Politica - Patria Moreira

Año 7. 2019.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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14 de enero de 2020
Encontraron carpetas de derechos humanos en un sótano inundado

La desidia del macrismo con el archivo del Ministerio de Defensa

El ministro Agustín Rossi ordenó realizar una auditoría en el Edificio Libertador y encontraron parte del archivo de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario abandonado y dañado en un subsuelo. Se trata de informes administrativos corrientes, pero Rossi remarcó que esa información "puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.

Parte del archivo de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa fue encontrado abandonado y dañado en un subsuelo del Edificio Libertador, que se encontraba inundado. El hallazgo fue producto de una auditoría interna. “Sorprende la desidia de la gestión anterior”, sostuvo el ministro Agustín Rossi a través de su cuenta de Twitter en relación a su antecesor en el cargo, Oscar Aguad.
Durante los primeros días de su gestión, Rossi ordenó a personal de mantenimiento del Ministerio a que haga “una recorrida por el edificio para ver qué había que reparar”, contó en una entrevista otorgada a radio El Destape. Durante esa auditoría, en la que se encontraron “desde vidrios rotos hasta plagas, porque hay muchos murciélagos dando vueltas” en las instalaciones de la sede de Defensa, el personal a cargo dio con las cajas y cajas de archivos dañados.
“Nos encontramos con este lugar destinado a archivo, tenía diez centímetros de agua, una gotera que venía desde hace bastante tiempo, cajas de documentación tiradas, humedecidas y echadas a perder por el acción del agua”, describió el ministro.
Desde la cartera informaron que se está analizando la documentación dañada, pero que hasta ahora se trata de informes administrativos de gestiones corrientes de la dirección de Derechos Humanos y de la Dirección General de Administración: expedientes destruidos y con moho, archivos deteriorados, describieron desde la cuenta de Twitter del MInisterio.
Por ahora no encontraron documentación sensible dañada, admitieron. No obstante, aclaró Rossi, “independientemente de que sea información ordinaria, si uno la archiva es porque puede ser necesitada, solicitada o buscada por la Justicia o por alguien en determinado momento”.
Todas las cajas con documentación que permanecían guardadas en la habitación inundada, ubicada en el tercer subsuelo del Edificio Libertador, fueron trasladadas a otra dependencia.
“Esto demuestra la desidia absoluta con la que trabajaron” durante la gestión de Cambiemos que al frente de Defensa tuvo al ex diputado radical Aguad, evaluó Rossi, quien aseguró que el Edificio Libertador está “más venido a menos” de lo que lo dejó tras su primer mandato como ministro, culminado en 2015.
14 de enero de 2020
Defensores de acusados por corrupción y una de sus víctimas le responden al falso abogado

“D'Alessio sigue siendo un extorsionador”

José Manuel Ubeira, Alejandro Rua y Aníbal Ibarra minimizaron el impacto de las declaraciones de Marcelo D'Alessio y plantearon que no aportó nada que no esté probado ya en el expediente que instruye el juez Alejo Ramos Padilla. También aseguraron que las causas de los cuadernos y del GNL se van a caer hable o no hable D'Alessio.

Abogados de los imputados en las causas por corrupción y una de las víctimas del falso abogado minimizaron el impacto que podrían tener las declaraciones públicas de Marcelo D'Alessio . Advierten que “sigue siendo un extorsionador”; que las causas armadas por el macrismo se van a caer con o sin su colaboración y que, con su aparición pública, buscó mandarle un mensaje al macrismo para “que no le suelten la mano” a cambio de su silencio.
Tras la entrevista que el fin de semana dio D'Alessio, José Manuel Ubeira --quien iba a ser sometido a una cámara oculta a pedido de Stornelli-- y los abogados que intervienen en las causas GNL y fotocopias de los cuadernos, Alejandro Rua y Aníbal Ibarra, les bajaron el precio a las supuestas revelaciones del falso abogado, quien está procesado y detenido por espionaje ilegal. Ante la consulta de PáginaI12, afirmaron que sus declaraciones siguen formando parte de su accionar extorsivo y que no aportó nada que no esté probado ya en el expediente que instruye el juez Alejo Ramos Padilla.
Uno de los cuatro hechos en los que D'Alessio admitió haber participado en su declaración para convertirse en arrepentido es el pedido de Stornelli para hacerle una cámara oculta a Ubeira, quien era el abogado defensor de Oscar Thomas, uno de los imputados en la causa de las fotocopias. Lo grave del caso es que el fiscal de esa causa era el propio Stornelli. “Lo que dijo me parece que es coherente con lo que surge de los chats. Pone en palabras lo que claramente fue una instrucción de Stornelli. Hay un reconocimiento explícito. Le da contexto y explicación, pero no hay nada nuevo”, evaluó Ubeira.

-- ¿Qué sintió a nivel personal y profesional al escuchar a D'Alessio hablar desde la cárcel y detallar cómo iban a espiarlo?

-- Es horrible. Uno piensa que una persona que fue amiga durante muchos años no podría manejarse de esa manera. Y desde el punto de vista institucional es gravísimo. Es la utilización de un servicio de inteligencia paralelo para perseguir y extorsionar. No hay antecedentes en la historia argentina. Que un fiscal intente hacer una cámara oculta a un defensor de un imputado en una causa que él mismo investigaba no tiene precedentes.

-- ¿Y por qué cree que D'Alessio quiso hablar ahora?

-- Porque la cárcel es muy dura. El hombre se ve más que preocupado. Con el cambio de gobierno la situación se le complicó mucho más. Las personas que hubieran sido eventualmente amigas, del staff del gobierno anterior ya no están. Está buscando reposicionarse. Mientras el gobierno de Macri estuvo en funciones, no se privó de hacer ningún tipo de barbaridad, pero ahora están todos en retirada. Lo que está tratando de hacer es ver de qué manera se posiciona porque el futuro para él es muy oscuro.

-- ¿Los dichos de D'Alessio pueden tener un impacto en las causas contra ex funcionarios del kirchnerismo?

-- Si se verifica algún grado de verosimilitud de los dichos de D'Alessio sobre el armado de causas, tarde o temprano va a tener repercusiones. Porque si uno une los dichos de D'Alessio con todo el combo del accionar de Carrió, Bullrich y compañía, y los entrecruzamientos de llamados y mensajes, todo cierra. Fueron los tres poderes del Estado durante cuatro años dispuestos para la persecución. Ahora, con este accionar uno entiende las ocho indagatorias a Cristina en un día.

"Que no nos tome el pelo"

Para los abogados Alejandro Rua y Aníbal Ibarra, no son necesarios los dichos de D'Alessio para que se caigan las causas armadas contra funcionarios del kirchnerismo.
“D'Alessio es una persona que parece que quiere hablar y no dice nada. Sigue siendo un extorsionador. Sigue la misma lógica. Dice que va a hablar pero no lo hace. ¿Quiere hablar? Bueno, que hable en serio de una vez. Pero el juez le dijo que no es suficiente lo que está diciendo”, afirmó Rua.
Otro de los hechos delictivos de los que supuestamente se arrepintió D'Alessio es su participación en la causa GNL. Por ese expediente estuvo detenido e irá a juicio oral, entre otros, Roberto Baratta, cuyo defensor es Alejandro Rua. D'Alessio admitió haber incurrido en falso testimonio en esa investigación, también en manos de Stornelli. El objetivo era reflotar un expediente que se caía a pedazos tras la comprobación que un peritaje trucho había sido la piedra basal para la causa. Incluso, a pesar del escándalo que llevó al procesamiento del perito David Cohen, la causa de los cuadernos se originó como una derivación de la de GNL y ni siquiera fue enviada a sorteo, sino que se la quedaron el juez Claudio Bonadio y el procesado Stornelli. “La causa GNL va a ser anulada, hable o no hable D'Alessio”, afirmó Rua. “Si él quiere contar algo más, va a servir. Pero ya hay elementos suficientes para que esa arquitectura fraudulenta, que ya está expuesta, haga caer todo”.
D'Alessio dijo que “la causa de GNL es todo un delirio” y que “el único falso testimonio que cometí es decir que las carpetas que yo tenía (de Enarsa) me las habían dejado en casa en lugar de decir que las tenía yo”. Rua consideró que ese punto "es muy importante. Quizás él pueda explicar cómo es que una persona puede sentarse a hablar delante de un juez y mentirle y llevarle cosas falsas con la tranquilidad de saber que no va a tener consecuencias. Nadie le miente a un juez así de fácil. Él fue llevado a esa situación, adelante del fiscal. Y otra vez ante Stornelli. Que no nos tome el pelo".

-- ¿A partir de las declaraciones de D'Alessio van a hacer alguna presentación judicial?

-- Sus dichos no son nada nuevo. Lo único que hay de nuevo parece ser su desesperación para mejorar su situación. Esta causa ya está en la etapa de juicio y plantearemos las nulidades cuando el Tribunal Oral cite a las partes al debate oral.

Un mensaje al macrismo

Aníbal Ibarra, defensor en la causa de las fotocopias, coincidió en que la aparición pública del falso abogado forma parte de su accionar extorsivo y afirmó que D'Alessio buscó mandarle un mensaje al macrismo: “Hasta aquí D'Alessio ha sido un extorsionador y un mentiroso. Decir que si habla se caen las causas emblemáticas contra Cristina es un mensaje hacia el macrismo, para que no lo abandonen. Es como decir: no me suelten la mano porque hablo yo y se cae todo. Si sabe cosas que las diga, y el juez verificará si son ciertas o no. Pero me parece que sigue en el camino de la extorsión y busca negociar en beneficio propio”.

-- ¿Pero es cierto que si habla pueden caer las causas más emblemáticas sobre corrupción?

-- No se necesita de Marcelo D'Alessio para que se caigan las causas inventadas y promovidas por el macrismo. Ya hay prueba suficiente para que se demuestren los armados. D'Alessio es un personaje poco creíble. Ahora te muestra una carta pero no te muestra las otras dos. Pero, por suerte, en Dolores afortunadamente se encontró con un juez serio, no como otros.
30 de diciembre de 2019
Intentará destrabar la sanción de la ley tributaria

Kicillof convocó a una reunión a los intendentes de Cambiemos

El objetivo del gobernador, quien llamará a una nueva sesión extraordinaria, es llegar a una negociación con los jefes distritales de la oposición. El encuentro se realizará el jueves en La Plata. "Han hecho un gran escándalo" y "han mentido", apuntó Kicillof contra los legisladores opositores que no permitieron debatir la ley.

La pulseada que tiene al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, con la oposición macrista por la ley Impositiva sigue en pie. "Han hecho un gran escándalo, un show, un circo con un cambio que lo que hace es respetar lo mismo que el año pasado", señaló Kicillof apuntando contra la oposición.
El gobernador llamará a una nueva jornada de sesión extraordinaria de la legislatura para intentar que se sancione la ley, a la vez que convocó a los intendentes de Juntos por el Cambio (JpC) para este jueves a una reunión en la que intentará cerrar la negociación.
"No es verdad que están intentando defender ni a la clase media ni a los jubilados. Están defendiendo a los grupos concentrados de la economía, tal y como lo hicieron durante los cuatro años que gobernó (el ex presidente Mauricio) Macri y (la ex gobernadora, María Eugenia) Vidal", señaló a PáginaI12 el senador provincial, Omar Plaini.
"La ley propone mantener la recaudación del año pasado y no la aumenta ni un centavo en términos reales", destacó el gobernador y descartó que se tratara de un impuestazo porque "en el caso del inmobiliario rural, solo doscientos propietarios de más de dos mil hectáreas, tendrían un incremento mayor a la inflación y, si pagan en una cuota, no lo tendrían".
Con los tiempos corriendo, Kicillof mostró el enojo por la falta de compromiso de la oposición para cumplir con los acuerdos a los que había llegado durante la transición con la ex gobernadora María Eugenia Vidal.
"Hay que explicarle a la sociedad la gran mentira que dijo la oposición para justificar una actitud que tiene que ver con usar el peso de su mayoría en el Senado, no dejar sesionar y dejarnos sin ley tributaria; la recaudación se va a ver resentida", destacó el ex ministro de Economía, anticipando el problema que llegará a medida que se extienda la discusión y no se pueda poner en funcionamiento la ley Impositiva.
La mayoría en el senado bonaerense es lo único que le quedó a la oposición macrista para mostrar algo de poderío legislativo. JpC tiene 26 senadores mientras que el Frente de Todos (FdT) logró unificar un propio bloque de 20 senadores. En la cámara de Diputados la situación es distinta, ya que si bien en un comienzo había paridad porque el FdT tiene 45 diputados y JpC tenía 43, el haber perdido por cerca de 13 puntos de diferencia generó un cisma interno que produjo nuevos bosque de legisladores que integraban la coalición macrista. Al menos cinco diputados conformaron Cambio Federal, compuesto por dirigentes que se referencian en el ex presidente de la Camára de Diputados de la Nación, Emilio Monzó y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse.
"Está claro que tienen un problema interno y no saben quien conduce su espacio político. Por un lado, están los que dicen ser leales a Vidal. Por otro, los que dicen responder a Macri y al final están los radicales y el ARI", detalló a este diario el legislador bonaerense y secretario general del gremio de Canillitas, Omar Plaini.
El desbande de la alianza macrista y sus dificultades para resolver su interna impide que el oficialismo encuentre un interlocutor válido que pueda hacer valer los acuerdos. La ley Impositiva era una de las primeras leyes que Vidal ya había acordado con Kicillof que iban a facilitar junto con la de declaración de la emergencia. "Más allá de su interna, tienen intencionalidad de obturar la gobernabilidad", agregó el dirigente peronista.
El gobernador bonaerense llamará a una nueva sesión extraordinaria para intentar que se trate y se sancione la ley que considera central poner en práctica el plan que implementará ya con las herramientas que le facilita la ley de emergencias. Los tiempos legales lo obligan a que se concrete seguramente la semana que viene por el asueto administrativo del lunes y martes, sumados al feriado del primer día del año.
Sin embargo, citó a los intendentes de JpC a una reunión en la gobernación el jueves. Allí les explicará las dificultades en las que entrará la provincia por la falta de la ley que regula los impuestos, pero también les recordará que al no poder recaudar acorde a la inflación como plantea la ley, los municipios de toda la provincia también se verán afectados.
Kicillof ya se reunió la semana pasada con los intendentes del FdT con quienes dialogó sobre el mismo tema. Aunque a diferencia de la reunión con los propios, en el encuentro con los intendentes de la oposición intentará que los legisladores que les responden cambien su actitud.
Todos los municipios precisan que se apruebe la norma porque algunos impuestos van a las arcas distritales, pero también porque la coparticipación municipal depende de la recaudación del Estado provincial.
27 de diciembre de 2019
Definiciones del ministro de Educación Nicolás Trotta

Nicolás Trotta: "Después de la lucha contra el hambre, la educación tiene que ser la prioridad"

Trotta destacó la necesidad de recuperar la inversión y de garantizar la Ley de Educación Sexual Integral en todas las escuelas. Convocará a la paritaria docente y retomará la distribución de libros y computadoras.

Nicolás Trotta define el objetivo de su gestión con una idea: que la escuela logre romper las desigualdades de cuna con que ingresan chicos y chicas. El modo en que piensa este cambio es la extensión de la escolaridad, de manera que los niños entren al sistema educativo en la sala de 2 o de 3 años. Y en el caso de los secundarios, que los colegios avancen hacia jornada extendida. Esta escuela que, anticipa, va a volver a distribuir netbooks y libros, a reimpulsar las escuelas técnicas, a pensar en modos de acompañar las trayectorias escolares de los alumnos de los sectores más vulnerados, es la misma que debe atender la urgencia más primaria de todas las posibles, la de dar de comer. “Tenemos que hacernos cargo de una realidad dual: enfrentar la emergencia y tomar medidas para reconfigurar la educación que queremos”, sostiene y destaca: "Tenemos 56 mil establecimientos educativos, no es que no tenemos ninguno, es un cambio de concepción del lugar del Ministerio".
El nuevo ministro de Educación se niega a hablar de las maltratadas escuelas de 2019 en términos de “las escuelas que dejó Cambiemos”. “No somos la consecuencia de cuatro años de Macri, somos el resultado de los últimos cuarenta años", indica. "Hubo un esfuerzo de toda la sociedad para interrumpir ese proceso de degradación de nuestra escuela, en las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner, que consiguió consensos muy importantes. La Ley de Educación fue un consenso importante, la Ley de Educación Técnica, la Ley de Financiamiento Educativo... el gobierno pasado las incumplió. La pregunta es por qué se interrumpieron esos consensos. Por qué leyes que fueron sancionadas por unanimidad no se cumplieron cuando cambió el gobierno, por qué nos llenamos la boca hablando de educación y después no se acompañan esos discursos con inversión. Por qué no se construyen consensos con toda la comunidad educativa, porque es imposible imaginar que podemos mejorar nuestra escuela peleándonos con los maestros o descalificando a los maestros.”



-¿Por qué la extensión de la escolaridad?

--Creemos en la escolarización temprana porque está comprobado que cuanto antes un niño o niña se escolariza mejor es toda su trayectoria educativa. Mucho más en un momento donde, con dolor, observamos que la escuela ha perdido la centralidad como espacio de transferencia y creación de conocimiento, para transformarse en un espacio de contención social. Superada la crisis, para lo que nosotros vamos a acompañar el Plan de Lucha Contra el Hambre, creemos que hay que apuntar a recuperar la centralidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay que cumplir con la universalización que plantea la ley, la obligatoriedad de la sala de 4 y de 5 años, y también avanzar en la sala de tres y dos años, comenzando donde hay más necesidad, en los lugares más vulnerables de la Argentina en términos de pobreza, porque donde hay más necesidad tiene que haber más Estado y más escuela. Es ahí donde queremos poner el foco.

--¿Y en el caso de la doble jornada secundaria?

--También queremos implementarla poniendo como prioridad aquellos sectores con mayor vulnerabilidad. Vamos a articular con entidades deportivas y centros culturales para que nuestros adolescentes estén tres o cuatro horas más en la escuela; queremos extender esta cobertura, que hoy ronda el 22 por ciento.



--Una de las promesas de campaña incumplidas por Mauricio Macri fue la construcción de tres mil jardines de infantes. Para alcanzar una mayor cobertura, se necesita una mayor infraestructura; ¿cómo se va a lograr esa mayor inversión, teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias?

--Nosotros planteamos que hay distintas etapas. La primera es el diagnóstico; en un esquema de fuerte restricción fiscal y de una crisis económica social tan marcada, creemos que hay que institucionalizar la decisión del rumbo que queremos transitar. Por eso hemos planteado en la primera reunión del Consejo Federal de Educación acordar este objetivo central, que no sólo debe ser de un gobierno nacional sino que tener articulación con las 24 jurisdicciones educativas. Queremos un consenso con las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires que nos permita la constitución de un fondo educativo para la universalización de la sala de dos y la sala de tres.

--¿De dónde saldrían los recursos para ese fondo educativo? ¿Esto acompañaría la Ley de Financiamiento Educativo?

--Hoy la Ley de Financiamiento Educativo en términos de inversión no se está cumpliendo.

--La ley dice que que un 6 por ciento del PBI debe ir a educación ¿Cuál fue la inversión en 2019?

--Del 4,9 o 4,8 por ciento, es decir que está debajo más de un 1 por ciento. Hay que tener en cuenta, además, que hablamos de un Producto Bruto Interno que se comprimió en los últimos cuatro años. O sea, la desfinanciación fue muy marcada. Se han abandonado programas centrales, como la formación docente, se abandonó la inversión en infraestructura. La construcción de nuevos establecimientos educativos es fundamental para estos dos objetivos de escolarización temprana y de jornada completa. También se abandonó el mantenimiento de las escuelas. Nosotros creemos que más allá de la meta de inversión en relación al PBI, hay que generar la institucionalización de un fondo para cumplir con estos objetivos estratégicos que ha trazado el propio presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Un fondo que puede ir siendo nutrido a partir del proceso de recuperación de la economía argentina.



-- ¿De dónde surgirían los recursos?

--No es algo que esté definido todavía. Lo que sí hay, lo que hemos dialogado, es la necesidad de priorizar la inversión educativa en un contexto de fuerte restricción fiscal. La responsabilidad nuestra como Ministerio de Educación es que la agenda educativa tenga la centralidad que nuestra sociedad necesita. Luego de la lucha contra el hambre, contra esta pobreza que se ha multiplicado en la Argentina, la segunda prioridad debe ser sostener e invertir en las políticas educativas, como principal herramienta de ruptura de la desigualdad de origen que hoy tiene nuestra sociedad.

--¿Hay un plazo para recuperar ese 1 por ciento del PBI que hoy no se está cumpliendo?

-No tenemos un plazo determinado, llevamos dos semanas de gestión. Pero es una prioridad, consideramos que debe ser la agenda de cara al futuro. Si no se sostienen los procesos de inversión en infraestructura escolar, en formación docente, en la discusión de una política nacional educativa, es muy difícil cumplir los objetivos que nos hemos trazado.

--La desigualdad educativa está vinculada al acceso a la escuela y, además, a la trayectoria escolar de cada chico ¿Qué puede hacer el ministerio en este aspecto?

--Creo que esa es la pregunta de fondo de nuestro sistema educativo, cómo logramos reducir esa brecha de capital educativo y cultural con el que vienen cada uno de nuestros estudiantes. Lo podemos ver en los distintos niveles, en el inicial, el primario, el secundario e incluso en la universidad. Muchas veces el desgranamiento se termina dando en los sectores populares, con estudiantes que son la primera generación de sus familias en acceder a la educación universitaria. Ahí tiene que haber políticas pedagógicas de acompañamiento. Estamos promoviendo para los próximos meses programas específicos de terminalidad educativa, tanto en la escuela secundaria como en la educación universitaria. que nos permitan un trabajo muy focalizado para mejorar la terminalidad en sectores más vulnerables de la población, acompañando las políticas que o se han descontinuado o se han desfinanciado en la gestión última de Mauricio Macri, como ha sido por ejemplo el Progresar.

--¿Qué va a hacer el ministerio con el Progresar? Los valores de las becas, por ejemplo, quedaron muy retrasados.

--Creemos que es una herramienta indispensable y estamos trabajando con las distintas áreas del Gobierno Nacional para ver qué herramienta específica utilizar. Vamos a iniciar una política muy focalizada, dada la realidad fiscal de la Argentina, para poder pensar después instancias superadoras, programas más universales.

--¿Cómo va a retomar el ministerio el Plan Nacional de Lectura? El gobierno anterior lo cortó, lo disminiuyó de forma abrupta .

--La semana próxima vamos a presentar con el presidente en la Casa Rosada el Plan Nacional de Lectura. Estamos convocando a todas las entidades afines, a escritores, a referencias de la literatura argentina para que participen. La lectura es un derecho, pero además si queremos mejorar nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, tenemos que recuperar el hábito de la lectura. Creo que no hay nada más revolucionario que lograr que una madre o un padre puedan encontrar ámbitos de lectura con sus hijos, y que la propia escuela recupere ese ejercicio. Libros y computadoras son dos ejes centrales y compatibles que deben dialogar entre sí para repensar la sociedad que queremos.

--¿Vuelve el plan Conectar Igualdad?

--Son dos ejes que queremos que sean la carta de presentación de nuestra gestión. El Estado nacional debe asumir que cada niño o niña, cada adolescente tenga libros y tenga una computadora, porque es un ejercicio básico de ciudadanía, con un impacto enorme en los procesos de enseñanza y aprendizaje, no sólo en términos individuales sino también en términos familiares. Más allá de la restricción que está transitando en términos fiscales la Argentina, cada recurso que se tenga, sea mucho o poco, hay que empezar a hacerlo, por los lugares de mayor vulnerabilidad. Ese es el desafío a partir de lo que nos ha pedido el presidente.



--¿Con qué formato? ¿Netbooks o celulares?

--Pensamos que tienen que ser netbooks, por el uso que permiten, que se vincula también a una agenda, porque el desafío que tiene la Argentina en el presente es acompañar la grave situación social. En este proceso, la escuela tiene que tener centralidad no sólo acompañado el derecho a la alimentación, como un derecho básico que hoy en la Argentina está vulnerado, sino también pensando en cómo imaginamos la escuela del presente y del futuro. Tenemos que volver a las raíces, tener libros, pero también garantizar el acceso a las herramientas tecnológicas. Algunos hablan mucho de robótica, pero más que hablar de robótica nosotros creemos que hay que hablar de programación,de la capacidad que nuestros niños tengan de programar y decodificar. Tenemos que hacernos cargo de una realidad dual: enfrentar la emergencia y tomar las medidas en el campo educativo para reconfigurar la educación que queremos para nuestros chicos. Nuestra gestión tiene que romper las desigualdades tan profundas que tiene la Argentina del presente, donde seis de cada diez niños y niñas están por debajo de la línea de pobreza.

--El ex ministro Alejandro Finocchiaro aseguró que la gestión de Cambiemos mejoró la calidad educativa, sobre todo en lengua, según habrían demostrado las evaluaciones educativas ¿Qué opina de estas evaluaciones y en particular de las pruebas PISA?

--Para nosotros evaluar es fundamental; no sólo la educación, sino cualquier política debe ser evaluada. Ahora, más que evaluar para saber cómo estamos, porque sabemos cómo estamos, hay que plantearse qué hacemos con los resultados de esas evaluaciones. La verdad es que nada que hagamos nosotros hoy va a implicar que estemos mejor en cuatro años, porque los procesos educativos son de largo aliento. Nuestra responsabilidad es sentar las bases para que se construyan consensos profundos que permitan que se sostenga una agenda educativa, más allá de los cambios de gobierno, cosa que no ocurrió en el pasado. Entre otras cosas porque hay que sostener los procesos de inversión. Por eso a uno le cuesta comprender... dos áreas donde el gobierno de Macri produjo fuertes desinversiones fueron Educación y Ciencia Tecnología, las principales herramientas de una sociedad para moldear su futuro. Es difícil comprender cómo gobiernos de tinte liberal no sostuvieron cuestiones que fueron banderas de presentación de generaciones en el pasado, de las de finales del siglo XIX. Entonces, claramente, no era un gobierno con una mirada liberal, sino un gobierno que atentó contra el propio desarrollo de la Argentina. Nosotros, en ese sentido, planteamos que hay que sostener los procesos de evaluación, y que en cada escuela hay que comparar los resultados con los de la propia escuela. La comparación que sirve no es con la escuela de otro lugar. El sentido de una evaluación es la escuela pueda conocer su desempeño. A partir de las mayores necesidades tiene que haber un mayor acompañamiento de la comunidad educativa y del Estado porque ¿cuál es la mejor escuela, la que tiene mejor resultado en una evaluación o la que logra romper con mayor profundidad las desigualdades de origen con las que vienen nuestros niños? Para mí la mejor escuela es la segunda. Es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco, en para qué queremos una educación democratizante, transformadora, de calidad. ¿Cómo lo logramos? Poniendo el foco en lo que es un precepto básico del espacio político  de dónde venimos: donde hay mayor necesidad, tiene que haber más Estado y más escuela.

-Sobre el final del gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich creó el Servicio Cívico Voluntario, a cargo del Ministerio de Seguridad, ¿va a seguir?

--Fue una mala decisión de una iniciativa que puede ser debatible, pero que se haga en el marco de Gendarmería... me hace acordar a aquellos que reclaman con mucho ímpetu la vuelta del servicio militar obligatorio pensando que en un año de colimba se puede ayudar a formar para el mundo del trabajo a nuestros jóvenes, y son los mismos que abandonan las políticas educativas o la inversión en políticas educativas en el secundario. Si queremos transformar la vida de nuestros jóvenes veamos cómo repensamos una escuela que los convoque, que los acompañe, que los interpele. Me parece en parte que esto era lo que pasaba con esta iniciativa que impulsó a Patricia Bullrich. Tengo entendido que no se va a mantener. No lo hemos discutido todavía, no lo hemos conversado con la ministra de Seguridad pero desde mi mirada personal, sin haber hablado con ella, creo que cualquier instancia de esas características debería estar a cargo de la Secretaría de Empleo o en el Ministerio de Educación pero bajo ningún punto de vista en en Ministerio de Seguridad ,y mucho menos bajo la competencia de una fuerza de seguridad.
26 de diciembre de 2019
Este jueves se inicia el tratamiento parlamentario. Quejas de sectores de altos ingresos

La reforma impositiva de Axel Kicillof

"Es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios", explica el proyecto. Aumento progresivo del impuesto inmobiliario y el Urbano baldío, pero no modifica las alícuotas de Automotores ni Ingresos Brutos.

La Cámara de Senadores bonaerense inicia este jueves la discusión del proyecto de ley de reforma impositiva que presentó la administración de Axel Kicillof. La semana pasada la Legislatura provincial aprobó la emergencia económica y antes de fin de año se prevé que pueda votarse esta nueva iniciativa, que definirá los gravámenes que abonarán los bonaerenses el año próximo. Tanto el Senado como Diputados convocaron a sesionar este jueves. “El proyecto busca dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables, que son los principales afectados por la actual crisis que atraviesan el país y la provincia", adelantaron desde el gobierno bonaerense.
En sesiones extraordinarias la Legislatura aprobó el viernes pasado el paquete de leyes de emergencia social, económica, productiva y energética con algunas modificaciones. Las emergencias permiten a Kicillof reasignar partidas, congelar tarifas por 180 días, rescindir contratos del sector público, renegociar deudas con tenedores de bonos y proveedores y poner en marcha programas de renegociación de deudas impositivas de microempresas, en sintonía con la ley de emergencia que se aprobó también la semana pasada a nivel nacional. En el caso provincial, la emergencia es por plazo de un año, con posibilidad de extenderlo por otro más.
Este lunes se envió la reforma impositiva. “La provincia de Buenos Aires se encuentra atravesando una situación de emergencia. Para atender las urgencias y prioridades definidas es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial. Es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios”, señalaron desde el Ejecutivo provincial. En este marco, se establece en el proyecto actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019 (estimada por privados en 54,6 por ciento). “Es decir, el proyecto no incrementa la presión impositiva en promedio en términos reales”, argumenta el proyecto de reforma impositiva del oficialismo.

Inmobiliario
La decisión de indexar los impuestos por la inflación fue criticada por un sector de altos ingresos, cuyo impacto en los aumentos será mayor. Por ejemplo, para el Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización estaría por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un "criterio progresivo": las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada (aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15 por ciento respecto al año pasado).
Para darle mayor progresividad al impuesto, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de mayor valor fiscal la variación anual será de hasta el 75 por ciento. “La ley provincial establece incrementos en línea y por debajo de lo que estableció la mayoría de los municipios y representa un esquema similar aunque mucho menor en proporción al que implementó el gobierno anterior en 2018, cuando aumentó hasta un 60 por ciento, con una inflación cercana a 27 por ciento en 2017”, detalla el proyecto. El 86 por ciento de las propiedades (3.843.187) recibirá un incremento menor a 3500 pesos durante todo el año que viene, pagaderos en cinco cuotas.
Se otorgan exenciones para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.

Urbano baldío
El impuesto determinado se ajustará, en promedio, por el equivalente a la inflación registrada durante 2019, buscando mantener su valor durante 2020. Es decir que, en promedio, el impuesto no aumenta en términos reales, insisten desde la administración de Kicillof.
Para darle mayor progresividad al impuesto, y sabiendo que este impuesto se orienta también a desincentivar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación, se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15 por ciento, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual sería incluso más del 90 por ciento.

Automotores y embarcaciones
La valuación de los automotores se actualiza anualmente según datos publicados por Dirección Nacional de Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA). En este proyecto de Ley impositiva no modifica la tabla de alícuotas para automotores. “Para las embarcaciones deportivas, se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor”, de acuerdo con el proyecto. La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5 por ciento y la máxima se ubicaría en 13 por ciento.

Ingresos Brutos
Dada la suspensión del Consenso Fiscal establecida por el gobierno nacional, se replican las alícuotas de 2019. En algunos sectores se incrementan las alícuotas en valores nunca superiores al 1 por ciento y siempre por debajo del máximo establecido.
26 de diciembre de 2019
Empieza el tratamiento en la Legislatura

Reforma fiscal bonaerense: "Se busca darle progresividad al incremento de impuestos"

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof aseguraron que para el 86 por ciento de los bonaerenses el incremento en el impuesto inmobiliario estará "muy por debajo de la inflación". Los grandes propietarios tendrán aumentos de hasta el 75 por ciento. La Legislatura comienza a tratar hoy el proyecto.

El jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, aseguró que "no hay un impuestazo " inmobiliario en la provincia dado que para el 86% de los propietarios el incremento estará "muy por debajo de la inflación".
"El 86% de las propiedades va a tener un aumento de hasta 3500 pesos en el año, que se puede pagar en cinco cuotas", dijo el funcionario al descartar que la gestión de Axel Kicillof vaya a aplicar un "impuestazo".
Bianco remarcó que el gobierno provincial "como mínimo necesita mantener la recaudación" porque sino "estará en problemas", dado que este año debe afrontar vencimientos deuda por 200.000 millones de pesos, a lo que se suma un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos.
El funcionario aseguró que el programa impositivo introduce una segmentación progresiva de los impuestos, a lo que consideró "justo y razonable" e indicó en ese sentido que el 86% de los propietarios va a pagar "muy por debajo de la inflación".
"Para grandes propietarios aumenta hasta 75% pero si hace en un solo pago queda igual que la inflación porque se le descuenta el 20%. Es el 7% de quienes tienen grandes propiedades urbanas y unos 300 productores rurales que tiene más de 2.000 hectáreas. No sé donde está el impuestazo", dijo.
En declaraciones a radio La Red, Bianco se quejó por el tratamiento que la prensa le da al tema: "Hubo un 2000% de aumento en los servicios públicos en los últimos cuatro años y le decían sinceramiento. Nosotros ajustamos por debajo de la inflación a la mayoría y lo llaman impuestazo". "En términos reales están cayendo los impuestos si se lo compara con la inflación acumulada", planteó el funcionario.
En la misma línea se manifestó el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) Cristian Girard. "Esto es una ley que se trata todos los años, no es que llegó Kicillof y se le ocurrió mandar una ley para aumentar impuestos. Esto se discute todos los años junto con el Presupuesto. No es un impuestazo", sostuvo el funcionario.
En declaraciones a radio Diez, Girad aclaró: "En la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal no había enviado la ley de presupuesto ni la impositiva, por eso nos quedó esa función a nosotros". "Con esta ley, tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia", añadió.
Explicó que "los aumentos del 75% son muy puntuales y para las propiedades de mayor valor solamente, que es un porcentaje muy reducido". "Se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos los que menos tienen y un poco más los que más tienen", enfatizó.
Para el titular de ARBA, se trata de una iniciativa "que le da un tratamiento diferencial a los pequeños y medianos productores que más sufrieron las políticas de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal y que busca mantener los niveles de recursos sin afectar a los que menos tienen".
Girard puntualizó que "el 86% de las partidas del Impuesto Inmobiliario Urbano recibirán aumentos menores a 3.500 pesos por año, y en el caso del Inmobiliario Rural, la mitad de las propiedades recibirán aumentos por debajo del 65%".
23 de diciembre de 2019
El jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que hoy será promulgada

El Gobierno afina la reglamentación de la Ley de Emergencia

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva será publicada hoy en el Boletín Oficial e insistió con que en marzo habrá un aumento para todos los jubilados, mientras que los que cobran la mínima recibirán dos sumas fijas extraordinarias en diciembre y enero.
Según trascendió, la ley no fue publicada hoy en el Boletín Oficial porque el presidente Alberto Fernández vetará una moratoria impositiva para grandes empresas, que solo regirá para las pymes.
"Lo queremos dejar en claro porque la oposición embarró la cancha", lamentó Cafiero al ingresar a la Casa Rosada. Por otro lado, adelantó que el bono para los trabajadores saldrá de común acuerdo entre los gremios y las empresas.
"Es un debate que nos debemos, porque hay jubilados de la mínima que están muy por debajo. El mensaje a los jubilados es que estamos trabajando fuerte para los que están peor, pero dejar en claro que va a haber aumento para todos", sostuvo el jefe de Gabinete en una conferencia de prensa espontánea en el ingreso a la casa de gobierno.
Cafiero indicó que el aumento de marzo para todos los jubilados se calculará "en relación a las jubilaciones y la evolución de los precios", sin un cálculo de movilidad específico como el que suspende la ley de emergencia por 180 días.
El jefe de ministros también confirmó que el Minsiterio de Trabajo está trabajando en una nueva propuesta de modificación de régimenes especial, en particular, del Poder Judicial y cuerpo Diplomático, "que está muy por encima" y dijo que se intentará "encontrar un mecanismo más justo".
El jefe de Gabinete también se refirió a la reunión de esta tarde con la Mesa de Enlace, tras el debate por la modificación de las retenciones en la ley que será promulgada, y se esperanzó con llegar a acuerdo para "trabajar en nuevo perfil exportador" del país. "El campo el gran dinamizador de las exportaciones de los ultimos años", destacó.
En cuanto a las precisiones que traerá la reglamentación de la norma aprobada en la madrugada del sábado, Cafiero señaló la quita de la renta financiera a los plazos fijos en pesos. Mientras que sobre los créditos UVA detalló que será el Banco Central el que "trabaje en una nueva fórmula para llevar alivio a las familias endeudadas".
"Para volver a poner de pie a la Argentina"
Más temprano,  el presidente de la Comisión de Presupuesto en Diputados, Darío Martínez, había anticipado que el Gobierno estaba trabajando en la reglamentación final de la norma y que sería promulgada, a más tardar, el martes.
Entre los puntos que mantienen expectativa por la promulgación están las retenciones —el presidente se reunirá hoy con la Mesa de Enlace— y jubilaciones. Además, continúa sin aplicarse el 30 por ciento para las compras en moneda extranjera .  "Se está trabajando en la reglamentación. Ya tenemos ley para volver a poner de pie a la Argentina", destacó Martínez en diálogo con El Destape radio.
Aunque resta ver la letra fina de la promulgación, Martínez adelantó que "los jubilados van a recibir el 8,74% de la movilidad actual más los $5.000 en enero y diciembre" y subrayó que a eso se sumará la "reducción de IVA y baja de medicamentos".
"No podemos pedirle a Alberto que resuelva en una semana lo que han perdido los jubilados en 4 años", resaltó el legislador neuquino.
En cuanto a las críticas por el mantenimiento de los privilegios para los integrantes del Poder Juidical, Martínez adelantó que la discusión, anticipada por el Presidente, sobre el régimen de privilegio de jueces se dará en febrero.
"Separamos las jubilaciones de privilegio para que no nos entorpezca el resto de la norma", explicó y agregó otro punto al debate: "En la ley de ganancias no hay un solo artículo que diga que los jueces no pagan ganancias pero no la pagan. Y eso no está bien".
En materia de salud, el Gobierno también deberá volcar en la reglamentación el artículo modificado durante el debate respecto de la vigencia de nuevos ingresos al Programa Médico Obligatorio (PMO) y el direccionamiento de fondos de algunos de los nuevos impuestos sancionados hacia el PAMI.
En la reglamentación también se expresará el largo debate que se dio respecto de la aplicación de retenciones y el presidente Alberto Fernández tendrá esta tarde la oportunidad de charlarlo ante los representantes de la Mesa de Enlace.
A la norma enviada por el Ejecutivo se le incorporó, durante el tratamiento parlamentario, un artículo sobre mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas, sobre el que aún no está cerrado cómo se aplicará.
23 de diciembre de 2019
Dejó claro que "no hay ningún congelamiento de jubilaciones"

Alberto Fernández dejó sin palabras a Luis Majul

"Todos sentían que estábamos en un colectivo frente a un precipicio, manejado por alguien que pisaba el acelerador. Ahora en el colectivo hay alguien que puso el freno, dio la vuelta y todos sienten que el precipicio se aleja", graficó en la noche del domingo el presidente Alberto Fernández cómo se percibe lo actuado en los primeros días de su gobierno. El dirigente negó de plano las acusaciones de haber "congelado las jubilaciones" (tres veces tuvo que repetirlo ante la insistencia de su entrevistador, Luis Majul, y se quejó a viva voz de las mentiras propaladas sobre el tema por la mayoría de los medios). Por el contrario, explicó que la idea es "parar la pelota" para mejorar la situación de los que menos tienen. Que se pagarán 10.000 pesos en dos cuotas, diciembre y enero, al 70 por ciento de los jubilados y que todos tendrán aumento en marzo. "Para julio, espero que ya esté rigiendo la nueva fórmula de movilidad y se aumente de acuerdo a ella", completó.
Luis Majul empezó nervioso la entrevista, que se difundió por el canal América, tratando de acorralar al presidente con críticas a la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. Lo único que consiguió es que una y otra vez Fernández dejara en claro que el periodista no sabía de lo que hablaba ("Pero Luis, ¿vos leíste la ley?", le repreguntó), y la evidente doble vara usada por Majul para referirse a cada uno del temas sobre los que inquiría.
La emergencia
La primera "preocupación" del periodista estuvo centrada en las facultades delegadas por el Congreso. "Las facultades que me están dando es para administrar el caos. Cada tema que tocamos es un problema, a donde vamos también es un problema", graficó el presidente sobre la necesidad de las herramientas que le otorga la ley de emergencia para abordar con rápidez la crisis que dejó el macrismo. "Hay que cambiar muchas cosas que (el ex presidente Mauricio) Macri hizo. Las tarifas que dejó para después de las elecciones eran una bomba y gracias a esta ley no se van a modificar. Este régimen le sirvió a las empresas de servicios de gas y de luz, pero no le sirvió ni a la industria ni a la gente. Los entes reguladores están en manos de las mismas empresas. Hace poco uno de esos gerentes declaraba en el CIADI contra la Argentina", apuntó el Presidente.
"El nivel de decadencia en el que estamos es muy grande. Los chicos tienen sarampión porque dejaron de darles vacunas, el Estado dejó de comprar vacunas y por eso es necesaria la emergencia sanitaria", continuó defendiendo la sanción de la ley. "El viernes cayó un nuevo vencimiento porque no se pudo concretar el pago. Contemos toda la verdad. La Argentina se endeudó en dos años de una manera impactante. Y el acuerdo fue pagarla en muy poco tiempo", agregó apuntando contra la política de endeudamiento que llevó adelante Macri. "Llegamos hace diez días, y nos tuvimos que hacer cargo de la inflación, de gran parte de los argentinos que están pasando hambre. Ahora nadie habla de los 35 millones de pesos que se van a poner en el consumo en Concordia", aludiendo a la implementación del Plan Contra el Hambre que comenzará en la ciudad entrerriana.
Los jubilados
"No hay ningún congelamiento de los salarios de los jubilados. La letra de la ley no quiere decir que se suspendan los aumentos, porque se van a aumentar por decreto. Y además acabo de aumentar las jubilaciones. Aumentaron para todos el casi nueve por ciento a principio de mes y a las mínimas cinco mil en diciembre y cinco mil en enero", aseguró descartando las críticas que la oposición y parte de la prensa hizo sobre la suspensión de la movilidad jubilatoria por 180 días. "Se suspendió eso, y no los aumentos. Recordemos que esa fórmula es la que casi incendia a la Argentina, por eso hay que cambiarla", afirmó y anunció que "en marzo va a haber un nuevo aumento para todos. Yo quiero que dejen de perder los que han perdido. Macri les hizo perder el veinte por ciento a los jubilados. La fórmula era imposible de mantener porque estaba sostenida por una forma de indexación de la economía. Se cambió diciendo 'vamos a tener en cuenta como crecen los sueldos y como crece la inflación' porque pensaban que no iban a a tener inflación. A los jubilados los han dejado en la miseria. Yo me preocupo por los jubilados no ellos, que los dejaron como los dejaron". Majul sonreía nervioso e intentaba interrumpir los razonamientos solo para decir que no estaba de acuerdo pero que "eso no era importante".
Bienes Personales y retenciones
"Durante mucho tiempo decían que no se podía crecer sin orden fiscal y ahora que buscamos el orden fiscal dicen que estamos locos. Si usted tiene un departamento en Miami, eso cuesta mucho, y se trata de que al que le va bien, pedirle un esfuerzo mayor", explicó Fernández poniendo sobre la mesa el eje de la ley de solidaridad. Majul lo tomó literalmente y aclaró que no tiene un departamento en Miami. Fernández solo atinó a sonreir.
"Lo único que hicimos con el campo fue actualizar las retenciones al nivel que las puso Macri. Estoy de acuerdo en que esta vez segmentemos para que no todos tengan el mismo peso, para que el pequeño productor no pague lo mismo que la cerealera", explicó sobre el aumento del impuesto al agro y recordó que "aprendí de los errores de la 125 y no los vamos a volver a cometer. Las retenciones son muy importantes para hacer mas dólares y enfrentar nuestras obligaciones".
Los dólares
Fernández destacó también que "en Argentina nos quedamos sin dólares. Quedaron tan pocos que Macri puso un cepo. Claro que antes se le fugaron cien mil millones de dólares. La Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y que formen parte de las reservas del Estado", afirmó exponiendo uno de los mayores problemas que encontró al asumir la presidencia hace poco más de una semana. "Estas medidas no tiene que ver con cerrarse al mundo. La gente tiene que saber que el dólar es un bien muy escaso y que como falta tiene que estar caro", agregó y apuntó a que "hay que terminar con la práctica del ahorro en dólares. Estamos parando la pelota. Hemos acudido a aquellos que están en mejores condiciones para pagar un impuesto", insistió Fernández resaltando el origen solidario de las medidas. "Esto se trata de fijar las condiciones mínimas para poder desarrollarnos. No podemos hacerlo en el disloque en el que estamos como el cuarenta por ciento por ciento de pobreza y la desocupación creciente".
La justicia
En el tema judicial, Majul intentó una pregunta irónica. "¿No le sorprende que en tan poco tiempo de su gobierno se hayan dado vuelta las prisiones preventivas de todos los presos del kirchnerismo?" Encontró una respuesta seria. "En primer lugar esa no es una decisión mía, es totalmente de la justicia. Pero yo formularía el problema al revés. Usted no debería avergonzarse de que recuperen la libertad personas sin condena, usted debería avergonzarse por el escándalo de que hayan estado presos por años personas sin condena", lo cortó Fernández.
20 de diciembre de 2019
Ausol se acogió al blanqueo de capitales cuando Mauricio Macri aún era accionista

Se declaró extinta la denuncia por evasión impositiva contra Ausol porque la emrpesa se acogió al blanqueo de capitales cuando el expresidente aún era accionista.

La empresa Autopistas del Sol S.A. se acogió al blanqueo de capitales y logró la extinción de una denuncia penal por millonaria evasión impositiva cuando el expresidente, Mauricio Macri, aún era accionista de la concesionaria mediante el Grupo Socma.
En un fallo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, del 13 de junio de 2017, se declaró la extinción de la acción penal iniciada por el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) contra la empresa por el "delito de evasión impositiva". Según se argumentó desde la defensa, y validó la magistrada, la compañía se acogió al blanqueo de capitales sancionado durante el gobierno macrista, y cuando el expresidente aún era parte de la firma, lo que habilitó la suspensión de dicha acción judicial, tal como pudo saber El Destape.
Ausol logró un acuerdo de US$500 millones con la gestión de Mauricio Macri por una denuncia que la empresa, de la que la que el expresidente fue accionista hasta mayo de 2017, realizó ante el CIADI por supuestas pérdidas por atrasos tarifarios. Sin corroborar que ésto fuera cierto, el gobierno anterior validó el acuerdo.
Durante su participación en el debate por la ley de emergencia en Diputados, Rodolfo Tailhade denunció que "la empresa Ausol blanqueó o dijo haber blanqueado toda la cantidad de dólares que se le acusaba de evasión" y destacó que "el blanqueo fue antes del fallo - de junio de 2017 - y el presidente era accionista de esta empresa - lo fue hasta un mes antes de la resolución judicial -".
En el fallo de Arroyo Salgado, al que tuvo acceso El Destape, se estipuló que el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) radicó la denuncia porque, en base a auditorias y controles sobre la concesionaria, "se vislumbró que ciertas conductas adoptadas por sus directivos podrían resultar constitutivas del delito de evasión impositiva", en referencia a Ausol, la empresa macrista que denunció al Estado argentino.
Para el análisis, se pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos que inicie un procedimiento de verificación y determinación de la deuda tributaria pero, "al momento de informar los ajustes conformados, el contribuyente solicitó ante la AFIP" la aplicación de los beneficios contenidos en la ley 27,260". La ley del blanqueo de capitales sancionada en 2016.
Puntualmente, el apoderado de Ausol, Oscar Diego Zabalaga, pidió que se declare la extinción de la acción penal y el archivo de las actuaciones en base al artículo 54 de la normativa mencionada, porque "su representada regularizó y canceló la totalidad de la pretensión fiscal con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha ley".

Ese artículo del blanqueo plantea que "el acogimiento al presente régimen producirá la suspensión de las acciones penales tributarias y aduaneras en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aun cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme".
Y argumentó, según el artículo 52 de la mencionada normativa, que "los contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse por las obligaciones vencidas al 31 de mayo de 2016, inclusive, o infracciones cometidas relacionadas con dichas obligaciones con excepción de los aportes y contribuciones con destino al sistema de obras sociales y las cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, al régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de intereses, multas y demás sanciones". O sea, que podrá acogerse al blanqueo para regularizar sus deudas. Justo el ítem sobre el que se realizó, según la denuncia, una evasión millonaria.
Puntualmente, el fallo explica que "el contribuyente ingresó respecto al año 2012 el monto de $1.401.611,32 equivalente a la disminución del crédito por el impuesto a la ganancia mínima presunta de los períodos 2010 y 2011, $1.307.707,89, sumado al ajuste del impuesto a las Ganancias propio del período 2012, $93.903,43". Los montos blanqueados son, llamativamente, muy similares a los de la deuda impositiva que debían pagar.
Por eso, el apoderado Zabalaga argumentó que "el contribuyente se acogió lisa y llanamente al pago total de la deuda reclamada por la AFIP" en los términos de la ley de blanqueo, por lo que solicitó que se "haga lugar a la extinción de la acción penal", después de "haberse constatado la cancelación total de la deuda" en los informes.
Basándose en el artículo 54 de la normativa, planteó que "la cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el presente régimen —de contado o mediante plan de facilidades de pago— producirá la extinción de la acción penal, en la medida que no exista sentencia firme a la fecha de cancelación".
Este pedido fue tomado por la magistrada, que el 13 de junio de 2017 resolvió dejar sin efecto la denuncia por evasión millonaria contra la empresa de la que la familia Macri fue parte, en detrimento del Estado nacional, por acogerse al blanqueo que el propio expresidente y exaccionista propició.
20 de diciembre de 2019
Las sorpresas en el bloque de Unidad y Equidad Federal

Cómo votaron los diputados en el debate por la ley de Solidaridad

El 52,1 por ciento que cosechó la ley del gobierno fue apoyada por la totalidad del bloque del Frente de Todos, como estaba previsto. Sin embargo, aportaron también su voto afirmativo tres legisladores macristas, desligados de Juntos por el Cambio. Se sumaron otras bancadas provinciales que no habían adelantado su acompañamiento.

El proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que esta mañana tuvo media sanción de Diputados fue aprobada por el 52,1 por ciento de la Cámara. Una de las particularidades es que, además de tener el voto afirmativo del oficialismo en el Frente de Todos, fue apoyada por los tres legisladores de Unidad y Equidad Federal a quienes el ex presidente Mauricio Macri había calificado de “traidores” por alejarse de la bancada de Juntos por el Cambio .
Además de esos diputados, los que también apoyaron el paquete de medidas enviado por el presidente Alberto Fernández fueron tres representantes de Córdoba Federal, quienes días atrás habían rechazado la actualización de las retenciones. Lo mismo hizo Luis Di Giacomo de Juntos Somos Río Negro, del ex gobernador aliado al macrismo, Alberto Weretilneck.
Entre los 134 que votaron a favor también estuvieron algunos bloques que no habían adelantado una alianza con el oficialismo, como uno del Movimiento Popular Neuquino, dos misioneros del Frente de la Concordia y Alejandro Rodríguez de Consenso Federal, la fuerza que lidera Roberto Lavagna.
En la vereda, entre los 110 diputados y diputadas que rechazaron el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández estuvieron, obviamente, los aliados de Juntos por el Cambio, radicales, PRO y Coalición Cívica. Se le sumaron Nicolás Del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda (FIT), y dos monobloques provinciales de Salta y San Juan.

La lista completa de los votos afirmativos
Abdala De Matarazzo, Norma Amanda SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Aguirre., Hilda Clelia LA RIOJA /FRENTE DE TODOS

Alderete, Juan Carlos BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Allende, Walberto Enrique SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Alume Sbodio, Karim Augusto SAN LUIS/FRENTE DE TODOS

Alvarez Rodriguez., Cristina BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Ameri, Juan Emilio SALTA/FRENTE DE TODOS

Ansaloni, Pablo Miguel BUENOS AIRES/Unidad y Equidad Federal Otros

Aparicio, Alicia Noemi BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Bermejo, Alejandro Daniel MENDOZA/FRENTE DE TODOS

Bertone, Rosana Andrea TIERRA DEL FUEGO/FRENTE DE TODOS

Bogdanich, Esteban Mateo SANTA FE/FRENTE DE TODOS

Brawer, Mara CDAD. AUT. BS. AS./FRENTE DE TODOS

Britez., María Cristina MISIONES/FRENTE DE TODOS

Brue, Daniel Agustín SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Bucca, Eduardo BUENOS AIRES/JUSTICIALISTA

Bárbaro, Hector Orlando MISIONES/FRENTE DE TODOS

Caliva, Lia Veronica SALTA/FRENTE DE TODOS

Caparrós, Mabel Luisa TIERRA DEL FUEGO/FRENTE DE TODOS

Carambia, Antonio José SANTA CRUZ/ Unidad y Equidad Federal

Carrizo, Nilda Mabel TUCUMÁN/FRENTE DE TODOS

Carro, Pablo CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Casaretto, Marcelo Pablo ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Casas, Sergio Guillermo LA RIOJA/FRENTE DE TODOS

Caselles., Graciela María SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Cassinerio, Paulo Leonardo CÓRDOBA/CÓRDOBA FEDERAL

Cerruti, Gabriela C.A.B.A./FRENTE DE TODOS

Cisneros, Carlos Anibal TUCUMÁN/FRENTE DE TODOS

Cleri, Marcos SANTA FE/FRENTE DE TODOS

Contigiani, Luis Gustavo SANTA FE/FRENTE PROGRESISTA CÍVICO Y SOCIAL

Corpacci, Lucia CATAMARCA/FRENTE DE TODOS

Correa, Walter BUENOS AIRES /FRENTE DE TODOS

Cresto, Mayda ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Daives, Ricardo Daniel SANTIAGO DEL ESTERO/FRENTE DE TODOS

Daldovo, Nelly Ramona FORMOSA/FRENTE DE TODOS

De Mendiguren, José Ignacio BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Delú, Melina Aida LA PAMPA/FRENTE DE TODOS

Di Giacomo, Luis RIO NEGRO/Juntos Somos Río Negro

Estevez., Gabriela CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Fagioli, Federico BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Felix, Omar MENDOZA/FRENTE DE TODOS

Fernandez Patri, Gustavo Ramiro FORMOSA/FRENTE DE TODOS

Fernandez, Eduardo Gabriel CÓRDOBA/FRENTE DE TODOS

Fernandez, Hector BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Ferreyra, Daniel Julio JUJUY/FRENTE DE TODOS

Filmus, Daniel C.A.B.A./FRENTE DE TODOS

Flores, Danilo Adrián LA RIOJA/FRENTE DE TODOS

Gaillard, Ana Carolina ENTRE RÍOS/FRENTE DE TODOS

Ginocchio, Silvana Micaela CATAMARCA/FRENTE DE TODOS

Gioja., José Luis SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Godoy, Lucas Javier SALTA/FRENTE DE TODOS

González, Josefina Victoria SANTA FE/FRENTE DE TODOS

González, Pablo Gerardo SANTA CRUZ/FRENTE DE TODOS

Grosso., Leonardo BUENOS AIRES/FRENTE DE TODOS

Guevara Olivera, Alejandro Francisco SAN JUAN/FRENTE DE TODOS

Gutierrez, Carlos Mario CÓRDOBA/CÓRDOBA FEDERAL

Gutiérrez, Carlos Ramiro BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Hagman, Itai C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Heller, Carlos Salomón CDAD. AUT. BS. AS. FRENTE DE TODOS

Hernández, Estela Beatriz CHUBUT FRENTE DE TODOS

Herrera, Bernardo José SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Igon., Santiago CHUBUT FRENTE DE TODOS

Kirchner., Máximo SANTA CRUZ/FRENTE DE TODOS

Koenig, Marcelo Christian BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Lampreabe, Florencia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Landriscini, Susana Graciela RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Larroque, Andrés CDAD. AUT. BS. AS. FRENTE DE TODOS

Leito, Mario TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Leiva, Aldo CHACO FRENTE DE TODOS

Lopez, Jimena BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

López Rodríguez, Dante Edgardo CATAMARCA FRENTE DE TODOS

Macha, Mónica BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Marquez, Claudia Gabriela CÓRDOBA CÓRDOBA FEDERAL

Martiarena, José Luis JUJUY FRENTE DE TODOS

Martínez, Darío NEUQUÉN FRENTE DE TODOS

Martínez, Germán Pedro SANTA FE FRENTE DE TODOS

Martínez, Maria Rosa BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Massa, Sergio BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Massetani., Vanesa SANTA FE FRENTE DE TODOS

Masín., María Lucila CHACO FRENTE DE TODOS

Medina, Gladys TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Moises, María Carolina JUJUY FRENTE DE TODOS

Montoto, María Luisa SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Moreau, Leopoldo Raúl Guido BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Moreau., Cecilia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Mosqueda, Juan CHACO FRENTE DE TODOS

Mounier, Patricia Monica SANTA FE FRENTE DE TODOS

Moyano, Facundo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Muñoz, Rosa Rosario CHUBUT FRENTE DE TODOS

Navarro, Graciela SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Neder, Estela Mary SANTIAGO DEL ESTERO FRENTE DE TODOS

Obeid, Alejandra Del Huerto SANTA FE FRENTE DE TODOS

Ormachea, Claudia BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Osuna, Blanca Inés ENTRE RÍOS FRENTE DE TODOS

Parola, Maria Graciela FORMOSA FRENTE DE TODOS

Penacca, Paula Andrea C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Pertile, Elda CHACO FRENTE DE TODOS

Ponce, Carlos Ybrhain SAN LUIS FRENTE DE TODOS

Pérez Araujo, Hernán LA PAMPA FRENTE DE TODOS

Ramón, José Luis MENDOZA Unidad y Equidad Federal

Rauschenberger, Ariel LA PAMPA FRENTE DE TODOS

Rodriguez Saa, Nicolás Marcelo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Rodriguez, Alejandro BUENOS AIRES CONSENSO FEDERAL

Romero, Jorge Antonio CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Rosso, Victoria SAN LUIS FRENTE DE TODOS

Ruiz Aragón., José CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Russo, Laura BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sand Giorasi, Nancy Aracely CORRIENTES FRENTE DE TODOS

Sapag, Alma Liliana NEUQUÉN MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO

Sarghini, Jorge Emilio BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sartori, Diego Horacio MISIONES FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO

Scioli, Daniel BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Selva., Carlos Américo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Sierra, Magdalena BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Siley, Vanesa BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Soria, Martin Ignacio RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Sposito, Ayelén RIO NEGRO FRENTE DE TODOS

Tailhade., Luis Rodolfo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Tundis, Mirta BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Uceda, Marisa Lourdes MENDOZA FRENTE DE TODOS

Uhrig, Romina Maricel BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Valdés, Eduardo Felix C.A.B.A. FRENTE DE TODOS

Vallejos, María Fernanda BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Vessvessian, Marcela Paola SANTA CRUZ FRENTE DE TODOS AFIRMATIVO

Vigo, Alejandra María CÓRDOBA CÓRDOBA FEDERAL

Vilar, Daniela BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Vivero, Carlos Alberto NEUQUÉN FRENTE DE TODOS

Vázquez, Juan Benedicto SANTA CRUZ FRENTE DE TODOS

Wellbach, Ricardo MISIONES FRENTE DE LA CONCORDIA MISIONERO

Yambrun, Liliana BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Yasky, Hugo BUENOS AIRES FRENTE DE TODOS

Yedlin, Pablo Raúl TUCUMÁN FRENTE DE TODOS

Yutrovic, Ines Carolina TIERRA DEL FUEGO FRENTE DE TODOS

Zottos, Miguel Andrés Costas SALTA JUSTICIALISTA

Ávila, Beatriz Luisa TUCUMÁN PARTIDO POR LA JUSTICIA SOCIAL
20 de diciembre de 2019
"Es un paso más para poner a Argentina de pie", explicaron

Los diputados celebraron la media sanción de la Ley de Solidaridad en las redes

Los diputados del oficialismo recurrieron rápidamente a las redes sociales cuando la Cámara Baja aprobó en general la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica propuesta por Alberto Fernández. Tras la maratónica doble sesión, que primero comenzó con la jura de los 22 nuevos diputados y luego con el debate de la iniciativa del Frente de Todos, los representantes del partido festejaron.
Algunos indicaron que se trata de "herramienta de gobierno" para Fernández. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consideró que la aprobación es "un paso más, entre todos, para poner de pie a la Argentina". En el mismo sentido se manifestaron otros diputados del FdT.
Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez asoció los días 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando estalló la crisis económica y social en el gobierno de Fernando De la Rúa, y los contrapuso con la intensa labor legislativa de las últimas horas.
"Tras sesionar un 19 y un 20 de diciembre, aprobamos #LeyDeSolidaridadSocial. Días especiales con similitudes a los de hace 18 años pero también con diferencias: del "que se vayan todos" a una apuesta por la política como la mejor herramienta para transformar la realidad", analizó Rodríguez.
"¡Tenemos media sanción de la Ley de Solidaridad! Amanece un nuevo país", celebró por su parte Mónica Macha. "Hoy empezamos a salir del pozo de la pobreza, el dolor y la marginación. Argentina de pie para todxs", agregó.
En tanto, bajo el hastag #ArgentinaEsSolidaria, la diputada Fernanda Vallejos celebró: "Media sanción en general para la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva: 134 votos afirmativos".
20 de diciembre de 2019
Serán usados para financiar el Plan Argentina Contra el Hambre

Alberto Fernández decidió poner fin a los fondos reservados

La intención es anunciar la decisión tras el encuentro del Consejo Federal Contra el Hambre que se desarrolla en la Casa Rosada. La reunión es encabezada por el Presidente.

En el marco del segundo encuentro del Consejo Federal Contra el Hambre, el presidente Alberto Fernández anunciará la eliminación de los fondos reservados de todos los organismos del Estado. Esos recursos pasarán a formar parte del plan de lucha contra el hambre.
Se espera que Fernández haga el anuncio y brinde más detalles sobre el traspaso de esos fondos en una conferencia de prensa, que se realizará al finalizar la reunión con los distintos sectores convocados al Consejo, incluidos representantes sociales, sindicales, empresariales y del mundo de la cultura.
El presidente llegó a la Casa Rosada poco después de las 10 de la mañana para mantener el segundo encuentro por el ambicioso plan. De esta reunión participarán Estela de Carlotto, Roberto Baradel, Daniel Funes de Rioja, Sonia Alesso, Viany Soto, Marcelo Tinelli y el ministro de Salud, Ginés González García, entre otros.
Más tarde, los detalles del traspaso de los fondos reservados serán presentados junto al ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, quien al inicio del tratamiento del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aseguró que “es evidente que la Argentina está ante una emergencia social" ya que a fin de año "vamos a tener un 60 por ciento de pobreza en los niños".
"Debemos lograr que todos los argentinos puedan comer y acceder a la canasta básica", sostuvo el ministro. Para esto, el funcionario aseguró que es fundamental “poner mucho el acento en los niños" ya que "mes a mes baja el consumo de la leche, y esto no es un problema estacional".
Las primeras tarjetas alimentarias se entregaron ayer en la ciudad de Concordia, Entre Ríos. La tarjeta, uno de los pilares del Plan contra el hambre, le permitirá a las familias de mayor vulnerabilidad social contar con una suma de cuatro mil pesos -o seis mil si tienen dos o más hijos- para gastar exclusivamente en alimentos.


19 de diciembre de 2019
La diputada interrumpió su retiro para criticar a los industriales y defender al "campo"

Carrió amenaza con recurrir a la OEA si sale la ley

La renunciada Elisa Carrió reapareció hoy en público durante el debate de la Emergencia Económica. La líder de la Coalición Cívica, que ya renunció a su banca a partir del próximo 1º de marzo, dijo que “me parecía un deber estar hoy en la Cámara”. Se manifestó en contra de la ley y de “la suma del poder público”. Además, advirtió que la CC “no negocia cualquiera sea la opinión de las fuerzas de Juntos por el Cambio o lo que negocien los gobernadores”.
Comparó la iniciativa oficial con las atribuciones dictatoriales de la antigua Roma y adelantó que “iremos a la OEA”, así como también mostró su rechazo a la política para el agro: “No queremos retenciones”.
En declaraciones televisivas aseguró que en el gobierno de Mauricio Macr había establecido "un esquema de actualización” de las jubilaciones y que se había hecho cargo de los juicios pendientes. “Los bonos los cobran los que no aportaron”, señaló sobre los beneficiarios.
En otro pasaje, respecto de las retenciones, apuntó que “vienen a robarle al campo para mantener a los laboratorios y a la corporación industrial que no sirve para nada porque no puede exportar”.
Sobre su ausencia en la Cámara el 10 de diciembre, durante el recambio presidencial, contó que “no vine a la asunción para garantizar la paz” y que “decidí garantizar la unidad de los argentinos”.
De cara al futuro dijo que “no seré más diputada, pero estaré en las calles, en las rutas, con la no violencia” y se refirió al final del gobierno macrista: “Tuvimos errores y los señalé, estuve a su lado cuando Macri perdió credibilidad. Rogelio Frigerio había pactado con los gobernadores peronistas. Nosotros perdimos, no ganaron ellos.
Además, subrayó que “no sé quién es el líder de la oposición, a mí me representa la CC”.
Sobre el procesamiento de Carlos Stornelli dijo que el fiscal “fue ingenuo en hacer lo que hizo” y pidió que el juez Claudio Bonadio avance en la causa de las fotocopias de los cuadernos.
“En cualquier momento me asesinan, pero tengo listo el velorio con arroz con champiñones”, aseguró sobre el presente, para concluir: “Yo lo que quiero es llevar tranquilidad a la sociedad. Paré tres golpes. Ganamos la república, ahora viene la venganza, un poquito”.
18 de diciembre de 2019
Funcionarios explican el detalle de la iniciativa

El debate en comisión del proyecto de Solidaridad Social

Con presencia de funcionarios, el Congreso comenzará a tratar hoy el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que envió ayer el Ejecutivo para avanzar con las medidas para paliar la emergencia social y económica. El Gobierno intentará que el plenario de comisiones emita dictamen hoy mismo, para que el proyecto pueda ingresar mañana al recinto. Desde el bloque de Junto por el Cambio anticiparon que no darán quorum.
Para explicar el detalle pormenorizado de las medidas, disertarán en la reunión los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Producción, Matías Kulfas; de Salud, Ginés González García; de Trabajo, Claudio Moroni y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo; y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Serán los encargados de exponer los aspectos centrales del proyecto ante el plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto, que debe redactar el dictamen que se debatirá el jueves.
La reunión fue convocada por el peronista Darío Martínez, elegido presidente de la comisión de Presupuesto, y Cecilia Moreau, designada titular de Legislación General.
El texto diseñado por el gobierno, que declara la emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2020, contempla una serie de cambios en las facultades que tiene el Poder Ejecutivo para administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social.
La intención del bloque del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, es escuchar a los funcionarios y emitir el dictamen que se debatirá en el recinto de sesiones.
Juntos por el Cambio adelantó que no dará quorum, por lo que será clave la postura que asumirán los dos interbloques provinciales para sancionar esta ley.


18 de diciembre de 2019
La oposición quiere bloquear el tratamiento.

El macrismo no dará quórum y votará en contra de la Ley de Solidaridad Social

En el interbloque de Juntos por el Cambio decidieron votar en contra del proyecto del Gobierno. Además, los sectores más duros, encabezados por la Coalición Cívica, consiguieron arrastar al bloque a la postura de no dar quórum para impedir que se discuta.

En un clima de arduo debate y reuniones previas para fijar posiciones, este miércoles por la mañana arrancará el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que discutirá el megaproyecto de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la Emergencia Económica, que llegará el jueves al recinto. Por la noche se impusieron los sectores más duros dentro del PRO, la UCR y la CC, que se pintaron la cara con la idea de no dar quórum. El interbloque de Juntos por el Cambio finalmente decidió, por unanimidad, no acompañar la ley, sosteniendo que "significa anular el Congreso Nacional". Por lo tanto, ya anunciaron, tampoco darán quórum. Sin embargo, el Frente de Todos aún confía en el aporte que harán al quórum y al debate en la sesión del jueves los interbloques Federal (Lavagnista) y Unión Federal para el Desarrollo, que definen la balanza de una Cámara polarizada. Consideran que podrán llegar a la media sanción de la iniciativa, que este viernes el Senado podría transformar en ley con la decisión de los senadores de JpC de dar quórum.
Hoy pasarán por el plenario de comisiones los ministros Martín Guzmán (Hacienda), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Ginés González García (Salud), Claudio Moroni (Trabajo) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), además de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Este martes hubo una cantidad de reuniones en todos los bloques para definir estrategias, con algunas posiciones encontradas. Las primeras repercusiones llegaron por la mañana, tras los anuncios del ministro Guzmán y el ingreso del texto del megaproyecto al Congreso.
En el FdT insisten en la necesidad de avanzar con las emergencias ante la crisis económica y social. Y también con la imposibilidad de hacerlo sin presupuesto propio, que recién estaría en condiciones de proyectar luego de la renegociación de la deuda externa que contrajo el macrismo. Este martes, el oficialismo dio el primer paso con la conformación de las comisiones de Presupuesto y Legislación General, en las que tendrá mayoría. Presupuesto quedó a cargo interinamente del neuquino Darío Martínez, hasta que jure el dirigente cooperativista Carlos Heller, que reemplazará a Juan Cabandié.
En la oposición hubo opiniones diversas. El jefe de la bancada radical y del interbloque de JpC, Mario Negri, fue uno de los más duros públicamente. “Nos sorprende semejante delegación de facultades porque no estamos atravesando una crisis como la que se inició en 2001. Quieren llevarse facultades hasta prácticamente desguazar al Congreso. Además, advertimos que, en muchos casos, las pretendidas cesiones de algunas facultades establecidas en el proyecto de ley rayan la inconstitucionalidad”, sostuvo el radical cordobés. Sus declaraciones fueron luego del encuentro que un grupo de legisladores de JpC (diputados y senadores) mantuvo con Hernán Lacunza, el ex ministro de economía bonaerense y del gobierno de Cambiemos en la última etapa de su gestión, que ya había derrapado en lo económico con el endeudamiento externo.
La Coalición Cívica anunció desde un principio que no daría quórum para debatir la emergencia. “No vamos a habilitar y delegar ningún tipo de poderes especiales que destruyan la Constitución, el Congreso y facultades que son propias de la Cámara de Diputados”, habían admitido en off, ya temprano. Minutos después su jefe de bancada, Maximiliano Ferraro, posteó la frase en su cuenta de Twitter.
El interbloque lavagnista también se reunió con el candidato a vice, el salteño Juan Manuel Urtubey, para analizar el proyecto. Tras el encuentro, Urtubey reprodujo en las redes sociales la opinión que vertió ante los diputados: “El Gobierno Nacional debe contar con las herramientas necesarias para afrontar esta crisis”. Pero en el interbloque que conduce Eduardo “Bali” Bucca todavía hay dudas sobre algunos temas como las retenciones a los derechos de exportación. En tanto, el interbloque (UFD) que conduce el mendocino José Luis Ramón, dijo que darán el debate en el plenario y en el recinto. Aunque volvió a insistir en “ponerle un plazo razonable a las emergencias” y la “participación de la provincias” en las resoluciones de la crisis.
Por la tarde-noche el interbloque de JpC volvió a reunirse en medio de un clima caldeado y posiciones encontradas en el anexo de la Cámara baja. Los más belicosos impusieron el no dar quórum a la sesión, donde previamente jurarían una veintena de diputados que reemplazarán a los legisladores oficialistas que emigraron al Ejecutivo Nacional. Si se concreta esta estrategia, el macrismo impedirá que el FdT consiga el quórum para sesionar. Algunos advirtieron que “nunca” los diputados se habían negado a permitir el juramento de sus pares elegidos democráticamente. Fue entonces que ganó terreno el argumento reglamentario de intentar bloquear el debate, sin tener en cuenta que durante sus cuatro años de oficialistas, Cambiemos nunca respetó esa interpretación parlamentaria y apuró proyectos en sesiones especiales.
Del otro lado de Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, los senadores de JpC –alineados con una postura más cercana a los gobernadores radicales– plantearon públicamente que darían quórum a una convocatoria para este viernes, en una Cámara mucho más apegada a las cuestiones parlamentarias.
17 de diciembre de 2019
Anuncios de Alberto Fernández.
Bono para jubilados y AUH y tarifas congeladas

En una entrevista televisiva el Presidente adelantó las sumas fijas que recibirán jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. También resaltó el inicio de la distribución de la tarjeta alimentaria y el congelameinto de las tarifas.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán un monto adicional de 5000 pesos en diciembre y otro igual en enero, según anunció este lunes el presidente Alberto Fernández. Para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) habrá una suma extra de 2000 pesos que se cobrará por única vez en diciembre. También habrá una pago mensual para madres con hijos hasta seis años o embarazadas. Así lo anunció el presidente Alberto Fernández, quien además adelantó un congelamiento de tarifas hasta el 30 de junio. El plan se suma a otros paliativos que se conocieron durante la jornada, como el congelamiento en los precios de los medicamentos que acordó el Gobierno con los laboratorios o el inicio del reparto de la tarjeta alimentaria, que comenzará por el espectro de mujeres embarazadas o con hijos menores. “Se empezará por Concordia, Entre Ríos, la ciudad que más pobreza tiene”, aseguró el mandatario.

Jubilaciones y AUH
El cambio en el régimen jubilatorio que entró en vigencia a finales del 2017 –y que se rediscutirá en el Congreso—implica que las actualizaciones para jubilaciones se realizan considerando el 70 por ciento el Índice de Precios del Consumidor de INDEC y el 30 por ciento restante la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Uno de los mayores problemas que provoca el nuevo régimen es el desfasaje de la actualización, lo que los afectó duramente respecto de la inercia inflacionaria de los últimos años. Ahora se les otorgará un adicional de 5000 pesos.
“Estamos lanzando a partir del martes lo que llamamos el Plan Alimentar, el plan contra el hambre. Es un plan que a toda mujer que tiene un embarazo de tres meses o tiene hijos de hasta seis años, vamos a darle cuatro mil pesos mensuales si tiene un hijo y 6 mil si tiene dos hijos o más”, sostuvo en la noche del lunes Fernández durante una entrevista a Telefe.

Tarjeta alimentaria
También confirmó que se iniciará el reparto de las tarjetas alimentarias que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Daniel Arroyo, y que comenzará por la ciudad entrerriana de Concordia. “Ahí son 6.500 tarjetas. Esa ciudad a partir de ese momento va a movilizar 35 millones de pesos en consumos de alimentos nuevos. Es una gran movilización para una economía como Concordia y se va a ir extendiendo por todo el país”, detalló el Presidente.

Tarifas
También hizo referencia a las tarifas. “No se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. No vamos a aplicar aumentos y vamos a dar hasta el 30 de junio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio las tarifas tienen que servir al modelo productivo”, dijo Fernández, quien aclaró que ya existe una suspensión en esos aumentos que el gobierno mantendrá.
“El gobierno de Macri suspendió aumentos que había que disponer para después de las elecciones. Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar. Hasta el 30 de junio nos vamos a dar tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas. A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó el jefe de Estado. De todos modos, se adelantó a lo que pueda ser una nueva pelea política por las tarifas: “el sistema es pensado en las empresas no en el resto de los argentinos. Tienen un colchón lo suficientemente amplio para discutir un nuevo esquema tarifario”.

Pymes
Respecto de las pymes, de acuerdo con el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, afirmó que se encuentran “en una situación muy crítica, porque se han endeudado mucho con el Estado”, por lo que en la ley que enviarán en las próximas horas al Congreso promoverán “una amplia moratoria para regularizar su situación”. “Uno de los mayores problemas que tienen es que se han endeudado con el Estado. Han dejado de pagar impuestos y aportes. Proponemos una muy amplia moratoria para regularizar su situación. Tiene intereses muy bajos y les otorga seis meses de gracia, tienen seis meses para empezar a pagar”, adelantó.

Retenciones
Por último, reiteró que “las retenciones que hoy existen son las que dejó el gobierno anterior. Lo único que hicimos fue actualizar por el efecto devaluatorio que vivió la economía argentina. Pero hoy las que se pagan son las que estaban dispuestas. Esto es necesario aclararlo. Nosotros no estamos aumentando las retenciones. Estamos proponiendo que se nos dé la facultad de aumentar tres puntos más. Pero yo hice un compromiso en campaña que era que vamos a tomar las decisiones en conjunto. No las voy a imponer”, concluyó el Presidente.
17 de diciembre de 2019
Lo anunció Alberto Fernández

Félix Crous estará a cargo de la Oficina Anticorrupción

El presidente Alberto Fernández anunció que el fiscal Félix Crous, extitular de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), estará a cargo de la Oficina Anticorrupción. Crous tuvo una activa participación en los juicios por delitos de lesa humanidad y en el ministerio público fiscal de la mano de la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó. Será el sucesor de Laura Alonso, actualmente procesada por su rol al frente de este organismo.
"He propuesto el cargo a Félix Crous, el fiscal, que aceptó. Vamos a hacer que la Oficina deje de depender de Presidencia y que opere con autarquía y autonomía, y que se sienta libre para hacer lo que tenga que hacer", señaló Alberto Fernández en su diálogo con Telefé.
Hace dos años, en diciembre de 2017, había sido desplazado por el Gobierno de Cambiemos de la titularidad de la Procuvin. Además de su actividad junto a la demonizada Gils Carbó, y su participación en la aún más demonizada Justicia Legítima, Crous intervino también en el inicio de la investigación sobre la desaparición de Santiago Maldonado, lo cual generó las críticas del Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, y de la cadena de medios privados afines al Gobierno.
Tiene una larga trayectoria judicial. Como fiscal de los Juicios por la Verdad, en la época en que la posibilidad de llevar al banquillo a los responsables de la última dictadura cívico-militar estaba obturada por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, fue quien realizó la denuncia que dio origen a la causa contra el capellán de la policía bonaerense, Christian von Wernich. Una vez reabierta la posibilidad de justicia por la anulación de esas leyes, y su declaración de inconstitucionalidad, el capellán policial fue condenado a prisión perpetua por su participación en homicidios y secuestros en el circuito Camps.
Integrado a la estructura de la Procuración General, Crous estuvo a cargo también del área especial de lucha contra la narcocriminalidad y el narcotráfico. Durante su gestión se logró desactivar una banda narco en Rosario producto de un operativo conjunto entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.
En el campo de los juicios por los crímenes de Lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, su última participación destacada, en mayo de este año, fue en el cuarto juicio por los hechos sucedidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Fue el fiscal encargado de presentar los argumentos de la acusación y de pedir la pena máxima a los represores.
16 de diciembre de 2019
La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, explica los nuevos lineamientos

“Hay que instruir a la policía para que no haya abusos”

En la primera entrevista tras su asunción, explica los cambios que implementará respecto de la gestión Bullrich y detalla los puntos centrales de las nuevas políticas.

“Nunca soñé que podía ser ministra de Seguridad”. Dice que sus colegas le hicieron ver que tenía que ocupar ese lugar y no lo dice con falsa modestia. Pero también agrega, mientras el sol se cuela por el gran ventanal del despacho del Ministerio de Seguridad el viernes por la tarde, en el corazón de Recoleta, que lo siente “como un reconocimiento a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento, asociado a una manera de pensar el vínculo entre producción científica y políticas públicas”. Lo dice, como todo lo que dirá durante la entrevista exclusiva con Página/12, de forma descontracturada, sin gravedad ni solemnidad afectada, alejada de cualquier gesto marcial. Y si bien su trayectoria está marcada por su trabajo académico, la doctora en antropología por la Universidad de Ultrecht, profesora de la Universidad Nacional de Quilmes e investigadora del Conicet Sabina Frederic no es nueva en la función pública. Ocupó el cargo de subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa entre 2009 y 2011 y fue asesora en la cartera que ahora dirige entre 2012 y 2014, durante la gestión de Nilda Garré.
Sabe que tiene un gran desafío por delante para reorientar la política que le imprimió su antecesora, Patricia Bullrich, pródiga en esfuerzos para defender a integrantes de las fuerzas de seguridad acusados, en unos casos, como el policía Luis Chocobar, de matar disparando por la espalda, y en otros, como en el caso de Santiago Maldonado, de hacer una defensa cerrada de la actuación de los gendarmes.
No deja tema sin tocar: habla del caso Maldondado, de instruir a las fuerzas de seguridad para “que no haya hostigamiento, asedio, maltrato ni abuso”, de la importancia del reentrenamiento de las fuerzas, de las pistolas Taser, de los operativos de saturación, de la necesidad de mejorar las estadísticas y de la posibilidad de poner en agenda la regulación de las drogas blandas. También dice que “no todo lo que se hizo estuvo mal”, pero también que hay mucho “por revisar”. Y, aunque sonríe, sabe que desembarcó en un ministerio caliente, en el que ni bien asumió, le hackearon la cuenta de Twitter, mientras que el viernes una operación política hizo circular en las redes un falso comunicado de la Policía Federal.

--¿Viniendo sobre todo del ámbito académico, éste es el puesto soñado para llevar a la práctica la investigación realizada?

--Todas las veces que ocupé un cargo de gestión, ya sea en la universidad de Quilmes o en el Ministerio de Defensa, nunca lo soñé. Nunca me pasó de querer ese lugar y armar una estrategia para llegar a ese lugar. Todas las veces me pasó que compañeros o colegas me hicieron ver que tenía que ocupar ese espacio construido colectivamente. Ahora, en el momento en que me lo ofrecen, lo siento como un reconocimiento a una trayectoria, a una perspectiva construida durante muchos años, al trabajo hecho con otros, académico y de asesoramiento. El trabajo de asesoramiento y de producir investigaciones y conocimiento que informen a las políticas públicas lo hago desde el año 2006. La investigación sobre las policías, las fuerzas armadas y sobre la gendarmería tuvo siempre un diálogo con la gestión política, con el diseño de políticas públicas.

--¿Qué evaluación hace de la gestión saliente?

--Me parece, y es una visión compartida, porque lo hemos evaluado con los equipos técnicos del Frente de Todos, que la gestión de seguridad durante el gobierno de Cambiemos sobreactuó gran parte de las políticas. Se puede ver desde el lugar que tenía la ministra, la permanente divulgación de protocolos y reglamentaciones que eran todas controversiales, y que se sabía que iban a producir debates. Era una forma de ver la seguridad en agenda todo el tiempo. Y al mismo tiempo una dificultad muy grande por determinar cuál fue la eficacia real de esas políticas. Eso se ve, por ejemplo, en uno de los temas que hizo eje Cambiemos, la lucha contra el narcotráfico, que se hace desde hace muchos años en Argentina. Y una Argentina sin narcotráfico no es algo que se haya alcanzado con ese gobierno. Lo que hubo fueron más decomiso y allanamientos, pero no hay un resultado claro de esa política. Todos estos años la persecución ha sido principalmente sobre el narocomenudeo y consumidores.

--¿Cómo evalúa la producción de enunciados violentos que bajó Bullrich legitimando la violencia, y el uso de protocolos que avanzaron sobre los derechos de la ciudadanía?

--Básicamente en esas normativas y en algunas declaraciones que hizo el gobierno de Cambiemos a través de la ministra de Seguridad hubo un llamado a la extinción de la justicia y a convertir a las fuerzas de seguridad en el brazo armado y en la aplicación de la justicia propiamente dicha. Desde el protocolo de derribo (que habilita derribar aviones), que está dentro de la ley de Emergencia de Seguridad, hasta el que habilita a disparar sin dar la voz de alto, entre varios otros. Al igual que la forma en que el Ministerio de Seguridad salió en el caso Maldonado y en el de Rafael Nahuel. O las declaraciones de ‘el que quiera estar armado que lo esté’ (de Patricia Bullrich) fijaron una posición, por un lado de que la violencia de Estado es legítima, y por otro de habilitar a los ciudadanos al uso de la violencia. Ambas cosas. Eso habilitó a las fuerzas federales, pero también a las provinciales, que no dependen del Ministerio de Seguridad, a mayores abusos y mayor discrecionalidad. Toda una serie de posicionamientos que arrastraron o empujaron una serie de prácticas al ámbito de la delincuencia o la criminalidad.

--¿Cuáles serán los ejes de su gestión?

--El Ministerio de Seguridad de la Nación tiene cuatro fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No todas tienen actividades en lo que se llama seguridad ciudadana. Nosotros tenemos pensado, por un lado, fortalecer fundamentalmente lo que es la investigación criminal, ahí hay varias cosas por hacer. Por ejemplo, reconvertir la Policía Federal, que está en ese proceso, no es que no se hizo nada en estos años. Se avanzó, pero tenemos que revisar lo que se hizo. Aparentemente la formación básica de esos agentes se movió hacia la investigación criminal, la Policía Federal no tiene territorio y tiene que dirigirse hacia ese lugar. Hay áreas que ya trabajan sobre lavado de activos, laboratorio de criminalística. Todo eso hay que fortalecerlo y es clave articular las áreas de investigación de todas las fuerzas. Porque creemos que Seguridad de la Nación tiene que dirigirse hacia lo que es el delito complejo y organizado. Y no como estos años centrados en la persecución del narocomenudeo y de consumidores.
No va a ser fácil evitar la competencia entre las fuerzas, hay que buscar la forma de articulación. Gendarmería también creció mucho en ese terreno y defiende lo que tiene. Tenemos que fortalecer también la política federal, de diálogo con las provincias a través del Consejo Federal de Seguridad Interior. Escuchar demandas y producir políticas que estén también dirigidas a las especificidades de cada región, que no son las mismas.
Otro aspecto muy importante es revisar todo lo que es la política de seguridad de fronteras e hidrovías. Queremos darle a la hidrovía el peso que tiene, cosa que hasta ahora no se ha hecho, la hidrovía es un lugar de tránsito y de transporte de sustancias ilícitas. Ese será un tema central. También una política de articulación con la Aduana y Migraciones en los pasos fronterizos, evitar la persecución del pequeño contrabando (bagayeros), sobre todos en algunas regiones como la zona de Aguas Blancas, Río Bermejo, un lugar en donde hay un control de la población que cruza de un lado al otro y decomisos de mercadería en búsqueda de estupefacientes pero que tiene un costo muy alto sobre la fuente de trabajo de la gente, que es ilegal.

--Ahí se cuela la crisis económica.

--Sí, ahí tenemos una cuestión que es cómo hacer para que la emergencia económica y social no termine siendo abordada a través de una agenda securitaria. Es un desafío. Es un punto que tenemos que revisar y no va a ser fácil. La decisión que tomó el gobierno que se fue este año, de introducir una suerte de monotributo para los que llevan y traen mercadería en esa zona fue un fracaso y terminó en piedrazos. Pero creemos que no tiene que ser el Ministerio de Seguridad el que tiene que abordarlo, hay que encontrar la manera de que la Gendarmería no sea la fuerza de seguridad que se termine exponiendo ante la ausencia de otras agencias del Estado que tienen que intervenir para resolver temas de mercado de trabajo. Otra cuestión central será el desarrollo de una política de derechos, bienestar y género para las fuerzas de seguridad.

--¿Cómo se va articular esto con la creación de un Consejo de Seguridad Nacional?

--Por ahora hay un Ministerio de Seguridad, el camino que plantea el presidente es la creación de una dependencia del Estado que convierta la política de seguridad en una política de Estado. No habría política de seguridad si no es a través de esa instancia, que aún no fue creada. Se tiene que presentar como proyecto legislativo en el parlamento y va a llevar un tiempo. Todo esto que estoy planteando es hasta tanto se cree ese organismo, la idea con esa dependencia es que haya intervención no solo federal sino también de otras organizaciones, pero todo eso está en proceso de construcción para que las medidas que se tomen sean políticas de largo plazo y sean definidas con acuerdos de sectores divergentes.

--¿Qué va a pasar con los protocolos que elaboró Bullrich y cuál va a ser la actitud del Ministerio cuando haya denuncias de violencia institucional?

--Lo que estamos haciendo es terminar de revisar los protocolos y reglamentaciones que dejó la gestión que se fue, para derogar aquellos que son claramente violatorios de los derechos constitucionales y de las garantías de los ciudadanos. Y vamos a revisar aquellos que si los derogáramos y volviéramos a lo que había antes no estaríamos siendo lo suficientemente responsables. En ese caso vamos a hacer conversaciones con los jefes de las fuerzas para ver si se adecuan a las condiciones en que ellos prestan el servicio. Una de las áreas que va a existir en la futura estructura del ministerio, que se aprobaría el fin de semana, es un área de control y transparencia. Que va a estar abocada a temas de violencia institucional y también a la atención de las víctimas del delito, no solamente a las víctimas de las fuerzas policiales sino también a la gente que es víctima del delito. Hay capas, una capa que es el discurso, y otra cosa lo que ellos hacían sabiendo que les iba pasar lo que le está pasando a Chocobar (N. de la R.: que va a juicio). El discurso no protege porque hay un sistema judicial y un proceso penal que existe, más allá de lo que el Poder Ejecutivo quiera.

--¿En el caso del protocolo de uso de armas de fuego?

--Es uno de los que seguramente se derogará porque es de una discrecionalidad y de un abuso que es intolerable. El programa Ofensores en Trenes, que habilita a las fuerzas de seguridad a pedir el DNI de los pasajeros en las estaciones, aunque lo han dejado de usar, también se derogará, porque además tenemos el feedback de las fuerzas que lo estaban usando, y genera mucho conflicto innecesario con la gente. También estamos revisando el de derribo de aviones.

--¿Qué pasará con el protocolo para manifestaciones?

--Ese no se aplicó, no sirve, pero está vigente, y lo estamos revisando también. No queremos sobreactuar. Queremos hacer las cosas con responsabilidad. Y tenemos que ver si lo sacamos cuál queda. Estamos haciendo el estudio y seguramente el lunes (por hoy) o martes ya lo tendremos definido.

--La ex ministra Bullrich habilitó el uso de las pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. ¿Qué se va a hacer?

--Las pistolas Taser no llegaron aún, y ahí lo que tenemos pensado es llevarlas a las fuerzas especiales, no para que se haga uso frente a la ciudadanía o en contextos de operaciones normales sino de fuerzas especiales como Geof o Alacranes. Pero lo que hay que derogar es el protocolo que existe, y generar uno que sea específico para su uso en ocasiones como secuestros o aquellos que atienden las fuerzas especiales. Y hay que revisar la capacitación, porque lo que vi es una capacitación que no se corresponde con el daño que las Taser provocan. El punto es que en el protocolo se habla de armas de uso no letal y para la empresa que las fabrica son menos letales, no no letales. Hay que revisar esa capacitación y adecuarla, y no puede ser en las estaciones de tren ni en aeropuertos, sino para uso de las fuerzas especiales.

--¿Qué pasará con el Servicio Cívico Voluntario?

--Lo que pudimos averiguar es que ingresaron en la prueba piloto 1200 jóvenes y terminaron 600. Ya no hay jóvenes dentro de las instalaciones de Gendarmería, estamos buscando el listado de los inscriptos y, en el caso de que los hubiera, vamos a reconvertir ese servicio en un plan educativo y de contención en el ámbito deportivo. Eso implica una conversación con el Ministerio de Educación para que atienda y contenga a este sector que es numeroso y le dé un horizonte en términos laborales y educativos. Lo que no descartamos es que haya alguna instancia de intervención de las fuerzas en tanto algunas tienen algunas capacidades para enseñar oficios, o tal vez algunos de los jóvenes pueden estar interesados en ingresar a las fuerzas y puede haber una instancia de visita a alguna unidad, pero todo lo que es el plan educativo y de formación en oficios tiene que correr por cuenta de los ministerios de Educación y de Salud”.

--¿Qué otros aspectos de la gestión anterior se revisarán?

--Algunos de los protocolos que aprobaron no están mal. No todo lo que hicieron estuvo mal. El Plan Nacional de Seguridad para la reducción de femicidios en principio se mantendría. Aparentemente hay un trabajo que está bastante bien hecho con la Corte con todo lo que son los datos de femicidio, hubo un mejoramiento de la información y un seguimiento del proceso judicial también. Es un trabajo que lo que hay que hacer es mejorarlo pero no eliminarlo.
Lo mismo con las estadísticas, hay un trabajo que no alcanza pero lo que se hizo no está mal, hay que profundizarlo. Se fortaleció el sistema de estadísticas de información criminal, que son las que produce la policía. Esa información no alcanza, y hay un sesgo en esa información porque todos sabemos que la Policía desarrolla estrategias para fortalecer unas estadísticas y bajar otras, entonces puede haber una manipulación que está vinculada con el hecho de que se mide su desempeño. Esto tiene que complementarse con otras informaciones que produce la justicia. Hay que fortalecer el área de información a través de un Observatorio. Hay que producir información propia que hoy no está, o mejor dicho, no está sistematizada. Como, por ejemplo, los policías muertos fuera y dentro del servicio o los muertos por la policía o los heridos por la policía. Información que muchas veces hay que recurrir para contar con ella al Cels, que la produce sobre la información que sale en los diarios. Hace poco hubo una situación entre Correpi, que tiene su información sobre violencia institucional, y la gestión anterior del Ministerio de Seguridad que salió a contestarle, y no se termina de entender qué parámetro usa uno y otro. Nosotros tenemos que tener esa información y producirla sistemáticamente.

--¿Cómo se deconstruye el discurso de mano dura implementado durante estos cuatro años?

--Hay una tarea, que no es solo hacia la sociedad, de explicar que los problemas emergentes obedecen a diferentes causas y que atacarlos por el uso de la fuerza o el encarcelamiento en el corto plazo parece que lo resuelve, pero en el mediano plazo no. Ahora, hacia adentro de las fuerzas no pasa sólo por la formación. Durante gestiones anteriores de nuestro gobierno se hizo mucho énfasis en la formación y eso tuvo resultado altamente positivos: uno se encontraba durante el trabajo de campo con gendarmes y policías que estaban en contra de los protocolos más abusivo. La formación que se impartió y la democratización de la Argentina introdujeron prácticas y perspectivas entre los policías que son alentadoras. Ahora, hay otros aspectos para incorporar y que forman parte de lo que queremos desarrollar: el reentrenamiento de las fuerzas, unido a la modificación de las condiciones de trabajo de regímenes de servicio que no expriman a la gente. Y eso hay que trabajarlo con ellos. No contra ellos.
Sabemos que dentro de la fuerza hay personal jerárquico subalterno que entiende que no hay forma de hacer un buen servicio y un servicio que implique un trato humanitario hacia el otro si no es con un trato humanitario hacia adentro de las fuerzas. Por eso vamos a crear un área de derechos, bienestar y género dentro del Ministerio, que se va a ocupar de ese tema y es probable que estemos anunciando un consejo que nos permita discutir con integrantes de la fuerza pero también con especialistas y otros actores de la sociedad civil cómo mejorar las condiciones del servicio. Eso es un aspecto fundamental que la gestión que se fue no cumplió como dijo, si bien hizo una sobreactuación de la protección y el cuidado, no ha sido efectivo.
16 de diciembre de 2019
Les anticipará detalles del proyecto de emergencia que enviará hoy al Congreso

Alberto Fernández recibe a los gobernadores radicales

Alberto Fernández tendrá este lunes su primer encuentro con la oposición desde que asumió como presidente. A las 10.30 recibirá en la Casa Rosada a los gobernadores radicales de Jujuy, Gerardo Morales; de Mendoza, Rodolfo Suárez; y de Corrientes, Gustavo Valdés, según informaron fuentes oficiales.
Con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, Fernández se había reunido previamente a su asunción como presidente.
Aunque la reunión con los tres gobernadores radicales será sin agenda, Fernández les anticipará los principales aspectos del proyecto de emergencia que enviará hoy al Congreso.
De la reunión también participarán el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. En tanto, fuentes consultadas por Télam, precisaron que el encuentro fue acordado por los jefes de la bancada peronista en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, y de la radical, Mario Negri.
13 de diciembre de 2019
El ex presidente firmó el decreto 14 días antes de dejar la Casa Rosada

El Gobierno anulará el decreto de Macri que dejaba tres mil funcionarios propios en el Estado

Extendía por 5 años la estabilidad laboral para directores y jerárquicos nombrados por el macrismo y establecía indemnizaciones millonarias si eran despedidos.

El Gobierno suspenderá el decreto que Mauricio Macri firmó 14 días antes de dejar la Casa Rosada y que creaba un régimen de privilegio que extendía por cinco años los puestos jerárquicos del Estado para 3000 funcionarios nombrados en su gestión. El decreto 788 del año 2019, implica "una grave distorsión de los principios establecidos en relación con el Empleo Público, afectando derechos y deberes de empleados y funcionarios y atentando contra los recursos del Estado", sostuvo la secretaria de Gestión y Empleo Público de la Nación, Ana Castellani, para anticipar la decisión de la nueva administración de suspender el decreto que también rubricaron el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ahora ex ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica. La norma pretendía dejar una gruesa capa geológica del macrismo en puestos clave de administración pública y les garantizaba millonarias indemnizaciones en caso que fueran despedidos. El decreto, del que dio cuenta PáginaI12, había sido cuestionado y denunciado desde los propios abogados del Estado y el gremio de ATE.
Castellani, argumentó la decisión del nuevo Gobierno en que el decreto de Macri modifica el Convenio Colectivo del Sector Público, estableciendo un nuevo régimen de acceso, retribución, permanencia, promoción y egreso de la Alta Dirección Pública e involucra a más de 3.000 cargos, creando un escalafón de "privilegio para funcionarios y quebrando la carrera administrativa, generando un sistema diferencial y privilegiado para altos funcionarios".
El régimen que se buscó establecer dispone "una carrera paralela con una exclusiva escala remunerativa, flexibilizando los requisitos de formación y experiencia acreditables para acceder a la alta dirección pública, además de garantizar la posesión de los cargos por un período de 5 años o, en su defecto, una indemnización fuera de toda proporción", señalaron fuentes de la Jefatura de Gabinete.
Desde la Jefatura precisaron que para el presidente Alberto Fernández es "vital" construir un nuevo sistema que "jerarquice las funciones y el acceso a los altos cargos dirección, respetando la capacitación, experiencia y honestidad que todo agente estatal debe poseer para ser un buen servidor público".
El gobierno de Cambiemos inició su mandato en diciembre de 2015 con miles de despidos en todas las dependencias de la administración pública y estigmatizaba a los trabajadores que resistían los despidos como “ñoquis” y “grasa militante”. Pero a menos de dos semanas de finalizar el mandato, Macri creaba por decreto el "Régimen de Alta Dirección Pública" que daba “estabilidad laboral” a unos 3000 funcionarios jerárquicos y directores nacionales nombrados por su gestión. Además establecía que para removerlos debía pagarse una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. A modo de ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año.
El decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que "promueve un sistema de concursos más transparente". Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas. "Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando", había dicho entonces a PáginaI12 el secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso que había dispuesto Macri tiene "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.
13 de diciembre de 2019
Evo Morales llegó a la Argentina en condición de refugiado político

"Para seguir luchando por los más humildes"

En un operativo sigiloso, el Gobierno le concedió refugio al ex presidente de Bolivia junto a otros cuatro ex funcionarios. Le pidieron que no haga declaraciones.

En un operativo realizado con el mayor sigilo, Evo Morales llegó ayer a la mañana al país proveniente de México y, luego de un rápido trámite en Ezeiza, el gobierno le concedió la condición de refugiado. "Ahora arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado. Agradezco a México y Argentina por todo su apoyo y solidaridad", expresó el destituido presidente de Bolivia en las redes sociales. Según comentó el canciller Felipe Solá, como parte del acuerdo para su llegada, Morales no realizará declaraciones públicas ni participará de actividades políticas. Hay que interpretar esa veda como temporal, Evo justamente viajó para estar más cerca de su país y, se supone, acompañar la campaña del MAS para las elecciones presidenciales que todavía no tienen fecha. El ex vicepresidente Alvaro García Linera y otros tres ex funcionarios también quedaron en el país con el mismo estatus.
Es de imaginar que en los próximos días Alberto Fernández recibirá o conversará con Evo. Antes de asumir, Fernández había expresado públicamente su oferta de asilo al ex presidente boliviano para que estuviera junto a sus familiares, más cerca de su país y acompañado por el millón de compatriotas que viven acá. Incluso, Solá recordó que en el momento del golpe, Alberto Fernández conversó con Mauricio Macri sobre la posibilidad de que le diera refugio a Morales. Como no hubo reacción por parte de la administración de Cambiemos, Fernández debió activar las gestiones para que Evo saliera cuanto antes hacia México porque si se quedaba en Bolivia su vida corría peligro. El entonces presidente electo colaboró para facilitar el paso del avión que trasladaba a Evo por el espacio aéreo de varios países.
Pese a que en algún momento había expresado su deseo de que viajen para la jura, finalmente ni Evo, ni Lula, ni Dilma Rousseff participaron de la ceremonia para evitar roces diplomáticos. Pero, el mismo 10 de diciembre, Evo junto a García Linera, la ex ministra de Salud Gabriela Montaño, el ex canciller Diego Pary y el ex embajador en la OEA José Alberto Gonzáles enviaron un texto pidiendo su asilo. La cuestión exigía cierta ingeniería jurídica en la que trabajaron Solá y su jefe de asesores Guillermo Justo Chaves porque en el país no existe la figura de asilo territorial. Así que anoche le concedieron un asilo temporal hasta que llegó al aeropuerto, donde requirió la condición de refugiado, que sí existe.
El temor de Evo y sus acompañantes era que si no tenían algún tipo de resguardo legal en la Aduana les saltara alguna alerta. El ex presidente viajó junto a Montaño en la clase turista del vuelo regular de Aeroméxico que une la capital mexicana con Buenos Aires. En el aeropuerto lo esperaban Justo Chavez y amigos locales como el secretario general de ATE, Daniel Catalano. Los hijos de Morales -Evaliz y Alvaro- ya estaban acá desde hace tres semanas. La comitiva que salió desde Ezeiza acompañó a Evo hasta un domicilio local. En el Gobierno aclararon que la permanencia de Morales -la condición de refugiado no tiene fecha de vencimiento- no demandará ningún gasto más allá de la custodia policial que se le asignó por su seguridad.
"Les rige la condición de refugiado. Desde el momento que se pide quedan liberados de cualquier posibilidad de extradición. Esas personas no pueden tener protección en su país", explicó Solá. Todo fue tan rápido que el canciller debió acelerar los trámites para habilitar su firma y así poder suscribir las resoluciones. "Nosotros no queremos que Evo Morales ni ninguno de los refugiados usen este país para hacer política. Pueden ver a quien quieran pero está el compromiso político de que no hagan declaraciones públicas ni campañas políticas desde acá", sorprendió Solá en diálogo con El Destape Radio. Son extras que consensuaron con Morales de palabra, porque una vez que se da la condición de refugiado queda en condiciones de ejercer todos los derechos y obligaciones de cualquier ciudadano que habita en el país.
Morales pidió permiso para escribir dos tuits para agradecerle al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y a los mexicanos "por salvarme la vida y por cobijarme. Me sentí como en casa junto a las hermanas y los hermanos mexicanos durante un mes". Dos funcionarios del gobierno de AMLO acompañaron a Morales en el vuelo.
"La ley no dice nada de eso, es un compromiso político", ratificó el canciller respecto a esta particularidad. "La situación de Argentina es delicada y no queremos sumar problemas. Queremos alejar los problemas", argumentó. La nueva gestión de Alberto Fernández ya tuvo esta semana una primera muestra de lo complicadas que a veces pueden ser las relaciones diplomáticas cuando uno de los enviados de Donald Trump dijo que no participaría de la ceremonia de jura en señal de un supuesto enojo -o advertencia- por la invitación al ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, y del ex presidente ecuatoriano Rafael Correa. Otro funcionario norteamericano, el subsecretario Michael Kozak, no sólo se quedó sino que mantuvo una extensa reunión con Fernández y Solá, pero el entredicho sirvió para encender una luz amarilla. El Gobierno necesita el respaldo de Estados Unidos para que las negociaciones iniciadas con el FMI lleguen a buen término.
Luego del golpe de Estado y desde su exilio en México, Morales no dejó pasar sin denunciar a través de las redes las muertes por la represión y demás excesos cometidos por el gobierno de facto de Jeanine Añez. Por ejemplo, el miércoles escribió: "Allanamientos abusivos, notificaciones azules y órdenes de aprehensión. Continúa la cacería del gobierno de facto, todo para desviar la atención del informe de la CIDH que habla de masacres y violaciones masivas de derechos humanos". Luego de intensas negociaciones, Añez aceptó convocar a elecciones dentro de los próximos seis meses de las que no podrán participar ni Morales ni García Linera. La intención de Evo es apoyar desde aquí a quien resulte elegido como candidato del MAS.
12 de diciembre de 2019
Cristina Kirchner habló en la asunción de Mayra Mendoza en Quilmes

“La sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló esta tarde en Quilmes, adonde concurrió para la jura como intendenta de Mayra Mendoza. Reivindicó el trabajo territorial, fustigó a políticos y medios por las causas en su contra y expresó que “la sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes".
La ex mandataria comenzó diciendo que tiene “mucha esperanza” en Mendoza y recordó un acto de la campaña de 2017, cuando visitó un comedor en Quilmes mientras soñaban que la dirigente de La Cámpora pudiera ser intendenta. Participaron del encuentro, entre otros, Máximo Kirchner, titular del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.
Cristina recordó que “desde el 9 de diciembre de 2015 fueron años difíciles" y que “ayer se vio cuánto han mentido dirigentes y medios" que monocordemente criticaron el frustrado traspaso del mando hace cuatro años. “Decían que yo no había querido entregar la banda y el bastón y nunca inventamos nada”. Denunció, además, que hubo "una persecución cruel contra mí y mi familia”. Más adelante se refirió a una de las causas que impulsó “una diputada, una denunciadora serial”, en alusión a Elisa Carrió. “Dijo que mi madre tuvo una causa por estafa, mi madre, que estuvo 30 años de dirigente sindical sin tomarse licencia gremial y vivió toda la vida en la misma casa, que sólo cobraba su jubilación y la pensión de mi padre”. Recordó que la denuncia se archivó hace pocas horas “por inexistencia de delito”. Aquella causa había generado una carta de CFK en sus redes en 2016. “Mi madre se murió sin saber todo esto, acusada de un delito que no había cometido”.
Para la flamante vicepresidenta, “hoy es un día de alegría” y agradeció a quienes “siempre creyeron”. Volvió a referirse a la plaza del 9 de diciembre de 2015, de donde surgió el canto “Vamos a volver”, que se convertiría, dijo, en “un código de identificación”, dado que “no era que volviera un partido o una facción, sino un país con derechos, donde comer no fuera un privilegio”.
En otro tramo de su intervención afirmó que había dirigentes que no estaban muy convencidos acerca de los alcances de la consigna pero que “no había lugar" en el cual se cantara sin que "muchos se prendían”. Por eso subrayó que “la sociedad tuvo más convicciones que muchos dirigentes, y yo lo agradezco”.
La actual vicepresidenta, por último, recordó que el 27 de diciembre de 2017, tras la sanción del presupuesto, al que Unidad Ciudadana se opuso, y que "los cuatro grandes del buen humor”, Marcos Peña, Nicolás Dujovne, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, modificaron 24 horas después, le dijo a Ferraresi que trabajaría para que el 10 de diciembre de 2019 "hubiera otro argentino o argentina en la Casa Rosada”.
Finalmente, agradeció “el amor" recibido, al que definió como “una coraza, mi escudo durante estos años tan duros”. "El amor nos va a ayudar”, concluyó.
12 de diciembre de 2019
Se completa el equipo de Daniel Arroyo

Gabinete de Fernández: Desarrollo Social suma a movimientos sociales

El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el nuevo secretario de Economía Social, mientras que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, ocupará la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local.

Los movimientos sociales ya tienen lugar en el Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Daniel Arroyo. El dirigente del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, es el nuevo secretario de Economía Social, mientras que Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, ocupará la subsecretaría de Promoción de la Economía Social y el Desarrollo Local. Con la llegada de estos dos dirigentes, el Gobierno marca su intención de sumarlos de lleno a la toma de decisiones y al trabajo para revertir las consecuencias económicas del ajuste.
Pérsico ya había tenido experiencia como funcionario con Felipe Solá en la provincia de Buenos Aires, cuando fue vicejefe de Gabinete. Con Menéndez, son integrantes de "los Cayetanos", los tres movimientos sociales que tuvieron mayor presencia en los años de Macri. Ahora trabajarán desde el ministerio para buscar paliar las consecuencias del modelo que combatieron desde las calles.
En tanto, Laura Valeria Alonso (conocida en el kirchnerismo como "la Laura Alonso buena") será la secretaria de Inclusión Social. Diputada por Unidad Ciudadana, había sido parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, primero como coordinadora del Programa Nacional de Voluntariado Universitario hasta 2011 y luego como subsecretaria de Políticas Universitarias hasta 2015. Como subsecretaria de Integración Social estará Lorena Ferraro Medina, quien fue secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano en Tigre con Sergio Massa.
En tanto, el ex secretario de Niñez y ex titular del Sedronar Gabriel Lerner estará nuevamente a cargo de la secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. En la secretaría de Articulación de Política Social, estará Gonzalo Calvo. En la secretaría de Abordaje Integral, la ex diputada tucumana del PJ Alicia Soraire.
11 de diciembre de 2019
Asistirá a la asunción de Kicillof y mantendrá reuniones diplomáticas

La agenda de Alberto Fernández en su primer día como presidente

En su primer día de gestión tras la asunción , el presidente Alberto Fernández recibirá a su par de Cuba, Miguel Díaz Canel, y almorzará con uno de los enviados por el estadounidense Donald Trump. También tiene previsto asistir a las juras de Axel Kicillof y Omar Perotti como gobernadores de Buenos Aires y Santa Fe, respectivamente.
El flamante jefe de Estado, que llegó temprano a la Casa de Gobierno, mantiene un encuentro con el mandatario de la isla caribeña desde las 9 en el Despacho Presidencial de Balcarce 50.
Tras esa reunión, el líder del Frente de Todos se trasladará hasta la ciudad de La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner para asistir a la jura del exministro de Economía al frente de la Gobernación bonaerense. El acto se llevará a cabo a las 10:15 en la Cámara de Diputados provincial, ubicada en la ciudad de las diagonales.
Al mediodía Fernández regresará a la Casa Rosada para almorzar con el secretario adjunto del Departamento de Estado para asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak.
El encuentro con el norteamericano se da luego del cortocircuito en la asunción, cuando el asesor especial del presidente Donald Trump para asuntos del Hemisferio Occidental, Mauricio Claver-Carone, decidió irse de la Casa Rosada antes de saludar a Alberto Fernández al ver que estaba en el Salón Blanco el vicepresidente sectorial de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Finalmente, a las 18:15, Fernández estará presente en la Legislatura de Santa Fe para respaldar a Perotti, quien asumirá al frente de la Gobernación local y así marcará el regreso del PJ a ese distrito.
11 de diciembre de 2019
“El salario debe iniciar un proceso de recuperación”

Nicolás Trotta confirmó que vuelve la paritaria nacional docente

El nuevo ministro de Educación dijo que quiere iniciar “en el corto plazo” un diálogo con las organizaciones sindicales y con cada gobierno provincial. Aseguró que la discusión "no solo es salarial sino también de los aspectos pedagógicos en todo el país, como la formación docente”.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, anunció el retorno de la paritaria nacional docente, una instancia de negociación con fuerza de ley que fue clausurada por decreto durante la administración de Mauricio Macri. Para el flamante funcionario, el salario promedio de un docente “es un sueldo que ha perdido” valor producto de la inflación de los últimos años y, por ello, debe “iniciar un proceso de recuperación”.
“Vuelve la discusión paritaria que no solo es salarial sino también de los aspectos pedagógicos en todo el país, como la formación docente”, afirmó el ministro durante una entrevista por radio La Red, en la que remarcó su voluntad iniciar “en el corto plazo” un diálogo con las organizaciones sindicales y con cada gobierno provincial. Para darle el puntapié inicial a este tema, añadió, hay una reunión prevista para la semana próxima del Consejo Federal de Educación, que deberá “cumplir un rol muy activo” en ese sentido. “Nos parece fundamental establecer un buen diálogo, escuchar a todos los actores de la comunidad educativa, porque cualquier transformación ingresa al aula de la mano de los maestros y maestras”, remarcó.
Además, ratificó su compromiso de “hacer un mayor esfuerzo para que los maestros puedan tener un salario que fortalezca la carrera y el rol que tienen en la sociedad”. También reconoció que el salario docente "ha perdido” valor en los últimos años y afirmó que, por ello, debe “iniciar un proceso de recuperación”.

La Educación Sexual Integral
El anuncio del regreso de la discusión que establece un piso salarial en todo el país, y a partir del cual cada provincia puede negociar sobre la base de sus necesidades, no quedó restringido a los sueldos sino que también se refirió a otra cuestión clave: la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI).
Afirmó que su cartera “está constituyendo una dirección nacional que va a asumir esa agenda” porque “tenemos que cumplir con la ley” que establece su puesta en marcha. “Hay que generar una educación sexual integral para nuestras escuelas” y “nosotros vamos a impulsar todas las políticas necesarias”.
“Es una herramienta vital y hay que dialogar con todas las provincias para que rápidamente se pueda trazar una agenda y objetivos para la implementación de la ESI”, remarcó.

El plan contra el hambre
Por otra parte, anticipó que en los próximos días se concretará la primera reunión de “la mesa de lucha contra el hambre” de la que participarán funcionarios y representantes de distintos sectores.
En este sentido sugirió que uno de los temas a conversar será la participación de las escuelas en actividades de verano “para acompañar la situación tan grave” que atraviesan los sectores más vulnerables.
10 de diciembre de 2019
Se terminan los cuatro años de macrismo

En vivo: la asunción de Alberto Fernández



El nuevo presidente y su vice, Cristina Kirchner, juran en el Congreso. Fernández dará luego su primer discurso en cadena nacional y luego irá a la Casa Rosada.
El cronograma de la asunción presidencial
- La Asamblea Legislativa se inicia a las 11.15, presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti. Se realizará la designación de los legisladores que integrarán las comisiones de interior y exterior, respectivamente, que serán las encargadas de recibir en la explanada del Palacio sobre la avenida Entre Ríos al presidente electo.

- La ceremonia pasará luego a un cuarto intermedio para recibir a Alberto Fernández. De acuerdo a lo previsto, el primero en llegar al Congreso a las 11.30 será Macri, luego a las 11.40 hará lo propio Cristina Kirchner y a las 11.45 arribará el presidente electo.

- A su arribo, Fernández procederá a la firma de los Libros de Honor del Honorable Senado de la Nación y de la Cámara de Diputados de la Nación, en el "Salón Azul".

- Posteriormente, Cristina Fernández y Alberto Fernández prestarán juramento ante la Asamblea Legislativa como presidente y vicepresidente hasta el 10 de diciembre del 2023. El nuevo jefe del Ejecutivo recibirá entonces el bastón y la banda presidencial.

- Tras formular su primer discurso como presidente ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández se trasladará a la Casa Rosada para recibir a las delegaciones extranjeras, tras lo cual tomará juramento en horas por la tarde a los ministros de su gabinete nacional en el Salón Blanco.

- Desde las 14 habrá un festival en la Plaza de Mayo donde habrá varios shows musicales. Cerca de las 19 Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner hablarán ante la multitud que se espera en la plaza.
10 de diciembre de 2019
La intervención de la AFI, el plan contra el hambre, las propuestas macroeconómicas y todas las medidas anunciadas

Punto por punto, el discurso de Alberto Fernández como presidente

En sus primeras palabras en la Cámara de Diputados, el mandatario no dejó ningún tema sin tocar y marcó las pautas de su propuesta programática para los cuatro años de gobierno. Con la mira en "empezar por los últimos para después llegar a todos", especificó el rumbo que tomarán sus políticas más importantes.

Las primeras palabras de Alberto Fernández fueron un llamado al fin de la grieta y las divisiones ideológicas de la sociedad. “Vengo a convocar a la unidad de toda la Argentina”, puntualizó y dejó clara cuál será el eje de sus políticas en un marco de “emergencia social”: “Es tiempo comenzar por los últimos para después llegar a todos. Este es el espíritu del tiempo que inauguramos”.
En este sentido, convocó a crear “una Argentina unida a una nueva mirada de humanidad que reconstruya vínculos sociales” y se refirió la existencia de “grandes muros que tenemos que superar para poner al país de pie”.
Entre ellos se refirió al “muro del rencor y del odio” y al “del hambre que deja a millones de argentinos afuera a del mesa”. También llamó a superar “el muro del despilfarro de nuestras energías productivas” y llamó a superar “los muros emocionales significa que todos seamos capaces de convivir en convivencia y comprender que nadie sobra”.
“Apostar a la fractura y a la grieta supondría que esas heridas sigan sangrando”, por eso “no cuenten conmigo para seguir transitando el camino de desencuentro”. “Quiero ser capaz de corregir errores” para hacer realidad “el sueño de una Argentina unida”

“Una macroeconomía no aislada de un proyecto nacional"
En materia económica y tal como lo hizo a lo largo de su campaña, volvió a condenar “la aventura de la fuga de capitales que destruyó” la industria y la producción nacional. “Pasamos del estancamiento a caída libre”, dijo y anunció que el Presupuesto que el macrismo envió en septiembre pasado “no tendrá tratamiento parlamentario. “Sus números no reflejan ni la realidad macroeconómica, ni las realidades sociales, ni los compromisos de deuda que realmente han sido asumidos”, resaltó.
Dijo que, por el contrario, enviará al Congreso su propio proyecto aunque no precisó la fecha. “Un presupuesto adecuado solo puede ser proyectado una vez que la instancia de negociación de nuestras deudas haya sido completada” y que “hayamos puesto en práctica un conjunto de medidas económicas, productivas y sociales para compensar el efecto de la crisis en la economía real”.
“Para poner a Argentina de pie el proyecto debe ser propio e implementado por nosotros, no dictado por nadie de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado”, definió. Y sentenció que hay que “salir de la lógica de más ajuste, más recesión y más deuda que se ha impuesto en los últimos cuatro años”. Y cuestionó: “El gobierno que acaba de terminar su mandato, ha dejado al país en una situación de virtual default”.
En el programa económico del nuevo gobierno, “los únicos privilegiados serán quienes han quedado atrapados en el pozo de la pobreza y la marginación”. A ellos, prosiguió, “necesitamos aliviarle la carga”. Además, apeló “al patriotismo” de todos los sectores de la producción y afirmó que “el plan macroeconómico que perseguimos es una pieza central pero no aislada de un proyecto nacional de desarrollo”.

La relación con el FMI
“Buscaremos una relación constructiva y cooperativa con el FMI y los acreedores”, porque “resolver una negociación de deuda no es cuestión de ganarle una disputa a nadie”, afirmó.
Además, remarcó que “el país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo” y responsabilizó de ello al gobierno saliente y a los acreedores que “invirtieron en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez”. “No vamos a repetir la triste historia de las misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir”.

Su plan contra el hambre
El presidente ratificó, como había adelantado previamente, que el combate al hambre será el primer problema en en su lista de “ética de las prioridades y las emergencias". “Más de 15 millones de personas están sufriendo de inseguridad alimentaria en uno de los países productores del mundo”, subrayó el mandatario, al resaltar que “toda al argentina unida le tiene que poner un freno a esta catástrofe social”.
Para eso, anunció el primer encuentro de trabajo en el marco del Plan Integral contra el Hambre. “Junto a todo el gabinete y personalidades de la sociedad civil, comenzaremos la acción que ponga fin a este presente penoso”, aseguró, al insistir en que “sin pan no hay presente ni futuro, la vida sólo se padece, no hay democracia ni libertad”.
Sin embargo, aclaró que no se soluciona solamente con poner a todos los argentinos un plato de comida en la mesa porque los más excluidos “necesitan también ser parte y comensales de la misma mesa grande de una nación que tiene que ser nuestra casa común”, lo que requerirá “reorientar prioridades en la economía”.

La política de Derechos Humanos y Justicia
Alberto Fernández dijo tener la “obligación de asumir imperativos irrevocables” en la defensa del Estado de Derecho pero también para luchar por la Memoria, Verdad y Justicia. “Hoy otra vez la Argentina vuelve a comprometerse con los derechos del hombre y a levantar esa bandera inclaudicable en cualquier lugar del mundo”, aseguró.
El desafío que propuso el presidente tiene que ver con “ciudadanizar la democracia”, porque resaltó que en su opinión mejorar la calidad de los derechos humanos y cívicos implica “superar esta pobra calidad institucional en la que vivimos”. “Siento que expreso a una generación que llega en esta hora al poder para tomar la decisión de saldarlo”, destacó.
Puntualmente, cuestionó “el deterioro judicial de los últimos años”, sobre todo las “persecuciones indebidas, detenciones arbitrarias inducidas por los que gobiernan y silenciadas por cierta comparecencia mediática”. “Vengo a manifestar un contundente Nunca Más, nunca más a una Justicia contaminada por servicios de inteligencia, por operadores judiciales, por procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos, nunca más a una Justicia que decide y persigue según los vientos políticos, que es utilizada para saldar discusiones políticas y una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno “, definió.

La nueva AFI
En ese marco, y para acabar con “la marcha ominosa” que provoca la falta de credibilidad en las instituciones anunció que decidió la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia. Además, anunció que derogará el decreto 656 del 2016, que fue "una de las primeras y penosas medidas que la anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado". Esos fondos, aclaró serám reorientados en el plan contra el hambre.  

La política internacional, "por una América Latina unida"
En el plano internacional, recalcó que “la Argentina no debe aislarse” del mundo sino tener “una relación integral y plural” con “relaciones madura”. Puntualizó que el rol de la Cancilleríam a cargo de Felipe Solá “estará concentrada en conquistar nuevos mercados”.
En materia regional, afirmó que América latina “es nuestro lugar común” y sostuvo que con ese criterio “vamos a robustecer el Mercosur” que quedó marginado durante el gobierno de Mauricio Macri. “Seguimos apostando por una América Latina unida para insertarnos al mundo.”
También le dedicó un párrafo particular a Brasil, país con el que “tenemos una agenda ambiciosa” que durante su gobierno “será honrada”. Y sin mencionarlo a Jair Bolsonaro, recalcó que esa relación debe ser respetada “más allá de las diferencias de quienes gobiernan en la coyuntura”.
Tampoco hizo referencia a la situación que atraviesan Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile. Pero en clara alusión a ellos se refirió a los países donde hay “movimientos autoritarios”, “golpes de Estado” y manifestaciones masivas “contra el neoliberalismo y la inequidad social”. Frente a este contexto, la Argentina “defenderá la autonomía de los pueblos” y “levantará alto sus principios de paz, de defensa de la democracia, de plena vigencia de los derechos humanos”.

El reclamo por Malvinas
Alberto Fernández ratificó “el imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares”. Dijo que se honrará “la memoria de quienes cayeron” la guerra de 1982 y remarcó que se buscará “la resolución pacífica del diferendo” sobra la base de las declaraciones de Naciones Unidas al respecto. “No hay más lugar para colonialismos en el Siglo XXI.”
Al respecto, anunció que convocará a la creación de un Consejo con participación todas las fuerzas políticas, Tierra del Fuego, representantes del mundo académico y de los excombatientes, que tendrá como objetivo “diseñar las estrategias que permitan conducir con éxito el reclamo, más allá de los calendarios electorales”.

Los derechos para las mujeres
El presidente afirmó que el contexto actual reclama “enfáticamente” esfuerzos para poner “en un primer plano los derechos de las mujeres”. “Quiero ponerme al frente de sus demandas”, definió. En ese sentido, también adelantó que a partir de distintos instrumentos intentará acabar con las desigualdades de género, políticas y culturales. “Pondremos el énfasis en todas las cuestiones vinculadas al cuidado ya que la mayor parte del trabajo doméstico recae en las mujeres”, prometió.
“Ni una menos debe ser una bandera de toda la sociedad y de todos los poderes de la república”, sintetizo. El presidente destacó que el estado tiene “el deber” de reducir drásticamente la violencia contra las mujeres hasta su total erradicación. También aclaró que “abrazará a quienes sean discriminados” y que cualquier tipo de discriminación “debe volverse imperdonable”.

“Equilibrio federal y territorial”
El presidente destacó que “no puede haber argentinos de primera y de segunda”, al ratificar su plan de federalizar el país porque “Argentina es una sola y mancomunadamente debe propender al desarrollo de todas y cada una de las regiones”.
“Vamos a poner en marcha estos acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia contando con el apoyo de todos los gobernadores de la nación, con un criterio federal, innovador, en clave productiva y social más allá de lo meramente fiscal”, subrayó al destacar su propuesta de llevar “una parte sustancial de la actividad sustancial de la actividad política y administrativa del estado a las provincias”. Según explicó, su objetivo es alcanzar que “las realidades de esos lugares puedan hacerse carne en los decisores de la política, medios de comunicación y adquieran la visibilidad que no tuvieron durante décadas”

La política de seguridad
En materia de Seguridad, anticipó que enviará al Parlamento una propuesta de transformación de los criterios para el uso de la fuerza que tome distancia del “gatillo fácil” y de la “justificación de las muertes por la espalda”, fomentada por la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich a través de la denominada Doctrina Chocobar.

El medio ambiente y el papa
La mención a la política medioambiental fue para ratificar la adhesión de la Argentina al Acuerdo de París y la promoción del desarrollo sustentable. Reconoció que el país necesita promover “una transición hacia un modelo de desarrollo sostenible, de consumo responsable y de valoración de los bienes naturales”, y en ese sentido dijo que se basará en los lineamientos trazados por “nuestro querido papa Francisco” en su encíclica “Laudato Si”.

Medidas para las Pymes
Alberto Fernández aclaró que será indispensable “la solidaridad en la emergencia”, que tendrá muchas caras, teniendo en cuenta que hoy “nuestros compatriotas tomaron créditos para comprar alimentos o medicamentos o para pagar facturas”. El presidente prometió un “alivio fiscal” para las pequeñas empresas para dar fin a “la capacidad ociosa de las fábricas”, al que definió como “un despilfarro de economía productiva”.

La economía popular
El presidente destacó también que los miembros de la economía popular “serán actores centrales de estas políticas públicas”. “La cultura del trabajo se crea garantizando trabajado formales con todas las garantías”, subrayó al anunciar que su gobierno pondrá en marcha “acciones que faciliten que los titulares del salario social complementario puedan insertarse en el mundo salarial y cobrar por su trabajo”

Medidas contra el desempleo
Al cuestionar el país que dejó Macri, con un desempleo del 30 por ciento en los jóvenes y un millón que “no estudian ni trabajan”, adelantó que su propuesta será “garantizar el derecho al primer empleo a través de becas del Estado”.

Sobre el contrato social amplio
“La idea de un nuevo contrato de ciudadana social supone unir voluntades y articular al estado con las fuerzas políticas, los sectores productivos, loas confederaciones de trabajadores y los movimientos que incluyen al feminismo, a la juventud y al ambientalismo, sumando el entramado científico y académico”, sintetizó.
El presidente dijo que son esenciales “las medidas económicas y sociales que comiencen a revertir en rumbo estructural”. “Trabajadores, empresarios, representantes de campo para la puesta en marcha de acuerdos básicos de solidaridad en la emergencia para volver a encender los motores de nuestra economía”, subrayó.
En ese sentido, aclaró que lo primero deberá ser combatir los equilibrios macroeconómicos “para que la Argentina se encienda y pueda volver a caminar”. Sin embargo, aclaró el actual es “un sendero estrecho”, donde “no hay lugar para los dogmas mágicos ni pujas sectarias”.

Obra Pública y vivienda
Aseguró su total compromiso durante su gobierno de “garantizar la absoluta transparencia en la gestión de los recursos destinados a la obra pública”, al anunciar un sistema que transparentará todas las licitaciones públicas y permitirá a los ciudadanos “monitorear los avances y denunciar irregularidades”.
Al ponderar el nuevo Ministerio de Vivienda y Hábitat, destacó que “es inadmisible pensar que millones de argentinos no tengan un techo bajo el cual guarecerse”, por lo que creyó que era conveniente crear la nueva cartera “para dar solución a las carencias”.
10 de diciembre de 2019
Mauricio Macri se fue del Congreso sin saludar a Cristina Fernández de Kirchner

El expresidente de la Nación se marchó del recinto sin cruzar palabra con la vicepresidenta electa. Mirá el video.

El flamante expresidente de la Nación, Mauricio Macri, entregó sus atributos en el mediodía de este martes 10 de diciembre. Luego del acto protocolar, el ahora integrante de la oposición se marchó del recinto entre silbidos y abucheos por parte de los presentes. Sin embargo, hubo un detalle más: se fue sin saludar a la flamante vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner. Luego de darle la mano a Alberto Fernández y al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, Macri optó por dar la media vuelta y retirarse sin mediar palabra con quien fue su predecesora en el período 2007-2015. Así las cosas, el exmandatario dijo adiós con un 40% de pobreza y una falta de respeto hacia la vicepresidenta electa que se vio graficada en este hecho.
Más allá de todo, el Congreso se vistió de fiesta y alegría para lo que fue el emotivo regreso de peronismo al Poder Ejecutivo. Frente a la Casa Rosada se prepara una gran fiesta popular que comenzará a las 14 y terminará sobre la noche. Habrá artistas, bandas musicales y un cierre sorpresa.
El discurso de Alberto Fernández: la ética de las prioridades  

Alberto Fernández estructuró su discurso inaugural sobre la base cultural, filosófica, humanista que tiene en mente. Y tuvo hallazgos. Desplazó la palabra “grieta” para seguir hablando de “fracturas”. Y ya desde ahí posicionó su enunciación: no llega representando “a los del otro lado de la grieta” del oficialismo macrista. Se desmarcó. Estamos empezando otra cosa, una etapa en la que no se fomentarán los odios que tanto sirven para alimentar a las ultra derechas. En un tono no confrontativo pero perfectamente localizado en todos los avances de políticas que enunció, Alberto ya es un presidente con la marca de la etapa histórica que le toca. Evocando a Néstor Kirchner cuando propuso un contrato ciudadano social para encontrar grandes consensos en torno a las urgencias, y agregó que cada sector irá a discutir su “verdad relativa” en busca de alguna verdad superadora.
Otro hallazgo conceptual para describir qué camino conduce a ese nuevo contrato social, Alberto habló de “una ética de las prioridades”. Y siguió hablando del hambre. A quienes dijo que tiene en mente por la concepción que su gobierno tendrá de la justicia social, serán “los últimos”. Y es importante que ese concepto cale hondo, muy hondo, sobre todo si las cosas van bien. Porque en la experiencia del último gobierno de Cristina, amplios sectores que se habían beneficiado extensamente con las políticas inclusivas empezaron a querer “un cambio” antes de que un treinta por ciento de la población hubiera sacado la cabeza del barro.
Cada una de las cosas que de las que habló Alberto ayer están basadas en esta concepción de la “casa común”. Dijo muchos “nunca más”, y recibió aplausos fuertes. “Nunca más al secreto”, a los gastos reservados, al lawfare, a la política opaca que distribuye dádivas o amenazas, o al que compra la opinión de periodistas. También su visión geopolítica y su posición esbozada sobre cómo se llevará adelante la negociación por la deuda, confluyen en que los muertos no pagan, otro hito de Néstor. Pero esta vez, aplicada no sólo a los países, sino a la población argentina que no puede esperar más para recibir dedicación del Estado.
Alberto se convirtió ayer además en el primer presidente del mundo que, según dijo en uno de los tramos más aplaudidos, hará suya la consigna de NiUnaMenos. Su párrafo a favor de las mujeres y diversidad fue fascinante, por lo escaso de ese discurso en varones con poder.
Por su propuesta política y económica, por el contexto regional en el que llega, por la descomposición del modelo ortodoxo en todo el mundo, es posible que si Alberto cuenta con el apoyo activo del pueblo y de sectores comprometidos con este otro modelo, la Argentina pronto volverá a ser, como lo fue con los buitres en su momento, un caso testigo para el mundo, que hoy, en América, en Asia y en Europa, busca salir del laberinto neoliberal.
09 de diciembre de 2019
Definiciones del próximo jefe de gabinete a un día del cambio de gobierno

Santiago Cafiero: “Mañana cambia la visión del Estado”

El futuro jefe de Gabinete dijo que las medidas que pondrá en marcha Alberto Fernández no saldrán por decreto sino a partir de “la discusión plural y participativa del Parlamento”. Precisó que el primer paso será atender la emergencia alimentaria y adelantó reformas en materia impositiva, judicial y de inteligencia.

El futuro jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anticipó que las reformas impositiva, judicial y del aparato de inteligencia que prevé el gobierno de Alberto Fernández no saldrán por decreto sino por “la discusión plural y participativa del Parlamento”. “A partir de mañana cambia la visión del Estado”, remarcó el futuro ministro coordinador y anticipó que uno de los primeros pasos de gestión será “poner en práctica de la Ley de Emergencia Alimentaria” que la administración de Mauricio Macri no aplicó.
La puesta en marcha de la emergencia será posible porque, al estar aprobada por el Congreso, ya se puede “hacer una rápida readecuación (de partidas presupuestarias) para el tema del hambre”, explicó. “Las reformas serán a través del Parlamento –recalcó durante una entrevista por Radio 10-. En su momento las iremos comunicando y las enviaremos a las Cámaras para que haya discusión plural y participativa.”
De la misma manera, adelantó que la reforma impositiva también anunciada por el próximo presidente “será parte de un paquete económico más integral que se va a anunciar más adelante, no mañana”. Y en este sentido dejó clara la lógica que tendrá esa herramienta de la economía: “Los equilibrios fiscales son necesarios, pero sin equilibrios sociales no sirven”.
Además, Cafiero puntualizó que desde el primer momento en que Alberto Fernández asuma en la primera magistratura, “todos los recursos se enfocarán hacia las prioridades” que él adelantó para su gobierno, y las enumeró: “La lucha contra el hambre, la pobreza, la reconstrucción del tejido pyme y los comercios, y la recuperación del salario, las jubilaciones y pensiones”.
En el mismo sentido se refirió al fomento de la producción y a la necesidad de que haya “una baja en las tasas de referencia” porque “si no va a ser imposible producir”. “Lo único que han hecho (las tasas altas) es que gane la especulación sobre el empleo y la producción” y “esto se va a revertir a partir de mañana”, sentenció.
“Esa es la manda que nos dio Alberto, que cada ministerio adecúe las políticas que ejecuta a partir de las prioridades que definió en la campaña”, puntualizó el dirigente peronista que a partir del 10 de diciembre será el coordinador de las carteras de la nueva coalición gobernante.
Asimismo, el dirigente procuró diferenciar la impronta de trabajo de los futuros ministros respecto del gabinete saliente. “No queremos ser el mejor equipo de los últimos 50 años, queremos ser un gabinete capaz” de “cambiarle todos los días la calidad de vida a los argentinos”.
Además, reconoció que el próximo gobierno concitó “muchas más expectativas que los votos que conseguimos” en los comicios de octubre y remarcó que, a pesar del diálogo con el gobierno saliente, “no perdemos de vista el diagnóstico” de lo que ocurrió en los últimos cuatro años. “Somos profundamente democráticos y sabemos que hay que tirar para adelante, pero no se nos escapa que hay 5 millones de pobres por este plan económico de este gobierno que no supo resolver ninguno de estos problemas”, indicó.
Un párrafo aparte le dedicó al triunfo de la oposición al macrismo en el club Boca Juniors. Según Cafiero, esa derrota no solo ocurrió por la baja cosecha en lo deportivo durante la gestión de Daniel Angelici, sino porque el modelo macrista “fue muy soberbio en todos los ámbitos: en la ciudad, en Boca y en Nación. Y la gente se cansa. El hincha de Boca se cansó de una gestión que no escucha a los socios. Es un modelo de gestión que está pagando” esa soberbia, concluyó.
09 de diciembre de 2019
Renunció Patricia Bullrich y todo el gabinete de Mauricio Macri

Las renuncias se harán efectivas desde mañana, cuando asuma el nuevo presidente de la Nación, Alberto Fernández.  

El gabinete completo de Mauricio Macri presentó su renuncia a sus cargos. En todos los casos, se harán efectivas el próximo 10 de diciembre, con la asunción del presidente electo Alberto Fernández, quien ya anunció los nombres de los ministros y ministras que lo acompañarán al inicio de su gestión.
Todas fueron publicadas en el Boletín Oficial. Allí figuran el fin de la gestión para los funcionarios de jefatura de Gabinete, el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de Justicia, Germán Garavano, Defensa, Oscar Aguad, Educación, Alejandro Finocchiaro, Producción y Trabajo, Dante Sica, Cancillería, Joge Faurie, Transporte, Guillermo Dietrich, Interior, Rogelio Frigerio y Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley.
La renuncia masiva de funcionarios tiene un fin despejar el camino para la llegada de los nuevos ministros, que Alberto Fernández presentó en una conferencia de prensa el pasado viernes. Allí, anunció un gabinete de 21 ministros y ministras, que será comandado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.
Entre los nombres más destacados están el de Economía, Martín Guzmán, Salud, Ginés González García, Seguridad, Sabina Fréderic, Interior, Wado De Pedro, Ciencia, Roberto Salvarezza y Claudio Moroni en Trabajo.
Para su asunción, Alberto Fernández se reunió con Horacio Rodríguez Larreta y acordó el retiro de las rejas que dividían la Plaza de Mayo. El peronismo prepara una masiva movilización popular al centro porteño para recibir al flamante gobierno.

Misa junto a Macri
Además, el presidente electo estuvo en una misa en Luján junto al mandatario saliente. Allí, afirmó que "el secreto es respetarnos, no pensar igual", al finalizar la misa por la "paz y la unidad" en la Basílica de Luján.
"Fue una misa muy emotiva y muy linda. Es una aprendizaje para todos los argentinos, llegó la hora de estar juntos para siempre. Debemos respetarnos, el secreto es respetarnos, no pensar igual", enfatizó Fernández al retirarse de la celebración religiosa junto a su pareja, Fabiola Yañez.
06 de diciembre de 2019
El presidente electo lo presentará en unas horas

El gabinete de Fernández: veinte ministros para una tarea complicada

Hará el anuncio en sus oficinas, con una explicación del porqué de cada designación y detallará cuáles son las secretarías que serán rejerarquizadas. La mayoría de los nombres ya fueron confirmados, pero el gran misterio sigue estando en Economía. A las 18 horas se conocerá la lista definitiva.  

En lo que podría considerarse el primero de los actos de la transición de gobierno que asumirá el martes, Alberto Fernández anunciará este viernes su gabinete, que será bastante más numeroso que el actual: habrá un jefe de Gabinete y 20 ministros entre las áreas que el macrismo redujo a secretarías y ahora serán rejerarquizadas y los ministerios nuevos. La expectativa está puesta en quiénes serán los encargados de manejar las carteras de Economía y de Producción -se llamaría Desarrollo Produtivo-, sobre las que hay algunas especulaciones, pero pocas certezas. La presentación se hará en las oficinas de Puerto Madero y el futuro presidente irá revelando de a uno los ministros y explicará los motivos de su elección.
En los últimos días, Fernández adelantó algunos de los nombres. El primero fue el de quien será el ministro de Salud, Ginés González García, quien ya ocupó ese cargo entre 2002 y 2007. El presidente electo había asegurado que su intención era no repetir ministros de anteriores gestiones, pero contó que en el caso de Salud no veía ningún reemplazo que le pudiera asegurar la misma capacidad de Ginés, dada la gravedad que adquirió la situación sanitaria, con la reaparición de enfermedades que se creían superadas.
Algo similar le ocurrió con Agustín Rossi en el ministerio de Defensa, a quien también confirmó durante su encuentro con los diputados del bloque del Frente de Todos. "Les tengo que robar al jefe de bloque", avisó. La conducción política para las fuerzas armadas adquirió nueva relevancia a partir de los hechos que vienen ocurriendo en la región. La tercera confirmación sucedió ayer cuando Felipe Solá fue presentado como futuro canciller en el encuentro que Alberto Fernández mantuvo con una delegación de diputados brasileños encabezada por el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia. También fue ratificado Daniel Scioli como el próximo embajador en Brasil.
Casi todo el resto se daba como un hecho. Santiago Cafiero ocuparía la jefatura de Gabinete y como su vice iría la economista Cecilia Todesca, según lo que circuló ayer. Eduardo "Wado" de Pedro será el ministro "político" a cargo del ministerio del Interior. Daniel Arroyo encabezará el ministro de Desarrollo Social y Victoria Tolosa Paz cumplirá un rol destacado en la aplicación del Plan contra el Hambre. Claudio Moroni será el ministro de Trabajo y Marcela Losardo la de Justicia, ambos de estrecha confianza con Fernández con quien incluso compartieron la función pública en algún momento. El intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, se encargará de la cartera de Obra Pública en tanto que el ex intendente de Junín, Mario Meoni, representante del massismo, ocupará Transporte, que se mantendrá como ministerio.
También seguirá como ministerio Agricultura, a cargo del diputado formoseño Luis Basterra, en tanto que Seguridad lo ocupará la antropóloga Sabina Frederic. En ambos casos se trató de designaciones conocidas recién en los últimos días. En cuanto al área educativa, el rector de la UMET, Nicolás Trotta, se hará cargo de Educación y tendrá como vice a Adriana Puiggrós. Cultura la manejará el cineasta Tristán Bauer y Ciencia y Teconología, el ex titular del Conicet Roberto Salvarezza. En Turismo y Deportes trabajará el ex candidato a jefe de gobierno Matías Lammens y Medio Ambiente -que también volverá a ser ministerio- estará encabezado por el diputado Juan Cabandié.
Los dos ministerios totalmente nuevos quedarán en manos de mujeres. En Equidad y Género estará la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y en Vivienda y Hábitat la rosarina María Eugenia Bielsa.
Hasta allí, más allá de los imprevistos de último momento que siempre pueden ocurrir, está todo confirmado. Las únicas dudas persisten por el lado de la economía. Todo indica que Matías Kulfas se hará cargo de Desarrollo Productivo, un súper ministerio con varias secretarías de peso como Minería, Energía, Comercio, Pymes e Industria. En tanto, Economía -que abarcaría las secretarías de Hacienda y de Finanzas- no tiene un dueño definido aunque las mayores posibilidades irían por el lado de Martín Guzmán, discípulo del Nobel Joseph Stiglitz, con varios papers académicos escritos sobre el tema de la deuda. Justamente, algunos le achacan su falta de experiencia en gestión como para asumir un ministerio tan caliente y por eso había quienes aún le ponían alguna ficha a que Roberto Lavagna tuviera algún lugar.
Por fortuna, luego de la larga espera de meses, con nombres supuestamente puestos que luego quedaron en el camino, sólo quedan unas horas para que Alberto Fernández difunda la lista definitiva. Y, a partir de ahí, lo más importante, conocer sus planes para sacar al país de la crítica situación en la que se encuentra.
05 de diciembre de 2019
Espía de la causa Nisman denuncia que Marcos Peña le dio un guión para encarcelar a Cristina Kirchner

Alan Bogado afirmó que sus abogados se reunieron en la Quinta de Olivos y le entregaron un guión para que declare ante Bonadio.

Alan Bogado, el espía denunciado por el fiscal Alberto Nisman por presuntamente encubrir el atentado a la AMIA, afirmó que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis, le entregaron en la Quinta de Olivos a sus abogados un guión con las declaraciones que tenía que dar ante el juez federal, Claudio Bonadio, por la causa del Memorándum con Irán. Bogado además afirmó que un alto dirigente de Cambiemos le dijo que el objetivo de reabrir la causa por la denuncia de Nisman eran encarcelar a Cristina Kirchner.
Bogado explicó que no fue detenido porque un dirigente de Cambiemos le facilitó la operación política: declarar en la causa del Memorándum para complicar a ex funcionarios del Kirchnerismo. "En su momento un alto dirigente de Cambiemos muy amigo mío me dice que se va a reabrir la causa y el objetivo era meter presa a Cristina Kirchner, Zannini, Parrilli, (el ex subdirector de Inteligencia, Martín) Mena. La primera etapa eran las detenciones de funcionarios de menor nivel como D´Elía, Esteche y Khalil. Me dice ´hay una forma, yo te puedo contactar con gente del Gobierno que te podrían facilitar tu situación judicial, dependiendo de las declaraciones que vayas a dar´", sostuvo.
El ex espía afirmó que sus abogados se reunieron con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el entonces secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis. A los abogados del ex espía le dieron un guión que debería declarar ante el juez Claudio Bonadio. "Debíamos insertar el tema nuclear a nivel mundial", afirmó el espía quien contó que debió leer el guión ante Claudio Bonadio debido a que no sabía nada acerca de energía nuclear. "Me sorprendió que no dijeran nada de que leía. Bonadio estaba parado", recordó.
Quién es Allan Bogado, el espía que expuso a Marcos Peña
Bogado fue el único que no quedó preso con prisión preventiva de un grupo que fue acusado por Nisman de haber conspirado en contra de la Argentina y a favor de Irán. Los dirigentes Luis D´Elía y Fernando Esteche fueron detenidos al igual que el comerciante Yussuf Khalil. El ex espía sostuvo que no fue preso por haber cumplido con el guión que les dio Marcos Peña.


05 de diciembre de 2019
La estrategia para ocultar las maniobras con los "arrepentidos"

Mauricio Macri apura su Agencia de protección de testigos  

Luego de crear por DNU al organismo, el Gobierno armó una reunión del consejo consultivo que lo comandará. Lo hizo a pesar del rechazo de seis jueces de Casación, que giraron la polémica a la Corte Suprema. Cambiemos busca que los arrepentidos no queden bajo la órbita del nuevo gobierno porque podrían conocerse las maniobras en el armado de causas.

En un nuevo gesto de desesperación, el Gobierno armó una reunión del consejo consultivo que designó para comandar la Agencia de Protección de Testigos e Imputados , creada por DNU el viernes último para evitar que los arrepentidos que declararon contra funcionarios del kirchnerismo queden bajo control exclusivo de las autoridades que asumirán la semana próxima. Todo apunta a que el principal objetivo de este órgano es ocultar maniobras que se hicieron con “imputados colaboradores ” en el armado de causas. Lo llamativo del encuentro es que se hizo a pesar de la oposición a la creación de esta agencia que dejaron plasmada por escrito seis jueces de la Cámara de Casación Penal Federal (cuatro de ellos con advertencias expresas sobre su posible inconstitucionalidad), que a la vez giraron la polémica a la Corte Suprema. Tampoco había sido consultado el equipo de Alberto Fernández.
Según un acta a la que accedió Página/12, la reunión fue convocada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, y asistieron los miembros del consejo consultivo que la Casa Rosada eligió. El DNU que creó la agencia decía que se “invita” a presidir el consejo al presidente de la Cámara de Casación. Luego definía que también lo integran el Procurador General, el Secretario de Seguridad y el funcionario que dirigía hasta ahora el programa de protección de testigos. El verbo “invitar” tiene una razón de ser en el decreto: preveía la posibilidad de que Carlos Mahiques –un juez afín al macrismo—tuviera que dejar la presidencia de Casación pero pudiera seguir en el consejo por delegación. En efecto, hace unas horas la nueva presidenta de la Cámara es Angela Ledesma. El acta del consejo consultivo dice que Mahiques en la reunión explicó que sus compañeros de tribunal le pidieron, precisamente, que propusiera la designación de un representante, que según quedó flotando sería él mismo. Sin embargo, esto fue desmentido ante este diario por otros/as jueces/as de Casación.
No se trata sólo de una disputa por figurar. El plan original del gobierno de Macri era crear la agencia para testigos protegidos pero que estuviera exclusivamente a cargo de la Cámara de Casación, o sea, totalmente fuera de la órbita del nuevo Poder Ejecutivo. El plan había sido conversado con Mahiques, ex ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, que llegó el tribunal penal por un “traslado”, a dedo, sin concurso. Pero tanto Casación como la Corte Suprema anticiparon su oposición a este cambio. La salida que encontró Garavano fue una mixtura, donde –de todos modos-- el presidente de Casación tendría especial peso. Además, es clave, porque continuará cuando termine el gobierno. Igual que, al menos por un tiempo, el procurador interino Eduardo Casal, otro integrante del consejo que estuvo en la reunión. Los otros dos son el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, y el director del programa de protección de testigos, Francisco Lagos.
El acta dice que todos los presentes se llevaron documentación muy relevante con todas las acciones del programa de protección de testigos, resoluciones y convenios. En su origen, el sistema sólo era para dar cuidado a testigos, y pocos le daban relevancia; pero con la aprobación de la ley del arrepentido empezó a abarcar a los imputados que apelan a esa figura para conseguir ser excarcelados y aspirar a una pena baja. La realidad es que el gobierno de Macri tuvo un papel muy activo en la captación de arrepentidos y, en algunos casos, en su preparación con guiones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como fue denunciado –por ejemplo-- con respecto a Leonardo Fariña, para que apuntaran especialmente a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y determinaran que ex funcionarios fueran encarcelados. A cambio recibieron vivienda, dinero, servicios y todo lo necesario para vivir.
El temor oficial es que se conozcan detalles de cómo fueron construidas sus declaraciones, si hubo presiones, indicaciones, amenazas y cómo sucedieron. El programa de testigos protegidos tiene más de 200 personas a cargo, pero los que le importan al macrismo son un puñado: el chofer Oscar Centeno, el contador Víctor Manzanares, el ex secretario de Obras Públicas José López, Alejandro Vandenbroele en el caso Ciccone que llevó a prisión Amado Boudou. Fariña se anticipó y se salió de este sistema días atrás. Ahora se sumó a trabajar en el estudio que defiende a Manzanares.
El Gobierno apuró la puesta en funcionamiento de la nueva agencia autónoma sin importar que la Cámara de Casación advirtió que el DNU posiblemente sea inconstitucional. Por lo pronto, sostenía el tribunal, el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas y para justificar la necesidad y urgencia invocó “circunstancias manifiestamente inexistentes”. Además, señalaba que un DNU no puede avanzar sobre materia penal.
Otra de las razones de la urgencia tiene que ver con las 50 designaciones que están previstas, que serían utilizadas por el Gobierno para ubicar gente propia para después del 10 de diciembre. Casación, por su parte, le giró el tema a la Corte Suprema, que no tiene previsto pronunciarse al respecto por ahora. Las futuras autoridades saben perfectamente bien que un decreto así se puede anular con otro nuevo, un factor que hace más insólito el apuro del oficialismo.
05 de diciembre de 2019
Macri de Fiesta mientras el país se hunde
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05 de diciembre de 2019
Denuncian al pdte. argentino Mauricio Macri por préstamo del FMI


04 de diciembre de 2019
Rossi y Sergio Maldonado también cuestionaron el regalo de Gendarmería a Bullrich

Alberto Fernández: "Nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal"

El presidente electo Alberto Fernández, Sergio Maldonado y el diputado Agustín Rossi, probable ministro de Defensa del próximo gobierno, destacaron el mensaje implícito de los gendarmes a la ministra saliente.  

Se va provocando, tal como llegó. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recibió ayer un reconocimiento explícito a su labor de parte de Gendarmería Nacional, fuerza a la que encubrió durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado.
El hermano del artesano y mochilero anarquista que había acudido a la comunidad de Cushamen a manifestar su solidaridad con el pueblo mapuche subrayó que, a través del mensaje "no voy a tirar un gendarme por la ventana", grabado en el sable que le entregó Gendarmería ayer a Bullrich, esa fuerza de seguridad le está enviando un mensaje cuasi mafioso a la funcionaria. "Gendarmería le recuerda que 'lo que dijiste seguí sosteniéndolo' (...) una cosa es que lo diga una ministra desquiciada como es Bullrich y otra cosa es que lo diga Gendarmería", afirmó
El 16 de agosto de 2017, dos semanas después de que Santiago Maldonado desapareciera, la ministra Bullrich, al responder en el Senado acerca de la actuación del comandante Fabián Méndez, jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, respondió "No voy a cometer la injusticia de tirar un gendarme por la ventana para sacarme responsabilidades, me la banco yo". Ayer, los verdeoliva le devolvieron la gentileza obsequiándole un sable con esas palabras grabadas, y la propia ministra difundió el video, con subtítulos incluidos.
"La Gendarmería oyó o le gustó lo que dijo Bullrich cuando les propuso mano dura o impunidad. Lo que no saben es que cuando tengan que pagar las consecuencias por la mano dura, Bullrich va a estar presidiendo el PRO, no va a hacerse cargo de esos hechos", enfatizó el presidente electo Alberto Fernández. El futuro mandatario cuestionó la inscripción del sable: "Nadie quiere tirar un gendarme por la ventana, ni nadie quiere ser cómplice de un gendarme que actuó mal", indicó. "Hubiera sido mejor que le regalen un sable, pero sin esa inscripción. Cuando le dicen ´dispará aunque estén de espaldas´, eso al oído del gendarme suena espléndido, pero después los que pagan no son los que dieron las órdenes", resaltó Fernández.
En esa misma línea se expresó el todavía diputado Agustín Rossi. "Vale la pena hacer una reflexión y quiero dirigirme a todos los miembros de las fuerzas de seguridad y a los familiares: Bullrich se lleva el sable, se va a presidir el PRO, pero las denuncias se las queda Gendarmería", sostuvo el dirigente peronista. Antes de ingresar al Congreso para la sesión de jura de los nuevos legisladores, el santafesino advirtió que "si mañana hay responsables, se comprueba que hay violaciones de los derechos humanos, actuaciones indebidas que incumplan las leyes y los reglamentos, los que van a pagar penalmente son los hombres y mujeres de la Gendarmería".
El mayor de los hermanos Maldonado confesó que le costó aceptar que el regalo fuera verdad. "No podía ser. La realidad supera a la ficción. En el momento me costó... el grado de impunidad y sarcasmo con que se manejan. Sobre todo desde un lugar institucional en que tienen que tener cierto cuidado. No pueden decir y hacer las cosas que hacen tan libremente", añadió. "Habrá que hacer un trabajo muy grande y de fondo para ver cómo se revierte", advirtió el hermano del joven artesano muerto, a la vez que le pidió al futuro mandatario Alberto Fernández que "los subordine (a los integrantes de las fuerzas de Seguridad) para que bajen un cambio".
El debut de la ministra Bullrich había sido en diciembre de 2015 cuando ordenó reprimir a los trabajadores despedidos de Cresta Roja que cortaban la Autopista Ricchieri. En aquella oportunidad justificó los balazos de goma contra los manifestantes con un comunicado oficial en el que expresó que buscaban frenar a "un infiltrado del PO que pretendía copar el Aeropuerto de Ezeiza". Todo un estilo.
Fernández, Rossi y Maldonado hicieron declaraciones a El Destape, Futuröck y C5N.
03 de diciembre de 2019
“Lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso, impecable”

Alberto Fernández destacó el alegato de Cristina Kirchner   

El presidente electo se refirió a la declaración indagatoria que brindó su vice y aseguró: "Fue uno de los mejores alegatos defensistas que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos". Dijo que la causa Vialidad es "vergonzosa" y se basa en "no tener idea de cómo funciona el Estado".

El presidente electo Alberto Fernández opinó sobre la declaración que dio este lunes su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner , en la causa por presuntas irregularidades en la obra pública destinada a la provincia de Santa Cruz cuando CFK era jefa de Estado.
"Lo que vi ayer fue un acto de defensa maravilloso, impecable. Uno de los mejores alegatos defensistas que vi en mi vida, que dejó a los jueces mudos. No era una mujer furibunda, era una mujer que se estaba defendiendo", sostuvo Fernández en diálogo con Radio Metro.
Sobre la causa Vialidad, consideró que involucrarla a Cristina Kirchner "es vergonzoso". "Es no tener idea de cómo funciona el Estado, es no tener idea de cómo se resuelven y ejecutan las obras públicas", planteó. "Técnicamente es un disparate todo lo que han hecho con Cristina", completó.
Fernández también se refirió al pasaje en el que CFK habló mencionó que los jueces tendrían que citarlo a él, que fue jefe de Gabinete entre 2003 y 2002. "Dijo una obviedad. El que administra el estado es el jefe de Gabinete", explicó el presidente electo y agregó: "Cristina demostró la incoherencia del tribunal, no me involucró a mí".
Ayer Fernández de Kirchner habló durante casi cuatro horas ante el Tribunal Oral Federal 2, que más temprano rechazó que su indagatoria fuera transmitida en vivo. La expresidenta aseguró: "Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner. Por eso estoy sentada acá".
En su alegato, CFK acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido “el auxilio invaluable” del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
03 de diciembre de 2019
La causa armada contra Cristina Kirchner, punto por punto

El expediente sobre las obras viales en Santa Cruz corrobora los argumentos de CFK, con acusaciones que llegan a lo insólito.

La lectura del expediente sobre las obras viales en Santa Cruz le da toda la razón a Cristina Fernández de Kirchner: una causa armada, un ejemplo de la lawfare, la utilización de la justicia contra los dirigentes populares.


1.- Mauricio Macri asumió el 10 de diciembre de 2015, pero no nombró director de Vialidad hasta el 15 de enero de 2016. El entonces ex candidato a intendente de General Sarmiento, Javier Iguacel, furioso anti-K, asumió ese día. El 16 de enero, o sea al día siguiente de asumir, ordenó una auditoría. ¿En los 24 distritos del país? No, en uno solo. Santa Cruz. El objetivo estaba claro: ir contra la ex presidenta.

2.- Una acusación inicial fue que a Santa Cruz se le adjudicaron 81 obras en rutas. Según los fiscales, demasiado, 14.000 millones de pesos, comparado con Córdoba que recibió obras viales por 10.000 millones. Pero eso fue votado en el Congreso Nacional, en la ley de presupuesto: fue una decisión política. Es que Santa Cruz tiene el 10 por ciento de la superficie argentina, con pocos habitantes y tenía un considerable atraso en rutas. Aún así, no recibió una parte desproporcionada: el 11 por ciento de la obra vial nacional.

3.- La Auditoría de Vialidad, realizada por el macrismo con dos ingenieros y un contador, designados los tres por el gobierno entrante, dejó algunas cosas clarísimas. Ni Lázaro Báez ni ningún empresario cobraron obras que no se hayan hecho; las obras estaban bien hechas, incluso mejor de lo que señalaba el pliego. La auditoría sostuvo que la diferencia entre lo pagado y lo hecho fue de 0,1 por ciento, lo habitual en todos los distritos. O sea, aquellas acusaciones que se difundieron por todos los medios de que se pagaron obras que no se hicieron o que hubo obras que no se terminaron, naufragaron en forma total y no son ni siquiera hoy materia de acusación.

4.- La auditoría estableció que las demoras registradas no se debieron a razones atribuibles a las constructoras sino que aparecían caños petroleros o de gas, o cables eléctricos o telefónicos que había que correr y eso llevaba un tiempo. O circunstancias climáticas que impidieron trabajar o terrenos que los municipios no habían expropiado. La auditoría también consignó que es lo que sucede en la mayoría de las obras del país.

5.- Otra imputación neurálgica fue que empresas en las que Lázaro Báez era accionista se adjudicaron 51 de las 81 obras. Esto es algo que se repite en numerosas provincias: empresas que tienen el personal (miles de trabajadores), la maquinaria adecuada y ganan la mayor parte de las licitaciones porque juegan de locales: no tienen que trasladar ni la gente ni las máquinas. Y menos todavía a 1.800 kilómetros, como sucede con Santa Cruz, con trabajos en condiciones climáticas muy difíciles.

6.- Las 51 obras fueron motivo de licitaciones en las que participaron otras empresas --algunas de las más grandes del país-- que no radicaron denuncias por irregularidades en esos concursos. No se puede argumentar cartelización porque, justamente, Lázaro Báez era un adversario de la Cámara de la Construcción. Además, el santacruceño casi no ganó ninguna licitación fuera de su provincia y, para colmo, perdió la licitación más importante de Santa Cruz: la de las dos represas Condor Cliff y Barrancosa (Cepernic y Kirchner), la obra más importante financiada por China fuera de China.

7.- A lo largo de tres años, los jueces y fiscales se negaron a hacer una peritaje para evaluar lo único que quedaba pendiente: la existencia o no de sobreprecios. Finalmente el tribunal ordenó un estudio, pero de sólo cinco obras, porque no había capacidad para analizar las 51 obras cuestionadas. Esto ya demuestra la desesperación por condenar, porque alguno de los imputados no tuvieron nada que ver con esas cinco obras y entonces van a resolver si son culpables o inocentes teniendo como parámetro obras en las que no participaron o que ni siquiera se construyeron cuando eran funcionarios.
Para redondear la jugada, los jueces nombraron como perito oficial al ingeniero Eloy Bona, quien registraba tweets groseros contra CFK. La defensa, a cargo de Alberto Beraldi, recusó al perito, pero el tribunal sostuvo que los tweets no eran suficientes para apartar al profesional.

8.- Aún así, una parte de la pericia se firmó de manera unánime: se dictaminó que no hubo sobreprecios en las redeterminaciones ni en los rediseños de las obras. Se habla de redeterminación cuando hay inflación y el valor de la obra debe actualizarse. Se realiza aplicando un decreto de la época de Eduardo Duhalde, o sea que se aplican índices que tienen que ver con los precios de la construcción.
Tampoco hubo sobreprecios cuando, por ejemplo, se encontró un obstáculo y hubo que rediseñar el trazado. Esta también era una gran bandera de los denunciadores que hablaban de que se pagaron valores siderales con los cambios. La realidad es que los rediseños y las redeterminaciones fueron mucho menores a las realizadas en las obras del macrismo en estos cuatro años.

9.- Lo que queda como disputa en el juicio es la existencia o no de sobreprecios iniciales de las obras. El argumento debería caerse en sí mismo porque hubo licitaciones y cada empresa podía ofertar. Sin embargo, cuando los tres peritos tenían un acuerdo para firmar de manera unánime, apareció Bona con su propio dictamen sosteniendo que hubo sobreprecios en los pliegos originales. El perito oficial puso sobre la mesa, de manera sorpresiva, la oferta que se hizo por tres tramos de la ruta 3, una vez que le quitaron la obra a las empresas de Lázaro Báez. Los tres tramos fueron adjudicados a CPC, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa, que ya hostigada por el nuevo gobierno, decidió hacer una oferta fuerte, por debajo del precio de la licitación, para quedarse con la obra.
Pero lo asombroso fue lo que ocurrió después: CPC tuvo la obra ocho meses y perdió 100 millones de pesos. La consecuencia fue que la abandonó, se la devolvió al Estado. Y está abandonada hasta ahora, deteriorándose. Pese a esos elementos, quieren tomar la oferta de CPC como parámetro. Es otro ingrediente del lawfare. Esta será la polémica central que aún queda.

10.- Desde el punto de vista estrictamente judicial, hay que tener en cuenta que las obras se votaron en el Congreso y luego se licitaron y adjudicaron en Santa Cruz. El control también fue provincial y los certificados de obra, con los cuales se fue cobrando, igualmente tenían firma de los funcionarios santacruceños. El Estado nacional financiaba, pero la ejecución era provincial. Había un control nacional, principalmente a raíz de denuncias o de controversias y en ocasiones por muestreo.
Todo esto demuestra que un presidente tiene una cantidad enorme de instancias y de firmas que se sitúan entre una obra y sus decisiones. Desde ya toda la estructura provincial, desde los inspectores, secretarios y ministros, hasta el gobernador. Y luego la estructura nacional, también de inspectores, secretarios, ministros y hasta el jefe de Gabinete que es quien ejecuta el presupuesto y redirecciona fondos cuando es necesario. O sea que ningún presidente está en contacto directo con una obra.
Lo que exhibe la lawfare en esta causa es que ningún gobernador de Santa Cruz ni ningún jefe de Gabinete fue imputado. El objetivo era la ex presidenta y adjudicarle a la mandataria ser la cabeza de una asociación ilícita. No pueden exhibir ni una firma ni una orden sobre las obras, porque nada de eso existe. Entonces emparentan la asociación ilícita con el gobierno, porque a falta de pruebas, lo único posible es condenar a la totalidad de un gobierno.
La ex presidenta declaró y acusó al que llamó "tribunal del lawfare"

Cristina Kirchner: "Preguntas van a tener que contestar ustedes"

En un alegato histórico, la vicepresidenta electa ejerció su defensa durante cuatro horas. "Había que condenar a un gobierno, el de Néstor Kirchner. Por eso estoy sentada acá", aseguró.

Cuando en los próximos años alguien recorra los tribunales de Comodoro Py, es probable que todavía escuche en los pasillos alguna conversación que rememore aquella vez en que Cristina Fernández de Kirchner declaró por primera vez como imputada en un juicio oral. Tal es el destino histórico del alegato de defensa de la vicepresidenta electa en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en la Provincia de Santa Cruz. Por su potencia política, argumental y de coyuntura -a sólo ocho días de asumir- las palabras de CFK atravesaron las paredes de la sala de audiencias, a pesar de la negativa para que sean transmitidas en vivo y en directo. En un tono vehemente, mirando a los ojos y por momentos señalando a jueces, fiscales y querellantes, la senadora acusó a un sector de la Justicia Federal de haber sido “el auxilio invaluable” del Gobierno de Mauricio Macri, para ejecutar el lawfare y la persecución política de dirigentes, ex funcionarios y empresarios.
“Había que condenar a un gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que nos desendeudó era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá, disparó sobre el final . Durante su exposición, desarticuló y respondió los puntos principales de la acusación y denunció que nunca le permitieron presentar pruebas para rebatir “las mentiras” de lo que denunció como un “plan sistemático” en su contra. “Seguramente tienen la condena escrita. No me interesa. Yo he elegido la historia. A mí me va a absolver la historia”, les dijo a los jueces.
Llegó acompañada por dirigentes como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Jorge Taiana, Leopoldo Moreau y Mariano Recalde. Cuando subió al banquillo de los acusados, sacó una carpeta con numerosos papeles y expedientes. Apoyada por jurisprudencia, fallos anteriores y cifras exactas, ejerció su defensa por casi cuatro horas. Sin cuarto intermedio, ante la atención y mirada de una sala repleta y en absoluto silencio, la declaración fue oscilando entre dos andariveles centrales. Por un lado hizo un alegato netamente político, en el que argumentó por qué afirma que ella, sus hijos y el fallecido expresidente Néstor Kirchner fueron y son víctimas del lawfare. Por otra parte, recorrió los argumentos jurídicos con los que rebatió los puntos centrales de la acusación.

Lawfare puro
La ex presidenta recordó que fue por orden de un juez que su mandato tuvo que terminar un día antes de los establecido. “Me tuve que ir el 9 de diciembre a las 12 de la noche, como Cenicienta. Después la prensa decía, Cristina no quiso entregarle los atributos al nuevo Presidente”. Y elevando el tono de voz expresó: “¡No me dejaron! ¡Yo quería ir a la Asamblea Legislativa!”. Esa fue, denunció, la primera evidencia del inicio del lawfare.
Luego hizo referencia al accionar de los organismos que dependen del Poder Ejecutivo y son querellantes en las diferentes causas judiciales. Cuestionó a la Oficina Anticorrupción, en la cual se modificó una normativa para permitir que asumiera Laura Alonso como titular, y a la Unidad de Información Financiera, a cargo de Mariano Federici, “un ex funcionario del FMI” que además “viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido investigada mundialmente por lavado de dinero", denunció. También mencionó a la AFI y al espionaje ilegal ventilado en el juzgado de Dolores, donde se demostró que Leonardo Fariña fue entrenado para que declarase en contra de ella y la involucrara en delitos de corrupción.
“Todo esto es una clase magistral del lawfare puro", sintentizó CFK. Al recordar el dictamen del relator para la independencia judicial de la ONU, Diego García Sayán, afirmó que se trató de “un plan sistemático” orquestado por “el actual Gobierno”, y enumeró lo que para ella constituyó parte de ese plan: sorteos dudosos de causas, – “debería jugar a la lotería. ¡Tengo una suerte cuando sortean jueces" Siempre me tocan Bonadío o Ercolini”, ironizó- designaciones a dedo –recordó sin nombrarlos a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi-, maniobras en el Consejo de la Magistratura. “Asistimos en vivo y en directo de la demora de un miembro del Consejo de la Magistratura para destituir a un colega de ustedes”, les recordó a los miembros del tribunal. “Les faltó encerrarlo en el baño", disparó.
Mirando a los ojos a los jueces del TOF2, Cristina denunció que es víctima de “una feroz e inédita persecución”. Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini fueron apuntados con el dedo de la ex Presidenta que -en tono muy elevado y ante una sala de audiencias perpleja- los responsabilizó de ser el brazo ejecutor de ese ensañamiento. “El gobierno que se va tenía una mesa judicial donde decidía quién iba preso, quién no iba preso y hasta qué empresario había que apretar para sacarle la empresa”, acusó. Luego recordó que por dos años ella no tuvo fueros por elección propia, “pero bastó que fuera electa senadora para que, tres días antes de asumir, me dictaran la prisión preventiva, que obviamente no podían ejecutar porque tenía fueros. ¿Qué decía entonces la construcción mediática? Cristina no va presa porque no tiene fueros", destacó.

Escuchas ilegales
En uno de los pasajes más vehementes, Cristina Kirchner recordó que las esuchas ilegales de las que fue víctima junto a su ex secretario Oscar Parrilli salieron de la Dajudeco, órgano creado durante el actual Gobierno para administrar las intervenciones telefónicas, bajo la responsabilidad de Martín Irurzun. "Irurzun te escucha e Irurzun te mete preso", sintetizó. Y señalando una vez más a los jueces, les dijo: “Y hay programas de televisión que anuncian, cual circo, la difusión de esas conversaciones, sin que a nadie de esta casa se le mueva un pelo, cuando son ustedes los responsables de las escuchas. "Si esto no es lawfare, ¿¡qué es?!", gritó.

Florencia y Máximo
La ex mandataria se quebró cuando recordó a su esposo y describió la situación de sus hijos. “Ni qué hablar de la persecución a mis hijos. Que cometieron un delito terrible. Ser los hijos de Néstor y Cristina kirchner. Mi hija, que le hicieron un fotomontaje con millones de dólares como si los hubiéramos robado. El dinero de la sucesión, de los plazos fijos, no estaba en ningún paraíso fiscal. Estaba en una cuenta de mi hija en el banco Galicia y pudo explicar que nunca se movió de ahí ese dinero”. Y con la voz quebrada, agregó: “mi hija tenía doce años cuando llegó a Olivos. Se fue de Olivos con 25 años, una hija –respiró profundo para poder seguir hablando- y un procesamiento como miembro de asociación ilícita”. Luego, reveló: “Siempre le digo a Florencia, tal vez para consolarla: imaginate lo que hubieran hecho con Perón y Evita si hubieran tenido hijos. Es el unico consuelo que puedo darle, después de todo lo que le han hecho”.

Derecho de defensa
La ex mandataria afirmó que fue violado el ejercicio de su defensa durante el proceso: “Nos encontramos con el rechazo de todos y cada uno de los recursos y planteos, tanto en la instrucción como en la oralidad”, dijo. Y denunció que ninguna de las medidas de prueba solicitadas por su abogado Carlos Beraldi para rebatir las acusaciones fueron aceptadas.

Imputada por "designar funcionarios"
“El hecho de que una persona tenga una empresa y sea amigo de otro, ¿es delito? ¿Cómo le llamarían, entonces, al empresario que se benefició con los tarifazos energéticos?”, preguntó. La vicepresidenta electa criticó que la imputación responda a "la designación de funcionarios" sobre lo que planteó que no es extraño que un presidente que antes fue gobernador traiga a funcionarios de su gestión anterior. Por ejemplo, el director de Vialidad Nacional. “¿Eso es un delito?”, preguntó irónica. “A los jueces y al fiscal les llama la atención que Nelson Periotti, extitular de Vialidad, haya sido designado en Nación. Pero a ningún juez se le ocurrió que fuera raro, por lo menos, que quien fue presidente de Shell pase a ser el nuevo titular de Energía, el que fija las tarifas de combustible”, comparó indignada. Elevando el tono de ironía, preguntó cuál habría sido su maniobra. “Confirmar a los funcionarios y no echarlos. Fallecido Néstor, 'la jefa' era yo”, dijo y reafirmó: “Para el fiscal la prueba de que yo continué la asociación ilícita es que mantuve a los funcionarios”.

Asociación Ilíctia
Con más ironía, Cristina se refirió en varias oportunidades a la acusación de ser “la jefa de la banda” y cuestionó la figura de asociación ilícita, que permite el dictado de la prisión preventiva: “cuando no se puede probar ninguno de los tipos penales de defraudación, incumplimientos, etc, te meten la asociación ilícita”. En este sentido, desarticuló uno de los principales absurdos de la investigación, que apunta a que la designación de partidas presupuestarias constituyó un delito cometido por “la banda”. En pleno momento de tensión en su declaración, dejó casi sin respirar al fiscal de juicio Diego Luciani, cuando lo miró y ren tono muy elevado le recordó la crisis institucional que provocó la resolución 125. “¿A donde estaban estos fiscales? ¿En un tupper? ¿En un frasco de mayonesa? ¿En dónde vivían?”, preguntó casi gritando. “Como si yo pudiera obligar a legisladores a votar tal o cual cosa”, agregó. Y señaló que con ese argumento, todos los diputados y senadores también deberían estar imputados.

Van a tener que llamar al Presidente
Al leer el inciso 8 del articulo 75 de la Constitución, recordó que las leyes de Presupuesto deben ser aprobadas por ambas Cámaras y que el máximo responsable de las partidas de dinero es el jefe de Gabinete. Y puso de manifiesto que ningún jefe de Gabinete de entonces fue llamado a declarar en la causa. “Van a tener un problema, porque si lo citan a quien fue el Jefe de Gabinete de 2003 a 2008, van a tener que citar al Presidente”, dijo, lo que generó un murmullo entre los presentes.

"El auxilio invaluable de Comodoro Py"
En el tramo más jurídico de su indagatoria, CFK recordó que “las obras no eran ejecutadas, ni licitadas a través de Vialidad Nacional. Eran con convenios con las administraciones provinciales y ejecutadas por los organismos provinciales de Vialidad”. Al dementir su amistad con Lázaro Báez, afirmó que la auditoría ordenada por el funcionario macrista Javier Iguacel determinó que no hubo sobreprecios en favor del empresario patagónico.
La futura vicepresidenta remarcó que cada vez que fue citada a declarar se presentó, incluso cuando fue citada para prestar ocho indagatorias en una misma mañana. Indignada, lo comparó con la postura tomada por el fiscal Carlos Stornelli que pasó nueve meses en rebeldía.“Hasta eso tuvimos que soportar. Utilizan la función como fiscales o jueces para cometer delitos”, afirmó. En este sentido CFK remarcó que Cambiemos llegó al gobierno “con el auxilio invaluable de Comodoro Py”.
Persecución contra los gobiernos populares
Hacia el final de su declaración, CFK se enfocó en el análisis político: “Esto pasa sólo con los gobierno peronistas”, evaluó. Visiblemente conmovida, agregó: “En el pasado, y en estos cuatro años”. En esta misma línea, planteó que a todo peronista con plata se lo considera corrupto. “Ahora, si no sos peronista pero sos multimillonario se te presume honesto”, cerró.
En el último tramo de su defensa, el clima intenso que dominó toda la delcaración llegó a su punto máximo: “La verdadera 'grieta' son “los intereses de millones de argentinos trabajadores, gente que duerme en la calle y las minorías que se empoderaron”, definió la ex presidenta. Y concluyó: “Había que condenar un Gobierno. El de Néstor Kirchner. Había que traer de vuelta al FMI. Y para eso había que convencer que el que les pagó, el que nos desendeudó, era un chorro. Por eso es que estoy sentada acá”.
Antes de finalizar, miró a los ojos a los jueces una vez más: “Este tribunal es el tribunal del lawfare y seguramente tiene la condena escrita. ¡No me interesa! Yo he elegido la Historia. A mí me absolvió la historia. Y a ustedes, seguramente los va a condenar la historia”. Una explosión inusual de apalusos rompió entonces el protocolo de la sala de audiencias. Cristina se levantó enérgica, juntó sus carpetas y caminó unos metros para irse. El presidente del Tribunal le dijo que tenía la opción de responder preguntas. Entonces, ella volvió sobre sus pasos y, sin sentarse nuevamente en el banquillo, tomó el micrófono y lanzó: “¿Preguntas? Preguntas van a tener que contestar ustedes”. Los aplausos volvieron y la acompañaron hasta salida.
02 de diciembre de 2019

La declaración de Cristina en Comodoro Py


02 de diciembre de 2019
Arrancó la audiencia y CFK empezó a declarar

La presentación de Cristina Kirchner en Comodoro Py, minuto a minuto

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presenta este lunes en los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

10:25 -- Sobre el rol de Laura Alonso y “el plan del gobierno”
En otro tramo de su declaración, CFK denunció que la acusación de “asociación ilícita”, con la figura de la expresidenta como “jefa de una banda” responde a un “plan del actual Gobierno”. También dijo que Cambiemos modificó una ley para que un funcionario pudiera hacerse cargo de la oficina anticorrupción, en alusión al cargo que ocupa Laura Alonso.
“En este juicio se dijo que Néstor Kirchner trasladó toda su estructura delictiva a la Nación, porque trajo al presidente de Vialidad Provincial Nelson Periotti a cargo de Vialidad Nacional. Por eso dicen que se armó una estructura delictiva", comparó.

10:10 -- CFK volvió a denunciar lawfare
La expresidenta empezó su declaración insistiendo con que la denegatoria de la transmisión es "una clase práctica del lawfare en la argentina llevado a cabo por este tribunal". "Esta causa que se conoce mediáticamente con el nombre de la causa de la corrupción de la obra pública tuvo una difusión mediática en vivo y en directa inédita", agregó CFK.
"Tengo una suerte cuando sortean jueces... siempre me tocan Bonadío o Ercolini. La verdad es que deberíamos revisar un poquito cómo se desarrollan los sorteos en Comodoro Py", dijo después la vicepresidenta electa.

10:00 -- La audiencia no será televisada
El Tribunal rechazó el pedido presentado por la defensa de CFK. Los jueces Gorini y Basso reiteraron sus argumentos y rechazaron el nuevo pedido de transmisión. Por su parte, Giménez Uriburu, en minoría, insistió en que es de interés publico y debe ser transmitido.

9:50 -- Arrancó la audiencia con apoyo de los imputados al pedido de CFK
Uno de los abogados de Julio De Vido, Gabriel Palmeiro pidió la palabra al inicio de la audiencia. Planteó que la posición de la defensa "no es obstáculo alguno ni se vería vulnerado el principio de igualdad" si la declaración de CFK fuera transmitida.
Es porque el Tribunal argumentó que no se podía hacer diferencia con el resto de los imputados, cuyas indagatorias no fueron transmitidas. El abogado de Periotti, Federico Paruolo también manifestó esa postura, "entendiendo que no perjudica en nada" la publicidad del acto.

9:30 -- LLegada
Cristina Kirchner llegó pasadas las 9:30 a Comodoro Py, acompañada por sus abogados.

9:10 -- En camino
Cristina Fernández de Kirchner salió rumbo a los tribunales de Comodoro Py.

8:00 -- La defensa solicitó nuevamente la transmisión en vivo
El abogado Carlos Beraldi solicitó nuevamente que la audiencia sea transmitida en vivo. “Dadas las garantías constitucionales vulneradas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, solicitó el abogado en un nuevo escrito.

7:30 -- La previa
En medio de un operativo especial de seguridad, por primera vez la vicepresidenta electa declara en el marco de un debate oral. De cara al Tribunal Oral Federal 2, CFK responde a las acusaciones y denuncia las “mentiras, difamaciones y descalificaciones” de las que fue víctima en el marco del proceso judicial que la tiene imputada por asociación ilícita. A pesar de la insistencia de su defensa, los jueces no autorizaron que la indagatoria sea transmitida por el Centro de Información Judicial.
02 de diciembre de 2019
Por las "garantías vulneradas" y la "gravedad institucional" del caso

Cristina Kirchner volvió a pedir que su declaracion sea televisada

La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó este mismo lunes un nuevo escrito para que el Tribunal Oral Federal 2 permita televisar su declaración indagatoria. Es el segundo que pedido en este sentido del abogado Carlos Beraldi en la causa que investiga supuestas irregularidades en la concesión de obra pública en Santa Cruz.
“Dadas las garantías constitucionales vulneradas y la gravedad institucional del caso, hago expresa reserva de acudir, de ser necesario, ante la Cámara Federal de Casación Penal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, pidió el abogado en esta nueva oportunidad.
Para la vicepresidenta electa, la causa que avanza en Comodoro Py es un caso "paradigmático de Lawfare en la Argentina". Antes de declarar, Fernández de Kirchner denunció que en la instrucción del proceso judicial se relataron todo tipo de "mentiras, difamaciones y descalificaciones" sobre su persona, que "fueron planificadamente publicadas y televisadas en vivo y en directo". El viernes pasado, los jueces Jorge Luciano Gorini y Andrés Fabián Basso rechazaron el pedido efectuado por la defensa para que se transmitiera en vivo la audiencia, aludiendo que ya había sido autorizada la transmisión de algunos actos, que no incluían la declaración de los imputados.
“La publicidad de determinadas etapas del debate no es equivalente a su transmisión en vivo”, remarcó el abogado en el nuevo pedido, presentado esta misma mañana. Para Beraldi, la transmisión en vivo de la audiencia es la única alternativa que garantiza que toda la comunidad “pueda conocer lo que va sucediendo en la audiencia de juicio, en forma directa y en tiempo real”.
El abogado recordó que la sala tiene capacidad limitada por lo que no hay lugar para que todos los medios interesados puedan hacer la cobertura. La defensa de CFK pidió que el tribunal haga lugar al recurso y, al mismo tiempo, que se revoque la resolución recurrida anteriormente.
02 de diciembre de 2019
Y se dicen republicanos…

Advertencia: esta nota no hablará de los seguros, probables u operados nombres del gabinete de Alberto Fernández.
Sí debe decirse que el lugar continuamente ocupado en los medios por las certezas o el humo, acerca de esos integrantes, no sólo responde a una expectativa lógica, ni a la buena información, ni a la necesidad de llenar espacio, ni a los intereses de quienes autopromueven sus candidatos o sus propios nombres (lo cual es asaz riesgoso por aquello de que el que suena, suena).
Hablar todos los días de lo mismo, casi con fruición, sirve a dos razones centrales que pueden ir en el siguiente orden o en el inverso.
A) Encontrarle el pelo al huevo para que cada figura circulante sea exprimida respecto de todas las contradicciones de su vida política y de todos los aspectos que reflejarían choques entre ambos Fernández.
B) Reemplazar con A) cualquier referencia principal al ominoso fin del gobierno de Macri, no ya por la crisis económica espantosa que deja en los flancos interno y externo sino, y sobre todo, en su reivindicación de haber protegido con decencia los valores republicanos.
Acerca de B), lo ocurrido la semana pasada cruzó límites de obscenidad pero sólo unos contados medios, entre los tradicionales con llegada nacional, dieron cuenta de este bochorno que debería avergonzar a -digámoslo así- algunas gentes de derechas susceptibles de mantener honestidad intelectual.
Los radicales orgánicos y quienes siguen reivindicándose como alfonsinistas sin que se les caiga la cara tras haber apoyado a pie juntillas este esperpento, ¿no tienen nada para decir sobre los enganchaditos de estos días?
Primero, Macri decretó un régimen especial para sus caciques de nivel secundario. Los cargos de director general pasan a ser estables por cinco años. Se dictamina que, si el Estado pretende removerlos, debe pagarles una indemnización equivalente a los sueldos que les restan para completar ese plazo.
Con la firma del Presidente, de Marcos Peña y de Dante Sica, el macrismo convoca a defender derechos de los trabajadores estatales al borde de partir.
Hasta el descolgado más patético advertiría que una medida de esa naturaleza tiene únicamente el sentido de agregarle conflicto al futuro gobierno, para custodiar a funcionarios con, en varios casos, serios problemas de reinserción en la actividad privada.
Pero esta barbaridad no era todo y sería probable que, hasta el martes de la semana próxima, haya otras que completen el súmmum de la impudicia institucional.
Apenas horas después de que Macri decretara esa conservación de jefaturas, también pretendió que se reuniera la comisión bicameral de comunicación para colocar arribistas de su confianza en los cuerpos estatales que regulan radio, televisión y espacio de licencias en la zona de telecomunicaciones.
La maniobra fue promovida por el senador santacruceño Eduardo Costa, de la UCR y presidente de la bicameral, quien pretendió avanzar además con la designación del Defensor del Público (cargo en el que, a contramano de la ley, permanece un okupa macrista, Emilio Alonso, de nulos antecedentes en el mundo de los medios e interventor de un organismo relevante para apuntalar el derecho de las audiencias. Ver nota de Washington Uranga , en este diario, el jueves pasado).
El macrismo estuvo a punto de lograr quórum para imponer esa asquerosidad tan republicana. Lo impidió, por un pelo, la respuesta denunciatoria y activa de los trabajadores de esos organismos públicos (Defensoría, Enacom, RTA). Más el aporte de referentes de la esfera comunicacional. Si no era por eso, hoy estaría asistiéndose a la colocación de alfiles de Macri en lugares considerables para librar la batalla cultural que se viene. O que debería venirse.
Y todavía falta, porque se lanzó un DNU a fin de que el nuevo gobierno no indague sobre los arrepentidos. A once días de expirar, el Presidente creó un ente autárquico para impedir que las próximas autoridades tengan datos, precisos, sobre cómo la Justicia macrista consiguió tanto remordimiento, que puso en la cárcel a decenas de funcionarios y empresarios del gobierno anterior. La jugada tuvo algo más de rebote mediático, no demasiado, porque generó reacción indignada hasta en Comodoro Py y en camaristas de Casación.
El paquete descripto podrá no portar interés masivo, es cierto. Convengamos que ni los vericuetos judiciales ni los chanchullos en órganos del Estado despiertan atracción popular. Pero, en lo argumentativo, sí tiene peso -grande- cuán republicanos son los macristas. Y sus correligionarios acompañantes.
Estaba claro que el gobierno saliente sólo puede refugiarse en inventar valores de probidad institucional, porque la economía no les deja otro sitio que huir despavorido. Sin embargo, nuevamente: ahí están quiénes son y cómo proceden los baluartes constitucionales, los cruzados de la libertad de expresión y los que se sienten amenazados porque retornan las hordas kirchneristas.
Qué derecha poco seria. En la estampida, no saben guardar ni el cinismo de los modos.
Se van con la pretensión de meter por la ventana tristes aspirantes a conservar cargos, en lo que era el mejor equipo de los últimos 50 años.
Se van renunciando, justamente, a toda formalidad de respeto a las instituciones. Decretan acomodados a punto de marcharse. Maquinan trucos parlamentarios para morder unas tortas de última.
Así es la política, dirán ante la evidencia. Correcto parcialmente. En todo caso, eso también es la política salvo que quiera atravesársela de manera testimonial.
La dificultad de los macristas, incuestionable, es haber asegurado lo impolutos que eran para cambiar la política. Toda, incluida la sección en que decían diferenciarse de los peronistas.
No. Dicho en forma chicanera, al solo efecto de que alguno de ellos se anime a refutarlo, son iguales al “populismo” que transan, trampea, opera, corrompe.
La diferencia es que con el peronismo, al menos, hay la expectativa de que caiga algo, poco o bastante, para los relegados de siempre. Con ellos no. Nunca.
No puede (no debiera haber) ilusión objetiva con los neoliberales. Y el fondo de la historia, en Argentina, sigue dando batalla.
Se verá cuánto de extensas son esas profundidades, que como ya se vio cuando ganó Macri, cuando volvió a ganar a los dos años de ejercer y cuando su buena elección el 27 de octubre, son un hueso durísimo de roer.
Por lo pronto, Alberto F., como lo designan los medios que se obsesionan con destruirlo desde antes de empezar, le avisó a Kristalina que la primera regla es dejar de pedir prestado; que a otro perro con el hueso del crédito que falta de lo acordado; que si hay que emitir se emite; que de hecho ya ocurrió en la crisis de comienzos de siglo; que le confía al pacto social para acomodar ciertos tantos de la inflación y que sin algo de plata en el bolsillo de la gente no hay salida de ningún tipo. Ni de consumo, ni de recaudación impositiva, ni de nada.
La receta puede merecer desconfianza de “los mercados”, pero es la única realmente existente como alternativa al desastre que, otra vez, deja la fórmula de quitar ingresos a quienes menos tienen para surtir al núcleo duro de los privilegiados.
La región podrá consolidarse hacia derecha electoral y/o efectiva, significa que esta nueva experiencia argentina de ánimo redistributivo está bastante huérfana de acompañamiento y la hegemonía mediática no dará descanso.
Precisamente por todo eso, nacería una gestión fuerte, estimulada por la adversidad, que no es en soledad la de “Alberto F”.
Por el principio de acción y reacción, debiera ser el gobierno de un conjunto intenso, muy intenso, capaz de afrontar también los desafíos de sectores de poder, como la banca y las grandes patronales agropecuarias, que más temprano que tarde gatillarán todo su arsenal.
Los gestos que se perciben, el papel de Cristina, la conformación de los equipos, las declaraciones en una misma dirección, la confianza en esa novedad histórica que representan Axel Kicillof y su gente al mando de La Provincia, son alentadores.
Alguien dirá que eso es más bien por default, siendo que nada podría ser peor que lo que se va.
Sí. Eso también.
29 de noviembre de 2019
Jueces de la Cámara de Casación se pronunciaron contra la medida

Rechazo de la Justicia al DNU de Macri sobre los testigos protegidos

Cuatro camaristas plantearon que el decreto que apunta a ocultar las maniobras con los arrepentidos no debe ser aceptado. Advirtieron que el Presidente se arrogó facultades del Poder Legislativo.

Cuatro integrantes de la Cámara de Casación y un secretario general le enviaron este mismo viernes una carta al presidente del tribunal, Carlos Mahiques, señalándole que debe rechazarse el Decreto de Necesidad y Urgencia que crea un ente autárquico para manejar el Programa de Protección de Testigos . Mauricio Macri dictó hoy ese decreto a las apuradas y a solo once días de dejar la Casa Rosada para sacar de la órbita del Poder Ejecutivo a los arrepentidos con los que se armaron las causas contra los exfuncionarios kirchneristas.
Los magistrados --Alejandro Slokar, Ana María Figueroa, Angela Ledesma, Guillermo Yacobucci y el secretario general, Javier Carbajo-- sostienen que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades del Poder Legislativo cuando no hay necesidad ni urgencia y consideran que el DNU "invoca circunstancias manifiestamente inexistentes".
También dicen los camaristas que la cuestión debe tratarse en los plazos que corresponden en el Congreso y agregan que la Constitución no permite DNU que aborden cuestiones que tienen que ver con lo penal.
Por lo que se sabe, también la Corte Suprema está en contra de la norma publicada este viernes en el Boletín Oficial. En ese marco parece poco probable que el DNU se llegue a aplicar, con gran parte de la conducción penal en contra.
En el decreto se le adjudica a la Cámara de Casación un papel de importancia en el manejo de los arrepentidos. Será difícil seguir adelante si los jueces de la Casación se oponen.
Lo más llamativo es que en la Casa Rosada y en el Ministerio de Justicia ya sabían que la estructura judicial no acompañaba el proceso. Aún así, desesperadamente, sacaron el DNU.
29 de noviembre de 2019
No habrá transmisión en vivo de la indagatoria

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner de televisar su declaración

El expresidenta debe declarar el próximo lunes en el juicio oral por la obra pública en Santa Cruz y se espera que haga una fuerte defensa. La decisión impide escuchar en forma directa lo que dirá sobre la causa y el modo en que se manejó.

El Tribunal Oral Federal 2 rechazó esta tarde el pedido de Cristina Kirchner de que su declaración el próximo lunes en el juicio por la obra pública en Santa Cruz sea transmitido en forma abierta de modo que cualquier canal que quiera pueda mostrarla. La decisión del tribunal impide conocer de primera mano y sin intermediarios lo que la vicepresidente electa tenga para decir sobre la causa y el modo en que se manejó.
La decisión de TOF 2 no fue unánime. Según trascendió, fueron dos de los tres jueces que lo integran los que negaron la solicitud planteada por la actual senadora frente al llamado a indagatoria a ocho días de su asunción como vicepresidenta.
Cristina Kirchner había pedido el miércoles pasado que su declaración se transmitiera en vivo. Ante el rechazo del TOF 2 a su petición puede ahora recurrir a la Cámara para solicitar que revise la medida.
La expresidenta está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que desde el Estado le habría asignado 52 obras públicas a las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. El juicio se desarrolla desde hace seis meses en Comodoro Py.
La expectativa con que se espera la declaración de CFK el próximo lunes es aún mayor que la generada por su presencia en los tribunales de Retiro el primer día de proceso, cuando concurrió a escuchar las acusaciones en su contra.
La senadora ya adelantó a través de sus abogados que va a declarar. Como ocurre siempre que va, la rutina de Comodoro Py se verá nuevamente alterada el próximo lunes. La audiencia se desarrollará en medio de un fuerte operativo de seguridad y se espera una fuerte defensa de la ex mandataria. Sin televisación abierta, lo que diga sólo podrán seguirlo algunos pocos desde la misma sala de audiencias.

La defensa de Cristina Kirchner
Los planteos que en varias oportunidades realizaron hasta aquí los defensores de la expresidenta permiten anticipar en cierta medida lo que dirá durante la indagatoria. Entre otras cosas, se presume que Cristina Kirchner afirmará que los estudios no demostraron sobreprecios ni direccionamiento en la obra pública de Santa Cruz. También se espera que haga hincapié en que no puede atribuirse una asociación ilícita a decisiones de gobierno, además de cuestionar el demorado peritaje oficial y las serias irregularidades cometidas durante la etapa de instrucción. Según se anticipa, denunciará además que hubo una persecución política y que nunca se peritó toda la obra pública como ella reclamaba, sino que se puso la lupa sólo sobre la provincia patagónica.
Carlos Beraldi, abogado de la exmandataria, había solicitado que el jucio se suspendiera, pero el reclamo fue rechazado y el proceso siguió adelante. “Aquí aplicamos la ley. No criterios políticos. Para cuestiones políticas está la ciudadanía, que por suerte dentro de poco va a votar”, señaló el letrado en el arranque del debate. En esa oportunidad se dirigió al tribunal en duros términos y remarcó que se imputa a Cristina Kirchner por designar funcionarios y partidas presupuestarias, lo que es “verdaderamente insólito”.
Tras la agresión en el aeropuerto a Grabois y el comité de solidaridad

El Gobierno de Bolivia amenazó a la delegación argentina: "Anden con cuidado"

El ministro Arturo Murillo lanzó unas fuertes declaraciones contra quienes anoche fueron demorados por la policía y agredidos en el aeropuerto. El funcionario sostuvo que son “extranjeros que están llegando para tratar de incendiar el país” y amenazó: "Los estamos mirando, los estamos siguiendo”.

El Ministro de Gobierno de facto boliviano, Arturo Murillo, amenazó públicamente a la Delegación Argentina en Solidaridad con el Pueblo de Bolivia, que llegó ayer a Bolivia y fue demorada por la policía. En una clara alusión a dicha delegación, el funcionario dijo que había “extranjeros que están llegando al país a tratar de incendiar el país”, a quienes les advirtió que “anden con cuidado” porque “los estamos mirando, los estamos siguiendo”.
En una breve declaración, Murillo amenazó con detener a quienes integran el colectivo del que forma parte Juan Grabois, Roberto Carlés y Pablo Pimentel, entre otros referentes de organizaciones y de derechos humanos, en caso de que intenten hacer sedición o terrorismo.
“En el primer paso en falso que den tratando de hacer terrorismo o sedición se van a ver con la policía. La policía está atenta y tiene orden para no permitir que se dañe nuestro país”, afirmó el funcionario.
Ayer, cuando llegaron al aeropuerto de Santa Cruz, los integrantes de la Delegación fueron perseguidos e insultados por militantes del Gobierno de facto de Bolivia. Algunos de los referentes fueron demorados e interrogados por la Policía. Tuvo que intervenir el cónsul argentino en Bolivia.
El objetivo de la delegación es trabajar con las familias víctimas e instituciones civiles y de la iglesia católica para elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos hoy en Bolivia, que luego presentarán ante organismos internacionales de derechos humanos.
“El Mercosur tiene una carta democrática frente a la cual vamos a exponer las violaciones a los derechos humanos en Bolivia que son sistemáticas: hay muertos, heridos y desaparecidos. Necesitamos que los órganos internacionales no respondan a intereses políticos sino a la defensa de la democracia”, dijo Juan Grabois, tras el episodio en el aeropuerto.
Según afirmó, el trabajo de la delegación no debería “ser objeto de molestia de nadie si realmente no tienen nada que ocultar como dicen”. El referente hizo responsable al Gobierno de Jeanine Ánez por la seguridad de los integrantes de la comitiva.
"Mientras el gobierno de facto nos acusa de terroristas, hemos comenzado lo que vinimos a hacer: tomar testimonio de las diferentes violaciones a los Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo boliviano", escribió la Delegación Argentina de Solidaridad con el pueblo boliviano en su cuenta de Twitter, luego de las amenazas del gobierno boliviano.
Integran la delegación: Juan Grabois, abogado y referente social, Marisa Llanos Cruz y Marianela Navarro (FOL), Gabriela Carpinetti, también abogada y referenta del Frente Patria Grande, Pablo Graciarena (Xumek), Cristina Livitsanos (AAJ), Roberto Carlés (Secretario Asociación Latinoamericana de Derecho Penal), Pablo Pimentel (APDH La Matanza), Daniel Catalano (Secretario General ATE CAPITAL), Leo Perez Ezquivel (APDH), Ismael Jalil (CORREPI), Carlos Zaidman (Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos), Mario Andres Lopez (APDH Nacional), Juan Monteverde (Consejal Rosario) Luis Arias, ex juez de La Plata, Natalia Zaracho, trabajadora de la economía popular, Federico Fagioli, referente territorial y Victoria Freire, directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas.
Jueves, 28 Noviembre 2019
El presidente electo expone en Parque Norte

Alberto Fernández en la conferencia de la UIA: "Vamos a ayudar a los que producen"  

El presidente electo aseguró que "los últimos cuatro años fueron de especulación financiera" y planteó: "Necesitamos que los industriales argentinos vuelvan a tener crédito, vuelvan a producir y vuelvan a generar trabajo". Fernández volvió a hablar de la convocatoria a un Consejo económico y social para "discutir las políticas de Estado para el futuro".

“Después del 10 de diciembre vamos a hacer todo lo contrario a lo que está pasando. No vamos a premiar a los que especulan sino que vamos a ayudar a los que producen”, aseguró el presidente electo Alberto Fernández frente a los empresarios reunidos en la 25º Conferencia anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tiene lugar en Parque Norte.
Durante su disertación, en la que estuvo acompañada por el presidente de esa asociación empresaria, Miguel Acevedo, Fernández prometió que “vamos a poner en marcha la economía una vez más” y convocó para ello a “firmar un nuevo contrato social” entre todos los sectores.
"Estoy renunciando a mi capacidad de decidir solo y les estoy proponiendo decidir entre todos, con el riesgo que eso supone”, remarcó Fernández al llamar a un Consejo económico y social, al tiempo que destacó la necesidad de generar “políticas de Estado” permanentes para hacer crecer la economía.
“Las mejores sociedades cuidan el trabajo industrial, porque es el más seguro”, señaló frente a los empresarios, gremialistas y referentes de la Iglesia católica. “En el mundo de los especuladores, ganan muy pocos y pierden los mejores, los que arriesgan y trabajan. Y esa es la peor sociedad porque premia a los que especulan”, dijo Fernández y condenó “la timba financiera”. También destacó que “los que hicieron grande el país” fueron “los empresarios que invierten en máquinas, que levantan fábricas y dan trabajo”.
También destacó la necesidad de incorporar “nuevas tecnologías para producir” sin que ello vaya en detrimento de la incorporación de la mano de obra. “La solución no es tirar argentinos por la ventana”, indicó y llamó a fomentar posibilidades para que “los argentinos que no acceden a esas lógicas industriales, encuentren otro lugar donde desarrollarse”.
Sobre la deuda, Fernández planteó: “Vamos a pagar el día que hayamos crecido, que hayamos producido más, que exportemos más y hayamos conseguido los dólares con que podamos pagar nuestras deudas". "Así va a ser esta vez”, aseguró.
Por otra parte, reconoció que a menos de dos semanas para su asunción en la primera magistratura se viven “días difíciles porque uno tiene mucho por hacer y las 24 horas no alcanzan”.
Además, calificó a los industriales como “víctimas de lo que nos pasa”, producto de los cuatro años de políticas neoliberales puestas en marcha por el gobierno de Mauricio Macri. “Hemos llegado a un punto de caída que debería asombrarnos. Es tan grande que asomaron enfermedades que creíamos erradicadas, como el sarampión, la varicela y la tuberculosis. Esto habla de lo que nos pasó como sociedad, ajustando”.
27 de noviembre de 2019

"¿Tengo un problemón con la deuda y voy a pedir 11 mil millones más?",
se preguntó el presidente electo
Alberto Fernández anticipó que no usará el crédito del FMI

Fernández remarcó su voluntad de pagar las deudas de la Argentina pero subrayó que necesitará tiempo para que el país reencuentre el camino del crecimiento y genere condiciones para poder pagar.


Argentina rechazará los desembolsos previstos en el programa pactado con el Fondo Monetario Internacional. La definición la ofreció el presidente electo Alberto Fernández el martes por la tarde durante una entrevista radial: “¿Si tenés un problema porque estás muy endeudado, creés que la solución es seguir endeudándose?”. No es la solución”, expresó el mandatario al precisar que “una de las primeras reglas que tenemos que tener es dejar de pedir dinero”.

El acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI prevé un crédito por unos 56.700 millones de dólares de los cuales el organismo multilateral ya transfirió 44.149 millones de dólares. A dos semanas para asumir, Fernández reiteró la fórmula que utilizó durante la conversación que mantuvo con la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, cuando le anticipó que presentará un plan para retomar el sendero del crecimiento económico sin profundizar en el ajuste.

El recorte del gasto es una exigencia que el FMI impone a todos los países con programas de financiamiento en marcha. Cortar ese canal de financiamiento mejora las perspectivas para la renegociación con el principal acreedor individual del país. "Necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez", destacó Fernández.

“No sé si va a venir el dinero (que resta) del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a Argentina casi 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar”, expresó Fernández en conversación con Radio con vos.

Los recursos que restan ingresar son levemente superiores a los señalados por el mandatario electo durante la entrevista: alrededor de 12.400 millones de dólares. Resta un desembolso por 5400 millones de dólares que estaba congelado desde mediados de septiembre y los siete tramos de 1000 que, según el diseño acordado entre el FMI y el gobierno saliente, iban a transferirse durante el próximo gobierno.

“Intento ser una persona seria, una persona que dice que va a hacer algo y sabés que lo va a cumplir. No quiero firmar acuerdos que no voy a cumplir, esos acuerdos los firmó Macri y no cumplió ninguno. Yo voy a firmar uno y lo voy a cumplir. La primera regla para cumplir es decir ‘no me presten más plata y déjenme desarrollarme para poder pagarles’”, expresó Fernández que comenzó así a ofrecer detalles sobre el proceso de renegociación de los pasivos heredados del gobierno saliente. “Discutamos cuánto tiempo necesito, pero no me des más plata. Porque es querer calmar la borrachera tomando más vino. No quiero agrandar el problema, quiero resolverlo, pero con sensatez”, aseguró el presidente electo.

El FMI devino en el principal acreedor individual del país y, por eso, la renegociación de la abultada deuda con el organismo constituye un punto de partida para el próximo gobierno. Los lineamientos ofrecidos por Fernández sobre las conversaciones bilaterales que comenzaron la semana pasada durante una llamada telefónica con Georgieva apuntan a limitar la injerencia del Fondo sobre el diseño de la política económica. Argentina seguirá siendo el principal acreedor pero, al menos, no inflará la dimensión de sus obligaciones con ese prestamista. Las declaraciones de Fernández coincidieron con el encuentro que mantuvo con el embajador de Estados Unidos en Argentina, Edward Prado (se informa en nota aparte). El respaldo del gobierno norteamericano fue determinante para que el FMI habilite el préstamo más grande de su historia y flexibilice sus tradicionales exigencias.

Consejo de experto

Existen distintos equipos de economistas y abogados cercanos al Frente de Todos que trabajan en posibles lineamientos para una renegociación de la deuda con el FMI y los acreedores privados para resolver el principal condicionante macroeconómico que dejará el gobierno de Macri. Una de las posibilidades que comenzó a tomar fuerza es la impulsada por el economista Martín Guzmán. El investigador de la Universidad de Columbia, colaborador cercano del Premio Nobel Joseph Stiglitz que en los últimos meses devino en un experto de consulta para distintos miembros del próximo gobierno, plantea acordar con tenedores de bonos privados dejar de pagar los servicios de deuda durante los próximos dos años. Extender los plazos de vencimiento, reperfilar los intereses y, como expresó este martes Fernández, dejar de recibir los desembolsos que quedan del préstamo del FMI. Si se deja de recibir los desembolsos del FMI, explicó Guzmán a finales de octubre, Argentina se liberaría de las condicionalidades y exigencias del organismo.

Durante la conversación con Radio con vos, Fernández señaló que “nadie me pide un ajuste porque saben que no hay por dónde ajustar. Se ajustó tanto que se dejaron de dar vacunas”, apuntó para recordar que “se lo dije a la directora del Fondo, en Argentina reaparecieron enfermedades porque se dejaron de dar vacunas: sarampión, varicela, tuberculosis. Para que se haya dejado de darles vacunas a los chicos, es que ajustaron en lo que no debían”. El presidente electo enfatizó la importancia de reactivar la actividad a partir de la demanda interna: “La economía está hace más de dos años paralizada con caída del consumo. Tenemos que volver a fabricar, dar créditos para que se reactive la producción, darles dinero a los jubilados para que consuman. Tenemos que hacer lo que acá se llama peronismo”, consideró el ex jefe de Gabinete.
Acusaron de "oportunismo político" al autor del informe

El Gobierno ataca al relator de la ONU que denunció la intromisión en la Justicia

El Poder Ejecutivo envió una queja a las Naciones Unidas como respuesta a los cuestionamientos del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados. El funcionario de la ONU había hablado de un posible "plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial".

El Gobierno presentó una queja ante la ONU por el informe de “inusual dureza” del relator especial que condenó la intromisión en el poder judicial durante la gestión de Mauricio Macri . El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, confirmó el envío de la respuesta al pedido de informe del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados, Diego García-Sayán, quien había reclamado a principios de mes explicaciones al Estado argentino sobre posibles hechos de violaciones a la independencia del Poder Judicial. La nota del Estado argentino, sin embargo, apuntó directamente contra el Relator. Según el mismo Avruj contó en Twitter, se remarcó "la preocupación (del Gobierno) por el accionar del relator especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados”.
En la presentación se advirtió además sobre "lo inusual de la dureza en el contenido de su pedido de informes” e inclusive habló de la “escasa amplitud en recabar información” de Sayán, la supuesta “extemporalidad de la presentación” y “el incumplimiento al principio de confidencialidad”.
Hace unas semanas, el relator de la ONU había considerado "fiables" las denuncias sobre un presunto "plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial" de parte del Gobierno de  Macri, a partir de la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos Humanos, AJUS (Abogados por la Justicia Social) e Iniciativa Justicia. Para Avruj, su informe “configura un claro cuadro de excesos en las atribuciones asumidas por parte del relator”, de acuerdo a la nota presentada ante las oficinas del Presidente del Consejo de DDHH y de la Alta Comisionada para los DDHH, con sede en Ginebra.

El supuesto "oportunismo político" de Sayán
En esa respuesta escrita, el Gobierno consideró que las afirmaciones del relator "resultan preocupantes, y ajeno a cualquier verificación empírica, referirse en esos términos, de inusual dureza, a los actos de un gobierno democrático, que ha sido en su accionar, plenamente respetuoso de los principios republicanos y de la separación de los poderes estatales".
"La descripción de la situación que motiva su intervención, el Sr. Representante Especial ha violado diversas reglas del Código de Conducta y del Manual de Operaciones que regulan su mandato", agrega la nota difundida por el secretario de Derechos Humanos.
Además la presentación se refiere al "oportunismo político" de las críticas del relator, quien hizo su planteo sobre la situación de la Justicia en Argentina en junio pasado "y recién ahora" los hace públicos.
"Esta gravedad aparece patente recién en medio del proceso de transición política en nuestro país, cuyo gobierno pasará, en pocos días, a manos de un sector político contrario a la actual administración", remarca la respuesta del Gobierno.
"No existen razones que lleven a que lo que no era urgente en el pasado mes de junio pase sorprendentemente a serlo en noviembre. El oportunismo político de la solicitud que se formula no puede ser descartado", puntualiza.
27 de noviembre de 2019

A 14 días de irse, el Gobierno del peor presidente argentino de la historia y el más corrupto; busca perpetuar a funcionarios propios en la futura gestión
Un decreto de Macri extiende por cinco
años los cargos jerárquicos en el Estado


Dante Sica, Mauricio Macri y Marcos Peña firmaron el decreto.

El presidente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años. Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.

El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, hace una reconversión tardía sobre la línea que venía sosteniendo el actual gobierno. Tardíamente, ahora llama a defender los derechos de los trabajadores estatales. Aunque en este caso se preocupa por el escalafón de gerencias. De promover los despidos masivos al comienzo de su Gobierno y cuestionar a quienes se resistían a quedar sin trabajo como "ñoquis" o "grasa militante", Macri pasa al final de su mandato a crear un sistema para que los cargos jerárquicos del Estado tengan estabilidad.

Concretamente, lo que establece el decreto en sus anexos es que se crea el "Régimen de Alta Dirección Pública", que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años. Exactamente lo opuesto a lo que exigía el macrismo al llegar al gobierno, cuando funcionarios como Hernán Lombardi reclamaban que nadie pidiera una indemnización y amenazaba con escraches públicos a los que lo hacían.

Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que "promueve un sistema de concursos más transparente". Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.

La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que "a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández".  

"Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente", indica también, sobre un cambio en los escalafones. Según cálculos de ATE, esta modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a partir de enero del año próximo. Es decir, los incrementos serán enteramente pagados por el próximo gobierno.

"Lo que planteamos es que hay un intento claro de colonizar el Estado nacional con la fuerza política que se está yendo. Le quieren agregar una dificultad más al presidente que está llegando", cuestionó Fernández. El dirigente sindical advirtió que el decreto 788 "establece una prioridad que no es la nuestra: planteamos que hay un problemas con los ingresos de las categorías más bajas y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que sobrevivieron a la ola de despidos del macrismo. Ahora quieren aplicarle a los cargos jerárquicos que ocuparon ellos todos los derechos que le negaron a los estatales durante estos años".  

"Lo que venimos planteando es que el salario, depredado por las políticas de Macri, tiene que ser recompuesto, pero comenzando por los estratos más bajos", advirtió. El dirigente seguró que, apenas asuma Fernández, desde ATE van a ofrecer que se postergue la entrada en vigencia del decreto 788.

Por su parte, la  Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) cuestionó que el régimen de ingreso dispuesto por el decreto de Macri para cargos jerárquicos tiene "exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el Gobierno saliente”.

El secretario general de AGAE, Rubén Ramos, afirmó que el decreto 788 “es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas, sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza". "Para entender mejor de qué se trata, resulta útil contextualizar lo descripto: el acuerdo fue firmado poco antes de las elecciones del 27 de octubre, mientras que su homologación se produce a dos semanas de la asunción de las nuevas autoridades de Gobierno”, remarcó Ramos.

El gobierno de Macri ya había abierto una polémica por lanzar en los últimos meses un llamado a pases a planta de 2352 cargos, de los cuales unos pocos eran jerárquicos. En aquel momento, ATE Capital presentó un informe en el que advirtió que el macrismo dio de baja más concursos de los que lanzó en sus cuatro años de Gobierno.  

El trabajo indica que, pese al discurso de la meritocracia y el eficientismo, la gestión PRO dejó sin efecto 1910 concursos y cajoneó otros 3964 para los que no pudo encontrar defectos formales. En lo que va de su gestión, según el informe, el actual gobierno sólo designó 1519 cargos por concursos internos, de los que solo un porcentaje ínfimo fue cubierto por profesionales.

En la misma línea, Macri, que comenzó con miles de despidos, termina intentando asegurar que los cargos jerárquicos no puedan ser tocados por el próximo gobierno. O que cobren millones del Estado para irse.



Deuda

A Larreta no le alcanza

El Gobierno porteño remitió este martes a la Legislatura de la Ciudad una ley que promueve la emisión en el mercado local de un título de deuda, por $9.000 millones, destinado a la cancelación de obligaciones con proveedores y de certificados de obra contraídos hasta el 31 de diciembre de este año. El expediente fue ingresado al Parlamento porteño y lleva las firmas de Horacio Rodríguez Larreta; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el ministro de Economía, Martín Mura. El ejecutivo de la Ciudad justificó la nueva emisión de deuda “en virtud de las variaciones experimentadas en los precios de bienes y de servicios adquiridos", lo cual lo colocaría en la necesidad de buscar financiamiento extra para "cancelar obligaciones contraídas con proveedores como así también certificados de obra”. Precisa, además, que el título de deuda será emitido "con un plazo mínimo de amortización de un año”.
La tensión en el PRO tras la derrota electoral

Macri le marcó la cancha a Rodríguez Larreta y habló de sus planes como opositor

El presidente Mauricio Macri aprovechó la inauguración del viaducto de la estación Saenz del Belgrano Sur, en Pompeya, para marcar la cancha en la interna abierta con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Seguiré ahí, donde me toca ahora, tratando de aportar desde una oposición constructitva", marcó Macri parado al lado de Rodríguez Larreta, quien lo escuchó con gesto adusto, en un acto cerrado para las cámaras.
"Todos creemos que se puede, porque todos hemos entendido que jamás nos tenemos que volver a resignar", completó Macri su mensaje como futuro referente opositor. Además de Larreta también estuvo presente el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, uno de los ministros salientes, que desde la derrota del 27 de octubre buscan refugio en el Gabinete de la Ciudad .
Macri se encargó de destacar que en la Ciudad continuará el modelo PRO tras "12 de años de proceso de transformación", tomó como cita de autoridad de los cambios que se ven en la Ciudad a su "amigo Ramón Díaz, que viaja mucho por el mundo", pidió un aplauso para Larreta por ser el primer jefe de gobierno electo en primera vuelta y subrayó que en los últimos 4 años nación y ciudad fueron "un solo equipo". El jefe de gobierno le respondió con una incómoda palmada en el hombro.
El acto —nutrido por funcionarios, algunos vecinos invitados y seguridad privada— fue para inaugurar el viaducto de la estación Saenz y el ex jefe de gobierno durante dos mandatos señaló que se trataba del tercero inaugurado en cuatro años —todos durante la gestión Larreta— después "de medio siglo sin viaductos nuevos en la Ciudad", destacó y fue corregido por Dietrich, quien le indicó que eran 100 años y no 50.
El presidente saliente intentó trazar un paralelismo entre las barreras de tren removidas en la ciudad y sus cuatro años de gestión de "remover barreras", y no solo con las que tienen que ver con infraestructura, para hablar de cómo la Argentina estaba "aislada del mundo" y cómo "consolideron bases para la transformación".
Entres las bases de su legado, Macri se apoyó en Dietrich para destacar la "infraestructura de conectividad", en rutas y caminos, que "le va a permitir al gobierno que viene seguir transformando", a pesar del reciente lapidario informe Unidad de Auditoría Interna de Vialidad Nacional de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
LA RETIRADA

Los millonarios “acomodos M” en la retirada
del Gobierno macrista
A contramano de lo denunciado cuando iniciaron el Gobierno, Cambiemos comenzó
a hacer importantes desginaciones en lugares clave del Estado.

Apenas Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación, sus funcionarios salieron públicamente a decir que terminarían con la “grasa militante” y que su objetivo era “eliminar ñoquis”, tal como lo dijo Alfonso Prat Gay en enero de 2016, por entonces Ministro de Hacienda. Lejos de esa premisa y en retirada, el Gobierno de Cambiemos comenzó a acomodar a sus hombres y mujeres más cercanos en lugares centrales del Estado y con altos sueldos.

El Destape reconstruyó las maniobras macristas en cuatro organismos, pero se replica en muchos más. Pases a planta permanente, altos sueldos, vínculos llamativos y acomodos para garantizarle un lugar a los propios es la máxima perseguida por el Gobierno de Mauricio Macri en sus últimos días, aunque comenzó hace varios meses. Sobre todo, después de la brutal derrota en las PASO.

Acomodos en el Senado de la Nación, a cargo de Gabriela Michetti; en la Administración General de Puertos, de la mano de Gonzalo Mórtola y dependiente del ministerio de Transporte de Guillermo Dietrich; en la ANSES, dirigida por Emilio Basavilbaso y en el PAMI, de Sergio Cassinotti son los casos que recopiló El Destape para dejar al descubierto la maniobra antes denostada.

Los acomodos M en el Senado

En base a documentos oficiales, El Destape pudo reconstruir una serie de pases a planta permanente que resultaron muy llamativos. Michetti, como presidenta de la Cámara Alta, fue la encargada de oficializar estos ascensos de personas muy cercanas a su figura.

El 19 de julio se pasó a planta permanente a la novia del exvicepresidente de la Nación, Julio Cobos. Se trata de Natalia Obon, a quien habían querido nombrar como secretaria de cámara y fue ubicada en la categoría A3 con un sueldo mínimo de $77.280,58. Mínimo porque, dependiendo de diferentes factores, hay adicionales a sumar.

El 6 de agosto Michetti pasó a planta permanente a María Susana Allo, la exesposa del periodista de La Nación, Carlos Pagni, quienes se separaron el año pasado. Ella fue designada en la categoría A1 con un sueldo mínimo de $107.759,22

Ya con las PASO perdidas, el 20 de agosto pasaron a planta transitoria a dos candidatos a diputados nacionales. Estas designaciones son aún más irregulares porque los nombraron temporarios y automáticamente los formalizaron con categoría A1. Se trata de Javier Sánchez Wrba, que es además Coordinador Nacional de Comunicación de Cambiemos y de Agustín Giustinián, a quien nombraron prosecretario parlamentario del PRO el 1 de noviembre.

En esa misma fecha, Michetti creó la Dirección General de Iniciativas a Futuro en la órbita de la Presidencia del Senado. Un espacio que, según denunciaron los trabajadores parlamentarios, funciona como “aguantadero” para la gente del círculo íntimo de la vicepresidenta. El área está "destinada a promover espacios de diálogo con diversos sectores de la sociedad orientados a identificar tendencias de mediano y largo plazo". Para ello, creó el programa Comisión Desafíos del Futuro para analizar la proyección y tendencias respecto a un tema de interés estratégico para el desarrollo del país”.

Un día después de la creación de esta área, se designó a Santiago Eduardo Riobó como Director General de la Dirección de Iniciativas Futuro con un sueldo de unos $130 mil. El hombre en cuestión había sido denunciado por haber juntado las donaciones de dinero a la fundación SUMA. Según denunció el diputado Rodolfo Tailhade, “Santiago Riobó se ocupó personalmente de la tarea de reunir el dinero, pero luego no lo llevó a la fundación SUMA, sino que se lo dio al Sr. Juan Tonelli para que éste lo depositara en la casa de Michetti”.

Finalmente, el 11 de octubre, poco antes de los comicios generales que declararían a Alberto Fernández como futuro presidente, Michetti designó a Rafael Hugo Staffolani como Asistente Administrativo de la Dirección Comunicacional Institucional, bajo la categoría 5, con un sueldo de $ 58.789,35. Su figura es polémica porque, cuando fue secretario de Cultura de Jorge Macri, quiso homenajear a Eva Braun, la amante de Hitler.

El total de estas contrataciones suman $697.106,81.

Los acomodos M en el Puerto

Como mostró El Destape, el negociado del Puerto de Buenos Aires es uno de los más codiciados por Mauricio Macri y su Gobierno: la entrega de la operación a una sola empresa y la apertura de un inmenso mercado inmobiliario. En ese contexto, Gonzalo Mórtola, quien es interventor de la Administración General de Puertos, encabezó un festival de contrataciones que fue mostrado por este medio.

Según pudo reconstruir este medio, las figuras legales de contratación de personal utilizadas fueron diversas: contratos a plazo fijo; monotributistas; comisiones a otros Organismo (por ejemplo Subsecretaria de Puertos y Vias Navegables o la escandalosa contratación de Alejo Corral, Secretario Privado del electo Intendente de la Ciudad de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, mientras fue embajador en Uruguay), entre otras, sumando un total de casi 90 personas contratadas bajo estas modalidades.

Desde las terminales denunciaron que estas personas fueron ubicadas dentro de la estructura de la empresa, pasando por arriba la carrera administrativa, y no en cargo extra escalafonarios como debería realizarse.  Al tiempo que aseguraron que no tienen ningún antecedente en materia portuaria y en muchos casos ni siquiera son profesionales para ocupar los cargos en el que fueron designados.

En dinero, se pudo reconstruir que el monto total anual de los sueldos de los asesores políticos de Mórtola asciende a $52.620.000. El de los contratados bajo otras modalidades, como monotributos, llega a un total de $46.812.000 y el del personal enviado en comisión a la Subsecretaría y Vías Navegables, $19.149.600.

Entre las tres modalidades, el total de contrataciones sería de $118.581.600 anual y muchos de los contratados están en lista para hacer su pase a la planta permanente del organismo estatal.

Los acomodos M en la ANSES

Como reveló El Destape hace unas semanas, mediante la resolución 266/2019, el organismo dio marcha atrás a otra igual, la 2/2016, que había propuesto crear una planta política. Así, retrotrajo la situación a la de 2015. “Déjanse sin efecto las cláusulas estipuladas en las resoluciones específicas del personal de carrera, designado, reubicado, en cargos de conducción y puestos de conducción convencionados, durante la vigencia de la Resolución 2 de fecha 7 de enero de 2016, correspondientes a la transitoriedad y cese en el cargo de pleno derecho”, rezó el documento.

La decisión del director ejecutivo, Emilio Basavilbaso, sin embargo, sí les dio estabilidad a los funcionarios del organismo previsional nombrados en su gestión para que no estén obligados a renunciar cuando el titular de la entidad deje su cargo el 9 de diciembre. El escrito, al que accedió El Destape, fue firmado el viernes anterior a las elecciones a las 20.14.

Quedaron excluidos del beneficio el secretario de Legal y Técnica, Martín Valiente, el secretario general y el subdirector ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ambos cargos desempeñados por Alejo Maxit, y el subdirector ejecutivo de Administración, Federico Braun.

Según pudo saber este medio, se trata de más de mil ingresos entre directores y jefes regionales, además de coordinadores. Fuentes conocedoras del área, que se desempeñaron en ella, revelaron a este medio que un sueldo promedio de los funcionarios de la ANSES ronda los $180.000. Por lo que la cuenta matemática total sería muy elevada.

Los acomodos M en el PAMI

En plena crisis y en retirada, el 4 de noviembre el Gobierno oficializó una ola de designaciones en la obra social de los jubilados, que incluye a militantes, candidatos y concejales macristas beneficiados por la gestión de Sergio Cassinotti, titular del PAMI, un ente público no estatal.

La mayoría de las designaciones, que son públicas en el Boletín Oficial del PAMI, fueron para el cargo de jefes de agencia en diferentes provincias. Por ocupar ese lugar, quienes ingresaron al PAMI ganan sueldos que de mínima trepan a los entre 80 y 90 mil pesos (dependiente si es profesional), según confirmaron fuentes de esa entidad en estricto off a El Destape.

Uno de los casos es el de Franco Nozar, quien fue designado hace días: el 4 de noviembre, después de la derrota en las elecciones del 27 de octubre. Nozar no violaría el decreto 632 porque ya estaba contratado. No ingresó desde afuera para su pase a planta. Entró a la Gerencia Operativa y Coordinación de la UGL (Unidades de Gestión Local) del PAMI en ese distrito.

Nozar fue presidente de la juventud PRO en San Martín, Mendoza, hasta que logró ser candidato senador en la última elección en esa provincia. Allí fue parte del macrista Frente Cambia Mendoza.

Otro de los ingresos cuestionados es el de Emiliano San Martín, el 2 de octubre, en plena campaña electoral. Entró para la titularidad de la Jefatura del Centro de Atención Personalizada General Madariaga.  Es Concejal de Cambiemos ese partido en su distrito.

Omar Sempértegui fue candidato a Concejal en Avellaneda por Cambiemos y se puso la campaña al hombro, según contó en sus redes sociales. En septiembre, en plena campaña, fue designado para la Gerencia Operativa de la UGL del PAMI en Lanús.

Finalmente, César José Scrimini Rosenthal, se transformó en octubre en Jefe de la Agencia La Banda, en Santiago del Estero. Antes fue candidato a Concejal por el ”Frente Cambio Viable”.


21 de noviembre de 2019

Apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri y contra la AFI
Lázaro Báez denunció que fue apretado para
inculpar a Cristina Kirchner

El empresario santacruceño, preso desde abril de 2016, declaró ante el Tribunal Oral Federal 4. Afirmó que el origen de su dinero es lícito y denunció que los servicios lo apretaron diciendo que "si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner".


"Sufrí una persecución bochornosa. El único objetivo era apuntar contra Cristina Kirchner y contra el peronismo. Fui, soy y seré siempre amigo de Néstor Kirchner". Con una explosiva declaración, Lázaro Báez rompió el silencio por primera vez en sus tres años y medio de detención. Este miércoles lo hizo ante el Tribunal que lo juzga por presunto lavado de dinero. En un descargo plagado de denuncias gravísimas, el empresario patagónico dijo que lo presionaron y amenazaron para involucrar a Cristina Fernández en delitos de corrupción, a cambio de recuperar la libertad. “Por todos los medios me pusieron en una encerrona para que culpe a Cristina Kirchner y a su gobierno. Pero no pudieron doblegarme”, dijo. Con nombres y apellidos afirmó que fue amenazado por agentes de los servicios de inteligencia y que él y su familia fueron víctimas de una “persecución bochornosa”. Mientras reivindicó a Néstor Kirchner y al proyecto político que encabezó su amigo y ex presidente fallecido, reveló que se mantuvo sin hablar en los últimos cuatro años para aportar “su granito de arena” a la unidad del peronismo. Además, calificó de “mentiroso” al arrepentido estrella de la causa, Leonardo Fariña.

Finalmente, tras varias postergaciones, el empresario santacruceño preso desde abril de 2016, declaró ante el Tribunal Oral Federal 4. Durante su exposición afirmó que el origen de su dinero es lícito y desmintió maniobras de lavado de activos. Los dichos de Báez estuvieron a la altura de la expectativa que habían generado y provocaron un verdadero revuelo en Comodoro Py. Sin responder preguntas, describió cómo el Gobierno de Mauricio Macri buscó a través de la Agencia Federal de Inteligencia, que se convirtiera en imputado colaborador. Según dijo, si él involucraba a la vice presidenta electa en delitos de corrupción, recuperaría la libertad y sus empresas dejarían de ser hostigadas.

El arrepentido que no fue

De remera deportiva color rojo y pantalón oscuro, ante la atenta mirada de todos los que estaban en la sala de audiencias, el dueño de Austral Construcciones denunció que fueron a verlo a los pocos días de su detención para presionarlo y que se convirtiera en arrepentido. Según su relato, en uno de los traslados a un control oftalmológico “que no estaba previsto” se le acercó una mujer “muy bien vestida, de unos 60 años”, acompañada por dos hombres de traje. “La señora de apellido Balbín se presentó como integrante de la AFI” y habló en representación de Mauricio Macri. "Ante mi estupor, dijo que si yo colaboraba recuperaría mis empresas y bienes y que recuperaría mi libertad. A cambio, tenía que decir que yo era el testaferro de la familia Kirchner, que todo le pertenecía a la expresidenta", relató. Y agregó que Balbín le advirtió que de negarse a colaborar no solo irían contra él, sino también contra sus hijos. También que sus empresas terminarían arruinadas, “lo que a la postre sucedió. Ustedes me ven en este lugar señores jueces porque ya saben cuál fue mi respuesta", dijo.

Claudia Balbín, su hijo Santiago Viola y el ex fiscal Eduardo Miragaya son figuritas repetidas a las que se acusó de distintas operaciones de la AFI. El titular de la Inteligencia, Gustavo Arribas, admitió en el Congreso que Miragaya revistó en la AFI, pero que lo apartaron porque, supuestamente, su trabajo "no gustó". En concreto, sus nombres aparecieron en el armado de una gravísima operación que consistió en atribuirle al juez Sebastián Casanello una reunión en Olivos con CFK para pactar el curso de una causa judicial. Se demostró que todo fue falso e incluso que se habían presentado dos testigos truchos --choferes de la Casa Rosada-- que hoy están procesados por falso testimonio agravado. El juez Casanello no quiere que la investigación quede en los testigos, sino que apunta a Viola, que fue el que presentó a los dos testigos. El hijo de Balbín fue procesado pero luego la Cámara de Casación le dictó la falta de mérito. Recientemente, Roberto Baratta analizó las comunicaciones del perito David Cohen, que presentó un estudio falso sobre el GNL,  y demostró que Cohen hablaba con el estudio Balbín--Viola.

Cuando habían pasado pocos minutos del inicio de su declaración, Báez se quebró. Entre lágrimas, contó que la abogada luego logró convencer y engañar a sus hijos: "La doctora Balbín tomó la defensa de mis hijos, les hizo creer que recusando al juez de la causa iban a protegerme". De hecho, Martín Báez efectivamente terminó despegándose de su padre cuando declaró en este mismo juicio y dijo estar distanciado del empresario. Además de Balbín, Lázaro señaló a Viola y a Miragaya como los que instrumentaron las constantes amenazas y aprietes. En paralelo, mientras se incrementaban las presiones, los medios de comunicación anunciaban una y otra vez que Báez iba a arrepentirse, algo que nunca sucedió.

Persecución con fines políticos

“Fui utilizado como la ejemplificación del castigo”, disparó Báez, quien apuntó a “todos los sectores de poder” y se refirió al tratamiento mediático del caso, sobre todo por parte del periodista Jorge Lanata. Fue en su programa televisivo en donde se mostraron las imágenes de su hijo Leandro Báez contando dinero en la financiera SGI. “Convirtieron mi nombre en un sinónimo coloquial de la palabra testaferro, sin pruebas. Fui detenido injustamente hace tres años y siete meses. Destruyeron a mi familia, encarcelaron a uno de mis hijos. Persiguieron a todos mis socios y familiares”, agregó. Y afirmó que las “múltiples amenazas y aprietes de la AFI para que involucrara a la ex presidenta”, incluyeron el ahogo financiero por parte del Estado y sus diversos organismos, como la UIF y la AFIP, y la “quita de obras en ejecución y por ejecutar”. Además, habló de una campaña que “incluyó el encarcelamiento de políticos y empresarios de los medios para quedarse con todo, para quedarse con más y más, inventaron causas sobre causas, todos los días una nueva, todos los días en la tapa de medios gráficos, en la tele. Todos los poderes colaboraron, muchos de sus integrantes seguramente amedrentados en la supuesta lucha contra la corrupción, con total desprecio del Estado de derecho".

Respecto de su decisión de hablar recién ahora, Báez explicó: “Elegí el camino del silencio porque sentía que cualquier cosa que intentara decir podía transformarse en un arma, no sólo para perjudicarme a mí, sino al peronismo entero”. Reivindicando su pertenencia al proyecto político inaugurado en 2003, dijo que así aportó con su “granito de arena para que podamos volver al ideario de una nación justa y soberana”, en referencia al regreso del peronismo al poder a partir del próximo 10 de diciembre. Según argumentó, su figura se convirtió “en el principal eje de ataque mediático-judicial para erosionar las posibilidades del peronismo en las elecciones legislativas de 2013 y luego en las presidenciales de 2015”. Pero advirtió que él "jamás diría algo para perjudicar a la expresidenta, menos para perjudicar a los intereses de peronismo"

Además de Báez, están acusados en este proceso otras veinte personas, incluyendo sus cuatro hijos. El punto central de la causa es si hubo manejos de lavado de dinero a partir de la plata descubierta en cuentas de Suiza y Panamá, con movimientos por un total de 60 millones de dólares. Otro de los ejes son los cinco millones de dólares que figuraron en las imágenes de las cámaras de la financiera SGI, en las que Leandro Báez aparece contando los billetes. También, la adquisición de dos campos y la compra de facturas truchas para ocultar dinero y enviarlo al exterior. Al negar haber operado como testaferro, Báez expresó: “Fui, soy y seré amigo de Néstor Kirchner, esto no quiere decir de ninguna manera que fuera testaferro de él o de su familia. Lo niego categóricamente”. Y agregó que no fue "dueño ni de Helvetic ni de SGI”.

Un pacto con Garavano

Otro de los puntos fuertes de la declaración del empresario santacruceño fue la mención al periodista Luís Gasulla. Según Báez, Gasulla fue a visitarlo a la cárcel de Ezeiza y le ofreció reunirse con el ministro de Justicia Germán Garavano. Además, dijo que le dio un papel en donde estaba escrito lo que debía declarar si quería recuperar la libertad.

El periodista negó las acusaciones y respondió vía Twitter: “A Lazaro Báez el único que lo persigue es la ley. Jamás vi ni entrevisté a @german_garavano ” y advirtió: “Las mentiras que dijo sobre mí tendrán consecuencias”. Báez dice que tiene en su poder el papel manuscrito por Gasulla.

Lavado de dinero

Luego de las denuncias y definiciones políticas, Báez se refirió a la imputación en su contra. Según recordó, ya había sido absuelto por el mismo delito por parte de la Justicia de Santa Cruz, que lo sobreseyó en un expediente iniciado por la legisladora Mariana Zuvic. “¿Cuál sería el supuesto delito precedente del lavado de activos?”, se preguntó Báez al señalar que en esa causa se constató que el único ingreso de Austral Construcciones era el dinero recibido por las 52 obras adjudicadas en esa provincia. Esas obras están siendo evaluadas en el juicio conocido como “Vialidad” en el que sí está acusada CFK y donde las pericias sobre supuestos sobreprecios están duramente cuestionadas. “Si el único dinero que recibía era de la obra pública, ¿cómo es que era dinero negro? Como se dieron cuenta que no cerraba inventaron que convertía el dinero blanco en negro, para después volver a blanquearlo. Es absurdo”, dijo. “Lo que no nos perdonan es que alguien sin apellido ni estudios en universidades extranjeras haya podido montar una empresa contratista de envergadura”, agregó.

Fariña “mentiroso”

Las juezas María Gabriela López Iñiguez y Adriana Pallioti y el juez Néstor Costabel escucharon este miércoles la versión de Báez en una causa en la que sobresalió el rol del “arrepentido” Leonardo Fariña, quien --según declaró bajo juramento su ex abogada ante el juez Alejo Ramos Padilla-- fue coacheado a pedido de la AFI y del Ministerio de Justicia para que involucrara a Cristina Kirchner en maniobras de corrupción con la obra pública. Sin embargo, el direccionamiento de la declaración del financista mediático no tuvo éxito y la vicepresidenta electa finalmente quedó afuera de este juicio, a pesar de las fuertes presiones de la Cámara Federal al juez Casanello.

El magistrado dictó la falta de mérito de la ex mandataria por entender que no se encontraron pruebas de que el dinero del dueño de Austral Construcciones perteneciera a la familia Kirchner. “Fariña es un mentiroso desesperado”, disparó Baez. Y aseguró que su declaración fue parte de un “discurso armado”, que dejó al descubierto su “total desconocimiento” en materia de obra pública. Fariña “no vio en su vida un pliego de licitación”, remató.

En la danza de nombres mencionados por Báez en la icónica sala Amia de los tribunales de Retiro, también se refirió en duros términos al fiscal José María Campagnoli, a quien señaló como parte de un complot junto con la diputada Elisa Carrió.

Con tono tembloroso, que daba muestras del desahogo tras los años de silencio, dijo que se violaron todas sus garantías constitucionales y su derecho de defensa. Recordó las escuchas ilegales de las que fue víctima en la cárcel, filtradas y utilizadas por un sector de la Justicia Federal, del Gobierno y de los medios de comunicación. Inclusive, algunas de esas conversaciones fueron con sus abogados defensores, cuya utilización como prueba está totalmente prohibida por la ley. “Hicieron de mi detención y la de mi hijo un espectáculo. Me prejuzgaron e invirtieron la carga de la prueba y me incautaron los bienes sin sentencia”, dijo Báez, quien concluyó que el objetivo fue “destruir a la oposición política”. El empresario mencionó una frase que utilizaron en las tapas de los diarios: "todo lo que tuve es de una sola persona que está arriba". Fue una supuesta escucha ilegal de un diálogo --cuyo original nunca se conoció-- con su abogada y en la que los medios oficialistas sugirieron que se trataba de una admisión de que era testaferro de Néstor Kirchner. Báez fue categórico: "esa frase nunca existió".

El santacruceño prometió ampliar su declaración y contestará en esa ocasión todas las preguntas que se le formulen.
CAMPO

Exclusivo: El video de la Sociedad Rural que amenaza a Alberto Fernández con un levantamiento

Sectores rurales ligados a Cambiemos y al ministro Etchevehere aseguraron que la próxima gestión los encontrará organizados "para responder a cualquier medida autoritaria".


"Que nadie se equivoque: aceptar la decisión de la mayoría no significa permitir que nos pasen por encima". Esa es la amenaza contra el presidente electo Alberto Fernández que comenzaron a hacer circular en un video sectores agropecuarios ligados a Cambiemos. En un claro mensaje intimidatorio a pocas semanas de que asuma el Frente de Todos, agregaron: "estamos organizados y trabajando a lo largo y ancho del país y al costado de las rutas, en cada ciudad y en cada pueblo estamos conectados y alertas para responder a cualquier medida autoritaria y abusiva".

Según pudo saber El Destape, detrás de la "advertencia" de tono golpista está el todavía ministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural Argentina. En las imágenes se pueden ver varios carteles de Juntos por el Cambio y de marchas a favor de Mauricio Macri.

El video de 58 segundos enuncia: "marchamos con respeto y paz en más de 200 ciudades y puntos de encuentro" pero señala que "no alcanzó" porque "las urnas eligieron a Fernández". Si bien dicen que trabajarán "por el bien del país" y utilizan la frase de rigor sobre "respetar el resultado" de la elección, el mensaje tiene un claro tinte antidemocrático.

El mensaje firmado por una agrupación denominada "Campo más Ciudad", que creó sus cuentas en redes sociales en noviembre de este año y que utiliza el hashtag #GuardianesDeLaRepública. Distintas fuentes consultadas por El Destape coinciden en señalar a Etchevehere como el responsable de la jugada, junto con algunas sociedades rurales y en combinación con personas de cadenas como Maizar y Acsoja, entre otras. El circuito comienza por los que producen los insumos, semillas, productos químicos, maquinaria; sigue con el productor o el pool, y termina en la agroindustria y/o la exportación. El financiamiento para la realización del video y su difusión estaría vinculada también a estos sectores, los vendedores de biocidas y semilleros.

Entre los puntos que consideran medidas "autoritarias o abusivas", resaltaron lo que entienden como "delirios como una justicia militante, la reforma agraria, la persecución a la prensa" que los "encontrará juntos y más fuertes que nunca". Por eso, remataron: "Defenderemos la libertad. A los abusos, a los aprietes y el saqueo les decimos NUNCA MÁS".

Según publicó El Destape este fin de semana, en su discurso de asunción, Fernández anunciará un paquete de medidas que apuntan a mejorar la situación económica de los argentinos. En ese paquete se incluiría una reforma tributaria que contemple un aumento de retenciones al agro, mayores impuestos para las grandes fortunas y beneficios para las inversiones productivas, especialmente las PyMEs.

El video hace recordar a lo que ocurrió con la famosa resolución 125, que durante el primer mandato de Cristina Kirchner dispuso la aplicación de retenciones móviles, lo que disparó el levantamiento de las patronales agropecuarias y el alzamiento de un importante lockout contra el gobierno democrático.



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