Politica - Patria Moreira

Año 9. 2020.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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La revalorización del Estado va a ser muy importante

Los estoy viviendo bien. Me parece que es acostumbrarse a una cosa distinta a la que teníamos. El eje del trabajo que hago desde mi casa me permite utilizar algunas horas al estilo que lo hacía normalmente. El tiempo siempre es un desafío. Para muchísima gente debe ser una dificultad, porque son horas que estaban acostumbrados a cubrir y que ahora les han quedado vacías y deben estar pedaleando en el aire.
Uno tiene la fortuna de poder hacer este tipo de trabajo desde casa. Ese es un cambio que se viene, que se va a profundizar, hablando del futuro, y es el trabajo hecho desde la casa. Muchas empresas y muchos trabajadores van a poder confirmar que, lamentablemente para mí, tenemos un mundo cada vez más metido en células, en compartimentos, que no son los colectivos.
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Eso a mi me asusta del futuro. Pero también es verdad que, a la salida de esto, mucha gente va a advertir, empresas de un lado y trabajadores del otro, que se pueden hacer las cosas desde el hogar y que eso, en un mundo con tantas dificultades de tránsito, puede convertirse en alguna ventaja.
En algún sentido, como todo en la vida, tiene aspectos positivos y negativos.
A futuro, me parece que la revalorización del Estado va a ser muy importante en todos lados. El Estado presente o el Estado ausente es una de las constantes de las que hemos estado hablando. En Argentina, por suerte, ha estado muy presente y justamente a continuación de un Estado ausente como el que nos había propuesto el neoliberalismo.
Del cotejo de lo que fue hasta diciembre y lo que es apartir de diciembre el país, y que haya ocurrido lo del coronavirus en este momento que tanto se necesita del Estado para sobrevivir y para la salida, me parece que es importante poder hacer como nunca una buena lectura de las diferencias que hay cuando un Estado actúa como una protección para todos o con un Estado que nos da la espalda.
Llama la atención el silencio y el vacío. El vacío de la ciudad se produjo muchas veces, pero nunca el silencio que acompaña a la mayoría de la gente. Es un silencio que se oye. Eso también es un compañero raro, sobretodo en ciudades como Buenos Aires, una de las más ruidosas del mundo.
La salida política y económica me parece que es un desafío muy grande. El capitalismo en crisis. Y otras formas de relacionarse y de socializar la vida me parece que tienen que aparece de inmediato.
22 de marzo de 2020
Alberto Fernández descartó la necesidad por el momento de declarar el estado de sitio

"Esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad"

En una entrevista televisiva cuestionó a las personas que no cumplieron con el aislamiento, aunque sostuvo que la mayoría de los argentinos acompaña la medida. También señaló que la experiencia de otros países permitió tomar medidas preventivas a tiempo.

El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que "cuanto más lento sea el contagio, más posibilidades de atención a la gente hay y menos posibilidades de que el virus mate", al explicar lo que se busca con el aislamiento social preventivo y obligatorio que dispuso el gobierno nacional hasta el 31 de marzo.
Además, aseguró que "la inmensa mayoría de los argentinos está en su casa" y que "son muy pocos los que no lo hacen" y que "desafiaron" pensando que era "la Argentina de siempre", y se encontraron con que "esta Argentina es otra" y "tienen que cumplir la ley".
El presidente afirmó también el programa La peña del morfi, por Telefé, que los países "donde se produjeron los problemas más dolorosos (son ) los países que no previeron la velocidad del contagio" del coronavirus, y afirmó que en la Argentina "el contagio va a ocurrir, pero si nos quedamos en casa va a ser más lento".
También expresó su preocupación por la "desaprensión" de "algunos" ciudadanos que no toman dimensión del riesgo que significa no cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
"Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no se den cuenta de la situación en la que están. No es la mayoría", subrayó. Agregó: "Más de 20.000 personas se fueron de Argentina después que avisé que había una pandemia" y "son los que ahora me reclaman que los traiga urgente".
Con respecto a la cuarentena, expresó: "No vamos a poder evitar el contagio pero si nos quedamos en nuestras casas, más lento será el contagio y habrá más posibilidades de atender a la gente.
Agregó: "Esto no es la pelea de un Presidente, es la pelea de una sociedad" en referencia a la lucha contra el coronavirus. Me siento muy acompañado por la inmensa mayoría de los argentinos", subrayó.
Fernández dijo hasta ahora pudieron "tomar las medidas a tiempo" y estimó que la cuarentena es "prácticamente plena".
También descartó que por el momento sea necesario el estado de sitio. "No quisiera llegar a tener que declarar el estado de sitio", destacó.
En otro orden, como consecuencia de los efectos económicos y sociales del coronavirus, afirmó que habrá una revisión de la economía en el mundo y que se va a reediscutir el rol del Estado. "Muchas cosas van a cambiar en la economía", subrayó.
Alberto Fernández también afirmó que este lunes tendrá una reunión con los intendentes para diseñar nuevas medidas para los sectores más desprotegidos. Al respecto, dijo "la economía se va a frenar y el Estado tiene que dar respuesta. Mañana vamos a dar respuesta a esos sectores mas desamparados".
Añadió: Y como  vamos a tener un parate en la economía, lo vamos a tener que resolver entre todos. Los que más ganan, ganen un poco menos, es lo que les pido". También expresó que el Ejército distribuirá alimentos en los barrios mas necesitados.
En cuanto a los que no respetaron la cuarentena, señaló: "Les falló y les va a seguir fallando. La argentina de los pícaros no existe más y espero que nunca más exista".
Añadió: Debemos resolver los problemas en comunidad, solidariamente. Este no es un problema de ideologías políticas y si dejamos de lado las diferencias lo podemos resolver más fácilmente. Es una oportunidad que tenemos".
En ese sentido, manifestó: "Vamos a seguir trabajando con los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia. Porque ahí está el foco del conflicto. Estamos trabajando codo a codo. Nos estamos organizando bien. Pero insisto en la importancia de quedarse en casa. Hemos hecho todo lo necesario para que el virus no se propague a gran velocidad".
Coronavirus: se registraron 2500 llamadas por violar la cuarentena

Uno de los pedidos más importantes por parte del Gobierno para prevenir el contagio del Coronavirus es el de respetar la cuarentena de 14 días si venis de zonas de riesgo, si tuviste contacto con un viajante o si tenes los síntomas que provoca el virus."Tenemos que luchar contra esas cosas, ser muy severos con los que no aceptan la cuarentena", afirmó Alberto Fernández.
La línea 134 funciona para denunciar casos de personas que no cumplen con la cuarentena. Esta mañana en El Destape Radio, el secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, comentó que tan solo en el día de ayer la linea telefónica recibió 2500 llamadas.
"Se derivaron unas 250 denuncias al comando con indicios de que no se cumplía la cuarentena", comentó el secretario y agregó: "en la mayoría de los casos de violación de la cuarentena se dejó una consigna policial para que se cumpla".
Villalba explicó se puede acudir al 134 para denunciar incumplimientos de la cuarentena y que luego, "los trabajadores formados para prevenir la pandemia verifican si es una una denuncia fidedigna y se actúa".
El funcionario contó que, desde el inicio de esta crisis, "tenemos tareas que ejercemos con las 4 fuerzas de seguridad" y "colaboramos con Migraciones en Ezeiza en la detección de personas que tuvieran síntomas y revisión de las planillas de los viajes". "A medida que progresó la situación y el Gobierno nos pidió más participación pusimos a disposición las fuerzas para control de fronteras", afirmó Villalba. También, enumeró los operativos que están realizando para cuidar a la sociedad de la posible expansión del virus. "Estamos participando en el esquema de asistencia alimentaria en comedores, controlando en hoteles el cumplimiento de la cuarentena", expresó y agregó: "La gendarmería y prefectura, en pasos secos e hidrovías, hacen controles permanentes vía terrestre y aéreos, pero todavía no hacen falta refuerzos de control fronterizo y ahora además las fronteras están semicerradas, solo para argentinos y tránsito comercial".
16 de marzo de 2020

El Gobierno anunció cómo se asistirá a comedores escolares y la entrega de Tarjetas Alimentarias en medio de la crisis del coronavirus

El funcionario también anunció reformas en el sistema de entregas de la Tarjeta Alimentaria.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se refirió al nuevo esquema que se dará en los comedores escolares: “Vamos a trabajar con las provincias para ir llevando los comedores escolares a un esquema de vianda” y aclaró: “Los comedores escolares van a continuar abiertos. Vamos a reforzar los comedores comunitarios".
En declaraciones al programa “Habrá Consecuencias” de El Destape Radio (FM 107.3), el funcionario también anunció reformas en el sistema de entregas de la Tarjeta Alimentaria. “Teníamos un cronograma de entrega de Tarjeta Alimentaria de 2.000 personas por día y ahora ya no se puede hacer entrega presencial, vamos a llegar con los mismos tiempos a entregar la Tarjeta Alimentaria, va a seguir el mismo cronograma” y “la gente no tendrá que ir a buscar la Tarjeta Alimentaria, hoy a la tarde informaremos los distintos mecanismos para activarlas”.
En ese sentido, aseguró: “Tenemos una diferencia con los modelos europeos donde la mayoría de los que se aíslan son asalariados. Nosotros con la AUH, la Tarjeta Alimentaria, etc, vamos a trabajar con los sectores cuentrapropistas o informales en Argentina. Tenemos que aprovechar este momento para arreglar las escuelas”.
Por último, Arroyo relató: “Estoy yendo a la reunión del gabinete económico y social,las organizaciones sindicales pusieron a disposición sus hoteles”. Sobre el pedido de las prepagas de una rebaja de impuestos, el ministro afirmó: “Es un momento para que todos colaboremos”.
16 de marzo de 2020
Se esperan nuevos anuncios

Reunión en Casa Rosada por el coronavirus: Alberto Fernández define medidas sobre jubilados, AUH y transporte

El Presidente encabeza el encuentro del gabinete económico y social. El Gobierno analiza el modo de que las resoluciones tomadas para limitar la actividad y combatir la pandemia impacten lo menos posible en la actividad económica.

Tras la conferencia de prensa de ayer, en la Casa Rosada se desarrolla este lunes la reunión de gabinete económico y social que este lunes preside  Alberto Fernández. El fin es encarar una nueva batería de medidas destinadas a controlar la propagación del coronavirus en el país.
Las áreas que serán analizadas en el Gabinete serán Transporte y Economía -con posibles estímulos fiscales- y la situación de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y los jubilados, quienes se encuentran al tope de los grupos de riesgo.
El encuentro comenzó a las 9 en la Casa Rosada. Participan de la reunión el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán; de Trabajo, Claudio Moroni; de Transporte, Mario Meoni; de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. También se espera la participación de la titular de PAMI, Luana Volnovich, la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.
Durante una conferencia de prensa, este domingo el Presidente adelantó que hoy se tratarían medidas para "disminuir el tránsito en el AMBA, que es el área que concentra la mayor cantidad de infectados, el 70%". "Mañana (por hoy) vamos a tomar medidas en conjunto", aseguró Fernández, que aclaró que el problema no es la circulación de trenes y subtes, sino la "circulación de personas" porque de esa manera aumenta la posibilidad de proliferación del virus.
También se esperan medidas para alentar el teletrabajo o trabajo a distancia desde los hogares.  Analizarán un amplio paquete de alivio fiscal que incluiría la postergación de algunos vencimientos impositivos, la posibilidad de reducir algunas alícuotas y el lanzamiento de obra pública y programas de empleo.
16 de marzo de 2020

El mapa del Coronavirus en Argentina: dónde, desde dónde y a quiénes afecta la pandemia

El Ministerio de Salud confirmó 56 casos, casi todos importados. Las provincias que tienen más enfermos.

Hasta anoche, había 56 casos confirmados de coronavirus en la Argentina. Prácticamente la mitad fueron reportados en la ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo positivos en otros ocho distritos, desde Tierra del Fuego hasta Chaco, y hay pacientes bajo estudio en todas las provincias del país con excepción de Misiones. Estos datos se desprenden de un informe realizado por el ministerio de Salud, que se discutió ayer por la tarde en el encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con su gabinete, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Entre los 56 casos, la edad media es de 44 años y el rango de edad va desde cuatro, el más pequeño, a 82, el mayor. Sólo catorce de las personas son mayores de 60 años y por lo tanto están en un grupo de riesgo. Además, según este reporte, el 70 por ciento de los afectados, 39 en total, son varones, mientras que solamente 17, el 30 por ciento, corresponde a mujeres. Al día de hoy, tres pacientes requieren cuidados intensivos, dos fallecieron y cinco ya recibieron el alta. Hay cuatro personas no diagnosticadas que fallecieron con infecciones respiratorias y se encuentran bajo estudio.
El distrito con mayor número de casos, la ciudad de Buenos Aires, significa casi la mitad del total, con 27 de los 56 casos confirmados hasta ahora. El otro distrito con una cantidad significativa de reportados es la provincia de Buenos Aires, que tiene doce hasta ahora. Chaco tiene siete casos, uno de ellos mortal, Córdoba tiene tres y Tierra del Fuego dos. En tanto, Entre Ríos, Río Negro, San Luis y Santa Fe, con un caso cada uno, completan el panorama. De esos distritos, sólo CABA, Buenos Aires y Chaco presentaron contagio local; el resto sólo pacientes que habían viajado a zonas de riesgo.
Respecto a la procedencia de esos pacientes confirmados que fueron traídos desde el exterior, se registraron afectados que llegaron de ocho países distintos en cuatro continentes. La mayoría de los casos tienen origen europeo: 21 personas llegaron de España infectados por el coronavirus, mientras que trece lo hicieron desde Italia, dos de Francia, uno de Alemania y uno de Reino Unido. Además, cinco casos reportados llegaron desde los Estados Unidos y dos de Israel. Por último, uno de los informados había viajado por Turquía y Egipto antes de regresar, enfermo, a la Argentina.
13 de marzo de 2020
El gobierno garantizó que no se cerrarán escuelas

Nicolás Trotta: "Continúan las clases en todos los niveles"

El ministro de Educación ratificó la medida tomada horas atrás en la reunión del comité interministerial. Junto al ministro de Salud, Ginés González García, el funcionario ratificó la importancia de seguir las recomendaciones para frenar la propagación del coronavirus.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, informó hoy que, tras la reunión con sus pares de las 24 jurisdicciones, "todos los participantes" ratificaron la decisión anunciada esta tarde de que no se cierren las escuelas y "de trabajar en conjunto y haya mirada única para abordar la temática". "Se seguirá cada decisión que tome el comité interministerial", aclaró.
Trotta realizó esas declaraciones en una conferencia de prensa en el Ministerio de Educación luego de reunirse con sus pares de las 24 jurisdicciones, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Consejo de Rectores Universitarios Privados (CRUP) y referentes de los cinco sindicatos docentes nacionales para evaluar medidas frente al COVID-19.
Trotta habló junto a su par de Salud, Ginés González García, y remarcó que están llevando adelante "un trabajo preventivo en las aulas para que los niños y niñas sean efectores de cara a las familias”. "Hay medidas complejas y complementarias para fortalecer las instancias de higienes en las escuelas”, insistió al pedir que se tomen en cuenta las recomendaciones.
Para González García, “hay unanimidad en no cortar las clases” porque “no hay riesgo para la población infantil” pese a que “el tema inquieta a toda la sociedad”.
“Si los chicos no van a la escuela, pueden estar en lugares muchos más complicados, como la calle o shoppings”, explicó, al detallar que su eventual entrada en contacto con mayores “puede ser un riesgo adicional para las personas mayores". "no es mi opinión: lo dicen países que van varios escalones adelantados”, reiteró.
En otro pasaje, Trotta subrayó que “la prevención es un tema de cada jurisdicción, además de la Nación”, y resaltó que los sindicatos de la Educación hicieran hincapié en la limpieza de los establecimientos. “Tenemos que enfrentar esto unidos, llevando certidumbre”, afirmó, y ponderó el trabajo conjunto con los ministros de Educación de la ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, así como con el rectorado de la UBA.
“Las pautas de funcionamiento se toman en torno a las recomendaciones del Comité Interministerial”, apuntó Trotta, quien comentó que hay dos resoluciones vigentes. Una, del viernes pasado, impone cuarentena a las personas que regresan de países con alto contagio. La otra, implementada ayer, implica el cierre de escuelas por catorce días en casos sospechosos, y se realiza con asistencia del sistema universitario.
También dijo que “es nuestra responsabilidad garantizar elementos de seguridad”, como toallas y alcohol en gel y señaló que las decisiones no salen del área pedagógica, sino de “especialistas convocados que analizan el presente del virus y la experiencia acumulada en los países del hemisferio norte”.
El Senado trata la ley contra las jubilaciones de privilegio

El oficialismo cuenta con los votos necesarios para convertirlo en ley. Por prevención, solo están presentes los senadores en el recinto.

El Senado sesiona este mediodía para discutir y votar el proyecto del Gobierno que modifica el régimen de jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos y sería convertido en ley. La sesión especial tiene como único proyecto del temario la modificación del régimen de las llamadas "jubilaciones de privilegio" que impulsó el Gobierno y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
El bloque del Frente de Todos se dispone a convertir en ley la iniciativa, mientras que Juntos por el Cambio presentará un proyecto propio.
Entre otros puntos, el proyecto que se someterá a votación eleva del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general y mantiene, para los funcionarios judiciales, el 82% móvil pero sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas en el cálculo del haber inicial y no sobre el último sueldo.
El gracioso momento que protagonizó José Mayans en el Senado. En Diputados, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo con 128 votos a favor y dos abstenciones. Juntos por el Cambio se retiró al inicio de la sesión denunciando que el diputado Daniel Scioli no podía dar quórum ya que había sido designado como embajador ante Brasil, aunque aun su renuncia no había sido aprobada por la Cámara Baja.
En el marco de las medidas de prevención contra el coronavirus, el Senado dispuso que solo puedan estar en el recinto los propios legisladores y se prohíba el ingreso de asesores y cualquier otra persona que no esté vinculada a la sesión. Fuentes parlamentarias confirmaron a NA que las autoridades de la Cámara alta dispusieron que los asesores y equipos técnicos que suelen acompañar a los senadores no puedan ingresar al recinto. La medida se tomó en el marco de la sesión especial en la que se discute el proyecto de reforma de las jubilaciones especiales de jueces, fiscales y diplomáticos.
12 de marzo de 2020
Los puntos centrales de la norma que se presentará hoy

Qué dirá el DNU sobre el coronavirus

El Ejecutivo prepara un texto que regula la cuarentena obligatoria dispuesta para evitar el contagio del virus. Las penas por violar la reglamentación podrían implicar penas de entre seis meses a dos años. Además, el Ministerio de Salud podría modificar las determinadas "zonas afectadas" cuando lo necesite y estaría facultado a disponer cualquier suspensión de espectáculos masivos.

Tal como adelantó la secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, en las próximas horas se publicará un decreto de necesidad y urgencia para establecer medidas de prevención y control del coronavirus. El texto que prepara la administración de Alberto Fernández tendrá una serie de disposiciones para regular el aislamiento obligatorio a las personas que ingresan de zonas afectadas, otras que tienen síntomas compatibles con el cuadro de COVID-19, casos confirmados y contactos estrechos con infectados. Para todos ellos la cuarentena de 14 días será obligatoria. En caso de que se viole esa reglamentación, se abrirán procesos judiciales, que podrían culminar con penas de entre seis meses a dos años.
Para determinar cuáles son las denominadas “zonas afectadas” se tomarán en cuenta los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta el momento, Italia, Estados Unidos, China y Japón son los países más afectados por el brote que se gestó en el mercado de Wuhan en diciembre y que ya causó 4.292 muertes y un total de 118.326 contagios a nivel global.
Sin embargo, el decreto aclarará que la categorización de los países dependerá “de la información y la dinámica de la epidemia”, con lo cual el Ministerio de Salud quedará autorizado a modificar la lista de países si así lo requiere.

Las penalidades
El texto señalará que se realizarán denuncias y acciones correspondientes para cada persona que incumpla la cuarentena. En ese marco, se tomarán en cuenta dos figuras del Código Penal que establecen los lineamientos legales para los delitos “contra la salud pública”.
Uno será el artículo 205, que establece una pena de entre a seis meses y dos años de cárcel para quien viole “las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”. Y el otro es el artículo 239, aquel que estipula una pena de quince días a un año para aquel que “desobedeciere a un funcionario público”.
En caso que una persona incumpla con la normativa de aislamiento y otras medidas que dispone DNU se van a hacer las denuncias pertinentes para que se determine si se cometió una infracción a estos delitos.

Las pautas para los espectáculos públicos
Por otro lado, el decreto también incluirá nuevos lineamientos para los espectáculos públicos. A partir de ahora, las autorizaciones para la realización de eventos masivos estarán a cargo de la autoridad sanitaria, que medirá día a día cómo se va desarrollando la epidemia en los distintos lugares para dictar las medidas.
En esa línea, se coordinará con las autoridades jurisdiccionales correspondientes, provincias y municipios para dejar en claro que las potenciales suspensiones estarán a cargo del Ministerio de Salud y que será esta la cartera que tomará las medidas de restricción de aglomeraciones de personas.
Este último punto es considerado clave por el gobierno, porque entiende que lo central es evitar este tipo de espectáculos que aglutinan gran cantidad de personas para evitar la circulación del virus.
El decreto establecerá también la obligación de brindar información al día, clara y precisa para que los ciudadanos y ciudadanas estén atentos, conozcan y no tengan miedo, pero sí tomen los cuidados necesarios para controlar el desarrollo de la epidemia.
Alberto Fernández reveló que analizan suspender el ingreso de personas desde Italia por el coronavirus

El mandatario reafirmó los esfuerzos del Gobierno para controlar el brote del virus importado.

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, afirmó que están analizando nuevas medidas a tomar para controlar aún más la propagación del coronavirus, que por el momento alcanzó los 19 casos en el país. Por otro lado, deslizó que podrían instrumentar como obligatoria la reclusión de 14 días en soledad para personas que hayan estado en contacto con personas infectadas por el virus: "Si no lo cumplen, estarán incurriendo en el delito de poner en riesgo la salud pública".
En diálogo con Mauro Federico, en Radio Delta, el primer mandatario afirmó: "Estuvimos viendo otras medidas, frente a Italia que ha dispuesto cerrar sus fronteras".
Y agregó: "En ese caso, estamos considerando si no deberíamos nosotros suspender el trato con Italia por este tiempo"."Son temas que discutimos y que vamos a resolver en los próximos días".
"Tenemos que ver el caso de la cuarentena. Ayer dije que debíamos cambiarlo y supongo que hoy en día ya va a estar resulto. La persona que cumpla la cuarentena de 15 días después de viajar tiene la obligación de recluirse en soledad en su casa y no hacerlo voluntario como es hoy. Si no lo cumple, estará incurriendo en el delito de poner en riesgo la salud pública", explicó.
"Todos los casos que tenemos son importando y básicamente desde Italia. El protocolo que hemos seguido para cada persona que viajó y se infectó fue buscar a cada uno con los que se contactó para poder ponerlas en un sistema su control. Eso está rindiendo sus frutos".
"Argentina siguió todos los pasos para prevenir el coronavirus. La comunidad de más riesgo para infectarse de son los mayores de 65 años", y luego especificó: "El calor mata el virus".
En paralelo, la compañía Alitalia, canceló los vuelos de los días 13, 17, 23 y 25 marzo a raíz de la baja ocupación producto de la propagación del coronavirus, en tanto que por disposición de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se controlarán todos los vuelos que arriben al aeropuerto internacional de Ezeiza.
Según informaron a Télam fuentes aeroportuarias, la decisión de la empresa italiana van en consonancia con medidas similares adoptadas por Aerolíneas Argentinas y se extenderá por el momento hasta fines de marzo.
Por otra parte, la ANAC emitirá una resolución mediante la cual todos los vuelos que lleguen a Ezeiza serán controlados, tal como se venía haciendo hasta el momento con los vuelos provenientes de Italia.
Esto significa que todos los pasajeros deberán llenar una declaración jurada y se les tomará la temperatura en forma aleatoria.
10 de marzo de 2020
Se oficializó la medida con goce de sueldo

Coronavirus: licencia de 14 días para quienes lleguen del exterior

El Gobierno oficializó este martes la resolución que reglamenta la licencia excepcional para todas las personas que hayan regresado al país provenientes del exterior. Según la norma publicada en el Boletín Oficial la medida fue tomada porque "el coronavirus se está propagando aceleradamente a nivel mundial".

La resolución 178/2020 lleva la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Esta licencia aplica tanto para los trabajadores del sector público como del privado.
"Atento que el virus que causa el COVID-19 se está propagando de persona a persona, resulta de vital importancia la pronta aislación de ellas a efectos que no representen un riesgo de infección para otras", remarca el texto oficial.
Por este motivo, destaca que "es necesario atender desde el ámbito laboral las contingencias que esta urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo eventual de padecer la enfermedad, genera".
En este sentido, el Ministerio de Trabajo resolvió otorgar "licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria permanezcan en sus hogares, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación". La norma también aclara que la licencia "no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o Convenio les correspondiere percibir".
Ayer se confirmaron cinco nuevos casos de coronavirus en el país y en total ya son 17 los afectados por esta enfermedad, uno de los cuales murió. Desde el Ministerio de Salud de la Nación aclararon que todos los enfermos se contagiaron en viajes que realizaron a Europa.
"A la fecha, Argentina no registra transmisión comunitaria del nuevo coronavirus SARS-Cov-2", precisó la cartera que encabeza Ginés González García.

En provincia de Buenos Aires
De la misma manera que hizo Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otorgó la misma licencia excepcional para los empleados públicos de su distrito que hayan regresado de viaje desde los países con circulación del virus.
La medida salió publicada este martes en el Boletín Oficial provincial a través del decreto 127/2020.
"La medida propiciada permitirá cumplir con las prevenciones sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia o, en su caso, con los protocolos y tratamientos médicos pertinentes, sin que tal situación afecte el vínculo laboral de las/os trabajadoras/es estatales necesario para cubrir los requerimientos básicos del grupo familiar", afirma en el texto oficial.
A diferencia de lo decido a nivel nacional, que corresponde la licencia para todos los empleados que hayan regresado al país provenientes del exterior, en la provincia de Buenos Aires es solo para quienes retornen de países con coronavirus.
La licencia excepcional otorgada es por 14 días corridos y "no se afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere percibir a la persona trabajadora".
04 de marzo de 2020
Evitaron una foto que los iba a vincular con la "impunidad" de los funcionarios kirchneristas

Carlos Pagni develó que la ola de prisiones preventivas comenzó por presiones del diario La Nación

El periodista aseguró que los jueces de Comodoro Py "empezaron a hacer un uso indiscriminado" de las preventivas para evitar que se publique una tapa del diario La Nación criticando su inacción. La maniobra habría culminado con la detención del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

El columnista de La Nación, Carlos Pagni, confesó desde el corazón del propio diario de los Mitre y los Saguier, el apriete y la extorsión destinados a exigirle a los jueces federales que detengan a dirigentes del kirchnerismo. "Los jueces de Comodoro Py --contó Pagni-- empezaron a hacer un uso compulsivo, indiscriminado y violatorio de las prisiones preventivas cuando el diario La Nación, un domingo, estuvo por publicar la foto de todos los jueces federales de Comodoro Py que eran responsables de la impunidad del kirchnerismo. A raíz de ello, varios magistrados pensaron que debían producir una noticia para desplazar esa tapa, y metieron preso a Ricardo Jaime. La opinión pública y la prensa es lo que hizo que contrafóbicamente sobreactuaran los jueces con las prisiones preventivas, que ahora en muchos casos las vemos como aberrantes". De esta forma, Pagni desnudó una parte del mecanismo de la persecución política: la amenaza de escrache y presión a los jueces, todo ejecutado junto a las otras dos patas del lawfare: los grandes medios y los dirigentes políticos de Cambiemos. Y no se trata de un fenómeno aislado, sino de una estrategia continental que se vio en Brasil, Ecuador y ahora en Bolivia.
El relato de Pagni muestra descarnadamente la forma en la que se usó la justicia para enfrentar a las fuerzas opositoras al neoliberalismo:
*Les hicieron saber a los jueces que los iban a escrachar con una foto si no detenían a integrantes del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
*Supuestamente asustados, los jueces aceptaron detener a Ricardo Jaime. No por las pruebas ni por la situación procesal, sino por la amenaza del escrache. El fiscal de aquella causa, Federico Delgado, se asombró ante los dichos de Pagni: "esto es gravísimo. Pagni debe ser llamado a declarar".
*Una vez abierta la compuerta --redondea el columnista de La Nación--, los jueces supuestamente sobreactuaron, desplegaron toda su fobia, "con prisiones preventivas aberrantes".
La versión de Pagni deja planteado un delito, extorsión, que consiste en "usar una intimidación para que otra persona haga o deje de hacer algo". En este caso sería extorsión agravada, por cuanto los supuestamente extorsionados son jueces. Un argumento usado para alivianar la confesión es que esos mismos jueces jugaron a garantizar la impunidad de los funcionarios kirchneristas, durante el kirchnerismo, pero la realidad es que gran parte de los expedientes se iniciaron durante el gobierno de CFK, sólo que en ese momento los jueces no se despacharon con un festival ilegal de prisiones preventivas.
Este diario se comunicó con Fernán Saguier, a cargo de la conducción del diario La Nación, para pedirle explicaciones sobre la confesión de su columnista. Al principio, a través de una asistente, Saguier envió el mensaje de que cualquier consulta debía dirigirse a Pagni y luego hubo un cambio de respuesta: informaron que Saguier se había retirado del diario y que no estaba accesible.
La detención de Ricardo Jaime se produjo en abril de 2016, o sea al principio del gobierno de Mauricio Macri. Eso demuestra que la extorsión y la persecución fue conjunta, medios, justicia y gobierno, porque la Casa Rosada dio el visto bueno e hizo jugar a sus operadores. Entonces se produjo la andanada. Pocos días después de la detención de Jaime, cuando viajaba a Buenos Aires a declarar, con el insólito argumento de que no tenía plan de vuelo, también fue apresado Lázaro Báez, a quien pasearon por toda la ciudad de Buenos Aires para que las imágenes fueran transmitidas por las cámaras de television.
Llegaron a usar causas grotescas, como la acusación por traición a la patria por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, un tratado que votó el Congreso y que nunca entró en vigencia. La Nación apoyó las acusaciones y las detenciones, que incluyeron al actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, pero también a Luis D'Elía, Jorge Khalil y Fernando Esteche. En ese mismo expediente hubiera sido encarcelada CFK, pero la protegieron los fueros.
Utilizaron causas armadas de manera escandalosa, como la del Gas Natural Licuado, con una pericia falsa y un perito que ahora irá a juicio por falso testimonio agravado. En este caso detuvieron a Julio De Vido y Roberto Baratta, y tuvo la insólita intervención del falso abogado, pagado por la Agencia Federal de Inteligencia, Marcelo D'Alessio. La Nación le hizo coro también a esta causa y a las detenciones.
El apresamiento de Amado Boudou igualmente tuvo el respaldo de La Nación. El Tribunal Oral que lo juzgó y condenó en el caso Ciccone nunca había detenido a nadie después de un juicio sino que se esperaba la apelación a la Casación, la famosa doble instancia. Esta vez, se ve que influyó la amenaza del escrache del que habló Pagni este lunes.
Las detenciones masivas de funcionarios y empresarios también se originaron en las fotocopias de los cuadernos que hizo públicas La Nación. La estrella fue el arrepentido chofer Oscar Centeno, quien dijo que quemó los cuadernos en una parrilla. Después, casi todos los cuadernos --menos los que convenían-- reaparecieron intactos, otra vez de la mano de La Nación.
Y no sólo persiguieron a integrantes del gobierno de CFK sino también a los medios que se oponían al neoliberalismo y a las políticas del gobierno de Cambiemos. La Nación encabezó una ofensiva para detener al titular del Grupo Octubre --que integra Página/12-- Víctor Santa María, con reiteradas notas tratando de forzar su encarcelamiento. Y también La Nación fue el diario que encabezó la campaña para que los jueces manden a la cárcel a Fabián De Sousa y Cristóbal López, causa que arrancó a raíz de una nota del diario de los Saguier, con datos, que ahora se demostraron falsos y armados por el gobierno de Macri.
El festival de detenciones, supuestamente originado en la amenaza de la foto de La Nación, derivó hasta en una doctrina, a la que le pusieron el nombre del camarista Martín Irurzun. A cualquier ex funcionario debía imponérsele la prisión preventiva porque contaba con "relaciones residuales", o sea vínculos que le podrían ayudar a tapar los delitos. Y no era necesario probar nada: ni que había alterado una prueba ni que escondió algo ni que fuera protagonista de algún engaño. Con ser ex funcionario, bastaba.
En sus palabras de este lunes en el canal del diario centenario, Pagni se volcó hacia el final en una interpretación casi psicológica hablando de contrafobia , como si se tratara de una especie de enfermedad o psicosis que le agarró a los magistrados de Comodoro Py, que empezaron a detener como una obsesión después de aquel domingo en el que se iba a publicar la foto. El columnista esconde que el lawfare fue una política, no un problema aislado de unos jueces o camaristas. La prueba es que se aplicó en la Argentina, mucho más todavía en Brasil con Dilma Roussef y Lula, en Ecuador con Rafael Correa y recientemente en Bolivia con Evo Morales. Todo hace pensar que el diseño proviene de los think--tanks de la derecha norteamericana y lo fueron aplicando en los distintos países de diferentes formas, pero siempre con la misma alianza política--mediática--judicial.
No es casualidad que en la Argentina hayan citado a Cristina a ocho indagatorias en el mismo día y que a Lula le hayan imputado ser dueño de un departamento en el que nunca pasó una noche, nunca estuvo a su nombre y que la constructora usó como garantía demostrando que era propio y no del dirigente del PT. No es casual que aparezcan escuchas entre los fiscales y el juez Sergio Moro tramando la detención de Lula, mientras en la Argentina aparecieron en Dolores las escuchas que muestran como actuaba el fiscal Carlos Stornelli en yunta con D'Alessio y otros operadores de inteligencia.
La política del lawfare logró excluir a Lula de las elecciones en Brasil, ahora veda la participación de Evo Morales en Bolivia y mantiene en el destierro a Correa en Ecuador. En la Argentina, tal vez pensaron en encarcelar a CFK para sacarla de la cancha política. No pudieron. Por el contrario, buena parte de los juicios y los expedientes de Comodoro Py empiezan a naufragar, porque aparecieron los Leonardo Fariña comprados y guionados, las pericias falsas de David Cohen, las visitas de los jefes de la AFI al juez Luis Carzoglio y todo el conjunto de las operaciones que se utilizaron. No significa que no hayan existido delitos y que deben investigarse como corresponde, pero lo que nuevamente puso sobre la mesa el columnista de La Nación es la forma en la que se usaron las extorsiones y aprietes.
Lo que Pagni confesó es el detrás de la escena: la pata mediática de toda la trama. Las evidencias y las pruebas pasaron a un lejano segundo plano: las órdenes detención se firmaron para no salir en la foto de tapa del domingo, pero siempre con la mirada puesta en destruir a las fuerzas opositoras.
24 de febrero de 2020
La contracara del marketing electoral de Cambiemos sobre la construcción de rutas

El macrismo frenó 51 obras viales ya avanzadas en 17 provincias

La paralización tuvo varias razones: se trataba de provincias con gobiernos opositores, se buscaba favorecer a empresarios amigos o se denunciaban sobreprecios que luego no se comprobaban. También se pararon obras por orden del FMI.

Vialidad Nacional, durante el mandato del macrismo, paralizó 51 obras en rutas de 17 provincias distintas cuando ya registraban muchísimos avances en diciembre de 2015. En algunos casos el avance físico era mayor al 50 por ciento e incluso al 70 por ciento, pero aun así fueron paradas. La lógica indica que a Mauricio Macri le convenía terminarlas y florearse en la inauguración, pero el freno se puso igual y por varias razones. La primera, porque se trataba de obras en provincias manejadas por el peronismo o partidos provinciales y porque se decidió usar el dinero para obras en distritos de Cambiemos, principalmente CABA. La segunda razón de muchas parálisis fue la jugada de ahogar a la constructora con el objetivo de pasar la obra a los amigos del gobierno. La tercera, porque sugerían que había sobreprecios en licitaciones lanzadas por el kirchnerismo, mandaron a revisar y en casi todos los casos terminaron manteniendo las licitaciones originales. Y, ya en la mitad del mandato, irrumpió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que se paró gran parte de las obras por orden del FMI. Lo curioso es que, mientras tanto, Mauricio Macri usaba la construcción de rutas como un marketing trucho.
La conducción actual de Vialidad Nacional, que funciona en la órbita del ministro Gabriel Katopodis, entregó un informe de las obras que ya tenían avances en 2015 y que hasta registraban que los trabajos tenían el financiamiento adjudicado en los presupuestos nacionales. Todo este panorama fue reiteradamente denunciado durante los años anteriores tanto por Sindicato de Trabajadores Viales, que lidera Graciela Aleña, como por Fabián Catanzaro, al frente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional.

El panorama general queda expuesto también en un trabajo de la FePeViNa:
* La licitación de obras cayó de 161 por año, entre 2004 y 2015, a apenas 31 entre 2016 y 2019.
* Las obras en ejecución pasaron de 600 a 200, lo que demuestra los niveles de paralización.
* La Federación no sólo afirma que hay 51 obras paralizadas --coincide con la conducción de Vialidad-- sino que existen otras 60 neutralizadas, que es un forma de decirle al contratista que se lleve las máquinas y que no corren las multas ni los tiempos de cumplimiento.
El frenado de las obras no es gratuito. En primer lugar, produce una verdadera masacre en el empleo. Buena parte de las constructoras debieron despedir personal y algunas pymes del sector hasta entraron en crisis total y cerraron. Pero, además, no sucede que una obra paralizada se puede retomar ahora como si nada hubiera ocurrido: el viento, el agua, el clima en general erosiona y obliga a remontar una situación difícil que se traduce en costos, como en Entre Ríos.

Planilla
En la planilla de Vialidad, algunos datos llaman la atención:
* De las 51 obras paradas, en 21 no se hizo nada después de 2016, o sea directamente se abandonaron. No se puso ni un milímetro de asfalto en cuatro años.
* Según las licitaciones vigentes en diciembre de 2015, la casi totalidad de las obras, 46 de las 51, deberían estar terminadas en este momento. Y, como es obvio, no está terminada ninguna.
* De las 51 obras, 31 tenían un avance superior al 50 por ciento en diciembre de 2015 y 10 registraban avances superiores al 90 por ciento. En estos últimos casos, la estrategia fue no terminar, dejar la obra como estaba.

Casos
Algunos ejemplos son demoledores:
* Tramos importantes --fundamentales-- de la Ruta 9, entre Zárate y San Nicolás, que tienen la calzada más que dañada, tenían ejecución del 80 por ciento en 2015, pero los trabajos están paralizados por "neutralización de obra", un eufemismo usado para decir "no vamos a poner fondos en esto".
* En la misma Ruta 9, ya en Córdoba, cerca de Villa María, se licitaron obras de seguridad. Se había ejecutado el 25 por ciento en 2015, no se volvió a ejecutar nada.
* Más al norte todavía, en la ruta 9, en Tucumán, las obras de seguridad y rehabilitación de calzada estaban avanzadas en un 66 y un 70 por ciento. El último certificado de obra data de abril de 2016. Desde entonces, nada.
* La Ruta Nacional 8, que va de Buenos Aires a Santa Fe, tenía avance del 85 por ciento y 82 por ciento en 2015 en rehabilitación de calzadas. Se paró por "modificaciones de obra", lo que los técnicos de Vialidad dicen que exhibió una increíble ineficiencia de la administración macrista, ya que todo podía ser subsanado más o menos rápidamente.
* La Ruta Nacional 34, que parte de Rosario y va al norte, estaba avanzada en la rehabilitación hasta en un 88 por ciento en 2015. La administración de Macri amagó con planes faraónicos, ilusionó con una autopista, pero nunca destinó presupuesto alguno. Hace un año y medio que no se hace nada por "modificación de obra", la forma que encontraron de frenar los trabajos y cumplir lo que pedía el FMI: no poner más dinero.
* En el caso de la Autopista Balbín, en el tramo que continúa de La Plata a Ensenada, la administración macrista debía terminar el proyecto y de inmediato someterlo a una audiencia pública. En muchos casos, las autopistas tienen objeciones de los vecinos, porque la traza interrumpe o complica la vida cotidiana. Por eso se requiere la audiencia. Lo concreto es que Vialidad ni siquiera ajustó el proyecto para presentarlo a los vecinos y, por lo tanto, la justicia le impidió empezar las obras. Y frente a eso, no se hizo nada, pese a que tenía el 72 por ciento del financiamiento. Algunos dirigentes del sindicato que conduce Aleña dicen que el insólito crecimiento de la estructura gerencial de Vialidad, con ejecutivos traídos de las constructoras, produjo permanentes faltas de definiciones y una virtual parálisis. Otros consideran que el tramo a Ensenada beneficiaba a uno de los intendentes kirchneristas más aguerridos, Mario Secco, y por lo tanto la administración Macri no tuvo el menor interés en avanzar. La prioridad --se evalúa-- estuvo siempre en las obras de CABA, territorio del macrismo.
* Un dato curioso surge de lo ocurrido con las rutas que atraviesan principalmente Río Negro, la Nacional 22, de Bahía Blanca a la Cordillera y la 23 de Las Grutas a Bariloche. Se dice que el gran motor para que se concreten esas obras fue Miguel Angel Pichetto. También en estos casos aparecieron problemas legales y Vialidad nunca tuvo la eficiencia ni la voluntad de solucionarlos. Y lo cierto es que --según la planilla de Vialidad-- en 2015 los avances ya eran mayores al 80 por ciento, pero hay tramos de la 23 en que no se hace nada desde hace dos años y medio, y otros tramos que no avanzan desde hace cuatro años, mientras que en la Ruta Nacional 22 no hay obras desde hace dos años y dos meses
Esta ruta, la 22, es clave; atraviesa todo el Alto Valle y vincula a Neuquén capital y la zona frutícola con casi todo el país. En estos tiempos se empezó a ganar el mote de Ruta de la Muerte porque van y vienen camiones de gran porte. Como los trabajos se abandonaron, se circula por desvíos de tierra en gran parte del recorrido.
La realidad es que Pichetto terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri, mientras las obras que impulsó están paralizadas.

Política
Los ejemplos siguen y siguen hasta completar 51 obras en 17 provincias, con importantes avances en 2015 y paralizadas en la gestión Macri. La cuestión política parece sobrevolar. No es sólo la ineficiencia o la falta de fondos. Como se sabe, en Santa Cruz, la causa judicial que se ventila actualmente en Comodoro Py trata sobre 81 obras viales construidas en esa provincia. La diferencia es notoria: en la planilla de las autoridades de Vialidad figura una sola obra y de apenas ocho millones de pesos. Se trata únicamente del mantenimiento de un tramo de la Ruta Nacional 40, la que va de norte a sur a lo largo de cordillera. Ni siquiera esa simple conservación se terminó: los trabajos se paralizaron en febrero de 2019, hace un año.
Pero lo ocurrido en Santa Cruz tiene cierto correlato con lo que pasó en otros distritos: se trazaron planes de obras que no se hicieron y, mientras tanto, ni siquiera se hizo un mantenimiento de la red. Hoy por hoy, se calcula que un 65 por ciento de las rutas está en mal estado.
Otras dos provincias visiblemente perjudicadas fueron Formosa y Tucumán, que seguramente consideraron demasiado peronistas, pero tras el acuerdo con el FMI, el parate llegó a todos, salvo al reducto de Cambiemos, CABA.

Final
Lo más asombroso es que, después de las PASO, y cuando ya se vislumbraba la derrota, Macri usó un increíble falso marketing sobre las obras públicas en su ofensiva final para salvar algo del incendio electoral. Exhibió obras inconclusas y mostró como logros lo que en verdad eran incumplimientos.
La realidad es que no sólo se redujo al mínimo la obra pública nueva --de 161 licitaciones por año a apenas 31-- sino que abandonaron lo que ya tenían avanzado. Los datos demuestras que cortaron más rutas que los piqueteros que tanto critican.
20 de febrero de 2020
El Presidente dijo que "por primera vez en la historia" el Fondo promueve semejante reconocimiento

Alberto Fernández sobre el comunicado del FMI: "Teníamos razón"

El jefe de Estado habló en la inauguración de una planta de medicamentos biológicos en Escobar, donde se encontró con el economista Roberto Lavagna. Lo acompañó Ricardo Alfonsín, designado Embajador en España.

Teníamos razón. Y con la razón pudimos y vamos a seguir adelante. En tiempos de tanta especulación, tener razón no es poco", dijo Alberto Fernández. Y agregó: "Parecía que no teníamos nada y por primera vez en la historia el Fondo promueve semejante reconocimiento. Les dijimos`esta vez vamos a hacer el plan de salida nosotros y nos dijeron `háganlo´", dijo el Presidente durante el acto de inauguración de una planta de medicamentos biológicos en Escobar.
Fernández se mostró este jueves con el ex candidato a presidente Roberto Lavagna. El sorpresivo encuentro se produjo durante el acto de inauguración de una planta de medicamentos biológicos en el partido bonaerense de Escobar: incluso el mandatario lo mencionó en su discurso y destacó el rol que tuvo el economista durante la reestructuración de la deuda con el FMI en el Gobierno de Néstor Kirchner.
"Nosotros, con Roberto advertíamos que era una Argentina de ilusión, que indefectiblemente iba a encontrar un momento de quebranto. Lo decíamos y nos acusaban de cosas terribles, de populistas, de irresponsables, de querer deprimir a la gente...Pero resulta que hoy nos despertamos todos con que el que nos dio la razón es el FMI... Lo que nosotros decíamos no era mentira, era verdad", sostuvo el jefe de Estado en referencia al documento en donde se hizo eco de la posición del Gobierno acerca de que el pago de la deuda, así como está planteado, no es sostenible .
Y añadió: "Con Roberto ya lo hicimos en 2003 y lo vamos a volver a hacer ahora".
La reaparición pública de Lavagna se dio en coincidencia con la reunión técnica que encabezaron funcionarios, sindicalistas y empresarios en Casa Rosada para avanzar con la creación del Consejo Económico y Social: Alberto Fernández manifestó en varias ocasiones su deseo de que el ex ministro sea quien lo presida.
Durante la campaña de 2019, el entonces postulante del Frente de Todos subrayaba que no iba a dar a conocer su Gabinete en pleno proceso electoral, debido a que eso impedía que pudiera sumar dirigentes de otros espacios.
Su principal intención siempre fue incorporar a Lavagna al Gobierno: un avance en ese sentido fue la designación de su hijo, Marco Lavagna, como titular del INDEC.
18 de febrero de 2020
Decisión del Gobierno a pesar de las presiones de la corporación judicial

Jubilaciones de privilegio de los jueces: el proyecto para modificarlas no se toca

El Poder Ejecutivo aseguran que no habrá marcha atrás en la decisión de terminar con los privilegios de los funcionarios judiciales. Consideran "descolocados" a los magistrados que publicaron un texto en el que definen como "inconstitucional" la iniciativa.

El Gobierno Nacional no va a modificar el proyecto para terminar con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial. Tras el fuerte rechazo de jueces y fiscales, fuentes de primera línea del Ejecutivo afirmaron en diálogo con PáginaI12 que la iniciativa no tiene vuelta atrás.
“Están un poquito descolocados”, fue la frase lanzada por un importante funcionario de llegada directa con el Presidente Alberto Fernández. Se refería concretamente a la Asociación de Magistrados, presidida por Marcelo Gallo Tagle y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público (Affun), a cargo de Carlos Rívolo. Ambas organizaciones emitieron un comunicado en el que aseguran que el cambio propuesto es inconstitucional y afectaría la intangibilidad de los sueldos y, por lo tanto, la independencia judicial.
“No estamos atacando a nadie con esto. Un Camarista cobra hasta 600 mil pesos de jubilación. Con los cambios que proponemos pasaría a percibir 560 mil. La verdad, el problema acá es que no les gusta que les toquen nada”, se quejó el interlocutor, quien reveló que hubo un estudio pormenorizado de todos los casos y los montos a los que llega cada uno.
En concreto, el proyecto sube la edad jubilatoria de manera escalonada a los 65 años, eleva los aportes y también modifica el cálculo del 82% móvil. Además, toma los diez últimos años de aportes como cualquier jubilación del régimen general. A lo que apunta es a "reducir las inequidades existentes en el sistema previsional" con un aumento del 7 por ciento en el aporte previsional. "Se pretende con ello lograr la convergencia entre el régimen especial y el régimen general, de forma paulatina y sin afectar derechos adquiridos", dice el texto que ya está en el Congreso Nacional.
Para el Gobierno, los cambios en la forma de computar el haber son correctos. Como se dijo, la iniciativa propone hacer un promedio de los últimos diez años de servicio, por lo que “si alguien fue camarista ocho años y dos años estuvo en primera instancia se tendrán en cuenta los salarios de esos dos cargos”, explican.
Las voces de rechazo dentro del Poder Judicial son, hasta ahora, unánimes. Incluso, en las antípodas ideológicas de la tradicional Asociación de Magistrados, la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori, integrante de Justicia Legítima, advirtió que hay dudas sobre el porcentaje de movilidad que van a tener las jubilaciones futuras. Por Radio Diez, además, puso en duda el nivel de ahorro que podría significar para el Estado, teniendo en cuenta que involucra a un universo bajo de beneficiarios. Según la estimación oficial, el régimen de privilegio genera un desequilibrio de financiamiento cercano a los 11.000 millones de pesos anuales, con una proyección que se incrementa hasta 2040.
Cláusula transitoria
Algunas voces gubernamentales indicaron que una posible vía de negociación sería la incorporación de una cláusula transitoria, es decir, que el proyecto incluya una ventana de seis meses para permitir que jueces/as y fiscales se jubilen antes de la modificación del sistema. Sin embargo, en un sector del Gobierno opinan que sería contraproducente, ya que podría ser interpretado como un intento del Poder ejecutivo de hacerse de nuevas vacantes en el Poder Judicial. “Nos van a decir que queremos abrir una suerte de retiro voluntario para cubrir vacantes. Nos van a acusar de querer limpiar la Justicia, y no es así”, advierten.
Por su parte, el Ministro de Trabajo, Claudio Moroni ratificó las modificaciones y buscó bajar a tierra la discusión, al afirmar que se mantendrá el régimen especial pero “en base a parámetros normales”.
Teniendo en cuenta los antecedentes, en los que el Poder Judicial consiguió siempre abroquelarse en contra de medidas semejantes, incluso a través de fallos de la Corte Suprema, en el Gobierno señalan que el Presidente “está firme” a pesar de las resistencias que crecen. Sin embargo, en Casa Rosada confían en que, esta vez, por la “racionalidad” de la medida, eventualmente el máximo tribunal no fallaría en contra.
18 de febrero de 2020
La Asociación de Magistrados rechazó la iniciativa oficial

Los jueces cuestionaron el proyecto para jubilaciones de privilegio

La Asociación de Magistrados cuestionó el proyecto que envió el Ejecutivo al Congreso y que busca modificar el regimen jubilatorio de los jueces. Los magistrados indicaron que el proyecto es inconstitucional, como ya lo había hecho el camarista Ricardo Recondo. El presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró a favor de abrir la discusión, aunque advirtió que la ley como está planteada no va a funcionar y que las de los jueces no son "jubilaciones de privilegio".
El comunicado de la Asociación de Magistrados indica: "No desconocemos la difícil y delicada situación económica que atraviesa el país, y que demanda especial cuidado en la gestión de las cuentas públicas". Pero remarca: "Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación". Se refieren a la intangibilidad de la remuneración de los jueces. "Por todas estas razones, conscientes de los graves efectos que provocaría para el normal desempeno del Poder Judicial y de los Ministerios Publicos, y por ende el perjuicio a la sociedad, reclamamos la participación de las instituciones representantivas en la discusión del proyecto, y la necesaria intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de todos los órganos cabeza de poder involucrados", indicaron.
En tanto, el presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se mostró a favor de discutir las jubilaciones de privilegio, aunque apuntó que "el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo es fácilmente atacable por inconstitucional. Además, no se nos permitió dar nuestra posición, ni siquiera a aquellos que podemos querer entender la situación y lo que el gobierno plantea. El proyecto no va a funcionar así. Yo puedo ayudar a un gobierno que no me es antipático y darle elementos para que funcione bien".
El juez que integra la Cámara Federal de de San Martín afirmó que "estamos cambiando un régimen de setenta u ochenta años en una semana, y esta no es la forma. Todos nosotros, y aquí hablo por mis colegas, entendemos que hay cosas que corregir, pero este proyecto afecta al ciudadano porque se queda sin jueces para atenderlos". A su vez, Lugones señaló que "no se trata de un privilegio", y se preguntó: "¿Cuáles eran las leyes de privilegio que había en el país? Cuando estaba quince minutos en el cargo se aportaba nada y se iba con una jubilación muy importante. En cambio todos nuestros colegas aportamos mucho mas que todos los demás. Estamos en estado judicial y podemos ser convocados en cualquier momento para volver a trabajar si el Estado nos lo solicita". "Hay que buscar la forma de resolverlo, porque el proyecto de ley es fácilmente atacable por inconstitucional. No quiero que un proyecto que pueda tener buenas intenciones se caiga por estas razones", apuntó.
17 de febrero de 2020
"No ha habido un ajuste", explicó

Alberto Fernández criticó a los medios que sesgan la información sobre los jubilados

Alberto Fernández utilizó su cuenta de Twitter para desmentir notas que publicaron Clarín y La Nación el sábado y domingo en las que, basadas en un recorte sesgado de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), indicaron que el Gobierno Nacional estaba aplicando un “ajuste” a los jubilados de cinco mil millones de pesos en comparación a la fórmula elaborada durante el gobierno anterior. El problema que señaló el mandatario, explicó en diálogo con Página/12 el director del Cepa, Hernán Letcher, es que los periodistas de dichos medios no tuvieron en cuenta la totalidad del informe que explicita que esa cuenta no contempla el bono de cinco mil pesos, que fue otorgado a los jubilados en diciembre y enero pasado por el Gobierno. El director de la Anses, Alejandro Vanoli, afirmó que el aumento en las jubilaciones va a ser "positivo en términos reales".
En una primera cuenta que se ve reflejada en el informe, el CEPA calculó que, si se hubiese aplicado la movilidad instaurada durante el macrismo y derogada por Fernández, el dinero que hubiese destinado el Estado Nacional habría ascendido a $168.392.916.442. En cambio, la fórmula diseñada por Alberto Fernández y el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, llega solo a $162.907.197.970. Ambos diarios, aseguraron que “el ajuste” ascendía a $5.485.718.473.
Al incorporar los valores agregados, el CEPA estipuló que “si se analiza el semestre diciembre de 2019 a mayo de 2020, se percibe que la movilidad de diciembre más el aumento por decreto de marzo implica un incremento de 17,3% que alcanza 25,1% si se considera el bono”. Con esa premisa calcularon que, en marzo, el sector de los jubilados que cobran la mínima recuperarían un 0,4% de poder adquisitivo (si no se considera el bono) y 8 puntos porcentuales con el plus brindado por el Ejecutivo. “Finalmente, si se considera la movilidad anterior, el nuevo esquema implica casi 4 puntos porcentuales por encima si se considera el bono de diciembre y enero y casi 4 puntos menos si no se toma en cuenta el bono”, completaron en el escrito los especialistas.
En diálogo con Página/12, Hernán Letcher, subrayó que “el informe compara, en un momento, la actualización de jubilación vía decreto con la movilidad anterior. Hace esa comparación sin considerar el bono por una sencilla razón: el bono se otorga en diciembre y enero y la actualización es para abril mayo y junio. En la comparación directa no tiene sentido. Sin embargo --agregó-- acto seguido, hay un subtítulo que dice: ‘¿ajuste o mejora para los jubilados?’, y en el primer párrafo afirma: en estas condiciones no se puede decir que haya ajuste. Porque hace el análisis del semestre y ahí le agregamos el bono”. Sin embargo, según el director del CEPA “lo que hace Clarín en su nota es obviar esa parte y hacer el cálculo como si no se hubiese pagado el bono”.
En el tweet, el presidente consignó que: “Este es un ejemplo de cómo se desinforma. Ciertos medios afirman que ha habido un ajuste sobre los jubilados cuando en realidad eso no pasó. Difunden de modo sesgado un informe del CEPA para poder imponer esa falsa idea del ajuste. El CEPA lo explica aquí. Que no te engañen!”, remarcó y adjuntó un tweet de Letcher en el que denunció que algunos medios leyeron sólo la mitad del informe.
Luego de la publicación de Fernández, en la que critica la postura sesgada que tuvieron algunos medios al leer la mitad del informe, Clarín volvió a sacar una nota sobre el tema en la que se pregunta: “¿Por qué en el Gobierno se enojan y salieron a defender el anuncio si el propio informe advierte sobre el recorte?”, y aseguran que es porque el informe del CEPA advierte que la suma que ellos utilizan para decir que hay un ajuste, no tiene en cuenta los bonos a los jubilados que se entregaron en diciembre y enero. En ese sentido, en el mismo diario, explicaron que en ese caso “la proyección del ajuste se reduce. E incluso en el corto plazo no hay recorte”. “En una línea se desmienten ellos mismos. Es un escándalo”, denunció Letcher con respecto a esta segunda nota y agregó que según él, “hubo una intención por parte de algunos medios de comunicación, a raíz de un informe nuestro, de instalar que había un ajuste”. “Fueron $30.000 millones solo para jubilados y pensionados y $15.000 millones para Asignaciones. Entonces, ¿dónde está el ajuste? No hay forma de decir que esto es un ajuste”, enfatizó el director del CEPA.
Por su parte, Vanoli, sostuvo hoy que el aumento de las jubilaciones que dispuso el Gobierno "va a ser positivo en términos reales" y destacó que el Estado está haciendo un "esfuerzo" sobre el sistema previsional con un "criterio de equidad". Por último remarcó que "los jubilados, aún los que quedaron por debajo del 13%" de la medida oficial, "le van a ganar a la tasa de inflación" del primer trimestre del año.
17 de febrero de 2020
Son la Constitución y la Justicia, estúpidos

Una imaginativa nota firmada por el colega Sergio Suppo, en el diario La Nación, postulaba esta semana: "Cristina Kirchner encabeza la oposición al albertismo".
Expresión de deseos del articulista –o de sus patrones– el texto fue parte de otra típica campaña de la prensa neoliberal que esta columna llama mentimedios. Y que partiendo de prejuicios e imaginativas divagaciones, más que información son modos de formatear y engordar el absurdo odio ya inoculado en sus lectores. Así también el columnista de bandera de la oligarquía, Joaquín Morales Solá, había escrito días antes que "Cristina presiona a Alberto", y ayer domingo tituló: "Cristina abre grietas dentro del gobierno".
Evidentemente, lo que los puso tan inquietos esta vez fueron las palabras de CFK en la Feria del Libro cubana, donde con impecable lógica cuestionó ante el auditorio ­­–pero dirigiéndose a la Argentina, el FMI y el mundo entero– lo que bien puede calificarse de "doble moral" del organismo (si es que tiene alguna).
Al pedir un "Nunca más" para la deuda, se preguntó por qué hicieron la vista gorda al artículo estatutario que prohíbe préstamos para financiar fugas de capitales (lo cual hicieron durante el macrismo, y a lo bestia), pero ahora son tan rígidos con otro artículo que prohíbe hacer quitas al capital. "¿ Por qué hacer valer una prohibición y la otra no?", preguntó la Señora con absoluto sentido común.
El gobierno, en sólo dos meses y medio, se ve obligado a atajar penales día a día y hora tras hora. Y si bien en algunas áreas ya se nota el restaurado buen rumbo ­–contención social, lucha contra el hambre, salud pública nuevamente en acción, reordenamiento educativo y laboral, entre otras– las cuestiones vinculadas a la moral pública y a la justicia son, sin ninguna duda, las grandes piedras del camino.
Ahí está el asombroso delirio de las escuchas telefónicas del Equipo Irurzun que describió impecablemente Irina Hauser en estas páginas. Ahí el escándalo de la empresa Vicentín, que no debería tener otro destino que la intervención del Estado por medio del principal organismo afectado –el Banco Nación– y mediante un DNU que es conjeturable que esté ya en el despacho del presidente. Y ahí están también, por si fuera poco, cloacas reabiertas como el venal sistema macrista de peajes, o el Correo Argentino entrado ya en un estado judicial que no debería terminar sino con la prisión de los responsables del gigantesco desfalco. Temas todos –y hay muchos más– que hablan a los gritos de la necesidad y urgencia de cambios extremos, copernicanos en la todavía así llamada "Justicia".
Todas esas causas y perversiones, y muchas más, son inocultables. Y si no estallan, como la ciudadanía decente espera, es por los entramados juridicoides que en nuestro país, malditamente, son legión. Eso es lo que la porquería lawfare ha sembrado, protegido y alentado en los últimos diez años, por lo menos desde 2008. Lo que autoriza a pensar al menos tres cosas urgentes: una, hay que desarmar ya mismo las cloacas judiciales; dos, para ello designar urgentemente un procurador general decente e incuestionable, como Daniel Rafecas; y tres, empezar a pensar seriamente en la necesidad y urgencia de una gran reforma constitucional, como planteamos desde El Manifiesto Argentino desde hace años.
O sea una reforma profunda e incondicionada, surgida de un gran plebiscito nacional. Que es obvio que será el único modo de asegurar una Convención Constituyente que sea garantía de ecuanimidad, sensatez y patriotismo. Y una de cuyas misiones urgentes debería ser la reformulación de un Sistema de Justicia que de una vez garantice verdad, imparcialidad, decencia y seguridad para cada habitante de esta nación. Y sistema que podría basarse –otra propuesta del MA– en que los miembros de la Corte Suprema, los jueces y fiscales, el procurador general y el Consejo de la Magistratura sean elegidos por voto ciudadano y nunca más por acuerdos de los otros poderes.
Estas ideas, que incluyen el paso de la democracia representativa a una democracia participativa, las planteamos desde hace muchos años, y por eso hace unos meses los feroces ataques de dizque periodistas, trolls y charlatanes fueron señal inocultable de que estábamos en el buen camino.
Está visto que la telebasura y los mentimedios atacan con dureza a quienes cada tanto reflotan estos argumentos. Lo hacen atribuyendo intenciones inexistentes, con la misma liviandad con que inventan desavenencias entre los dos Fernández que están sacando a la Argentina del infierno. Pero esos ataques de ninguna manera deben verse como señales de fuerza sino de debilidad de ellos.
Lo cierto es que si se trata de cambiar verdaderamente este país, o sea de acabar con choreos, corrupciones, fraudes, abusos y prácticas antidemocráticas que el pueblo argentino ya no aguanta más, no hay otro camino que marchar hacia una nueva Constitución Nacional y hacia una profunda y radical reforma del Sistema de Justicia.
Por ahora no será, evidentemente, ya que es indudable que todas las propuestas del campo popular y democrático hoy se miden en proporción directa a un espíritu no irritativo y confiando en la mesura, armonía y a la vez firmeza de las decisiones que toman Alberto y Cristina. Quienes, sin duda, son conscientes y tienen experiencia para saber manejar tiempos muy delicados. La toma de decisiones basada en la rara y sabia combinación que conjuga mesura con firmeza, es siempre virtud del buen gobernante.
Es así como muchos/as, millones de compatriotas, acompañamos. Con paciencia y a veces como con bronca y junando, pero acompañando con hermosa lealtad.
Y algunos, muchos, además cada vez más convencidos de que el destino de este país que amamos depende, en esencia, de que se cambien la Constitución y la Justicia. Denle las vueltas que quieran, pero es eso.
15 de febrero de 2020
Macri o el arte de endeudarse y no pagar

Sin control al movimiento de capitales da igual tomar deuda en pesos o en dólares. Son dos peces distintos con el mismo aroma. El Gobierno de Macri no lo sabía y lo aprendió de la peor manera. Empezó como el Cid, queriéndonos liberar del cepo que impedía a los ilusos argentinos tener dólares, y terminó como el Quijote, rendido ante los molinos de la realidad. Dicho de manera más directa: el fin de los controles cambiarios fue uno de los pasos definitivos hacia su precipitado final.
Retirar el cepo significó la invitación a una fiesta en la que se liberaba la posibilidad de adquirir un bien preciado, el dólar, que apenas estaba disponible. La respuesta inmediata fue la de salir desesperadamente a buscar esos dólares para que la ciudadanía pudiera satisfacer un apetito culturalmente longevo. ¿Cómo? Tan simple como suicida: vía deuda. Macri creyó poder disfrutar de dólares contrayendo deuda como ya lo había hecho en épocas anteriores, eso sí, siempre salvándose de la tarea de tener que pagarla. Siendo empresario disfrutó la ventaja de que le estatizaran unos 17 millones de dólares de la deuda de su grupo empresarial en 1982; igual suerte tuvo en 2002, cuando le pesificaron la deuda de 396 millones dólares, por no mencionar su famosa deuda con el Correo Argentino y que intentó no pagar gracias a un acuerdo entre “su” empresa y “su” Gobierno, que le exoneraba del 99% de la misma. Como presidente de Boca Juniors durante 12 años inició un ciclo de endeudamiento que duplicó el pasivo en dólares de la institución. Como gobernante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires repitió la experiencia, y multiplicó por 3,8 la deuda del distrito, que pasó de 559 a 2.138 millones de dólares en sólo 7 años de gestión; y luego, como de costumbre, el PRO siguió pateándola hasta que en algún momento serán los ciudadanos quienes la paguen.
Esta vez, ya como presidente, el proceso fue el siguiente: primero se endeudó con acreedores privados (por 66.000 millones de dólares), y cuando ese grifo ya no daba para más se fue a buscar desesperadamente al FMI (hasta 44.000 millones de dólares) para ofertar más dólares que ahora tenían un doble propósito: por un lado, seguir manteniendo la oferta de divisas sin implementar un cepo y, por otro, comenzar a pagar algo de la deuda contraída. De esta forma, la deuda externa comenzaba a tornarse deuda eterna. Pero, eso sí, siempre con un mismo factor común: que viniera otro a pagarla.
Y así fue: Macri perdió las elecciones y, de nuevo, como buen escapista, intenta sortear su responsabilidad para afrontar el pago de su propia deuda. En sus últimos días, ya con el agua al cuello, y ante la imposibilidad de seguir pagando la deuda que él mismo contrajo, puso un súper-cepo y “defaulteó” la deuda. La administración cambiaria, que por algo existe en la mayoría de países desarrollados -aunque muchos crean que practican un sistema de libre movilidad-, volvía a fungir de torniquete para una hemorragia que ya estaba demasiado avanzada.
El Macri-Presidente actuó como el Macri-Empresario. Hizo lo mismo de siempre, pero esta vez como representante de todos los argentinos, y acabó lesionando buena parte del patrimonio público argentino. Contrajo deuda a sabiendas de que no podía pagarla, a la que no le dio utilidad productiva y, lo que es aún peor, buena parte de la misma sirvió para que unos pocos amigos fueran los grandes ganadores en medio de tanta calamidad económica y social.
A estas alturas, la pregunta cae por su propio peso. ¿No es hora de que Macri asuma su responsabilidad en el pago de esta deuda impagable? Después de todo, como dijo Macri, “¡quien las hace las paga!”
09 de febrero de 2020
Denuncia de la oposición porteña

Ciudadanía Porteña: un programa que Larreta subejecuta año a año

El programa da un subsidio a hogares pobres o indigentes con hijos menores de edad o un adulto mayor a cargo. Se calcula en base a la canasta básica.

Mientras que los y las beneficiarias de la AUH recibieron un bono, el Gobierno porteño no decidió tomar una medida similar con los que están incluídos en sus programas sociales.
Mientras que los y las beneficiarias de la AUH recibieron un bono, el Gobierno porteño no decidió tomar una medida similar con los que están incluídos en sus programas sociales.
El programa Ciudadanía Porteña, que depende del Gobierno de la Ciudad y está destinado a hogares que están bajo la línea de pobreza o de indigencia, viene siendo subejecutado año a año, pese a que se fue agravando la situación social con la crisis desatada en 2018. A fin de año, mientras que los y las beneficiarias de la AUH recibieron un bono, el Gobierno porteño no decidió tomar una medida similar con los que están incluídos en sus programas sociales. Legisladoras del Frente de Todos presentaron un proyecto para que se dé ese bono y se cree un programa similar a la Tarjeta Social a nivel nacional. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano porteño, que conduce María Migliore, respondieron que la cantidad de beneficiarios se incrementó y que prefieren articular la Tarjeta Social con la Nación.
Según datos del INDEC del tercer trimestre de 2019, en la Ciudad hay 595 mil personas bajo la línea de pobreza y 169 mil bajo la línea de indigencia. Si se toma por hogares, son 191 mil hogares bajo la línea de pobreza. El programa "Ciudadanía Porteña con todo Derecho" llega a un universo menor. Según señaló el Ministerio de Desarrollo Humano a este diario, alcanza a 38.401 hogares que, a su vez, representan a 101.673 personas. Esto representa, según los funcionarios PRO, un crecimiento con respecto a 2018 de un 8 por ciento.
Los números no coinciden con los que brindó el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, a la Legislatura en enero de este año, cuando señaló que eran 36.967 familias (99.363 personas alcanzadas). Tampoco coinciden con los datos que en agosto de 2019 envió la Dirección General de Atención Inmediata ante un pedido de información pública del Ministerio Público de la Defensa: allí hablaban de 35.235 hogares, que representaban a 96.579 personas.
Cualquiera sea la cifra que se tome -curiosamente, las tres provienen de fuentes oficiales-, es inferior a los 44.661 hogares que el programa alcanzaba en 2016 (154.498 personas) y notablemente más bajo que los 63.075 hogares (225.135 personas) que el programa asistía en 2011. Desde la oposición porteña infieren en esa sugestiva baja un ajuste en las cuentas sociales. También se podría deber a una migración a la AUH.
El programa da un subsidio a hogares pobres o indigentes con hijos menores de edad o un adulto mayor a cargo, que se calcula en base a la canasta básica alimentaria deel INDEC. El jefe de Gabinete porteño explicó que, en promedio, los beneficiarios reciben tan sólo 4507 pesos. Se cobra con una tarjeta que solo se puede usar para comprar alimentos y artículos de limpieza e higiene personal.
Los criterios de otorgamiento difieren de la AUH, donde se paga por hijo y hasta los cinco hijos. Si bien no hay números oficiales de la AUH en la Ciudad, se sabe que el programa nacional llega en territorio porteño a 71.354 beneficiarios, por lo que llega a 110.345 niñas y niños. Quienes forman parte de un programa no pueden acceder al otro.

La vieja y conocida subejecución
A las críticas opositoras por la caída de la cantidad de beneficiarios que fue sostenida, por lo menos, hasta 2018 -momento en que empezó la crisis económica-, se suman datos sobre la ejecución presupuestaria del programa social Ciudadanía porteña. Según datos recabados por el equipo de la legisladora Claudia Neira, en los primeros cuatro años de Horacio Rodríguez Larreta el programa fue subejecutado (con un pico en 2017):

*En 2016, la subejecución fue de un 28 por ciento. Tenía presupuesta 1.246 millones y se utilizaron 898 millones.

*En 2017, se subejecutó un 37 por ciento de las partidas de Ciudadanía porteña: de los 1.890 millones se usaron 1.192 millones.

*En 2018, tenían presupuestado 2.112 millones y se usaron 1.757 millones. Un 17 por ciento de reducción. En 2019, el presupuesto fue de 2.467 millones y al tercer trimestre -último dato disponible- había ejecutados 2.144 millones.

Desde el ministerio de Desarrollo Humano indicaron a este diario que el programa, por ley, se actualiza en forma automática por semestre en función de la canasta básica alimentaria del INDEC. "Contamos con propuestas complementarias dentro de este mismo programa para acompañar a las familias que más lo necesiten, como la Red Primeros Meses, que acompañan a mujeres embarazadas y madres de niños de hasta 1 año, y Estudiar es Trabajar, que está dirigido a personas de 18 a 40 años que asisten regularmente a un establecimiento educativo en cualquiera de sus niveles. El Ticket Social es un instrumento que funciona principalmente como una primera etapa de acercamiento para aquellos que, finalmente, reciben comienzan a recibir el subsidio de Ciudadanía porteña", remarcaron.
El caso del Ticket Social, no obstante, es llamativo. Provee una asistencia básica de 1100 pesos. Pueden recibir unos 550 extras si se prueba el riesgo nutricional. La caída de beneficiarios es notoria, según la información remitida por el Gobierno porteño a la Defensoría General de la Ciudad: en 2009, eran 70.022 beneficiarios y en 2018 -último dato disponible- cayeron a 4.874.
"Larreta puede y debe otorgar un bono a los beneficiarios de Ciudadanía Porteña y generar un refuerzo alimentario similar al que Nación otorga mediante la tarjeta alimentaria", plantea Claudia Neira. En el proyecto de ley que presentaron junto con María Rosa Muiños, con el respaldo del bloque del Frente de Todos, plantean esos dos puntos: dar por única vez un bono equivalente a un mes del programa y generar un refuerzo al programa.
Desde el Ministerio de Desarrollo Humano, señalaron que solo tienen previsto cumplir con la ley actual. También indicaron que "la implementación de la Tarjeta Social se dará en Ciudad de Buenos Aires al igual que en el resto de las jurisdicciones. Se está coordinando con el Gobierno nacional el momento de su implementación". Podría ser en marzo.
"Larreta no debería siquiera esperar a que la ley que presentamos se trate: debería hacerlo ya porque el hambre no espera. El programa tiene los recursos para hacerlo porque viene siendo subejecutado desde hace años y sin embargo, este año previó 77 por ciento de aumento. La Ciudad tiene que tener políticas contra el hambre para sus programas sociales, así como la Nación las tiene para la AUH", remarcó Neira.
07 de febrero de 2020
Juan Cuattromo presidirá el directorio en lugar del primo del expresidente

Jorge Macri deberá dejar el Grupo Bapro

El gobernador Axel Kicillof había denunciado que estaba "atornillado" junto a ocho directores, tres síndicos y varios asesores. Al momento de tratar la renuncia del directorio del macrismo, dejaban sin quórum la asamblea. Hubo que apelar a un artículo de la carta orgánica para situaciones de emergencia.

Tras su polémica resistencia para dejar el cargo , el intendente de Vicente López, Jorge Macri, deberá dejar finalmente el directorio del Grupo Bapro, el conglomerado financiero estatal de la Provincia de Buenos Aires. En lugar del primo del ex presidente asumirá Juan Cuattromo, quien logró convocar a la asamblea del grupo para efectivizar las renuncias de los funcionarios anteriores. Además, asumirán Julia Strada, Ariel Lieutier, Fernando Gelfo y Nicolás Segal en el directorio. Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires dicen que apuntan a darle una nueva función a este organismo, con créditos que apuesten a la producción y no a la especulación financiera.
"Compren un destornillador, desatorníllense", exigió el gobernador Axel Kicillof a los integrantes del directorio del macrismo que trababan la designación de las nuevas autoridades. Precisamente, fue Diego Rodrigo, del radicalismo, quien dejó sin quórum la reunión la semana pasada, al momento en que se iba a tratar la renuncia del directorio del macrismo, y la salida de los ex funcionarios nunca fue tratada. Incluso, en esta misma sesión ya se habían tratado varios temas, entre ellos, un nuevo programa de reactivación para las Pymes y la nueva conformación de la gerencia general.
Sin embargo, en el momento en el que debían asumir las nuevas autoridades, Rodrigo se retiró, dejando a la asamblea sin quórum. Así frenó la designación formal de las nuevas autoridades. De esta manera, los funcionarios de la gestión anterior duraron en el cargo por un tiempo más del que estaba previsto.
"Tomen nota, perdieron las elecciones, lo que considero lógico y razonable es que dejen que el Banco Provincia vuelva a actuar en consonancia con la política de las actuales autoridades de la provincia de Buenos Aires", pidió el gobernador Kicillof el miércoles pasado en La Matanza. Además, desde el oficialismo bonaerense destacaron que Cuattromo le había pedido a Jorge Macri que "realizara la asamblea para el recambio de autoridades".
Finalmente, Cuattromo apeló al artículo 27 de la carta orgánica del banco que lo habilita a convocar a la asamblea del grupo en situaciones de emergencia. Una vez reunida la asamblea, se aceptó la renuncia de Jorge Macri y se designaron cuatro nuevos directores para las empresas del grupo. Desde el gobierno bonaerense sostienen que uno de los que intentó atornillar a los funcionario macristas en la entidad financiera fue Daniel Salvador, el presidente del Comité provincial de la UCR y ex vicegobernador del distrito durante la gestión de María Eugenia Vidal.
“Según habría informado Salvador, la UCR no está autorizada a tratar este tema hasta que la ex gobernadora no vuelva a la actividad”, señalaron desde el gobierno provincial. “De esta forma, Jorge Macri, ocho directores, tres síndicos y una gran cantidad de asesores continúan usurpando estos cargos por instrucción de Vidal y la UCR”, denunciaron.
Desde el entorno del intendente, sostienen que Jorge Macri presentó su renuncia el 9 de diciembre pasado, pero que nunca fue aceptada por la asamblea por distintas "trabas administrativas". "Se decidió que la asamblea de accionistas, que es la encargada de elegir a las nuevas autoridades, se reúna el próximo 6 de febrero, a las 16. Desde el primer momento estuvimos dispuestos a colaborar con la elección de las nuevas autoridades”, aseguró Jorge Macri.
“Ante el pedido del presidente del Banco, que es el representante de la entidad y accionista mayoritario del Grupo, se convocó de manera inmediata a una reunión de directorio que se celebró el pasado 21 de enero. En ella se decidió que la asamblea de accionistas, que es la encargada de elegir a las nuevas autoridades, se reuniera ayer por la tarde”, agregó Macri.
Por su parte, Cuattromo insistió: “Necesitamos que ellos den un paso al costado y nos permitan terminar con los trámites formales”. Finalmente, se convocó la asamblea y se reemplazó al funcionario.
06 de febrero de 2020
María Laura Stirnemann, de H.I.J.O.S. París, tras la reunión con el Presidente

"Cuando escuchábamos a Lopérfido con declaraciones negacionistas se nos tambaleaba el mundo"

Exiliada en Francia desde 1981 junto a su hermana y su madre, es una de las fundadoras de H.I.J.O.S allí. Cuenta cómo fue la reunión donde le pidieron a Alberto Fernández una ley que castigue las declaraciones negacionistas.

“Cuando alguien hace tan libre y livianamente declaraciones negacionistas, nosotros nos sentimos desprotegidos. Es como si tambaleara todo lo logrado en materia de memoria, verdad y justicia.” Quien habla es María Laura Stirnemann. Vive en París, Francia, en donde en 1996 creó junto a otros hijos e hijas de desaparecidos en Argentina la sede gala de H.I.J.O.S. Se exilió junto a su hermana Silvina y su mamá en 1981, cuando ésta fue liberada de la cárcel de Devoto y solicitó asilo. Su padre fue asesinado en 1975 y permaneció en calidad de desaparecido hasta 1994, cuando localizaron sus restos y pudieron darle sepultura.
María Laura y su hermana Silvina integraron el grupo de referentes de organizaciones de derechos humanos que, esta mañana, le pidió al presidente Alberto Fernández que “estudie la posibilidad de crear en la Argentina mecanismos que castiguen las declaraciones negacionistas”, según amplió en diálogo con Página/12.

--¿Qué dijo Fernández?

--Que lo iba a estudiar. Nos comprometimos a entregarle un detalle pormenorizado de la ley antinegacionista que rige aquí en Francia. Acá no se puede decir a viva voz, en público, nada que implique la negación de crímenes contra la humanidad. Si andás por la calle con una esvástica, te penan. Son multas económicas. Junto a compañeros y compañeras argentinos que integran organizaciones vinculadas a los derechos humanos, se nos ocurrió hacerle esta propuesta al Presidente para que de alguna manera se limite a estos personajes que siguen perjudicando con sus palabras a las víctimas de la dictadura, a sus familias.

Cada vez que desde aquí escuchábamos a Darío Lopérfido y sus opiniones sobre los desaparecidos, o a otros personajes del gobierno de Mauricio Macri, a nosotros se nos movía el piso, nos tambaleaba el mundo: ¿qué sucedería con lo alcanzado?

--¿Qué implica para ustedes el negacionismo sobre los crímenes de la última dictadura cívico militar?

--Nos obliga a vivir algo que nos puso en el lugar de víctimas, nos revictimiza. Peleamos mucho por conseguir una reparación al dolor sufrido y de repente esas declaraciones ponen toda esa lucha en cuestión.
La propuesta fue realizada por H.I.J.O.S. París en compañía de organizaciones, como la Asociación de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), entre otras que le solicitaron al Presidente un espacio en la agenda de su gira presidencial. Esta asociación fue conformada en 2016 por argentinos militantes de diferentes espacios --H.I.J.O.S. inclusive-- que se encontraron en un lugar común: la alarma provocada por el advenimiento en Argentina de un gobierno neoliberal. “La realidad es que durante el comienzo del siglo estuvimos tranquilos, todo parecía haber entrado en un cierto orden. Las leyes de impunidad fueron abolidas, empezaron los juicios. Pero entonces ganó Macri las elecciones y empezamos a temer que se llevara por encima todo el trabajo en memoria, verdad y justicia logrado”, apuntó Stinermann.
Desde entonces vivieron años muy movilizados. Salieron a reclamar por la libertad de Milagro Sala --algo por lo que le insistieron a Fernández esta mañana--, por las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en contra del 2x1. "Vivimos cuatro años de urgencias y quedamos activos", repasa Stirnemann.

--¿Qué otros temas quisieron plantearle a Fernández?

--Quisimos expresarle nuestras ganas de participar. Con su elección sucede que estamos esperanzados, y queríamos que supiera nuestras inquietudes así como nuestra predisposición: consultarle qué podemos hacer desde acá para aportar al debate nacional. El hecho de que personas cercanas a nuestra organización integren el Gobierno, como Wado de Pedro, Juan Cabandié o Horacio Pietragalla, son señales fuertes como señal de continuidad de las políticas de memoria, verdad y justicia.
Pero también sabemos que hay muchos genocidas beneficiarios de prisiones domiciliarias y con libertades condicionales o reducciones de pena. Y le dijimos que eso no podía suceder. Nos respondió que en Argentina tenía la intención de aplicar el Tratado de Roma, que estipula que los condenas de crímenes de lesa humanidad se tienen que llevar a cabo enteramente, no puede haber una reducción de las penas. Nos dijo que iba a estar atento, más allá de que sabemos que hay situaciones que escapan de su órbita, que corresponden a la Justicia.

--¿Qué conclusión saca tras el encuentro?

--Me dejó tranquila. Ellos (en relación no solo a Fernández, sino también a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo) se mostraron muy abiertos y muy en sintonía con lo que planteamos. Nos generó confianza. Venimos de un presidente que nunca festejó ni siquiera la aparición de un nieto.
30 de enero de 2020
El organismo de Naciones Unidas ofreció su colaboración para erradicar el hambre en el país

Alberto Fernández se reunió con el director del Programa Mundial de Alimentos  

En su primera actividad en Italia, el presidente Alberto Fernández se reunió con el director ejecutivo del PMA, David Beasly, en la sede del organismo que se encarga de llevar adelante el Plan Hambre Cero.

Durante la reunión, Fernández le describió la situación social en el país y relató detalles del Plan Argentina contra el Hambre, que implementó en los primeros días de su gestión.
“Tengo muchos problemas por resolver en mi país, sobre todo el del hambre, que es una gran deuda social. Por eso vine a conocer más profundamente el inmenso trabajo que realizan en pos de terminar con el hambre en el mundo”, sostuvo el Presidente.
El estadounidense Beasly, por su parte, ofreció su ayuda al mandatario en la lucha que emprendió su administración para erradicar el hambre en el país.
Tras firmar el libro de visitas, Fernández colocó una ofrenda en honor a los miembros del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas que han perdido la vida combatiendo el hambre y la pobreza en diferentes regiones del planeta.
Acompañaron al Presidente, su compañera, Fabiola Yáñez; los ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; su vocero Juan Pablo Biondi y el jefe de Gabinete de Cancillería, Guillermo Justo Chaves.
30 de enero de 2020
De regreso a la función pública

Aníbal Fernández fue designado como interventor en Yacimiento Carbonífero de Río Turbio

Aníbal Fernández se sumó al gobierno de Alberto Fernández. El ex ministro fue designado como interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio. En ese cargo se desempeñará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, conducido por Matías Kulfas.
La designación de Fernández se formalizó por medio del decreto 119/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial. Tras pasar por varios cargos tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo en anteriores gestiones, el ex funcionario vuelve así a la función pública después de poco más de cuatro años de su renuncia como jefe de Gabinete  de Cristina Kirchner.
En las elecciones de 2015 Fernández se postuló a gobernador bonaerense y fue derrotado por María Eugenia Vidal. En 2019 se presentó como precandidato a  concejal de Pinamar, pero su lista perdió en las internas del Frente de Todos.
A comienzos de año, mientras veraneaba en el partido de la Costa Atlántica, el ex intendente de Quilmes, que se define en Twitter como "incondicional de Alberto y Cristina (Kirchner)", había manifestado su apoyo al jefe de Estado: "Si en algún momento el Presidente me necesita, me buscará y estaré."
De esta manera, Aníbal Fernández sucederá en el puesto a Omar Faruk Zeidan, quien tuvo duros enfrentamientos con el sector gremial durante el período en que estuvo a cargo del Yacimiento Carbonífero de Río Turbio y de los servicios ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Río Gallegos, en Santa Cruz.
"Reúne las condiciones necesarias y la idoneidad profesional requerida para desempeñar dicha función", subraya el texto del decreto que lo designa.
25 de enero de 2020
Alberto Fernández en Israel: "Nuestro compromiso por saber qué pasó con la AMIA es absoluto"

El presidente de la Nación se reunió con el premier Benjamin Netanyahu, quien le agradeció por mantener a Hezbollah como grupo terrorista.

El presidente Alberto Fernández se reunió esta mañana con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y destacó que el compromiso por descubrir qué pasó en el atentado a la AMIA de 1994 es "absoluto". El jefe de Estado, que visitó Medio Oriente para participar de un acto en conmemoración de las víctimas del Holocausto, realizó una declaración conjunta con Netanyahu, quien a su vez le agradeció que mantuviera al grupo libanés Hezbollah como "terrorista".
"Nuestro compromiso por saber la verdad sobre lo que pasó en la AMIA es absoluto. Fue y es nuestro compromiso. Necesitamos saber qué fue lo que pasó, por la memoria de los que murieron allí y también en la Embajada de Israel. Nuestro compromiso es inalterable", expresó Alberto Fernández, quien mantuvo una postura crítica del memorándum de entendimiento con Irán pero a la vez descree de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento contra Cristina Kirchner y su canciller, el fallecido Héctor Timerman.
El presidente Alberto Fernández y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, celebraron hoy la etapa de acercamiento entre ambos gobiernos y se prometieron "fortalecer la amistad y aprovechar las oportunidades" de acuerdo que se abren en varios terrenos. Argentina, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, fue uno de los primeros países en reconocer al estado de Israel, fundado en 1948, y envió al embajador Pablo Manguel (abuelo de la periodista Romina Manguel).
Fernández y Netanyahu dieron un mensaje a la prensa, en la residencia del primer ministro, sin preguntas de los periodistas. Netanyahu, del partido derechista Likud, le agradeció a Fernández "seguir manteniendo la clasificación de Hezbolá como organización terrorista".
25 de enero de 2020
El descargo del funcionario macrista al que le encontraron U$S10 mil en su oficina

Rodrigo Sbarra reactivó su cuenta personal de Twitter para lanzar enigmáticos mensajes y decir que fue una "opereta"

El funcionario del Ministerio de Producción  Rodrigo Alberto Sbarra, a quien le encontraron en su oficina 10 mil dólares, lanzó enigmáticos mensajes en su cuenta personal de Twitter y no dio explicaciones al respecto: sólo manifestó que se trata de una "opereta".
"Buen nivel de opereta eh. Dios mio", escribió Sbarra, que reactivó su cuenta para publicar el mensaje y agregó con ironía: "Gracias a todos por los afectuosos saludos".
El ministro de Producción, Matías Kulfas, denunció el jueves el hallazgo de un sobre que tenía en su interior 10 mil dólares y que fue encontrado en el despacho que correspondía a Sbarra, exfuncionario. La acusación, realizada a través del representante jurídico de la cartera, recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
La particularidad es que a esa oficina del edificio de Paseo Colón al 500, se ingresa sólo mediante huella dactilar digitalizada y a través de una doble puerta. Allí, un empleado de la nueva gestión intentó correr un mueble y dio con el sobre, que en su exterior tiene la inscripción: "Noviembre".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Buen nivel de opereta eh. Dios mio.</p>&mdash; Rodrigo Sbarra (@RodrigoSbarra) <a href="https://twitter.com/RodrigoSbarra/status/1220509977011544065?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="es" dir="ltr">Gracias a todos por los afectuosos saludos.</p>&mdash; Rodrigo Sbarra (@RodrigoSbarra) <a href="https://twitter.com/RodrigoSbarra/status/1220515226912731136?ref_src=twsrc%5Etfw">January 24, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
20 de enero de 2020
Relanzamiento del INAP y el Ministerio de las Mujeres

Capacitación de género para todos los trabajadores del Estado

El Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, relanzó la capacitación para los trabajadores del Estado en temáticas de género y violencia contra las mujeres.
El objetivo de la iniciativa es que todos los funcionarios de la administración pública nacional accedan a "las distintas herramientas que permiten prevenir, detectar y acompañar a cualquier mujer que esté atravesando una situación de violencia de género, tanto en su vida privada como en el ámbito laboral".
"Tiene la particularidad de que está orientada a todos los funcionarios sin importar las jerarquías, ni el tipo de contratación ni las funciones que se desempeñen, por eso decimos que es universal", sostuvo la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
La inscripción para este primer módulo está abierta hasta el 21 de enero y estará en línea del 24 de enero hasta el 6 de febrero y el curso se realiza en forma on line en la plataforma de capacitación del INAP, https://capacitacion.inap.gob.ar.
14 de enero de 2020
Encontraron carpetas de derechos humanos en un sótano inundado

La desidia del macrismo con el archivo del Ministerio de Defensa

El ministro Agustín Rossi ordenó realizar una auditoría en el Edificio Libertador y encontraron parte del archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abandonado y dañado en un subsuelo. Se trata de informes administrativos corrientes, pero Rossi remarcó que esa información "puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.

Parte del archivo de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa fue encontrado abandonado y dañado en un subsuelo del Edificio Libertador, que se encontraba inundado. El hallazgo fue producto de una auditoría interna. “Sorprende la desidia de la gestión anterior”, sostuvo el ministro Agustín Rossi a través de su cuenta de Twitter en relación a su antecesor en el cargo, Oscar Aguad.
Durante los primeros días de su gestión, Rossi ordenó a personal de mantenimiento del Ministerio a que haga “una recorrida por el edificio para ver qué había que reparar”, contó en una entrevista otorgada a radio El Destape. Durante esa auditoría, en la que se encontraron “desde vidrios rotos hasta plagas, porque hay muchos murciélagos dando vueltas” en las instalaciones de la sede de Defensa, el personal a cargo dio con las cajas y cajas de archivos dañados.
“Nos encontramos con este lugar destinado a archivo, tenía diez centímetros de agua, una gotera que venía desde hace bastante tiempo, cajas de documentación tiradas, humedecidas y echadas a perder por el acción del agua”, describió el ministro.
Desde la cartera informaron que se está analizando la documentación dañada, pero que hasta ahora se trata de informes administrativos de gestiones corrientes de la dirección de Derechos Humanos y de la Dirección General de Administración: expedientes destruidos y con moho, archivos deteriorados, describieron desde la cuenta de Twitter del MInisterio.
Por ahora no encontraron documentación sensible dañada, admitieron. No obstante, aclaró Rossi, “independientemente de que sea información ordinaria, si uno la archiva es porque puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.
Todas las cajas con documentación que permanecían guardadas en la habitación inundada, ubicada en el tercer subsuelo del Edificio Libertador, fueron trasladadas a otra dependencia.
“Esto demuestra la desidia absoluta con la que trabajaron” durante la gestión de Cambiemos que al frente de Defensa tuvo al ex diputado radical Aguad, evaluó Rossi, quien aseguró que el Edificio Libertador está “más venido a menos” de lo que lo dejó tras su primer mandato como ministro, culminado en 2015.
14 de enero de 2020
Defensores de acusados por corrupción y una de sus víctimas le responden al falso abogado

“D'Alessio sigue siendo un extorsionador”

José Manuel Ubeira, Alejandro Rua y Aníbal Ibarra minimizaron el impacto de las declaraciones de Marcelo D'Alessio y plantearon que no aportó nada que no esté probado ya en el expediente que instruye el juez Alejo Ramos Padilla. También aseguraron que las causas de los cuadernos y del GNL se van a caer hable o no hable D'Alessio.

Abogados de los imputados en las causas por corrupción y una de las víctimas del falso abogado minimizaron el impacto que podrían tener las declaraciones públicas de Marcelo D'Alessio . Advierten que “sigue siendo un extorsionador”; que las causas armadas por el macrismo se van a caer con o sin su colaboración y que, con su aparición pública, buscó mandarle un mensaje al macrismo para “que no le suelten la mano” a cambio de su silencio.
Tras la entrevista que el fin de semana dio D'Alessio, José Manuel Ubeira --quien iba a ser sometido a una cámara oculta a pedido de Stornelli-- y los abogados que intervienen en las causas GNL y fotocopias de los cuadernos, Alejandro Rua y Aníbal Ibarra, les bajaron el precio a las supuestas revelaciones del falso abogado, quien está procesado y detenido por espionaje ilegal. Ante la consulta de PáginaI12, afirmaron que sus declaraciones siguen formando parte de su accionar extorsivo y que no aportó nada que no esté probado ya en el expediente que instruye el juez Alejo Ramos Padilla.
Uno de los cuatro hechos en los que D'Alessio admitió haber participado en su declaración para convertirse en arrepentido es el pedido de Stornelli para hacerle una cámara oculta a Ubeira, quien era el abogado defensor de Oscar Thomas, uno de los imputados en la causa de las fotocopias. Lo grave del caso es que el fiscal de esa causa era el propio Stornelli. “Lo que dijo me parece que es coherente con lo que surge de los chats. Pone en palabras lo que claramente fue una instrucción de Stornelli. Hay un reconocimiento explícito. Le da contexto y explicación, pero no hay nada nuevo”, evaluó Ubeira.

-- ¿Qué sintió a nivel personal y profesional al escuchar a D'Alessio hablar desde la cárcel y detallar cómo iban a espiarlo?

-- Es horrible. Uno piensa que una persona que fue amiga durante muchos años no podría manejarse de esa manera. Y desde el punto de vista institucional es gravísimo. Es la utilización de un servicio de inteligencia paralelo para perseguir y extorsionar. No hay antecedentes en la historia argentina. Que un fiscal intente hacer una cámara oculta a un defensor de un imputado en una causa que él mismo investigaba no tiene precedentes.

-- ¿Y por qué cree que D'Alessio quiso hablar ahora?

-- Porque la cárcel es muy dura. El hombre se ve más que preocupado. Con el cambio de gobierno la situación se le complicó mucho más. Las personas que hubieran sido eventualmente amigas, del staff del gobierno anterior ya no están. Está buscando reposicionarse. Mientras el gobierno de Macri estuvo en funciones, no se privó de hacer ningún tipo de barbaridad, pero ahora están todos en retirada. Lo que está tratando de hacer es ver de qué manera se posiciona porque el futuro para él es muy oscuro.

-- ¿Los dichos de D'Alessio pueden tener un impacto en las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo?

-- Si se verifica algún grado de verosimilitud de los dichos de D'Alessio sobre el armado de causas, tarde o temprano va a tener repercusiones. Porque si uno une los dichos de D'Alessio con todo el combo del accionar de Carrió, Bullrich y compañía, y los entrecruzamientos de llamados y mensajes, todo cierra. Fueron los tres poderes del Estado durante cuatro años dispuestos para la persecución. Ahora, con este accionar uno entiende las ocho indagatorias a Cristina en un día.

"Que no nos tome el pelo"

Para los abogados Alejandro Rua y Aníbal Ibarra, no son necesarios los dichos de D'Alessio para que se caigan las causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo.
“D'Alessio es una persona que parece que quiere hablar y no dice nada. Sigue siendo un extorsionador. Sigue la misma lógica. Dice que va a hablar pero no lo hace. ¿Quiere hablar? Bueno, que hable en serio de una vez. Pero el juez le dijo que no es suficiente lo que está diciendo”, afirmó Rua.
Otro de los hechos delictivos de los que supuestamente se arrepintió D'Alessio es su participación en la causa GNL. Por ese expediente estuvo detenido e irá a juicio oral, entre otros, Roberto Baratta, cuyo defensor es Alejandro Rua. D'Alessio admitió haber incurrido en falso testimonio en esa investigación, también en manos de Stornelli. El objetivo era reflotar un expediente que se caía a pedazos tras la comprobación que un peritaje trucho había sido la piedra basal para la causa. Incluso, a pesar del escándalo que llevó al procesamiento del perito David Cohen, la causa de los cuadernos se originó como una derivación de la de GNL y ni siquiera fue enviada a sorteo, sino que se la quedaron el juez Claudio Bonadio y el procesado Stornelli. “La causa GNL va a ser anulada, hable o no hable D'Alessio”, afirmó Rua. “Si él quiere contar algo más, va a servir. Pero ya hay elementos suficientes para que esa arquitectura fraudulenta, que ya está expuesta, haga caer todo”.
D'Alessio dijo que “la causa de GNL es todo un delirio” y que “el único falso testimonio que cometí es decir que las carpetas que yo tenía (de Enarsa) me las habían dejado en casa en lugar de decir que las tenía yo”. Rua consideró que ese punto "es muy importante. Quizás él pueda explicar cómo es que una persona puede sentarse a hablar delante de un juez y mentirle y llevarle cosas falsas con la tranquilidad de saber que no va a tener consecuencias. Nadie le miente a un juez así de fácil. Él fue llevado a esa situación, adelante del fiscal. Y otra vez ante Stornelli. Que no nos tome el pelo".

-- ¿A partir de las declaraciones de D'Alessio van a hacer alguna presentación judicial?

-- Sus dichos no son nada nuevo. Lo único que hay de nuevo parece ser su desesperación para mejorar su situación. Esta causa ya está en la etapa de juicio y plantearemos las nulidades cuando el Tribunal Oral cite a las partes al debate oral.

Un mensaje al macrismo

Aníbal Ibarra, defensor en la causa de las fotocopias, coincidió en que la aparición pública del falso abogado forma parte de su accionar extorsivo y afirmó que D'Alessio buscó mandarle un mensaje al macrismo: “Hasta aquí D'Alessio ha sido un extorsionador y un mentiroso. Decir que si habla se caen las causas emblemáticas contra Cristina es un mensaje hacia el macrismo, para que no lo abandonen. Es como decir: no me suelten la mano porque hablo yo y se cae todo. Si sabe cosas que las diga, y el juez verificará si son ciertas o no. Pero me parece que sigue en el camino de la extorsión y busca negociar en beneficio propio”.

-- ¿Pero es cierto que si habla pueden caer las causas más emblemáticas sobre corrupción?

-- No se necesita de Marcelo D'Alessio para que se caigan las causas inventadas y promovidas por el macrismo. Ya hay prueba suficiente para que se demuestren los armados. D'Alessio es un personaje poco creíble. Ahora te muestra una carta pero no te muestra las otras dos. Pero, por suerte, en Dolores afortunadamente se encontró con un juez serio, no como otros.
30 de diciembre de 2019
Intentará destrabar la sanción de la ley tributaria

Kicillof convocó a una reunión a los intendentes de Cambiemos

El objetivo del gobernador, quien llamará a una nueva sesión extraordinaria, es llegar a una negociación con los jefes distritales de la oposición. El encuentro se realizará el jueves en La Plata. "Han hecho un gran escándalo" y "han mentido", apuntó Kicillof contra los legisladores opositores que no permitieron debatir la ley.

La pulseada que tiene al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con la oposición macrista por la ley Impositiva sigue en pie. "Han hecho un gran escándalo, un show, un circo con un cambio que lo que hace es respetar lo mismo que el año pasado", señaló Kicillof apuntando contra la oposición.
El gobernador llamará a una nueva jornada de sesión extraordinaria de la legislatura para intentar que se sancione la ley, a la vez que convocó a los intendentes de Juntos por el Cambio (JpC) para este jueves a una reunión en la que intentará cerrar la negociación.
"No es verdad que están intentando defender ni a la clase media ni a los jubilados. Están defendiendo a los grupos concentrados de la economía, tal y como lo hicieron durante los cuatro años que gobernó (el ex presidente Mauricio) Macri y (la ex gobernadora, María Eugenia) Vidal", señaló a PáginaI12 el senador provincial, Omar Plaini.
"La ley propone mantener la recaudación del año pasado y no la aumenta ni un centavo en términos reales", destacó el gobernador y descartó que se tratara de un impuestazo porque "en el caso del inmobiliario rural, solo doscientos propietarios de más de dos mil hectáreas, tendrían un incremento mayor a la inflación y, si pagan en una cuota, no lo tendrían".
Con los tiempos corriendo, Kicillof mostró el enojo por la falta de compromiso de la oposición para cumplir con los acuerdos a los que había llegado durante la transición con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
"Hay que explicarle a la sociedad la gran mentira que dijo la oposición para justificar una actitud que tiene que ver con usar el peso de su mayoría en el Senado, no dejar sesionar y dejarnos sin ley tributaria; la recaudación se va a ver resentida", destacó el ex ministro de Economía, anticipando el problema que llegará a medida que se extienda la discusión y no se pueda poner en funcionamiento la ley Impositiva.
La mayoría en el senado bonaerense es lo único que le quedó a la oposición macrista para mostrar algo de poderío legislativo. JpC tiene 26 senadores mientras que el Frente de Todos (FdT) logró unificar un propio bloque de 20 senadores. En la cámara de Diputados la situación es distinta, ya que si bien en un comienzo había paridad porque el FdT tiene 45 diputados y JpC tenía 43, el haber perdido por cerca de 13 puntos de diferencia generó un cisma interno que produjo nuevos bosque de legisladores que integraban la coalición macrista. Al menos cinco diputados conformaron Cambio Federal, compuesto por dirigentes que se referencian en el ex presidente de la Camára de Diputados de la Nación, Emilio Monzó y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
"Está claro que tienen un problema interno y no saben quien conduce su espacio político. Por un lado, están los que dicen ser leales a Vidal. Por otro, los que dicen responder a Macri y al final están los radicales y el ARI", detalló a este diario el legislador bonaerense y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini.
El desbande de la alianza macrista y sus dificultades para resolver su interna impide que el oficialismo encuentre un interlocutor válido que pueda hacer valer los acuerdos. La ley Impositiva era una de las primeras leyes que Vidal ya había acordado con Kicillof que iban a facilitar junto con la de declaración de la emergencia. "Más allá de su interna, tienen intencionalidad de obturar la gobernabilidad", agregó el dirigente peronista.
El gobernador bonaerense llamará a una nueva sesión extraordinaria para intentar que se trate y se sancione la ley que considera central poner en práctica el plan que implementará ya con las herramientas que le facilita la ley de emergencias. Los tiempos legales lo obligan a que se concrete seguramente la semana que viene por el asueto administrativo del lunes y martes, sumados al feriado del primer día del año.
Sin embargo, citó a los intendentes de JpC a una reunión en la gobernación el jueves. Allí les explicará las dificultades en las que entrará la provincia por la falta de la ley que regula los impuestos, pero también les recordará que al no poder recaudar acorde a la inflación como plantea la ley, los municipios de toda la provincia también se verán afectados.
Kicillof ya se reunió la semana pasada con los intendentes del FdT con quienes dialogó sobre el mismo tema. Aunque a diferencia de la reunión con los propios, en el encuentro con los intendentes de la oposición intentará que los legisladores que les responden cambien su actitud.
Todos los municipios precisan que se apruebe la norma porque algunos impuestos van a las arcas distritales, pero también porque la coparticipación municipal depende de la recaudación del Estado provincial.
27 de diciembre de 2019
Definiciones del ministro de Educación Nicolás Trotta

Nicolás Trotta: "Después de la lucha contra el hambre, la educación tiene que ser la prioridad"

Trotta destacó la necesidad de recuperar la inversión y de garantizar la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Convocará a la paritaria docente y retomará la distribución de libros y computadoras.

Nicolás Trotta define el objetivo de su gestión con una idea: que la escuela logre romper las desigualdades de cuna con que ingresan chicos y chicas. El modo en que piensa este cambio es la extensión de la escolaridad, de manera que los niños entren al sistema educativo en la sala de 2 o de 3 años. Y en el caso de los secundarios, que los colegios avancen hacia jornada extendida. Esta escuela que, anticipa, va a volver a distribuir netbooks y libros, a reimpulsar las escuelas técnicas, a pensar en modos de acompañar las trayectorias escolares de los alumnos de los sectores más vulnerados, es la misma que debe atender la urgencia más primaria de todas las posibles, la de dar de comer. “Tenemos que hacernos cargo de una realidad dual: enfrentar la emergencia y tomar medidas para reconfigurar la educación que queremos”, sostiene y destaca: "Tenemos 56 mil establecimientos educativos, no es que no tenemos ninguno, es un cambio de concepción del lugar del Ministerio".
El nuevo ministro de Educación se niega a hablar de las maltratadas escuelas de 2019 en términos de “las escuelas que dejó Cambiemos”. “No somos la consecuencia de cuatro años de Macri, somos el resultado de los últimos cuarenta años", indica. "Hubo un esfuerzo de toda la sociedad para interrumpir ese proceso de degradación de nuestra escuela, en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, que consiguió consensos muy importantes. La Ley de Educación fue un consenso importante, la Ley de Educación Técnica, la Ley de Financiamiento Educativo... el gobierno pasado las incumplió. La pregunta es por qué se interrumpieron esos consensos. Por qué leyes que fueron sancionadas por unanimidad no se cumplieron cuando cambió el gobierno, por qué nos llenamos la boca hablando de educación y después no se acompañan esos discursos con inversión. Por qué no se construyen consensos con toda la comunidad educativa, porque es imposible imaginar que podemos mejorar nuestra escuela peleándonos con los maestros o descalificando a los maestros.”



-¿Por qué la extensión de la escolaridad?

--Creemos en la escolarización temprana porque está comprobado que cuanto antes un niño o niña se escolariza mejor es toda su trayectoria educativa. Mucho más en un momento donde, con dolor, observamos que la escuela ha perdido la centralidad como espacio de transferencia y creación de conocimiento, para transformarse en un espacio de contención social. Superada la crisis, para lo que nosotros vamos a acompañar el Plan de Lucha Contra el Hambre, creemos que hay que apuntar a recuperar la centralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que cumplir con la universalización que plantea la ley, la obligatoriedad de la sala de 4 y de 5 años, y también avanzar en la sala de tres y dos años, comenzando donde hay más necesidad, en los lugares más vulnerables de la Argentina en términos de pobreza, porque donde hay más necesidad tiene que haber más Estado y más escuela. Es ahí donde queremos poner el foco.

--¿Y en el caso de la doble jornada secundaria?

--También queremos implementarla poniendo como prioridad aquellos sectores con mayor vulnerabilidad. Vamos a articular con entidades deportivas y centros culturales para que nuestros adolescentes estén tres o cuatro horas más en la escuela; queremos extender esta cobertura, que hoy ronda el 22 por ciento.



--Una de las promesas de campaña incumplidas por Mauricio Macri fue la construcción de tres mil jardines de infantes. Para alcanzar una mayor cobertura, se necesita una mayor infraestructura; ¿cómo se va a lograr esa mayor inversión, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias?

--Nosotros planteamos que hay distintas etapas. La primera es el diagnóstico; en un esquema de fuerte restricción fiscal y de una crisis económica social tan marcada, creemos que hay que institucionalizar la decisión del rumbo que queremos transitar. Por eso hemos planteado en la primera reunión del Consejo Federal de Educación acordar este objetivo central, que no sólo debe ser de un gobierno nacional sino que tener articulación con las 24 jurisdicciones educativas. Queremos un consenso con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires que nos permita la constitución de un fondo educativo para la universalización de la sala de dos y la sala de tres.

--¿De dónde saldrían los recursos para ese fondo educativo? ¿Esto acompañaría la Ley de Financiamiento Educativo?

--Hoy la Ley de Financiamiento Educativo en términos de inversión no se está cumpliendo.

--La ley dice que que un 6 por ciento del PBI debe ir a educación ¿Cuál fue la inversión en 2019?

--Del 4,9 o 4,8 por ciento, es decir que está debajo más de un 1 por ciento. Hay que tener en cuenta, además, que hablamos de un Producto Bruto Interno que se comprimió en los últimos cuatro años. O sea, la desfinanciación fue muy marcada. Se han abandonado programas centrales, como la formación docente, se abandonó la inversión en infraestructura. La construcción de nuevos establecimientos educativos es fundamental para estos dos objetivos de escolarización temprana y de jornada completa. También se abandonó el mantenimiento de las escuelas. Nosotros creemos que más allá de la meta de inversión en relación al PBI, hay que generar la institucionalización de un fondo para cumplir con estos objetivos estratégicos que ha trazado el propio presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Un fondo que puede ir siendo nutrido a partir del proceso de recuperación de la economía argentina.



-- ¿De dónde surgirían los recursos?

--No es algo que esté definido todavía. Lo que sí hay, lo que hemos dialogado, es la necesidad de priorizar la inversión educativa en un contexto de fuerte restricción fiscal. La responsabilidad nuestra como Ministerio de Educación es que la agenda educativa tenga la centralidad que nuestra sociedad necesita. Luego de la lucha contra el hambre, contra esta pobreza que se ha multiplicado en la Argentina, la segunda prioridad debe ser sostener e invertir en las políticas educativas, como principal herramienta de ruptura de la desigualdad de origen que hoy tiene nuestra sociedad.

--¿Hay un plazo para recuperar ese 1 por ciento del PBI que hoy no se está cumpliendo?

-No tenemos un plazo determinado, llevamos dos semanas de gestión. Pero es una prioridad, consideramos que debe ser la agenda de cara al futuro. Si no se sostienen los procesos de inversión en infraestructura escolar, en formación docente, en la discusión de una política nacional educativa, es muy difícil cumplir los objetivos que nos hemos trazado.

--La desigualdad educativa está vinculada al acceso a la escuela y, además, a la trayectoria escolar de cada chico ¿Qué puede hacer el ministerio en este aspecto?

--Creo que esa es la pregunta de fondo de nuestro sistema educativo, cómo logramos reducir esa brecha de capital educativo y cultural con el que vienen cada uno de nuestros estudiantes. Lo podemos ver en los distintos niveles, en el inicial, el primario, el secundario e incluso en la universidad. Muchas veces el desgranamiento se termina dando en los sectores populares, con estudiantes que son la primera generación de sus familias en acceder a la educación universitaria. Ahí tiene que haber políticas pedagógicas de acompañamiento. Estamos promoviendo para los próximos meses programas específicos de terminalidad educativa, tanto en la escuela secundaria como en la educación universitaria. que nos permitan un trabajo muy focalizado para mejorar la terminalidad en sectores más vulnerables de la población, acompañando las políticas que o se han descontinuado o se han desfinanciado en la gestión última de Mauricio Macri, como ha sido por ejemplo el Progresar.

--¿Qué va a hacer el ministerio con el Progresar? Los valores de las becas, por ejemplo, quedaron muy retrasados.

--Creemos que es una herramienta indispensable y estamos trabajando con las distintas áreas del Gobierno Nacional para ver qué herramienta específica utilizar. Vamos a iniciar una política muy focalizada, dada la realidad fiscal de la Argentina, para poder pensar después instancias superadoras, programas más universales.

--¿Cómo va a retomar el ministerio el Plan Nacional de Lectura? El gobierno anterior lo cortó, lo disminiuyó de forma abrupta .

--La semana próxima vamos a presentar con el presidente en la Casa Rosada el Plan Nacional de Lectura. Estamos convocando a todas las entidades afines, a escritores, a referencias de la literatura argentina para que participen. La lectura es un derecho, pero además si queremos mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que recuperar el hábito de la lectura. Creo que no hay nada más revolucionario que lograr que una madre o un padre puedan encontrar ámbitos de lectura con sus hijos, y que la propia escuela recupere ese ejercicio. Libros y computadoras son dos ejes centrales y compatibles que deben dialogar entre sí para repensar la sociedad que queremos.

--¿Vuelve el plan Conectar Igualdad?

--Son dos ejes que queremos que sean la carta de presentación de nuestra gestión. El Estado nacional debe asumir que cada niño o niña, cada adolescente tenga libros y tenga una computadora, porque es un ejercicio básico de ciudadanía, con un impacto enorme en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo en términos individuales sino también en términos familiares. Más allá de la restricción que está transitando en términos fiscales la Argentina, cada recurso que se tenga, sea mucho o poco, hay que empezar a hacerlo, por los lugares de mayor vulnerabilidad. Ese es el desafío a partir de lo que nos ha pedido el presidente.



--¿Con qué formato? ¿Netbooks o celulares?

--Pensamos que tienen que ser netbooks, por el uso que permiten, que se vincula también a una agenda, porque el desafío que tiene la Argentina en el presente es acompañar la grave situación social. En este proceso, la escuela tiene que tener centralidad no sólo acompañado el derecho a la alimentación, como un derecho básico que hoy en la Argentina está vulnerado, sino también pensando en cómo imaginamos la escuela del presente y del futuro. Tenemos que volver a las raíces, tener libros, pero también garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas. Algunos hablan mucho de robótica, pero más que hablar de robótica nosotros creemos que hay que hablar de programación,de la capacidad que nuestros niños tengan de programar y decodificar. Tenemos que hacernos cargo de una realidad dual: enfrentar la emergencia y tomar las medidas en el campo educativo para reconfigurar la educación que queremos para nuestros chicos. Nuestra gestión tiene que romper las desigualdades tan profundas que tiene la Argentina del presente, donde seis de cada diez niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza.

--El ex ministro Alejandro Finocchiaro aseguró que la gestión de Cambiemos mejoró la calidad educativa, sobre todo en lengua, según habrían demostrado las evaluaciones educativas ¿Qué opina de estas evaluaciones y en particular de las pruebas PISA?

--Para nosotros evaluar es fundamental; no sólo la educación, sino cualquier política debe ser evaluada. Ahora, más que evaluar para saber cómo estamos, porque sabemos cómo estamos, hay que plantearse qué hacemos con los resultados de esas evaluaciones. La verdad es que nada que hagamos nosotros hoy va a implicar que estemos mejor en cuatro años, porque los procesos educativos son de largo aliento. Nuestra responsabilidad es sentar las bases para que se construyan consensos profundos que permitan que se sostenga una agenda educativa, más allá de los cambios de gobierno, cosa que no ocurrió en el pasado. Entre otras cosas porque hay que sostener los procesos de inversión. Por eso a uno le cuesta comprender... dos áreas donde el gobierno de Macri produjo fuertes desinversiones fueron Educación y Ciencia Tecnología, las principales herramientas de una sociedad para moldear su futuro. Es difícil comprender cómo gobiernos de tinte liberal no sostuvieron cuestiones que fueron banderas de presentación de generaciones en el pasado, de las de finales del siglo XIX. Entonces, claramente, no era un gobierno con una mirada liberal, sino un gobierno que atentó contra el propio desarrollo de la Argentina. Nosotros, en ese sentido, planteamos que hay que sostener los procesos de evaluación, y que en cada escuela hay que comparar los resultados con los de la propia escuela. La comparación que sirve no es con la escuela de otro lugar. El sentido de una evaluación es la escuela pueda conocer su desempeño. A partir de las mayores necesidades tiene que haber un mayor acompañamiento de la comunidad educativa y del Estado porque ¿cuál es la mejor escuela, la que tiene mejor resultado en una evaluación o la que logra romper con mayor profundidad las desigualdades de origen con las que vienen nuestros niños? Para mí la mejor escuela es la segunda. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, en para qué queremos una educación democratizante, transformadora, de calidad. ¿Cómo lo logramos? Poniendo el foco en lo que es un precepto básico del espacio político  de dónde venimos: donde hay mayor necesidad, tiene que haber más Estado y más escuela.

-Sobre el final del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich creó el Servicio Cívico Voluntario, a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿va a seguir?

--Fue una mala decisión de una iniciativa que puede ser debatible, pero que se haga en el marco de Gendarmería... me hace acordar a aquellos que reclaman con mucho ímpetu la vuelta del servicio militar obligatorio pensando que en un año de colimba se puede ayudar a formar para el mundo del trabajo a nuestros jóvenes, y son los mismos que abandonan las políticas educativas o la inversión en políticas educativas en el secundario. Si queremos transformar la vida de nuestros jóvenes veamos cómo repensamos una escuela que los convoque, que los acompañe, que los interpele. Me parece en parte que esto era lo que pasaba con esta iniciativa que impulsó a Patricia Bullrich. Tengo entendido que no se va a mantener. No lo hemos discutido todavía, no lo hemos conversado con la ministra de Seguridad pero desde mi mirada personal, sin haber hablado con ella, creo que cualquier instancia de esas características debería estar a cargo de la Secretaría de Empleo o en el Ministerio de Educación pero bajo ningún punto de vista en en Ministerio de Seguridad ,y mucho menos bajo la competencia de una fuerza de seguridad.
26 de diciembre de 2019
Este jueves se inicia el tratamiento parlamentario. Quejas de sectores de altos ingresos

La reforma impositiva de Axel Kicillof

"Es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios", explica el proyecto. Aumento progresivo del impuesto inmobiliario y el Urbano baldío, pero no modifica las alícuotas de Automotores ni Ingresos Brutos.

La Cámara de Senadores bonaerense inicia este jueves la discusión del proyecto de ley de reforma impositiva que presentó la administración de Axel Kicillof. La semana pasada la Legislatura provincial aprobó la emergencia económica y antes de fin de año se prevé que pueda votarse esta nueva iniciativa, que definirá los gravámenes que abonarán los bonaerenses el año próximo. Tanto el Senado como Diputados convocaron a sesionar este jueves. “El proyecto busca dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por la actual crisis que atraviesan el país y la provincia", adelantaron desde el gobierno bonaerense.
En sesiones extraordinarias la Legislatura aprobó el viernes pasado el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética con algunas modificaciones. Las emergencias permiten a Kicillof reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir contratos del sector público, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas, en sintonía con la ley de emergencia que se aprobó también la semana pasada a nivel nacional. En el caso provincial, la emergencia es por plazo de un año, con posibilidad de extenderlo por otro más.
Este lunes se envió la reforma impositiva. “La provincia de Buenos Aires se encuentra atravesando una situación de emergencia. Para atender las urgencias y prioridades definidas es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial. Es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios”, señalaron desde el Ejecutivo provincial. En este marco, se establece en el proyecto actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019 (estimada por privados en 54,6 por ciento). “Es decir, el proyecto no incrementa la presión impositiva en promedio en términos reales”, argumenta el proyecto de reforma impositiva del oficialismo.

Inmobiliario
La decisión de indexar los impuestos por la inflación fue criticada por un sector de altos ingresos, cuyo impacto en los aumentos será mayor. Por ejemplo, para el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización estaría por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un "criterio progresivo": las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada (aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15 por ciento respecto al año pasado).
Para darle mayor progresividad al impuesto, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de mayor valor fiscal la variación anual será de hasta el 75 por ciento. “La ley provincial establece incrementos en línea y por debajo de lo que estableció la mayoría de los municipios y representa un esquema similar aunque mucho menor en proporción al que implementó el gobierno anterior en 2018, cuando aumentó hasta un 60 por ciento, con una inflación cercana a 27 por ciento en 2017”, detalla el proyecto. El 86 por ciento de las propiedades (3.843.187) recibirá un incremento menor a 3500 pesos durante todo el año que viene, pagaderos en cinco cuotas.
Se otorgan exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.

Urbano baldío
El impuesto determinado se ajustará, en promedio, por el equivalente a la inflación registrada durante 2019, buscando mantener su valor durante 2020. Es decir que, en promedio, el impuesto no aumenta en términos reales, insisten desde la administración de Kicillof.
Para darle mayor progresividad al impuesto, y sabiendo que este impuesto se orienta también a desincentivar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15 por ciento, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual sería incluso más del 90 por ciento.

Automotores y embarcaciones
La valuación de los automotores se actualiza anualmente según datos publicados por Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA). En este proyecto de Ley impositiva no modifica la tabla de alícuotas para automotores. “Para las embarcaciones deportivas, se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor”, de acuerdo con el proyecto. La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5 por ciento y la máxima se ubicaría en 13 por ciento.

Ingresos Brutos
Dada la suspensión del Consenso Fiscal establecida por el gobierno nacional, se replican las alícuotas de 2019. En algunos sectores se incrementan las alícuotas en valores nunca superiores al 1 por ciento y siempre por debajo del máximo establecido.
26 de diciembre de 2019
Empieza el tratamiento en la Legislatura

Reforma fiscal bonaerense: "Se busca darle progresividad al incremento de impuestos"

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof aseguraron que para el 86 por ciento de los bonaerenses el incremento en el impuesto inmobiliario estará "muy por debajo de la inflación". Los grandes propietarios tendrán aumentos de hasta el 75 por ciento. La Legislatura comienza a tratar hoy el proyecto.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que "no hay un impuestazo " inmobiliario en la provincia dado que para el 86% de los propietarios el incremento estará "muy por debajo de la inflación".
"El 86% de las propiedades va a tener un aumento de hasta 3500 pesos en el año, que se puede pagar en cinco cuotas", dijo el funcionario al descartar que la gestión de Axel Kicillof vaya a aplicar un "impuestazo".
Bianco remarcó que el gobierno provincial "como mínimo necesita mantener la recaudación" porque sino "estará en problemas", dado que este año debe afrontar vencimientos deuda por 200.000 millones de pesos, a lo que se suma un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos.
El funcionario aseguró que el programa impositivo introduce una segmentación progresiva de los impuestos, a lo que consideró "justo y razonable" e indicó en ese sentido que el 86% de los propietarios va a pagar "muy por debajo de la inflación".
"Para grandes propietarios aumenta hasta 75% pero si hace en un solo pago queda igual que la inflación porque se le descuenta el 20%. Es el 7% de quienes tienen grandes propiedades urbanas y unos 300 productores rurales que tiene más de 2.000 hectáreas. No sé donde está el impuestazo", dijo.
En declaraciones a radio La Red, Bianco se quejó por el tratamiento que la prensa le da al tema: "Hubo un 2000% de aumento en los servicios públicos en los últimos cuatro años y le decían sinceramiento. Nosotros ajustamos por debajo de la inflación a la mayoría y lo llaman impuestazo". "En términos reales están cayendo los impuestos si se lo compara con la inflación acumulada", planteó el funcionario.
En la misma línea se manifestó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) Cristian Girard. "Esto es una ley que se trata todos los años, no es que llegó Kicillof y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años junto con el Presupuesto. No es un impuestazo", sostuvo el funcionario.
En declaraciones a radio Diez, Girad aclaró: "En la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal no había enviado la ley de presupuesto ni la impositiva, por eso nos quedó esa función a nosotros". "Con esta ley, tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia", añadió.
Explicó que "los aumentos del 75% son muy puntuales y para las propiedades de mayor valor solamente, que es un porcentaje muy reducido". "Se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos los que menos tienen y un poco más los que más tienen", enfatizó.
Para el titular de ARBA, se trata de una iniciativa "que le da un tratamiento diferencial a los pequeños y medianos productores que más sufrieron las políticas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que busca mantener los niveles de recursos sin afectar a los que menos tienen".
Girard puntualizó que "el 86% de las partidas del Impuesto Inmobiliario Urbano recibirán aumentos menores a 3.500 pesos por año, y en el caso del Inmobiliario Rural, la mitad de las propiedades recibirán aumentos por debajo del 65%".
23 de diciembre de 2019
El jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que hoy será promulgada

El Gobierno afina la reglamentación de la Ley de Emergencia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva será publicada hoy en el Boletín Oficial e insistió con que en marzo habrá un aumento para todos los jubilados, mientras que los que cobran la mínima recibirán dos sumas fijas extraordinarias en diciembre y enero.
Según trascendió, la ley no fue publicada hoy en el Boletín Oficial porque el presidente Alberto Fernández vetará una moratoria impositiva para grandes empresas, que solo regirá para las pymes.
"Lo queremos dejar en claro porque la oposición embarró la cancha", lamentó Cafiero al ingresar a la Casa Rosada. Por otro lado, adelantó que el bono para los trabajadores saldrá de común acuerdo entre los gremios y las empresas.
"Es un debate que nos debemos, porque hay jubilados de la mínima que están muy por debajo. El mensaje a los jubilados es que estamos trabajando fuerte para los que están peor, pero dejar en claro que va a haber aumento para todos", sostuvo el jefe de Gabinete en una conferencia de prensa espontánea en el ingreso a la casa de gobierno.
Cafiero indicó que el aumento de marzo para todos los jubilados se calculará "en relación a las jubilaciones y la evolución de los precios", sin un cálculo de movilidad específico como el que suspende la ley de emergencia por 180 días.
El jefe de ministros también confirmó que el Minsiterio de Trabajo está trabajando en una nueva propuesta de modificación de régimenes especial, en particular, del Poder Judicial y cuerpo Diplomático, "que está muy por encima" y dijo que se intentará "encontrar un mecanismo más justo".
El jefe de Gabinete también se refirió a la reunión de esta tarde con la Mesa de Enlace, tras el debate por la modificación de las retenciones en la ley que será promulgada, y se esperanzó con llegar a acuerdo para "trabajar en nuevo perfil exportador" del país. "El campo el gran dinamizador de las exportaciones de los ultimos años", destacó.
En cuanto a las precisiones que traerá la reglamentación de la norma aprobada en la madrugada del sábado, Cafiero señaló la quita de la renta financiera a los plazos fijos en pesos. Mientras que sobre los créditos UVA detalló que será el Banco Central el que "trabaje en una nueva fórmula para llevar alivio a las familias endeudadas".
"Para volver a poner de pie a la Argentina"
Más temprano,  el presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, Darío Martínez, había anticipado que el Gobierno estaba trabajando en la reglamentación final de la norma y que sería promulgada, a más tardar, el martes.
Entre los puntos que mantienen expectativa por la promulgación están las retenciones —el presidente se reunirá hoy con la Mesa de Enlace— y jubilaciones. Además, continúa sin aplicarse el 30 por ciento para las compras en moneda extranjera .  "Se está trabajando en la reglamentación. Ya tenemos ley para volver a poner de pie a la Argentina", destacó Martínez en diálogo con El Destape radio.
Aunque resta ver la letra fina de la promulgación, Martínez adelantó que "los jubilados van a recibir el 8,74% de la movilidad actual más los $5.000 en enero y diciembre" y subrayó que a eso se sumará la "reducción de IVA y baja de medicamentos".
"No podemos pedirle a Alberto que resuelva en una semana lo que han perdido los jubilados en 4 años", resaltó el legislador neuquino.
En cuanto a las críticas por el mantenimiento de los privilegios para los integrantes del Poder Juidical, Martínez adelantó que la discusión, anticipada por el Presidente, sobre el régimen de privilegio de jueces se dará en febrero.
"Separamos las jubilaciones de privilegio para que no nos entorpezca el resto de la norma", explicó y agregó otro punto al debate: "En la ley de ganancias no hay un solo artículo que diga que los jueces no pagan ganancias pero no la pagan. Y eso no está bien".
En materia de salud, el Gobierno también deberá volcar en la reglamentación el artículo modificado durante el debate respecto de la vigencia de nuevos ingresos al Programa Médico Obligatorio (PMO) y el direccionamiento de fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados hacia el PAMI.
En la reglamentación también se expresará el largo debate que se dio respecto de la aplicación de retenciones y el presidente Alberto Fernández tendrá esta tarde la oportunidad de charlarlo ante los representantes de la Mesa de Enlace.
A la norma enviada por el Ejecutivo se le incorporó, durante el tratamiento parlamentario, un artículo sobre mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas, sobre el que aún no está cerrado cómo se aplicará.
23 de diciembre de 2019
Dejó claro que "no hay ningún congelamiento de jubilaciones"

Alberto Fernández dejó sin palabras a Luis Majul

"Todos sentían que estábamos en un colectivo frente a un precipicio, manejado por alguien que pisaba el acelerador. Ahora en el colectivo hay alguien que puso el freno, dio la vuelta y todos sienten que el precipicio se aleja", graficó en la noche del domingo el presidente Alberto Fernández cómo se percibe lo actuado en los primeros días de su gobierno. El dirigente negó de plano las acusaciones de haber "congelado las jubilaciones" (tres veces tuvo que repetirlo ante la insistencia de su entrevistador, Luis Majul, y se quejó a viva voz de las mentiras propaladas sobre el tema por la mayoría de los medios). Por el contrario, explicó que la idea es "parar la pelota" para mejorar la situación de los que menos tienen. Que se pagarán 10.000 pesos en dos cuotas, diciembre y enero, al 70 por ciento de los jubilados y que todos tendrán aumento en marzo. "Para julio, espero que ya esté rigiendo la nueva fórmula de movilidad y se aumente de acuerdo a ella", completó.
Luis Majul empezó nervioso la entrevista, que se difundió por el canal América, tratando de acorralar al presidente con críticas a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Lo único que consiguió es que una y otra vez Fernández dejara en claro que el periodista no sabía de lo que hablaba ("Pero Luis, ¿vos leíste la ley?", le repreguntó), y la evidente doble vara usada por Majul para referirse a cada uno del temas sobre los que inquiría.
La emergencia
La primera "preocupación" del periodista estuvo centrada en las facultades delegadas por el Congreso. "Las facultades que me están dando es para administrar el caos. Cada tema que tocamos es un problema, a donde vamos también es un problema", graficó el presidente sobre la necesidad de las herramientas que le otorga la ley de emergencia para abordar con rápidez la crisis que dejó el macrismo. "Hay que cambiar muchas cosas que (el ex presidente Mauricio) Macri hizo. Las tarifas que dejó para después de las elecciones eran una bomba y gracias a esta ley no se van a modificar. Este régimen le sirvió a las empresas de servicios de gas y de luz, pero no le sirvió ni a la industria ni a la gente. Los entes reguladores están en manos de las mismas empresas. Hace poco uno de esos gerentes declaraba en el CIADI contra la Argentina", apuntó el Presidente.
"El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande. Los chicos tienen sarampión porque dejaron de darles vacunas, el Estado dejó de comprar vacunas y por eso es necesaria la emergencia sanitaria", continuó defendiendo la sanción de la ley. "El viernes cayó un nuevo vencimiento porque no se pudo concretar el pago. Contemos toda la verdad. La Argentina se endeudó en dos años de una manera impactante. Y el acuerdo fue pagarla en muy poco tiempo", agregó apuntando contra la política de endeudamiento que llevó adelante Macri. "Llegamos hace diez días, y nos tuvimos que hacer cargo de la inflación, de gran parte de los argentinos que están pasando hambre. Ahora nadie habla de los 35 millones de pesos que se van a poner en el consumo en Concordia", aludiendo a la implementación del Plan Contra el Hambre que comenzará en la ciudad entrerriana.
Los jubilados
"No hay ningún congelamiento de los salarios de los jubilados. La letra de la ley no quiere decir que se suspendan los aumentos, porque se van a aumentar por decreto. Y además acabo de aumentar las jubilaciones. Aumentaron para todos el casi nueve por ciento a principio de mes y a las mínimas cinco mil en diciembre y cinco mil en enero", aseguró descartando las críticas que la oposición y parte de la prensa hizo sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. "Se suspendió eso, y no los aumentos. Recordemos que esa fórmula es la que casi incendia a la Argentina, por eso hay que cambiarla", afirmó y anunció que "en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Yo quiero que dejen de perder los que han perdido. Macri les hizo perder el veinte por ciento a los jubilados. La fórmula era imposible de mantener porque estaba sostenida por una forma de indexación de la economía. Se cambió diciendo 'vamos a tener en cuenta como crecen los sueldos y como crece la inflación' porque pensaban que no iban a a tener inflación. A los jubilados los han dejado en la miseria. Yo me preocupo por los jubilados no ellos, que los dejaron como los dejaron". Majul sonreía nervioso e intentaba interrumpir los razonamientos solo para decir que no estaba de acuerdo pero que "eso no era importante".
Bienes Personales y retenciones
"Durante mucho tiempo decían que no se podía crecer sin orden fiscal y ahora que buscamos el orden fiscal dicen que estamos locos. Si usted tiene un departamento en Miami, eso cuesta mucho, y se trata de que al que le va bien, pedirle un esfuerzo mayor", explicó Fernández poniendo sobre la mesa el eje de la ley de solidaridad. Majul lo tomó literalmente y aclaró que no tiene un departamento en Miami. Fernández solo atinó a sonreir.
"Lo único que hicimos con el campo fue actualizar las retenciones al nivel que las puso Macri. Estoy de acuerdo en que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no pague lo mismo que la cerealera", explicó sobre el aumento del impuesto al agro y recordó que "aprendí de los errores de la 125 y no los vamos a volver a cometer. Las retenciones son muy importantes para hacer mas dólares y enfrentar nuestras obligaciones".
Los dólares
Fernández destacó también que "en Argentina nos quedamos sin dólares. Quedaron tan pocos que Macri puso un cepo. Claro que antes se le fugaron cien mil millones de dólares. La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que formen parte de las reservas del Estado", afirmó exponiendo uno de los mayores problemas que encontró al asumir la presidencia hace poco más de una semana. "Estas medidas no tiene que ver con cerrarse al mundo. La gente tiene que saber que el dólar es un bien muy escaso y que como falta tiene que estar caro", agregó y apuntó a que "hay que terminar con la práctica del ahorro en dólares. Estamos parando la pelota. Hemos acudido a aquellos que están en mejores condiciones para pagar un impuesto", insistió Fernández resaltando el origen solidario de las medidas. "Esto se trata de fijar las condiciones mínimas para poder desarrollarnos. No podemos hacerlo en el disloque en el que estamos como el cuarenta por ciento por ciento de pobreza y la desocupación creciente".
La justicia
En el tema judicial, Majul intentó una pregunta irónica. "¿No le sorprende que en tan poco tiempo de su gobierno se hayan dado vuelta las prisiones preventivas de todos los presos del kirchnerismo?" Encontró una respuesta seria. "En primer lugar esa no es una decisión mía, es totalmente de la justicia. Pero yo formularía el problema al revés. Usted no debería avergonzarse de que recuperen la libertad personas sin condena, usted debería avergonzarse por el escándalo de que hayan estado presos por años personas sin condena", lo cortó Fernández.
20 de diciembre de 2019
Ausol se acogió al blanqueo de capitales cuando Mauricio Macri aún era accionista

Se declaró extinta la denuncia por evasión impositiva contra Ausol porque la emrpesa se acogió al blanqueo de capitales cuando el expresidente aún era accionista.

La empresa Autopistas del Sol S.A. se acogió al blanqueo de capitales y logró la extinción de una denuncia penal por millonaria evasión impositiva cuando el expresidente, Mauricio Macri, aún era accionista de la concesionaria mediante el Grupo Socma.
En un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del 13 de junio de 2017, se declaró la extinción de la acción penal iniciada por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) contra la empresa por el "delito de evasión impositiva". Según se argumentó desde la defensa, y validó la magistrada, la compañía se acogió al blanqueo de capitales sancionado durante el gobierno macrista, y cuando el expresidente aún era parte de la firma, lo que habilitó la suspensión de dicha acción judicial, tal como pudo saber El Destape.
Ausol logró un acuerdo de US$500 millones con la gestión de Mauricio Macri por una denuncia que la empresa, de la que la que el expresidente fue accionista hasta mayo de 2017, realizó ante el CIADI por supuestas pérdidas por atrasos tarifarios. Sin corroborar que ésto fuera cierto, el gobierno anterior validó el acuerdo.
Durante su participación en el debate por la ley de emergencia en Diputados, Rodolfo Tailhade denunció que "la empresa Ausol blanqueó o dijo haber blanqueado toda la cantidad de dólares que se le acusaba de evasión" y destacó que "el blanqueo fue antes del fallo - de junio de 2017 - y el presidente era accionista de esta empresa - lo fue hasta un mes antes de la resolución judicial -".
En el fallo de Arroyo Salgado, al que tuvo acceso El Destape, se estipuló que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) radicó la denuncia porque, en base a auditorias y controles sobre la concesionaria, "se vislumbró que ciertas conductas adoptadas por sus directivos podrían resultar constitutivas del delito de evasión impositiva", en referencia a Ausol, la empresa macrista que denunció al Estado argentino.
Para el análisis, se pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que inicie un procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria pero, "al momento de informar los ajustes conformados, el contribuyente solicitó ante la AFIP" la aplicación de los beneficios contenidos en la ley 27,260". La ley del blanqueo de capitales sancionada en 2016.
Puntualmente, el apoderado de Ausol, Oscar Diego Zabalaga, pidió que se declare la extinción de la acción penal y el archivo de las actuaciones en base al artículo 54 de la normativa mencionada, porque "su representada regularizó y canceló la totalidad de la pretensión fiscal con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

Ese artículo del blanqueo plantea que "el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme".
Y argumentó, según el artículo 52 de la mencionada normativa, que "los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones". O sea, que podrá acogerse al blanqueo para regularizar sus deudas. Justo el ítem sobre el que se realizó, según la denuncia, una evasión millonaria.
Puntualmente, el fallo explica que "el contribuyente ingresó respecto al año 2012 el monto de $1.401.611,32 equivalente a la disminución del crédito por el impuesto a la ganancia mínima presunta de los períodos 2010 y 2011, $1.307.707,89, sumado al ajuste del impuesto a las Ganancias propio del período 2012, $93.903,43". Los montos blanqueados son, llamativamente, muy similares a los de la deuda impositiva que debían pagar.
Por eso, el apoderado Zabalaga argumentó que "el contribuyente se acogió lisa y llanamente al pago total de la deuda reclamada por la AFIP" en los términos de la ley de blanqueo, por lo que solicitó que se "haga lugar a la extinción de la acción penal", después de "haberse constatado la cancelación total de la deuda" en los informes.
Basándose en el artículo 54 de la normativa, planteó que "la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de contado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación".
Este pedido fue tomado por la magistrada, que el 13 de junio de 2017 resolvió dejar sin efecto la denuncia por evasión millonaria contra la empresa de la que la familia Macri fue parte, en detrimento del Estado nacional, por acogerse al blanqueo que el propio expresidente y exaccionista propició.
20 de diciembre de 2019
Las sorpresas en el bloque de Unidad y Equidad Federal

Cómo votaron los diputados en el debate por la ley de Solidaridad

El 52,1 por ciento que cosechó la ley del gobierno fue apoyada por la totalidad del bloque del Frente de Todos, como estaba previsto. Sin embargo, aportaron también su voto afirmativo tres legisladores macristas, desligados de Juntos por el Cambio. Se sumaron otras bancadas provinciales que no habían adelantado su acompañamiento.

El proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que esta mañana tuvo media sanción de Diputados fue aprobada por el 52,1 por ciento de la Cámara. Una de las particularidades es que, además de tener el voto afirmativo del oficialismo en el Frente de Todos, fue apoyada por los tres legisladores de Unidad y Equidad Federal a quienes el ex presidente Mauricio Macri había calificado de “traidores” por alejarse de la bancada de Juntos por el Cambio .
Además de esos diputados, los que también apoyaron el paquete de medidas enviado por el presidente Alberto Fernández fueron tres representantes de Córdoba Federal, quienes días atrás habían rechazado la actualización de las retenciones. Lo mismo hizo Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, del ex gobernador aliado al macrismo, Alberto Weretilneck.
Entre los 134 que votaron a favor también estuvieron algunos bloques que no habían adelantado una alianza con el oficialismo, como uno del Movimiento Popular Neuquino, dos misioneros del Frente de la Concordia y Alejandro Rodríguez de Consenso Federal, la fuerza que lidera Roberto Lavagna.
En la vereda, entre los 110 diputados y diputadas que rechazaron el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández estuvieron, obviamente, los aliados de Juntos por el Cambio, radicales, PRO y Coalición Cívica. Se le sumaron Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda (FIT), y dos monobloques provinciales de Salta y San Juan.

La lista completa de los votos afirmativos
Abdala De Matarazzo, Norma Amanda SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Aguirre., Hilda Clelia LA RIOJA /FRENTE DE TODOS

Alderete, Juan Carlos BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Allende, Walberto Enrique SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Alume Sbodio, Karim Augusto SAN LUIS/FRENTE DE TODOS

Alvarez Rodriguez., Cristina BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Ameri, Juan Emilio SALTA/FRENTE DE TODOS

Ansaloni, Pablo Miguel BUENOS AIRES/Unidad y Equidad Federal Otros

Aparicio, Alicia Noemi BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Bermejo, Alejandro Daniel MENDOZA/FRENTE DE TODOS

Bertone, Rosana Andrea TIERRA DEL FUEGO/FRENTE DE TODOS

Bogdanich, Esteban Mateo SANTA FE/FRENTE DE TODOS

Brawer, Mara CDAD. AUT. BS. AS./FRENTE DE TODOS

Britez., María Cristina MISIONES/FRENTE DE TODOS

Brue, Daniel Agustín SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Bucca, Eduardo BUENOS AIRES/JUSTICIALISTA

Bárbaro, Hector Orlando MISIONES/FRENTE DE TODOS

Caliva, Lia Veronica SALTA/FRENTE DE TODOS

Caparrós, Mabel Luisa TIERRA DEL FUEGO/FRENTE DE TODOS

Carambia, Antonio José SANTA CRUZ/ Unidad y Equidad Federal

Carrizo, Nilda Mabel TUCUMÁN/FRENTE DE TODOS

Carro, Pablo CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Casaretto, Marcelo Pablo ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Casas, Sergio Guillermo LA RIOJA/FRENTE DE TODOS

Caselles., Graciela María SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Cassinerio, Paulo Leonardo CÓRDOBA/CÓRDOBA FEDERAL

Cerruti, Gabriela C.A.B.A./FRENTE DE TODOS

Cisneros, Carlos Anibal TUCUMÁN/FRENTE DE TODOS

Cleri, Marcos SANTA FE/FRENTE DE TODOS

Contigiani, Luis Gustavo SANTA FE/FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL

Corpacci, Lucia CATAMARCA/FRENTE DE TODOS

Correa, Walter BUENOS AIRES /FRENTE DE TODOS

Cresto, Mayda ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Daives, Ricardo Daniel SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Daldovo, Nelly Ramona FORMOSA/FRENTE DE TODOS

De Mendiguren, José Ignacio BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Delú, Melina Aida LA PAMPA/FRENTE DE TODOS

Di Giacomo, Luis RIO NEGRO/Juntos Somos Río Negro

Estevez., Gabriela CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Fagioli, Federico BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Felix, Omar MENDOZA/FRENTE DE TODOS

Fernandez Patri, Gustavo Ramiro FORMOSA/FRENTE DE TODOS

Fernandez, Eduardo Gabriel CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Fernandez, Hector BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Ferreyra, Daniel Julio JUJUY/FRENTE DE TODOS

Filmus, Daniel C.A.B.A./FRENTE DE TODOS

Flores, Danilo Adrián LA RIOJA/FRENTE DE TODOS

Gaillard, Ana Carolina ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Ginocchio, Silvana Micaela CATAMARCA/FRENTE DE TODOS

Gioja., José Luis SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Godoy, Lucas Javier SALTA/FRENTE DE TODOS

González, Josefina Victoria SANTA FE/FRENTE DE TODOS

González, Pablo Gerardo SANTA CRUZ/FRENTE DE TODOS

Grosso., Leonardo BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Guevara Olivera, Alejandro Francisco SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Gutierrez, Carlos Mario CÓRDOBA/CÓRDOBA FEDERAL

Gutiérrez, Carlos Ramiro BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Hagman, Itai C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Heller, Carlos Salomón CDAD. AUT. BS. AS. FRENTE DE TODOS

Hernández, Estela Beatriz CHUBUT FRENTE DE TODOS

Herrera, Bernardo José SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Igon., Santiago CHUBUT FRENTE DE TODOS

Kirchner., Máximo SANTA CRUZ/FRENTE DE TODOS

Koenig, Marcelo Christian BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Lampreabe, Florencia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Landriscini, Susana Graciela RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Larroque, Andrés CDAD. AUT. BS. AS. FRENTE DE TODOS

Leito, Mario TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Leiva, Aldo CHACO FRENTE DE TODOS

Lopez, Jimena BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

López Rodríguez, Dante Edgardo CATAMARCA FRENTE DE TODOS

Macha, Mónica BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Marquez, Claudia Gabriela CÓRDOBA CÓRDOBA FEDERAL

Martiarena, José Luis JUJUY FRENTE DE TODOS

Martínez, Darío NEUQUÉN FRENTE DE TODOS

Martínez, Germán Pedro SANTA FE FRENTE DE TODOS

Martínez, Maria Rosa BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Massa, Sergio BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Massetani., Vanesa SANTA FE FRENTE DE TODOS

Masín., María Lucila CHACO FRENTE DE TODOS

Medina, Gladys TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Moises, María Carolina JUJUY FRENTE DE TODOS

Montoto, María Luisa SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Moreau, Leopoldo Raúl Guido BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Moreau., Cecilia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Mosqueda, Juan CHACO FRENTE DE TODOS

Mounier, Patricia Monica SANTA FE FRENTE DE TODOS

Moyano, Facundo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Muñoz, Rosa Rosario CHUBUT FRENTE DE TODOS

Navarro, Graciela SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Neder, Estela Mary SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Obeid, Alejandra Del Huerto SANTA FE FRENTE DE TODOS

Ormachea, Claudia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Osuna, Blanca Inés ENTRE RÍOS FRENTE DE TODOS

Parola, Maria Graciela FORMOSA FRENTE DE TODOS

Penacca, Paula Andrea C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Pertile, Elda CHACO FRENTE DE TODOS

Ponce, Carlos Ybrhain SAN LUIS FRENTE DE TODOS

Pérez Araujo, Hernán LA PAMPA FRENTE DE TODOS

Ramón, José Luis MENDOZA Unidad y Equidad Federal

Rauschenberger, Ariel LA PAMPA FRENTE DE TODOS

Rodriguez Saa, Nicolás Marcelo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Rodriguez, Alejandro BUENOS AIRES CONSENSO FEDERAL

Romero, Jorge Antonio CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Rosso, Victoria SAN LUIS FRENTE DE TODOS

Ruiz Aragón., José CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Russo, Laura BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sand Giorasi, Nancy Aracely CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Sapag, Alma Liliana NEUQUÉN MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO

Sarghini, Jorge Emilio BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sartori, Diego Horacio MISIONES FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO

Scioli, Daniel BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Selva., Carlos Américo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sierra, Magdalena BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Siley, Vanesa BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Soria, Martin Ignacio RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Sposito, Ayelén RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Tailhade., Luis Rodolfo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Tundis, Mirta BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Uceda, Marisa Lourdes MENDOZA FRENTE DE TODOS

Uhrig, Romina Maricel BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Valdés, Eduardo Felix C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Vallejos, María Fernanda BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Vessvessian, Marcela Paola SANTA CRUZ FRENTE DE TODOS AFIRMATIVO

Vigo, Alejandra María CÓRDOBA CÓRDOBA FEDERAL

Vilar, Daniela BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Vivero, Carlos Alberto NEUQUÉN FRENTE DE TODOS

Vázquez, Juan Benedicto SANTA CRUZ FRENTE DE TODOS

Wellbach, Ricardo MISIONES FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO

Yambrun, Liliana BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Yasky, Hugo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Yedlin, Pablo Raúl TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Yutrovic, Ines Carolina TIERRA DEL FUEGO FRENTE DE TODOS

Zottos, Miguel Andrés Costas SALTA JUSTICIALISTA

Ávila, Beatriz Luisa TUCUMÁN PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL
20 de diciembre de 2019
"Es un paso más para poner a Argentina de pie", explicaron

Los diputados celebraron la media sanción de la Ley de Solidaridad en las redes

Los diputados del oficialismo recurrieron rápidamente a las redes sociales cuando la Cámara Baja aprobó en general la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica propuesta por Alberto Fernández. Tras la maratónica doble sesión, que primero comenzó con la jura de los 22 nuevos diputados y luego con el debate de la iniciativa del Frente de Todos, los representantes del partido festejaron.
Algunos indicaron que se trata de "herramienta de gobierno" para Fernández. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que la aprobación es "un paso más, entre todos, para poner de pie a la Argentina". En el mismo sentido se manifestaron otros diputados del FdT.
Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez asoció los días 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando estalló la crisis económica y social en el gobierno de Fernando De la Rúa, y los contrapuso con la intensa labor legislativa de las últimas horas.
"Tras sesionar un 19 y un 20 de diciembre, aprobamos #LeyDeSolidaridadSocial. Días especiales con similitudes a los de hace 18 años pero también con diferencias: del "que se vayan todos" a una apuesta por la política como la mejor herramienta para transformar la realidad", analizó Rodríguez.
"¡Tenemos media sanción de la Ley de Solidaridad! Amanece un nuevo país", celebró por su parte Mónica Macha. "Hoy empezamos a salir del pozo de la pobreza, el dolor y la marginación. Argentina de pie para todxs", agregó.
En tanto, bajo el hastag #ArgentinaEsSolidaria, la diputada Fernanda Vallejos celebró: "Media sanción en general para la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: 134 votos afirmativos".
20 de diciembre de 2019
Serán usados para financiar el Plan Argentina Contra el Hambre

Alberto Fernández decidió poner fin a los fondos reservados

La intención es anunciar la decisión tras el encuentro del Consejo Federal Contra el Hambre que se desarrolla en la Casa Rosada. La reunión es encabezada por el Presidente.

En el marco del segundo encuentro del Consejo Federal Contra el Hambre, el presidente Alberto Fernández anunciará la eliminación de los fondos reservados de todos los organismos del Estado. Esos recursos pasarán a formar parte del plan de lucha contra el hambre.
Se espera que Fernández haga el anuncio y brinde más detalles sobre el traspaso de esos fondos en una conferencia de prensa, que se realizará al finalizar la reunión con los distintos sectores convocados al Consejo, incluidos representantes sociales, sindicales, empresariales y del mundo de la cultura.
El presidente llegó a la Casa Rosada poco después de las 10 de la mañana para mantener el segundo encuentro por el ambicioso plan. De esta reunión participarán Estela de Carlotto, Roberto Baradel, Daniel Funes de Rioja, Sonia Alesso, Viany Soto, Marcelo Tinelli y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros.
Más tarde, los detalles del traspaso de los fondos reservados serán presentados junto al ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, quien al inicio del tratamiento del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aseguró que “es evidente que la Argentina está ante una emergencia social" ya que a fin de año "vamos a tener un 60 por ciento de pobreza en los niños".
"Debemos lograr que todos los argentinos puedan comer y acceder a la canasta básica", sostuvo el ministro. Para esto, el funcionario aseguró que es fundamental “poner mucho el acento en los niños" ya que "mes a mes baja el consumo de la leche, y esto no es un problema estacional".
Las primeras tarjetas alimentarias se entregaron ayer en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La tarjeta, uno de los pilares del Plan contra el hambre, le permitirá a las familias de mayor vulnerabilidad social contar con una suma de cuatro mil pesos -o seis mil si tienen dos o más hijos- para gastar exclusivamente en alimentos.


19 de diciembre de 2019
La diputada interrumpió su retiro para criticar a los industriales y defender al "campo"

Carrió amenaza con recurrir a la OEA si sale la ley

La renunciada Elisa Carrió reapareció hoy en público durante el debate de la Emergencia Económica. La líder de la Coalición Cívica, que ya renunció a su banca a partir del próximo 1º de marzo, dijo que “me parecía un deber estar hoy en la Cámara”. Se manifestó en contra de la ley y de “la suma del poder público”. Además, advirtió que la CC “no negocia cualquiera sea la opinión de las fuerzas de Juntos por el Cambio o lo que negocien los gobernadores”.
Comparó la iniciativa oficial con las atribuciones dictatoriales de la antigua Roma y adelantó que “iremos a la OEA”, así como también mostró su rechazo a la política para el agro: “No queremos retenciones”.
En declaraciones televisivas aseguró que en el gobierno de Mauricio Macr había establecido "un esquema de actualización” de las jubilaciones y que se había hecho cargo de los juicios pendientes. “Los bonos los cobran los que no aportaron”, señaló sobre los beneficiarios.
En otro pasaje, respecto de las retenciones, apuntó que “vienen a robarle al campo para mantener a los laboratorios y a la corporación industrial que no sirve para nada porque no puede exportar”.
Sobre su ausencia en la Cámara el 10 de diciembre, durante el recambio presidencial, contó que “no vine a la asunción para garantizar la paz” y que “decidí garantizar la unidad de los argentinos”.
De cara al futuro dijo que “no seré más diputada, pero estaré en las calles, en las rutas, con la no violencia” y se refirió al final del gobierno macrista: “Tuvimos errores y los señalé, estuve a su lado cuando Macri perdió credibilidad. Rogelio Frigerio había pactado con los gobernadores peronistas. Nosotros perdimos, no ganaron ellos.
Además, subrayó que “no sé quién es el líder de la oposición, a mí me representa la CC”.
Sobre el procesamiento de Carlos Stornelli dijo que el fiscal “fue ingenuo en hacer lo que hizo” y pidió que el juez Claudio Bonadio avance en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
“En cualquier momento me asesinan, pero tengo listo el velorio con arroz con champiñones”, aseguró sobre el presente, para concluir: “Yo lo que quiero es llevar tranquilidad a la sociedad. Paré tres golpes. Ganamos la república, ahora viene la venganza, un poquito”.
18 de diciembre de 2019
Funcionarios explican el detalle de la iniciativa

El debate en comisión del proyecto de Solidaridad Social

Con presencia de funcionarios, el Congreso comenzará a tratar hoy el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que envió ayer el Ejecutivo para avanzar con las medidas para paliar la emergencia social y económica. El Gobierno intentará que el plenario de comisiones emita dictamen hoy mismo, para que el proyecto pueda ingresar mañana al recinto. Desde el bloque de Junto por el Cambio anticiparon que no darán quorum.
Para explicar el detalle pormenorizado de las medidas, disertarán en la reunión los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Serán los encargados de exponer los aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá el jueves.
La reunión fue convocada por el peronista Darío Martínez, elegido presidente de la comisión de Presupuesto, y Cecilia Moreau, designada titular de Legislación General.
El texto diseñado por el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La intención del bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, es escuchar a los funcionarios y emitir el dictamen que se debatirá en el recinto de sesiones.
Juntos por el Cambio adelantó que no dará quorum, por lo que será clave la postura que asumirán los dos interbloques provinciales para sancionar esta ley.


18 de diciembre de 2019
La oposición quiere bloquear el tratamiento.

El macrismo no dará quórum y votará en contra de la Ley de Solidaridad Social

En el interbloque de Juntos por el Cambio decidieron votar en contra del proyecto del Gobierno. Además, los sectores más duros, encabezados por la Coalición Cívica, consiguieron arrastar al bloque a la postura de no dar quórum para impedir que se discuta.

En un clima de arduo debate y reuniones previas para fijar posiciones, este miércoles por la mañana arrancará el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discutirá el megaproyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, que llegará el jueves al recinto. Por la noche se impusieron los sectores más duros dentro del PRO, la UCR y la CC, que se pintaron la cara con la idea de no dar quórum. El interbloque de Juntos por el Cambio finalmente decidió, por unanimidad, no acompañar la ley, sosteniendo que "significa anular el Congreso Nacional". Por lo tanto, ya anunciaron, tampoco darán quórum. Sin embargo, el Frente de Todos aún confía en el aporte que harán al quórum y al debate en la sesión del jueves los interbloques Federal (Lavagnista) y Unión Federal para el Desarrollo, que definen la balanza de una Cámara polarizada. Consideran que podrán llegar a la media sanción de la iniciativa, que este viernes el Senado podría transformar en ley con la decisión de los senadores de JpC de dar quórum.
Hoy pasarán por el plenario de comisiones los ministros Martín Guzmán (Hacienda), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Este martes hubo una cantidad de reuniones en todos los bloques para definir estrategias, con algunas posiciones encontradas. Las primeras repercusiones llegaron por la mañana, tras los anuncios del ministro Guzmán y el ingreso del texto del megaproyecto al Congreso.
En el FdT insisten en la necesidad de avanzar con las emergencias ante la crisis económica y social. Y también con la imposibilidad de hacerlo sin presupuesto propio, que recién estaría en condiciones de proyectar luego de la renegociación de la deuda externa que contrajo el macrismo. Este martes, el oficialismo dio el primer paso con la conformación de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, en las que tendrá mayoría. Presupuesto quedó a cargo interinamente del neuquino Darío Martínez, hasta que jure el dirigente cooperativista Carlos Heller, que reemplazará a Juan Cabandié.
En la oposición hubo opiniones diversas. El jefe de la bancada radical y del interbloque de JpC, Mario Negri, fue uno de los más duros públicamente. “Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley rayan la inconstitucionalidad”, sostuvo el radical cordobés. Sus declaraciones fueron luego del encuentro que un grupo de legisladores de JpC (diputados y senadores) mantuvo con Hernán Lacunza, el ex ministro de economía bonaerense y del gobierno de Cambiemos en la última etapa de su gestión, que ya había derrapado en lo económico con el endeudamiento externo.
La Coalición Cívica anunció desde un principio que no daría quórum para debatir la emergencia. “No vamos a habilitar y delegar ningún tipo de poderes especiales que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades que son propias de la Cámara de Diputados”, habían admitido en off, ya temprano. Minutos después su jefe de bancada, Maximiliano Ferraro, posteó la frase en su cuenta de Twitter.
El interbloque lavagnista también se reunió con el candidato a vice, el salteño Juan Manuel Urtubey, para analizar el proyecto. Tras el encuentro, Urtubey reprodujo en las redes sociales la opinión que vertió ante los diputados: “El Gobierno Nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta crisis”. Pero en el interbloque que conduce Eduardo “Bali” Bucca todavía hay dudas sobre algunos temas como las retenciones a los derechos de exportación. En tanto, el interbloque (UFD) que conduce el mendocino José Luis Ramón, dijo que darán el debate en el plenario y en el recinto. Aunque volvió a insistir en “ponerle un plazo razonable a las emergencias” y la “participación de la provincias” en las resoluciones de la crisis.
Por la tarde-noche el interbloque de JpC volvió a reunirse en medio de un clima caldeado y posiciones encontradas en el anexo de la Cámara baja. Los más belicosos impusieron el no dar quórum a la sesión, donde previamente jurarían una veintena de diputados que reemplazarán a los legisladores oficialistas que emigraron al Ejecutivo Nacional. Si se concreta esta estrategia, el macrismo impedirá que el FdT consiga el quórum para sesionar. Algunos advirtieron que “nunca” los diputados se habían negado a permitir el juramento de sus pares elegidos democráticamente. Fue entonces que ganó terreno el argumento reglamentario de intentar bloquear el debate, sin tener en cuenta que durante sus cuatro años de oficialistas, Cambiemos nunca respetó esa interpretación parlamentaria y apuró proyectos en sesiones especiales.
Del otro lado de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, los senadores de JpC –alineados con una postura más cercana a los gobernadores radicales– plantearon públicamente que darían quórum a una convocatoria para este viernes, en una Cámara mucho más apegada a las cuestiones parlamentarias.
17 de diciembre de 2019
Anuncios de Alberto Fernández.
Bono para jubilados y AUH y tarifas congeladas

En una entrevista televisiva el Presidente adelantó las sumas fijas que recibirán jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También resaltó el inicio de la distribución de la tarjeta alimentaria y el congelameinto de las tarifas.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un monto adicional de 5000 pesos en diciembre y otro igual en enero, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) habrá una suma extra de 2000 pesos que se cobrará por única vez en diciembre. También habrá una pago mensual para madres con hijos hasta seis años o embarazadas. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández, quien además adelantó un congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio. El plan se suma a otros paliativos que se conocieron durante la jornada, como el congelamiento en los precios de los medicamentos que acordó el Gobierno con los laboratorios o el inicio del reparto de la tarjeta alimentaria, que comenzará por el espectro de mujeres embarazadas o con hijos menores. “Se empezará por Concordia, Entre Ríos, la ciudad que más pobreza tiene”, aseguró el mandatario.

Jubilaciones y AUH
El cambio en el régimen jubilatorio que entró en vigencia a finales del 2017 –y que se rediscutirá en el Congreso—implica que las actualizaciones para jubilaciones se realizan considerando el 70 por ciento el Índice de Precios del Consumidor de INDEC y el 30 por ciento restante la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Uno de los mayores problemas que provoca el nuevo régimen es el desfasaje de la actualización, lo que los afectó duramente respecto de la inercia inflacionaria de los últimos años. Ahora se les otorgará un adicional de 5000 pesos.
“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre. Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, sostuvo en la noche del lunes Fernández durante una entrevista a Telefe.

Tarjeta alimentaria
También confirmó que se iniciará el reparto de las tarjetas alimentarias que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Daniel Arroyo, y que comenzará por la ciudad entrerriana de Concordia. “Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”, detalló el Presidente.

Tarifas
También hizo referencia a las tarifas. “No se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. No vamos a aplicar aumentos y vamos a dar hasta el 30 de junio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio las tarifas tienen que servir al modelo productivo”, dijo Fernández, quien aclaró que ya existe una suspensión en esos aumentos que el gobierno mantendrá.
“El gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó el jefe de Estado. De todos modos, se adelantó a lo que pueda ser una nueva pelea política por las tarifas: “el sistema es pensado en las empresas no en el resto de los argentinos. Tienen un colchón lo suficientemente amplio para discutir un nuevo esquema tarifario”.

Pymes
Respecto de las pymes, de acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, afirmó que se encuentran “en una situación muy crítica, porque se han endeudado mucho con el Estado”, por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán “una amplia moratoria para regularizar su situación”. “Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, adelantó.

Retenciones
Por último, reiteró que “las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero hoy las que se pagan son las que estaban dispuestas. Esto es necesario aclararlo. Nosotros no estamos aumentando las retenciones. Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más. Pero yo hice un compromiso en campaña que era que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No las voy a imponer”, concluyó el Presidente.
17 de diciembre de 2019
Lo anunció Alberto Fernández

Félix Crous estará a cargo de la Oficina Anticorrupción

El presidente Alberto Fernández anunció que el fiscal Félix Crous, extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), estará a cargo de la Oficina Anticorrupción. Crous tuvo una activa participación en los juicios por delitos de lesa humanidad y en el ministerio público fiscal de la mano de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Será el sucesor de Laura Alonso, actualmente procesada por su rol al frente de este organismo.
"He propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que aceptó. Vamos a hacer que la Oficina deje de depender de Presidencia y que opere con autarquía y autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer", señaló Alberto Fernández en su diálogo con Telefé.
Hace dos años, en diciembre de 2017, había sido desplazado por el Gobierno de Cambiemos de la titularidad de la Procuvin. Además de su actividad junto a la demonizada Gils Carbó, y su participación en la aún más demonizada Justicia Legítima, Crous intervino también en el inicio de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual generó las críticas del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y de la cadena de medios privados afines al Gobierno.
Tiene una larga trayectoria judicial. Como fiscal de los Juicios por la Verdad, en la época en que la posibilidad de llevar al banquillo a los responsables de la última dictadura cívico-militar estaba obturada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue quien realizó la denuncia que dio origen a la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian von Wernich. Una vez reabierta la posibilidad de justicia por la anulación de esas leyes, y su declaración de inconstitucionalidad, el capellán policial fue condenado a prisión perpetua por su participación en homicidios y secuestros en el circuito Camps.
Integrado a la estructura de la Procuración General, Crous estuvo a cargo también del área especial de lucha contra la narcocriminalidad y el narcotráfico. Durante su gestión se logró desactivar una banda narco en Rosario producto de un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
En el campo de los juicios por los crímenes de Lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, su última participación destacada, en mayo de este año, fue en el cuarto juicio por los hechos sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue el fiscal encargado de presentar los argumentos de la acusación y de pedir la pena máxima a los represores.
16 de diciembre de 2019
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, explica los nuevos lineamientos

“Hay que instruir a la policía para que no haya abusos”

En la primera entrevista tras su asunción, explica los cambios que implementará respecto de la gestión Bullrich y detalla los puntos centrales de las nuevas políticas.

“Nunca soñé que podía ser ministra de Seguridad”. Dice que sus colegas le hicieron ver que tenía que ocupar ese lugar y no lo dice con falsa modestia. Pero también agrega, mientras el sol se cuela por el gran ventanal del despacho del Ministerio de Seguridad el viernes por la tarde, en el corazón de Recoleta, que lo siente “como un reconocimiento a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento, asociado a una manera de pensar el vínculo entre producción científica y políticas públicas”. Lo dice, como todo lo que dirá durante la entrevista exclusiva con Página/12, de forma descontracturada, sin gravedad ni solemnidad afectada, alejada de cualquier gesto marcial. Y si bien su trayectoria está marcada por su trabajo académico, la doctora en antropología por la Universidad de Ultrecht, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet Sabina Frederic no es nueva en la función pública. Ocupó el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011 y fue asesora en la cartera que ahora dirige entre 2012 y 2014, durante la gestión de Nilda Garré.
Sabe que tiene un gran desafío por delante para reorientar la política que le imprimió su antecesora, Patricia Bullrich, pródiga en esfuerzos para defender a integrantes de las fuerzas de seguridad acusados, en unos casos, como el policía Luis Chocobar, de matar disparando por la espalda, y en otros, como en el caso de Santiago Maldonado, de hacer una defensa cerrada de la actuación de los gendarmes.
No deja tema sin tocar: habla del caso Maldondado, de instruir a las fuerzas de seguridad para “que no haya hostigamiento, asedio, maltrato ni abuso”, de la importancia del reentrenamiento de las fuerzas, de las pistolas Taser, de los operativos de saturación, de la necesidad de mejorar las estadísticas y de la posibilidad de poner en agenda la regulación de las drogas blandas. También dice que “no todo lo que se hizo estuvo mal”, pero también que hay mucho “por revisar”. Y, aunque sonríe, sabe que desembarcó en un ministerio caliente, en el que ni bien asumió, le hackearon la cuenta de Twitter, mientras que el viernes una operación política hizo circular en las redes un falso comunicado de la Policía Federal.

--¿Viniendo sobre todo del ámbito académico, éste es el puesto soñado para llevar a la práctica la investigación realizada?

--Todas las veces que ocupé un cargo de gestión, ya sea en la universidad de Quilmes o en el Ministerio de Defensa, nunca lo soñé. Nunca me pasó de querer ese lugar y armar una estrategia para llegar a ese lugar. Todas las veces me pasó que compañeros o colegas me hicieron ver que tenía que ocupar ese espacio construido colectivamente. Ahora, en el momento en que me lo ofrecen, lo siento como un reconocimiento a una trayectoria, a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento. El trabajo de asesoramiento y de producir investigaciones y conocimiento que informen a las políticas públicas lo hago desde el año 2006. La investigación sobre las policías, las fuerzas armadas y sobre la gendarmería tuvo siempre un diálogo con la gestión política, con el diseño de políticas públicas.

--¿Qué evaluación hace de la gestión saliente?

--Me parece, y es una visión compartida, porque lo hemos evaluado con los equipos técnicos del Frente de Todos, que la gestión de seguridad durante el gobierno de Cambiemos sobreactuó gran parte de las políticas. Se puede ver desde el lugar que tenía la ministra, la permanente divulgación de protocolos y reglamentaciones que eran todas controversiales, y que se sabía que iban a producir debates. Era una forma de ver la seguridad en agenda todo el tiempo. Y al mismo tiempo una dificultad muy grande por determinar cuál fue la eficacia real de esas políticas. Eso se ve, por ejemplo, en uno de los temas que hizo eje Cambiemos, la lucha contra el narcotráfico, que se hace desde hace muchos años en Argentina. Y una Argentina sin narcotráfico no es algo que se haya alcanzado con ese gobierno. Lo que hubo fueron más decomiso y allanamientos, pero no hay un resultado claro de esa política. Todos estos años la persecución ha sido principalmente sobre el narocomenudeo y consumidores.

--¿Cómo evalúa la producción de enunciados violentos que bajó Bullrich legitimando la violencia, y el uso de protocolos que avanzaron sobre los derechos de la ciudadanía?

--Básicamente en esas normativas y en algunas declaraciones que hizo el gobierno de Cambiemos a través de la ministra de Seguridad hubo un llamado a la extinción de la justicia y a convertir a las fuerzas de seguridad en el brazo armado y en la aplicación de la justicia propiamente dicha. Desde el protocolo de derribo (que habilita derribar aviones), que está dentro de la ley de Emergencia de Seguridad, hasta el que habilita a disparar sin dar la voz de alto, entre varios otros. Al igual que la forma en que el Ministerio de Seguridad salió en el caso Maldonado y en el de Rafael Nahuel. O las declaraciones de ‘el que quiera estar armado que lo esté’ (de Patricia Bullrich) fijaron una posición, por un lado de que la violencia de Estado es legítima, y por otro de habilitar a los ciudadanos al uso de la violencia. Ambas cosas. Eso habilitó a las fuerzas federales, pero también a las provinciales, que no dependen del Ministerio de Seguridad, a mayores abusos y mayor discrecionalidad. Toda una serie de posicionamientos que arrastraron o empujaron una serie de prácticas al ámbito de la delincuencia o la criminalidad.

--¿Cuáles serán los ejes de su gestión?

--El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene cuatro fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No todas tienen actividades en lo que se llama seguridad ciudadana. Nosotros tenemos pensado, por un lado, fortalecer fundamentalmente lo que es la investigación criminal, ahí hay varias cosas por hacer. Por ejemplo, reconvertir la Policía Federal, que está en ese proceso, no es que no se hizo nada en estos años. Se avanzó, pero tenemos que revisar lo que se hizo. Aparentemente la formación básica de esos agentes se movió hacia la investigación criminal, la Policía Federal no tiene territorio y tiene que dirigirse hacia ese lugar. Hay áreas que ya trabajan sobre lavado de activos, laboratorio de criminalística. Todo eso hay que fortalecerlo y es clave articular las áreas de investigación de todas las fuerzas. Porque creemos que Seguridad de la Nación tiene que dirigirse hacia lo que es el delito complejo y organizado. Y no como estos años centrados en la persecución del narocomenudeo y de consumidores.
No va a ser fácil evitar la competencia entre las fuerzas, hay que buscar la forma de articulación. Gendarmería también creció mucho en ese terreno y defiende lo que tiene. Tenemos que fortalecer también la política federal, de diálogo con las provincias a través del Consejo Federal de Seguridad Interior. Escuchar demandas y producir políticas que estén también dirigidas a las especificidades de cada región, que no son las mismas.
Otro aspecto muy importante es revisar todo lo que es la política de seguridad de fronteras e hidrovías. Queremos darle a la hidrovía el peso que tiene, cosa que hasta ahora no se ha hecho, la hidrovía es un lugar de tránsito y de transporte de sustancias ilícitas. Ese será un tema central. También una política de articulación con la Aduana y Migraciones en los pasos fronterizos, evitar la persecución del pequeño contrabando (bagayeros), sobre todos en algunas regiones como la zona de Aguas Blancas, Río Bermejo, un lugar en donde hay un control de la población que cruza de un lado al otro y decomisos de mercadería en búsqueda de estupefacientes pero que tiene un costo muy alto sobre la fuente de trabajo de la gente, que es ilegal.

--Ahí se cuela la crisis económica.

--Sí, ahí tenemos una cuestión que es cómo hacer para que la emergencia económica y social no termine siendo abordada a través de una agenda securitaria. Es un desafío. Es un punto que tenemos que revisar y no va a ser fácil. La decisión que tomó el gobierno que se fue este año, de introducir una suerte de monotributo para los que llevan y traen mercadería en esa zona fue un fracaso y terminó en piedrazos. Pero creemos que no tiene que ser el Ministerio de Seguridad el que tiene que abordarlo, hay que encontrar la manera de que la Gendarmería no sea la fuerza de seguridad que se termine exponiendo ante la ausencia de otras agencias del Estado que tienen que intervenir para resolver temas de mercado de trabajo. Otra cuestión central será el desarrollo de una política de derechos, bienestar y género para las fuerzas de seguridad.

--¿Cómo se va articular esto con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional?

--Por ahora hay un Ministerio de Seguridad, el camino que plantea el presidente es la creación de una dependencia del Estado que convierta la política de seguridad en una política de Estado. No habría política de seguridad si no es a través de esa instancia, que aún no fue creada. Se tiene que presentar como proyecto legislativo en el parlamento y va a llevar un tiempo. Todo esto que estoy planteando es hasta tanto se cree ese organismo, la idea con esa dependencia es que haya intervención no solo federal sino también de otras organizaciones, pero todo eso está en proceso de construcción para que las medidas que se tomen sean políticas de largo plazo y sean definidas con acuerdos de sectores divergentes.

--¿Qué va a pasar con los protocolos que elaboró Bullrich y cuál va a ser la actitud del Ministerio cuando haya denuncias de violencia institucional?

--Lo que estamos haciendo es terminar de revisar los protocolos y reglamentaciones que dejó la gestión que se fue, para derogar aquellos que son claramente violatorios de los derechos constitucionales y de las garantías de los ciudadanos. Y vamos a revisar aquellos que si los derogáramos y volviéramos a lo que había antes no estaríamos siendo lo suficientemente responsables. En ese caso vamos a hacer conversaciones con los jefes de las fuerzas para ver si se adecuan a las condiciones en que ellos prestan el servicio. Una de las áreas que va a existir en la futura estructura del ministerio, que se aprobaría el fin de semana, es un área de control y transparencia. Que va a estar abocada a temas de violencia institucional y también a la atención de las víctimas del delito, no solamente a las víctimas de las fuerzas policiales sino también a la gente que es víctima del delito. Hay capas, una capa que es el discurso, y otra cosa lo que ellos hacían sabiendo que les iba pasar lo que le está pasando a Chocobar (N. de la R.: que va a juicio). El discurso no protege porque hay un sistema judicial y un proceso penal que existe, más allá de lo que el Poder Ejecutivo quiera.

--¿En el caso del protocolo de uso de armas de fuego?

--Es uno de los que seguramente se derogará porque es de una discrecionalidad y de un abuso que es intolerable. El programa Ofensores en Trenes, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI de los pasajeros en las estaciones, aunque lo han dejado de usar, también se derogará, porque además tenemos el feedback de las fuerzas que lo estaban usando, y genera mucho conflicto innecesario con la gente. También estamos revisando el de derribo de aviones.

--¿Qué pasará con el protocolo para manifestaciones?

--Ese no se aplicó, no sirve, pero está vigente, y lo estamos revisando también. No queremos sobreactuar. Queremos hacer las cosas con responsabilidad. Y tenemos que ver si lo sacamos cuál queda. Estamos haciendo el estudio y seguramente el lunes (por hoy) o martes ya lo tendremos definido.

--La ex ministra Bullrich habilitó el uso de las pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. ¿Qué se va a hacer?

--Las pistolas Taser no llegaron aún, y ahí lo que tenemos pensado es llevarlas a las fuerzas especiales, no para que se haga uso frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales sino de fuerzas especiales como Geof o Alacranes. Pero lo que hay que derogar es el protocolo que existe, y generar uno que sea específico para su uso en ocasiones como secuestros o aquellos que atienden las fuerzas especiales. Y hay que revisar la capacitación, porque lo que vi es una capacitación que no se corresponde con el daño que las Taser provocan. El punto es que en el protocolo se habla de armas de uso no letal y para la empresa que las fabrica son menos letales, no no letales. Hay que revisar esa capacitación y adecuarla, y no puede ser en las estaciones de tren ni en aeropuertos, sino para uso de las fuerzas especiales.

--¿Qué pasará con el Servicio Cívico Voluntario?

--Lo que pudimos averiguar es que ingresaron en la prueba piloto 1200 jóvenes y terminaron 600. Ya no hay jóvenes dentro de las instalaciones de Gendarmería, estamos buscando el listado de los inscriptos y, en el caso de que los hubiera, vamos a reconvertir ese servicio en un plan educativo y de contención en el ámbito deportivo. Eso implica una conversación con el Ministerio de Educación para que atienda y contenga a este sector que es numeroso y le dé un horizonte en términos laborales y educativos. Lo que no descartamos es que haya alguna instancia de intervención de las fuerzas en tanto algunas tienen algunas capacidades para enseñar oficios, o tal vez algunos de los jóvenes pueden estar interesados en ingresar a las fuerzas y puede haber una instancia de visita a alguna unidad, pero todo lo que es el plan educativo y de formación en oficios tiene que correr por cuenta de los ministerios de Educación y de Salud”.

--¿Qué otros aspectos de la gestión anterior se revisarán?

--Algunos de los protocolos que aprobaron no están mal. No todo lo que hicieron estuvo mal. El Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios en principio se mantendría. Aparentemente hay un trabajo que está bastante bien hecho con la Corte con todo lo que son los datos de femicidio, hubo un mejoramiento de la información y un seguimiento del proceso judicial también. Es un trabajo que lo que hay que hacer es mejorarlo pero no eliminarlo.
Lo mismo con las estadísticas, hay un trabajo que no alcanza pero lo que se hizo no está mal, hay que profundizarlo. Se fortaleció el sistema de estadísticas de información criminal, que son las que produce la policía. Esa información no alcanza, y hay un sesgo en esa información porque todos sabemos que la Policía desarrolla estrategias para fortalecer unas estadísticas y bajar otras, entonces puede haber una manipulación que está vinculada con el hecho de que se mide su desempeño. Esto tiene que complementarse con otras informaciones que produce la justicia. Hay que fortalecer el área de información a través de un Observatorio. Hay que producir información propia que hoy no está, o mejor dicho, no está sistematizada. Como, por ejemplo, los policías muertos fuera y dentro del servicio o los muertos por la policía o los heridos por la policía. Información que muchas veces hay que recurrir para contar con ella al Cels, que la produce sobre la información que sale en los diarios. Hace poco hubo una situación entre Correpi, que tiene su información sobre violencia institucional, y la gestión anterior del Ministerio de Seguridad que salió a contestarle, y no se termina de entender qué parámetro usa uno y otro. Nosotros tenemos que tener esa información y producirla sistemáticamente.

--¿Cómo se deconstruye el discurso de mano dura implementado durante estos cuatro años?

--Hay una tarea, que no es solo hacia la sociedad, de explicar que los problemas emergentes obedecen a diferentes causas y que atacarlos por el uso de la fuerza o el encarcelamiento en el corto plazo parece que lo resuelve, pero en el mediano plazo no. Ahora, hacia adentro de las fuerzas no pasa sólo por la formación. Durante gestiones anteriores de nuestro gobierno se hizo mucho énfasis en la formación y eso tuvo resultado altamente positivos: uno se encontraba durante el trabajo de campo con gendarmes y policías que estaban en contra de los protocolos más abusivo. La formación que se impartió y la democratización de la Argentina introdujeron prácticas y perspectivas entre los policías que son alentadoras. Ahora, hay otros aspectos para incorporar y que forman parte de lo que queremos desarrollar: el reentrenamiento de las fuerzas, unido a la modificación de las condiciones de trabajo de regímenes de servicio que no expriman a la gente. Y eso hay que trabajarlo con ellos. No contra ellos.
Sabemos que dentro de la fuerza hay personal jerárquico subalterno que entiende que no hay forma de hacer un buen servicio y un servicio que implique un trato humanitario hacia el otro si no es con un trato humanitario hacia adentro de las fuerzas. Por eso vamos a crear un área de derechos, bienestar y género dentro del Ministerio, que se va a ocupar de ese tema y es probable que estemos anunciando un consejo que nos permita discutir con integrantes de la fuerza pero también con especialistas y otros actores de la sociedad civil cómo mejorar las condiciones del servicio. Eso es un aspecto fundamental que la gestión que se fue no cumplió como dijo, si bien hizo una sobreactuación de la protección y el cuidado, no ha sido efectivo.
16 de diciembre de 2019
Les anticipará detalles del proyecto de emergencia que enviará hoy al Congreso

Alberto Fernández recibe a los gobernadores radicales

Alberto Fernández tendrá este lunes su primer encuentro con la oposición desde que asumió como presidente. A las 10.30 recibirá en la Casa Rosada a los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Corrientes, Gustavo Valdés, según informaron fuentes oficiales.
Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández se había reunido previamente a su asunción como presidente.
Aunque la reunión con los tres gobernadores radicales será sin agenda, Fernández les anticipará los principales aspectos del proyecto de emergencia que enviará hoy al Congreso.
De la reunión también participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. En tanto, fuentes consultadas por Télam, precisaron que el encuentro fue acordado por los jefes de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y de la radical, Mario Negri.
13 de diciembre de 2019
El ex presidente firmó el decreto 14 días antes de dejar la Casa Rosada

El Gobierno anulará el decreto de Macri que dejaba tres mil funcionarios propios en el Estado

Extendía por 5 años la estabilidad laboral para directores y jerárquicos nombrados por el macrismo y establecía indemnizaciones millonarias si eran despedidos.

El Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica "una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado", sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos. El decreto, del que dio cuenta PáginaI12, había sido cuestionado y denunciado desde los propios abogados del Estado y el gremio de ATE.
Castellani, argumentó la decisión del nuevo Gobierno en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de "privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios".
El régimen que se buscó establecer dispone "una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción", señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es "vital" construir un nuevo sistema que "jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público".
El gobierno de Cambiemos inició su mandato en diciembre de 2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración pública y estigmatizaba a los trabajadores que resistían los despidos como “ñoquis” y “grasa militante”. Pero a menos de dos semanas de finalizar el mandato, Macri creaba por decreto el "Régimen de Alta Dirección Pública" que daba “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión. Además establecía que para removerlos debía pagarse una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. A modo de ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año.
El decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que "promueve un sistema de concursos más transparente". Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas. "Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando", había dicho entonces a PáginaI12 el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso que había dispuesto Macri tiene "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
13 de diciembre de 2019
Evo Morales llegó a la Argentina en condición de refugiado político

"Para seguir luchando por los más humildes"

En un operativo sigiloso, el Gobierno le concedió refugio al ex presidente de Bolivia junto a otros cuatro ex funcionarios. Le pidieron que no haga declaraciones.

En un operativo realizado con el mayor sigilo, Evo Morales llegó ayer a la mañana al país proveniente de México y, luego de un rápido trámite en Ezeiza, el gobierno le concedió la condición de refugiado. "Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", expresó el destituido presidente de Bolivia en las redes sociales. Según comentó el canciller Felipe Solá, como parte del acuerdo para su llegada, Morales no realizará declaraciones públicas ni participará de actividades políticas. Hay que interpretar esa veda como temporal, Evo justamente viajó para estar más cerca de su país y, se supone, acompañar la campaña del MAS para las elecciones presidenciales que todavía no tienen fecha. El ex vicepresidente Alvaro García Linera y otros tres ex funcionarios también quedaron en el país con el mismo estatus.
Es de imaginar que en los próximos días Alberto Fernández recibirá o conversará con Evo. Antes de asumir, Fernández había expresado públicamente su oferta de asilo al ex presidente boliviano para que estuviera junto a sus familiares, más cerca de su país y acompañado por el millón de compatriotas que viven acá. Incluso, Solá recordó que en el momento del golpe, Alberto Fernández conversó con Mauricio Macri sobre la posibilidad de que le diera refugio a Morales. Como no hubo reacción por parte de la administración de Cambiemos, Fernández debió activar las gestiones para que Evo saliera cuanto antes hacia México porque si se quedaba en Bolivia su vida corría peligro. El entonces presidente electo colaboró para facilitar el paso del avión que trasladaba a Evo por el espacio aéreo de varios países.
Pese a que en algún momento había expresado su deseo de que viajen para la jura, finalmente ni Evo, ni Lula, ni Dilma Rousseff participaron de la ceremonia para evitar roces diplomáticos. Pero, el mismo 10 de diciembre, Evo junto a García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, el ex canciller Diego Pary y el ex embajador en la OEA José Alberto Gonzáles enviaron un texto pidiendo su asilo. La cuestión exigía cierta ingeniería jurídica en la que trabajaron Solá y su jefe de asesores Guillermo Justo Chaves porque en el país no existe la figura de asilo territorial. Así que anoche le concedieron un asilo temporal hasta que llegó al aeropuerto, donde requirió la condición de refugiado, que sí existe.
El temor de Evo y sus acompañantes era que si no tenían algún tipo de resguardo legal en la Aduana les saltara alguna alerta. El ex presidente viajó junto a Montaño en la clase turista del vuelo regular de Aeroméxico que une la capital mexicana con Buenos Aires. En el aeropuerto lo esperaban Justo Chavez y amigos locales como el secretario general de ATE, Daniel Catalano. Los hijos de Morales -Evaliz y Alvaro- ya estaban acá desde hace tres semanas. La comitiva que salió desde Ezeiza acompañó a Evo hasta un domicilio local. En el Gobierno aclararon que la permanencia de Morales -la condición de refugiado no tiene fecha de vencimiento- no demandará ningún gasto más allá de la custodia policial que se le asignó por su seguridad.
"Les rige la condición de refugiado. Desde el momento que se pide quedan liberados de cualquier posibilidad de extradición. Esas personas no pueden tener protección en su país", explicó Solá. Todo fue tan rápido que el canciller debió acelerar los trámites para habilitar su firma y así poder suscribir las resoluciones. "Nosotros no queremos que Evo Morales ni ninguno de los refugiados usen este país para hacer política. Pueden ver a quien quieran pero está el compromiso político de que no hagan declaraciones públicas ni campañas políticas desde acá", sorprendió Solá en diálogo con El Destape Radio. Son extras que consensuaron con Morales de palabra, porque una vez que se da la condición de refugiado queda en condiciones de ejercer todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano que habita en el país.
Morales pidió permiso para escribir dos tuits para agradecerle al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a los mexicanos "por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y los hermanos mexicanos durante un mes". Dos funcionarios del gobierno de AMLO acompañaron a Morales en el vuelo.
"La ley no dice nada de eso, es un compromiso político", ratificó el canciller respecto a esta particularidad. "La situación de Argentina es delicada y no queremos sumar problemas. Queremos alejar los problemas", argumentó. La nueva gestión de Alberto Fernández ya tuvo esta semana una primera muestra de lo complicadas que a veces pueden ser las relaciones diplomáticas cuando uno de los enviados de Donald Trump dijo que no participaría de la ceremonia de jura en señal de un supuesto enojo -o advertencia- por la invitación al ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, y del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Otro funcionario norteamericano, el subsecretario Michael Kozak, no sólo se quedó sino que mantuvo una extensa reunión con Fernández y Solá, pero el entredicho sirvió para encender una luz amarilla. El Gobierno necesita el respaldo de Estados Unidos para que las negociaciones iniciadas con el FMI lleguen a buen término.
Luego del golpe de Estado y desde su exilio en México, Morales no dejó pasar sin denunciar a través de las redes las muertes por la represión y demás excesos cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Añez. Por ejemplo, el miércoles escribió: "Allanamientos abusivos, notificaciones azules y órdenes de aprehensión. Continúa la cacería del gobierno de facto, todo para desviar la atención del informe de la CIDH que habla de masacres y violaciones masivas de derechos humanos". Luego de intensas negociaciones, Añez aceptó convocar a elecciones dentro de los próximos seis meses de las que no podrán participar ni Morales ni García Linera. La intención de Evo es apoyar desde aquí a quien resulte elegido como candidato del MAS.
12 de diciembre de 2019
Cristina Kirchner habló en la asunción de Mayra Mendoza en Quilmes

“La sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló esta tarde en Quilmes, adonde concurrió para la jura como intendenta de Mayra Mendoza. Reivindicó el trabajo territorial, fustigó a políticos y medios por las causas en su contra y expresó que “la sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes".
La ex mandataria comenzó diciendo que tiene “mucha esperanza” en Mendoza y recordó un acto de la campaña de 2017, cuando visitó un comedor en Quilmes mientras soñaban que la dirigente de La Cámpora pudiera ser intendenta. Participaron del encuentro, entre otros, Máximo Kirchner, titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Cristina recordó que “desde el 9 de diciembre de 2015 fueron años difíciles" y que “ayer se vio cuánto han mentido dirigentes y medios" que monocordemente criticaron el frustrado traspaso del mando hace cuatro años. “Decían que yo no había querido entregar la banda y el bastón y nunca inventamos nada”. Denunció, además, que hubo "una persecución cruel contra mí y mi familia”. Más adelante se refirió a una de las causas que impulsó “una diputada, una denunciadora serial”, en alusión a Elisa Carrió. “Dijo que mi madre tuvo una causa por estafa, mi madre, que estuvo 30 años de dirigente sindical sin tomarse licencia gremial y vivió toda la vida en la misma casa, que sólo cobraba su jubilación y la pensión de mi padre”. Recordó que la denuncia se archivó hace pocas horas “por inexistencia de delito”. Aquella causa había generado una carta de CFK en sus redes en 2016. “Mi madre se murió sin saber todo esto, acusada de un delito que no había cometido”.
Para la flamante vicepresidenta, “hoy es un día de alegría” y agradeció a quienes “siempre creyeron”. Volvió a referirse a la plaza del 9 de diciembre de 2015, de donde surgió el canto “Vamos a volver”, que se convertiría, dijo, en “un código de identificación”, dado que “no era que volviera un partido o una facción, sino un país con derechos, donde comer no fuera un privilegio”.
En otro tramo de su intervención afirmó que había dirigentes que no estaban muy convencidos acerca de los alcances de la consigna pero que “no había lugar" en el cual se cantara sin que "muchos se prendían”. Por eso subrayó que “la sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes, y yo lo agradezco”.
La actual vicepresidenta, por último, recordó que el 27 de diciembre de 2017, tras la sanción del presupuesto, al que Unidad Ciudadana se opuso, y que "los cuatro grandes del buen humor”, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, modificaron 24 horas después, le dijo a Ferraresi que trabajaría para que el 10 de diciembre de 2019 "hubiera otro argentino o argentina en la Casa Rosada”.
Finalmente, agradeció “el amor" recibido, al que definió como “una coraza, mi escudo durante estos años tan duros”. "El amor nos va a ayudar”, concluyó.
12 de diciembre de 2019
Se completa el equipo de Daniel Arroyo

Gabinete de Fernández: Desarrollo Social suma a movimientos sociales

El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el nuevo secretario de Economía Social, mientras que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, ocupará la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local.

Los movimientos sociales ya tienen lugar en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo. El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el nuevo secretario de Economía Social, mientras que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, ocupará la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local. Con la llegada de estos dos dirigentes, el Gobierno marca su intención de sumarlos de lleno a la toma de decisiones y al trabajo para revertir las consecuencias económicas del ajuste.
Pérsico ya había tenido experiencia como funcionario con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, cuando fue vicejefe de Gabinete. Con Menéndez, son integrantes de "los Cayetanos", los tres movimientos sociales que tuvieron mayor presencia en los años de Macri. Ahora trabajarán desde el ministerio para buscar paliar las consecuencias del modelo que combatieron desde las calles.
En tanto, Laura Valeria Alonso (conocida en el kirchnerismo como "la Laura Alonso buena") será la secretaria de Inclusión Social. Diputada por Unidad Ciudadana, había sido parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, primero como coordinadora del Programa Nacional de Voluntariado Universitario hasta 2011 y luego como subsecretaria de Políticas Universitarias hasta 2015. Como subsecretaria de Integración Social estará Lorena Ferraro Medina, quien fue secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano en Tigre con Sergio Massa.
En tanto, el ex secretario de Niñez y ex titular del Sedronar Gabriel Lerner estará nuevamente a cargo de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En la secretaría de Articulación de Política Social, estará Gonzalo Calvo. En la secretaría de Abordaje Integral, la ex diputada tucumana del PJ Alicia Soraire.
11 de diciembre de 2019
Asistirá a la asunción de Kicillof y mantendrá reuniones diplomáticas

La agenda de Alberto Fernández en su primer día como presidente

En su primer día de gestión tras la asunción , el presidente Alberto Fernández recibirá a su par de Cuba, Miguel Díaz Canel, y almorzará con uno de los enviados por el estadounidense Donald Trump. También tiene previsto asistir a las juras de Axel Kicillof y Omar Perotti como gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente.
El flamante jefe de Estado, que llegó temprano a la Casa de Gobierno, mantiene un encuentro con el mandatario de la isla caribeña desde las 9 en el Despacho Presidencial de Balcarce 50.
Tras esa reunión, el líder del Frente de Todos se trasladará hasta la ciudad de La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner para asistir a la jura del exministro de Economía al frente de la Gobernación bonaerense. El acto se llevará a cabo a las 10:15 en la Cámara de Diputados provincial, ubicada en la ciudad de las diagonales.
Al mediodía Fernández regresará a la Casa Rosada para almorzar con el secretario adjunto del Departamento de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak.
El encuentro con el norteamericano se da luego del cortocircuito en la asunción, cuando el asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone, decidió irse de la Casa Rosada antes de saludar a Alberto Fernández al ver que estaba en el Salón Blanco el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Finalmente, a las 18:15, Fernández estará presente en la Legislatura de Santa Fe para respaldar a Perotti, quien asumirá al frente de la Gobernación local y así marcará el regreso del PJ a ese distrito.
11 de diciembre de 2019
“El salario debe iniciar un proceso de recuperación”

Nicolás Trotta confirmó que vuelve la paritaria nacional docente

El nuevo ministro de Educación dijo que quiere iniciar “en el corto plazo” un diálogo con las organizaciones sindicales y con cada gobierno provincial. Aseguró que la discusión "no solo es salarial sino también de los aspectos pedagógicos en todo el país, como la formación docente”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció el retorno de la paritaria nacional docente, una instancia de negociación con fuerza de ley que fue clausurada por decreto durante la administración de Mauricio Macri. Para el flamante funcionario, el salario promedio de un docente “es un sueldo que ha perdido” valor producto de la inflación de los últimos años y, por ello, debe “iniciar un proceso de recuperación”.
“Vuelve la discusión paritaria que no solo es salarial sino también de los aspectos pedagógicos en todo el país, como la formación docente”, afirmó el ministro durante una entrevista por radio La Red, en la que remarcó su voluntad iniciar “en el corto plazo” un diálogo con las organizaciones sindicales y con cada gobierno provincial. Para darle el puntapié inicial a este tema, añadió, hay una reunión prevista para la semana próxima del Consejo Federal de Educación, que deberá “cumplir un rol muy activo” en ese sentido. “Nos parece fundamental establecer un buen diálogo, escuchar a todos los actores de la comunidad educativa, porque cualquier transformación ingresa al aula de la mano de los maestros y maestras”, remarcó.
Además, ratificó su compromiso de “hacer un mayor esfuerzo para que los maestros puedan tener un salario que fortalezca la carrera y el rol que tienen en la sociedad”. También reconoció que el salario docente "ha perdido” valor en los últimos años y afirmó que, por ello, debe “iniciar un proceso de recuperación”.

La Educación Sexual Integral
El anuncio del regreso de la discusión que establece un piso salarial en todo el país, y a partir del cual cada provincia puede negociar sobre la base de sus necesidades, no quedó restringido a los sueldos sino que también se refirió a otra cuestión clave: la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
Afirmó que su cartera “está constituyendo una dirección nacional que va a asumir esa agenda” porque “tenemos que cumplir con la ley” que establece su puesta en marcha. “Hay que generar una educación sexual integral para nuestras escuelas” y “nosotros vamos a impulsar todas las políticas necesarias”.
“Es una herramienta vital y hay que dialogar con todas las provincias para que rápidamente se pueda trazar una agenda y objetivos para la implementación de la ESI”, remarcó.

El plan contra el hambre
Por otra parte, anticipó que en los próximos días se concretará la primera reunión de “la mesa de lucha contra el hambre” de la que participarán funcionarios y representantes de distintos sectores.
En este sentido sugirió que uno de los temas a conversar será la participación de las escuelas en actividades de verano “para acompañar la situación tan grave” que atraviesan los sectores más vulnerables.
10 de diciembre de 2019
Se terminan los cuatro años de macrismo

En vivo: la asunción de Alberto Fernández



El nuevo presidente y su vice, Cristina Kirchner, juran en el Congreso. Fernández dará luego su primer discurso en cadena nacional y luego irá a la Casa Rosada.
El cronograma de la asunción presidencial
- La Asamblea Legislativa se inicia a las 11.15, presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti. Se realizará la designación de los legisladores que integrarán las comisiones de interior y exterior, respectivamente, que serán las encargadas de recibir en la explanada del Palacio sobre la avenida Entre Ríos al presidente electo.

- La ceremonia pasará luego a un cuarto intermedio para recibir a Alberto Fernández. De acuerdo a lo previsto, el primero en llegar al Congreso a las 11.30 será Macri, luego a las 11.40 hará lo propio Cristina Kirchner y a las 11.45 arribará el presidente electo.

- A su arribo, Fernández procederá a la firma de los Libros de Honor del Honorable Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, en el "Salón Azul".

- Posteriormente, Cristina Fernández y Alberto Fernández prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa como presidente y vicepresidente hasta el 10 de diciembre del 2023. El nuevo jefe del Ejecutivo recibirá entonces el bastón y la banda presidencial.

- Tras formular su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández se trasladará a la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras, tras lo cual tomará juramento en horas por la tarde a los ministros de su gabinete nacional en el Salón Blanco.

- Desde las 14 habrá un festival en la Plaza de Mayo donde habrá varios shows musicales. Cerca de las 19 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hablarán ante la multitud que se espera en la plaza.
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