tienen un tema ideológico y una estrategia para dividir de adentro para adentro y para afuera”, agregó. El dirigente de APLA sostuvo que a la empresa el Gobierno “ya la viene vaciando: recortan presupuesto, quitan rutas, subsidian a las low cost” y, en ese sentido, ejemplificó: “El presupuesto (de la compañía) alcanza para un trimestre, por lo que en abril de 2019 ya no habría plata para que funcione”.
ATE confirmó que irá a paro antes de fin de año contra el bono del Gobierno

El gremio de estatales remarcó que no acatará a la decisión de la CGT de dar marcha atrás con la medida de fuerza y reclama la apertura de paritarias.

El secretario general de ATE Nacional, Hugo "Cachorro" Godoy, hizo duras críticas a la dirigencia de la CGT por dar marcha atrás con el paro que habían anunciado para antes de fin de año y afirmó que, de todas maneras, los gremios no nucleados en la central obrera realizarán la medida de fuerza para protestar contra el bono de cinco mil pesos propuesto por el Gobierno.
Consultado en Crónica Anunciada, por El Destape Radio, sobre qué opina de la decisión de la CGT, consideró que es “lamentable” y que “habilita la estrategia gubernamental de solamente discutir con un grupo de dirigentes”, dejando afuera al resto de los gremios.
“Es lamentable la complicidad de algunos dirigentes sindicales de avalar esta política de despidos y reducción salarial, que están convalidando una vez más”, manifestó Godoy, y previó que esto “va a tener el mismo impacto que tuvo la reforma laboral junto al Gobierno”, porque “van a seguir multiplicándose los reclamos”.
Respecto a si los gremios no nucleados en la CGT irán igual al paro, remarcó: “Sí, sin ninguna duda. El estado de malestar, de preocupación, de pérdida que tenemos los trabajadores es muy grande y por eso vamos a seguir reclamando al Gobierno un cambio en su política económica y una actitud de diálogo que no tiene”.
Sobre el bono de fin de año acordado con la CGT, que tendrá un valor de cinco mil pesos que podrán ser restados de futuros aumentos, consideró que “es absolutamente insuficiente, porque es muy poco y no alcanza a cubrir la pérdida real”. “Sonaría a broma si no fuera trágico. Es el presupuesto del Fondo Monetario Internacional e implica fuertes y continuos ajustes”, sostuvo.
El diputado protagonizó un accidente en el que murió una persona

Olmedo imputado por un choque

Olmedo dijo que podría tratarse de un atentado. El muerto era de nacionalidad boliviana, lo mismo que sus acompañantes.

El diputado Alfredo Olmedo quedó imputado por homicidio culposo tras protagonizar un choque en la autopista Dellepiane en la madrugada de ayer. El accidente ocurrió a la medianoche cuando el auto Toyota Camry que manejaba Olmedo fue embestido a la altura del paragolpe por una Chevrolet Zafira que intentaba sobrepasarlo a máxima velocidad. El diputado salteño y sus tres acompañantes resultaron ilesos, mientras que el otro vehículo volcó provocando la muerte del conductor y heridas en sus acompañantes, todos de nacionalidad boliviana. Durante todo el día, Olmedo se la pasó dando entrevistas en las que no sólo aseguró su inocencia sino que, ya por la noche, empezó a deslizar la posibilidad de que se tratara de un atentado contra su vida, tal como le ocurrió en campaña a su admirado presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro.
El choque ocurrió en el cruce de la Dellepiane y la avenida Larrazábal, a la altura de Villa Lugano, cuando Olmedo, según su relato, regresaba a la Capital desde la localidad de Ezeiza, donde había participado de una ceremonia evangélica. El diputado precisó que manejaba a la máxima velocidad permitida por el carril izquierdo, cuando la Zafira realizó una maniobra para rebasarlo y golpeó contra la parte derecha del paragolpe delantero, lo que provocó que el conductor pierda el control, golpee contra la contención de la autopista y vuelque.
Los tripulantes del auto volcado, los tres bolivianos, fueron derivados al Hospital Santojanni de urgencia, pero el conductor murió en el camino. Olmedo contó que fue él quien dio aviso del accidente en el puesto de peaje que estaba a un kilómetro de la zona del accidente y se puso a disposición de las autoridades. La Policía de la Ciudad realizó los primeros peritajes en la zona para determinar cómo ocurrió el choque, mientras que la investigación quedó a cargo del juzgado en lo Criminal y Correccional 33, a cargo del juez Darío Bonanno.
“El test de alcoholemia me dio cero, cero, cero”, aseguró Olmedo a pocas horas del accidente y pidió que sea la Justicia la que determina si se trató de un accidente o un atentado fallido, como insinuó su abogado en entrevistas posterior al choque. “Llama la atención la maniobra”, agregó el diputado para no descartarlo y agregó: “Pero yo no soy juez, soy candidato a presidente de la Nación”.
El legislador salteño fue ungido como candidato el fin de semana pasado en medio de una accidentada ceremonia evangélica. De acuerdo al relato de Olmedo, el choque se produjo a la vuelta de otra ceremonia religiosa y tras cenar en el parador El Mangrullo. “Nadie tomó alcohol. Yo no tomo, pero mis acompañantes tampoco tomaron”, aclaró el candidato e indicó que sí había alcohol en el auto que impactó contra él.
Deuda del Correo Argentino: las maniobras del Gobierno para nombrar a un juez que salve a los Macri

Un evaluador que no fue porque "no tenían el mail" y una reunión con un postulante para asegurar su voto a favor de Macri. Todas las irregularidades.

Una vez más se revelan maniobras turbias para designar jueces. Y, en este caso, para un cargo clave, ya que se trata de un juez que intervendrá en la causa por la multimillonaria deuda de Correo Argentino que Mauricio Macri le quiso (y aún intenta) condonar a su familia. El Gobierno busca colocar a un magistrado que le garantice un resultado favorable a la familia presidencial.
La estrategia, según los documentos a los que accedió El Destape, tuvo dos etapas. Por un lado, se trastocaron los reglamentos de elección de los jurados para el concurso, una típica argucia para asegurarse que la terna sea amigable para Macri y sus operadores judiciales. Por el otro, hubo reuniones en las que los aspirantes con mejor puntaje recibieron un mensaje: el cargo era a cambio de favorecer al presidente en la causa Correo. Los que no aceptaron fueron derivados a otros cargos.
Elige tu propio jurado
El diputado y consejero de la Magistratura Rodolfo Tailhade detectó una serie de irregularidades en el expediente del concurso 408, que es la vacante en la Sala B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. Esa sala es la que tiene que resolver la situación de la causa Correo Argentino, caso que cumplió hace poco 17 años. Esta situación se suma a las maniobras para manipular los concursos que reveló en exclusiva El Destape hace más de un mes pero que tanto la corporación judicial como la dirigencia política y el propio Consejo de la Magistratura optaron por ignorar y silenciar.
“La compulsa de las actuaciones evidenció la existencia de diversas irregularidades en la integración del jurado del Concurso”, afirma el escrito del consejero Tailhade al que accedió El Destape. El jurado es el que evalúa a los postulantes y confecciona las ternas sobre las que luego el presidente selecciona a sus preferidos y los envía para su aprobación en el Senado. El rol de los jurados en los concursos tiene un alto nivel de discrecionalidad, por lo que colocar jurados afines garantiza ternas a piacere.
“Quienes resultaren sorteados para integrar un Jurado serán inmediatamente notificados, y deberán aceptar sus cargos —a más tardar— a los tres (3) días hábiles judiciales, presumiéndose —en caso contrario— que no aceptan desempeñarse como tales en ese concurso”, establece el Reglamento de Concursos. En este punto es donde aparecen muchas de las irregularidades que encontró el consejero Tailhade en el concurso para la Sala tan sensible para los intereses de la familia Macri.
El jurado del concurso, en sus distintas categorias, quedó conformado por: Docentes magistrados, la jueza Gabriela Mariel Scolarici (titular) y Rafael Francisco Barreiro (suplente); Docentes de facultades de derecho: el abogado Daniel Roque Vitolo (titular) y Cesar Eduardo Lombardi (suplente); Docentes de competencia general, el constitucionalista mediático Daniel Sabsay (titular) y Augusto Rafael Ferrari (suplente); Docentes competencia general, el profesor Andrés Gil Domínguez (titular) y Claudio Eduardo Martyiuk (suplente). Luego Sabsay se bajó del cargo y le dejó el lugar a Ferrari, vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Don Bosco.
La jueza Scolarci aceptó de inmediato, pese a que es del fuero Civil y se trata de una sala Comercial. Scolarici es jueza de primera instancia, concursó su ascenso y está en una de las ternas para un cargo en la Camara Nacional de Apelaciones en lo Civil. Depende ahora de que Macri envíe su pliego al Senado.
La irregularidad más insólita fue para la categoría Jurados docentes competencia general, que quedó a cargo primero de Sabsay y luego de Ferrari. La excusa para saltearse a Carlos Alberto Vitale, que salió sorteado como primer titular, fue que no lo pudieron contactar. Así, sin creatividad ni para las excusas.
El documento del consejero Tailhade afirma que el caso de Vitale “presenta una particularidad propia y es que el jurado titular sorteado no fue convocado”. Y cita que en el expediente apareció una “Constancia” sin firma que dice: “Se deja constancia a través de la presente que se ha procedido a contactar al Dr. Vitale Carlos Alberto, titular de la lista de jurados docentes con competencia general N 1, con objeto de comunicarle su designación. Habiéndose provisto por la Universidad de la Matanza, solo dos números de teléfono e indicar que no poseía correo electrónico, se intentó comunicarse con el docente por teléfono a los números 1564435275 y 44321308 durante los días 15, 16 y 19 de marzo, no pudiéndose contactarse con él”.
Esta nota, según denuncia Tailhade, no tiene firma. Para colmo, el propio consejero llamó a la misma Universidad y consiguió, sin más trámite, el contacto de Vitale y su correo electrónico. Por ende, la nota sin firma en el expediente del concurso tenía 2 falsedades: la imposibilidad de contacto y la inexistencia de mail.
Descartado de forma irregular Vitale, le tocó el turno a Sabsay, de estrecha cercanía con el Gobierno, que aceptó al instante. Luego se pasó a designar a su suplente, Ferrari, descartando a su vez a José María Cura sin cumplir los plazos y sin que conste la firma del propio Ferrari en la aceptación.
Entre los titulares, uno con irregularidades es Vítolo. Según el escrito de Tailhade, figura aceptando el cargo de jurado en una hoja sin firma ni constancia de recepción por parte de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura. Esta es una de las maniobras reveladas por El Destape, por la cual personas aceptan cargos de forma nula, ya que no está su firma. ¿Las hacen aceptar de prepo? “Si el Dr. Vitolo remitió él mismo por correo electrónico, debería constar el mismo con la fecha de envío, sin embargo no es lo que se observa”, señaló el diputado.
Entre los suplentes, uno flojo de papeles es Barreiro, que integra la Sala F del fuero Comercial. El consejero Tailhade detalló que no se cumplieron los plazos de espera para los jurados que habían salido sorteados. Es decir, se apuraron a descartar jurados para llegar a él. En el caso de Lombardi fue igual. Al jurado suplente que se apuraron a sacar fue nada menos que Ricardo Lorenzetti, al que no le dieron los 3 días para aceptar o rechazar el cargo. Lo mismo sucedió con Martyniuk y con Gil Domínguez, este último con un agregado. Según Tailhade, “la fecha de aceptación resulta dudosa, ya que se encuentra enmendada a mano”.
Ante todas estas irregularidades, el consejero Tailhade pidió que se circulara su informe entre los demás miembros de la Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura, pero en la última reunión de esa comisión la mayoría oficialista descartó el informe y quiso confirmar el jurado pese a las irregularidades
Mover las fichas
La vacante para la Sala B de la Cámara Comercial es clave para un eventual desempate en la causa por la deuda de la familia Macri. Las juezas que integran actualmente la sala, Maria Lilia Gómez Alonso y Matilde Ballerini, son las titiriteras del letargo de esta causa por más de 17 años. En el caso de Gomez Alonso, está totalmente alineada con los intereses de Macri. Hasta ahora, Ballerini también, pero en los últimos meses comenzaron a aparecer diferencias que podrían derivar en posiciones contrarias respecto a que hacer con la deuda de los Macri con el Estado. Llegado ese caso, un tercer juez podría desempatar. Y Macri no quiere que eso quede librado al azar.
En el acta del 19 de octubre pasado, consta que el orden de mérito para este cargo clave fue: 1) Javier Cosentino; 2) Sebastián Ignacio Sánchez Cannavó; 3) Fernando Gabriel D’Alessandro; 4) Hernán Papa; y 5) Gerardo Damián Santicchia. Sin embargo, el Gobierno ejecutó una serie de maniobras para desplazar a varios de los primeros de la lista y que suban puestos los candidatos más afines. Y varios conocedores del maniqueísmo judicial afirmaron a El Destape que el Gobierno quiere que el cargo quede en manos de Santicchia, hasta ahora quinto en el orden.
El 7 de septiembre, Macri envió el pliego de Santicchia al Senado para que integre la Sala C. Pero el 22 de octubre, 3 días después de que quedara quinto en el orden de mérito para la Sala B, retiró su pliego. En cambio, el 24, Macri envió el pliego de Consentino para la Sala C, pese a que quedó primero en el concurso para la Sala B. ¿Las razones? Cosentino es actualmente titular del Juzgado Comercial N 5. Según varias fuentes del entramado judicial, que solicitaron reserva de su identidad, el ministro de Justicia Germán Garavano se reunió con Cosentino para decirle que si quería el puesto en la Sala B tenía que garantizar su voto a favor de los intereses de la familia Macri. Cosentino, según estas fuentes, se negó. Macri, entonces, lo sacó del juego. Envió su pliego para la Sala C mientras retiró el de Santicchia, que en este doble movimiento subió un escalón en el orden de mérito.
La jugada tiene un tercer beneficio para Macri, y es que también subió un puesto Papa, juez comercial que ya favoreció a SIDECO, portaaviones del holding Macri, en otra causa por vaciamiento y quiebra fraudulenta.
Ahora será el turno de las entrevistas, donde reina la discrecionalidad de los consejeros macristas para subir la nota de los concursantes y dejarlos así en el podio que los habilita a integrar la terna para el cargo. El resto será tarea de Macri y sus senadores afines.


El editorial de Roberto Navarro: Cristina va a ser la candidata de la oposición en 2019

El periodista mostró las pruebas de por qué la ex presidenta será la elegida para combatir a Cambiemos en los comicios del año próximo.

Con un clima político cada vez más tenso de cara a las elecciones presidenciales 2019, el periodista Roberto Navarro confirmó lo que muchas personas esperan: la senadora Cristina Kirchnerserá la candidata de la oposición para ganarle a Mauricio Macri y a Cambiemos.
“Hace un año le preguntabas a Cristina si iba a ser candidata y te decía ‘yo ya fui dos veces presidenta, hay otra gente joven’. Hoy Cristina te dice ‘si hay alguien que puede sacar más votos que yo, prefiero que vaya ese, pero si no, voy yo’. La realidad es que va a ir ella, salvo que la metan presa. Y, aparentemente, eso no va a suceder”, expuso Navarro en su programa de este domingo.
El periodista analizó que “se esperaba que la tercera pata peronista empezara a mostrar números más contundentes”, pero “eso no está sucediendo”, y planteó que “muchos piensan, incluso, que por lo menos (Sergio) Massa va a ir adentro, en el mismo grupo que se va a presentar a elecciones, con Cristina candidata a presidenta”.
En este sentido, sostuvo que, sumado a la conformación de una “Corte peronista” por el enojo del juez Ricardo Lorenzetti con Cambiemos, hay un “cambio de clima político que hace que muchos piensen que Cristina va a ser la próxima presidenta”.
“¿Es seguro? No, hay que pelear mucho para que Cambiemos pierda, pero lo que sí está claro es que todos empiezan a pensar que la candidata que tiene que ir por la oposición es Cristina”, sentenció.
Denunciaron al titular de la AFI, Gustavo Arribas, por falsificar documentos sobre la plata en paraísos fiscales

Se trata del dinero recibido desde una cuenta que Odebrecht usaba para pago de coimas y que Arribas afirmó que era dinero por la venta de cuadros y un departamento.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, habría utilizado documentación falsa para justificar la polémica transferencia que el condenado por el Lava Jato, Leonardo Meirelles, le transfirió a una cuenta suya en Suiza.
Así se desprende de la denuncia penal que el Senador Fernando “Pino” Solanas y su asesor Alejandro Olmos Gaona acaban de presentar contra el jefe de los espías en los Tribunales Federales.
El cuestionado documento es una fotocopia del recibo que Arribas presentó para justificar la transferencia sospechosa. En el papel fechado recién el 17 de enero de 2017 Atila Reys Silva, un colaborador de Meirelles, confirma haber concretado con Arribas una operación por 70.500 dólares el 26 de septiembre de 2013 por la venta de unos muebles de un departamento de San Pablo.
El escrito presentado por Solanas denuncia que la firma de Silva en el recibo de compra de los muebles “difiere sustancialmente a la de la ficha biométrica en manos la Secretaría de Seguranca Pública de Goias” y se vale de amGrabarbos documentos para notificar la diferencia existente entre los autógrafos (ver foto).
“Creemos que Arribas buscó un comprador falso”, sentencian Solanas y Olmos Gaona. “Se tenía la seguridad de que no era necesaria ninguna escritura pública, ni identificación fiscal alguna, ya que se trataba de un instrumento privado, que serviría para justificar el ingreso de la transferencia, que era lo que imperiosamente se necesitaba acreditar.”
Si bien el recibo de esa transacción fue certificado en Brasil, la denuncia revela que el escribano no dio ninguna certeza de su autenticidad: “Tiene una certificación meramente simple es decir que el notario solo certifica que la firma es parecida a la que consta en sus archivos”.
A su vez, los denunciantes alertan que dicha autenticación se efectuó a 586 kilometros de San Pablo, la ciudad donde fue firmado el recibo.
El recibo tampoco da cuenta de que el pago se haya efectuado mediante transferencia bancaria, como argumenta Arribas.
En calidad de testigo protegido, el condenado Meirelles había asegurado ante la justicia brasileña que Gustavo Arribas había recibido varias transferencias de dinero por él realizadas a pedido del también arrepentido y condenado Alberto Youssef en el marco de los pagos de coimas que por todo el mundo realizó Odebrecht.
En un primer momento el titular de la AFI había negado la existencia de esos movimientos de dinero, luego admitió sólo uno por la compra de un departamento en San Pablo y finalmente dijo que el dinero era fruto de la compra de los muebles de esa propiedad. Ahora se pone en duda la autenticidad del único documento presentado y que para el juez Rodolfo Canicoba Corral fue material suficiente para definir su sobreseimiento que fue confirmado en segunda instancia.
Macri firmará este lunes el decreto por el bono

En cuotas y a cuenta de la paritaria

El texto, que será publicado mañana en el Boletín Oficial, incluirá esas dos posibilidades para el pago de la compensación. Para los sectores y empresas "en crisis" el bono de 5.000 pesos no será obligatorio.

El presidente Mauricio Macri firmará finalmente hoy el decreto que establece el pago en dos tramos de una compensación de 5.000 pesos para los trabajadores del sector privado, que fue reclamada por la CGT y acordada hace una semana en la Casa Rosada con las principales cámaras empresarias. El texto que será publicado mañana, incluirá sin embargo la posibilidad de pagarlo en más cuotas y a cuenta de la paritaria. Para los sectores "en crisis o declinación productiva" ya no sería obligatorio.
También hoy se acordará una compensación para los 210.000 empleados estatales nacionales, que negociaban el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, y el titular de UPCN, Andrés Rodríguez.
El decreto de necesidad y urgencia consensuado entre el ministro de Producción, Dante Sica, y empresarios y sindicalistas establecería "una asignación no remunerativa" para todos los empleados "en relación de dependencia", a pagarse en diciembre y febrero.
Sin embargo, dejaría abierta la puerta para que el pago se efectivice en más de dos cuotas y se facultaría a empresas y gremios para que se compute "a cuenta" de las revisiones y los aumentos acordados en la negociación paritaria de este año.
Se tendría en cuenta también, a modo de atenuante, la situación de "sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva". En estos casos el bono ya no sería obligatorio.
En septiembre y octubre hubo más de 20 mil cesantías y suspensiones

Despidos multiplicados por siete

Como consecuencia de la devaluación y la crisis cambiaria, el último bimestre mostró un marcado incremento de las cesantías: 20.872 trabajadores perdieron su empleo, contra los 3087 del mismo período de 2017. El sector más afectado sigue siendo la industria.

En el bimestre septiembre-octubre los despidos y suspensiones sumaron siete veces más que el año pasado: 20.872 personas fueron expulsadas del trabajo, mientras que en 2017, durante el mismo período, se habían registrado 3087 casos. La razón principal de este derrumbe del empleo (agravamiento en la pérdida de puestos de trabajo) sigue siendo la destrucción de la industria. De cada cien trabajadores echados en estos últimos dos meses, 74 se desempeñaban en talleres y fábricas.
Este es el primer dato impactante del último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre despidos y suspensiones. Puesto sobre un gráfico, la curva de expulsiones en el sector privado muestra así una violenta subida en septiembre (ver gráfico).
“Septiembre fue el mes del mayor impacto de la crisis derivada de la devaluación y la inestabilidad cambiaria, en el que se registró una caída récord de la actividad industrial del 11,5 por ciento interanual. Evidentemente, esa caída tuvo impacto sobre la evolución del empleo. No fue el primer mes sino el quinto de caída de la industria, pero sin dudas fue sensiblemente mayor que los anteriores. La caída de la actividad industrial tuvo así un impacto directo sobre el mercado de trabajo”, explicó el titular del CEPA, Hernán Letcher.
Si en lugar de mirar el bimestre la mirada se amplía a los diez primeros meses de 2018, lo que se ve es que los despidos y suspensiones, aunque ahora acelerados, han sido permanentes a lo largo del año. El segundo dato a remarcar del análisis es que en lo que va de 2018 hubo un promedio de 6 mil despidos y suspensiones mensuales.
En el acumulado del año las cesantías y suspensiones suman 56.969 casos, 15.825 de ellos de empleados públicos y 44.144 del sector privado. El 2018 se inició con dos meses en que los despidos estatales fueron más numerosos; luego, en los siguientes cinco meses, fue el sector privado el que pasó a despedir más. En agosto hubo una situación de convergencia o empate, ya que los despidos de estatales y privados tuvieron la misma intensidad. Finalmente, la crisis volvió a golpear con mayor fuerza a trabajadores del sector privado, que han sido especialmente perjudicados este año.
Las actividades más afectadas fueron, en orden decreciente: la industria (33.478 despidos en estos diez meses), trabajadores del Estado (ya sea en el Ejecutivo o en empresas de capital estatal: 15.827 casos), prestación de servicios (9270 casos). La construcción tuvo 947 casos registrados y el sector primario 449. Es decir que los despidos y suspensiones de la industria sumaron el 56 por ciento de los casos. Y en el sector público, entre los correspondientes al Poder Ejecutivo y a las empresas estatales, se dieron el 27 por ciento de los despidos.
El tercer dato a tener en cuenta es la cantidad de despidos por cierres. Uno de cada nueve despidos de los primeros diez meses del año fueron a raíz de bajadas de persianas. En el caso de la industria la proporción fue aún mayor: uno de cada siete casos de despidos estuvieron vinculados a cierres.
Entre los ejemplos más recientes hay varios de marcas instaladas, como los de dos plantas de Alpargatas en La Pampa y Catamarca (textil), Freddo que mantiene sus locales pero cerró su fábrica, Cotagú (lácteos), Gaelle (industria textil), Servicios Tecnológicos Integrados (tecnología espacial, ubicada en Bariloche, que desde 1991 participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae).
Haciendo un desglose sector por sector, en la industria, encabezaron la lista de afectados los trabajadores de los rubros alimentos y bebidas, textiles, de electrónica y electrodomésticos y metalúrgicas. Los de automotrices y de autopartes sufrieron altos índices de suspensiones  (General Motors, FIAT, Renault, Volkswagen).
De los despidos del sector servicios, los más numerosos se dieron dentro de Comercio, que representaron el 53 por ciento de los despidos y suspensiones acumulados en el año para el sector (4885 casos sobre un total de 9270). En el segundo lugar de las actividades de servicios más afectadas figuran los medios de comunicación, con 782 despidos acumulados en lo que va del año.
En el sector público, 2018 tuvo despidos en entes descentralizados como el Conicet, Vialidad, INTI, Coros y Orquestas y el Senasa, en el Poder Ejecutivo Nacional, gobernaciones y  municipalidades y en empresas de capital estatal como Nucleoeléctrica Argentina, YPF, Fadea y Fabricaciones Militares.
Evolución de despidos y suspensiones mensuales en los sectores público y privado, en los primeros diez meses de 2018
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Evolución de despidos y suspensiones en la industria entre enero/octubre de 2017 y enero/octubre de 2018

BOMBA ATÓMICA BOLSOS AMARILLOS en campaña ratificados y MILLONES en NEGRO


Santiago Maldonado: uno por uno, los datos que desmienten a la "historia oficial" sobre el caso

Un caso plagado de operaciones y mentiras que buscaron desviar la atención y quebrar a la familia. Por qué no es engañosa la frase "Maldonado se ahogó".

Tres hechos reinstalaron el caso de desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado: el premio que FOPEA le otorgó al operador de Clarín, Claudio Andrade; el guiño de Roger Waters a las comunidades mapuches; y la confirmación por parte del ministro Germán Garavano de la inexistencia de un subsidio de 200 mil pesos para la familia del joven muerto.
Un repaso de los artículos que publicó sobre el caso demuestran que Andrade edificó una realidad paralela, en la que Santiago Maldonado no estuvo desaparecido 78 días desde el 1 de agosto de 2017, sino que deambulaba por el litoral argentino; por Cuyo; participaba de fiestas en El Bolsón; había sido asesinado por un puestero de Benetton al que había atacado; paseaba por Chile; y formaba parte de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y hasta existía la posibilidad en la cual Santiago Maldonado habría decidido "pasar a la clandestinidad". "Esta teoría ha sido bautizada entre ellos como “El Sacrificio”", escribió en su momento.
"Maldonado se ahogó"
Envalentonado por el resultado de la autopsia que determinó que Maldonado falleció ahogado, Andrade y Clarín se dieron a la tarea de descontextualizar esa muerte, como si no hubiese existido represión de Gendarmería. Como si Santiago hubiese estado vacacionando en el lugar y bañándose en las frías aguas del río Chubut, sólo por placer.
Pero el expediente claramente muestra que por lo menos trece gendarmes del Escuadrón 35 llegaron hasta la costa de ese curso de agua, y que dispararon contra las personas que corrían a buscar refugio.
Según algunas de las testimoniales tomadas en la causa, reveladas por el periodista Sebastián Premicien el libro "Santiago Maldonado, un crimen de Estado", el grupo de uniformados podría haber sido más amplio. El primer alférez Daniel Gómez, por caso, dijo que también llegaron a la costa varios uniformados del Escuadrón 36 “que no fueron identificados formalmente”.
En todo caso, el registro inapelable de la participación de los Gendarmes en la represión, muestra que los trece que corrieron hasta el río fueron Daniel Gómez, primer alférez; Emmanuel Echazú, subalférez; Juan Pelozo, sargento; Darío Zoilán, cabo; Federico Yucra, sargento; Jorge Fortunato, cabo primero; Diego Juan Ramos, enfermero; Ramón Vera, cabo primero; Julio Segovia, cabo; Sergio Rigonatto, gendarme; Jesús Vázquez, cabo primero; Neri Robledo, gendarme; y Cecilio Fernández, cabo primero.
Tres de ellos bajaron al río en la misma dirección que Santiago Maldonado y Lucas Pilquimán, en línea recta desde los sauces.
Es decir que esos tres Gendarmes -Yucra, Zoilán y Echazú— son cómplices del secreto mejor guardado: en qué circunstancia y cuándo murió Santiago Maldonado.
En relación al cuándo, los peritos que participaron de la autopsia tampoco pudieron determinar la fecha de muerte. Es más, un grupo de ellos habló de “más de cincuenta días” entre el deceso y la aparición del cuerpo, y se negaron a ratificar que la víctima hubiese permanecido los 78 días desaparecido.
Los gendarmes que persiguieron a los manifestantes (que ya habían desalojado la ruta 40, argumento de la intervención de la fuerza federal de seguridad), realizaron una cantidad no precisada de disparos. Es decir que Maldonado y los integrantes de la comunidad huían de una balacera descontrolada.
Premici reconstruyó lo sucedido a partir de las testimoniales: “Zoilán portaba otra de las armas anti tumulto. Él admitió que disparó una vez al inicio de la pendiente y otra mientras bajaba, cerca del río, además de los 17 disparos que efectuó antes de ingresar al territorio. Es decir, admitió haber ejecutado cerca de 20 tiros en total. ¿A quién le disparó?”.
Según reconoció en sede administrativa, ese uniformado le tiró a un “manifestante” que estaba entre los sauces, a unos seis metros de distancia.
En el teléfono celular del primer alférez del Escuadrón 35, Daniel Gómez, quedó registrada parte de la verdad de lo sucedido. Dijo: “Que los chicos (por los gendarmes) ejecutaron disparos, ejecutaron pero ni las postas de goma le pegaron que eran un montón”.
Todo muy lejos del ahogamiento accidental de Maldonado, que Andrade pretende instalar desde las páginas de Clarín.
El bono salarial se tomaría a cuenta de reapertura de paritarias, según propuso el Gobierno

Iba a ser obligatorio, pero ahora ya no tanto

Un borrador del decreto al que accedió PáginaI12 establece distintas situaciones en las cuales el pago del bono de 5000 pesos no será obligatorio. Crean un régimen de comunicación de despidos sin causa, pero no los limita.

El bono no remunerativo de cinco mil pesos que dispuso el gobierno como pago de refuerzo salarial en el sector privado, se abonará por mitades con los sueldos de noviembre y enero; pero los empleadores podrán considerarlo absorbido si realizaron acuerdos de pagos en concepto de revisión salarial por sobre las paritarias firmadas originalmente para este año, o si hubiesen acordado unilateralmente otros aumentos. Esto es lo que establece un borrador de decreto que ya fue redactado por el poder ejecutivo –al que tuvo acceso PáginaI12– y que estaría en consideración de la CGT. En el mismo se incluye, además, un capítulo en el cual se establece que, hasta el 31 de marzo próximo, los despidos sin causa justa obligarán al empleador a comunicarlos al Ministerio de Producción y Trabajo con una antelación mínima de diez días hábiles, para que éste, de oficio o a petición de una de las partes, pueda convocar a audiencias “para considerar las condiciones de la futura extinción” del contrato laboral. Estarán exceptuados de la obligación de informar las empresas del sector de la construcción, según señala el texto de la norma.
Aunque el borrador del decreto sólo se refiere al sector privado, ayer Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN, aseguró que también los van a cobrar los empleados estatales. “Nosotros veníamos conversando para reabrir por tercera vez la paritaria y generar un alivio tratando de recuperar poder adquisitivo. Todavía no tenemos los números finales, pero consideramos que en pocos días podamos tener alguna respuesta”, apuntó durante una entrevista radial. Indicó que, en el caso del pago a empleados estatales, “los bonos son remunerativos, no bonificables”.
El borrador del decreto que trascendió ayer tiene 13 artículos. Los últimos cuatro son de forma (bajo el título Disposiciones finales) y el resto dividido en dos capítulos: 1) Asignación no remunerativa, y 2)Procedimiento previo de comunicación para despidos sin justa causa.
El artículo 1º establece, “a partir del 1º de noviembre de 2018, una asignación no remunerativa para todos los trabajadores en relación de dependencia del sector privado que ascenderá a 5000 pesos”, que se deberá abonar, por mitades, con los sueldos de noviembre y de enero próximo. Para los trabajadores en relación de dependencia con una jornada de trabajo inferior a la legal y convencional, la asignación se calculará en forma proporcional (artículo 2).
El artículo 3 fija un mecanismo de excepción para “actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. En tales casos, establece que las partes signatarias del convenio “podrán adecuar la implementación (del bono) en materia de plazos y montos”. Es decir que abre la posibilidad de estirar en el tiempo el cumplimiento de la obligación de pago para las múltiples actividades económicas que se encuentran en situación crítica.
El artículo 4 plantea las múltiples situaciones en las que el bono o asignación podrá ser absorbido por el empleador por pagos anteriores y, en consecuencia, exceptuado de la obligación de pagarlo. Esos casos, básicamente, son:
Si las partes firmantes del convenio colectivo hubiesen pactado un incremento sobre los ingresos en concepto de revisión salarial de la pauta previamente acordada por la paritaria para el año 2018. Esto es, los casos en que se hubiera reabierto la paritaria o se hubiera accionado las denominadas “cláusulas gatillo” de ajuste automático. En tales casos, la asignación no remunerativa o bono quedaría absorbida, “salvo que (las partes) acuerden expresamente su no absorción”.   
Otra alternativa es que las partes acuerden que el bono se tome como pago a cuenta de las sumas que puedan estar negociándose o pendientes de negociación, en materia de revisión salarial.  
Los empleadores que hubiesen otorgado unilateralmente otros incrementos sobre los ingresos de los trabajadores a partir del 1º de enero de 2018 (sin mediación de negociaciones colectivas) “podrán compensarlos hasta su concurrencia con la suma total de la asignación” establecida en esta norma. Es decir, si el aumento otorgado es menor a 5000 pesos, sólo deberán pagar ahora la diferencia. Si pagaron aumentos mayores, no están obligados a pagar el bono.
El artículo 5 excluye expresamente a los trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal de los alcances del decreto.
A partir del artículo 6, se define el procedimiento previo de comunicación de despidos sin causa, que estará vigente sólo hasta el 31 de marzo de 2019. Por lo señalado en los artículos 6 y 7, la obligación del empleador de comunicar y la eventual convocatoria del Ministerio de Producción y Trabajo a las partes, no supone suspender o dejar sin efecto el despido, ya que se limita a “considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”.
“Mientras tratamos de buscar una solución, hay muchas paritarias que se están realizando y también esto (por el bono) puede formar parte de las negociaciones” salariales, había expresado Dante Sica, ministro de Producción, por la mañana, generando preocupación por sus dichos. Con el borrador del decreto, se entiende el alcance que pretende darle el gobierno a esa “facilidad”.
La CGT espera el decreto que suspenderá las posibles protestas

El bono que levantó el paro

Durante más de tres horas la conducción de la central obrera analizó el borrador del decreto que impone el pago del bono de 5000 pesos. Aseguran que no será remunerativo ni puede aplicarse a cuenta de futuros aumentos.

“Esto (el bono) aleja la posibilidad del paro”, aseguró el cosecretario general de la CGT, Héctor Daer poco después de que finalizara una extensa reunión del Consejo Directivo. Durante más de tres horas los dirigentes sindicales analizaron punto por punto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que acordaron que firmará el Gobierno. Para la conducción de la central obrera este “paleativo” mejora de manera coyuntural la situación de los trabajadores e insisten en que los cinco mil pesos no son remunerativo y no se lo puede considerar como un pago a cuenta de futuros aumentos.
Daer, quien llevó buena parte el peso de la negociación desde la central sindical, reconoció que el monto conseguido “no es suficiente” frente a la pérdida del poder adquisitivo y advirtió que ni siquiera aquellos gremios que alcanzaron un acuerdo paritario por arriba del 35 por ciento pueden rechazar este dinero.
En rigor el DNU todavía no está firmado ni publicado y los miembros de la CGT rezan para que cuando hoy se despierten esté incluido en el Boletín Oficial. Lo acordado son dos cuotas de 2.500 pesos junto a los salarios de noviembre y enero próximos y sólo es obligatorio para el sector privado. Daer en todo momento se preocupó en aclarar que el bono no puede tomarse a cuenta de futuros aumentos y advirtió que esa posibilidad, junto a cualquier otra modificación que se pretenda realizar “deberá acordarse entre las empresas y los sindicatos en paritarias”. La frase del titular del gremio de la Sanidad hace referencia al artículo cuatro del borrador del decreto que tiene una redacción un tanto ambigua. El anterior artículo también tiene sus bemoles porque sostiene que cualquier cambio en materia de plazos y montos del pago del bono se deberá discutir en el ámbito de la mesa paritaria pero está destinada específicamente para aquellas “actividades o sectores que se encuentran especialmente en crisis o declinación productiva”. Hoy esa condición está prácticamente generalizada y buena parte de las actividades económicas están ahogadas y ese artículo está prácticamente redactado para las empresas pequeñas y medianas, aunque la UIA también puso su cuota de reclamo. Daer señaló que “los empresarios quisieron que el bono sea a cuenta de las próximas paritarias” pero rechazó esa posibilidad. Es más, insistió en que “tienen que hacer el esfuerzo para poner dinero en la calle y que se mueva la rueda de la economía”. Otro dirigente sindical buscó ser más directo: “Esto es capitalismo y si quieren ganar más guita que hagan el esfuerzo”.
Entre los hombres de la conducción sindical hay coincidencia en considerar que “el Gobierno jugó fuerte” para que salga el decreto ante la reticencia que encontraron entre los empresarios. “Ellos (Cambiemos) tienen que jugar porque necesitan llegar a las elecciones y si quieren ganar deben hacer algo”, reconoció uno de los hombres fuertes de la CGT y señaló al ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, como el funcionario que más presionó para conseguir el acuerdo. En cuanto al secretario de Trabajo, Jorge Triaca, dijeron que si bien aportó lo suyo en las negociaciones también la definieron como la última tarea que realizó para el Gobierno nacional. Anoche buena parte de los integrantes del Consejo Directivo consideraban que Triaca no llegaba a la reunión del G20. En la lista de rumores futuros renunciados del Gobierno, Triaca la encabeza junto al actual secretario de Agroindustria, Miguel Etchevehere, pero se decía que eso iba a ocurrir luego del evento internacional. “Está muy desgastado pero no sólo hacia afuera sino sobretodo hacia el interior de la Casa Rosada. Tiene muchas críticas y ya no ayuda el que sea amigo desde hace muchos años del Presidente”, indicaron.
La reunión del Consejo Directivo fue extensa porque se leyeron y estudiaron con detenimiento los artículos del borrador que les habían acercado desde la Casa Rosada. Uno a uno de los participantes dio su opinión y casi todos coincidieron en que era lo más conveniente porque, aseguraron, “al Gobierno hay que sacarle este tipo de cosas porque es impensado que vaya a cambiar el modelo económico”, reconoció uno de los participantes a este diario. Es más, aseguró que este debe ser el camino hasta que Mauricio Macri concluya su mandato.
De todas formas hubo un cruce entre los participantes y sucedió cuando el judicial Julio Piumato planteó dudas sobre el monto del bono acordado. Según trascendió al dirigente judicial le pareció que era un monto demasiado pequeño para que levantara la posibilidad de llevar adelante un paro. La exposición de Piumato pareció no ser del agrado del titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, quien buscó desmontar ese argumento recordando que los trabajadores judiciales son uno de los pocos que tienen la suerte de tener una buena paritaria pero además de gozar de la exención del pago del impuesto a las ganancias. No pasó a mayores el intercambio porque la mayoría ya daba por desactivado cualquier medida de fuerza. Es más, uno de los dirigentes gremiales que integra el Consejo y responde a las órdenes del gastronómico Luis Barrionuevo, se animó a pronosticar que, con suerte, el próximo paro de la CGT se realizará en marzo del próximo año.
A la reunión de la CGT asistieron Daer y el otro secretario general, Carlos Acuña, además de otros integrantes de la conducción como Omar Maturano (La Fraternidad), Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Julio Piumato (Judiciales), Víctor Santa María (Encargados de Edificios) y Mario Calegari de colectiveros (UTA).
El mal momento al aire de Larreta cuando le preguntaron por la represión en el Congreso

El jefe de Gobierno porteño no supo qué decir al hablar sobre el accionar policial mientras se trataba en Presupuesto 2019.

A dos semanas de la feroz represión que tuvo lugar en las inmediaciones del Congreso mientras se trataba el proyecto del Presupuesto 2019, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, fue invitado al programa No somos nadie, por radio Metro, y no pasó un buen momento: defendió el accionar policial y afirmó que no hubo “ni un civil herido” en ese marco, cuando en verdad hubo personas baleadas.
Respecto a por qué se detuvo a personas que, según denunciaron organizaciones sociales, no eran quienes tiraron piedras a la Policía en ese contexto, argumentó que esto fue porque “para que esa persona quede detenida tenés que probar que esa piedra que sale de su mano es exactamente la piedra que lastima al policía, y eso es imposible”. Aún así, no respondió por qué se detuvo a personas que no tenían que ver con las agresiones y que, incluso, se encontraban a más de 20 cuadras del Congreso.
Consultado sobre por qué, entonces, también hubo personas detenidas por resistencia a la autoridad, sin pruebas, se quedó callado unos momentos y contestó: “¿Resistencia a la autoridad? En algunos lugares tenés cámaras y en otros no, entonces es la palabra del policía…”.
“Miralo al revés: hubo una situación de altísima violencia con mucha gente tirando piedras y agrediendo. La Policía garantizó que el Congreso siga funcionando, y, por otro lado, no tenés un civil herido en toda la situación. Nadie puede decir que hubo desborde de la Policía. Mi visión es que la Policía actuó bien”, remarcó.
Sin embargo, esto no es verdad: las personas detenidas denunciaron que fueron golpeadas e incluso recibieron balazos de goma, los cuales dejan profundas heridas en el cuerpo. Tal es el caso del ciudadano turco Anil Baran, quien se encontraba a 30 cuadras del Congreso al ser detenido. Además, le pegaron y lo tiraron al piso, como también le sucedió a Lucas Suárez, quien estaba yendo a comprar ropa a Flores y no sabía que había una marcha.
De todas formas, Larreta siguió con su defensa no muy sólida de la Policía de la Ciudad. “No es cierto que los detenidos no tienen nada que ver, pero es imposible probar que la piedra que tiraron fue la que lastimó a los policías”, sostuvo, y al ser consultado y los periodistas detenidos mientras trabajaban también tiraron piedras, afirmó: “ “Yo no digo quién tiró piedras o no. Yo digo que la Policía actuó ante una situación de mucha violencia y mucha gente agrediendo”.
Además, aseguró que no hubo policías tirando piedras, cuando hay numerosos videos que muestran a un efectivo vestido de civil que, primero, fue retratado con un palo mientras otras personas tiraban piedras a su alrededor, y, luego, se lo ve llevándose gente detenida. Incluso hubo fotos tomadas por El Destape que prueban la presencia de policías infiltrados.
También le preguntaron si se está haciendo algo para evitar que sea una “norma” que haya casos de violencia policial, luego de la condena a perpetua a Adrián Otero por gatillo fácil. “Hoy no es una norma. El caso de gatillo fácil es un caso de una persona que hoy es parte de la Policía de la Ciudad pero es anterior a la existencia de la Policía de la Ciudad. No tenemos un solo caso de gatillo fácil de la Policía de la Ciudad”, se atajó.
Massa reveló el motivo por el cuál se cortó la relación con Macri

El dirigente contó un detalle desconocido hasta el momento sobre el quiebre de la relación con el Gobierno.

El conductor del Frente Renovador, Sergio Massa, contó cuál fue el desencadenante de que la relación con el presidente Mauricio Macri se haya roto y este se haya enojado con el ex diputado.
En diálogo con La Nación, el ex funcionario reveló: “El Presidente no acepta que haya un dirigente de la oposición que le haya dicho que no cuando me llamó desde Colombia para pedirme que incluyera a los familiares en el blanqueo: desde ahí se enojó mucho".
Desde hace un tiempo, la relación entre ambos se rompió y lejos quedó el viaje que realizó Massa como acompañante del presidente a Davos.
Macri dice que Antonia está preocupada por el déficit de Aerolíneas Argentinas

El jefe de Estado afirmó que la Aerolínea costó a los argentinos mil millones de pesos en el último mes.

El presidente, Mauricio Macri, sostuvo que Antonia está preocupada por el déficit de Aerolíneas Argentinas desde su estatización.
"Los gremios tienen que sentarse en una mesa y decir: ´es verdad. Yo no quiero más que mi hija me pregunte por qué te tienen que bancar el resto de los argentinos´", sostuvo Macri.
El Presidente, que pronunció una frase difícil de comprender, abrió las puertas a una privatización de Aerolíneas Argentinas al manifestar que los argentinos pagaron 1000 millones de pesos por el déficit que generó la compañía.
"Sólo el 4 por ciento de los argentinos viajan en avión. Con el dinero que gastamos en Aerolíneas se pueden hacer dos metrobuses", sostuvo el jefe de Estado.
Uno de los empresarios de los cuadernos pidió que "muchos trabajadores pierdan calidad de vida"

Es Gustavo Weiss, presidente Cámara de la Construcción y cercano a Macri. Con una frase extorsiva, sugirió que es mejor eso a despedir a algunos.

Un poderoso empresario que aparece en la causa de los cuadernos del chofer lanzó una lamentable frase contra los trabajadores y pidió que sacrifiquen calidad en vida si no quieren ser despedidos.
”Es preferible que muchos trabajadores pierdan un poco de calidad de vida a que algunos sean despedidos y se queden sin trabajo" afirmó Gustavo Weiss en Crónica Anunciada, por El Destape Radio. Se trata del presidente Cámara de la Construcción y cercano al presidente Mauricio Macri.
Lo hizo en referencia al acuerdo entre el Gobierno y la CGTpor el "bonito" de 5000 pesos. ”Uno entiende el reclamo de la CGT, pero muchas empresas no vamos a poder pagar el bono”, dijo Weiss, dueño de la empresa Eleprint.
”Estamos todos en el barco de la recesión, trabajadores y empresarios. Estamos teniendo cada vez menos insumo y menos trabajo. Estamos en un proceso muy complicado”, afirmó Weiss.
Macri hizo oficial y designó a los conjueces amigos para la Corte Suprema de Justicia

Una ex abogada de Clarín y un jurista radical, entre los abogados que podrían definir fallos clave en el máximo tribunal.

Mauricio Macri oficializó este miércoles una lista de conjueces para la Corte Suprema que incluye al apoderado de empresas de su familia e histórico abogado personal, a una abogada del Grupo Clarín, al lobbista y operador judicial del Gobierno Ricardo Gil Lavedra y a varios miembros del establisment jurídico que opera desde el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, reducto de abogados de grandes empresas y escribas de las dictaduras. Con estas designaciones publicadas en el Boletín Oficial, Macri le pone el broche a una operación de la cuál cuya repercusión mediática es inversamente proporcional a la magnitud del escándalo.
Los conjueces de la Corte Suprema actúan cuando los miembros del máximo tribunal del país no pueden intervenir en una determinada causa y no se logra completar el tribunal de otra forma. En concreto, de acuerdo al decreto 1285/58, reformado por la ley 23.498, cuando un ministro cortesano sea recusado, se excuse o cuando se produzca una vacancia, el tribunal se completará hasta el número legal para fallar mediante un sorteo entre los presidentes de las Cámaras Nacionales de Apelación en lo federal de la Capital Federal y los de las cámaras federales con asiento en las provincias. En el caso de que no se pueda completar con este procedimiento entran en juego los conjueces, que pasan a integrar la Corte para resolver el caso en cuestión. No es un cargo menor, llegado el caso.
El penúltimo paso de esta maniobra lo ejecutó el Senado el pasado jueces 11 de octubre, tal como informó El Destape. Allí, pese a que se trata de un listado directamente alineado a los intereses de Macri, se aprobó por unanimidad.
Quién es quién
El novel conjuez más escandaloso sea acaso el menos conocido públicamente. Se trata de Julio César Rivera, abogado histórico de la familia Macri y, puntualmente, del presidente. Su tarea como letrado del clan incluyó desde los negocios hasta temas familiares, como el divorcio de Mauricio con Isabel Menditeguy en 2005. Basta mencionar su rol en la causa Correo Argentino para advertir la magnitud promiscua de este nombramiento. Rivera, junto a su socio Beltrán Louge, está a cargo de la sindicatura general del concurso de acreedores de Correo Argentino. Es decir, tienen que controlar que todo se haga de forma legal en esta causa que lleva más de quince años. Lo insólito es que el que tiene que controlar defiende los intereses del deudor, los Macri, y no que se cumpla la ley, que estipula que un caso como este debería estar resuelto hace más de 15 años.
Esto no es menor. El ahora conjuez de la Corte Rivera está imputado en la causa penal que investiga las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino junto a Macri, Oscar Aguad, los directivos de SOCMA, SIDECO y Correo y otros. Como síndico, dejó correr todas las maniobras de los Macri para no pagar su deuda y vaciar la empresa. Tanto Louge como Rivera fueron apoderados de empresas de los Macri como Transmetro SA, que también pasó por un proceso de quiebra y vaciamiento.
Por si no bastara con Carlos Rosenkrantz, el Grupo Clarín tendrá otra aliada en la Corte. Se trata de María Angélica Gelli, otra de las designadas por Macri para conjueza del máximo tribunal. Gelli fue una de las defensoras del holding de Héctor Magnetto ante la Corte Suprema en las audiencias sobre la Ley de Medios audiovisuales. Una de sus frases fue: “El único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación es Clarín”.

El reaccionario Colegio de Abogados de la calle Montevideo (CACBA), poderoso reducto del establishment jurídico y los escribas de las dictaduras, logró el 40% de representación entre los ahora confirmados conjueces de la Corte Suprema.

Uno es su presidente, Guillermo Lipera. Socio del estudio Bulló y oriundo de Chivilcoy, durante una actividad del colegio a la que asistió Macri, afirmó: “Tenemos una oportunidad histórica con este gobierno. No tenemos por qué tener vergüenza de nuestras convicciones y por el contrario, defenderlas con uñas y dientes”. Les pidió a sus socios que jueguen “el partido” a favor del Gobierno. Y no se quedó en palabras. Además de su apoyo personal en artículos, entrevistas y sus redes sociales, Lipera encabezó varias operaciones mediático-judiciales, como la que logró la destitución de la ex procuradora Alejandra Gils Carbó.
Otro socio del Colegio es Ricardo Gil Lavedra, que oficia de ladero del ministro Germán Garavano y en 2016 fue designado Presidente del Consejo Consultivo (ad honorem) del programa Justicia 2020. Fue defensor de la vicepresidenta Gabriela Michetti en la causa por los fondos robados de su casa que nunca pudo justificar y asesoró a la provincia de Jujuy gobernada por Gerardo Morales en la acusación contra la dirigente social, referente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que lleva más de mil días presa sin condena.
No lo hace gratis. Por ejemplo, representa a la AFIP en la causa contra Cristobal Lopez gracias a una jugosa contratación a dedo que supera los 4 millones de pesos. Pero Gil Lavedra tiene otros hitos en su prontuario. Así como integró el tribunal que juzgó a las Juntas Militares, en 1985, también fue designado secretario letrado de la Procuración General de la Nación el 5 de agosto de 1976. Fue el único conjuez impugnado de la lista: el senador Guillermo Snopek consideró que debía rechazarse su postulación dado sus aceitados vínculos con el oficialismo y empresas como Odebrecht, involucrada en el Lava Jato criollo.
El cuarto miembro del CACBA es Diego Botana, socio del estudio Allende & Brea, que siempre rankea en el top 5 de los mejores estudios de la city porteña. Se define como radical y es profesor en la Universidad de San Andrés.
Entre los conjueces también figura Aída Kemelmajer de Carlucci, acaso la única del listado que tiene al menos cierto prestigio académico. Mendocina, es doctora en Derecho, tiene una larga trayectoria académica e integró la Corte Suprema de Mendoza hasta el 2010. Se la vincula a Ernesto Sanz. Fue, junto a Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, coautora del anteproyecto para el actual Código Civil y Comercial. Cuando su nombre sonó para integrar la Corte, según la periodista Susana Viau hubo una campaña en su contra de parte del grupo Vila-Manzano. En 2003, en el programa Día D, Jorge Lanata contó que no llegó a integrar el máximo tribunal por las sospechas de tráfico de influencias que recaían sobre su marido, el abogado Nedo Carlucci, cuando era jueza de la Corte cuyana. Entonces, denunció a Lanata, pero finalmente en 2014 la Corte Suprema falló a favor del actual operador macrista.
La lista sigue con Alberto García Lema, que fue procurador del Tesoro de Carlos Menem y ya ejerció como conjuez de la Corte. Desde 1974 y hasta el 2 de noviembre de 1976 ejerció como secretario letrado de la Procuraduría General de la Nación, algo que parece no fue tenido en cuenta por los senadores a la hora de aprobar su pliego.
En la lista de conjueces está también Gerardo Amadeo Conte Grand. Fue subsecretario de Inteligencia y viceministro de Interior durante el menemismo. Es tío de Julio Conte Grand, procurador general de la provincia de Buenos Aires.
Otra nueva conjueza de la Corte es María Rosa Caballero. Abogada, escribana y ex jueza de la Cámara Civil y Comercial de Jujuy desde 1984. En abril de 2014 renunció al cargo y se jubiló, pero en marzo de 2016 se reincorporó temporalmente para cubrir vacantes. Su cuenta de Twitter es un compendio de militancia PRO. El 15 de diciembre de 2015, en los días previos al ballotage, escribió: “Porque un candidato esgrime el principio de la buena fe, vamos Mauricio. Se puede #MacriPresidente”. Su apoyo a Macri fue total. Días antes publicó: “Argentinos no resignen su futuro ni cambien su dignidad por un plan #AguanteMacri”.
En su cuenta comparte intervenciones de Macri en Jujuy y convocatorias a timbreos, apoyos de Elisa Carrió a María Eugenia Vidal y comunicados de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entre otras cosas.
La lista se completa con Verónica Nidia Torres, abogada y escribana, actualmente decana de la Universidad Nacional del Nordeste.
Durante el análisis de los pliegos de los candidatos, en la Comisión de Acuerdos, el presidente del bloque de senadores del PJ, Miguel Ángel Pichetto, aseguró: “La trayectoria de los doctores realmente es extraordinaria, larga; todos sabemos la tarea que han realizado en la parte privada, en la docencia. De parte de nuestro bloque vamos a acompañar la firma del dictamen”.
No fue el único. El pasado 11 de octubre, cuando la agenda legislativa en la Cámara Alta se vio eclipsada por el debate en torno al nuevo tarifazo del gas que pretendía cobrarse en 24 cuotas, la lista de conjueces llegó al recinto. Se votó en medio de distintos proyectos y prácticamente no hubo objeciones: se aprobó por unanimidad, con los votos tanto de los senadores PRO como los pichettistas y los que se agrupan en el bloque kirchnerista. En total 58 senadores avalaron que estos abogados puedan acceder -ocasionalmente- al máximo tribunal del país. A la hora de la votación hubo 14 ausencias, entre las más destacadas, la de la expresidenta Cristina Kirchner.
Agustìn Rossi: "Pichetto está a la derecha de Macri"

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados afirmó que no tendría problemas de competir en una interna con el senador o con Sergio Massa.

El jefe del bloque kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, aseguró que el titular del Bloque Justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, está "a la derecha" del presidente Mauricio Macri.
"Pichetto no sé en dónde está. Sí, está a la derecha de Macri. Y Massa no sé qué va a terminar haciendo finalmente", dijo al ser consultado sobre la posibilidad de integrar a todos los sectores del peronismo en un mismo frente electoral.
"Estamos en un pico de bolsonarización de la política"
Sí mencionó como actores que estarán dentro de la misma coalición a otros dirigentes que, como él, anunciaron que tienen aspiraciones de competir por la Casa Rosada, como Felipe Solá, Alberto Rodríguez Saá y Daniel Scioli.
De todos modos, aclaró: "Si Massa decide competir, bienvenido. Y si Pichetto también decide competir por adentro, no tengo ningún problema".
En sus críticas al patagónico, Rossi se quejó de las declaraciones a favor de la deportación automática de extranjeros que delinquen: "Estamos en un pico de bolsonarización de la política. Como las encuestas no les dan, recurren a este discurso. Es una estrategia en la que está exagerando todo tratando de encontrar un nicho electoral".
"Primero se arremete contra los inmigrantes, después se hace una reivindicación de las Fuerzas Armadas y ahora esto. La bolsonarización de la política argentina está empezando a hacer pie. Aprovechan el efecto Bolsonaro que pueda llegar a darse en lo cultural y abren esa ventana", cuestionó en una entrevista en Radio Caput.
En este marco, el santafesino insistió en la propuesta de que haya una gran interna opositora en 2019, aunque reconoció que si la ex presidenta Cristina Kirchner decidiera ser candidata "sería muy difícil" generar las condiciones para unas primarias entre varias boletas: "Ella concentra gran parte de las expectativas de los opositores".
"La oposición va a encontrar su rumbo. La única duda es si va a tener una única alternativa electoral o más de una", resumió en diálogo con Radio Caput.
Sobre el oficialismo, aseguró que "el único candidato posible de Cambiemos es Macri o Macri", y consideró que la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, "no es un plan B".
"Si no es él, dudo que siga existiendo la alianza Cambiemos", analizó.
Hugo Yasky calificó de "humo" al bono de fin de año de la CGT y confirmó el paro general por 36 horas

El titular de la CTA cruzó a la CGT por el acuerdo de un bono optativo por "hasta" 5 mil pesos.

El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que "el bono de la CGT es un paquete de humo, no existe". El gremialista confirmó que el Frente Sindical avanzará en el paro general por 36 horas, tal cual habían anunciado días atrás.
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Yasky subrayó que "el bono es una expresión de deseo, un taparrabo para el plan de ajuste del gobierno, queda en manos de los que puedan pagarlos". "Algunos dirigentes quieren que la CGT sea el felpudo del gobierno", disparó.
"Los que quedaron en la CGT tienen una compulsión con este gobierno que gestiona para los más ricos", remarcó Yasky y continuó con las críticas a la central obrera: "Perdió el componente de los gremios que empujaban para pelear y que alguna medida saliera en favor de los trabajadores".
Por último, advirtió que "el Frente Sindical y las dos CTA seguirán con las medidas de fuerza, vamos a ir al paro y a la movilización".
Roberto Fernández (UTA): "El paro de 36 horas se puede anular"

El secretario general de la UTA afirmó que el Gobierno dialogó con los representantes gremiales y que la medida de fuerza podría caer.

El secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) , Roberto Fernández, puso en duda que se convoque a un paro general de 36 horas por el ajuste y afirmó que el gobierno nacional se abrió al diálogo.
"Mientras que haya diálogo, el paro de 36 horas se puede anular", sostuvo Fernández en una entrevista con el programa Crónica Anunciada que se emite por El Destape Radio.
"Veo bien que él Gobierno se haya sentado para afrontar lo mal que están los trabajadores”, sostuvo el sindicalista.
Si bien reconoció que la crisis económica impacta el poder adquisitivo de los trabajadores, Fernández sostuvo que es "positivo" que el gobierno reúna a los sectores empresarios y a los sindicatos.
El sindicalista reconoció que hay enojo entre los trabajadores por la decisión de no convocar al paro. "Entiendo los problemas y los comparto, pero en un país quebrado no se puede pedir para que me den", sostuvo Fernández.
Además reconoció que el bono de fin de año será sólo para afrontar la pérdida del poder adquisitivo por algunas semanas. "Tenemos que sentarnos y buscar conversar si queremos garantizar la paz social y que el gobierno llegue hasta el final de su mandato. Es doloroso", reconoció.
El sindicalista agregó que "a este gobierno le tendríamos que haber hecho 40 paros, pero no funciona así, hay que seguir dialogando".
El Gobierno busca frenar el paro general de la CGT con un bono de fin de año

Desde la Casa Rosada buscan desarticular el reclamo de la entidad gremial y evitar al mismo tiempo una reapertura general de paritarias.

Representantes del gobierno nacional mantendrán una reunión con referentes del sector empresario y la cúpula de la CGT para intentar desarticular el paro general de 36 horas con movilización al que convocó informalmente la central obrera sin determinar una fecha. Un bono de fin de año, que se discutirá en cada sector, sería la oferta del Gobierno para seducir a los sindicalistas, que pedirían más.
De acuerdo a las conversaciones informales que las tres partes mantuvieron en las últimas horas, el bono rondaría los $ 5000. Aún debe definirse si se abonará en un pago en diciembre o, como pretende la CGT, en dos tramos en noviembre y enero con la posibilidad de incorporarse a los básicos de convenio a partir de febrero del próximo año, según informó El Cronista.
Resta saber además si el pago será obligatorio o quedará librado a cada sector empresario, decisión que perjudicará a los trabajadores debido a que muchos no lo cobrarán. En la reunión participarán el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el jefe de gabinete de Producción, Ignacio Pérez Riba, con una decena de referentes de la mesa chica de la CGT y representantes de la UIA, la Cámara de Comercio, la Cámara de la Construcción y Came.
Sin embargo, los sindicalistas irán a la mesa de negociaciones, según pudo saber El Destape, con tres planteos: la reapertura general de paritarias, un nuevo pacto antidespidos y un aumento para jubilados y beneficiarios de la AUH.
El encuentro se da en medio de la posibilidad de que la CGT disponga el quinto paro general contra la política económica de Mauricio Macri, reclamo que podría suceder en la última semana de noviembre, en coincidencia con la cumbre del G20 que se realizará en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1° de diciembre.
Macri se reúne con la Corte Suprema, antes del fallo por la reforma previsional

El Presidente almorzará con los jueces a la espera del fallo decisivo por el cual se definirá cómo se hará el cálculo de las jubilaciones en juicio con el Estado.

El presidente Mauricio Macri almorzará este martes en la Casa Rosada con un grupo de jueces de la Corte Suprema de Justicia, a la espera del fallo por las jubilacionesque tiene muy preocupado a Cambiemos.
Es que, la Corte Suprema deberá fallar a favor o en contra de los jubilados y jubiladas que le hicieron juicio al Estado por la actualización de sus haberes, con lo cual se decidirá el índice jubilatorio a aplicar en esos casos.
De esta manera, el máximo tribunal se dispone a dictar sentencia antes de fin de año y, hasta ahora, es probable que tres de los cinco jueces apoyen el reclamo de los jubilados. Esto va en contra de los deseos del Gobierno, ya que este índice sería más elevado que el que propone la ANSES y generaría un cimbronazo en las arcas públicas.
Hasta ahora, para los haberes jubilatorios se aplicaba el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (Isbic). Sin embargo, hace un año la ANSES le transfirió a la Corte el problema al solicitar que se aplique el índice de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).
En este contexto, en la gran mayoría de las jubilaciones en litigio legal, la aplicación del índice Ripte implicaría que los haberes se calculen a la baja, desfavoreciendo a las personas mayores a quienes les corresponde ese derecho.
Macri almuerza con la conducción de la Corte
De postre, un fallo

Mientras el máximo tribunal prepara su fallo clave por el índice de actualización de las jubilaciones, el Presidente y sus operadores judiciales se reúnen este mediodía con Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

El presidente Mauricio Macri compartirá hoy un inusual almuerzo en la Casa Rosada con la conducción de la Corte Suprema de Justicia, en un momento en el que se espera un fallo clave por las jubilaciones. A la reunión fueron invitados todos los jueces del máximo tribunal, pero finalmente solo concurrirán el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, y su vice Elena Highton de Nolasco.
El almuerzo, que en parte contradice los supuestos parámetros institucionales de ambas partes que pregonan la “independencia judicial”, fue convocado para las 13. Participarían los más influyentes operadores judiciales del macrismo, José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.
La gestión Cambiemos está preocupada por el inminente fallo de la Corte Suprema sobre el índice de actualización de las jubilaciones. Es en una causa iniciada por Lucio Orlando Blanco, un jubilado que pide que se le aplique el índice de aumento que había dispuesto la Corte en su composición anterior.
El planteo del jubilado, avalado por la Cámara de la Seguridad Social, es que debe utilizarse el Isbic (Indice de Salarios Básicos en la Industria de la Construcción) en lugar del Ripte (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales), que es el que aplica la Anses para el cálculo de las jubilaciones.
Este último índice es el que el Gobierno fijó como pauta de movilidad cuando ofreció la llamada “reparación histórica” a los jubilados a cambio de no hacer juicio. Con este cálculo, el haber es alrededor de un 60 por ciento inferior.
Un informe oficial desmiente mitos sobre el gasto social en los migrantes

Argumentos que no resisten

Un riguroso trabajo elaborado por el propio gobierno revela que los migrantes no gastan, en proporción, ni más presupuesto en salud ni en educación, ni en planes sociales que el resto de los argentinos.

A contramano del discurso oficial y de cierta derecha que busca pescar en el río de los Bolsonaro, según un informe oficial divulgado la semana pasada, los migrantes no gastan en proporción ni más presupuesto en salud, ni en educación, ni en beneficios sociales que el de la población no migrante, es decir, que el resto de los argentinos. Así, mientras que el porcentaje de la población migrante es aproximadamente el 4,5 por ciento de los habitantes del país, el gasto social invertido en ese sector es del 4,9 por ciento del total del gasto, lo que representó un 0,7 por ciento del PBI en el año 2015. En definitiva, ni utilizan más las universidades públicas, ni los hospitales, ni cobran más planes que el resto, por más que en la campaña electoral que viene seguramente se van a escuchar otras cosas.
En la afanosa búsqueda de algún responsable de la profunda crisis en la que está envuelta su gestión, el gobierno de Cambiemos se aferró a la bandera de la antiinmigración luego de que la policía detuviera a dos venezolanos, un turco y un paraguayo en la protesta contra el presupuesto en el Congreso. Obviamente, no importó que todavía no se hubiera recolectado ninguna prueba sobre el supuesto accionar delictivo de estos extranjeros. El presidente Mauricio Macri planteó entonces que el país debía abrir un debate acerca de si la legislación vigente no era “demasiado generosa” con los migración extranjera y agregó que se debía buscar como eje “gente que venga a trabajar y a hacer su aporte”.
Desde la oposición amigable, el jefe del bloque de senadores del Peronismo Federal, Miguel Angel Pichetto, aprovechó para retomar su prédica xenófoba. En su discurso, los argentinos somos “tontos” porque permitimos que miles de colombianos estudien en las universidades públicas y los paraguayos se operen en los hospitales, sin reciprocidad. “Funcionamos como ajuste social de Bolivia y ajuste delictivo de Perú”, dijo alguna vez.
Pero un informe público los desmiente. Lo presentó días atrás el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados en 2015 por la ONU. Estudiar en qué medida el gasto público social se destina a atender las necesidades de los migrantes es una de las preocupaciones de las Naciones Unidas, dado que lo identifica como uno de los aspectos centrales para el desarrollo.
Los datos
La estimación del gasto público social nacional que impacta en migrantes se realizó a partir de relevar los más de 200 programas que componen dicho gasto y estimar el peso que los migrantes tienen en cada uno de esos programas, para lo cual se utilizaron datos de diversas fuentes oficiales. Entre esas fuentes están el Censo 2010, la Encuesta Permanente de Hogares que hace el Indec y el sistema Sintys que concentra la información de los beneficios de diferentes programas sociales.
En la introducción al trabajo se destaca que Argentina “tiene una larga historia de migraciones” y que la incorporación de grandes contingentes provenientes de otras latitudes resultó decisivo en la conformación de la Nación. Con ese espíritu, en 2004 se sancionó la ley 25.871 que estableció las condiciones de ingreso, permanencia y egreso de los migrantes, en reemplazo de la restrictiva “ley Videla”, de la época de la dictadura. El principio fundamental de la nueva norma es la igualdad de trato entre los nacionales y los extranjeros. En su artículo 6 establece: “El Estado en todas sus jurisdicciones asegurará el acceso igualitario a inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de protección, amparo y derechos de los que gozan los nacionales, en particular lo referido a servicios sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social”.
En el detalle de los programas sociales realizado en la investigación, los migrantes –el 4,5 por ciento de la población– son beneficiarios de Jubilaciones y Pensiones en un 6,9 por ciento, del Monotributo social en un 5 por ciento, Asignaciones Familiares (no contributivas) en 4,9 por ciento, Seguro de desempleo un 3,9 por ciento, plan Jóvenes con más y mejor trabajo un 3,2 por ciento, Pensiones no contributivas en un 2,4 por ciento, la Asignación Universal por Hijo un 1,3 por ciento y un 1,1 por ciento del plan Progresar. Se hace la salvedad de que en el caso de la AUH se toma en cuenta la condición de migrantes de los niños beneficiarios y no la de sus padres.
En el análisis de los 117 programas analizados, los investigadores concluyeron que el gasto social destinado a migrantes en 2015 fue de 40.829 millones de pesos, lo que representa el 4,9 por ciento del gasto social nacional y el 0,7 por ciento del PBI. El organismo más relevante en términos del gasto social destinado a migrantes fue, por muy lejos, el Anses, que concentró más del 80 por ciento de los recursos. Bien atrás quedaron el Ministerio de Desarrollo Social (5,7 por ciento), de Educación (3,8 por ciento), de Salud (2,9 por ciento) y el Ministerio de Planificación (2,8 por ciento).
Debe hacerse la salvedad respecto a las características de las diferentes corrientes migratorias. El gasto en el sistema previsional está concentrado en gran medida a los italianos y españoles que llegaron al país luego de la Segunda Guerra Mundial y hoy están jubilados. Hecha esta aclaración se da la paradoja de que los migrantes son principalmente beneficiarios de programas contributivos –es decir, para los que tuvieron que hacer aportes previamente– de los que no tienen base contributiva. Así, los migrantes reciben en un 79 por ciento planes de base contributiva y un 21 por ciento de base no contributiva, en cambio, entre los no migrantes la proporción es del 64 y el 36 por ciento, respectivamente.
Bolsocandidatos
El discurso xenófobo en Macri no es nuevo. “Pareciera que la ciudad de Buenos Aires se tiene que hacer cargo de los países limítrofes, y eso es imposible. Todos los días llegan entre 100 y 200 personas nuevas a la ciudad, que no sabemos quiénes son, de la mano del narcotráfico y la delincuencia”, sostuvo ya en sus épocas de jefe de gobierno, en diciembre de 2010, luego de la toma del Parque Indoamericano, salvajemente reprimido. Basándose en datos oficiales, el sitio Chequeado aseguró que la afirmación era falsa, y que la cifra correcta era de 31 inmigrantes por día si se hacía un promedio de los arribados en los ocho años previos.
Más recientemente, en enero de 2017, el Presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia para restringir las condiciones de permanencia e ingreso de extranjeros al país establecidos en la ley 25.871. La medida fue declarada inconstitucional por la Cámara en lo Contencioso Administrativo en marzo pasado. Ahora, según publicó ayer Clarín, el Gobierno planea volver a la carga con una propuesta similar como parte del proyecto de reforma del Código Penal.
El éxito de Jair Bolsonaro en Brasil, más los discursos antiinmigrantes del presidente estadounidense Donald Trump y del ministro italiano Mateo Salvini revivieron las ganas de algunos en convertirse en sus émulos locales. Pero, de acuerdo al informe elaborado por el propio Gobierno, deberán buscar mejores argumentos. Según concluye el trabajo, la población migrante en el país se encuentra fuertemente arraigada y que “en líneas generales, la población que migra a la República Argentina lo hace para trazar un proyecto de vida a largo plazo”.
Acevedo (UIA): "No lo llamaría Reforma Laboral, pero hay que modernizar las formas de trabajo"

El titular de la UIA planteó la necesidad de cambiar la manera en que se trabaja y sostuvo que las empresas no pueden sostener aumentos del 40% en las paritarias.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, planteó que, si bien no pide que se apruebe una Reforma Laboral como la que había impulsado el Gobierno, sí cree necesario “modernizar las formas de trabajo”. En este sentido, reconoció que se están dando muchas suspensiones en grandes empresas pero sostuvo que las patronales no pueden permitirse dar aumentos del 40% en las paritarias.
"No lo llamaría Reforma Laboral, pero hay que modernizar las formas de trabajo", planteó Acevedo en diálogo con Crónica Anunciada, por El Destape Radio. En ese sentido, subrayó que "es muy difícil cerrar paritarias del tenor de 40%”, en un contexto donde se prevee que la inflación llegará, como mínimo, al 45% a fin de año.
“No todas las empresas pueden pagar esas paritarias, por eso hay que dar bonos"
De acuerdo a Acevedo, “no todas las empresas pueden pagar esas paritarias, por eso hay que dar bonos", y reconoció que “es un momento de recesión y tasas altas” por lo que “hay muchas suspensiones en empresas grandes, incluso”.
Respecto a la reunión convocada por el Poder Ejecutivo con sectores empresarios y la CGTpara consensuar medidas económicas y así evitar llegar al paro, Acevedo cuestionó que "el Gobierno es reactivo al diálogo y lo toma como un síntoma de debilidad".
“Estamos tratando de dialogar con el Gobierno, los sindicatos y la Iglesia porque necesitamos salir de esta coyuntura”, planteó el dirigente gremial, y sentenció: “Estamos en una recesión y es el Gobierno el que tiene que sacarnos de esto”.
Sobre esa línea, manifestó: "No voy a estar tranquilo cuando el dólar esté a 35 pesos, voy a estar tranquilo cuando se reactive esto. La corrida contra el dólar se frenó con tasas increíbles pero no hay inversión, está todo parado. Voy a estar tranquilo cuando haya ventas reales y no especulativas".
Además, se refirió a la convocatoria al paro por parte de la CGT: "Nunca van a ver una empresa hacer paro, no está en nuestro ADN", y ratificó que en Argentina “tenemos una ley de trabajo que es del siglo pasado, hay que modernizar las formas de trabajo".
Nilda Garré le contestó al Gobierno y contradijo su versión sobre los militares ascendidos

La ex ministra de Defensa defendió su decisión de separar de su cargo a integrantes de las Fuerzas Armadas en 2010 por no tener "vocación democrática".

Nilda Garré, ex ministra de Defensa y actual diputada nacional por el Frente para la Victoria, defendió su decisión de separar de sus cargos a un grupo de integrantes de las Fuerzas Armadas por no tener “vocación democrática” durante su gestión en 2010 luego de que el Gobierno de Mauricio Macri decida compensarlos económicamente y ascenderlos, a pesar de estar retirados.
Oscar Aguad, quien hoy es el titular de esa cartera, afirmó que en su momento se dejó fuera de las fuerzas a esos militares “por su apellido”, ya que muchos de ellos son familiares de represores de la última dictadura. Sin embargo, Garré lo contradijo y sostuvo que fue “por razones de mérita oportunidad y conveniencia” debido a sus actitudes.
“No considerábamos adecuado ascender a esa gente. Nos parecía que no cumplían los requisitos de vocación democrática y apego a los Derechos Humanos”, explicó la diputada.
Si bien admitió que de esos militares desvinculados “algunos eran familiares de personas condenadas por delitos de lesa humanidad muy graves”, ratificó que “la argumentación jurídica es que es fue por mérita oportunidad y conveniencia”, y que la autoridad política, como lo era ella en ese entonces, tiene la potestad de interceder para no ascender a quienes considere.
Esto, además, incluye a la ex presidenta Cristina Kirchner, quien gobernaba en 2010. En este sentido, Garré explicó que “la Presidenta podía no mandarle al Poder Legislativo un pliego si no está segura de estas personas”, en el momento en que la decisión de ascender a esos militares pasara por el Senado.
“Es una responsabilidad de la Presidenta si manda al Senado figuras que no sean una garantía de los valores que se quieren preservar en las Fuerzas Armadas”, sostuvo, y remarcó que estas personas “no eran adecuadas para integrar las Fuerzas Armadas que se buscaban”.
Angelici y D'Onofrio fueron contra Macri y no quieren visitantes en las finales

Los dirigentes de Boca y River afirmaron que no están las condiciones dadas en los estadios para poder contener a los hinchas de ambos equipos. Tampoco están de acuerdo con las fechas.

Daniel Angelici y Rodolfo D’Onofrio, los titulares de Boca Juniors y River Plate respectivamente, fueron contra el deseo del presidente Mauricio Macri de jugar la finales de la Copa Libertadores con público visitante y también manifestaron su inconformidad con la postura de la Conmebol de jugarlas en los sábados 10 y 24 de noviembre.
Ambos dirigentes afirmaron en el programa Debo Decir que no están las condiciones dadas en los estadios para que haya visitantes por la cantidad de personas que entran en las tribunas y la disposición del espacio. Por esto, cuestionaron a Macri por su polémico tuit en el que aseguró que sí se jugaría con ambos públicos.
“Si tengo que decidirlo hoy, no creo que debamos jugar con público visitante”, remarcó Angelici. “Para estos partidos, no te alcanza tener dos o tres estadios. Es muchísima gente la que quiere venir, muchísimos socios van a quedar afuera. Prefiero que, si es el 10, nos confirmen, y que sea una fiesta en La Bombonera con todos los socios de Boca, y que cuando nos toque ir festejen ellos en una fiesta con los socios de River”, planteó.
Por su parte, D’Onofrio coincidió con su par de Boca. “Público visitante para River, no”, afirmó. “Miro el partido de Rosario Central y Newell’s, jugaron en una cancha en Arsenal sin público. Y, de golpe, juegan River y Boca con visitantes. Me adhiero a todo lo que está diciendo Daniel”, sostuvo, y explicó que, para poder recibir al público bostero, deberían reestructurar una tribuna.
Angelici, íntimo amigo de Macri, también cuestionó su tuit sobre las finales y aseguró que no le consultó antes de publicarlo. “Sé lo apasionado que es del fútbol, pero él sabe que las decisiones pasan por los clubes”, remarcó. D’Onofrio, en tanto, consideró que “fue un error del Presidente” y que “hay un error de procedimiento".
Además, los dirigentes manifestaron su oposición a jugar las finales en días sábados, en parte porque “los fines de semana tenemos programados los eventos de la Superliga” y la Conmebol “inconsultamente cambió la fecha y puso el sábado”, indicó Angelici.
Otro factor, según contaron los presidentes de Boca y River, es que la comunidad judía les pidió que se haga otro día ya que, por el shabat, sus miembros no pueden ver los partidos ni asistir a los estadios.


Cuadernos del chofer: El abogado de Cristina confirmó que la ex presidenta no se presentará ante la Cámara Federal

Carlos Beraldi afirmó que la causa por las fotocopias de Oscar Centeno "tiene origen ilícito" y es "políticamente escandaloso".

El abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, aseguró que la ex Presidenta no se presentará mañana ante la Cámara Federal por "la causa de los cuadernos": "No tengo instrucción de que Cristina se presente ante la Justicia, igual es una decisión de ella".
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Beraldi explicó:"Mañana hay una audiencia técnica entre abogados, donde voy a exponer todas las arbitrariedades que hubo en la causa, es políticamente escandaloso".
"La causa de los cuadernos tiene un origen ilícito y hubo forum shopping. No busca la verdad, sino incriminar a personas bajo un manto de sospecha y dejar libres a otras", subrayó el abogado.
"Bonadio ya me confirmó que no tiene registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos"
Y calificó como "totalmente absurdo dictarle un auto de procesamiento a la ex Presidenta por la causa de los cuadernos".
”Bonadio ya me confirmó que no tiene registros técnicos de las declaraciones de los arrepentidos. No hay pruebas técnicas de cómo se obtuvieron esos testimonios”, reveló el abogado, y concluyó: ”Es muy grave que no existan grabaciones de las declaraciones de los arrepentidos”.
El nuevo sistema de compra directa de medicamentos para el PAMI

Ahora el negocio es con los laboratorios

El Presidente presentó la nueva modalidad que elimina la intermediación de las cámaras farmacéuticas, encargadas de regular y controlar el precio y la calidad de los medicamentos.

Con una férrea defensa del libre mercado y la meritocracia, el presidente Mauricio Macri oficializó la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra directa de medicamentos para el PAMI, que beneficia a los laboratorios y elimina la intermediación de las cámaras farmacéuticas que regulaban y controlaban precios y calidades. El mandatario sostuvo que esto favorecerá “la sana competencia” de las empresas y será un ejemplo de lo que para su administración “tiene que ver con una forma de vida", porque "una sociedad, para mejorar, tiene que estar dispuesta a competir y superarse”.
“Después de 20 años, el PAMI vuelve a comprar sus medicamentos directamente a los laboratorios, sin intermediarios”, celebró el jefe de Estado. El revés fue para la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos (Cooperala), que oficiaban de intermediarias en la compra de remedios.
Es decir que, a partir de ahora, el Gobierno, titular de la obra social de los jubilados, negociará a discreción precios y compras directamente con los laboratorios. “Antes, las cámaras decidían quiénes vendían y nosotros discutíamos el descuentos, pero el sistema no funcionaba. No era competitivo ni transparente”, afirmó y aseguró que esto fue lo que provocó que haya un “PAMI débil y desequilibrado, que terminaba atrasándose en el pago de medicamentos”.
Según Macri, esta medida “tiene que ver con una forma de ver la vida y la política” del gobierno de Cambiemos, en la que “una sociedad para mejorar tiene que estar dispuesta a competir, a superarse”, porque “esa sana competencia nos lleva a la innovación y al desarrollo”.
“Por eso generamos marcos a partir de los cuales todos podamos competir”, añadió el presidente y citó ejemplos de hechos que tomó su gobierno y que fueron cuestionados por su eficacia. “Lo hemos hecho con la obra pública. Hemos generado un sistema competitivo con licitaciones transparentes que bajaron los precios”, afirmó en alusión a la modalidad que consiste en la mera adquisición de pliegos y seguimiento online de un proceso licitatorio.
También mencionó como ejemplo lo que volvió a denominar “revolución de los aviones, con la que generamos empleos de calidad y bajaron los precios de los vuelos”. El Presidente se refirió al marco que abrió la llegada de las low cost, cuya calidad, servicio y seguridad no sólo son cuestionadas sino que surgieron en detrimento de las ganancias de la estatal Aerolíneas Argentinas.
Para Macri, la compra de medicamentos para el PAMI sin intermediarios es algo que “va a favorecer a la industria nacional y a las pequeñas empresas, llevándonos en la senda de superarnos”, porque se trata de “un sistema sano y transparente que nos permite cuidar al consumidor, que es el que gana cuando el sistema funciona”.
El editorial de Roberto Navarro: ¿Quién es el Bolsonaro de Argentina?

Analizó los posibles escenarios para 2019, ante un discurso de odio que busca ganar fuerza.

El director de El Destape, Roberto Navarro, se refirió al escenario electoral para 2019 y no descartó la aparición de un “Bolsonaro argentino”, incluso dentro de las estructuras del peronismo a través de Miguel Ángel Pichetto.
“Va a ver una caída nuevamente aproximadamente de un 5%. Es decir, la gente va a consumir menos, va a haber mayor desempleo y el Gobierno va a llegar a las elecciones con dos años consecutivos de recesión. Así pierde las elecciones”, comenzó el periodista en su editorial de los domingos.
“Lo que se espera es que el año que viene Macri siga cayendo pero Cristina también. Algunos piensan que la salida de Cambiemos es que Macri sea reemplazado por Vidal o Larreta, que tendrían 4 o 5 puntos más y eso sería suficiente para ganarle a Cristina. Otros ven que Cristina ya no va a caer más y que entonces le puede ganar a Cambiemos juegue con quién juegue”, detalló.
Por último, el conductor de El Destape no descartó que se instale un discurso xenófobo en los medios de comunicación para extremar las posiciones de cara al 2019: “Puede ser con Pichetto. No mide un carajo ni acá, ni Río Negro, ni en la casa, pero Bolsonaro hace tres meses tampoco medía”.


Federico Storani sobre Macri: "En Argentina no viene un Bolsonaro, ya estamos con uno"

El ex diputado y referente radical trazó paralelismos entre el plan económico del militar de ultraderecha y el presidente argentino.

El dirigente radical Federico Storani comparó al plan económico de Mauricio Macri con el que propone el presidente electo de Brasil, el fascista Jair Bolsonaro, y por eso mismo desestimó que pueda surgir un candidato similar en la Argentina porque "ya tenemos uno".
En un homenaje al fallecido Raúl Alfonsín, a 35 años de las elecciones que provocaron la vuelta a la democracia, Storani se refirió a los recientes comicios, en donde el ultraderechista derrotó al candidato del PT, Fernando Haddad. ""Algunos dicen 'cuidado si viene un Bolsonaro' y yo digo que en Argentina no viene, porque ya estamos con un Bolsonaro. Porque Bolsonaro es fascista pero el programa económico de su ministro de economía no es muy diferente de lo que plantean acá en Argentina".
Sus palabras resuenan el doble ya que Storani fue uno de los principales impulsores de la alianza Cambiemos, en la ya mítica reunión de Gualeguaychú. Allí, la Convención Nacional de la UCR votó a favor de realizar un frente con el PRO y la Coalición Cívica.
El referente del radicalismo fue más allá. Según consignó el portal Infobae, "Freddy", ex ministro de Interior de Fernando De la Rua, calificó como "malísima", "errática" y "con una dosis de soberbia" la gestión política. Y agregó: "Arman mesas que aparecen cuando las papas queman y ahí somos todos Cambiemos, luego desaparecen".
Jorge Asís reveló que Emilio Monzó dejará a Cambiemos

El analista político sostuvo que el presidente de la Cámara de Diputados "se aleja" del oficialismo por conflictos con Macri y Durán Barba, y se acercaría al massismo.

El periodista y analista político Jorge “Turco” Asís reveló la salida de Cambiemosuno de los miembros del círculo más cercano al presidente, Mauricio Macri, y un pilar para la coalición: se trata del presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.
Asís publicó la novedad en su cuenta de Twitter al tiempo que lo hacía en su entrevista de todos los jueves en Animales Sueltos, con Alejandro Fantino. De esta manera, sostuvo que se trata del “fin de ciclo en Cambiemos” para Monzó, tal como lo definió en su blog personal Jorge Asís Digital, bajo su clásico pseudónimo Oberdán Rocamora.
Según planteó el escritor, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, “fue el motivo principal de la discordia” entre Monzó y Macri, a quien éste logró llevar al triunfo como presidente hace tres años al conducirlo para “acordar con los radicales”, escribió Asís en su sitio web.
De acuerdo a este análisis, mientras que en 2015 “Monzó proponía a Massa para la gobernación y a Macri para la presidencia” para “acabar con el reinado de La Doctora”, como llama a Cristina Kirchner”, la decisión que se tomó fue otra: “La dupla Peña-Durán Barba no quiso saber nada con Massa”, y, en su lugar, María Eugenia Vidal fue la candidata para gobernadora de Buenos Aires.
“El triunfo de Vidal funcionaría, en adelante, como la frontera de acotación para Monzó. Al extremo de inhabilitarlo hasta para politiquear en su distrito, Buenos Aires”, expuso Asís, y planteó que “la dupla dominante”, es decir, Marcos Peña y Jaime Durán Barba, “se dedicaba a desbaratar cualquier idea que surgiera de Monzó”.
De esta manera, “cansado, aburrido de los retrocesos, de las ‘mesas’ inútiles donde nada se resolvía pero se multiplicaban, Monzó estuvo a punto de largar Diputados para irse de embajador”. Al final, al ver el “inicio de la cuesta abajo” de Macri, decidió quedarse “por mera solidaridad”, pero “los desencuentros prosiguieron” y “los ninguneos gestaban pacientemente el hartazgo”.
“De pronto dejó racionalmente de tomarlos en serio”, planteó el analista político, y Monzó se fijó “el último límite personal”: la aprobación del Presupuesto 2019. Fue entonces cuando, según Asís, Monzó decidió alejarse de Cambiemos, y celebró “en una parrilla” junto a “su amigo Rogelio Frigerio y con Nicolás Massot”, a quienes, en Animales Sueltos, indicó que el oficialismo debería “cuidar”.
Alperovich se diferenció de Pichetto y se encolumnó detrás de Cristina como candidata

El ex gobernador le advirtió a su jefe de bloque que "no hay unidad sin Cristina".

El senador peronista por Tucumán y ex gobernador, José Alperovich, ratificó que votará en contra del Presupuesto 2019 y cruzó a su presidente de bloque, Miguel Ángel Pichetto, por garantizar la aprobación del proyecto. A su vez, instó a la unidad del peronismo pero aclaró que “no hay unidad sin Cristina”.
En una entrevista en Crónica Anunciada, por El Destape Radio, el legislador anunció que jugará políticamente en las próximas elecciones de 2019: "Voy a ser candidato a gobernador en Tucumán” y expresó su rotundo “apoyo a Cristina Kirchner como candidata presidencial”.
Asimismo, subrayó que "Cristina es la candidata que más votos tiene, no hay unidad sin ella" y afirmó que en su provincia es “la que más mide” con una “intención de voto superior al 40%”.
“Le dije a Pichetto, a Massa y Lavagna que en la unidad tiene que estar Cristina Kirchner, porque es la que más votos tiene”, remarcó y advirtió que “los que le ponen límite a la unidad y no quieren a Cristina, son funcionales a Macri".
Frente a la discusión del Presupuesto 2019, Alperovich apuntó contra la aprobación del cálculo de recursos por parte de su presidente de bloque al asegurar que “va a matar a los jubilados y a los tucumanos".
“Siempre estuve a favor de dar gobernabilidad, pero Dios quiera que no se apruebe el presupuesto. Que se quiebre el bloque del PJ o no, da igual; lo importante acá es la gente”, sentenció.
Cimadevilla apuntó contra Garavano de "garantizar la impunidad" a los acusados del atentado de la AMIA

El ex titular de la Unidad Especial expresó su apoyo al pedido de juicio político de Carrió contra el ministro de Justicia.

El ex titular de la Unidad Especial AMIA, Mario Cimadevilla, advirtió que "el ministro de Justicia, Germán Garavano, ayudó a garantizar la impunidad de los acusados por encubrir el atentado" y respaldó el pedido de juicio político impulsado por Elisa Carrió.
En una entrevista con el programa Crónica Anunciada por el Destape Radio, Cimadevilla, expresó rotundamente: "Apoyo el pedido de juicio político a Garavano".
Sostuvo, así, que “los hechos que relata Carrió sobre el rol del ministro en la causa AMIA son ciertos".
"El Ministro de Justicia intervino directamente para no acusar a los Barbaccia y Muller, acusados de encubrir el atentado a la AMIA", expuso el ex titular de la Unidad Fiscal y apuntó que “el presidente Macri debió haber escuchado a Elisa Carrió".
Carrió frenó el nombramiento de un juez santiagueño impulsado por Macri

Sebastián Argibay, quien aspiraba a ser nombrado juez federal de primera instancia, fue impugnado porque no garantiza "la independencia del Poder Judicial"

El nombramiento de un juez de Santiago del Estero avalado por el presidente Mauricio Macri quedó este miércoles trabado en el Senado por no haber reunido los avales suficientes, luego de ser impugnado por la diputada nacional del oficialismo Elisa Carrió. La Comisión de Acuerdos del Senado sometió a tratamiento varios pliegos de jueces y fiscales elevados por el Ejecutivo, entre los que se encontraba el del presidente del Tribunal Superior de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, quien aspiraba a ser nombrado juez federal de primera instancia de esa provincia. El pliego de Argibay había sido impugnado días atrás por Carrió, quien consideró que el magistrado "en nada garantiza la independencia del Poder Judicial Federal en la provincia donde ejercerá el cargo" para el que fue propuesto. Esta impugnación de la co fundadora de Cambiemos, a la que tuvo acceso NA, se refiere a que en 2013 el Tribunal que preside Argibay habilitó la reelección del gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, ante una presentación realizada por el mandatario pese a que la Constitución local le impedía renovar el cargo. Además, Carrió señaló en su impugnación que Argibay está "sindicado como uno de los responsables de encubrir y participar de la red de narcotráfico de Santiago del Estero". En la Comisión de Acuerdos que preside el justicialista Rodolfo Urtubey, Argibay rechazó las acusaciones de la diputada y señaló que "compromiso con lo público y con la provincia ha sido una constante" en su vida. Respecto del fallo de 2013 que le permitió a Zamora ir por su segunda reelección -algo que finalmente impidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación- el magistrado santiagueño sostuvo que la cláusula constitucional que fue "cuestionada" por el mandatario era "muy clara para el gobernador pero no para el vicegobernador". "Son temas absolutamente opinables", sostuvo Argibay en el Senado, al tiempo que indicó que se trata de "casos dificiles que deben resolver" los jueces y y señaló que "todas las cortes se encuentran ante estos planteos constitucionales que a veces no tienen una solución única". Finalmente, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, señaló que su bancada iba a "analizar en función de las impugnaciones los criterios" que adoptaría y el dictamen no se firmó.
El incómodo momento de Felipe Solá al presentar su libro

Mayra Arena, la joven que cobró notoriedad al brindar una charla de TED sobre la pobreza, increpó al diputado.

Felipe Solá protagonizó un insólito momento cuando una joven, a la que él mismo había invitado al panel de la presentación de su libro autobiográfico, lo increpó al reclamarle:"Le pido que no se vuelva a olvidar de los pobres".  El hecho ocurrió el martes Torcuato Tasso, frente al Parque Lezama. Allí, el político invitó para que comenten su libro a Mayra Arena, una estudiante de Ciencias Políticas oriunda de Bahía Blanca que se hizo conocida luego de dar una charla TED sobre '¿qué tienen los pobres en la cabeza?'; y al divulgador de filosofía Darío Sztajnszrajber.    La joven analizó frente a los presentes una parte del texto y se refirió a la participación del actual diputado en el gobierno de Carlos Menem, que recordó impulsó un "neoliberalismo" que acentuó la pobreza. Ante esto, lo interpeló y le reprochó que en el libro mencionara a aquellos que luego del 2001 "no volverían al sistema".   "Es una visión interesante de la pobreza, sobre todo cuando se es funcionario, dar por sentado que alguien no va a volver al sistema, que está afuera, que ya está", le espetó para luego continuar: "Parí en el Hospital Penna y como no había sábanas ni frazadas, cuando tenía catorce años. Y usted también era parte del gobierno en los noventa". Asimismo, hizo hincapié en recordarle: "Usted se olvidó de nosotros, de los que quedamos al costado, no sólo de los adolescentes sino también de los adultos que perdieron sus empleos a los 40 años y nunca más nadie volvió a tomar y son los que hoy vemos cartoneando o que probablemente estén muertos, porque la pobreza es jodida, pero la marginalidad te mata".  Y completó:"Este libro en el que usted es siempre el bueno de la película, habla de lo que hizo, pero no habla de su principal olvido: espero que no vuelva a olvidarse del saldo que dejan los gobiernos neoliberales como el actual y ahora tuve la oportunidad de decírselo y ya no va a tener excusas".  Ante esto, sorprendido, Solá optó por no responderle y le concedió la palabra a Sztanjnszrajber, quien cerró la presentación a la que acudieron además referentes del peronismo, entre ellos Fernando Espinoza; Gildo Insfrán y Jorge Ferraresi. Una vez finalizado el encuentro, el exmiebro del Frente Renovador agradeció por Twitter "la crítica sincera y descarnada" del libro.


El papa Francisco firmó una remera del "Lujanazo" a referente de La Alameda

Ximena Rattoni, que participó de la misa contra el ajuste, se acercó al sumo pontífice en Roma para que bendiga la prenda.

Luego d la masiva movilización conocida como “Lujanazo”, como llamaron a la misa que los movimientos sociales y los sindicatos realizaron en Luján para protestar contra el ajuste y las medidas económicas del Gobierno, el papa Francisco firmó una de las remeras que integrantes del frente multisectorial 21F llevaron puesta al evento religioso.
La integrante de La Alameda Ximena Rattoni fue la encargada de mostrarle la prenda con la consigna “pan, paz y trabajo” al Sumo Pontífice en su visita a Roma, con el objetivo de que “la bendiga y la firme” en muestra de apoyo a la “unidad” del campo popular.
“Conversamos con Francisco sobre este trabajo por la unidad muy fuerte que estamos haciendo los sindicatos y las organizaciones sociales. Le hemos planteado que sería muy importante que él bendijera esa remera y que la firmara, y, de hecho, lo hizo”, contó Rattoni, quien es dirigente sindical por el Personal Jerarquico del Gas.
En este sentido, la militante remarcó: “Es una hermosa muestra de apoyo a estos trabajos por la unidad del campo popular y del movimiento obrero de cara a seguir planteándole al gobierno y a la oposición que es necesario un diálogo social urgente que cambie el modelo económico”.
Junto a Rattoni también estuvo el líder de La Alameda, Gustavo Vera. Ambos participaron de un coloquio organizado por la Academia Pontificia de Ciencias y Ciencias Sociales, en donde debatieron “sobre el futuro del trabajo y poder construir un mundo donde rija el bien común y haya trabajo para todos”, contó la dirigente.
Presidencia niega información
Secretos en Olivos

Cambiemos, que entregó prontamente el listado de visitas durante el gobierno anterior, denegó ahora esa información sobre la gestión de Mauricio Macri por supuestas “cuestiones de seguridad”. "Es un ejercicio de acceso a la información pública”, reclamaron desde la ONG Poder Ciudadano.

El Gobierno no quiso dar a conocer el registro de ingresos de personas a la Quinta de Olivos, información pública solicitada por la ONG Poder Ciudadano, que se dedica a temas de transparencia y gobierno abierto. Si bien desde el Ejecutivo aludieron a “cuestiones de seguridad” para evitar hacer público el listado de visitas, no respondieron lo mismo cuando se trató de las gestiones anteriores y entregaron los registros sin inconvenientes. “No entendemos este cambio de decisión”, cuestionó Pablo Secchi, director de la ONG.
“El gobierno actual que nos entregó en 2016 todos los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante el gobierno kirchnerista, ahora se niega a entregar los ingresos de personas a la Quinta de Olivos durante la gestión de Macri”, denunciaron desde la cuenta de Twitter de Poder Ciudadano.
El pedido de acceso a la información pública fue denegado por la Secretaría General de Presidencia por considerar que se trataba de información sensible que podría poner en riesgo la seguridad del Presidente y su familia. “Buscamos saber quién entra a la Quinta de Olivos porque allí se manejan temas de lobby e intereses. Es un ejercicio de acceso a la información pública”, le dijo Secchi a PáginaI12, que denunció el cambio de actitud del Gobierno desde el pedido anterior.
En 2016, Poder Ciudadano solicitó el registro de los ingresos a la quinta presidencial durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, información que fue brindada sin inconvenientes. De hecho, desde la ONG aseguraron que esa información fue útil para contrastar datos surgidos de las denuncias por hechos de corrupción en la causa de la fotocopia de los cuadernos.
Según Secchi, el nuevo pedido de información pública contemplaba que se tachen los datos relativos a los ingresos y salidas de los integrantes de la familia presidencial y que podían considerarse “sensibles”. Lo que realmente le interesaba a la organización, remarcó el director, son las visitas de empresarios, ministros y cualquier otra persona que pueda representar algún interés. “Nosotros cruzamos los registros con la información de actas y otras agendas. Es raro el cambio de actitud con respecto al pedido que hicimos en 2016. En general no tenemos problema con el acceso a información pública a nivel nacional, el problema se da cuando preguntás cosas sensibles”, dijo por último Secchi, que agregó que la ONG elevará el pedido a la Agencia de Acceso a la Información Pública y luego a la Justicia, si la respuesta llegara a ser negativa.
Por falta de pago, cerró una empresa que dependía del Invap

Ajuste espacial

La firma Servicios Tecnológicos Integrados, que desde 1991 participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae, debió cerrar sus puertas. Guillermo Rus, ex vicepresidente del Arsat, afirmó que es parte del ajuste presupuestario para el sector y afirmó que "el presupuesto para 2019 cae a un cuarto de lo asignado en 2016, por lo que se comprometen todos los proyectos".

La empresa Servicios Tecnológicos Integrados, especializada en tecnología espacial, participó de la construcción de los satélites Arsat y del último que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) puso en órbita en las últimas semanas. Ahora cerró sus puertas por falta de pago y por la perspectiva de escasos proyectos para los próximos años debido el recorte presupuestario. “El Invap se tuvo que endeudar hasta para cubrir los sueldos”, afirmó Guillermo Rus, ex vicepresidente del Arsat, para dar cuenta la magnitud del ajuste que lleva adelante el Gobierno.
El cierre de la STI sumó un duro golpe al sector del desarrollo espacial nacional. Creada en 1991, la empresa participó en todos los lanzamientos al espacio que realizó la Conae. En el último tiempo, sus técnicos habían formado parte de la fabricación del satélite Saocom, el Sarat, Tronador II y los Sare.
“Además del recorte presupuestario hay una nueva modalidad que es la falta de pago a los proyectos que dependen del Invap”, explicó Rus, en declaraciones a la AM 750. Según el ex funcionario, los proyectos espaciales nacionales se dividen en Arsat, con las telecomunicaciones, y la Conae, con la producción de satélites para observar la Tierra. En ambos casos, el fabricante es la Sociedad de Estado Invap y “diferentes empresas que aportan componentes”. Entre estas últimas se encontraba Servicios Tecnológicos Integrados, que tuvo que cerrar.
Para Rus, el presupuesto 2019 desfinancia completamente el desarrollo espacial. “El Arsat III está suspendido por una serie de excusas, antes hubo un intento de privatización que no prosperó. La Conae sufrió importantes recortes desde 2016. El presupuesto para 2019 cae a un cuarto de lo asignado en 2016 por lo que se comprometen todos los proyectos que tiene la agencia”, sostuvo el ex vicedirector, para quien la falta de pago en los proyectos “le generó un problema muy fuerte al Invap”.
Esta falta de recursos, según Rus, le habría generado a la empresa estatal “costos financieros muy importantes”. “Se tuvo que endeudar hasta para cubrir los sueldos”, remarcó.
Uno por uno, los senadores que se distancian de Pichetto luego del debate por el presupuesto

La definición del presidente del bloque Justicialista generó el malestar en varios legisladores, quienes ya expresaron que votarán distanciados.

Dentro del bloque Justicialista que conduce el senador Miguel Ángel Pichetto no cayó bien su definición sobre el Presupuesto 2019. Todos los días se suman legisladores para distanciarse y advertir que votarán en contra.
Los primeros en tomar distancia con el presidente del bloque fueron los senadores por tucumán José Alperovich y Beatriz Mirkin, quienes salieron a aclarar que votarán en contra del presupuesto.
"Sentí mucha bronca cuando se aprobó (el presupuesto), cuando nuestros diputados han votado, porque también se vota con el traste (en la banca, dando quórum)", señaló el exgobernador tucumano.
Luego, fue el senador Alfredo Luenzo quien adelantó que votará en contra del Presupuesto y hasta mostró su malestar con Pichetto por no haber sido informado de una reunión que mantuvo con gobernadores.
“¿Hasta dónde podemos cambiar un metro de asfalto, una cloaca, por la dignidad de la gente, por el empobrecimiento al que se somete a gran parte de la sociedad a partir de este presupuesto que lo que hace es refrendar el acuerdo con el FMI?", cuestionó el chubutense.
Esta mañana se sumó el senador formoseño José Mayans, en diálogo con El Destape Radio, quien aseguró que votará en contra, independientemente de lo que haga el resto del bloque. "Muchos senadores del bloque estamos en disidencia con Pichetto respecto al Presupuesto, el bloque está dividido", admitió.
La senadora, también por Formosa, María Teresa González, sumó su voto negativo al presupuesto al igual que su colega Mayans.
El senador Eduardo Aguilar deslizó que si “no se gradúa” el ajuste presupuestario según la realidad de los distintos territorios, el bloque Justicialista “no dará los votos”. También advirtió que el presupuesto contiene una serie de elementos muy negativos para las provincias”, como la eliminación del Fondo Solidario Sojero, de los subsidios al transporte y subsidio a la tarifa social a los servicios públicos.
Por último, en representación a la provincia de Santa Fe, el senador Omar Perotti afirmó que “el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional como está es inaceptable para Santa Fe”, y argumentó: “sacan el Fondo Sojero, no hay partidas para el pago de la deuda que tiene Nación con los santafesinos, no contempla al sector científico tecnológico ni al universitario, impone impuestos a cooperativas y faltan muchas obras para la provincia”.
La senadora Mirkin reveló que Manzur pidió el apoyo del PJ para el Presupuesto 2019

El gobernador de Tucumán solicitó al bloque que acompañe el proyecto de Cambiemos.

La senadora nacional por el bloque del PJ, Beatriz Mirkin, adelantó que "el presupuesto 2019 va a salir", aunque reafirmó su voto en contra: "Pichetto habla por la parte del bloque que lo acompaña, pero nosotros vamos a votar en contra".
En diálogo con el programa de radio Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, Mirkin enfatizó que "el presupuesto va a salir, aunque se está poniendo difícil", y remarco sus diferencias con el jefe del bloque del Peronismo: "Pichetto habla por la parte del bloque que lo acompaña".
Por otro lado, reveló una solicitud del gobernador de Tucumán: "Manzur pidió que aprobáramos el presupuesto y el pacto fiscal, pero Cambiemos no cumple". Y agregó: "No tengo relación con Manzur, pero creo que tienen acuerdos con el gobierno nacional, el problema es que después no cumplen".
Por último, se refirió al posible desafuero de la ex Presidenta: "Hasta que no haya una decisión de la Corte Suprema, no vamos a desaforar a Cristina Kirchner".
El periodista Alconada Mon ratificó en la Justicia su denuncia sobre los pedidos del Presidente a empresarios

Cuando Macri era candidato y pasaba la gorra

El periodista le dijo al juez Kreplak que Macri pedía a los empresarios que aportaran en negro el 1 por ciento de su patrimonio a la campaña de Cambiemos. Esto se suma a las pruebas de aportantes truchos en la provincia.

Una vertiente clave se abre en la investigación sobre los aportantes truchos que aparecen en las rendiciones de fondos de las campañas de Cambiemos de 2015 y 2017, y apunta directamente a Mauricio Macri. El periodista Hugo Alconada Mon, del diario La Nación, ratificó ante el juez platense Ernesto Kreplak que cuando era candidato, el Presidente les pedía a los empresarios el 1 por ciento de su patrimonio para financiamiento electoral y les aclaraba que debía ser en negro. Es lo que cuenta en su libro La raíz de todos los males, donde también detalla distintos métodos de recaudación y algunas de las empresas más entusiastas, entre ellas varias contratistas del Estado, y parte incluidas en la causa de las fotocopias de los cuadernos. En el expediente que tramita en el juzgado federal de La Plata, ya hay constancias de que un cuarto de los aportantes de campaña en 2017 que fueron declarados por Cambiemos son personas de bajos recursos cuya identidad fue utilizada para justificar donaciones de origen desconocido. Son 1147 beneficiarios de planes sociales y monotributistas sociales, sobre un total de 4721 aportantes. Otro hallazgo reciente reveló que en solo dos días –4 y 5 de octubre del año pasado– hubo casi 200 depósitos por los cajeros automáticos de dos sucursales del Banco Nación, una de ellas a metros de la Casa Rosada, de dinero de la campaña bonaerense.  También comenzaron citaciones por esos extraños movimientos.
La declaración testimonial de Alconada fue requerida por Noemí Viera, una de las querellantes en la causa que instruye Kreplak, cuya identidad fue utilizada para justificar aportes de campaña que ella asegura que nunca hizo. Viera vive en Villa Itatí, tiene cinco hijos y es beneficiaria de un plan social, por lo que supone que sus datos fueron tomados de esa base. En base a declaraciones que había hecho el periodista pidió que fuera convocado, ya que “describió un modus operandi” que “se habría utilizado para el financiamiento de las campañas de la Alianza Cambiemos”. Kreplak investiga posibles delitos como asociación ilícita y lavado de dinero. Una de las imputadas, María Fernanda Inza, ex tesorera del PRO y ex contadora general de la gobernadora María Eugenia Vidal –también denunciada–, pugna porque la causa quede únicamente en manos de la justicia electoral, lo que implicaría licuar responsabilidades penales y que las consecuencias se limiten a multas o sanciones. En el fuero federal porteño, gracias a una decisión del presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, buena parte de la investigación por lavado que tramitaba allí fue derivada al juez electoral platense, Adolfo Ziulu. Casanello se quedó con una parte: investiga aportantes truchos en la Ciudad de Buenos Aires. Ziulu hasta el momento mostró fuertes gestos por poner fin a la causa penal y quedarse con un expediente electoral.
“Quiero el 1 por ciento de tu patrimonio para financiar mi campaña. Vos sabés que si yo gano, normalizaremos el país y el 99% restante de tu patrimonio va a valer muchísimo más”, es la frase que Alconada Mon le atribuye al presidente Macri, en los tiempos en que “pasaba la gorra” y preparaba su campaña para llegar a la Casa Rosada. También agregaba Macri, según cuenta el periodista, que los aportes no debían ser en blanco.  Aquella campaña, dice el libro, costó 1760 millones de pesos pero que el monto reportado a la Cámara Nacional Electoral fue once veces más bajo. Alconada ratificó todo este relato, resguardando la fuente, cuando fue a declarar ayer al juzgado de Kreplak. Según su relato, Vidal también pedía directamente aportes a los empresarios: 500 mil pesos en cash. La investigación incluye las campañas del kirchnerismo, pero la causa penal en cuestión está enfocada en el dinero recibido y manejado por Cambiemos. El periodista explicó que las modalidades de recaudación eran variadas: así como había aportes de dinero en negro, en efectivo, también los había en especies –desde el uso de aviones hasta catering–, aportes voluntarios de militantes y funcionarios y también de proveedores del Estado. Precisó que el equipo de recaudación de la campaña presidencial fue liderado por el empresario Nicolás Caputo y el ex funcionario Edgardo Cenzón, que fue director de Compras y Contrataciones del gobierno porteño y luego se conoció que en esa misma época era titular de un fondo de inversión (no declarado) en las Islas Bermudas. Entre las empresas que pusieron dinero en negro para campañas Alconada menciona y reiteró en el juzgado: “los Rocca (Techint), los Bulgheroni y los Roggio, así también como Eduardo Eurnekian y Daniel Vila y Jorge Born (h)… como antes lo fue Amalia Lacroze de Fortabat y Enrique Pescarmona conoció tiempos mejores”. Añade a la Cámara de los Laboratorios Farmacéuticos. Y aportes que aparecen a título personal  para el PRO corresponden, dice, a empresas como Trafigura con un récord de 3,1 millones de pesos de uno de sus más altos ejecutivos y agrega a un grupo de contratistas de la ciudad de Buenos Aires: Irsa, Raghsa, Isolux, Vialmani, Impsa y Caputo Hermanos. Son sólo algunos de sus ejemplos.
Como las empresas no pueden hacer aportes para las campañas electorales, suelen aparecer nombres de particulares. O puede suceder, como en las investigaciones en marcha, que se usurpen identidades y se las use para justificar donaciones. El hallazgo de decenas de nombres de personas de bajos recursos que aparecían aportando a la campaña de 2017 en la provincia de Buenos Aires en fue del periodista Juan Amorín, del El Destape. El juez Kreplak, a través de un cruce de datos estableció que de 4721 aportantes (personas físicas) el 24 por ciento son beneficiarios de planes y monotributistas sociales. Durante la pesquisa fueron apareciendo casos distintos: candidatos a concejales, consejeros  escolares y hasta intendentes que dijeron no haber aportado nada pero figurar en los listados confeccionados por Cambiemos. En la causa a cargo de Casanello, se sospecha que hay funcionarios que entregaron datos de empleados o funcionarios de segunda línea para justificar dinero de empresas, posiblemente contratistas. La declaración de Alconada Mon será importante para empezar un posible rastreo del dinero.
Días atrás, además, el juzgado se topó con otro movimiento dudoso, que –además– viene a desacreditar la teoría de la gobernadora Vidal según la cual la “bancarización” de aportes transparenta los procedimientos y soluciona todo. El juzgado platense descubrió que el 4 de octubre de 2017 se hicieron depósitos en dos cajeros contiguos por un millón de pesos en una sucursal del Banco Nación en la avenida Alvear, en Recoleta. Era plata para la campaña de la provincia de Buenos Aires, a nombre de 24 supuestos aportantes. Un día después, hubo más depósitos sucesivos de dinero para la campaña bonaerense en una sucursal del mismo banco en Plaza de Mayo, muy cerca de la Casa Rosada. En total fueron casi 200 depósitos en solo tres cajeros de dos sucursales, en pocas horas. Una cuenta de Cambiemos está en la sucursal La Plata del Banco Nación, pero la bancarización se hizo en el centro porteño. Este descubrimiento muestra que hubo aportes en efectivo que se introdujeron en el sistema bancario. Las cámaras de seguridad ya no están, pero el rastreo de la ruta de esa plata continúa. Esta semana declaran algunos de los supuestos aportantes que figuran allí.
Revelan una cámara oculta que compromete a Triaca en una estafa millonaria

El ministro devenido en secretario no logra ocultar su intimidad y vuelva a quedar expuesto en un nuevo negocio oscuro.

Jorge Triaca vuelve a quedar expuesto en su manejo mafioso de los distintos gremios con los que interactua en su labor como (ahora) secretario de Trabajo.
En esta oportunidad, el programa ADN Recargado mostró un cámara oculta en la que se puede ver al chofer personal del ex ministro retirando de paquetes de dinero de la caja fuerte del gremio de vigiladores privados.
Según las acusaciones, él es el responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados (UPSRA), intervenido por la dependencia a su cargo. La denuncia, que fue presentada por afiliados puntualiza el desvío de $15 millones del sindicato a empresas que estarían vinculadas a la familia del funcionario.
Bienes Personales: el PJ y el Gobierno negocian exceptuar a viviendas únicas

Representantes de gobernadores se reunirán esta semana con Miguel Ángel Pichetto para analizar el impacto de la rebaja en la alícuota.

Los representantes del Partido Justicialista (PJ) en el Senado presentó modificaciones al proyecto de ley de Bienes Personales, aprobado en Diputados, para evitar que sean alcanzadas por el gravamen las viviendas familiares valuadas por montos menores a 18 millones de pesos (U$S480 mil).
El jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, mantendrá hoy una reunión con los gobernadores del peronismo para intentar persuadirlos sobre los cambios, debido a que ya había dado su aval para esta reforma.
El encuentro, confirmado por Pichetto a la prensa, se desarrollará desde las 11 en la Cámara alta, y participarán ocho mandatarios provinciales, entre ellos el cordobés Juan Schiaretti, el entrerriano Gustavo Bordet, el riojano Sergio Casas, la catamarqueña Lucía Corpacci y la fueguina Rosana Bertone.
Los mandatarios provinciales habían aceptado las modificaciones en Bienes Personales como parte de la compensación que recibirán las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte y de la tarifa social eléctrica, que significó un brutal ajuste en las arcas provinciales.
El proyecto aprobado en Diputados con 130 votos a favor, 38 en contra y ocho abstenciones, eleva el mínimo no imponible de este tributo de 1.050.000 pesos actuales a 2.000.000 a partir de 2019.
Así, aquellos que declaren bienes por entre $2.000.000 y $5.000.000 pagarán una tasa de 0,25%; de $5.000.000 a $10.000.000 tributarán 0,50%, y a partir de los $20.000.000, la tasa será de 0,75%.
La propuesta de Pichetto es que los inmuebles destinados a vivienda personal queden exceptuados del tributo hasta un valor de alrededor de $18.000.000, para evitar un impacto sobre buena parte de la clase media.
Por decreto, el 30 de noviembre será feriado en la Ciudad

La necesidad y urgencia del G20

A pesar de haber despotricado contra los feriados puente turísticos con el argumento de que afectaban “la competitividad productiva”, el Gobierno decretó ahora que el 30 de noviembre sea feriado en la ciudad de Buenos Aires por la realización de la Cumbre del G20. Se espera un megaoperativo de seguridad.

A través de un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno estableció que el próximo 30 de noviembre será feriado en el ámbito de la capital con motivo de la realización la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20 (G20). Se espera la presencia, entre otros, del estadounidense Donald Trump y del ruso Vladimir Putin y habrá múltiples protestas contra la cumbre.
La norma contradice el discurso contra los feriados que enarboló el presidente Mauricio Macri al asumir y que llevó eliminar por decreto en enero del año pasado a los "puentes turísticos". Finalmente en septiembre de 2017 el Congreso restableció a los feriados extra largos, pero los dejó atados a la decisión del Poder Ejecutivo. El Presidente tiene la facultad de estableces tres, uno o ninguno.
El decreto publicado hoy lleva la firma del mandatario, del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y de todos los ministros. Señala que debido "a los diversos aspectos que involucra la organización de la Cumbre –logísticos, de seguridad, de transporte, entre otros– se impone la adopción de medidas que tengan como finalidad facilitar su organización y desarrollo".
Tras indicar que "el G20 es el principal foro de coordinación económica mundial con creciente gravitación en temas de naturaleza política, que está integrado por diecinueve países más la Unión Europea", el Gobierno destacó que el "evento más importante" del encuentro es la Cumbre de Líderes, que tendrá lugar el viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre.  "Se estima que ocho mil personas concurrirán a la Cumbre, entre los Líderes y sus acompañantes, los sherpas, las autoridades ministeriales, las delegaciones, el personal de seguridad y la prensa", se informó.
"A modo de ejemplo, existen diversos aspectos que deben ser resueltos con intervención de diversas áreas de gobierno, tales como las medidas de defensa y de seguridad, el traslado de los funcionarios, y demás cuestiones atinentes al evento propiamente dicho, que deben respetar los estándares internacionales de eventos similares", puntualizó el Ejecutivo.
El Gobierno recordó que el 20 de julio pasado envió un proyecto de ley para que decrete feriado el 30 de noviembre en el ámbito de la Capital. Pero remarcó que hasta el momento el proyecto "no ha sido tratado", por lo que "ante la cercanía de la fecha de celebración de la Cumbre y con la finalidad de no dificultar su organización y celebración, resulta necesario establecer el feriado en los términos expuestos".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, prepara un megaoperativo y ya anticipó que la represión de la semana pasada en la marcha contra el Presupuesto fue pequeña al lado de la que tendrá lista para la cumbre del G20. Dijo que el operativo va a ser “muy superior” para que el evento se desarrolle de manera “ordenada y pacífica”. “Si alguien quiere lograr lo contario se va a actuar rápidamente para proteger al evento”, amenazó.
Presupuesto 2019: Abogados ligados a Cambiemos denunciaron a diputados opositores por la sesión

El Colegio de Abogados de la calle Montevideo acusa a los dirigentes de la oposición de querer impedir el tratamiento de la ley.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires denunció penalmente a diputados de la oposición, a quienes acusó de intentar "impedir el desarrollo de la sesión por el Presupuesto 2019" el pasado miércoles en la Cámara baja.
La entidad también denunció "a todas las personas que intervinieron en los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Congreso de la Nación el 24 de octubre por el delito de daños agravados con el fin de impedir el libre ejercicio de la autoridad, alzamiento y perturbación del orden de las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales".
Sobre los legisladores, el Colegio de Abogados subrayó: "Las imágenes permiten acreditar, de parte de ajenos al debate, y también por legisladores en funciones, la intención de impedir o perturbar el orden de la sesión por la ley de presupuesto".
El Colegio de Abogados, presidido por Guillermo Lipera, apuntó contra los "manifestantes que ocasionaron disturbios en las inmediaciones del Palacio Legislativo y personal y legisladores que dentro del recinto de la Cámara de Diputados intentaron impedir o perturbar el orden de la sesión por la Ley de Presupuesto" 2019.
La presentación quedó en manos del Juzgado Federal 2, que preside el magistrado Sebastián Ramos. La entidad cuestionó "la planificada operatoria que muestra la utilización de armas propias e impropias, como las bombas molotov, gomeras y todo tipo de objetos contundentes" durante la protesta, con el objetivo de "impedir el ejercicio de funciones constitucionales del Poder Legislativo Nacional".
Macri encabezó un homenaje a Raúl Alfonsín en la Casa Rosada con mucha presencia radical

Un gesto para tranquilizar a los aliados

La excusa fueron los 35 años del triunfo electoral de Alfonsín. Pero el objetivo fue distender la relación del Gobierno con el radicalismo, luego de los tironeos por los cargos y algunas medidas.

Apaciguar los ánimos y volver a la cordialidad de los aliados. Ese fue el tono del acto que encabezó el presidente Mauricio Macri con los radicales macristas al cumplirse 35 años de la victoria de Raúl Alfonsín en 1983, elección que le abrió las puertas a la etapa democrática actual. “Hablar del poder de la democracia es hablar también de su legado, de los valores que inspiró, y que debemos fortalecer cada día para construir esa Argentina que soñamos”, señaló Macri en un Museo de la Casa Rosada plagado de familiares del ex presidente radical y de dirigentes y funcionarios de la Unión Cívica Radical.
“El mejor homenaje es demostrar que somos capaces de construir una Argentina unida, como él soñó, con instituciones sólidas que mejoren la vida de nuestra gente”, destacó el presidente aludiendo al último presidente radical que llegó de la mano del partido y no en una alianza con otros partidos. El acto constituyó un gesto hacia los aliados radicales del macrismo después de los desencuentros por las diferencias con el proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo y el proyecto de la UCR para que los jueces paguen el impuesto a las Ganancias que no fue siquiera tratado por en el Congreso.
El acto fue en el marco de la inauguración de la muestra homenaje Alfonsín por Alfonsín, dedicada al primer presidente de la democracia al cumplirse 35 años de las elecciones de octubre de 1983 en las que el peronismo representado por Italo Luder perdió su primera elección en la historia y en las que se impuso la UCR de Alfonsín después de los siete años de dictadura. Fotos y objetos personales de Alfonsín forman parte del muestrario que además cuenta con videos y audios del primer período de la democracia que entonces constaba de seis años.
Entre los que se acercaron a homenajear a Alfonsín se encontraban el ex presidente de la Alianza Fernando de la Rúa, el senador que asumió la presidencia interina en el 2002, Eduardo Duhalde, y el ministro de Economía, José Luis Machinea. Además los dirigentes radicales Facundo Suárez Lastra, Aldo Neri y Gustavo Valdez, y los ex ministros del Interior Enrique “Coti” Nosiglia y de Defensa Horacio Jaunarena. La familia del ex presidente Alfonsín participó casi en pleno incluido su hijo el ex diputado Ricardo Alfonsín, quien aseguró que si su padre “estuviera con nosotros estaría procurando trabajar por el diálogo, por la búsqueda de consensos, por escuchar al que piensa diferente, porque estaba convencido de que nadie es dueño de la verdad. Eso es lo que debemos rescatar en la política”.
La vicepresidenta Gabriela Michetti y los jueces de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco, así como el presidente de la UCR y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvieron entre los invitados especiales al acto, lo mismo que el diputado Martín Lousteau, posible candidato del radicalismo en la Ciudad o a nivel nacional para el año que viene.
“Que juntos podamos encontrarnos en una visión de largo plazo y de construcción colectiva en la que, más allá de las diferencias y las dificultades de cada día, nos mantenga el foco puesto en construir un Estado al servicio de la gente”, afirmó Macri en el discurso que se extendió por cinco minutos. “Esa es la revolución por la que Alfonsín luchó, y esa es la revolución que estamos haciendo juntos y en paz gracias a una mayoría madura que rechaza la violencia de acción y de palabra”, aseguró el Presidente.
Pichetto: "Caputo se fue con ataques de pánico"

El dirigente hizo una cargada crítica al ex presidente del Banco Central y lo atacó por haber renunciado cuando Macri negociaba el segundo acuerdo con el FMI.

El senador nacional por Río Negro Miguel Ángel Pichetto repartió críticas a la gestión de Luis Caputo en el Banco Central, en medio del debate de comisión sobre el Presupuesto 2019.
Mientras analizaba los puntos más fuertes del proyecto de ley oficial, el legislador peronista recordó el paso del empresario por las oficinas del organo estatal y no dudo en denostarlo: "Traen CEOs capacitados, tres meses nos inventan la reforma tributaria y después se mandan a mudar".
"No aguantan la presión. El presidente del Banco Central se fue con ataques de pánico. Es metafórico, pero si alguien analiza las conductas, es lamentable. Mientras Macri negociaba con el Fondo en Washington, ¡este hombre le reinició desde buenos aires! ¡La verdad que lamentable!", finalizó.
Cuántos feriados quedan en 2018 y qué días serán

El Gobierno oficializó la decisión de que el 30 de noviembre sea feriado. ¿Qué otros días no laborables quedan?

El gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 967/18 que establece como feriado el día viernes 30 de noviembre de 2018 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por la celebración de la Cumbre de Líderes del Grupo de los 20. ¿Qué otros feriados quedan? El primer feriado que viene es el lunes 19 de noviembre en conmemoración por el 20 de noviembre que es día de la Soberanía Nacional. Luego, el ya establecido franco del 30 de noviembre, con la salvedad que este solo será válido para la Capital Federal. En el resto del país será un día laborable como cualquier otro. El segundo feriado es el 8 de diciembre que se conmemora el día de la Inmaculada Concepción de María, pero cae sábado. Los demás feriados son por las fiestas de fin de año y son puentes. Serán el 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y 1 de enero.
Dos senadores de la oposición anticipan sus posturas sobre el presupuesto

El debate sobre los números del ajuste

Sacnun señala que el Gobierno necesita el presupuesto para posicionarse ante el FMI y el G-20 y señala que impulsarán “una discusión punto por punto”. Mera reconoce que el peronismo federal podría volver a votar dividido.

MARÍA DE LOS ANGELES SACNUN, SENADORA DEL FPV POR SANTA FE
“Pretenden un trámite sumarísimo”

Para María de los Angeles Sacnun, senadora nacional del Frente para la Victoria por Santa Fe, el Gobierno “quiere el presupuesto como una herramienta en materia internacional, tanto con el FMI como con el posicionamiento político en la cumbre del G-20”. Descree de los opositores que votaron a favor del presupuesto para evitar mayor discrecionalidad del Gobierno a la hora de repartir recursos: “La contradicción es que el 48 por ciento de las erogaciones que se producen en el presupuesto se destinan al pago de los intereses de la deuda”, mientras se ajusta en áreas sensibles como educación, salud, ciencia y organismos del Estado “cuyas partidas presupuestarias fueron subejecutadas” este año.
–¿La media sanción en Diputados se convertirá en un mero trámite para el oficialismo en el Senado o tendrá que admitir cambios?
–Lo correcto es que se lleve adelante una discusión punto por punto del presupuesto. En primer lugar teniendo en cuenta una cuestión central que es el acuerdo con el FMI realizado a espaldas del Parlamento argentino y en contradicción con lo que dispone la Constitución Nacional en cuanto a las atribuciones que tiene el Parlamento sobre la toma de deuda. Lo que hay que señalar es que se pretende un trámite sumarísimo del Presupuesto en virtud de que salió la media sanción a horas de que se reuniera el Consejo Ejecutivo del FMI, lo que marca que la agenda la terminan marcando no las cuestiones internas de la defensa de los intereses de los jubilados, los sectores medios, los trabajadores, ni la educación pública, ni la salud, ni la ciencia y tecnología, sino la agenda internacional. Y ahora la que está marcando los tiempos es la reunión del G-20.
–Sobre el endeudamiento externo hubo dos definiciones: en Diputados no pasó la reforma a la Ley de Administración Financiera para refinanciar la deuda externa a valores de mercado y otra que mantiene la posibilidad de endeudarse por 60 mil millones de dólares más que lo acordado con el FMI. ¿Considera que este último punto pueda generar resistencia en el Senado?
– Lo vamos a plantear porque es central, como lo planteamos en la Comisión de Seguimiento de la deuda externa por la reforma a la ley de administración financiera que pretendía dejar atada al mercado una posible reestructuración de deuda. Queremos establecer el tope del endeudamiento, que lamentablemente se abrió con la modificación a la ley cerrojo para pagarles a los fondos buitre y que comenzó un ciclo de endeudamiento que parece no tener fin. Frente a esto, queremos dar el debate y de ninguna manera hay que soportar que se plantee que en nombre de la gobernabilidad no se pueda discutir profundamente sobre el endeudamiento de la Nación.
–¿Qué otras cosas le preocupan del presupuesto tal como salió de Diputados?
–La que tiene que ver con la educación y el fondo de incentivo docente; la desarticulación en materia de ciencia y tecnología; la ausencia de una mirada sobre las pymes industriales, donde cada cien pesos solo diez centavos se mantienen en la industria, con un Gobierno que reprimariza la economía y pulveriza la industria nacional. Hay una baja del 40 por ciento de inversión en vivienda. La destrucción del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Otra es la descapitalización del Banco Nación, poniendo en riesgo la banca pública en un modelo productivo y de desarrollo con inclusión social, y que también profundiza la precarización laboral de sus trabajadores. También hay una modificación para que la banca pública pueda financiar PPP (contratos de Participación Público-Privado), que puede abrir una catarata de juicios contra el Estado porque quienes participaron en su momento lo hicieron en otras condiciones con el financiamiento privado.
–A pesar de estos cuestionamientos es difícil que el Gobierno dé marcha atrás y acepte cambios después de haber atravesado el escollo que significaba la Cámara baja. ¿Considera viable las modificaciones?
–Me parece que no y lo demuestra el cronograma que está circulando en el Senado sobre el tratamiento del Presupuesto. Hay una agenda armada con una ronda de presencias de funcionarios nacionales y una fecha del 14 de noviembre para discutirlo en el recinto, con lo cual advertimos que el Gobierno no tiene ninguna voluntad de modificar estructuralmente este Presupuesto. Se podrá introducir una obra más o menos. En Santa Fe necesitamos obras muy importantes y necesitamos ponerles fecha de ejecución, así como afecta la quita de subsidios en tarifas sociales en materia de energía o la quita de subsidios en transporte, en salud, pensiones por discapacidad, y en materia productiva. Pero todo pasa a segundo plano cuando se advierte que este presupuesto tiene un rumbo que destroza al aparato productivo y el empleo. Como dato, la cámara argentina de la maquinaria agrícola plantea que hay 7 mil puestos de trabajo en riesgo por un programa económico de retracción estrepitosa de la industria. Este presupuesto expresa eso.
–El acuerdo con los gobernadores peronistas parece haberle allanado el camino al oficialismo. Muchos de esos diputados opositores argumentaron que sin presupuesto el Gobierno central tendría mayor discrecionalidad para distribuir los recursos. ¿Considera este argumento válido?
–No lo creo, porque me parece que la contradicción es que el 48 por ciento de las erogaciones que se producen en el presupuesto se destinan al pago de los intereses de la deuda. Se autoriza subrepticiamente y se legitima al Gobierno y a las autoridades monetarias a seguir adelante con este acuerdo con el FMI. Esta es la contradicción preliminar que debemos señalar. Esto desbarata la supuesta discrecionalidad hacia el uso de las partidas, además porque en este año las partidas aprobadas en el presupuesto 2018 están absolutamente subejecutadas, al tiempo que se descalabra el INTA, el INTI, el Senasa. Por lo que me parece que a este Gobierno no le interesa el presupuesto interno de la Nación y siguen manejándose con absoluta discrecionalidad. Quieren el presupuesto como una herramienta en materia internacional, tanto con el FMI como con el posicionamiento político en la cumbre del G-20.


DALMACIO MERA, SENADOR POR CATAMARCA, DEL BLOQUE JUSTICIALISTA
“Puede afectar las economías regionales”

Dalmacio Mera, senador del Bloque Justicialista por Catamarca, considera que si la gobernadora de esa provincia, Lucía Corpacci, avaló el presupuesto del Gobierno para 2019 es porque la provincia podrá “sobrellevar” sus obligaciones sin inconvenientes. Igual, advierte que hay que revisar cómo los recortes en el Estado Nacional afectan a las economías regionales, insiste en que si se conforma una mayoría para introducir modificaciones Cambiemos “las tendrá que aceptar” y admite que, al igual que en Diputados, el peronismo federal podría votar dividido.
–Los diputados que responden a la gobernación de su provincia votaron a favor del Presupuesto. ¿Usted hará lo mismo?
–Ya hemos trabajado en conjunto con el bloque de diputados y cómo llegan al Senado los puntos que no compartimos. En eso también es muy importante lo que opina cada gobernador y, en mi caso, la gobernadora de mi provincia. A partir de allí iremos fijando posición.   
–¿El voto a favor de los diputados catamarqueños no marca que la gobernadora estaría conforme con las modificaciones que han realizado?
–Considero que en principio la gobernadora estaría conforme con esas modificaciones, pero eso no quita que nosotros en el Senado podamos hacer un análisis del Presupuesto.
–Luego del trabajo que realizaron junto a los diputados de su bloque, ¿qué es lo que más le preocupa de lo que sigue firme en el Presupuesto?
–Particularmente, cómo ciertas medidas pueden afectar a las economías regionales y el aporte que hacen los organismos nacionales a su desarrollo. Ya hemos tenido la desagradable injusticia de despidos importantes en organismos que hacen a la vida de nuestra provincia, como por ejemplo la gente de Economía Familiar sufrió muchísimos despidos y para nosotros es una herramienta importante para la producción en muchos de nuestros departamentos, que son economías muy pequeñas. Y si en ese caso nada juega a favor y tampoco tienen cómo sostener el acceso al asesoramiento técnico, y tenemos un sinnúmero de bajas en el INTA, se acumula el viento en contra. Vamos a ver cómo figura en el Presupuesto para ver si lo avalamos o no.
–¿Considera que el oficialismo pueda aceptar cambios?
–El presupuesto es el plan de gobierno del Ejecutivo, donde el Congreso ve si lo avala o no y puede proponer cambios. Si hay una mayoría que proponga algún cambio, lo tendrá que aceptar.
–Uno de los puntos que desató mayores polémicas en Diputados, que sin embargo no lograron modificar, fue que el presupuesto habilita al Gobierno a contraer un endeudamiento de 60 mil millones de dólares adicionales a los que ya acordó con el FMI. ¿Ustedes avalarían un mayor endeudamiento?
–En nuestro caso en particular, tenemos presentado hace un tiempo largo un proyecto para controlar los fondos originados en créditos. La idea es ver si el endeudamiento es para financiar la propia deuda, si es un círculo vicioso que no trae ningún resultado. Ahora si los créditos están atados a políticas de un desarrollo productivo y generación de riqueza, entendemos que son virtuosos. Pero hoy vemos desgraciadamente que los créditos solo están vinculados a sostener el sistema financiero, y si solo se destinan para eso sigue siendo muy negativo para la Argentina.
–El presupuesto tiene recortes importantes en salud, educación, ciencia y tecnología, y en organismos nacionales como el INTA y Vialidad. ¿Eso no afecta a las provincias?
–Con seguridad. El presupuesto es el plan de gobierno de los Ejecutivos y por eso nuestro reclamo, cuando se comenzó a discutir, fue que el Presidente convocara a los gobernadores. Y en mi provincia, que la gobernadora convocara a todos los intendentes, porque en definitiva son quienes manejan el presupuesto y están en condiciones de saber si esos recortes van a poder sostener o no políticas elementales. Y en lo que respecta a Catamarca, se supone que van a poder desarrollar el próximo año sin inconvenientes.
–¿No debería ser preocupación de los gobernadores cómo afectan esos recortes al desarrollo del país, independientemente de que hayan conseguido alguna mejora en su provincia?
–Los gobernadores conocen con precisión cómo afectan esos recortes a sus provincias. En el caso de Catamarca, un trabajo muy importante que se realizó ni bien comenzó esta gestión nacional fue reclamarle al gobierno central el reconocimiento de la detracción del 15 por ciento de los recursos provinciales que iban para la Anses y que no se realice más en base a la resolución de la Corte Suprema a favor de otras tres provincias. Y eso le ha dado particularmente a Catamarca un perfil financiero que la hace superavitaria, que no está endeudada y que hoy tiene más de 2 mil millones en su cuenta. La gobernadora lo ha hablado con los intendentes y el gobierno nacional y considera que podrá sobrellevar el año próximo con esos recursos.
–No pocos diputados opositores que acompañaron el presupuesto afirmaron que era malo, pero era mejor que el Gobierno lo tuviera para que no pudiera manejar con mayor discrecionalidad los recursos. ¿Piensa lo mismo?
–En un proceso inflacionario como el que vivimos, si el Ejecutivo no estuviera atado a un presupuesto tendría mayor discrecionalidad para manejarlos. Después habrá que ver cómo se usa. Quedaríamos más en manos de la figura de un buen gobernante que de instituciones. Por eso hemos creado la oficina de ejecución presupuestaria que nos permite monitorear cómo van los gastos. No tener presupuesto es algo grave, lo hemos padecido en la provincia y también en la nación. Pero vamos a hacer los análisis en el bloque y cada uno hará los aportes para intentar tener una posición en conjunto.
–¿Puede habar posturas divididas, como su sucedió en Diputados?
–Ha pasado en el bloque de senadores y puede pasar con el Presupuesto. Siempre intentamos tener una posición conjunta pero si no la hay puede ser que haya senadores que voten en forma diferente.
–¿En lo personal considera que hay que votarlo?
–En lo personal lo quiero ver con detenimiento, y está claro que va a reflejar la realidad que vivimos: una economía que cae en su actividad, en productividad y empleo. Sobre esta realidad, vamos a ver qué refleja el presupuesto.
Presupuesto 2019: una senadora peronista definió que votará en contra

La legisladora Beatriz Mirkin adelantó que con el senador Alperovich no acompañarán el proyecto y se plantó en contra de Pichetto.

En la previa del debate del Presupuesto 2019 en el Senado, la senadora por Tucumán y vicepresidenta de la comisión presupuestaria, Beatriz Mirkin anunció que junto a su compañero José Alperovich votarán en contra del cálculo de recursos al definir que “no se plantea un mejoramiento del Estado”. Además, apuntó contra el presidente del bloque Justicialista, Miguel Ángel Pichetto.
En una entrevista en Crónica Anunciada por El Destape Radio, la legisladora planteó que el país atraviesa “una situación difícil porque hay hambre en la Argentina” a lo cual aclaró que si venían “acompañando el proceso de aprobación del Presupuesto es porque implicaba que el presidente iba a cumplir determinadas cuestiones pero no hubo un mejoramiento del Estado y de las cuestiones esenciales como la salud, educación y alimento”.
“La situación que se plantea en el Presupuesto es que no hay mayor inversión social, lo que ha resuelto este Gobierno es tratar de tener callado y largar algo de alimento y plata a los sectores más bajos y a algunos movimientos sociales. Pero a las provincias envía tarde los recursos y una persona no puede decidir comer un día sí o un día no”, arremetió.
Y sentenció que “lo único que garantiza es el pago de los intereses de la deuda”.
Asimismo, Mirkin apuntó contra sus compañeros de bloque se anticiparon el acompañaron al proyecto, principalmente contra Pichetto quien no convocó a reunión de bloque ni le consultó, a pesar de que es la vicepresidenta de la Comisión de Presupuesto.
“Soy vicepresidenta en la Comisión y el senador Pichetto no me ha hecho participar de alguna reunión de negociación, no me ha consultado ni me ha preguntado. Se ha enterado por los diarios la posición que hemos tomado”, reveló la senadora y chicaneó con que el presidente de bloque “es una persona sumamente ocupada con la cual cuesta mucho hablar”.
Hoy comienza en Esquel el juicio contra cinco personas que se solidarizaron con la comunidad mapuche

Con las víctimas en el lugar de los acusados

En enero de 2017, cinco personas sufrieron represión policial y apremios ilegales cuando se solidarizaron con la comunidad de Cushamen. Sus denuncias fueron ignoradas y, en cambio, desde hoy serán juzgadas por supuesta resistencia a la autoridad y uso de armas.

Santiago Maldonado no fue el primer desaparecido en Cushamen. El 10 de enero de 2017 un grupo de personas acudió a la Pu Lof en Resistencia ante la salvaje agresión que había sufrido esa comunidad mapuche, y fue reprimido al borde de la muerte, detenido con apremios ilegales y durante varias horas nada se supo de ellos. Les iniciaron una causa y hoy comienza el juicio en el que Ivana Huenelaf, Jorge Buchile, Daniela González, Gustavo Jaime y Javier Huenchupan están acusados de uso agravado de armas de fuego y resistencia a la autoridad. En tanto, los policías y empleados de Benetton que los secuestraron y torturaron siguen impunes. “Los vamos a desaparecer”, repetían los uniformados en esas largas horas, en lo que fue la antesala de la cacería del 1 de agosto tras la cual Maldonado estuvo desaparecido, hasta que su cuerpo sin vida apareció el 17 de octubre en el Río Chubut. “India sucia, tomate tu propia sangre”, le gritaron a una mujer mapuche que estaba presa.
Huenelaf, Buchile, Huenchupan, González y Jaime –junto a Pablo y Gonzalo Seguí, que ya fueron sobreseídos por el presunto delito de abigeato– no imaginaban que aquel día iban a exponer sus vidas cuando respondieron los pedidos de ayuda desesperados por Whatsapp, tras haber escuchado por FM Alas que había heridos graves, como Emilio Jones, a quien un balazo le destrozó la mandíbula, y Fausto Jones Huala, que perdió un tímpano. “Fue una situación triste y desconcertante, niños y mujeres mostraban sus golpes, algunas dijeron que se iban a incendiar junto con sus hijos si volvían los gendarmes”, recordó con angustia Gustavo Jaime, profesor de educación física y uno de los imputados, en diálogo con PáginaI12 a horas del inicio del juicio.
“Vamos por la absolución de todos, pero sabemos que acá está detrás el Ministerio de Seguridad, en un proceso sin pruebas. Sólo el fiscal Oscar Oro que dice tener el ‘convencimiento’ de que tiene un caso”, dijo a este diario el abogado Edgardo Manosalva, defensor junto a Marcos Ponce.
Al llegar a la Pu Lof vieron los destrozos y escucharon a las mujeres y niñas golpeadas en el operativo conjunto de Gendarmería y la Policía de Chubut. La comunidad pidió autos para ir a buscar sus caballos, que habían sido robados por los efectivos. Y ahí comenzó la pesadilla. “Me sumé con dos amigos, Gonzalo y Pablo, con su camioneta, íbamos detrás de las personas que estaban buscando a los animales. Pasó un camión con caballos, alguien gritó ‘vamos a ver si son los nuestros’, intentamos ponernos adelante para pedirles que se detuvieran, y ahí comienza la catástrofe cuando la persona que manejaba saca una pistola y empieza a disparar. No habíamos hecho nada, así que nos alejamos”, relató Jaime. “Esa secuencia es larga porque se sumó otro vehículo que nos disparó con armas largas. Decidimos llegar a El Maitén, pero se interpuso un patrullero y desde ahí también nos dispararon. Hubo balazos y un fierro me pegó en la escápula. Había ido a solidarizarme, la policía intentó matarme, voy a juicio y estoy embargado”, agregó.
Según describió Manosalva, “las fuerzas de seguridad emboscaron a un grupo de civiles, les dispararon con balas de plomo y antitumulto tal como confesaron los policías; los persiguieron, los tuvieron detenidos sin dar información durante 12 horas en diferentes lugares y les armaron un montaje con pruebas que ellos decían tener y que desaparecen. Es evidente que borraron las que los comprometían, trucharon actas y mintieron en las declaraciones”. El abogado agregó: “Denunciamos que Benetton prestó camionetas y personal ese día para salir a cazar mapuches, tenemos las fotos de la camioneta, la patente, la marca, el color. Incluso el propio mayordomo (del empresario) lo reconoce y admite que manejaba una junto a policías. Pero nunca fueron allanadas las tierras ocupadas por Benetton porque no está ni en el horizonte de la Justicia el hecho de hacerlo”. Jaime contó que “el camión y la camioneta de donde bajaron personas con ropa camuflada y armas largas tampoco estaban identificados. Parecían del Ejército, pero no había ninguna razón para que nos dispararan”, dijo. Los medios locales sólo mencionaron que hubo tres heridos en la “liberación de las vías del tren La Trochita”, nada del resto de los detenidos.
Película de terror
Cuando llegaron al hospital viejo de El Maitén, los golpearon y los llevaron a la cárcel de esa localidad, donde permanecieron hasta la medianoche. “Era como un campo de concentración, celdas de dos por dos, sin baño, ni luz, ni ventanas, todo sucio. Sólo tenía un ventiluz por donde una de las mujeres me pidió ayuda, mostrándome su brazo fracturado. Cuando entré lloraba mientras abrazaba a otra más pequeña que sangraba. Ninguna había recibido atención. Desde un pasillo le dijeron que se tomara su propia sangre, a la vez que la llamaban ‘india sucia’. Eran Ivana Huenelaf y Daniela ‘Rojita’ González”, describió el abogado Carlos González Quintana. “Había dos varones, uno baleado en la espalda y el otro con el rostro desfigurado. Eran Jaime y Huenchupan. Buchile estaba desaparecido. El fiscal Carlos Díaz Mayer, que no me quería dejar pasar, no sabía dónde estaba. Nos fuimos a Esquel y lo encontramos en el hospital, muy lastimado, y con tres detenidos también muy golpeados: Ariel Garzí, Ricardo Antihual y el hermano menor del lonko Facundo Jones Huala, Nicolás”, completó. Este letrado, junto a Raúl Prytula de APDH Río Negro, presentó un hábeas corpus en el juzgado de Ricardo Colabelli, que rechazó la acción después de escuchar los testimonios de los jefes de policía que intervinieron en la represión del 10 y 11 de enero. “De Maitén Infantería nos trasladó encapuchados y esposados por un camino de ripio, no sabíamos a dónde íbamos, no podíamos hablar porque nos pegaban. Fueron tres horas terribles”, describió Jaime.
Reino del revés
Los cinco están acusados de agredir a los policías cuando en realidad fueron ellos los baleados. Les imputan atentado contra la autoridad agravado por el uso arma y por ser en grupo, y al conductor de la camioneta, Buchille, le agregan resistencia a la autoridad y las supuestas lesiones graves del sargento Adrián Amed. Algunos de ellos afrontan, además, una causa federal por las bombas molotov que la fiscal Silvina Avila afirma tenían en la caja de su camioneta, y que el juez Guido Otranto unificó con otro proceso abierto por un corte de la ruta. En tanto, la denuncia que el grupo inició contra el Estado por su secuestro, detención y torturas ni siquiera fue abierta en su etapa preparatoria. “Son ellos contra el Estado, es la doble vara de la fiscalía que durmió nuestra acusación, pero en 48 horas activó la otra”, dijo el abogado Manosalva.
Las denuncias que originaron la represión habían sido presentadas por Benetton, avaladas por la policía local y funcionarios, y luego impulsadas por el Poder Judicial. “Acusamos en principio al jefe del GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales). Amed tiró a matar y se hace la víctima. Ivana les gritó que llevaban a un herido. El supuesto policía lesionado le pegó a Buchile, entró al hospital a buscar a Jaime, el herido verdadero, lo sacó, lo tiró al piso y comenzó a las patadas delante de todos, con la pierna que supuestamente tenía lastimada. Gustavo nunca se resistió”, describió el letrado, que planea apuntar también al poder político, porque el propio gobernador Mario Das Neves y sus funcionarios se habían reunido horas antes con las autoridades provinciales de Gendarmería.
“En agosto fue la desaparición forzada de Santiago que terminó en su muerte, pero a los que iban en la camioneta las balas les pasaban a 10 centímetros, esa tragedia podría haber ocurrido en enero. Además, hay otro paralelismo: la policía, con la anuencia de la fiscalía, también escondió pruebas de audios, videos y fotografías. A su vez, en la causa federal hay indicios de un pacto de actuación entre Gendarmería y la policía de Chubut, cuya función fue ‘cazar mapuches’”, concluyó el abogado de los cinco que se sentarán ante el juez Martín O’Connor. “Hay que plantearse cuáles son los objetivos de reprimir, amedrentar y disciplinar. Al miedo hay que mirarlo a la cara y enfrentarlo, estar alerta, pero que nunca nos paralice ni nos invite a dejar de actuar”, concluyó Jaime sobre el calvario que vivieron y que aún no termina.
En privado, en el FMI dudan que el Gobierno pueda cumplir con el acuerdo

El periodista Marcelo Bonelli afirma que pese a las dudas el organismo desembolsará el préstamo porque se aprobó el Presupuesto.

El periodista Marcelo Bonelli alertó en Clarínque parte del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que el gobierno de Mauricio Macri no podrá cumplir con las promesas económicas. Pese a la apreciación, el conductor de televisión sostuvo que la aprobación del Presupuesto abre el camino para el desembolso del préstamo.
"La noticia facilitará hoy en Washington la aprobación del acuerdo: habrá desembolsos hasta fin de año por 14.000 millones de dólares y se alejará así el fantasma del default. A pesar del fuerte apoyo de Estados Unidos, hay directores europeos que cuestionan el convenio con Argentina. Primero por “lo generoso” que fue el préstamo: 57.000 millones", sostiene Bonelli.
Luego el periodista advierte sobre los temores del Fondo Monetario a la posibilidad de que Argentina no sea solvente a la hora de pagar la deuda. "Dudan de que Macri pueda cumplir lo pactado: el “doble cero” fiscal y monetario en un año electoral", sostuvo.
"En esa línea está el representante de Holanda y la dupla de Alemania (Steffen Meyer), y Francia (Herve de Villeroche)", afirmó Bonelli.
En la columna de Clarín, además advierte que el Presupuesto significará un gran ajuste para la Argentina.
Hackearon la web de la Legislatura porteña, tras ratificar el voto electrónico

"Todo sistema informático es vulnerable y será vulnerado"

La página web de la Legislatura porteña fue hackeada esta mañana en respuesta a la aprobación del sistema de voto electrónico. Quienes lo hicieron advirtieron que "todo sistema informático es vulnerable" para alertar sobre el riesgo del mecanismo de votación que consagraron los legisladores de la ciudad.
Además de aprobar la posibilidad de unificar las elecciones locales con las nacionales, la Legislatura porteña ratificó ayer el voto electrónico en la Ciudad a través de la Boleta Única Electrónica (BUE). Los legisladores mantuvieron el sistema a pesar de las múltiples críticas de especialistas, universidades y técnicos, que en el Congreso nacional impidieron el sistema que ya fue usado en territorio porteño.
Puntualmente, ayer se confirmó la posibilidad de que se usen medios electrónicos en el proceso, aunque esto dependerá de la legislación nacional si es que los comicios son unificados. Como seguramente en 2019 haya unificación, en la Ciudad igualmente se votaría en papel.
A pesar de eso, la reforma deja la puerta abierta al uso de un sistema sobre el que ya se demostró su vulnerabilidad. Esta mañana, para evidenciar la fragilidad del uso de terminales informáticas, hackers intervinieron el sitio de la Legislatura con el mensaje “No al voto electrónico” y afirmaron haber conseguido acceder a las contraseñas de todos los legisladores.
“Dejamos este mensaje aquí como muestra de la inseguridad del sistema de la Legislatura de la CABA (que nos permitió acceder a la base de datos completa, incluyendo todas las contraseñas de los legisladores y sus asesores), con la esperanza de que les sirva para darse cuenta de que todo sistema informático es vulnerable y será vulnerado”, escribieron.
Tras algunos minutos con el mensaje, la web quedó inaccesible.
“Vine a Buenos Aires a hacer un trámite”, contó el ciudadano turco detenido cerca del Congreso

Testimonio de la cacería

Anil Baran explicó que vive en Córdoba y el miércoles estaba caminando por el centro porteño cuando lo atacaron policías que participaban del operativo represivo ante la movilización contra el Presupuesto. Es uno de los cuatro extranjeros que fueron arrestados y sobre los que el Gobierno montó un discurso bolsonarista para reclamar una deportación exprés.

Anil Baran habla un español bastante fluido. El joven de nacionalidad turca fue detenido al igual que otros tres extranjeros como parte del operativo represivo contra la movilización por la ley de Presupuesto 2019, y como tal es una de las personas a las que el Gobierno quiere deportar, según anunciaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Vivo en Córdoba y vine a Buenos Aires a hacer un trámite. Tenía que buscar mi partida de nacimiento en la embajada para poder hacer la nacionalidad. Sólo eso. No conozco la ciudad. Estaba parando en La Plata en lo de un amigo, me bajé en Constitución y caminé. Paseaba, de pronto vi que venían unos 20 o 30 policías de frente y me fui por la calle Humberto Primo, ahí me dispararon dos o tres policías desde atrás, me tiraron al piso y me ataron las manos con una cinta. Después me llevaron con otras personas”, contó en exclusiva. Sobre Baran se dijeron todo tipo de cosas, por ejemplo que se investiga si es un activista contra el G-20 y se lo describió como “amante del Che” por tener una foto en su Facebook en el museo Casa de Ernesto Che Guevara, como si fueran delitos. Lo mismo respecto de dos venezolanos arrestados, Víctor y Felipe Puleo, y el paraguayo Luis Fretes. Sobre los hermanos Puleo circularon en los portales versiones de que son espías del régimen de Nicolás Maduro. A ellos, la Policía los agarró cuando  intentaban guardar dentro de su casa, cerca del Congreso, la moto con la que hacen repartos. Anil Baran nació en Estambul, tiene 27 años y es graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Técnica del mar Negro. “Antes de graduarme consideré la idea de viajar a Europa, pero un amigo que vive en Argentina y que estaba viajando por Turquía me habló mucho de este país y me entró el deseo de venir a conocer. Eso fue en 2016. Aquí conocí a una muchacha argentina, me establecí en Córdoba y me casé con ella a finales del año pasado. Tengo un documento y vine a Buenos Aires a sacar mi partida de nacimiento de la embajada para poder establecerme definitivamente”, cuenta. Con su pareja viven en Villa María. Él trabaja en una empresa de logística. Esta semana paraba en La Plata, en la casa de un amigo, con quien el miércoles viajó al centro hasta Constitución. Llegaron cerca de las tres de la tarde, se separaron y él caminó por 9 de julio. “No sabía que estaba complicada la situación, sólo veía banderas y gente que venía caminando”, recuerda. Dice que se lo tomó como un paseo, pero que de pronto vio venir de frente un cordón policial, “disparaban y tiraban gases”. Asustado, dobló por la calle Humberto Primo. “Me dispararon desde atrás y un policía motorizado me tiró al suelo, me retuvo y me pusieron cinta. Después me juntaron con otros y nos llevaron a la comisaría. Eramos siete, yo era el único extranjero. Uno de los que estuvo con él fue Nacho Levy, de la organización La Poderosa.
El Gobierno defiende la represión y aplica la doctrina Bolsonaro

Policías en acción

El Gobierno anunció su decisión de deportar a los extranjeros detenidos durante la represión del miércoles, pero los acusados niegan la versión oficial y la Justicia aún no empezó a investigar los hechos. La policía otra vez acusada de armar los incidentes y de detener a personas “marcadas” o al voleo.

“Vivo en Córdoba y vine a Buenos Aires a hacer un trámite. Tenía que buscar mi partida de nacimiento en la embajada para poder hacer la nacionalidad. Sólo eso. No conozco la ciudad. Estaba parando en La Plata en lo de un amigo, me bajé en Constitución y caminé. Paseaba, de pronto vi que venían unos 20 o 30 policías de frente y me fui por la calle Humberto Primo, ahí me dispararon dos o tres policías desde atrás, me tiraron al piso y me ataron las manos con una cinta. Después me llevaron con otras personas.” El que habla con Página/12, en un español bastante fluido, es Anil Baran, el joven de nacionalidad turca que fue detenido al igual que otros tres extranjeros como parte del operativo represivo contra la movilización por la ley de Presupuesto 2019, y como tal es una de las personas a las que el Gobierno quiere deportar, según anunciaron el ministro del Interior, Rogelio Frigerio y la  ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sobre él se dijeron todo tipo de cosas, por ejemplo que se investiga si es un activista contra el G-20 y se lo describió como “amante del Che” por tener una foto en su Facebook en el museo Casa de Ernesto Che Guevara, como si fueran delitos. Lo mismo respecto de dos venezolanos arrestados, Víctor y Felipe Puleo, y el paraguayo Luis Fretes. Sobre los hermanos Puleo circularon en los portales versiones de que son espías del régimen de Nicolás Maduro. A ellos, la Policía los agarró cuando  intentaban guardar dentro de su casa, cerca del Congreso, la moto con la que hacen repartos.
Lo que las autoridades nacionales no explican entre sus anuncios de expulsión es que –según la ley de Migraciones– para iniciar el trámite de deportación de una persona de otra nacionalidad, ésta debe tener una condena o procesamiento confirmado e inscripto en el registro de antecedentes penales; o se debe demostrar que entró al país por un lugar no habilitado; y en caso de que tuviera una situación migratoria irregular el Estado debe darle primero treinta días para regularizarla. Al parecer, todos tienen documento argentino y en cuanto a su situación penal ni siquiera hay aún una acusación formal. El fiscal porteño que analiza las detenciones, Federico Tropea, hasta ahora sólo certificó la identidad de los 26 detenidos y comenzará a analizar las actas de detención, donde deben estar descriptas las circunstancias en que fueron apresados cada uno de los imputados. Recién la semana que viene citará a los policías, después cotejará lo que relaten con las imágenes y en función de todo ese material resolverá si hay elementos para adjudicar algún delito. La experiencia de las movilizaciones del año pasado demuestra, como quedó claro con una resolución reciente del juez Sergio Torres, que la gran mayoría de las detenciones que se hacen en medio de las protestas suelen ser arbitrarias, al voleo y afectan a personas que a veces ni siquiera participan de la protesta. Torres estableció que a 58 de 69 detenidos en la marcha contra la reforma previsional en diciembre pasado se los había detenido sin prueba de nada. Lo cierto es que Tropea no tiene ni siquiera una imputación formal hecha, y ya se habla de expulsión.
Baran nació en Estambul, tiene 27 años y es graduado en Ciencias Económicas en la Universidad Técnica del mar Negro. “Antes de graduarme consideré la idea de viajar a Europa, pero un amigo que vive en Argentina y que estaba viajando por Turquía me habló mucho de este país y me entró el deseo de venir a conocer. Eso fue en 2016. Aquí conocí a una muchacha argentina, me establecí en Córdoba y me casé con ella a finales del año pasado. Tengo un documento y vine a Buenos Aires a sacar mi partida de nacimiento de la embajada para poder establecerme definitivamente”, cuenta. Con su pareja viven en Villa María. El trabaja en una empresa de logística. Esta semana paraba en La Plata, en la casa de un amigo, con quien el miércoles viajó al centro hasta Constitución. Llegaron cerca de las tres de la tarde, se separaron y él caminó por 9 de julio. “No sabía que estaba complicada la situación, sólo veía banderas y gente que venía caminando”, recuerda. Dice que se lo tomó como un paseo, pero que de pronto vio venir de frente un cordón policial, “disparaban y tiraban gases”. Asustado, dobló por la calle Humberto Primo. “Me dispararon desde atrás y un policía motorizado me tiró al suelo, me retuvo y me pusieron cinta. Después me juntaron con otros y nos llevaron a la comisaría. Eramos siete, yo era el único extranjero. Uno de los que estuvo con él fue Nacho Levy, de la organización La Poderosa.  En la fiscalía comenzó a ser asistido por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional  (Correpi).
Los venezolanos son hermanos, tiene 31 y 23 años, viven en las inmediaciones del Congreso, y al momento de recuperar la libertad fueron asistidos por abogados de la CTA. Al parecer son antichavistas. Todo indicaría que fueron detenidos cuando vieron los incidentes decidieron guardar la moto que tenían estacionada y que utilizan para trabajar, porque tuvieron miedo. Uno de ellos, según lo que habrían relatado en la comisaría, reparte volantes y el otro que trabaja en un Mac Pollo o delivery de pollos. Ambos tienen documento. Pero según las versiones que hizo circular el Gobierno y que alimentaron medios del Grupo Clarín e Infobae, el vendedor de pollos/repartidor y el volantero podrían ser espías del régimen de Maduro. Sobre Fretes, el hombre de origen paraguayo, las descripciones reproducidas con tono estigmatizante dicen que integraría un grupo anarquista de Asunción y al igual que al turco se lo asocia con grupos anti cumbre del G-20, que se hará en Buenos Aires entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Al parecer, tiene dos hijos argentinos.
El senador Miguel Angel Pichetto fue el primero en cargar ayer las tintas sobre los extranjeros detenidos (que ahora ya están en libertad) cuando dijo que esperaba que “los cuatro extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenófoba, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han entrado más de 80 mil, el paraguayo y el turco ya estén en el departamento del migraciones listos para la salida del país”. Más tarde, Frigerio y Bullrich anunciaron que serán deportados “lo antes posible”. Nadie explica qué hicieron, qué delito cometieron, porque –de hecho– ni siquiera el fiscal lo sabe. En el Gobierno dan por sentado que participaron de “hechos violentos” sin que haya nada acreditado. De hecho, los relatos que se conocen hasta el momento, no se corresponden con eso. Algunos medios titularon que ya se inició el trámite de expulsión, algo imposible. Por ahora es toda una construcción que se alimenta bajo la suposición de que mejora la posición del Gobierno en el peor momento.
Asis reveló cómo funciona el blindaje mediático y alertó sobre un documento secreto del FMI

"No te quiero incomodar", le dijo Asis a Fantino y mostró un duro dato político para la Argentina.

El analista político Jorge "Turco" Asis reveló que existe un blindaje mediático a Mauricio Macri por parte de Clarín y La Nación, luego es seguida en caravana por otros medios de comunicación. Además alertó que existe un paper del Fondo Monetario Internacional (FMI) que pide que no se cierre el acuerdo con la Argentina.
"Clarín y La Nación son la vanguardia de una enorme caravana mediática que sigue su agenda. De esto hablamos de blindaje mediático y es muy fuerte", sostuvo Asis quien manifestó que "hay protección al Presidente", una "minimización de los errores de la gestión" y hasta ocultamiento de la información.
Asis además adelantó que el FMI emitió un documento donde alerta que la Argentina no podrá pagar la deuda externa y que recomienda no continuar con los préstamos al país.
"Me consta que muchos periodistas tienen este paper y no lo difunden", sostuvo Asis en una entrevista con Alejandro Fantino en Animales Sueltos.
Susana Malcorra: "Yo hubiera preferido no tener que ir al FMI"

La ex canciller argentina se posicionó sobre la multimillonaria toma de deuda por parte del Gobierno y cuestionó el uso extendido de la prisión preventiva.

La ex canciller argentina Susana Malcorra se posicionó sobre la decisión del gobierno del presidente Mauricio Macri de pedir un préstamo de más de 57 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional para intentar sostener la economía en medio de la crisis, y afirmó que ella “hubiera preferido” no hacerlo.
“Yo dije hace un tiempo que no era sostenible un endeudamiento en el tiempo, llega un punto en el cual hay que revisarlo. Para lograr los objetivos de sustentabilidad hay que tomar decisiones y lograr un consenso político que en muchos casos no se ha logrado. Personalmente, yo hubiera preferido que no tuviéramos que ir al FMI, estoy segura de que el Presidente comparte ese deseo”, sostuvo en diálogo con Crónica Anunciada por El Destape Radio.
En este sentido, analizó que el Gobierno tenía una “necesidad de financiamiento”, pero que mientras se ponía el énfasis en la “reducción del déficit” también tenían “una serie de compromisos” con los sectores más marginalizados de la sociedad.
Esto, según Malcorra, “hacía que el déficit tuviera un límite en la celeridad con la cual se pudiera reducir” y “se sostuvo con financiamiento externo”. De esta forma, “el Gobierno decidió recurrir al FMI para dar un reaseguro”, sostuvo.
Por otro lado, planteó su postura sobre la prisión preventiva: “El abuso de la prisión preventiva es muy peligroso. Yo creo que parte de la sanidad institucional de un país y de la aplicación adecuada de la Justicia es el uso absolutamente necesario de la prisión preventiva”, consideró.
“En Argentina aún no hemos llegado a ese buen funcionamiento de la Justicia, es preocupante que se use esa institución de manera permanente como en muchos casos se está haciendo. Alrededor del 50% de los presos en las cárceles argentinas están con prisión preventiva. Eso es algo que debemos revisar y que llama la atención”, remarcó.
Después de la represión, la xenofobia y los pedidos de expulsión

El director de Migraciones afirmó que “la voluntad del Gobierno” es expulsar a los cuatro inmigrantes que fueron detenidos. Hoy habló Anil Baran, el joven turco.

El gobierno nacional avanza en su intención de expulsar a las cuatro personas extranjeras que fueron detenidas el pasado miércoles, en el marco de un brutal operativo represivo contra la movilización que rechazaba el Presupuesto 2019. Se trata de dos personas de nacionalidad venezolana, una persona del Paraguay y un joven de origen turco.
Este viernes, ratificado la línea política del gobierno, el director nacional de Migraciones, Horacio García, afirmó que “la voluntad política del Gobierno es producir la expulsión de las personas que rompan el contrato de confianza".
Las declaraciones del funcionario van a tono con lo que ya habían anunciado este jueves los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Seguridad, Patricia Bullrich. En conferencia de prensa, ambos integrantes del Gabinete nacional señalaron que se procedería a esa decisión.
Esta política de criminalización de los inmigrantes fue respaldada también por el senador Miguel Ángel Pichetto. En el caso del legislador peronista no son ni las primeras ni las únicas declaraciones de carácter xenófobo.
Cacería y mentiras oficiales
Este viernes por la mañana fue entrevistado Anil Baran, el joven de origen turco detenido. En un diálogo con Ernesto Tenembaum, por Radio Con Vos, Anil afirmó qué él no estaba presente en la manifestación, sino que fue atrapado en el medio de la cacería policial.
"Yo estaba en la 9 de Julio porque quería conocer Buenos Aires, llegué caminando a Humberto Primo, cuando vi 20 motos con policías que estaban tirando gases", señaló. El joven se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires realizando trámites.
Durante el jueves, desde el gobierno se había afirmado que Anil había ingresado al país en marzo. Sin embargo, el joven afirmó que reside en el país hace más de dos años.
En la represión también fueron detenidos los hermanos Víctor y Felipe Puleo Artigas, de origen venezolano. Los efectivos policiales los apresaron en la puerta de su casa, que queda cerca del Congreso Nacional.
En una carta pública que difundieron en las redes sociales, señalan que solamente estaban presenciado la represión, cuando fueron detenidos. “Somos personas de valores y principios, emprendedores y trabajadores que al igual que muchos venezolanos, hemos venido a este país a construir un mejor futuro personal y profesional”.
En el texto de la carta desmienten las versiones que habían sido lanzadas por medios de comunicación afines al gobierno. “Nunca hemos sido funcionarios públicos en Venezuela, no hemos tenido relación alguna con el gobierno de Chávez/Maduro”, escriben.
Ni ellos tres ni Luis Fretes (nacido en Paraguay) registran antecedentes penales o pedidos de captura internacional, según un informe que ya emitió Interpol.
El único argumento que el gobierno podría utilizar para seguir adelante con la expulsión sería, la residencia no registrada de tres de las personas que fueron detenidas en la represión. Sin embargo, eso no demuestra ninguna relación directa con los hechos por los que las fuerzas policiales argumentaron las detenciones.
Xenofobia y política represiva al servicio del ajuste
El discurso del gobierno y la oposición buscar aumentar la criminalización de la protesta social, al mismo tiempo que agita el fantasma de la xenofobia contra los extranjeros. Este último es un mecanismo clásico de las clases dominantes para incentivar sentimientos nacionalistas en la población contra quienes ingresan a la Argentina desde países en los que las condiciones laborales y de vida son peores.
Ese discurso nacionalista no se aplica contra los grandes grupos capitalistas extranjeros que saquean al país. Por ejemplo, los especuladores que fugan divisan son presentados como potenciales "inversores".
El énfasis gubernamental en estas expulsiones busca ocultar el motivo real que generó la manifestación del miércoles y la dura represión posterior. Ese día, con el apoyo del peronismo, Cambiemos logró media sanción para un Presupuesto de ajuste acordado con el FMI.
Un presupuesto que hundirá las condiciones de vida del pueblo trabajador en aras de garantizar los pagos de la deuda pública al gran capital extranjero. En ese objetivo están unidos Frigerio, Bullrich y Pichetto. Su discurso contra los extranjeros desaparece cuando entregan el patrimonio nacional al gran capital imperialista.
Presupuesto 2019: Cambiemos logró la media sanción con 138 votos

Tras una maratónica sesión y la represión de manifestantes fuera del recinto, el oficialismo logró la media sanción del proyecto que prevé un brutal ajuste de la inversión social.

Luego de más de 17 horas de debate, la iniciativa por el Presupuesto 2019 fue aprobada con 138 votos afirmativos, 103 negativos y ocho abstenciones y fue girada al Senado, donde se prevé que sea tratada en el recinto el 14 o el 21 de noviembre.El proyecto prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%. En los dos proyectos de Presupuesto 2017 y 2018, el oficialismo había cosechado 177 y 165 votos respectivamente, con la ayuda del ala dialoguista de la oposición: este resultado marca un retroceso respecto de los consensos transversales alcanzados durante los dos primeros años de la era macrista.  La media sanción del Presupuesto definido como de "déficit cero" llegó en un momento oportuno para el Gobierno, ya que este viernes se desarrollará una reunión del directorio del organismo en la que se tratará la renegociación del acuerdo de endeudamiento, con la expectativa de que valide un nuevo desembolso de 57100 millones de dólares para el Tesoro Nacional. Además de los votos propios, el oficialismo sumó el aval de una porción del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), de Evolución y algunos monobloques, mientras que las bancadas que hicieron causa común para resistir.
Presupuesto y represión


Uno por uno: quiénes fueron los diputados que votaron a favor del Presupuesto

El proyecto establece un recorte en la Educación y la inversión social al tiempo que aumenta las transferencias de capitales para pagar los intereses de deuda.

Con 138 votos a favor, Cambiemos obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados del Presupuesto para 2019. Además de los votos propios y de los aliados, el oficialismo contó con votos delJusticialismo y el Frente Popular Neuquino.
Los justicialistas que votaron a favor fueron Oscar Macias, Juan Mosqueda, Eida Pertile, Miguel Andrés Zottos, Luis Beder Herrera y Pablo Kosiner.
También votaron a favor los integrantes del interbloque de Evolución Radical Martín Lousteau, Carla Carrizo y María Teresita Villavicencio.
Fuera de Cambiemos, también apoyó el Presupuesto el bloque Frente Cívico por Santiago del Estero Claudia Zamora, Hugo Infante y Neder Estela.
Por Catamarca, los diputados que no están dentro de Cambiemos que votaron el Presupuesto fueron Eduardo Brizuela del Moral (Frente Cívico), Silvana Ginocchio (Elijo Catamarca) y Gustavo Saadi (Elijo Catamarca).
Desde Misiones apoyó el proyecto de Cambiemos el Frente Concordia Misionero con los votos deVerónica Derna, Daniel Di Stéfano, Jorge Franco, Flavia Morales, Ricardo Wellbach.
Otros que votaron a favor fueron Walberto Allende (Todos Juntos por San Juan), Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social), Graciela Caselles (Partido bloquista de San Juan), Paulo Cassinerio (Córdoba Federal), Rosa Muñoz (Trabajo y Dignidad), María Peñaloza Marianetti (Somos San Juan) y Liliana Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
El proyecto prevé una caída de la actividad económica del 0,5%, una baja del 1,6% en el consumo privado y un desplome del 9,7% en la inversión, además de un dólar promedio de 40,10 y una inflación punta a punta del 23%.
En los dos proyectos de Presupuesto 2017 y 2018, el oficialismo había cosechado 177 y 165 votos respectivamente, con la ayuda del ala dialoguista de la oposición: este resultado marca un retroceso respecto de los consensos transversales alcanzados durante los dos primeros años de la era macrista.
Habló uno de los detenidos tras la represión: "Estaba comprando ropa para mi hija y me detuvieron"

Lucas Suárez, uno de los detenidos en el Congreso, contó su experiencia y dejó en evidencia la cacería planificada de los oficiales de Patricia Bullrich.

”Yo sólo iba a Flores a comprar ropa para mi hija y terminé detenido y maltratado. Y ahora tengo que enfrentar una causa por cosas que no hice. Ni sabía que ayer había una marcha”, contó Lucas sobre su detención.
Además, expresó que "es una locura lo que están haciendo, ayer me detuvieron por pasar caminando por la zona, no estaba haciendo nada. Al lado mío, detuvieron a un turco que estaba de vacaciones".
Y continuó su crudo relato sobre la violencia que recibió por parte de las Fuerzas de Seguridad: ”Estaba yendo a comprar ropa para mi hija, pero a la Policía le chupaba un huevo. Te insultaban, te golpeaban, y me llevaron. Todavía no entiendo qué hacía yo ahí”.
”Salí del subte porque el olor era irrespirable, y cuando subí la Policía me detuvo. Estaba desesperado tratando de explicarles que no había ido a la marcha”, concluyó Lucas Suárez, quien fue detenido de forma ilegal ayer en las inmediaciones al Congreso.
”Soy de La Plata, ayer fui a capital a comprar ropa para mis hijos. No estaba ni enterado que había una marcha y la Policia me detuvo”.
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