Politica - Patria Moreira

Año 7. 2019.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Un video imperdible: lo que se dijo y lo que pasó después

Debate presidencial: las promesas de Macri versus la realidad

La cercanía de los debates de candidatos presidenciales es una buena oportunidad para recordar todo lo que aseguró Mauricio Macri en 2015, y lo que realizó una vez en la Presidencia.
La cercanía de una nueva ronda de debates entre candidatos a presidente, los próximos 13 y 20 de octubre en Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habilita al recuerdo de lo que fue el primer debate en la historia argentina, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho. El 4 de octubre de 2015 fue el encuentro entre cinco de los seis candidatos (Daniel Scioli decidió no participar), pero el que quedó más fijado en la memoria fue el del 15 de noviembre. Allí, Mauricio Macri y Daniel Scioli protagonizaron un cruce que dejó inmortalizadas algunas frases, pero sobre todo varias aseveraciones de quien terminaría siendo Presidente. Como necesario ayuda-memoria de cara a lo que viene, en este video puede recorrerse el arsenal de promesas del candidato de Cambiemos, y las notas de Página/12 que dieron cuenta de sus notorios incumplimientos.
Se pagará en dos cuotas

Las empleadas domésticas cobrarán un bono de hasta 3 mil pesos

Las empleadas domésticas recibirán un bono extraordinario no remunerativo de hasta 3 mil pesos, que se pagará en dos cuotas en octubre y noviembre. Así lo confirmaron hoy el Ministerio de Producción y Trabajo y la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp).
El beneficio alcanza a todas aquellas personas que trabajan en casas particulares. “El monto se determina simplemente según la cantidad de horas trabajadas semanalmente sin importar las tareas que se realizan, ni la modalidad, ni la categoría. Es válido para todo el país”, detalló el sindicato.
Al mismo tiempo, se precisó que “no es un pago a cuenta de futuros sueldos o aumentos” y, por lo tanto, “no se debe descontar en futuros sueldos”. Además, se mantiene la cláusula gatillo, a discutir en febrero del año próximo.
Quienes trabajan menos de doce horas semanales percibirán mil pesos, en dos cuotas de 500. Los que trabajan de 12 a 16 horas cobrarán 1500 pesos en dos cuotas de 750; y los que superan las 16 horas recibirán dos cuotas de 1500 pesos.
El sindicato ponderó que los montos asignados “son fruto de una ardua negociación con la parte empleadora que adujo que no todos los empleadores son trabajadores dependientes, y que alrededor de un tercio no recibió el bono de 5 mil pesos. Por ello, el monto obtenido hacia nuestro sector es proporcional contemplando la situación de los empleadores”. Los montos se acordaron en una audiencia de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares.
Las empleadas de casas particulares no habían sido alcanzadas por el bono de 5 mil pesos que se dispuso desde el Gobierno para los trabajadores del sector privado. Esa medida rige desde el pasado 26 de septiembre. Otros excluidos del beneficio son los empleados públicos y los trabajadores rurales.
09 de octubre de 2019 ·
Respaldo de la UIA a la iniciativa de Alberto Fernández
Miguel Acevedo: "El pacto social es lo que hay que hacer para salir adelante"

El titular de la Unión Industrial Argentina planteó la necesidad de un acuerdo entre "los trabajadores, los empresarios y toda la producción”. Lo hizo durante un encuentro de la entidad en el que estuvieron presentes los sindicalistas Rodolfo Daer y Antonio Caló.


El presidente de la Unión Industrial Argentina, Miguel Acevedo, habló sobre el pacto social al que se refieren los sectores políticos de la oposición. Dijo que es “un acuerdo que hay que hacer patrióticamente para que Argentina pueda salir adelante”. Así lo aseguró durante la apertura de la preconferencia industrial llevada a cabo en la sede porteña de la UIA, donde se presentó la agenda productiva 2023, con propuestas para exportar y generar valor al mundo.
Lo primero que hizo Acevedo al arrancar el encuentro fue agradecer la presencia de los sindicalistas, Rodolfo Daer y Antonio Caló, sentados en las primeras filas del auditorio. Y luego se refirió al pacto social: “Estamos empezando a caminar un acuerdo que vamos a tener que hacer en Argentina los trabajadores, los empresarios y toda la producción”.
El titular de la UIA también le agradeció la presencia a los representantes de empresas como General Motors y al economista especialista en temas industriales Bernardo Kosacoff.
Acevedo dijo que la presentación del plan productivo, centrado en 11 ejes, es “el aporte de los industriales al país”. Pero dijo que será la política la que deberá llevar adelante el acuerdo “para poder tomar las decisiones que necesita el pais”.
Tras el breve discurso de Acevedo, habló Diego Coatz, director ejecutivo de la UIA, quien dio precisiones del documento que realizó la entidad y que ya fue presentado a los candidatos a presidente Alberto Fernández y Roberto Lavagna, pero no a Mauricio Macri. Coatz dijo que el gran desafío del país es agregar valor para obtener las divisas que necesita el pais para poder crecer. Pero en cambio, dijo que en la actual situación las empresas “han sobrevivido a la coyuntura” y agregó que “la política y los costos dificultan la agregación de valor”.
09 de octubre de 2019 ·
Declaran inconstitucional el DNU de Macri sobre indemnizaciones

Como adelantó Página/12, el juez Alejandro Segura consideró que la retroactividad planteada en el decreto que redujo las indemnizaciones por accidente de trabajo o muerte viola la legislación vigente. El fallo sostiene que la norma firmada por el Presidente es "de carácter burdo" e "impropia del Estado de derecho".


El juez laboral Alejandro Segura declaró la “inconstitucionalidad” del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Mauricio Macri que redujo las indemnizaciones por accidente de trabajo o muerte. El fallo considera que la retroactividad planteada en esa medida viola la legislación vigente.
Tal como lo adelantó Página/12 , en su fallo el magistrado consideró que la retroactividad argumentada en el artículo tercero en el decreto 669/2019 publicado la semana pasada en el Boletín Oficial no puede afectar las causas que ya estaban en marcha. El cuestionado artículo dice que las modificaciones dispuestas en ese DNU “se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante”.
Segura se expidió en una causa iniciada por el periodista Miguel Ángel “Tití” Fernández, que reclamó a la asegura de riesgos de trabajo Experta ART SA y a Galeno ART una indemnización por las afecciones que sufrió tras la muerte de su hija, mientras él cubría el Mundial de Brasil 2014.
En su resolución, Segura utilizó lenguaje inclusivo y cuestionó duramente al decreto de Macri. "¿Puede un DNU establecer una norma menos beneficiosa para lxs trabajadorxs? ¿Puede un DNU determinar su aplicación retroactiva?", preguntó el magistrado. Dijo que respondería a ambas preguntas "en forma negativa" por "el manifiesto carácter burdo que tiene esta norma, impropia del Estado de Derecho, seguramente urdida por personas incapaces de aprobar un parcial de Derecho Civil Parte General",
Si el criterio del decreto Macri se pusiera en práctica, esa demanda quedaría atrapada en una retroactividad que iría en contra de la legislación vigente al momento en que fue presentada.
El fallo determina que las aseguradoras deberán abonarle a Fernández lo que le corresponde según el origen de la demanda y a valores actuales, y declara explícitamente “la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 3º del decreto 669/2019”.
El cuestionado DNU de Macri había recibido el lunes pasado un dictamen en contra presentado por el fiscal Gabriel De Vedia , que dio curso a un amparo colectivo presentado por el Colegio de Abogados de Capital Federal.
Al hacer lugar a esa cautelar, el titular de la Fiscalía Nacional del Trabajo Nº3 pidió suspender la aplicación del decreto que modificó el cálculo de indemnizaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigentes en la ley 24.557.
Buscan determinar si hubo fraude al Estado en su contratación

Smartmatic, bajo investigación penal

La empresa encargada de realizar el escrutinio no sólo fue denunciada por las falencias de su sistema, sino también por el modo en que fue contratada por el Gobierno. La jueza María Romilda Servini consideró necesario investigar el caso.

La empresa Smartmatic será investigada formalmente por la justicia federal penal. Así lo dispuso la jueza federal con competencia electoral, María Romilda Servini, quien consideró que la justicia electoral electoral es incompetente para investigar las presuntas maniobras que envolvieron a la contratación de la empresa de origen venezolano.
Servini tomó la decisión ante la denuncia que presentó el abogado Leonardo Martínez Herrero. El letrado se presentó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias con el partido Dignidad Popular, que lidera el empresario Santiago Cúneo, y en su denuncia consignó que “el Ministerio del Interior giró 290 millones de pesos para que el Correo Argentino contrate un servicio general de digitalización de la totalidad de los telegramas de todas las mesas del país y dicha empresa terminó contratando a Smartmatic que no solo no puso una sola máquina (las PC las pagó el Ministerio del Interior, como vimos, y los scanner los pagó el Correo), y el servicio terminó resultando un fracaso absoluto".
"En estas condiciones, parece inevitable investigar el posible fraude al Estado”, planteó Martínez Herrero, quien remarcó que "la condición mínima exigida para ser adjudicataria del servicio era contar con un software cuyas prestaciones fueran suficientes como para poder efectuar el recuento provisorio de la totalidad de mesas electorales del país, habiéndose publicado en diversos medios que, a pocos días de la celebración de las elecciones primarias del 11 de agosto de este año, el software de la empresa no estaba listo". "En efecto, las pruebas realizadas habían fallado y contaba el programa con algunas falencias para el recuento provisional de los votos, situación esta que generó dudas y temores en la gran mayoría de las agrupaciones participantes del comicio; deberían investigar entonces, si el Estado Nacional abonó efectivamente la suma de 4.500 millones de pesos por un sistema plagado de deficiencias", agregó el abogado en su denuncia.
La jueza consideró necesario investigar penalmente el caso. El fiscal electoral Jorge Di Lello opinó en el mismo sentido que Servini, al señalar que "siendo entonces que el objeto de denuncia es un hecho de relevancia en materia penal, por resultar ajena a esta jurisdicción especial y restrictiva, no corresponde que la justicia Federal con competencia electoral intervenga, sino que deberá intervenir el fuero federal penal de esta Capital Federal”.
Servini y Di Lello intervienen en la causa contra Smartmatic que se tramita en el fuero electoral a partir del amparo que interpuso el Frente de Todos ante las falencias técnicas de las empresa a la cual el gobierno de Mauricio Macri contrató para el escrutinio del actual proceso electoral. En expediente que en paralelo se tramitará en el fuero penal estará centrado en determinar si la firma de origen venezolano incurrió en un presunto fraude contra el Estado.
"Del texto de la denuncia origen de autos se desprende que el Dr. Leonardo Martínez Herrero puso en conocimiento del Tribunal un hecho que podría resultar delictivo, consistente en un posible fraude económico en perjuicio de las arcas del Estado Nacional", fundamentó Servini su decisión de declararse incompetente y remitir el caso a la justicia federal penal.
En la nueva causa se investigará a Smartmatic, pero también a los funcionarios del Gobierno que invervinieron en la contratación de la empresa y al Correo Argentino.
Un gran detractor de la Boleta Única Electrónica

Detuvieron a Javier Smaldone, el denunciante de Smartmatic

El experto en informática fue uno de los primeros especialistas en advertir en el Congreso Nacional los peligros del voto electrónico y alertar acerca del escrutinio electrónico de las PASO, que el Ejecutivo adjudicó a la empresa de origen venezolano. Tras permanecer varias horas detenido, Smaldone fue liberado a media tarde.

El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, volvió a perseguir tuiteros. Esta vez, no detuvo a un joven que cantó una canción de cancha , leída por el oficialismo como una amenaza. La funcionaria fue más allá y ordenó que se investigue al especialista en seguridad informática Javier Smaldone, conocido en la red social por haber advertido sobre los peligros del voto electrónico y alertado sobre el escrutinio electrónico llevado adelante por la empresa Smartmatic.
A tres semanas de las elecciones generales, Bullrich detuvo a Smaldone y allanó su domicilio por haber retuiteado una publicación de la Gorra Leaks , usuario que publicó documentos secretos del ministerio en enero de 2017 y este año viralizó 700 gb de información de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad, que incluyó fichas personales de supuestos agentes de la Superintendencia de Drogas Peligrosas, entre ellas la del propio jefe de la PF, Néstor Roncaglia.
La cuenta de Smaldone había asegurado por entonces que no había sido responsable del hackeo y que simplemente difundió información que ya circulaba en internet. Smaldone, programador y administrador de sistemas, compartió un mensaje de la Gorra Leaks en su cuenta (@misdoscentavos) para que lo pudieran ver sus seguidores. Eso le valió la detención.
Fundación Vía Libre, organización que integra, confirmó que Smaldone había sido demorado, en tanto “se desconoce su situación procesal y su paradero exacto en este momento”. “Solidaridad absoluta y todo nuestro apoyo”, escribieron en su Twitter. En la misma red social, se reactivó el hashtag #Ningúnpresoportwittear, el mismo que había sido utilizado para denunciar el accionar del Ministerio de Seguridad con otros tuiteros.
La directora de la Fundación, Beatriz Busaniche, repudió su detención. "No sabemos su paradero en estos momentos. El Estado de Derecho se está volviendo un bien escaso en este país", advirtió. Respecto a la imputación en contra de Smaldone, agregó: "Toda la historia de La Gorra Leaks es un papelón gigante para el Ministerio de Seguridad... Un desastre en materia de seguridad informática y manejo de datos... pero allanan y demoran al mensajero".

¿Quién es Javier Smaldone?
“La informática es mi hobby, mi profesión y mi pasión”, escribe en la descripción de su blog Smaldone, quien se define como “un afortunado usuario y desarrollador de software libre”.
Smaldone se hizo conocido en las redes cuando comenzó su cruzada contra el voto electrónico, precisamente contra las falencias que el sistema no pudo ocultar. En el plenario de comisiones sobre la reforma electoral impulsada por el oficialismo en 2016, el informático mostró en el Congreso cómo se podía violar el secreto con la aplicación de un celular. “¿Cómo lo evitan? Es una pavada hacerlo y funciona con celulares de dos mil pesos”, había dicho sentado al lado del diputado de Cambiemos Pablo Tonelli. Ver video .
Luego, ante el escrutinio electrónico de las PASO 2019, transferido por el Gobierno a Smartmatic, Smaldone fue también uno de los primeros en exponer sus fallas. Junto con Iván Arce y Enrique Chaparro, advirtió que el software, vulnerable para realizar la conversión de archivos, “pone en riesgo la integridad del proceso”.
Precisamente ese software es el que aún no fue entregado a los partidos políticos de la oposición. Además, el proceso de adjudicación está judicializado porque la contratación de la empresa será investigada por la justicia penal.
Policías encubiertos infiltrados y amenazas

Masacre de Monte: denuncian espionaje ilegal contra familiares de las víctimas

“Hubo gente sospechosa, policías encubiertos, que se mezclaban con la gente que iba a las marchas, personas desconocidas en un pueblo donde todos nos conocemos”, contaron familiares a este diario. También se registraron situaciones de amedrentamiento contra quienes reclaman justicia por la masacre.

La Masacre de San Miguel del Monte es una de las causas más graves abiertas contra la Policía Bonaerense. Además del expediente principal, en el que hay 13 imputados, y del pedido para que se investigue la actuación de la intendenta Sandra Mayol , la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) solicitó a la justicia federal que investigue actos de espionaje ilegal y seguimiento contra familiares de las víctimas.
“Nosotros hicimos la denuncia ante la justicia federal, pero hay otro pedido de investigación en la justicia provincial, de manera que ahora se está dirimiendo la competencia”, explicó a Página/12 Roberto Cipriano, de la CPM.
La denuncia, que involucra por su responsabilidad institucional al Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Cristian Ritondo, y a la gobernadora María Eugenia Vidal, tiene que ver con la presencia de policías encubiertos en marchas y conferencias de prensa realizadas para reclamar justicia. Incluso, algunos familiares han denunciado amenazas y seguimientos realizados por policías vestidos de civil.

Violación a la ley de Seguridad Interior
“Nosotros hicimos la denuncia en la justicia federal, que mandó a consultar a la justicia provincial, porque cuando nosotros informamos sobre la presentación a la Procuración General, ellos ordenaron la apertura de una causa” en el fuero provincial, explicó Cipriano. “De manera que ahora hay dos causas y ante tal situación, la justicia federal consultó a la provincial para saber si estaba avanzando en el tema”. En principio, “la fiscal provincial declinó su competencia porque se trata de un delito federal porque es una violación a la ley de inteligencia, a la Ley de Seguridad Interior, de manera que lo que corresponde es que intervenga la justicia federal”.
El trámite lleva a que ahora la denuncia se encuentre en la Defensoría, que tiene que dar su dictamen y luego debe expedirse el Juzgado de Garantías 4 de La Plata, cuyo titular es Juan Pablo Masi. Uno de los hechos más graves ocurrió el sábado 5 de julio pasado, en el Centro Tradicionalista Martín Fierro de Monte, durante la presentación de un informe de la CPM sobre el accionar policial en el pueblo, desde antes de la masacre ocurrida el 20 de mayo , en la que murieron Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez, y sufrió heridas gravísimas Rocío Quagliariello.
En la conferencia de prensa estuvieron “infiltrados” dos hombres , identificados como policías por algunos vecinos presentes. La CPM consideró que fue “un hecho gravísimo, de espionaje ilegal, de amedrentamiento” de familiares y vecinos.
El hecho fue denunciado ese mismo día ante el titular de la Procuración Penitenciaria, Julio Conte Grand, y ante el responsable de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. La CPM tomó fotografías de las dos personas y solicitó a las autoridades del Ministerio de Seguridad que los identificara.
El informe presentado ese día por la CPM fue de extrema gravedad, porque señalaba, entre otras cosas, que en el año 2018 fueron detenidos y llevados a la comisaría de Monte, sin motivo, 271 jóvenes, 42 de ellos menores de 18 años. De ese total, 693 eran varones y 28 mujeres. Las detenciones incluyeron a 42 niños de entre 10 y 17 años.
Cipriano precisó que los dos hombres fueron “reconocidos como policías porque algunos vecinos los habían visto en la comisaría”. Los dos entraron y se sentaron a escuchar lo que se decía durante la presentación. Se fueron cuando promediaba la conferencia de prensa y se subieron a un auto sin patente que los esperaba en las inmediaciones.
Por otra parte, el lunes 1º de julio, cuando estaban en la puerta del Concejo Deliberante, esperando una fallida interpelación a la intendenta Mayol, los familiares habían visto merodeando a los mismos policías.

"Cuando los señalaron, se fueron"
Los vecinos y familiares de Monte le dijeron a Página/12 que “hubo gente sospechosa, policías encubiertos, que se mezclaban con la gente que iba a las marchas, personas desconocidas en un pueblo donde todos nos conocemos”.
La certeza es que “en todas las marchas que se hicieron en mayo y junio, por lo menos, se infiltraron policías, pero el caso más evidente fue el 5 de julio, cuando la CPM vino a presentar su informe, ese día fue demasiado obvio porque fue en un lugar cerrado”. De tan obvio “cuando se los señaló desde el micrófono, los dos se fueron”.
Los familiares de Danilo Sansone han sufrido también algunas persecuciones y hasta amenazas. Juan Carlos, el papá de Danilo, estaba en la vereda de su casa cuando pasó un auto cuyos ocupantes bajaron la ventanilla y lo señalaron con el dedo: “Seguí buscando justicia vos, seguí buscando justicia".
Gladys, la mamá de Danilo, también recibió veladas amenazas de parte de familiares de dos de los policías detenidos por la masacre, Héctor Enrique “Pipi” Angel y José Manuel Durán. En las primeras marchas también se advirtió la presencia de funcionarios del área de Seguridad que llegaban de La Plata para “conversar” con familiares y vecinos.
Más allá de lo sucedido el 5 de julio en Monte, el primer dato preocupante, en materia de espionaje o amedrantamientos, sucedió el 28 de mayo, cuando dos policía uniformados que no se identificaron se hicieron presentes en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, para interesarse por el estado de salud de Rocío, la única sobreviviente de la masacre.
07 de octubre de 2019 ·
El Poder Judicial investiga las escandalosas concesiones a favor de la familia presidencial

Problema judicial para Nicolás Dujovne en la causa peajes


Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública son los delitos que investiga el juez Canicoba Corral. Ahora apareció el nombre el ex ministro de Economía entre los investigados, que se suma al propio Mauricio Macri y Javier Iguacel.

El rol de Nicolás Dujovne quedó en la mira de los investigadores en la causa por las escandalosas concesiones de los peajes. Es porque se contrató a un consultor privado para que evaluara si los nuevos contratos de la Panamericana y el Acceso Oeste eran beneficiosos o no para el Estado, tarea que le correspondía al Ministerio de Hacienda.
Si bien el expediente se encuentra aún en etapa preliminar, la numerosa documentación acumulada ya está siendo analizada en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, que decidió profundizar la investigación la semana pasada.
En su momento, Hacienda, entonces a cargo de Dujovne, no firmó el dictamen necesario que avalara los requisitos de los futuros contratos, tal como indica la ley. En su lugar, Vialidad Nacional --bajo la dirección de Javier Iguacel-- contrató a un consultor externo, quien elaboró un informe sobre la conveniencia o no para el Estado de las nuevas condiciones de concesión. Es decir, se delegó a un privado la tarea de velar por los intereses del Estado, rol que le correspondía en ese caso a la cartera que comandaba Dujovne. Por eso, la última medida de prueba ordenada por Canicoba Corral fue el pedido de información a Vialidad para determinar por qué se contrató a un privado para ese trabajo y cuáles fueron los honorarios que recibió a cambio.
Fraude al Estado, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. Estos son, hasta el momento, los delitos que investiga el juez de instrucción número 6. Sin imputados aún, un discreto dictamen del fiscal de excelentes lazos con Mauricio Macri, Carlos Stornelli, abrió la pesquisa al comenzar la feria judicial de invierno, en base a una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Leopodo Moreau, Adrián Grana y Carlos Castagneto.
Lejos todavía de algún llamado a indagatoria, el juzgado aguarda la llegada de información solicitada a diversas entidades. Por el momento, las expectativas de que haya celeridad y predisposición para responder a los requerimientos del magistrado no son las mejores. Los organismos que deben colaborar son Vialidad Nacional, la Oficina Anticorrupción de Laura Alonso, el CIADI --con sede en Washington-- y la Procuración del Tesoro, a cargo del ex abogado de la familia Macri, Bernardo Saravia Frías.
Lo que sí ya llegó al tercer piso de Comodoro Py es la información solicitada a la Inspección General de Justicia sobre Natal Inversiones SA, la empresa que adquirió las acciones que Socma --la empresa del presidente-- tenía en Ausol. En concreto ya están en análisis los registros societarios de la firma y la composición accionaria, y no se descarta que se ordene un peritaje contable, para determinar las condiciones en que se efectuó la venta de los papeles de la empresa de Macri, cuyo valor se disparó un 400% tras los aumentos de las tarifas y la prórroga del contrato en cuestión. Además, fue solicitada a la Comisión Nacional de Valores la evolución de las acciones en la bolsa tanto de Ausol (Panamericana) como de GCO (Acceso Oeste). “Ahí vamos a hacer un trabajo fino”, adelantó a Página/12 una fuente de la pesquisa.
Respecto de la documentación solicitada al CIADI, el pedido fue realizado por dos vías diferentes: por un lado se envió un exhorto a través del Ministerio de Justicia, encabezado por Germán Garavano al Poder Judicial estadounidense y, por otro, se reclamó a través de Cancillería argentina. Por el momento, desde la cartera de Garavano advirtieron el pasado 10 de septiembre que no es habitual que dicho tribunal internacional responda a pedidos de información de ese tipo. El mensaje tampoco dio cuenta de una voluntad explícita de colaboración por parte del ministerio argentino.
La causa que involucra al propio Mauricio Macri, al actual ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, tuvo un fuerte impulso tres días antes de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, con la declaración testimonial de la ex titular de Juríridicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien podría ampliar su declaración y aportar más documentación próximamente. Bajo juramento y durante más de ocho horas detalló las maniobras del Poder Ejecutivo para extender los contratos de ambos accesos a la Ciudad de Buenos Aires, sin llamado a licitación, y el reconocimiento a la empresa Ausol S.A. de 500 millones de dólares, a cambio de que desistiera de una denuncia millonaria contra la Argentina ante el CIADI. Una suma que la administración pública reconoció en calidad de inversiones no amortizadas, sin siquiera intentar negociar o litigar para conseguir un fallo favorable.
La hipótesis principal en la que se basa la denuncia original es que esa demanda ante el tribunal internacional (que había sido presentada por la controlante española Abertis) formó parte de una suerte de puesta en escena de la empresa en connivencia con los funcionarios macristas en Vialidad, con el objetivo de cobrarle al Estado esos 500 millones de dólares. Un fraude millonario contra el bolsillo de los argentinos que, en caso de comprobarse, comprometería la continuidad de las concesiones de los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste, hoy en manos de Ausol y GCO.
Qué pasó con los peajes
Con la asunción del gobierno de Macri en 2015 y ante los inminentes vencimientos de los contratos --el de Ausol, en la Panamericana, vencía en 2020, y el de GCO, en el Acceso Oeste, en 2018-- las empresas hicieron un reclamo administrativo para renegociar integralmente las condiciones de los acuerdos iniciales. El Gobierno habilitó la renegociación y prorrogó las concesiones hasta 2030, por diez y doce años, respectivamente. Pero esa prórroga fue ilegal, ya que no hubo intervención del Congreso Nacional, se resolvió por decreto y sin llamado a licitación. Pero, además, en el nuevo contrato los beneficios otorgados por el Estado a las empresas fueron inusitados: dolarizaron las tarifas, que alcanzaron aumentos exorbitantes en los último tres años; garantizaron el flujo de tránsito pasante (si no pasa una determinada cantidad de autos por hora, el Estado paga la diferencia); establecieron al menos dos aumentos tarifarios por año, ajustados por inflación, y eliminaron la obligación de levantar las barreras si se superaba un tiempo de espera razonable.
El nudo del escándalo es que uno de las principales accionistas de Autopistas del Sol era, precisamente, el Grupo Socma (Sociedades Macri), cuyos papeles subieron un 400 por ciento tras la asunción de Macri como presidente y gracias a la extensión del contrato por diez años más. Cuando vendió las acciones, a mediados de 2017, Socma ganó casi 20 millones de dólares.
Otro show lisérgico de la diputada de Cambiemos

Elisa Carrió: "Nosotros vamos a decir ganamos, aunque no sabemos si ganamos"

Carrió les pidió a los candidatos de Juntos por el Cambio que salgan a anunciar una victoria oficialista a las 6 de la tarde del 27 de octubre. Apuntó contra integrantes de Cambiemos: sostuvo que Frigerio “esconde muchas cosas” y a Peña le dijo que tire "a la miércoles los formatos”. A Rodríguez Larreta le advirtió: "Es la única vez que te lo digo Horacito, porque sino te cago a patadas".

Elisa Carrió recurrió nuevamente al stand up y sus frases delirantes para hacer campaña por la alianza Juntos por el Cambio. El consejo de la integrante de la alianza oficialista para alcanzar la victoria el próximo 27 de octubre es declararse ganadores sin tener datos precisos o negando directamente un potencial triunfo de Alberto Fernández, el candidato más votado en las PASO y favorito en las encuestas.
En un acto junto a Horacio Rodríguez Larreta, la diputada del oficialismo pronunció una frase desopilante cuando se refirió a la estrategia que debe tener el partido a las seis de la tarde, hora en la que auguró que los candidatos del Frente de Todos anunciarían su victoria. “Ellos van a cantar victoria. Nosotros vamos a decir ganamos, aunque no sabemos si ganamos. Se sale con la certeza de la victoria en todo el país y también en provincia de Buenos Aires”. De acuerdo a sus optimistas pronósticos, el presidente Mauricio Macri ganaría por 10 puntos de ventaja.
En su presentación, Carrió cargó contra propios y ajenos. Del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que “esconde muchas cosas” y que a ella “no le importa” porque “nos entregó toda la Nación”. “Hizo de candidatos del PJ candidatos del gobierno”, puntualizó Carrió, quien también apuntó contra el Jefe de Gabinete Marcos Peña y sus “formatos”.
“Algunos me miran espantados, a mi no me preocupa, yo no estoy en la elección”, manifestó la diputada, que se movía de un lado al otro del escenario como si estuviera en un teatro presentando un monólogo. Desde el principio de su presentación ya marcó cuál iba a ser el tono que manejaría a lo largo de la noche, cuando entre risas contó que le agarró una “crisis de vejez” que sólo se le pasó cuando se corrió del espejo.
En ese mismo tono siguió hablando inclusive cuando se refería a cuestiones políticas. “Vamos a ganar ahora porque están asustados, ahora que los descubrí tienen que mostrar que no fiscalizaron”, subrayó la diputada, que también calificó al candidato de Consenso Federal 2030 Roberto Lavagna como “una persona que no tiene sex appeal”. “No voten a nadie que use calcetines con zapatos en la playa”, agregó.
Luego habló de la supuesta “entrega que hicieron de esta coalición” y le habló a Larreta enfrente de todos los presentes en el boliche Club Araoz: “Escúchenme, es la única vez que te lo digo Horacito porque sino te cago a patadas, porque ya no hay mas tiempo para nada, a Marquitos los formatos, a la miércoles los formatos”, insistió.
Ordenan liberar a Cristóbal López y Fabián De Souza

Los empresarios aguardan que Bonadio fije la caución para salir de la prisión.

La Cámara Federal ordenó excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, dueños de C5N, en el marco de una causa que se desprende de las fotocopias de los cuadernos y en otra por lavado de dinero. Resta que el juez Claudio Bonadio fije una caución para que se haga efectiva la libertad.
Los jueces de la Sala 1 se expidieron en la causa por el manejo de obra pública denominada de las fotocopias de los cuadernos y en otra por presunto lavado de dinero en la compra de inmuebles a la ex presidenta Cristina Kirchner. Ahora, resta que Bonadio fije la caución sobre los empresarios y luego de pagarla quedarán en libertad.
López y De Souza están alojados en los penales de Ezeiza y Marcos Paz con prisión efectiva. Los fundadores del Grupo Indalo habían conseguido la excarcelación días atrás por la presunta venta ilegal del Grupo Indalo al fondo OP Investment en octubre del 2017. Pero seguían en prisión porque aún enfrentaban dos causas penales que les abrió el juez Bonadio por supuesto fraude al Estado por la no liquidación de un impuesto a las naftas durante varios años. Ahora se les concedió la libertad.
Un repaso de la historia reciente del país

El nuevo spot de Alberto Fernández: “Somos la Argentina y vamos a levantarnos otra vez”

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, presentó su nuevo spot de campaña, en el que hace un repaso de la historia reciente del país, desde el golpe de Estado de 1966 hasta el presente.
"Vino Macri y los problemas de Cristina los multiplicó por mil”, dice en el video con una versión acústica de "La Cigarra" de fondo. Y remarca: “Tantas veces nos golpearon, pero somos la Argentina y vamos a levantarnos otra vez”.
“Fíjense en la historia breve que les acabo de contar cuantas veces nos caímos y cuántas veces nos levantamos”, señala Fernández y convoca: “Llegó el momento en que pensemos de lo que fuimos capaces tantas veces”.
Ofensores de Trenes: Alberto Fernández criticó el proyecto para detener por "portación de cara"

"Se inscribe en la lógica de criminalización, porque ahí viajan los pobres y entonces vamos a pedirles DNI porque son los delincuentes", dijo el candidato a presidente.

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, cruzó a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por la resolución de pedir DNI en las estaciones de trenes.
Alberto sostuvo este jueves que disposición del Gobierno que habilita a la policía a pedir DNI en estaciones de trenes y subterráneos "se inscribe en la lógica de criminalización, porque ahí viajan los pobres y entonces vamos a pedirles DNI porque son los delincuentes".
Así lo dijo en una entrevista que brindó a Radio con Vos, y que replicó en su cuenta de Twitter, en donde escribió que "hay un sector de la sociedad a la que le habla (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich y le dice que van a defender a la clase media quitándole derechos a los que están sin trabajo".
"En esa lógica de criminalización se inscribe este decreto de pedir DNI en las estaciones de trenes", aseveró, tras la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
Dicha resolución habilita a que las fuerzas de seguridad pidan el DNI en estaciones de trenes y subterráneos, en el marco del plan “Ofensores de trenes” que será presentado por los ministros de Seguridad y Transporte, Patricia Bullrich y Guillermo Dietrich.
En sus considerandos, la resolución indica que la decisión se enmarca dentro de la Ley de Seguridad Interior (25.059) y que la interceptación de un ciudadano en la vía pública por parte de la Policía con fines de identificación, en este caso exigir la exhibición de su documento de identidad, forma parte de su actividad, toda vez que tiene entre sus funciones la de ‘prevenir delitos’"
Para la ministra todos somos sospechosos

La policía podrá pedir el DNI en los trenes por decisión de Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que bautizó "Ofensores en Trenes". Desestima la presunción de inocencia y autoriza a las fuerzas de seguridad a exigir el documento de identidad a cualquier persona que considere sospechosa.

El Ministerio de Seguridad lanzó un programa que habilita a policías, gendarmes y prefectos a exigir el documento de identidad a cualquier persona que viaje en trenes y por cuyas características físicas pueda considerarse sospechosa de cometer o haber cometido un delito.
La iniciativa legaliza la presunción de sospecha por portación de cara, color de piel, vestimenta gorra con visera o de lana, postura al pararse, modo de mirar, amague de corrida, música que escuche, forma de hablar y cuanto criterio se le ocurra al representante de las fuerzas de seguridad que quiera ampararse en la Resolución 845/2019 firmada por Patricia Bullrich .
El programa entró en marcha a través de su publicación Boletín Oficial y lleva el nombre “Ofensores en Trenes”, es decir que vigilará a personas que puedan cometer allí alguna ofensa, algo que, dicho sea de paso, no siempre implica un delito.
Los considerandos de la resolución explican que el programa tiene por finalidad “la prevención de delitos” solamente en los trenes que a diario es utilizado por 1,2 millones de trabajadores que viajan desde la provincia de Buenos Aires hacia la Capital Federal.
No es la primera vez que Patricia Bullrich focaliza sus políticas de seguridad en los trenes. Desde principios de este año, cuando lanzó el uso de las cuestionadas pistolas Táser, afirmó que uno de los lugares de utilización de esas armas serían las estaciones ferroviarias. “En los trenes, muchas veces va gente parada y el policía no tiene posibilidad de salir rápido si hay una agresión. Tiene que andar entre la gente y, en ese caso, el uso de un arma común es más complicado que una de carácter intermedio”, argumentó.
Con "Ofensores de Trenes", los agentes quedan habilitados a solicitar a cualquier persona “la presentación del documento nacional de identidad”, cuya entrega “será obligatoria en todas las circunstancias”, según establece el texto difundido por el Ministerio de Seguridad.
Los datos de la persona serán consultados en una base de datos, y en caso de comprobarse que tiene antecedentes penales “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta” que lo dejará a disposición de esa autoridad. Es decir que, por lo menos, quedará retenido.
Sin embargo, los trenes propiamente dichos no serán el único lugar donde los agentes, gendarmes o prefectos pedirán los DNI. También habrá control “en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros”. Es decir que los hall de estaciones, boleterías, sectores de descanso, andenes y vagones estarán prácticamente militarizados.
Tal como lo dijo con las Táser, la cartera de Seguridad sostiene que “Ofensores en Trenes” busca “resguardar la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes” y poner la lupa en la “peligrosidad o modalidades que comprometan la libertad y la vida” de las personas.
Rechazos a la resolución firmada por Patricia Bullrich

Control de DNI en trenes: "Hagan lo mismo en aviones, countrys y Olivos”

María del Carmen Verdú, de Correpi, rechazó la medida dispuesta por Patricia Bullrich y advirtió que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas”. El cura Juan Carlos Molina dijo que el gobierno apunta a “criminalizar la pobreza”, mientras el diputado Agustín Rossi preguntó: “¿Por qué en las estaciones de trenes y no en los aeropuertos?".

La resolución con la que el Ministerio de Seguridad habilita a las fuerzas de seguridad a pedir documentos y buscar sospechosos en los trenes fomenta “la discrecionalidad” de criterios de la policía y “masifica” un mecanismo de control que se aplicaba solo en algunos lugares. Así lo consideraron dirigentes de la oposición y de organizaciones sociales que rechazaron el programa lanzado por Patricia Bullrich.
Para el diputado del Frente de Todos Agustín Rossi, el programa “Ofensores en Trenes” publicado hoy en el Boletín Oficial “estigmatiza lo popular” por tratarse de una medida de control que se pondrá en marcha en un transporte público masivamente utilizado por trabajadores. “Condenan penalmente la pobreza. Te van a pedir documentos y privar de la libertad por portación de cara”, cuestionó el legislador.
Es un “infame retroceso solo comparable con la dictadura”, puntualizó Rossi y se preguntó por qué la cartera de seguridad no aplica ese tipo de controles en los que viajan en transportes de uso menos popular. “¿Por qué en las estaciones de trenes y no en los aeropuertos ? ¿Por qué solo en la estación Retiro y no unos metros más allá, en el Patio Bullrich?”, planteó.
En rigor, las fuerzas de seguridad ya tenían la facultad de solicitar DNI por averiguación de antecedentes. Sin embargo, lo que hace la resolución publicada hoy “es masificarla de una manera tan brutal que, al meterse en una estación de trenes, va a afectar a la señora de Palermo que va a tomar el tren para visitar a la hermana en San Isidro”, puntualizó la abogada de la Correpi María del Carmen Verdú.
Además, recordó que “los trenes son el laboratorio de medidas represivas” que luego se generalizan. “La presencia de gendarmes en el patrullaje urbano empezó en ámbitos ferroviarios, el uso de las pistolas Táser, también”, dijo a Página/12.
Esto se debe a que “la política de seguridad del Gobierno tiene dos características: la creación de herramientas novedosas, como la Doctrina Chocobar, y la profundización al hiperextremo de la totalidad de herramientas de control que ya existían, dándole una vuelta de tuerca para masificarlas más”.
Por su parte, el sacerdote integrante de Curas en Opción por los Pobres, Juan Carlos Molina, también rechazó la medida, al sostener que se trata de una medida que apunta a “criminalizar la pobreza”. “En trenes viajan los pobres, los negros, los cabecitas. Hagan el mismo control en aviones, country y Olivos”, dijo a través de su cuenta de Twitter.
Macri se hizo el gracioso con una mujer en Santa Fé y quedó como un zopenco

Después de haber comparado la actualidad -o mejor dicho- la terrible situación del país con el Superclásico, el presidente se hizo el gracioso con una mujer por el nombre de la localidad de dónde provenía. Igual que un niño de primaria. O peor.

Macri protagonizó un acto en Santa Fé de muy poca y cuidada convocatoria, como todo lo que parece hacer el presidente después de cuatro años fatales de gestión.
Allí le puso el micrófono a una mujer que dijo: "Soy de la localidad de La Pelada". Y Macri, dejándose elevar por los huracanados vientos de la estupidez, le contestó: "Pero no te veo pelada para nada".
Más allá que el chiste sea muy malo, cae mal en las redes sociales por el difícil momento que atraviesa el país que deja Mauricio con poco más de un 35% de pobreza, una deuda tremenda, desinversión en todos los sectores, y una fuerte desindustrialización.
Pero todavía, Macri, se hace lugar para chistes de colegio primario. Privado... obvio.
Las contratistas echaron a 40 trabajadores

Ruta 7: después del simulacro de Macri llegaron los despidos

Las empresas de la obra que Macri y Vidal visitaron el lunes esperaron solo 24 horas para despedir a un tercio de la plantilla. Los empleados tomaron el obrador para reclamar las reincorporaciones. "Está todo de manera precaria", advirtieron sobre la parte de ruta inaugurada a las apuradas.

Al día siguiente del simulacro de inauguración de un nuevo tramo de la Ruta 7 encabezado por el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, las empresas contratistas de esa obra despidieron a 40 trabajadores, un tercio la plantilla. “Después de esa pantomima nos encontramos con la noticia de que nos echaron”, criticó Martín Sebastián Salcedo, uno de los obreros que desde este miércoles mantienen una toma del obrador en reclamo de reincorporaciones.
La “pantomima” a la que se refirió Salcedo ocurrió el lunes pasado, cuando el presidente, la gobernadora y el intendente de Junín, Pablo Petracca, encabezaron un acto en el que el jefe comunal celebró la “inauguración de 40 kilómetros que se suman a los 39 que ya están en funcionamiento”. “Ahora será más fácil venir a pescar el pejerrey y a comprar un salamín de nuestra ciudad, porque nos va a acercar a Buenos Aires”, celebró Petracca frente a un pequeño grupo de adherentes que gritaba “sí se puede”.
Sin embargo, “después de toda la pantomima que se hizo, al otro día nos encontramos con esta noticia”, lamentó Salcedo durante una entrevista por AM 750 en la que cuestionó que el acto oficial fue celebrado a sabiendas de un despido masivo en ciernes.
“Anteayer se inauguró la obra, ayer estaban preparados los telegramas y hoy estamos tomando medidas de fuerza para que reincorporen al personal”, dijo el trabajador para demostrar la premeditación y lanzó una advertencia: “La obra que se inauguró puede traer muchos inconvenientes a la seguridad vial por la forma en que se empalmaron las dos calzadas y cómo está señalizado. Está todo de manera precaria”.
Entre los cesanteados hay 24 trabajadores oriundos de Junín y 16 de otras ciudades. Ahora, todos “estamos ocupando el obrador para tratar de lograr que algún tipo de negociación y se reincorporen” a los que echaron, dijo. “Queremos que devuelvan el trabajo, que es lo que les sacaron de un día para el otro”, remarcó.
La obra está a cargo de una UTE (Unidad Transitoria de Empresas) conformada por Supercemento, Chediack y Dycasa, que fue “la única que se acercó a hablar” para tratar de destrabar el conflicto, destacó Salcedo, quien trabajó allí durante tres años.
“En esta obra encontré mi posibilidad de progresar”, lamentó y describió que lo que prima en el obrador donde los despedidos mantienen su protesta es “la indignación, la incertidumbre y la tristeza”. “Así es el ambiente que hay acá”, añadió y advirtió que, tas el recorte de personal, “ahora no se sabe cuándo va a terminar” la totalidad de la obra.
“Lo más triste es que le falta mucho, hay mucho trabajo por hacer”, dijo e insistió con los “muchos inconvenientes” que tiene el tramo inaugurado el lunes por Macri, Vidal y Petracca. “Está todo de manera precaria. No quiero generar malos augurios, pero la obras que se inauguró genera mayor inseguridad”, concluyó.
Tal como lo consignó Página/12, la obra de la Ruta 7 es una de las muestras de que el macrismo construye más caro y en mayor tiempo que el gobierno anterior. El tramo de esa autovía inaugurada el lunes se licitó por 727 millones de pesos en 2015. Pero no bien comenzó el gobierno de Macri, se autorizó un rediseño que llevó el valor a 1049 millones y hasta ahora se pagaron 4.272 millones.
Se estima que se completó sólo el 64 por ciento de la obra, de manera que es imposible terminarla en enero de 2020, como estaba previsto. La construcción lleva ya 52 meses desde el inicio y cuando se pactó la terminación en 24 meses. Hubo denuncias al respecto presentadas por el Sindicato de Trabajadores Viales, la Federación del Personal de Vialidad y el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV).
Debate 2019: Roberto Navarro disparó contra los moderadores y develó que "son los periodistas que reciben pauta por un blog"

El periodista estalló contra la decisión de la Cámara Nacional Electoral. "Es un papelón y es una muestra de que nada cambió que todos los periodistas sean macristas", afirmó en la radio.

Roberto Navarro estalló contra la elección de los moderadores del debate presidencial: "Es un papelón y es una muestra de que nada cambió que todos los periodistas sean macristas", afirmó en la radio.
El periodista en su programa Navarro 2019 en El Destape Radio arrancó: "La pauta publicitaria es algo que existe prácticamente en todo el mundo y es una forma de que el Estado garantice que haya medios de comunicación y el derecho a la información como una de las bases de la democracia". Y añadió: "Mientras la pauta va a los medios hegemónicos está todo bien. Cuando la pauta va a alguna pyme o algún medio que no está ideológicamente a favor, María O'Donell te hace un libro".
Navarro siguió: "Y después hay gobiernos que dan plata en negro. Una cosa que enojó rápidamente a los medios con Néstor Kirchner fue que Duhalde daba unos sobres muy grandes que llegaban el día 5 y el día 20 a los periodistas. Y una de las primeras cosas que reclamó Jorge Lanata es que llegó el 20 y no le había llegado la plata. El tipo estaba enojadísimo".
Y denunció: "Ahora esta gente entonces, porque ellos son mucho más sofisticados que Duhalde, hizo los blogs. Le dijeron 'abrite una página, no tenés que tomar ningún empleado, no tenés que difundir nada y nosotros te ponemos una pauta ahí'".

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Con sorna, Navarro manifestó: "Entonces cuando tuvieron que decidir quiénes hacían el debate dijeron 'fijate el listado que tenemos de los blogs y ponelos a esos que son mis amigos'. Para no equivocarse. Entonces buscaron a los que tienen los blogs, que son gente que recibe dinero ahí, sin dar nada".
Sobre si le hubiera gustado ser parte del debate, Navarro fue contudente: "No me hubiera gustado moderar. No me parece un trabajo periodístico. No tenés una repregunta, no tenés laburo de periodista".
"La demostración de que el debate es en vano es cuando en 2015 Macri nos mintió en ese debate", contó. Y cerró: "Es un papelón y es una muestra de que nada cambió que todos los periodistas sean macristas. Yo los desafío: vayan a buscar a ver cuál de estos no tiene un blog que recibe pauta sin hacer nada. Son los periodistas del blog a los que pusieron".
Los Cuadernos del chofer: ordenan liberar al empresario Gerardo Ferreyra, dueño de Radio del Plata

El dueño de Electroingeniería estaba procesado con prisión preventiva en la investigación en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kichner.

La Cámara Federal porteña concedió la excarcelación al empresario Gerardo Ferreyra en la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno, en la que quedó preso el 1 de agosto de 2018 y por la cual se encontraba con prisión domiciliaria.
Anteriormente, los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes habían rechazado excarcelarlo, pero "momentáneamente" le habían dado al dueño de la empresa Electroingeniería el beneficio del arresto domiciliario bajo "estrictas medidas de seguridad".

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Ferreyra estaba procesado con prisión preventiva en la investigación en la que también está acusada la ex presidenta Cristina Kichner y otros ex funcionarios de su gobierno por supuesta asociación ilícita destinada a recaudar sobornos entre empresarios vinculados a la obra pública.
Durante mucho tiempo, fue el único empresario de la causa Cuadernos que se encontraba con prisión preventiva, hasta que se dictara la misma suerte para los dueños de C5N, Cristobal López y Fabian De Sousa, que todavía siguen presos. Precisamente, es por esta causa que los dueños de C5N siguen en prisión, a la espera de que se resuelva prontamente su situación procesal.
Ferreyra es dueño del grupo Electroingeniería, concesionario de obra pública y a la vez propietaria de la emisora Radio Del Plata, uno de los medios críticos del macrismo que entraron en crisis tras el ahogo financiero a los medios opositores por parte de la actual administración. El empresario está acusado de haber formado parte de un esquema de cobro de obra pública con sobreprecios a cambio de coimas.
La picante respuesta de José Luis Gioja a Roberto Navarro por las elecciones en Mendoza: "Son medio gorilitas"

El exgobernador de San Juan bromeó con la victoria de Cambia Mendoza en los comicios para gobernador y aseguró que el oficialismo a nivel nacional no tiene posibilidades de dar vuelta la elección.

El presidente del PJ, José Luis Gioja, se refirió en tono risueño a la victoria de Rodolfo Suárez en Mendoza al decir que en esa provincia "son medios gorilitas", y recalcó que no hay posibilidades de que el resultado de las elecciones primarias se dé vuelta.
"Vos sabes cómo son en Mendoza, son medios gorilitas. Ahi ganaron los radicales, pero el peronismo hizo un buen papel. Hay que ver de donde veníamos. No es para preocuparse, en serio", aseguró en diálogo con Navarro 2019, programa que se emite por El Destape Radio, y aclaró que “hay cuestiones históricas en Mendoza, hubo dos gobiernos de PJ que no dejaron un buen recuerdo”.
También añadió: "Me parece que estamos transitando momentos históricos en Argentina. Nuestro pueblo está entendiendo la oportunidad histórica que tiene de sacarse este lastre de encima, terminar con esta pesadilla. A mi me parece que esta esperanza que obviamente genera tristeza por lo que sufra cada uno, también se transforma en alegría porque saben que se van. No hay vuelta".
La Corte Suprema falló en contra del Gobierno por la rebaja en Ganancias y la reducción de IVA a las provincias

La resolución, adversa para Mauricio Mauricio, fue adoptada por la supuesta "mayoría peronista" del máximo tribunal: Lorenzetti, Maqueda y Rosatti.

Otro revés para el Gobierno nacional. Este martes, la Corte Suprema de Justicia dictó una medida cautelar en contra del Estado Nacional y obligó al Gobierno a asumir las rebajas del IVA y el Impuesto a las Ganancias que anunció el presidente Mauricio Macri "sin afectar la coparticipación que corresponde a las provincias".
La mayoría compuesta por los jueces Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti dio lugar a un reclamo de la provincia de Entre Ríos y dictó la misma solución para el resto de los distritos que iniciaron demandas: Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Las provincias impugnaron los decretos 561/19 y 567/19 que firmó Macri. El primero subió el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias de los trabajadores en relación de dependencia y alivió la carga impositiva para los autónomos. El segundo bajó a 0% la alícuota de IVA para alimentos de la canasta básica hasta el 31 de diciembre. Ambos impuestos son coparticipables, por lo que una parte de lo que se recauda baja de manera automática a provincias y municipios.
La medida obliga al Estado a no reducir esa masa de recursos coparticipables hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Los jueces que votaron en conjunto sostuvieron que demorar una medida precautoria hubiera implicado poner "en riesgo el normal funcionamiento de las instituciones provinciales y la atención de las necesidades básicas de la población".
La cautelar protege a las provincias de la afectación de recursos hasta que la misma Corte tome una decisión de fondo o se llegue a un acuerdo entre los distritos y la Nación.
La Corte también deberá resolver sobre la constitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el Gobierno congeló el precio de los combustibles. Tres provincias petroleras, Neuquén, Río Negro y La Pampa, recurrieron al tribunal.
La Cámara Electoral dio a conocer el listado

Debate presidencial 2019: quiénes serán los periodistas moderadores

La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes quiénes serán los periodistas que moderarán los dos debates de candidatos, con posibilidad de un tercer encuentro en caso de que la elección presidencial se defina mediante ballottage.
Los debates serán moderados por dos parejas de periodistas, que participarán por bloques de preguntas. Para el debate del domingo 13 de octubre, que se realizará en la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe), los encargados de hacer las preguntas serán María Laura Santillán, Rodolfo Barili, Gisela Vallone y Guillermo Andino.
La segunda emisión del debate se realizará el 20 de octubre en la Facultad de Derechos de la Universidad de Buenos Aires. Allí los periodistas encargados de plantear los temas y moderar los tiempos serán María O’Donnell, Marcelo Bonelli, Mónica Gutiérrez y Claudio Rígoli.
Si la elección presidencial llegara a definirse mediante ballottage entre los dos candidatos más votados, habrá un tercer debate, que se realizará el 17 de noviembre. En esa oportunidad los moderadores serán Viviana Canosa, Daniel López, Cristina Pérez y Alberto Lotuf.
En el debate se cruzaran por primera vez el presidente Mauricio Macri, Alberto Fernández, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión, José Luis Espert y Roberto Lavagna.
Nuevo DNU de Macri

El Gobierno bajó las indemnizaciones por accidentes de trabajo

A pocos días de la muerte de un obrero en la terminal aérea de Ezeiza, el Gobierno redujo el monto de las compensaciones por invalidez o deceso de los trabajadores. Justificó su decisión en los "incrementos desmedidos" que resultan del actual índice con el que se calculan las indemnizaciones.

El presidente Mauricio Macri modificó por decreto el cálculo base para el pago de intereses en las indemnizaciones por accidentes de trabajo. El decreto 669 , publicado esta mañana en el Boletín Oficial, quita a la tasa de interés del Banco Nación como valor de referencia para el ajuste del monto de indemnización y lo reemplaza por la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
El Gobierno argumenta su decisión en los desequilibrios macroeconómicos que generaron sus políticas para apuntar que las altas tasas de interés "han llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema".
La decisión del Gobierno se conoce a menos de una semana del accidente ocurrido en el Aeropuerto de Ezeiza , donde murió un obrero y la Justicia investiga irregularidades de las empresas y los controlantes .
"El ajuste de las obligaciones de las aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema", indica el decreto firmado por Macri y subraya que busca la "sostenibilidad del Sistema de Riesgos del Trabajo".
"Me llama la atención que Macri baje las indemnizaciones laborales poco después de la muerte de un trabajador por la política de inaugurar obras", apuntó el titular de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky, y calificó la decisión como "una aberración". En diálogo con El Destape radio, el dirigente gremial advirtió que "las centrales tendremos que tomar medidas".
El decreto presidencial modifica el artículo 12 de la Ley de Contrato de trabajo y, en particular, su punto 2, donde se especifica cuál será el valor de referencia para calcular los intereses entre la denuncia del trabajador y el reconocimiento de su indemnización por "determinación de la incapacidad laboral definitiva, deceso del trabajador u homologación".
Hasta hoy —"las modificaciones dispuestas en la presente norma se aplicarán en todos los casos, independientemente de la fecha de la primera manifestación invalidante", detalla el decreto—, el interés era calculado sobre la tasa activa a 30 días del Banco Nación.
Sin embargo, el decreto menciona que se apoya en "los recientes acontecimientos económico-financieros" para avanzar en la modificación del cálculo y precisa que con la política de tasas de interés actual del Banco Central "el rendimiento financiero de los activos de la industria aseguradora es del orden del 42% promedio, mientras que la tasa de interés vigente para las indemnizaciones por contingencias previstas en la Ley 24.557 asciende a niveles cercanos al 90%".
"El referido desequilibrio sistémico, el ajuste de las obligaciones de las Aseguradoras mediante la aplicación de tasas financieras ha llevado a desnaturalizar los derechos de los trabajadores beneficiarios del sistema", considera el decreto presidencial en pos de imponer las "garantías técnicas que permitan actuar ante un posible deterioro de la situación patrimonial de las Aseguradoras".
Sobre el impacto que el actual cálculo tiene sobre las indemnizaciones de los trabajadores, el Gobierno consideró que "generan rendimientos financieros disociados del daño a reparar y ajenas al propósito que inspira la norma".
Con esos argumentos, el decreto borra la tasa del Banco Nación como referencia y la remplaza por "un interés equivalente a la tasa de variación de las Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) en el período considerado".
"Si esta norma no es inconstitucional, cuando llegue el reclamo de la familia del trabajador que murió en Ezeiza se le va a aplicar esta baja en la indemnización", ejemplificó el juez laboralista Enrique Arias Gibert .
Definiciones de Alberto Fernández sobre el índice de pobreza que se conocerá a la tarde

"Lo único que produjo Macri fue 5 millones de nuevos pobres"

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, sostuvo que el aumento del índice de pobreza que esta tarde confirmará el Indec “es la peor consecuencia de las políticas de Mauricio Macri” y puntualizó que el gobierno de Cambiemos “finalizará su gestión con un 40 por ciento de pobres, porque lo que hoy vamos a conocer es previo” al cierre del año.
“Lo único que llegó a producir Macri fue 5 millones de nuevos pobres, gente que estaba en clase media y que dejó ese lugar para caer en el cono de la pobreza”, criticó el candidato al ser consultado sobre la medición oficial del primer semestre que se difundirá hoy a las 16 y que las consultoras privadas promedian en 35 por ciento.
Durante una entrevista por Futurock, Fernández hizo una aclaración: “Macri va a terminar su gestión con 40 puntos de pobreza porque lo que hoy vamos a conocer es previo al último efecto devaluatorio que se vivió”, tras las PASO de agosto.
Además, el candidato sostuvo que el gobierno de Juntos por el Cambio “ha perdido la noción de que la gente se siente muy mal” y aseguró que, si triunfa en las elecciones del 27 de agosto, se pondrá al frente para “librar la batalla épica de terminar la pobreza”.
No obstante, aclaró que “revertir los niveles de inflación, de pobreza y de deterioro del salario son cosas que demandan tiempo, y nos vamos a tomar ese tiempo” para solucionarlo. “Pero –agregó- va a haber un cambio de política y eso va a traer resultados” en menor plazo.
Para ello, agregó, una de las primeras medidas que tomará será “recomponer lo más rápido posible el salario y las jubilaciones”, de tal modo que se pueda “recuperar el consumo”, que es lo que pondrá en marcha la rueda del crecimiento. Por otra parte, Fernández se refirió a los resultados de ayer en la provincia de Mendoza, donde el candidato del oficialismo, Rodolfo Suárez, se alzó con la gobernación por sobre la del Frente Elegí, Anabel Fernández Sagasti.
“Cuando la gente vota, lo que hay que hacer es acepar la decisión”, dijo y reconoció que “sabíamos que era una pelea muy difícil a pesar de que nos había ido bien en las PASO”. Lo importante, destacó, es que “en la hipótesis de que ganemos en octubre, podamos hablar con el nuevo gobernador de Mendoza”.
Criticas del diputado Fernando Espinoza al Presidente

"Macri no cree en los argentinos"

"Ahora, el presidente Mauricio Macri recurre a una cuestión de fe para pedir que lo voten. Le pide a los ciudadanos que crean en él porque él cree en ellos", dijo el diputado y candidato a intendente de La Matanza por el Frente de Todos, Fernando Espinoza, en respuesta a las declaraciones de Macri cuando pasó por Florencio Varela para inaugurar un Metrobús. "Yo estoy acá porque creo en ustedes", dijo entonces el Presidente. Para Espinoza, "esto lisa y llanamente es una falacia". Según el candidato a intendente, es falso "no sólo porque pide que le crean sin poder mostrar un sólo dato de la realidad que empuje esa fe y sin tener un sólo proyecto que diga qué piensa hacer para salir de este desastre al que llevó al país, sino porque es absolutamente evidente que Macri no cree en las argentinas y en los argentinos". "Si creyeran en ellos no hubiese, no hubiese condenado el voto popular tras las PASO", consideró. Añadió que "si creyeran en ellos no hubiera dejado que durante 48 horas el descontrol financiero no tuviera ninguna intervención del gobierno a su cargo; si creyeran en ellos hubiera apostado con sus políticas al trabajo, al desarrollo de las pymes, al impulso industrial, a agregar valor a las producciones", enumeró.
El candidato del Frente de Todos contó que ya recibió "propuestas" de acreedores de la Argentina

Alberto Fernández sobre la deuda: “Las condiciones de negociación existen”

El postulante presidencial reveló que varios acreedores le acercaron  “propuestas razonables” para el pago de la deuda tomada por el gobierno de Macri. "Y si ellos me proponen eso, tal vez consigamos algo mejor”, agregó. Repitió la posibilidad de una salida "a la uruguaya" y diferenció la negociación con los privados de la que habrá con el FMI.

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que “existen condiciones de negociación” concretas con los acreedores privados y reveló que varios de estos le hicieron “propuestas de salida razonables” para el pago de la deuda tomada por el gobierno de Mauricio Macri.
“Sin que nadie se las pida, me han hecho propuestas y algunas son buenas para la Argentina; mejores de las que tenemos. Ahora bien, esto es una negociación. Y si ellos me proponen eso, tal vez consigamos algo mejor”, explicó el candidato. Durante una entrevista por Radio La Red, Fernández aseguró que luego de las varias reuniones que mantuvo con esos acreedores se dio cuenta de que “las condiciones de negociación (de deuda) existen” y, tal como lo indicó anoche durante la cena en la Fundación Mediterránea, sostuvo que una de las posibilidades es que se tome como ejemplo “una salida a la uruguaya” .
“Ellos son muchos más abiertos que los argentinos, ven que tenemos dificultades y ofrecen salidas”, comparó el candidato para criticar el dogmatismo con que el gobierno de Mauricio Macri encaró el “reperfilamiento” de la deuda.

“Alargar el tiempo” de los vencimientos de deuda
Fernández explicó que a pesar de que el “reperfilamiento” es un eufemismo del default, al menos ofrece la posibilidad de “alargar el tiempo” para el pago de la deuda, y estimó que esa será una de las propuestas que se negociarán. “Vamos a ver lo que acepten los acreedores y lo que podamos ganar en favor de la Argentina”, dijo al respecto.
“La condición para poder pagar es que crezcamos, que es poder exportar y que no nos pidan más ajustes”, subrayó y aclaró que una cosa será la negociación con los acreedores privados y otra con el Fondo Monetario, con quien “tenemos la peor de las deudas, la más alta”.

Consumo, salario y jubilaciones
Por otra parte, Fernández reiteró que uno de sus ejes para salir de la crisis será el “fomento del consumo” a través del “restablecimiento del salario real y las jubilaciones”.
Dijo que ambos ingresos tuvieron “una pérdida de alrededor del 20 por ciento” y estimó que ese sería el valor que tendrían que aumentar. “Eso es lo que tenemos que hacer”, indicó y no descartó una modificación del cálculo de movilidad jubilatoria al sostener que “el anterior” era “mejor que el de ahora”.
Iniciaron una causa por los municipales obligados a militar para Larreta

Ya investigan las denuncias de empleados porteños obligados a hacer campaña

El fiscal Di Lello abrió una pesquisa por violación al Código Electoral. Dos trabajadoras del Autódromo se presentaron ayer a ratificar su denuncia en Tribunales.

Llegó a la justicia. La denuncia de los trabajadores del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que reciben órdenes de sus jefes para participar -pese a que la ley lo prohíbe- de timbreos, actividades en los call center, volanteadas o charlas con los vecinos para la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está siendo investigada por la fiscalía que conduce Jorge Di Lello, fiscal federal con competencia electoral en la ciudad de Buenos Aires, quien inició de oficio una pesquisa preliminar por la presunta infracción al Código Electoral.
Ayer ratificaron su denuncia Florencia Rodríguez y Lucía Sánchez Vilar, dos trabajadoras del Autódromo porteño que se negaron a participar de ese tipo de actividades y con la asistencia legal de los abogados de la Asociación del Trabajadores del Estado (ATE) Capital fueron a dar su testimonio en sede judicial a pesar de que siguen yendo todos los días a trabajar y que saben que sus contratos, que vencen en diciembre, podrían no ser renovados.
PáginaI12 publicó la denuncia en la tapa de la edición del 19 de agosto pasado. Allí se daba cuenta del hostigamiento que recibieron antes y después de la PASO los trabajadores del ministerio de Ambiente y Espacio Público del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para hacer tareas de militancia a favor de Horacio Rodríguez Larreta. En esa ocasión, los delegados de ATE Capital denunciaron la situación en un comunicado y los testimonios que consiguió este diario eran anónimos por el miedo de los trabajadores a que no les renovaran sus contratos. Pero la difusión de la práctica surtió un efecto positivo: los empleados fueron perdiendo el miedo a hablar y el sitio tucampañanoesmitrabajo, que en ese momento casi no tenía testimonios, hoy está lleno de historias similares (ver aparte). Ese sitio fue creado por las dos chicas que ayer ratificaron su denuncia en la fiscalía de Di Lello.

Las denuncias al Gobierno de la Ciudad
Florencia Rodríguez trabaja en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Cobra su salario como monotributista y le hacen un contrato anual que se renueva (o no) cada diciembre. A pesar del miedo sobre su futuro, ayer declaró en sede judicial lo que le viene pasando desde mediados de julio. “En esa época se hicieron reuniones con todo el equipo en las que se nos indicaba que por 'órdenes de arriba' teníamos que participar de actividades de campaña: volanteadas, actos políticos, timbreos, presencias en los calle center”. Florencia explicó que a cada trabajador le tocaba una tarea distinta y que a ella en ese momento le indicaron que tenía que ir a volantear a Belgrano. Respondió, por mail, que no iba a ir. A partir de ese momento, desde el gobierno porteño cambiaron la modalidad: les empezaron a dar indicaciones a los trabajadores, pero sólo cara a cara. Nada que quedara registrado por escrito. Ella y su compañera Lucía Sánchez empezaron a intentar concientizar a sus compañeros de que hacer ese tipo de actividades militantes no estaba en el marco de la ley. Y cabe destacar que no eran sólo invitaciones: a los que se negaban a participar les decían que si no se sumaban a algún evento, tarde o temprano se iba a tener que ir del gobierno porteño por su “falta de compromiso”. Todo este recorrido Florencia también lo dejó por escrito ayer en la fiscalía de Di Lello.
Lucía Sánchez también trabaja en el autódromo y vivió una situación parecida. “Me pidieron ir a volantear, como a todos los del autódromo. Boleta completa con Macri y sólo boletas de Larreta. Y a todos nos amenazaron con echarnos si no lo hacíamos”, dijo a este diario. Y agregó que “nos empezamos a dar cuenta de que había testimonios similares tanto en Nación, como en Provincia, como en las intendencias. En municipios como Lanús, Quilmes, Morón y San Miguel pasa lo mismo”.
Ambas siguen trabajando, pero están marcadas: les cambiaron la oficina, están más lejos de sus compañeros y más cerca de su jefe y no tienen interlocución directa con él, sino que les designaron a un intermediario. Saben que a partir de esta denuncia no sólo corren el riesgo de que las echen o no les renueven el contrato: incluso si siguieran en sus puestos, están seguras de que los aumentos “a dedo” que se hacen cada tanto no las van a tener entre las beneficiadas.
Hay otro fenómeno que la fiscalía de De Di Lello va a investigar según vayan surgiendo los testimonios: dónde funcionan los call center, cómo se financian y si es cierto, como trascendió, que a partir de que se hizo público que los empleados porteños son instados a realizar actividades de campaña, ahora están contratando, según dijo a este diario una fuente que prefirió guardar reserva de su identidad, “a gente de afuera a la que le pagan con plata de `caja chica´ para volantear por cinco mil pesos al mes”.

Qué dice la ley
La investigación preliminar de Di Lello puede crecer en la medida en la que en la fiscalía investiguen y sumen más testimonios y nombres concretos de los que dieron las órdenes. Lo concreto es que pedirles a los empleados porteños actividades de militancia está vedado por ley 25.164 , que en el inciso E del artículo 24 establece “la prohibición para los empleados públicos de valerse directa o indirectamente de facultades o prerrogativas inherentes a sus funciones para fines ajenos dicha función o para realizar proselitismo o acción política”. Rodríguez Larreta debe saberlo, pero la desesperación por no perder el único bastión que le puede quedar a Juntos por el Cambio después del 27 de octubre le debe estar jugando una mala pasada.
Daniel Catalano, titular de ATE Capital, dijo a este diario que “la militancia no puede ser nunca un imperativo obligado desde la gestión de turno, no puede ser parte de las de la funciones, tareas o actividades requeridas para ningún puesto de trabajo en la Administración Pública, mucho menos una carta de negociación para conservar el laburo o una forma de garantizar militancia proselitista para un espacio político que no la tiene por naturaleza”. Y agregó que “este gobierno nos persiguió tildándonos de ñoquis y grasa militante. Es inaudito que obliguen a los trabajadores a militar a Cambiemos. Peor aún cuando es un gobierno que se ocupó de desplazarnos, maltratarnos, despedirnos, precarizarnos, que nos hizo perder el salario y que eliminó las políticas públicas más importante del Estado”.
Estela de Carlotto aseguró que el de Macri "va a quedar en la historia como el peor Gobierno votado"

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo fue lapidaria con el actual primer mandatario y opinó sobre el traslado del Ministerio de Justicia a la ex ESMA.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto habló con El Destape Radio y aseguró que "este va a quedar en la historia como el peor Gobierno votado" pero se mostró esperanzada "de que recuperemos el país".
En diálogo con Habrá Consecuencias, la referente en Derechos Humanos opinó sobre el traslado de la IGJ a la Ciudad de Buenos Aires: "Eso no se puede. Cuando lo quisieron hacer Gils Carbo lo frenó hace 10 años".
Carlotto también criticó a Larreta: "Parece que Rodriguez Larreta quiere sacar un DNU sobre la IGJ porteña donde la necesidad es ocultar la información y la urgencia es que se van del Gobierno. Quieren que sea un buzón donde nadie controle nada".
"Quieren convertir a la Argentina en un país offshore friendly. Y eso tiene nombre y apellido: son los que están en el Gabinete. Es correcto decir que quieren transformar Buenos Aires en Panamá, hacer como se hace en los países donde hay guaridas fiscales".
Además, se refirió al traspaso del Ministerio de Justicia a la nuevo edificio de la ex ESMA, que se llamará Raul Alfonsín: "Se había aceptado de parte de los organismos de DDHH llevar parte del Ministerio de Justicia a la ex ESMA siempre que incluya ponerlo en condiciones" aunque aclaró: "La obra en la ex ESMA se va a inaugurar después de las elecciones. Que no usen este lugar de dolor para ganar simpatía".
Elecciones 2019: Así fue la puesta en escena de Macri y Vidal en Florencio Varela, tras la tragedia en Ezeiza

Con cintas y un corralito, el macrismo armó una falsa convocatoria para mostrar apoyo al Presidente y a la gobernadora.

El presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal armaron una puesta en escena en Florencia Varela al inaugurar el Metrobus en esa zona, en medio de la conmoción por la muerte de un obrero en el Aeropuerto de Ezeiza.
Con cintas violetas firmadas por Presidencia de la Nación, un corralito y micros con decenas de personas, el macrismo "inventó" un acto proselitista.
"Mauricio no se va" y "Ahora, Vidal gobernadora", algunos de los cantitos de la "militancia" que llevó hasta allí el PRO. Este representó el acto que los mostró juntos al mandatario y a la jefa de la Provincia por primera vez desde las PASO.
El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, explicó su ausencia durante el acto de Macri “Decidí no ir al acto para no prestar mi presencia en un acto de campaña de gente que está destruyendo el país”.
En diálogo con El Destape Radio, el jefe comunal relató que desde el gobierno nacional “trajeron gente en combi para el acto”.
“No fui al acto porque mi sentimiento estaba con la viuda de Bulacio, el trabajador que murió ayer en el aeropuerto de Ezeiza. Al comenzar sus discursos Macri y Vidal mandaron el pésame a la gente de Ezeiza. No sabían que el fallecido era de Florencio Varela”, agregó
Asimismo, el dirigente remarcó: “Todas las veces que vino la Gobernadora fue encapsulada en un helicóptero y luego recorre las calles en una camioneta blindada”. Afirmó: “Hace dos años que soy intendente y nunca pude hablar con Vidal ni por teléfono”.
El violento mensaje de un candidato de Cambiemos en La Rioja

Pablo Yapur, en un audio: “Que se caguen de frío, que se caguen de hambre y que duerman en la plaza”

Pablo Yapur, candidato a diputado provincial de Juntos por La Rioja, envió un extenso audio a sus seguidores en el que agrede a los votantes del Frente de Todos y sentencia: “A partir de ahora, ‘ayuda cero’”.

El candidato a diputado provincial de Juntos por La Rioja, Pablo Yapur, envió a sus votantes unas directivas de campaña centradas en el odio hacia “los putos” y “los pobres” que votaron al Frente de Todos. “A partir de ahora, ‘ayuda cero’”, y “que se caguen de frío, que se caguen de hambre y que duerman en la plaza”, disparó contra quienes, según él, son “negros sucios, drogadictos, vagos” y “basuras producto de 12 años” de kirchnerismo. Tras el escándalo, el candidato salió a afirmar en una entrevista radial que no se trataba de su voz.
La serie de recomendaciones sobrecargadas de desprecio y homofobia fueron enviadas por Yapur a través de un mensaje de audio que comienza sin anestesia: “A partir de hoy muchachos, queridos amigos míos, les comunico que los pobres me importan un choto” y “a ningún puto le compro una tortilla en la calle”.
La diatriba que se filtró y desató el escándalo continúa con una recomendación que reformula el slogan oficialista de “pobreza cero”: “Ahora, ‘ayuda cero’ a ningún puto que lo necesite. ¿Te falta el remedio? Andá a pedirle a los FF. Le falta esto, andá a pedirle a ellos. Que se remil caguen”.
El FF que alude a la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kichner también hizo pie en el candidato local del Frente de Todos. “Que se caguen porque esos hijos de un millón de putas son los que han votado a este K de mierda”, dijo apuntando a Sergio Casas, el gobernador local que se encamina a ser reelecto.

“No es mi voz"
Una vez desatado el escándalo, Yapur negó haber enviado ese audio y se manifestó “totalmente en contra con el tipo de expresiones” que se escucharon. “No es mi voz, en mi departamento (San Blas de los Sauces) todos los sabemos”, dijo a pesar de que la voz del audio tiene una alta similitud con la que se le escuchó durante su entrevista por Radio La Red.
Además, aseguró que todo sería parte “de una campañas sucia” en su contra, indicó que “nadie puede estar de acuerdo con lo que se dice en ese audio” y afirmó que no odia a los pobres. “Nosotros en mi pueblo somos los que más sufrimos las políticas de Macri”, añadió y reconoció que, no obstante, él apoya al gobierno de Cambiemos.

Yapur, el candidato del "porvenir"
El candidato que quiere que los pobres “se caguen” es oriundo de San Blas de Los Sauces y acompaña la boleta que postula a Mauricio Macri como presidente y a Julio Martínez como candidato a gobernador de Juntos por La Rioja, la remake local del macrismo que evita poner “Cambio” en la boleta y que está conformada por una coalición con radicales.
“Ahora –continuó en su arenga-, ayuda cero a ningún puto que lo necesite. ¿Te falta el remedio? Andá a pedirle a los FF. Le falta esto, andá a pedirle a ellos. Que se remil caguen.”
En los spot y afiches callejeros, la leyenda que acompaña una foto de Yapur vestido con polera es “Lo bueno está porvenir”. Si bien, no está claro si esa última palabra alude al sustantivo que refiere al tiempo futuro o es un error de imprenta que omitió la conjunción de la preposición con el verbo, lo que está claro es que a Yapur abrió su puerta de salida.
Patricia Bullrich reconoció que consumió droga en España

La ministra de Seguridad respondió cuando le preguntaron si había fumado porro alguna vez y afirmó que consumió hachís.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contó que hace muchos años probó hachís en España. La confesión de la funcionaria se dio cuando hablaban acerca de la despenalización de la marihuana.
"Una vez, en España, hace muchísimos años, probé hachís. Ya ni me acuerdo, pero nunca más seguí. El no seguir, por más de que no me acuerdo mucho, es una respuesta", sostuvo la ministra de Seguridad.
Acerca de los efectos, Bullrich además sostuvo: "No me pareció algo que me gustase, o que me diera placer".
El hachís es la resina o polen de la marihuana que es concentrada.


Tras la dura derrota Macri y Vidal, otra vez juntos de campaña

El Presidente y la Gobernadora volvieron a mostrarse juntos luego de la caída en las primarias para inaugurar el Metrobús de Florencio Varela. Macri aseguró que se siente "con toda la energía" de cara a las elecciones de octubre y repitió: "Sí se puede, sí se puede, claro que se puede, sí se puede".

Mauricio Macri y María Eugenia Vidal volvieron a mostrarse juntos en un acto público después de la derrota de Cambiemos en las PASO. Fue en la inauguración del Metrobús de Florencio Varela, que la gobernadora mostró como una prueba de que "se puede hacer posible lo imposible".
El Presidente retomó la idea del Metrobús como "una muestra de todo lo que podemos hacer juntos" y pidió apoyo para las elecciones de octubre. En su discurso volvió a apelar al tono antisindical y llamó a "seguir construyendo una Argentina sin comportamientos mafiosos, sin que nadie se quiera apropiar de nuestro trabajo".
La expresión usualmente empleada por el mandatario lo mostró ajeno al derrumbe de la obra en el aeropuerto de Ezeiza en la que ayer perdió la vida un trabajador y otros trece resultaron heridos. Macri, como Vidal, tuvo en su intervención unas palabras de condolencias hacia los familiares de los trabajadores, pero no hizo ningún tipo de comentario sobre las razones del accidente en la obra, que venía avanzando bajo presión para ser terminada contra reloj e inaugurada antes de octubre.
El acto en Florencio Varela había generado expectativas por volver a mostrar juntos a Macri y  Vidal, quien en los últimos dos meses había puesto distancia de la figura presidencial en un intento de preservar sus chances electorales. La táctica no dio los resultados previstos y ya desde la semana pasada estaba tomada la decisión de que vuelvan a compartir el escenario.
En la inauguración -que se realizó ante unos doscientos concurrentes identificados con pulseras violetas similares a las de los sectores vips de los eventos- también estuvo Pablo Alaniz, el candidato a intendente de Cambiemos para el distrito en el que la fómula Macri-Pichetto perdió por casi 50 puntos frente a la de Fernández-Fernández.
"Acá hay equipo. Hay equipo con Mauricio, hay equipo en la provincia", dijo María Eugenia Vidal en su intervención, en la que aseguró que Cambiemos ya hizo "lo urgente" y "ahora viene lo importante, que es desarrollo, crecer, el trabajo y  la producción".
Macri, por su parte, aseguró que se siente "con toda la energía" para "seguir construyendo el país que nos merecemos", donde cada argentino "pueda crecer a partir de su trabajo, de su talento, sin atajos, sin comportamientos mafiosos, sin que nadie se quiera apropiar de nuestro trabajo". El primer mandatario también saludó a los colectiveros por su día.
Tuit presidencial por los 5 mil pesos no remunerativos, a cuenta de paritarias

Macri salió a agradecer por el bono que no es bono

“Es importante que todos hagamos nuestro aporte", tuiteó el Presidente al refererirse al pago acordado en la Secretaría de Trabajo. Desde el sector empresario salieron a aclarar que no es un bono sino una "recomposición salarial" y reclamaron pagarlo en "al menos cinco cuotas".

Como si fuera una de las mejores medidas de su mandato, el presidente Mauricio Macri se vanaglorió por el acuerdo que logró con la CGT y el sector privado para que abonen la suma extra de cinco mil pesos a cuenta de las paritarias.
Macri insistió en llamarlo “bono” a pesar de que será no remunerativo y se cobrará como adelanto de futuros aumentos salariales, Macri volvió a la carga con el reclamo de esfuerzo ajeno: “Es importante que todos hagamos nuestro aporte en este momento difícil para acompañar y aliviar a quienes más lo necesitan”, escribió en su cuenta de twitter.
El "bono" de 5 mil pesos
Gobierno, CGT y empresarios acordaron ayer dar un bono de emergencia “obligatorio” de 5 mil pesos para los trabajadores del sector privado, aunque la letra chica del acuerdo aún no está cerrada y se discutirá hoy en en la sede del Ministerio de Producción y Trabajo. Allí se definirán las formas de pago que reclaman los empresarios.
Ellos piden que cada convenio colectivo fije "la fecha de pago y las modalidades respectivas", sobre todo en el caso de las pymes que advirtieron sobre las dificultades que tendrán para afrontar los pagos.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclaró hoy que los trabajadores del sector privado recibirán "una recomposición salarial" de 5 mil pesos, no un bono, y a la vez reclamó que el pago se ejecute "en al menos cinco cuotas".
En un comunicado, CAME recordó que sus dirigentes, junto con otros del sector empresario y sindicalistas, mantuvieron un encuentro con el Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, "donde se acordó que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial".
En esa misma línea, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, afirmó hoy que las empresas "que no pueden pagar, no van a pagar". "Es una manera de paliar y volver a tener algo de poder adquisitivo. La idea es que el que pueda pagarlo ya, la empresa que tiene capacidad de pagarlo, lo haga. Y la que no pueda, lo irá viendo en el transcurso de estos dos o tres meses", enfatizó.
Las respuestas en Twitter a Macri
A pesar de que los detalles no están definidos, el presidente se apresuró a celebrar en su cuenta de Twitter, un mensaje que no fue muy recibido por los usuarios, quienes resaltaron que es poco significativo el bono en este contexto de crisis económica.
“Te quiero ver a vos viviendo con un bono de 5000 pesos” y “Pasalo a dólares, sin vergüenza”, fueron algunas de las críticas que recibió. Los memes tampoco quedaron afuera.
Un decreto de Macri para desinflar la causa penal

Tras la imputación a Dietrich e Iguacel, dan de baja siete contratos de peajes  

El Gobierno había prorrogado sin llamar a una nueva licitación las concesiones vencidas de varias empresas, entre ellas Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente. Eso derivó en una denuncia penal contra el ministro de Transporte y el ex titular de Vialidad.

Tras la imputación al ministro de Transporte Guillermo Dietrich y al ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, por la prórroga ilegal de las concesiones de siete corredores viales, el Gobierno derogó por decreto los contratos que estaban vencidos hace dos años. A partir de ahora, las rutas serán administradas de manera provisoria y con un “plazo máximo de cinco años” por Corredores S.A.
Hace dos semanas, el fiscal Eduardo Taiano decidió investigar a los funcionarios a raíz de una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVYARA). “Aunque ahora rescindan los contratos, el delito igual se cometió”, afirmó a Página/12 Graciela Aleña, Secretaria General del gremio y principal denunciante en la causa.
Mediante el decreto 659/2019 publicado este martes en el Boletín Oficial, con las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña y el imputado Guillermo Dietrich, el Gobierno busca dejar sin efecto la acción penal que ganó impulso en los últimos días en Comodoro Py. Sin llamar a una nueva licitación, como lo indica la ley, el Estado había habilitado a varias empresas --entre ellas a Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del Presidente-- a seguir cobrando peajes durante dos años y certificados de obra por 30 mil millones de pesos, a pesar de que los contratos ya habían vencido.
Los pliegos de los corredores viales, compuestos por rutas nacionales, habían sido firmados en 2010 y vencían el 21 de abril de 2016, con la posibilidad de prorrogarse sólo por 12 meses más. De hecho, se extendieron y la fecha final de caducidad pasó a ser, entonces, el 21 de abril de 2017, momento en el cual debió haberse llamado a una nueva licitación. Sin embargo, Iguacel emitió una resolución (la 811/17) para extender los plazos sin una nueva compulsa, omitiendo el decreto 1288 de 2016, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse.
Supuestamente esa resolución de Iguacel era ad referéndum del Poder Ejecutivo, por lo que fue girada al Ministerio de Transporte. Sin embargo, según la denuncia, Dietrich la devolvió en tiempo récord y sin tramitar. Según la demanda, los funcionarios buscaron “beneficiar a un grupo pequeño, pero de influyentes empresas constructoras, en perjuicio del Estado Nacional”. La presentación judicial, que cursa en el juzgado de Sebastián Casanello, es por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, mal desempeño y falsedad ideológica.
“Este decreto sale ahora por la denuncia que hemos efectuado por la prórroga ilegal de las concesiones viales”, aseguró Aleña ante la consulta de este diario.

-Funcionarios de Vialidad hicieron trascender que ahora esa denuncia deviene en “abstracta” ¿Es así?

-No, de ninguna manera. Lo que hacen con el decreto es convalidadr lo que nosotros denunciamos. El delito igual se cometió durante estos dos años. Ellos mismos reconocen que la prórroga era solo por un año. En 2017 deberían haber llamado a una nueva licitación y no lo hicieron, expresó la dirigente.

El decreto 659
Efectivamente, el texto publicado este martes señala que los contratos estaban vencidos y que “se aprobó la continuidad operacional de emergencia”, bajo el paraguas de “la Resolución de la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD N° 811 del 20 de abril de 2017”, un día antes de que caducaran los acuerdos. Justamente es esa resolución la que fue cuestionada ante la Justicia. La denuncia sostiene que es ilegal, ya que pasó por encima de la ley, que indicaba la convocatoria a nuevas compulsas.
Recién ahora, dos años después y tras la apertura de una denuncia penal, el Gobierno decretó “que teniendo en cuenta que las prórrogas de los contratos de los Corredores Viales Nacionales se han efectuado por el tiempo que demanden los procedimientos licitatorios, corresponde dar certeza a la finalización de dichos contratos de concesión”
El texto establece que a partir de ahora las rutas pasarán a ser administradas por la empresa Corredores S.A, integrada en un 51% por el Ministerio de Transporte y en un 49% por la Dirección Nacional de Vialidad. Se trata de una empresa creada por el Poder Ejecutivo en 2016, cuando el Gobierno de Macri le quitó la concesión de la autopista Ricchieri a la empresa AECSA, cuyos dueños eran Cristobal López y Fabián De Souza, también titulares del canal C5N.
Corredores SA es la actual controlante de ese acceso clave a la Capital Federal y ahora pasará a administrar los ocho corredores viales en cuestión hasta que se abra el proceso licitatorio, con un plazo máximo de cinco años. El punto más controvertido es que al tratarse de una sociedad anónima es de muy difícil control. “¿Por qué no pasaron las rutas directamente al control de Vialidad Nacional?”, se preguntó Aleña. La Secretaria General de STVYARA insitió: “Con este decreto tratan de cubrir el ilícito que cometieron durante dos años”.

Antecedentes
La Red Vial Nacional, está integrada por aproximadamente 40 mil kilómetros de caminos a lo largo de todo el territorio nacional. Todos ellos están a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad. En total, 9177 km conforman la Red Vial Concesionada, cuyos contratos eran administrados por el Órgano de Control de las Concesiones Viales (Occovi). Ese organismo hoy ya no existe, ya que fue disuelto por el gobierno de Macri y puesto bajo la órbita de Vialidad. Hasta el 10 de agosto de 2018, esos caminos eran operados por doce Corredores Viales. En este caso, el objeto de la denuncia es la forma ilegal e irregular en la que presuntamente se ampliaron los plazos de los Contratos de los Corredores 01, 02, 03, 04, 05, 06, y 08.
Las empresas que operaron con los contratos vencidos durante dos años son: CPC SA y Benito Roggio SA; Esuco SA y Decavial SA; Rovella Carranza SA y José Cartellone Construcciones Civiles SA; Lemiro Pablo Pietroboni SA y Luis Losi SA; Iecsa SA, cuyo titular era Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri (en la actualidad es Sacde SA); Corporación América y Luciano SA, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA.
Un "alivio" que se queda bastante corto

El bono debería ser de 14 mil pesos para compensar la inflación

De acuerdo a un informe del CEPA, los 5 mil pesos anunciados por el Gobierno solo cubren el 35 por ciento de la pérdida de poder adquisitivo del segundo semestre de 2019. "El bono tiene el mismo valor nominal que hace un año, cuando la inflación interanual acumula 55%", señalaron.

El Gobierno anunció un bono que ni siquiera recompone el salario. Tras el anuncio del pago de 5 mil pesos para los trabajadores del sector privado, un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) destaca que la cifra ni siquiera alcanza para cubrir la pérdida del poder adquivisito del segundo semestre de este año.
El bono solo alcanzaría para reponer el 35 por ciento de lo que se perdió con la inflación de este período. "El efecto del incremento en las expectativas inflacionarias (que pasan de 40% a 55%) implica que si se quisiera equiparar el poder de compra habría que adosar en septiembre de 2019 la suma de 14.480 pesos", subraya.
Además, el informe advierte que "el bono tiene el mismo valor nominal que hace un año, cuando la inflación interanual acumula 55%" y agrega: "Sólo cubre a asalariados registrados en relación de dependencia: quedan afuera los trabajadores no registrados y desocupados". Al no ser claro que es obligatorio, permite que muchos empleadores encuentren la manera de no pagarlo. El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, ya adelantó que las empresas "que no pueden pagar, no van a pagar".
El presidente Mauricio Macri anunció esta mañana en Twitter que luego de un acuerdo con empresarios y sindicalistas, llagaron a un "acuerdo para pagar un bono de 5.000 pesos a los trabajadores del sector privado" . Sin embargo, la propia Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) dijo en un comunicado "que no habrá un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial".
Los especialistas coinciden en que esta medida tiene muy poco de "bono". Desde el CEPA explican que "será no remunerativo, lo que permite para los empleadores aliviar su carga, pero deja de aportar a ANSES y Obras Sociales". Incluso, fue anunciado como un adelanto de futuros aumentos, lo que "quita su carácter extraordinario y significa que será absorbido por las próximas paritarias de cada sindicato".
El informe hace hincapié en la derrota que sufrieron los salarios frente a la inflación. Entre diciembre de 2015 y de 2019 la perdida llegaría a los 20 puntos, según la información del INDEC y del Instituto de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires. Esto afecta directamente al PBI nacional, ya que el consumo representa al 65 por ciento del crecimiento. "Un retroceso en el poder adquisitivo sin dudas impacta negativamente en la evolución del mismo", remarca el CEPA.
Los expedientes públicos de los 4 años de Macri corren riesgo de desaparecer

La situación, según los documentos y expertos.

Los expedientes públicos de los 4 años de gobierno de Mauricio Macri corren riesgo de desaparecer, según se desprende de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), información oficial a partir de una respuesta de acceso a la información y de testimonios que recogió El Destape. La razón es la siguiente: cuando Macri llegó a la presidencia trasladó a la Nación el sistema de expediente digital que utilizaba como Jefe de Gobierno porteño. Ese sistema, llamado Gestión Documental Electrónica (GDE) y que es por donde pasa toda la información del Estado, está plagado de fallas. No cuenta con back up ni plan ante desastres, no funciona la mayor parte del día, no garantiza confidencialidad ni existe control sobre quienes lo usan, menos de la mitad de las personas que lo utilizan fue capacitada, no está claro de quién es la licencia y, para colmo, el Gobierno no dejó que se auditara de forma completa. Como es modelo Macri, también hay un negocio, con un proveedor único sobre el que hay sospechas de conexión con el funcionario a cargo de implementar el GDE.
La situación, según los documentos y expertos que consultó El Destape, es grave. Macri y su histórico gerente desde los años empresariales Andrés Ibarra, puesto a cargo del primero Ministerio y hoy Secretaría de Modernización, implementaron el sistema GDE con el mismo criterio que todas sus políticas: apurados, sin control ni transparencia y sin planificación para que se sostenga en el tiempo. Esto pone en riesgo la memoria del Estado en estos 4 años y abre una incógnita: ¿es impericia o Macri quiere tener la oportunidad de borrar sus actos?
La gravedad de la situación tiene además otra complejidad. Este proceso de hacer digitales los expedientes públicos no tiene vuelta atrás. La buena idea del digitalizar expedientes se hizo mal, pero ya no se puede volver al papel. La cuestión es cómo garantizar que los expedientes que ya existen permanezcan en el tiempo y que la próxima administración que encabezará Alberto Fernández pueda continuar la gestión del Estado sin ataduras y con la información de estos 4 años de Macri disponible. Algo que, al día de hoy, parece más que dudoso.
El GDE es la continuación a nivel nacional del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) que Macri instauró en la ciudad de Buenos Aires. Lo implementaron de golpe en todo el Gobierno Nacional, desde los Ministerios a una larga lista de organismos descentralizados, instituciones de seguridad social, empresas del estado o con su participación. Todos tienen, por ende, los mismos problemas que acarrea el sistema GDE, y se trata de lugares clave. Entre ellos, la AFIP, la ANSES, las Administraciones de Puertos, de Aviación Civil, de Laboratorios, de Materiales Controlados, de Seguridad Vial, la Autoridad Regulatoria Nuclear, el Banco Central, la Casa de la Moneda, la Comisión Nacional de Valores, el Correo Oficial, la Dirección Nacional de Vialidad, el Servicio Penitenciario Federal, la Dirección de Fabricaciones Militares, el Ente Nacional de Comunicaciónes, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Gendarmería, el INDEC, el INTI, el INTA, la Lotería Nacional, el fondo Nación Fideicomiso, la Oficina Anticorrupción, el Organismo Regulador del Sistema de Aeropuertos y su par de Seguridad de Presas, la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura, la Procuración del Tesoro, la Sindicatura General de la Nación, las Supertintendencias de Riesgos de Trabajo, Seguros y Servicios de Salud, la Unidad de Información Financiera, e incluso la Unidad Ejecutora del Soterramiento del Sarmiento. Estos, y más, vulnerables a las falencias del GDE.
Una de las principales dudas respecto al sistema GDE gira en torno a su preservación y si tiene back up. Las razones de esta preocupación son sencillas: es más fácil eliminar sigilosamente documentos digitales que en papel. El ejemplo es Iron Mountain, cuando incendiaron un depósito de papeles para eliminar documentación vinculada a lavado de dinero, caso que le costó la vida a 10 personas entre bomberos y personal de defensa civil y donde el propio Macri tenía papeles de sus empresas familiares. En un archivo electrónico, la eliminación puede ser más limpia e incluso desde fuera de los espacios físicos donde está guardada esa información. Y es clave: es la memoria del Estado de los años de Macri.
La auditoría de la AGN, a la que accedió El Destape, advierte que el GDE “no cuenta con un Plan de Recuperación de Desastres formalizado y debidamente comunicado” y que esto “implica un riesgo crítico y de alto impacto”. Le sugiere al Gobierno elaborar un Plan “que permita reestablecer los servicios informáticos de modo ordenado y en el menor lapso posible en caso de presentarse un evento crítico”. Si se inunda, o incendia, o alguien deliberadamente destroza los servidores donde está la información, no hay plan para recuperarla.
Tampoco hay back up, una copia de seguridad de la información. El informe de la AGN advierte que el Gobierno “no ha implementado políticas y procedimientos formales de pruebas periódicas de restauración de los backups de las bases de datos y documentos digitales del sistema GDE y su respectiva documentación de resultados obtenidos. La carencia de esta práctica pone en riesgo la disponibilidad de la información del sistema GDE en el Sector Público Nacional”. El Destape habló con diversas fuentes que utilizan el sistema y confirmaron la inexistencia de back up.

Agujeros en el techo
El informe de la AGN advierte que los Centros de Procesamiento de Datos donde están los servidores del sistema GDE, es decir, donde se guarda la información, “no cumplen con algunas de las condiciones necesarias para resguardar la seguridad física y lógica de los servidores y sus datos, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio del sistema GDE para el Sector Público Nacional”. Los archivos del Estado sin protección.
En el que funciona en ARSAT, los equipos están sin jaulas de protección, “condición necesaria para garantizar la seguridad física”. Además, “no posee cámaras de video con control de movimiento instaladas de forma dedicada al equipamiento que brinda servicios al sistema GDE (se utilizan las genéricas que tiene instalada AR-SAT en cada sala), solución que sería deseable dado que estos entornos no cuentan con la protección física arriba mencionada”.
En el sitio de almacenamiento alternativo, textual, “las paredes del sitio son de durlock”, la puerta de acceso antipánico no es la requerida y, pese a que está en un piso alto de un edificio, no se hizo la certificación del peso, “situación que requiere estimar el peso máximo de la infraestructura tecnológica alojada o posible de alojar en función de la capacidad máxima que ofrece el sitio. En base a ese cálculo se debe realizar un estudio para asegurar que la estructura del edificio tiene la capacidad suficiente para soportar ese peso”. Faltan también matafuegos, no llenan las planillas de ingreso de proveedores (o sea, no se sabe quien entra), hay placas del techo sueltas, aires acondicionados sin rejilla deflectora que provocan polvo en los servidores y paredes de durlock rotas.

Anda mal
Además de los riesgos de que se pierda toda la información, el GDE anda mal. Muy mal. La AGN destacó que “sólo el 23% de los usuarios muestreados consideran que las funcionalidades que ofrece el sistema para dar soporte a su operatoria diaria cubren totalmente sus necesidades”. Para peor, “un 97% de los usuarios encuestados manifestaron que la indisponibilidad del GDE es frecuente o muy frecuente y que en horarios centrales acusa bajo desempeño”. Respecto a esto, aclara (como en otros puntos de la auditoría), que “se encontró restringida para ejecutar procedimientos que pudieran determinar el origen del problema”, es decir, que no los dejaron controlar como corresponde.
“De los procedimientos de auditoria ejecutados se desprende que la indisponibilidad del sistema es muy frecuente y que aun cuando se encuentre disponible, en la franja horaria más crítica (10.30 a 16.30), la performance se degrada considerablemente en los organismos relevados, generando demoras o pérdida de tareas en curso ante el time-out propio del sistema”, dice el informe de la AGN. En conclusión, funciona mal en el horario laboral. Y no existe una alternativa para que la administración pública siga funcionando mientras el GDE se traba.
Todo esto tiene consecuencias, que en algunos casos llevan a la parálisis. Dice la AGN: “La continua inestabilidad del sistema también conduce a que los cargos jerárquicos se vean imposibilitados de firmar documentos y actos administrativos de manera oportuna. Dependiendo del organismo, algunos casos son críticos, como el pago de medicamentos, salarios, u otras cuestiones que adquieren carácter de urgente”.
Desde el Gobierno, ante la consulta de El Destape, informaron que al 14 de julio pasado se generaron 137.308.906 documentos y 13.991.488 expedientes. También detallaron que tiene 312.356 usuarios, de los cuales fueron capacitados 118.325, menos de la mitad. Esto, según la respuesta oficial.

Despelote y negocios
“No se prevé la eliminación de documentos en GDE”. Esta fue la respuesta del Gobierno ante 10 preguntas de El Destape referidas a cuanto tiempo se guardarán los expedientes digitales, si existe un criterio para eliminarlos, si existen alertas frente a eliminación de documentos, etc.
Sin embargo, no existen planes para que esos archivos duren en el tiempo. Y, para peor, desde el punto de vista de la archivística, la guarda de todo es la imposibilidad de encontrar nada. Los usuarios de GDE a menudo tienen que llevar libretas o planillas externas para encontrar documentos, o tenerlos impresos, ya que el sistema guarda todo pero encuentra poco.
Tampoco está claro de quién es el sistema, algo fundamental para el futuro Gobierno. El 10 de marzo de 2016 se firmó un convenio entre la Nación y CABA donde esta cedió “el uso del sistema y su código fuente de manera gratuita, irrevocable, no-exclusiva, perpetua y transferible”. Pero ese sistema fue desarollado por una empresa, Everis, que es quien tiene la exclusividad de su mantenimiento.
Ante el pedido de acceso a información pública que realizó El Destape, el Gobierno contestó que la propietaria del software es la Secretaría de Gobierno de Modernización, que la licencia no es libre y que el registro de propiedad intelectual del GDE aún está en trámite.
La parte del león en esto se la lleva Everis, la empresa que provee el mantenimiento del sistema GDE. En octubre de 2017, Everis se quedó con ese concurso con una oferta de 95.775.000 pesos. El presupuesto eran 96 millones, apenas 225.000 pesos por encima de la oferta de Everis, que fue la única que se presentó. Parece a medida.
Según el portal Compr.ar, que centraliza la información de los proveedores del Estado, la situación de Everis es “Desactualizado por documentos vencidos”. Everis tiene otros contratos con el Estado, con la Secretaría de Modernización, con la Administración de Bienes del Estado y con el Ministerio de Producción y Trabajo, este último por 32 millones de pesos.
Respecto al GDE, una de las críticas del informe de la AGN son los los riesgos que implica la tercerización en un solo proveedor. Además de los vaivenes propios de cualquier empresa (quiebra, cambios comerciales, cambio de prioridades, etc.) advirtieron sobre la “pérdida del control y comprensión de los alcances del servicio contratado por parte del cliente (Secretaría de Gobierno de Modernización) a lo largo del tiempo”.

Oscuro
El Gobierno no dejó que la AGN hiciera la auditoría a fondo. Por ejemplo, no permitieron entrevistas con el personal técnico de la Secretaría de Modernización. “Ello obstaculizó y prolongó la ejecución de la auditoría, que debió recurrir a procedimientos alternativos para obtener evidencia sustituta, que no en todos los casos pudo obtenerse”, afirmaron desde la AGN.
El Gobierno hizo que no se pudiera verificar si el sistema GDE tiene la arquitectura tecnológica para garantizar su funcionamiento y si está garantizada la confidencialidad de los usuarios y empresas que lo utilizan, entre otras cuestiones. Como el sistema no permite un usuario auditor o externo, “no fue posible completar la totalidad de las pruebas sustantivas orientadas a la identificación de fallas, funcionalidades que no responden a lo esperado, problemas de rendimiento, entre otras validaciones técnicas oportunamente planificadas”. La AGN se tuvo que limitar a pedir información a la Secretaría manejada por Ibarra, ladero histórico de Macri, y conformarse con eso. Y, aún así, encontró de todo.
“La obligatoriedad del uso del sistema GDE -dice el informe de la AGN- resulta en un obstáculo y en un empeoramiento relativo respecto de la tecnología anterior al GDE, en la que los expedientes en papel podían ser solicitados y revisados íntegramente por los auditores externos responsables de controlar a los organismos del Sector Público Nacional”.
“La información que cada organismo usuario genera a través del sistema debe ser considerada información privilegiada o confidencial, ya que podría ser utilizada inapropiadamente por un tercero”, advirtió también la AGN al encontrar que no hay firmados convenios de confidencialidad entre la Secretaría de Modernización y los organismos que usan GDE.
Lo que si se logró ver es que: no hay control sobre los quienes ingresan al sistema y si quien ingresa está autorizado a ver información reservada o no así como no hay alertas sobre cambios que se hagan en los documentos y expedientes.
Elecciones 2019: Un irreconocible Jaime Durán Barba defendió a Cristina Kirchner y Lula Da Silva e hizo un pedido por el futuro de Mauricio Macri

El asesor del macrismo una vez más en contra de las acciones de Cambiemos.

El gurú macrista Jaime Durán Barba cuestionó la persecusión que sufren la senadora Cristina Kirchner y el ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva y pidió que convoquen al presidente Mauricio Macri  a un gran acuerdo nacional una vez que termine su mandato.
En su columna de cada domingo en Perfil, Durán Barba apuntó que "desgraciadamente la pasión y la actitud de algunos políticos vulneró la doctrina para judicializar la lucha por el poder", y sostuvo que además de "no ser ético, suele ser inútil".
En ese sentido consideró: "El dudoso proceso exprés que inventaron en Brasil para sacar a Lula da Silva de la competencia presidencial probablemente terminará con su vuelta a la presidencia, cosa que probablemente pase en Ecuador con Rafael Correa por la obsesiva persecución de la que es víctima".
Y también analizó la situación en la Argentina contemporánea al señalar que cuando Macri asumió la presidencia "algunos pedían que presione a los jueces para que apresen a Cristina Fernandez y termine con su carrera política", pero que el jefe de Estado desistió de esa opción porque "creía que sería algo inútil".
"Los líderes que permanecen en la historia no existen porque son carismáticos sino porque expresan fenómenos importantes que existen en la sociedad. Cuando eso no es así, son líderes de ocasión, juegos de artificio que pueden sacar una votación importante, otra muy pobre pobre y desaparecen", planteó.
En tanto que contó que "en varias etapas hubo presión para que el gobierno de Macri amplíe su base política con dirigentes cristinistas que estaban de vacaciones antes de volver al redil, logre unos diputados más y llame a un acuerdo nacional".
"Que 'haga lo que hay que hacer', prescindiendo del kirchnerismo'. La propuesta no tenía mucho sentido porque 'lo que hay que hacer' es distinto, según la percepción de la realidad de cada uno", explicó.
Y amplió: "Por otra parte, un acuerdo nacional en contra de la mitad de la población no era un acuerdo sino un despropósito. No cabía componer al país proscribiendo a la líder de la mitad de los argentinos ni haciendo un acuerdo excluyente".
Al tiempo que remarcó que, pasadas las elecciones, "gane quién gane, es necesario lograr un acuerdo nacional que incluya a todas las fuerzas políticas, las dos que hegemonizan el escenario y también a las minoritarias que representan otras formas de ver la realidad".
"El país está en un momento crítico y es necesario superar las pequeñeces personales para lograr algunos acuerdos que incluyan a todos", concluyó.
CRISTINA ÉPICA EN LA MATANZA


Elecciones 2019: el macrismo es derrotado en Neuquén y es la quinta capital provincial que pierde en el año

El Movimiento Popular Neuquino logró recuperar la intendencia que no gobernaba desde 1999.

Juntos por el Cambio no logra modificar su desempeño electoral este año y nuevamente sufrió un revés en las urnas. Fue derrotado en la contienda por la intendencia de Neuquén capital. Allí, el Movimiento Popular Neuquino recuperó la jefatura municipal luego de 20 años. Mariano Gaido fue electo por el 39,7% de los votos, con los que derrotó a Marcelo Bermudez, el ahora fallido "heredero" del saliente intendente Horacio "Pechi" Quiroga, quien obtuvo el 30,7%.
El histórico partido provincial logró así recuperar la intendencia de la capital que no lograba ganar desde 1999, cuando fueron derrotados por el radical Quiroga, quien tras perder este año la pelea por la gobernación provincial, ahora apuesta a ser electo senador nacional por el macrismo.
"Los vecinos y vecinas se expresaron, fueron claros y contundentes", celebró el gobernador Omar Gutiérrez.
El ex gobernador Jorge Sobisch (Democracia Cristina) quedó tercero con el 10,26 por ciento de los votos mientras que Marcelo Zúñiga (Frente de Todos) estaba cuarto con el 7,98 por ciento. Luego se ubicaron Angélica Lagunas (Frente de Izquierda) con el 5,08 por ciento de los votos, Juan Monteiro (Juntos por Neuquén), con el 2,45% y Lucas Ruiz (Nuevo Mas) con un 0,95 por ciento. Los votos en blanco sumaron 2,89 por ciento.
Según los datos provistos por la Justicia Electoral provincial, un 76,01 por ciento del padrón de electores de la ciudad de Neuquén votó en las diferentes escuelas habilitadas para sufragar. "Es un domingo para festejar. Tengo toda la fuerza para llevar adelante la ciudad. Quiero agradecer a los espacios que conformaron a Neuquén quiere Mas para llevar adelante este modelo de ciudad. Respeto a los que nos votaron y a quienes no lo hicieron", precisó Gaido, el intendente electo, quien reveló que Bermúdez y "Pechi" Quiroga lo llamaron para felicitarlo.
Por su parte, gobernador Gutiérrez, también del MPN, destacó el triunfo de Gaidó, que le permitió "cerrar una herida de 20 años" a esa fuerza política. "Estamos muy emocionados y agradecidos por la confianza de la ciudad y por el trabajo de la militancia de nuestro proyecto. Ellos nos han marcado el camino, y con lealtad y nobleza durante 20 años siempre estuvieron. Fue el trabajo militante el que nos condujo y nos marcó el camino, y hoy cerramos y cicatrizamos una herida de 20 años", indicó el mandatario neuquino. Sobre Gaido, señaló que "hizo un trabajo tremendo, llegó a todos los barrios, sectores, tiene una trayectoria de tránsito por los diferentes espacios que hacen a las política pública y posee una apertura para un desarrollo sobre la base del diálogo".
Tras este resultado, la Unión Cívica Radical, integrante de Cambiemos junto al PRO y la Coalición Cívica, perdió su quinta capital provincial en lo que va del año. Neuquén se suma así a las derrotas de Santa Fe, Córdoba, Paraná y Santa Rosa. Resta saber qué destino tendrá Viedma, que actualmente continúa gobernada por el radicalismo y que en octubre pondrá en juego otra de sus intendencias.
"Hagamos que suceda de nuevo", la categórica respuesta de Alberto Fernández a Mauricio Macri

El candidato por el Frente de Todos se hizo eco de la insólita arenga de Macri a sus seguidores, negando el resultado de las PASO y convocando a la marcha del "Sí, se puede".

El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, cruzó en Twitter al presidente Mauricio Macri, quien había alentado a sus seguidores a manifestarse el próximo 28 de septiembre en las marchas del "Sí, se puede" con la frase "la elección aun no sucedió". La respuesta rápidamente se volvió viral.
"Hagamos que suceda de nuevo", le escribió Fernández a Macri en la red social, ya metido de lleno en la campaña para confirmar el triunfo de las PASO por 16 puntos y que, de repetirse, lo llevará a la Casa Rosada desde el 10 de diciembre.
La respuesta de Fernández fue en referencia a la convocatoria del actual presidente para marchar en su apoyo el próximo 28 de septiembre, en las Barrancas de Belgrano en la Capital Federal. Sería esta la primera parada de las manifestaciones del "Sí, se puede", con las que el oficialismo busca recorrer 30 ciudades para tratar de evitar la derrota. En su arenga, Macri reiteró que "la elección aun no sucedió", y sostuvo que Argentina estaba en riesgo de convertirse en una "narcorepública" (sic). "Llegaremos totalmente decididos a ganar", escribió Macri en el mediodía del domingo.
El periodista Nicolás Lantos reveló los inconvenientes que atraviesa la campaña de Juntos por el Cambio para cerrar el itinerario del tour de Macri. Varios intendentes no quieren ser la sede de esos encuentros ya que apuestan a despegarse del primer mandatario y apuestan por el corte de boleta para mitigar el arrastre negativo de la imagen del Presidente en sus distritos. Con sorna, algunos comparan, dentro del elenco gobernante, a esta gira de campaña con las que realizaban Los Chalchaleros para despedirse.
Default: Roberto Lavagna reveló una charla con Macri en donde el Presidente no sabía que no habían mandado el proyecto

En el programa de Luis Novaresio, el candidato a presidente contó que Macri le pidió explicaciones por la demora en un proyecto que el propio oficialismo aun no había enviado al Congreso.

El candidato a presidente por Consenso Federal 2030, Roberto Lavagna, reveló detalles de una charla reciente que tuvo con Mauricio Macri, en la cual el actual mandatario le pidió explicaciones por la demora en el tratamiento del proyecto de ley de "reperfilamiento" de la deuda en pesos. Lo que Macri no sabía y se enteró por boca del propio Lavagna era que su gobierno no había enviado aun la iniciativa, algo que corrigió luego de la conversación con el dirigente opositor.
La charla fue revelada por el propio Lavagna en el programa de Luis Novaresio, Debo Decir. El periodista le preguntó cuándo había sido la última conversación con el actual jefe de Estado y candidato de Juntos por el Cambio, a lo que el ex ministro de Economía le dijo que ocurrió la semana pasada: "El tema (de la llamada) era que no avanzaba el proyecto de refinanciación de la deuda, le dije que no hay ningún proyecto circulando, nadie lo conocía. Él quedó asombrado".
Luego, Lavagna agregó que el proyecto que refinancia títulos de deuda en pesos empezó a circular "a la media hora" de la charla con el presidente. "La queja de él era ´no me ayudan a que avance´", sintetizó el compañero de fórmula de Juan Manuel Urtubey. El proyecto de reperfilamiento, efectivamente, fue enviado al Congreso de la Nación el pasado 19 de septiembre.
El comentario sorprendió al conductor del programa, por lo insólito del reclamo y el desconocimiento total de parte del jefe de Estado por el pedido que le hizo a uno de sus competidores y referentes de la oposición.
Casi el fondo del pozo

Ciertos datos de estos días son simultáneos con otros de historia y aprietes permanentes.
La sanción de la emergencia alimentaria fue la buena noticia que jamás quisiera darse. El índice oficial de desempleo pasó los dos dígitos y fue la noticia esperada.
Ese 10,6 por ciento de población con pérdida de trabajo formal es el nivel más alto en los últimos catorce años. Más de dos millones de personas no tienen empleo. Es más infame cuando se segmenta la cifra en las franjas juveniles, mujeres en particular.
Salvo para este diario y otros pocos medios, la catástrofe fue observada cual si se tratara de algo a naturalizar.
La cantidad de subocupados es aún mayor, sin contemplar la pérdida de changas y los monotributistas que no son justamente emprendedores.
Casi 200 mil desocupados más que hace un año, casi 400 mil con ocupación pero buscando otro trabajo y más de 100 mil dispuestos a extender su jornada laboral.
Empalma con los últimos datos acerca del hambre. Más de cuatro de cada diez niños y adolescentes argentinos sufren carencias alimenticias.
De paso: qué asco cuando en medio de estas cifras, que son gente y con la niñez afectada como jamás se vio, debe escucharse frente al paro docente por la situación en Chubut que “las víctimas son los chicos”.
Se acuerdan de las víctimas cuando hay medidas de fuerza de los maestros.
De verdad, qué asco.
En una tertulia de periodistas -valga la aclaración de que no todos eran simpatizantes opositores, ni antimacristas furiosos ni mucho menos- uno de ellos preguntó si en los casi cuatro años de este Gobierno es probable encontrar momento o episodio, uno solo, capaz de ser rescatable.
No es buscar lo que pudiere haber favorecido aunque fuese en forma módica a las grandes mayorías, porque eso ni siquiera es pasible de ser sugerido.
No. Apenas descubrir un alguito que hubiera despertado cierta esperanza. Un hecho colectivamente emocionante. Una sensación pasajera de justicia distributiva. El registro de que podía haber no ya un proyecto sólido e inclusivo pero sí unos mínimos gestos, palabras, tendencia, superadores de los eslóganes de un manual de autoayuda.
Con honestidad intelectual, es imposible.
Salvo las muy relativas excepciones de que los números del Indec no son cuestionados y que muchos subrayan lo exitoso de la gestión porque se ejecutó un saqueo perfectamente orquestado, no puede rescatarse nada del gobierno de Macri. Absolutamente nada.
Es una salvedad básica pero significativa, porque remite a aquello del fondo del pozo del que no cabe, o no cabría, más que empezar a subir.
No se conoce ningún caso universal de pueblos que, aun habiendo atravesado experiencias terribles, terminales, muchísimo más graves que el macrismo, hayan salido de ellas con estados depresivos, expectativas favorables inexistentes, ánimo por el piso.
La parte “positiva” que deja Macri, leyendo al adjetivo infinitamente entrecomillado, es que algunas medidas imprescindibles deberán ser tomadas para reparar el daño inmenso que provocaron a la sociedad.
Va en plural porque, como lo advierte Luis Bruschtein en “Asesino modelo” (PáginaI12 del sábado), “los factores de poder económico están interesados en personificar en Macri la culpa de la tragedia”. Desde ya que no es así.
Se viven los momentos románticos y vibrantes del Frente de Todos.
Entre la efervescencia de los más politizados y la movida única de quienes no sucumben por amor, pero sí están convencidos de que hay que sacarse a Macri de encima a como fuere, es factible que la victoria de Fernández y Fernández sea de una masividad y distancia históricas.
Relevamientos de los que se publican y de los que no, incluyendo a los que manejan en Casa Rosada pero ahora sin comer vidrio, hablan de porcentajes de voto cercanos al 60 para la fórmula opositora. Y de alerta anaranjada para el alcalde Rodríguez Larreta.
Veraz, verosímil o exagerado, en todas las conjeturas es irremediable que en el corto plazo Macri se terminó sin dejar de prevenir que, a mediano y largo alcance, eso no implica el fin de lo que Macri representa.
Hasta el british de Roberto Lavagna dijo que el Presidente está en retiro efectivo.
Hasta pasa que a quien ya no conduce nada le suena el celular en un acto público mientras pide que lo escuchen.
Hasta ocurre que lo abandonan explícitamente quienes le guardaron un respeto no político, ni privado, ni de investidura, sino de negocios que, en lo corporativo, Macri no supo ni tan sólo garantizar.
Zafaron como los dioses el sector financiero y el agro, pero muchas de las grandes empresas terminan añorando el “populismo” que las ponía gorilamente nerviosas sin dejar de ganar plata a lo pavote.
A poco de andar, sin embargo, el romanticismo y la movida única se toparán contra las restricciones de una herencia inédita. Repetirlo sigue siendo tan agotador como certero, del mismo modo en que lo es la necesidad de recrear un mito refundacional.
Ahí es cuando cobrará cuantía acordarse de que se estuvo peor. No será lo mismo que en 2015, al retirarse el kirchnerismo, porque entonces nadie votó a Macri por estar mal la economía. O su economía.
Se lo votó porque una tan potente como estrecha mayoría sucumbió ante el infernal aparato de propaganda que hizo mirar a la corrupción estatal como elemento decisorio de los males argentinos. Hizo confiar en un bandido como el salvavidas, en el odio de clase como motor y en el egoísmo del esfuerzo personal como solución colectiva.
Todo nutrido por las características sociales, porque lo propagandístico puede crearse en un laboratorio pero después le sirve un pito si no se monta sobre cuestiones estructurales y coyunturas preexistentes.
Cabe suponer que ese estigma de apoyar o aplaudir a quienes prepararon la soga para ahorcarse es una lección temporal, aunque lección al fin. Que algo se aprendió, siempre y sólo por ahora, de a dónde conduce el zorro cuidando de las gallinas.
No se sabe demasiado sobre los primeros pasos que darán los Fernández, a no ser por unos nombres al parecer precisos que integrarán el gabinete, por la renegociación inevitable de la deuda y por la búsqueda de consensos practicables de inmediato.
Acerca del último ítem: la amplitud será tan ineludible como la puesta de límites.
El establishment abandona al Titanic macrista en forma desembozada, pero ya le pone igual intensidad al pliego de condiciones que debería respetar el nuevo Gobierno. Entre ellas, mantener estrechas relaciones con Washington como elemento estratégico, reforma laboral y baja de impuestos a los sectores más concentrados.
Nada nuevo bajo el sol histórico.
Requiere lo elemental de que Alberto y Cristina, quienes vienen siendo una magnífica unidad conceptual de campaña, sostengan su fortaleza una vez asumidos.
Lo que se lee y escucha sobre realidades o fantasmas de enconos “camporistas”, piqueteros y movimientos sociales que serán una amenaza constante, disidencias acerca del rumbo general, son operaciones y productos de opineitors desconcertados.
Varias espadas de la militancia oficialista descubrieron, de repente, que Macri y su equipazo carecían de todo mérito político para conducir la derecha lúcida que no existe.
No hay encontronazo entre la líder de los votos, el presidente entrante y, claro, el futuro gobernador bonaerense. Reacción contra el hambre popular. Reactivación del mercado interno. Tejido con el conjunto de los mandatarios provinciales. Y que ese pacto a limitar con la crema del poder establecido se extienda a los actores populares.
Ni milagro, ni desmesuras retóricas, ni adelanto de especificaciones técnicas -continúan estudiándose, además- que servirían a la pretensión de comérselos crudos.
No será seguro cómo seguirá, pero sí que deberá empezar de esa manera porque no hay otra receta, eventualmente eficaz, según las condiciones objetivas y subjetivas de correlación de fuerzas.
¿Qué, si no, cabría pretender de los Fernández?
¿El liderazgo ecuménico contra el neoliberalismo?
¿O mejorarle un poco la vida y las perspectivas a la gente, a una mayoría de la gente, tal como lo hizo una administración de 12 años ante la que nunca se acabará el arrepentimiento por haberla abandonado?
"Siento una gran admiración por lo que has hecho", expresó el candidato del FdT

Alberto Fernández se reunió con Evo Morales en Bolivia

Se encontraron anoche en Santa Cruz de la Sierra y conversaron a solas. Luego sumaron a las comitivas para la cena. Hicieron un repaso de la situación de la región.

Desde Santa Cruz de la Sierra
“Me acuerdo que nos reunimos con Néstor cuando vos todavía eras candidato. Y Hebe de Bonafini nos decía: 'va a ganar, vas a ver que va ganar'. Y tenía razón. Y mirá ahora, has hecho una gran gestión. Es un modelo en Latinoamérica. Siento una gran admiración por vos”, le dijo anoche el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández , al presidente de Bolivia, Evo Morales , en la reunión que mantuvieron antes de la cena con el resto de los integrantes de la comitiva. Dedicaron esos momentos a solas a recordar reuniones de las que habían participado ambos, en aquellos años de la región en los que coincidieron Kirchner, Lula, Hugo Chávez y Evo. Parecían que habían quedado en el pasado pisado por la nueva ola de derecha, pero los resultados de las PASO en Argentina y las encuestas publicadas esta semana en Bolivia hacen pensar que la época del progresismo latinoamericano está lejos de estar enterrada.
Los acompañantes de Alberto Fernández que habían llegado un rato antes a Santa Cruz de la Sierra esperaban en la antesala mientras ellos dos conversaban animadamente en una habitación contigua con la bandera argentina, la boliviana y la plurinacional detrás. Fernández y Morales obviamente se conocían pero sin tener una relación de amistad que ahora buscarán entablar, como quedó claro en el encuentro de ayer. En el momento que dejaron entrar a la prensa para tomar imágenes, recordaban una tensa reunión del Mercosur en Buenos Aires luego de la nacionalización del gas y del petróleo dispuesta por Evo Morales que había enojado a Lula, porque afectaba a Petrobras y le generaba ruido en su país. “Me acuerdo que tuvimos que pedir un cuarto intermedio porque la cosa se estaba complicando”, recordaba, ahora ruisueño Fernández. Pero, a la distancia, le reconoció a Evo que la medida fue correcta, dada los efectos que luego produjo en la economía boliviana.
Fernández llegó a Bolivia desde Buenos Aires en un taxi aéreo junto al diputado Felipe Solá, su jefe de campaña Santiago Cafiero, los intendentes Gabriel Katopodis y Juan Zabaleta, y su vocero Juan Pablo Biondi, quienes luego se sumaron a la comida en la que se prolongó la charla en un salón del hotel Camino Real. A Evo lo acompañó el canciller Diego Pary Rodríguez. Hicieron un repaso de la situación de la región con temas espinosos, como la situación de Venezuela y la relación con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Desde hacía tiempo que querían verse. En julio pasado, días antes de las primarias, Evo estuvo en Buenos Aires pero justo Alberto Fernández viajó a una actividad en La Rioja. Entonces hablaron por teléfono y quedaron en reunirse. Pero las actividades de campaña complicaron la juntada. Uno de los que transmitía los mensajes de ida y de vuelta era el ex embajador en Bolivia, Ariel Basteiro. Finalmente, Morales cortó por lo sano: pidió el teléfono de Alberto Fernández y lo llamó para invitarlo. Difícil negarse.
Había otras dos posibilidades para Alberto Fernández dando vuelta por estos días. Una era volver a visitar a Lula en la cárcel de Curitiba, la otra era reunirse con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ambos encuentros se pospusieron por diversas complicaciones, pero podrían hacerse antes de las elecciones. Así que quedaron estos días para el encuentro con Morales y mañana con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, en lo que podría tomarse como la segunda parte de la agenda internacional de su campaña, luego del capítulo europeo de cuando se reunió con el primer ministro de España, Pedro Sánchez, y el de Portugal, Antonio Costa, con el que quedó muy conforme.
Evo Morales también se encuentra de campaña para las elecciones del 20 de octubre, en las que irá por un cuarto mandato consecutivo al que lo habilitó un fallo del Tribunal Supremo Electoral luego de que perdiera un referendum para reformar la Constitución. Con una economía que mantiene niveles de crecimiento de entre el 4 y el 5 por ciento anuales desde hace casi una década, las críticas de la prensa opositora a Evo se centran por estos días en los incendios que ya consumieron millones de hectáreas de bosques y campos, por los que las ONG ambientalistas le achacan responsabilidad.
En el entorno de Evo habia preocupación porque notaban un amesetamiento de su imagen y temían lo que pudiera suceder con los incendios. Pero según las encuestas publicadas esta semana, que según dicen son confiables, Morales mantiene un 43,2 por ciento de intención de voto y duplica a su más cercano seguidor, el candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, quien figura con el 21,3. Con esos resultados, Morales se impondría en primera vuelta. Ayer era el último día de la ampaña que Evo Morales, como presidente, podía inaugurar obras, así que realizó una frenética recorrida -hablaban de ocho vuelos en helicóptero- por distintos municipios de Santa Cruz de la Sierra, un territorio opositor para Evo. Pero el encuentro se hizo aquí porque coincidía con el plan de campaña del presidente boliviano y es un lugar más cómodo para los argentinos, dado que es más fácil el tránsito al aeropuerto y no tiene la altura demoledora de La Paz.
La posibilidad de un triunfo de Morales el 20 de octubre, más el de Fernández y el del Frente Amplio uruguayo en las del domingo siguiente, darían la idea de una nueva camada de gobiernos progresistas en la región, una idea que predominó en la cena de anoche. Morales viene resistiendo en minoría en los últimos encuentros con sus pares sudamericanos. En el diálogo con Alberto Fernández, pleno de nostalgia por aquella otra época en la que nació la Unasur y se fortaleció el Mercosur, hicieron votos porque eso suceda.
Salariazo del intendente de Quilmes

Martiniano Molina se aumentó el sueldo y cobra el doble que Macri

El hombre de Cambiemos en Quilmes aumentó en 70 por ciento su sueldo para cobrar 620 mil pesos mensuales.

La receta de Martiniano Molina para salir de la crisis en que se encuentra Quilmes, el municipio del que es intendente, fue otorgarse un “salariazo” de 70 por ciento que elevó su sueldo a la suma de 620 mil pesos, casi el doble de lo que cobra el presidente Mauricio Macri.
El aumento quedó detallado en la nómina salarial de la Municipalidad de Quilmes. En julio pasado, el intendente de Cambiemos percibió 623.666,51 pesos, frente a los 385.608,52 que había cobrado el mes anterior.
Fuentes de la comuna citadas por los medios locales negaron que el cocinero se haya aumentado el sueldo y esbozaron que esa diferencia entre un mes y otro se debió “al cobro del aguinaldo”. Si esto hubiera sido así, el monto de ese beneficio de mitad de año hubiese sido la mitad del mejor salario cobrado hasta ese mes, no prácticamente el doble.
La noticia generó revuelo en la comuna, donde Molina había anunciado un bono de 5 mil pesos para sus empleados, un valor que no llega a ser ni una cuarta parte del salario mínimo promedio de un municipal y que es 50 veces menor al aumento que se le otorgó Molina.
El incremento salarial del "meritócrata" es de tal magnitud que supera el que se auto-concedió la gobernadora María Eugenia Vidal en agosto pasado, cuando subió su sueldo de 80 mil a 167 mil pesos. Y lo que es más llamativo, supera el del máximo cargo político del país: mientras el presidente Mauricio Macri cobra un cuarto de millón de pesos, Martiniano percibe más de medio millón de pesos.
Este “salariazo” no es la única excentricidad de Molina. El mes pasado, en medio de la campaña para las PASO, Molina anunció su decisión de promocionar el turismo internacional en los barrios más pobres de Quilmes. “Yo me acuerdo haber ido a la Rocinha hace muchos años como turista, en Río. La verdad que estuvo buenísimo”, argumentó.
Su propuesta fue convertir la Villa Itatí, de Bernal, en un “polo turístico” en el que los extranjeros podrán pasear por allí y tener la posibilidad de ver “un montón de familias que trabajan, que se esfuerzan, que muestran su cultura, sus costumbres, su alimento, cultura de origen”.
Además, el auto-aumento de Molina ocurre en momentos en que Quilmes es una de las comunas del sur del conurbano bonaerense más golpeados por las política económica de Cambiemos. De hecho, una de sus más emblemáticas industrias, la papelera Ansabo, cerró sus puertas hace semanas y los trabajadores despedidos encabezaron multitudinarias protestas tanto en ese distrito como en la ciudad de Buenos Aires.
En la última protesta, que tuvo lugar en el Puente Pueyrredón, los trabajadores cuestionaron públicamente a Martiniano Molina por hacer oídos sordos a sus reclamos de intervención en el conflicto.
Argentina. Piratas en el espejo: el saqueo sigue durante el naufragio

Siempre están, y no son como el sol, que durante horas desaparece de la vista de los mortales. Las corporaciones económicas están en todos y cada uno de los momentos del proceso de saqueo acelerado del bienestar argentino iniciado, en su última etapa, el 10 de diciembre de 2015.

Los pulpos financieros internacionales también: instalaron a sus cuadros en el gabinete nacional, se encargaron de “colocar deuda” durante el primer tramo de la gestión de la alianza Cambiemos, aparecieron junto al presidente Mauricio Macri, su familia y sus socios en la contundente denuncia internacional conocida como “Panamá Papers” y ahora, con el país fundido y millones de familias alimentándose en los comedores solidarios, en los tachos de desperdicios y hasta en los basureros que rodean a las ciudades, ya plantaron sus servicios para entrar en el negocio de “reperfilamiento” de la deuda contraída por le gestión del PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, los socios de Cambiemos.
Alberto Fernández, el candidato presidencial convertido en “mandatario de hecho” antes de tiempo por decisión de la mayoría de las argentinas y los argentinos, recibió en el transcurso de la semana una nueva muestra de la situación que vive el país -y él mismo- cuando una jueza de Nueva York, Loretta Preska, con el lenguaje que corresponde a su magistratura anunció que esperará que las elecciones presidenciales del 27 de octubre en la Argentina terminen con el actual vacío de poder y haya una autoridad en condiciones de definir la estrategia del país ante el juicio por la renacionalización de YPF que impulsa el estudio británico Burford Capital.
«A la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas hasta (…) que haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República», dijo Preska, jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York, el 17 de septiembre de 2019
El bufete comandado por Christopher Bogart, se especializa en comprar derechos de litigio de empresas quebradas en el mundo para encarar demandas judiciales por sumas muy superiores a su “apuesta”, un mecanismo equivalente al de los “fondos buitre”, que adquieren títulos de deuda de alto riesgo a precio vil y persiguen montos indemnizatorios sideralmente mayores, como sucedió con aquellos a los que la administración Macri les terminó pagando 16.500 millones de dólares, litigados en el mismo tribunal de la “ciudad de los rascacielos”, solo que en aquel entonces estaba a cargo del ya jubilado juez Thomas Griesa.

El Estado capturado
Casi como aquel sol que no es, la circularidad de los hechos sorprende, a menos que la paciencia permita ver cómo un grupo de corporaciones económicas tomaron el control directo del gobierno argentino y sus agencias a partir del 10 de diciembre de 2015, en uno de los casos de “puerta giratoria” más explícitos de la historia mundial.
De ese modo lograron que el Estado perdiese autonomía en la formulación, implementación y regulación de las políticas públicas y generaron decisiones ejecutivas e, incluso, muchas de las legislativas, que respondieron a sus intereses, en detrimento del interés nacional, con la consecuente ampliación de la desigualdad socio económica y el deterioro de las instituciones republicanas.
De la comparación de los actores financieros involucrados en el conjunto del proceso de endeudamiento externo, dolarización de tarifas de servicios públicos, comercialización de hidrocarburos durante la Argentina macrista se observa que los funcionarios que fueron sucediéndose desde aquel jueves en que Macri estrenó su baile espasmódico en el balcón de la Rosada hasta este momento, en el que preparan de apuro las valijas,  provinieron de corporaciones económicas y financieras internacionales y sus decisiones beneficiaron a sus mandantes de origen.
Uno de los casos paradigmáticos fue el del presidente y accionista de la Shell, Juan José Aranguren, queen 24 horas, pasó a desempeñarse como Ministro de Energía y Minería de la Nación, la cartera que, entre otras atribuciones, se encarga de la “elaboración y fiscalización del régimen de combustibles y en la fijación de sus precios”. Lo hizo, en beneficio de la transnacional petrolera anglo-neerlandesa, hasta el 16 de junio de 2018, después de haber engendrado una de las rachas más duras de tarifazos que atravesó la sociedad argentina.
Si se lee con detenimiento el listado de bancos y financieras que se encargaron de colocar los bonos de deuda externa  argentina emitidos por el gobierno a partir de ese abril de 2016, cuando comenzó su carrera desenfrenada de acumulación de pasivos, y se lo compara con los involucrados en aquellos “Panapapers” o en la sangría de fuga de divisas y, ahora, con los aspirantes a “reperfiladores” de la deuda, prácticamente se verá una nómina y su propia fotocopia.
Si se repite el ejercicio y se compara la lista de los principales integrantes de aquel pool de bancos extranjeros con la nómina de entidades en las que se formaron y a las que representan los más importantes integrantes del “mejor equipo de los últimos 50 años” que saqueó el país, se tropezará, una vez más con los mismos actores.

Por Nueva York de campaña judicial
Menos de cuatro años después de haber comenzado un proceso de endeudamiento acelerado en moneda extranjera y local superior equivalente a 188.000 millones de dólares, con una fuga de divisas estimada, a junio del año en curso, en unos 134.313 millones de dólares,los cuervos asociados al gobierno saliente ya se instalaron en el despacho del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, para ubicarse primeros en la fila que pretende encarar, al día siguiente de la derrota electoral formal de Juntos por el Cambio, la negociación de la deuda de u$s101.000 millones imposibles de pagar para esta gestión, como lo reconoció el miércoles 28 de agosto el entonces flamante ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.
El planteo de los representantes del gobierno nacional en la causa YPF en Nueva York persigue objetivos tan lejanos del interés nacional como el incluir el alegato argentino un tema de campaña electoral, una intención aviesa hoy aplastada por la contundencia del resultado de las internas del 11A.
El procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, ex director de Legales del Bank of America, instruyó, al estudio que representa al gobierno ante la jueza Preska, para que introduzca en  la página 24 del alegato la denuncia de supuestos actos ilegales en el proceso de renacionalización de la compañía petrolera de bandera. Para ello apeló a una poco prolija alusión a difusas “fuentes periodísticas argentinas” que habrían informado que “una cantidad significativa de dinero recibido por la Provincia de Santa Cruz en regalías de petróleo y por la privatización de YPF en 1993, que más tarde ´desapareció´,  en su lugar podrían haber sido utilizados para facilitar y pagar el acuerdo Repsol-Petersen”.
En realidad, la jugada apuntó a inducir la responsabilidad de encontrar una conexión de funcionarios de la ex mandataria y actual candidata a vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner,  a los que se refiere como “testigos encarcelados” y a quien fuera su último ministro de Economía, hoy candidato triunfante a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Al pedir la jurisdicción argentina para la causa, por la inclusión de supuestos delitos cometidos en territorio nacional por funcionarios locales, apuntó al uso de campaña contra dos de los tres principales candidatos opositores. Alberto Fernández, cabeza de la fórmula presidencial ganadora de las PASO por 16 puntos, nada tuvo que ver con los hechos, sin embargo deberá decidir si se mantiene el pedido de traslado de jurisdicción o incluye el caso en su estrategia global de renegociación de las deudas contraídas por Macri y rechaza la validez de la compra de los derechos de litigio de la quiebra de Petersen Energía, subastados en Madrid.
Casi un jeroglífico. Una complejidad a la que Fernández y sus equipos se arriman cada día más, a medida que se acerca el momento de gobernar.
Consultores, periodistas económicos, buitres, caranchos y todo tipo de aves de rapiña económica sobrevuelan la situación argentina y, muy especialmente su endeudamiento externo, y cada uno saca sus propios cálculos y tira sus datos en la mesa de operaciones… financieras. El candidato solo ha dicho que honrará la deuda “como siempre lo ha hecho el peronismo”, negó una “reestructuración de la misma” y adelantó la necesidad de “renegociar plazos” de pago de la misma.  Sin embargo, los apostadores de Wall Street y del mercado local especulan con la posibilidad de un combo que incluya plazos de pago más largos, tasas menores, tasas crecientes, un periodo de gracia, bonos con descuento de capital o intereses y hasta una quita lisa y llana de capital, aproximadamente del 50% de la negociada por Néstor Kirchner.

La estafa circular
El destape de la información financiera provocado por los Papeles de Panamá, instaló en la agenda global el tema de la evasión impositiva, el lavado de dineros mal habidos y la fuga de capitales, una de las causas estructurales de las recurrentes crisis económicas en los países de la región y un verdadero atentado contra sus posibilidades de desarrollo, incluso en la Argentina.
Constituyó además la confirmación de una trama que une a las corporaciones, sus bancos extranjeros y nacionales, los funcionarios del gobierno argentino y los beneficiarios de las políticas que ellos mismos deciden cuando pasan de un lado al otro del mostrador del Poder Ejecutivo. Lo que descubrió esa trama y las investigaciones realizadas sobre las cuentas offshore del mandatario y su equipo, hizo que las carpetas panameñas terminaran alojándose en la de los “Macripapers”.
A los datos. Los encargados de colocar la cifra monumental del nuevo proceso de endeudamiento externo de la Argentina, destinados a satisfacer las exigencias de los fondos buitre, fueron el alemán Deutsche Bank, el británico Hong-kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC, para clientes y víctimas), la estadounidense J.P. Morgan y el Santander Investmen tSecurites, de origen español, como “Coordinadores Globales” de la operación, y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), el neoyorkino Citigroup Global Markets y la  Unión de Bancos Suizos (UBS), como colocadores conjuntos.
El hilo es fácil de seguir. HSBC, Santander, BBVA y UBS, aparecen en la lista de bancos implicados en los Panamá Papers que también salpican al mandatario argentino, su familia extendida y muchos de sus colaboradores más cercanos. A su vez, JP Morgan y HSBC son dos de las tres empresas que tienen las causas más importantes por fuga de divisas de Argentina -la restante es BNP Paribás- y ambas “perdieron” archivos en el incendio -intencional, según el peritaje policial- del depósito de IronMountian en Barracas, en la que perdieron la vida diez bomberos, voluntarios y rescatistas en 2014.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay representó en el gabinete los intereses del JP Morgan, al igual que Vladimir Werning, su secretario de Política Económica, Planificación del Desarrollo; el presidente Comisión Nacional de Valores, Marcos Ayerra, al igual que el secretario de Finanzas, Santiago Bausili y el ex Presidente del Banco Central de la República Argentina y ex Ministro de Finanzas, Luis Caputo, uno de los grandes responsables del endeudamiento actual, revistaron en las filas del Deutsche Bank, otro de los colocadores de deuda.
El ex ministro de Producción, Francisco Cabrera, además de haber trabajado para los grupos Clarín y La Nación, también viene del HSBC.
Si hiciesen falta más datos sobre la forma de actuar de la banca que hoy vuelve a atenazar el presente y a condicionar el futuro argentino, basta recordar que el banco de inversión JP Morgan fue multado en Estados Unidos con u$s 13.000 millones por incurrir en prácticas delictivas en la gestión de los bonos hipotecarios que llevaron al estallido global de la crisis subprime en 2007/2008. Fue acusado por su manejo de los controles de riesgo, al no informar a los reguladores de Estados Unidos y Gran Bretaña sobre las deficiencias de esas operaciones, a pesar de que su propia administración había identificado los riesgos que implicaban.
El HSBC, que fue de los encargados de “conectarnos con el mundo”, como afirmaba Prat Gay, creó más de 2.300 de esas “cáscaras” financieras, además de estar involucrado en los “SwissLeaks”, que permitieron comprobar la existencia de más de 4000 cuentas de argentinos que fugaron u$s 3.505 millones a Suiza, tras diseñar un circuito destinado a la evasión fiscal.
Como último eslabón de esta cadena se podría agregar que la Unidad de Información Financiera, encargada de investigar la fuga de divisas organizada por el  Hong-kong and Shanghai Banking Corporation, el HSBC creado en 1865 con el fin de administrar las enormes ganancias generadas por el tráfico de opio por parte de Gran Bretaña en China. Macri impuso a Mariano Federici y María Eugenia Talerico, al frente del organismo, a pesar de haber sido impugnados por pertenecer a un grupo de abogados que defendían a acusados por el delito de lavado de activos; cuando los cuadros del banco británico desembarcaron en los despachos más importantes de la Unidad… se cerró el caso.
Ese fue el esquema de operaciones del “plan de negocios” con el que el gabinete de la oligarquía llevó el barco de una economía argentina a la que le sustraen el capital generado por sus trabajadores, de modo “legal” a través de fallas en los mecanismos de contralor y decisión o, directamente, por métodos ilegales, impidiendo en buena medida un desarrollo autónomo, basado en los enormes recursos generados en el país.
Constituye la herencia que recibe el gobierno entrante y la ciudadanía argentina, con un endeudamiento que no apuntó al desarrollo del país a través de proyectos de infraestructura e industrialización que generasen empleo y sustitución de importaciones sino que fue destinada a respaldar la fuga de capitales.
Fue la artillería de un ejército de ocupación financiera que deja millones de argentinas y argentinas que ni siquiera alcanzan a comer una vez al día, el mismo dispositivo que resembró el país con enfermedades que estaban erradicadas, una realidad que ya ni ocultan quienes blindaron su imagen durante años.
Vamos Juntos no permitió el debate de las iniciativas de la oposición

El macrismo bloqueó la emergencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires.

El bloque oficialista Vamos Juntos no habilitó la inclusión para la sesión ordinaria de este jueves en la Legislatura porteña de dos proyectos de la oposición que impulsaban la declaración para la Ciudad de Buenos Aires de la emergencia social, económica y la alimentaria.
A diferencia de lo ocurrido en el Congreso Nacional, donde fue aprobada por unanimidad, el oficialismo local optó por no dar los votos necesarios para permitir el debate en el recinto.
En ese marco, organizaciones sociales y sindicales, entre ellas la CTAA Capital, anunciaron una movilización a la Legislatura que confluirá en las puertas del Parlamento local a las 10.30, poco antes del inicio de la sesión ordinaria, para pedir el tratamiento de las declaraciones a los diputados.
Fuertes declaraciones del empresario de medios

Daniel Vila denunció que Mauricio Macri lo extorsionó

"Macri mandó a Aguad a meterme una denuncia penal", aseguró el dueño del Grupo América. Acusó al Presidente de "inmiscuirse en el Poder Judicial" tras presionarlo para que le devolviera al Estado una franja de espectro radioeléctrico "porque la tenía comprometida con Clarín". Vila afirmó tener los whatsapp que lo prueban.

La resonante derrota de Mauricio Macri en las PASO del 11 de agosto sigue produciendo efectos llamativos: el miércoles por la noche, Daniel Vila, cabeza de un grupo mediático que en el pasado apoyó abiertamente al Gobierno, realizó graves acusaciones sobre una intervención del Presidente en cuestiones judiciales. El presidente del Grupo América estuvo en un “mano a mano” con Alejandro Fantino en Animales Sueltos, y allí relató el modo en que Macri lo presionó para que entregara “un espectro que estaba en conflicto con el Estado”.
“El presidente asumió un compromiso conmigo. Cuando él asume, me pide que la empresa que yo represento, Supercanal Arlink, le devolviera al Estado el espectro. Nosotros estábamos en una situación de conflicto, había unas medidas judiciales que paralizaban el espectro y él me pidió que se lo reintegrara, que se lo devolviera, porque lo tenía comprometido con Clarín", contó el empresario mediático, y luego relató que “le entregué un papel firmado donde decía que yo desistía esas medidas judiciales, y él se comprometió conmigo a guardarlo y presentarlo solamente el día que yo vendiera mi empresa, cosa que no hizo”, continuó.
Tras contar que el Presidente "presentó ese documento antes de tiempo", dijo que "los abogados de la empresa tenían sus reaseguros y evitaron que ese espectro volviera al Estado. Fue entonces que el presidente mandó al Ministro (Oscar) Aguad a meterme una denuncia penal”.
Según Vila, la devolución del espectro terminó “destrabando la situación”. “Me mandó un whatsapp diciendo que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal”, dijo, y aseguró que “eso no es solamente meterse en la libertad, sino también es inmiscuirse en el Poder Judicial, cosa que está prohibida porque vivimos en una república en donde los poderes son independientes”.
Ante la pregunta de Fantino de si entendía que la declaración podía producir “una citación de oficio”, Vila redobló la apuesta: "No solamente tengo los whatsapp, sino que saqué fotocopias de capturas telefónicas y las hice certificar por un escribano".

"El problema que tiene La Cámpora es de mala prensa"
En una noche que produjo sorpresa entre los analistas de la conducta de medios afines a la Casa Rosada, ese no fue el único el único gesto preocupante para el Gobierno. Antes de lanzar su acusación, Vila había defendido a La Cámpora (“Vos no conocés miembros de La Cámpora que estén procesados, que estén acusados de corrupción”) y señaló que “Máximo Kirchner no tiene nada que ver con la imagen que nos quisieron vender, que se drogaba y jugaba a la Play… es inteligente, criterioso, preparado, que sabe de economía… esto no quiere decir que sea kirchnerista ni antikirchnerista, es un dato de la realidad. El problema que tiene La Cámpora es de mala prensa, pero cuando se comunican y te das cuenta quiénes son ya los mirás de otra manera”, dijo, mientras el estudio se inundaba de aroma a panqueque.
Malena Galmarini: "Macri es un nene caprichoso al que le están sacando el juguete y lo quiere romper"

La concejal además remarcó que "hay un montón de funcionarios y participantes de Juntos por el Cambio que pueden ser parte del Gobierno".

La candidata a diputada provincial, Malena Galmarini, criticó a Mauricio Macri por su actitud tras perder por una aplastante diferencia las elecciones primarias de agosto.
EN diálogo con Gustavo Sylvestre por C5N la concejal, que no se descarta como posible miembro del Gabinete de Alberto Fernández, consignó que el Presidente "es como un nene caprichoso".
"Están desorientados, el presidente sigue desorientado por haber perdido. Es un nene caprichoso al que le están sacando el juguete, tengo la sensación, de que lo quiere romper. Lo que no entiende es que se va la vida de todos los argentinos y tienen que ponerse al frente de lo que está sucediendo hasta que termine su mandato y además comenzar a pensar cómo va a ser la transición para que sea lo más ordenada posible", opinó.
"Hay mucho por hacer y nos necesitamos a todos. Incluso el 11 de diciembre vamos a necesitar también a sus legisladores nacionales, provinciales, locales, seguramente hay un montón de funcionarios y participantes de Juntos por el Cambio que pueden ser parte del Gobierno de Alberto Fernández y Axel Kicillof, porque no todos son malos ni piensan lo mismo", cerró.


Extorsión a Daniel Vila: el fiscal Guillermo Marijuan pidió que declaren el empresario y Alejandro Fantino

La causa por averiguación de delito recayó en el juzgado de María Servini.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N 9 Guillermo Marijuan presentó una causa por "averiguación de delito" contra el presidente Mauricio Macri por la supuesta extorsión al dueño de América, Daniel Vila, para que entregue parte del espectro radioeléctrico y quede en manos del Grupo Clarín. La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1, María Servini.
Marijuan pidió la declaración de Daniel Vila y del conductor de Animales Sueltos, Alejandro Fantino, ante quien el empresario contó la extorsión del jefe de Estado. También pidió documentación como prueba que se presume serán los mensajes que Macri le envió a Vila por WhatsApp que formaron parte de la extorsión.
La jueza de la causa Servini se enteró del resultado del sorteo y mandó a buscar la causa que se inició por averiguación de delito.
Vila, contó que el presidente Mauricio Macri mandó al entonces ministro de Telecomunicaciones, Oscar Aguad, a presentar en su contra una denuncia penal por no entregar espectro radioeléctrico que se lo había prometido al Grupo Clarín.
"Él asumió un compromiso conmigo... cuando asume me pide que le devolviéramos al Estado el espectro. Teníamos un conflicto por el espectro que estaba paralizado por medidas judiciales. Entonces él me pidió que le devuelva el espectro porque lo tenía comprometido con Clarín", comenzó a relatar Vila en una entrevista con Alejandro Fantino.
"Yo finalmente le entregué un papel que decía que yo desistía de las medidas judiciales y él se comprometió conmigo a presentar ese documento sólo cuando yo vendiera la empresa. Como presentó ese documento antes de tiempo, los abogados de la empresa tenían su reaseguro y evitaron que el espectro vuelva al Estado", sostuvo Vila.
El dueño de América manifestó que entonces Macri mandó a Aguad a iniciarle una demanda. "Cuando le devolví el espectro me mando un WhatsApp diciéndome que ya le había dado instrucciones al Procurador para que dejara sin efecto la denuncia penal", manifestó Vila.
El Senado debate la Emergencia Alimentaria

Tras la media sanción que consiguió el proyecto en la Cámara de Diputados, hoy los senadores se disponen a prorrogar la Emergencia Alimentaria hasta 2022, durante una sesión especial en la que el oficialismo y la oposición acordaron un debate sin dilaciones.

El comienzo de la sesión especial convocada por el oficialismo para dar sanción a la Emergencia Alimentaria estuvo marcada por la tragedia que enluta Chubut. Los senadores provinciales, Juan Mario Pais y Nancy González, pidieron un minuto de silencio por las dos docentes fallecidas que volvían de una protesta en Rawson. “Quiero pedir un minuto de silencio para brindar el respeto a los docentes que estaban reclamando su legítimo derecho”, subrayó Pais.
González, por su parte, apuntó contra el ejecutivo nacional “por la situación caótica en materia social y económica” en Chubut. “Esta situación se podría haber evitado si el gobierno nacional no hubiera mirado para el costado”, advirtió la senadora, quien denunció que el gobierno de Mauricio Macri “dejó a la deriva” a la provincia con las “malas poíticas implementadas”.
“Nos quitaron los reembolsos por fondos patagonicos, nos sacaron el fondo sojero, nos sacaron el IVA, firmaron el famosos pacto social porque iban a beneficiar a las provincias y nada de eso pasó en mi provincia”, agregó.
Afuera del Congreso, las organizaciones sociales aguardan la votación de la iniciativa, que establece un aumento de emergencia como mínimo del 50 por ciento en el presupuesto para políticas nacionales de alimentación.
Tal como en Diputados, el oficialismo se comprometió a sancionar definitivamente el proyecto que tantó se negó a aprobar para evitar que el Congreso se convierta en una caja de resonancia en medio de la campaña electoral. La vicepresidenta y presidenta del Senado, Gabriela Michetti, la sesión especial que devolverá la actividad a una cámara paralizada desde julio por la campaña electoral.
La convocatoria oficial confirmó el acuerdo al que arribaron el oficialismo y la oposición en las últimas horas para no dilatar la aprobación de la norma, que recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados la semana pasada por 222 votos a favor y sólo una abstención.
La oposición consideró que la “emergencia alimentaria es necesaria frente a la malaria, el hambre y la angustia” , según resaltó el jefe del Bloque Justicialista en el Senado, Carlos Caserio. “El oficialismo presentó el proyecto de emergencia junto con uno para autorizar la salida de tropas del país con el aval del Congreso. El tema fundamental es la emergencia alimentaria. Hay un acuerdo de los grandes bloques de darle una dinámica similar a lo que fue en Diputados”, adelantó en diálogo con Página/12.
Por otro lado, el senador de Cambiemos Esteban Bullrich confirmó, en ese sentido, que no habrá "mayores dificultades" para sancionar la ley. En esa misma línea se expresó el jefe del interbloque de Senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, quien ratificó que se buscará que la discusión no se extienda por muchas horas pero aclaró que le permitirán hacer uso de la palabra a todos los que quieran hablar a diferencia de lo que ocurrió en Diputados, donde hubo un solo orador por bloque con un tiempo acotado a cinco minutos de discurso.


El orfebre Juan Carlos Pallarols reveló por qué el Presidente lo rechazó en 2015

Macri y el miedo a una "macumba" en el bastón presidencial

El orfebre Juan Carlos Pallarols reveló que uno de los motivos por el que el presidente Mauricio Macri no habría aceptado en 2015 el bastón presidencial que él fabrica tradicionalmente fue porque sospechaba que ese símbolo de poder tuviera “una macumba” de Cristina Kirchner.
“Un día me llama una persona que dice ser gobierno entrante, yo nunca lo pude comprobar, y me pregunta si yo le había prestado el bastón a la presidente Kirchner para hacer una macumba”, contó el artesano.
Una “macumba” es una práctica religiosa afroamericana que suele ser malinterpretada como una maldición y utilizada peyorativamente para hablar de un hechizo, o algo relacionado a ello. O sea que la sospecha de los presuntos asesores del presidente entrante fue que CFK podría haber sido la autora de algún tipo de maleficio propio del pensamiento mágico, transmutado en un bastón.
La respuesta de Pallarols ante semejante pregunta fue de sorpresa: “No sé si reírme u ofenderme”, contestó. Su decisión de contar ese hecho ahora, a tres meses de una nueva ceremonia de traspaso del mando presidencial, tuvo un solo motivo: “Nunca quise contarlo así, pero a la verdad la gente la tiene que saber”, dijo escuetamente.
La anécdota con la que se escribirá un nuevo capítulo de la trastienda de la historia argentina fue revelada por el orfebre durante una entrevista por LN+ tras ser consultado sobre las razones por las cuales en 2015 se cortó la tradición de que un presidente recibiera, desde 1983, un bastón presidencial elaborado por él durante la ceremonia de asunción.
Ese año, los asesores de Mauricio Macri decidieron que el bastón de mando sería el que había fabricado y ofrecido un orfebre de la ciudad de Mercedes, llamado Damián Tessore.
Los motivos de esa elección nunca fueron explicados y quedaron envueltos en la controversia desatada durante esos días luego de que Macri decidiera romper con la tradición de la entrega de los atributos presidenciales en el Congreso, y hacerlo en Casa de Gobierno.
Pallarols contó que, no obstante “la macumba”, hubo una intención del equipo de asesores de Macri de hacerse con él bastón. Por esos días, relató, él ya había dado instrucciones a su secretaria de que el bastón no le sería dado a los responsables de Ceremonial de Casa Rosada “si no se hacía la ceremonia con la tradición, como debía ser”.
Pero un día “lo vinieron a buscar medio de prepo, amenazaron a mi empleada y ella, con mucha garra, empezó a gritar diciendo que la amenazaban”. Casualmente estaban en el taller “tres estudiantes de periodismo que sintieron los gritos y salieron” a ver qué ocurría. Fue entonces que “los supuestos guardias o (personal) de Ceremonial se fueron”. La historia posterior a ese hecho es conocida: Macri aprobó el bastón de Tessore y no el de la supuesta macumba.
El Senado prevé sancionar la ley esta tarde

Marcha al Congreso por la Emergencia Alimentaria

Movimientos sociales se concentran para esperar que la Cámara de Senadores sancione la norma que ya fue aprobada por Diputados. Con la ley, el Ejecutivo podrá destinar 10 mil millones de pesos extra a comederos y merenderos.

Los movimientos sociales esperan en la calle la sanción de la Emergencia Alimentaria. La CTEP, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el Frente Darío Santillán se concentran desde las 11 de la mañana frente al Congreso, en apoyo el debate en el Senado. Con la Ley, el Poder Ejecutivo podrá utilizar 10 mil millones de pesos de acá a fin de año para duplicar los alimentos destinados a los comedores y merenderos.
Vale tener presente que el objetivo de las marchas como la de hoy por la Emergencia Alimentaria fue generar la voluntad política de que el Estado actúe para garantizar el acceso a los alimentos. De hecho, el gobierno de Cambiemos tuvo fondos extras aprobados y disponibles para Políticas Alimentarias desde 2016, pero aunque parezca difícil de creer, no los utilizó. Incluso en un año electoral como el 2019, el ministerio de Desarrollo Social subejecutó las partidas presupuestarias destinadas al envío de comida a escuelas y redes de contención, mientras la suba de los precios hacía que en los hogares de menores ingresos fuera cada vez más difícil acceder a las cuatro comidas diarias. Algunos datos ilustran esta situación:
Hoy son más de cinco millones los argentinos no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, según el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda. El número de personas que no puede proveerse de una alimentación completa y de calidad nutricional es del doble que en 2016.
Contra el discurso oficial que asegura que no hubo un gobierno con tanto gasto social como el que asumió en 2015, lo cierto es que Cambiemos no percibió la gravedad de la crisis en su verdadera magnitud, ni dio las respuestas necesarias. En 2017, el ministerio de Desarrollo Social usó sólo el 75 por ciento de los fondos destinados originalmente a Políticas Alimentarias (y no gastó un solo peso de de la ampliación de su presupuesto). Lo mismo ocurrió en 2019: para agosto, el Gobierno debería haber gastado el 70 por ciento del presupuesto destinado a Políticas Alimentarias, pero sólo había usado el 58 por ciento.
Es sobre este antecedente que hoy se sanciona la Emergencia 2019. Su importancia, entonces, reside no sólo en contar con la ley -un instrumento para reasignar partidas que tendrá vigencia hasta 2022- sino sobre todo en crear un clima en que el que el problema se mantenga visible y los gobiernos accionen.
Los fondos liberados por la Emergencia estarán destinados a todo tipo de comedores y merenderos, incluidos los escolares, los sostenidos por Cáritas, los de redes municipales y los de movimientos sociales, que motorizaron los reclamos más sostenidos.
En los numerosos reclamos que se hicieron a lo largo de este año, las organizaciones sociales plantearon que con la suba del precio de los alimentos se dio un proceso doble: recibieron más demanda al mismo tiempo que Desarrollo Social discontinuaba o recortaba los envíos de insumos. Uno de los productos que más faltó fue la leche en polvo , que también fue difícil de encontrar en los supermercados durante los meses que fueron de marzo a agosto, debido a que su precio de exportación hizo más rentable para los productores mandarla a Brasil. En las negociaciones, los funcionarios del ministerio admitían el problema, señalando que parte de las compras se vieron afectadas por la “falta de precio”.
Otro aspecto puesto sobre la mesa es la baja calidad nutricional de los envíos, que obligan a una dieta pobre en vegetales frescos y proteínas, y excesiva en harinas, grasas y azúcares. Esta cara del problema todavía no fue tomada por las políticas alimentarias, pero es más que probable que terminará siendo una cuestión abordada en los meses que vienen, ya que hay mediciones de peso y talla de los niños que asisten a los comedores que permiten describir la situación.
Los relevamientos muestran que cuatro de cada diez chicos que se alimentan en comedores (escolares o sociales) tienen algún tipo de malnutrición. La preeminencia es de casos de sobrepeso y obesidad. También aumentó el número de niños con baja talla o estatura, una de las señales de la mala alimentación crónica
Anuncio de Ctera tras la muerte de dos maestras que volvían de una marcha

Jornada de luto y paro nacional docente por Chubut

La conducción de Ctera anunció una medida de fuerza en todo el país para este jueves, luego del fallecimiento de dos maestras en un accidente automovilístico cuando volvían de una protesta en Rawson. Alesso reclamó "al Gobierno nacional y provincial la solución urgente del conflicto”, mientras Baradel señaló a la Casa Rosada que "tienen que brindar asistencia" porque "se puso en juego la paz social”.

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) anunció esta mañana una "jornada de luto y un paro nacional" por el fallecimiento en un accidente de tránsito de dos maestras que volvían a Comodoro Rivadavia tras haber participado horas antes de una marcha de protesta en Rawson. La medida de fuerza se realizará el jueves y por eso no habrá clases en todo el país.
En una conferencia de prensa convocada de urgencia para esta misma mañana, los docentes lamentaron la muerte de las docentes fallecidas en un accidente de tránsito cuando volvían de protestar por salarios adeudados, en el marco de un conflicto que se extiende en la provincia desde hace nueve semanas.
Sonia Alesso, secretaria general de Ctera, informó que otras tres maestras continúan internadas. Todas forman parte de la escuela Nº7 de Comodoro Rivadavia. “Es un día de duelo y de dolor”, remarcó Alesso, encargada de comunicar las medidas de fuerza. “Llamamos a una jornada nacional de duelo en todo el país y mañana un paro nacional exigiendo al gobierno nacional y provincial la solución urgente del conflicto que está viviendo Chubut”, remarcó la dirigente.
Roberto Baradel, secretario general adjunto de Ctera y titular de Suteba, agregó que la situación de los docentes en Chubut, que ahora sufren la pérdida de dos compañeras, es “lamentable”. “Son muertes evitables que no tendría que haber sucedido. Hace nueve semanas que los docentes están en conflicto y hace cinco de paro. Es necesario una resolución urgente del conflicto”, pidió.
“Le decimos al gobierno provincial de Chubut que es el responsable de pagar en tiempo y forma los salarios y le decimos al gobierno nacional que si una provincia está esta situación financiera tienen que brindar asistencia. Se puso en juego la paz social”, aclaró el dirigente.
Los docentes remarcaron que autoridades de Ctera de cada provincia viajarán mañana a Chubut para acompañar el reclamo de los docentes y pedir una reunión urgente con las autoridades provinciales. Baradel agregó que al término de la conferencia de prensa se iban a dirigir al Ministerio de Educación nacional para intentar tener una reunión con el ministro Alejandro Finocchiaro.
El dirigente de Suteba consideró "inadmisible e inoportuno" que en "este contexto" Arcioni haya presentado un proyecto de ley para aumentarse un 100 por ciento su salario . "Es obsceno también que en Chubut un legislador cobre 400 mil pesos y los jueces 700 mil. Ya no es un tema del gobernador sino de todo el poder político de la provincia", agregó.
Por último, Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, agregó que la central gremial que conduce adhiere a la jornada de luto y apoya el paro de los docentes. “Sentimos el mismo dolor y la misma indignación. Murieron dos compañeras docentes que hoy deberían estar junto a sus alumnos dando clases. Hay que dejar de jugar a las escondidas, el Gobierno no puede seguir mirando para otro lado ni puede especular electoralmente con esta situación”, sostuvo el dirigente.
Según Yasky, la provincia de Chubut “tiene recursos” por lo que el conflicto es sólo un tema financiero. “Son dos monedas las que hacen falta para resolver el pago de salarios de estatales y docentes de Chubut. Estamos hablando de un conflicto que si no se resolvió es porque están mirando para otro lado”, finalizó.
Las dos docentes muertas en el accidente en la ruta 3 regresaban a sus hogares tras haber estado en la marcha de los estatales. El accidente fatal que sufrieron generó el repudio de sus colegas que se autoconvocaron a protestar frente a la Legislatura.
Las mujeres fallecidas, profesoras de Economía y Lengua, fueron identificadas como Cristina Aguilar y Jorgelina Ruíz Díaz, quienes "estaban a punto de jubilarse", según describió Leonardo Moreyra, delegado de la escuela donde realizaban la actividad, la provincial 738 de Comodoro Rivadavia.
Un sondeo lo ubica 20 puntos por encima de Macri

Elecciones 2019: encuestas arrojan más diferencia para Alberto Fernández

El trabajo de Gustavo Córdoba amplía la diferencia de las PASO a favor del Frente de Todos. Sube la imagen negativa de Macri.

La última encuesta realizada por la consultora del sociólogo Gustavo Córdoba amplía la ventaja de 16 puntos obtenida en las PASO por la fórmula del Frente de Todos, Alberto Fernández-Cristina Kirchner, sobre la de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri-Miguel Angel Pichetto, para las elecciones de octubre. Por otro lado, la mayoría de los encuestados opinaron que Alberto Fernández tiene capacidad para sacar al país de la crisis mientras que el nivel de desaprobación del gobierno de Macri se mantiene muy alto.
La mayor diferencia se expresa tanto en la consulta por alianzas o partidos como en los integrantes de la fórmula. En ese sentido, el Frente de Todos obtiene un 52 por ciento de intención de voto contra el 32,5 por ciento de Juntos por el Cambio. La poco conocida Consenso Federal 2030 -la fuerza por la que se postulan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey- apenas si llega al 3,7 por ciento, y menos todavía el Frente Despertar (2,2 por ciento), el Frente de Izquierda (2,1 por ciento) y el Frente NOS (0,9 por ciento).
En la medición por nombres propios, la fórmula Fernández-Fernández estira su porcentaje hasta el 54,5 por ciento mientras que, por el contrario, Macri-Pichetto sacan menos que su coalición: 31,8 por ciento. Es decir, mientras que en el caso de las alianzas la diferencia de intención de voto queda en 19,5 por ciento, para los integrantes de las fórmulas se agranda hasta nada menos que el 22,7 por ciento.
Lavagna, en cambio, mide 6,1 por ciento -bastante más que su fuerza-, mientras que más atrás quedan Nicolás del Caño-Romina Plá (FIT) con el 2,2 por ciento, José Luis Espert-Luis Rosales (Despertar) con el 1,4 y Juan José Gómez Centurión-Cynthia Hotton (NOS) con el 0,7 por ciento.
El trabajo de Gustavo Córdoba y asociados fue realizado entre el 13 y el 14 de septiembre en todo el país por la técnica IVR. En el estudio se notan los efectos de los resultados de las PASO: básicamente la gente considera que las medidas tomadas por la gestión de Macri para paliar la crisis son tardías e inoportunas. La imagen negativa de Macri ya escala al 61,4 por ciento y mantiene una positiva de apenas el 31,7 por ciento, casi exactamente el mismo porcentaje que lo votaría en octubre. En cambio, la imagen postiva de Alberto Fernández llega al 55,4 por ciento contra una negativa del 35,3 por ciento. Entre los votantes del Frente de Todos, un mayoritario 67,6 por ciento argumenta que elegirá al ex jefe de gabinete porque "tiene capacidad para sacar al país adelante".
Presentación judicial de un experto en seguridad ambiental

Asbesto: denuncian a Macri y Larreta por la compra de vagones

El ingeniero acusa al actual jefe de Gobierno y a su antecesor por haber adquirido material rodante con amianto, una sustancia prohibida en el país.

El presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta fueron denunciados por la compra de vagones con amianto --una sustancia de alta toxicidad-- que se incorporaron al subte en 2011. Los delitos que se les imputan son violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento. La presentación judicial recayó en el juzgado federal nº 2 a cargo de Sergio Ramos y la hizo un especialista en el tema: el ingeniero en Seguridad Ambiental e inspector de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad de Buenos Aires, Edgardo Castro. En el texto de doce carillas señala que se adquirió material rodante con aquel residuo peligroso cuya importación está prohibida por ley desde 2001. A fines del mismo año también se declaró ilegal su uso en España --el país exportador-- y cinco después en la Comunidad Europea. Lo curioso del caso es que cuando administraba la CABA, Macri supervisó en persona la adquisición de los 36 coches al Metro de Madrid que costaron 19.800.000 dólares, a razón de 550 mil cada uno. Esas formaciones del tipo CAF serie 5000, habían sido utilizados por primera vez en 1974 en la capital española. 39 años después llegaron con el material cancerígeno para incorporarse a la línea B que une Juan Manuel de Rosas con Leandro Alem. Aunque es ingeniero, ni el ex jefe de Gobierno ni sus colaboradores verificaron los riesgos que se corrían con la operación comercial.
La denuncia también alcanza al actual presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (Sbase), Eduardo De Montmollin, al titular de la concesionaria del servicio, Metrovías SA, Alberto Esteban Verra --quien ya tiene otra causa penal por malversación de fondos públicos-- y al director de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, Fernando Cohen. Castro denunció que “los CAF 5000 contienen asbesto en sus componentes eléctricos, luego de que se le reconociera como enfermedad laboral la asbestosis (un tipo de cáncer) a un empleado de mantenimiento de la red española”.
En mayo de 2018 murió Antonio Morán Canseco, un mecánico del Metro de Madrid que limpiaba disruptores o “apagachispas” con dióxido de silicio, uno de los componentes del amianto. Cinco meses después fallecía Julián Martín Rebate, otro empleado diagnosticado con asbestosis y que había demandado a la empresa por 395.602 euros. En abril de este año se conoció el tercer caso mortal: un trabajador jubilado de 64 años del subte madrileño. La compañía que controla el servicio nunca le informó a su personal del peligro que corría durante décadas. En mayo pasado hubo varios paros, incluso de 24 horas, en protesta por la contaminación con amianto. La imagen más gráfica de esas protestas fue la de los huelguistas con barbijo. Muchos se desempeñan así en el Metro.
En Buenos Aires por ahora no se registraron víctimas fatales. Pero la Sbase admitió la existencia de la sustancia en la línea B durante diciembre último. Unos 160 trabajadores fueron sometidos a estudios. A fines de agosto, se detectaron cinco casos de operarios contaminados con asbesto (otra denominación del amianto) en los talleres Rancagua y Villa Urquiza de la B. Los estudios para descubrir el material cancerígeno fueron hechos por la Universidad del Sur.
A la denuncia que realizó Castro la antecedió otra de 2015 que presentaron los ex diputados porteños Gustavo Vera y Facundo Di Filippo. Este último señaló en ese momento que le inició la acción penal al ex presidente de la Sbase Juan Pablo Piccardo “porque incumplió el régimen de contrataciones y se evidenció mala administración y falta de planificación en perjuicio del patrimonio de la ciudad”. La denuncia terminó archivada, le confirmó a Página/12 un colaborador de Vera.
Ahora se avanzó sobre Macri y Rodríguez Larreta como “contra todo funcionario que en el ejercicio de sus funciones haya participado en la compra, uso, acción u omisión en el tratamiento de reclamos contra el uso de trenes con amianto”, señala la denuncia que quedó radicada en la Cámara Federal. Una fuente del poder judicial que consultó este diario agregó que, tratándose de funcionarios, el delito que se les imputa no prescribe, como señala el artículo 67 del Código Penal: “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”. En esa situación están el presidente y el jefe de Gobierno porteño.
El amianto es una sustancia ilegal en la Argentina desde que firmó la resolución 845/2000 el ex ministro de Salud Héctor Lombardo. En su artículo 1º se prohibía “en todo el territorio del país la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad anfiboles (crocidolita, amosita, actinolita, antofilita y trimolita) y productos que las contengan”.
Sbase hizo caso omiso y adquirió los vagones al Metro de Madrid en una subasta. Luego sumó más coches en 2012, pero los CAF 6000. Las compras coincidieron en el tiempo con un viaje de Macri a la capital española. Había ido a apoyar a su aliado político Mariano Rajoy en las elecciones presidenciales de su país. “Sentimos envidia sana por la infraestructura en subtes” (entre otras obras que mencionó), dijo en un discurso de respaldo al candidato conservador que terminó destituido por un escándalo de corrupción el 1º de junio del 2018.
La denuncia de Castro dice que “en relación al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, junto con Juan Pablo Piccardo, cabe la máxima responsabilidad por la importación de esas formaciones como de todas las que existen en la actualidad y no se ha realizado revisión para determinar y descartar la existencia de amianto”. Los vagones fueron retirados para el transporte de pasajeros en la línea B y trasladados a un galpón de la calle Magaldi 2169 en el barrio de Barracas que la Sbase le arrendó a una empresa vinculada al Grupo Clarín (el fideicomiso Loma XXI) a razón de 115 mil dólares mensuales más IVA.
El 21 de abril de 2015 el sitio enelsubte.com informaba: “no se trata de un taller del Subte sino de un galpón alquilado, en su momento para almacenar los CAF 6000, pero luego fueron trasladados allí otros coches, como los recientemente radiados CAF 5000…”
El ingeniero que formuló la denuncia comentó que acudió a la Justicia porque “nadie tomó el tema en su poder y dispuso las medidas correctas para evitar que los trabajadores se sigan enfermando y no sabemos si quienes somos usuarios además, no tendremos a la larga una secuela o enfermedad derivada del amianto”. Los efectos de este material pueden aparecer en la salud entre 30 y hasta 40 años después de haber quedado una persona expuesta a sus fibras en suspensión. Sus víctimas suelen ser tardías. Es un agente mortal capaz de producir cáncer de manera silenciosa. Como ya ocurrió en el Metro de Madrid con los mismos vagones que importó Macri cuando era jefe de Gobierno porteño.
Presentaron un escrito en la Justicia Electoral respaldando a la empresa

El Gobierno quiere que siga Smartmatic

Pese a las fallas del escrutinio provisorio de las PASO, el Poder Ejecutivo insiste con la empresa venezolana para las elecciones generales. La firma prometió mejoras.

A pesar de las críticas de los expertos en tecnología, el Gobierno insiste con Smartmatic para el escrutinio provisorio de la elección general del 27 de octubre y le pidió a la Justicia Electoral que rechace el planteo del Frente de Todos de que la firma sea desplazada. Además, le solicitó a la empresa que realice las mejoras técnicas que sean necesarias para que no se repita la demora en la carga de los resultados de la elección Primaria, Abierta, Simúltanea y Obligatoria (PASO). Al respecto, la firma dijo que están trabajando "en el rediseño" del sistema de consulta para la fiscalización por parte de las agrupaciones partidarias.
Smartmatic "funcionó de forma totalmente defectuosa" en el recuento provisorio de las PASO, según el informe de los veedores informáticos de la Justicia . Incluso, en el escrito que presentaron en los tribunales electorales, el oficialismo reconoció que "efectivamente se interrumpió el flujo de información para el proceso de fiscalización". Sin embargo, rogó que la compañía no sea removida para el recuento provisorio de los votos y que realice "las mejoras técnicas necesarias para que dicho inconveniente no vuelva a producirse". Desde la compañía dijeron que están trabajando en "un sólido sistema de consultas para la fiscalización por parte de las agrupaciones políticas". Además, confirmaron que habrán dos simulacros de pruebas los días 21 de septiembre y 5 de octubre.
Sobre esto reflexionó el candidato a diputado de Consenso Federal Alejandro “Topo” Rodríguez ante la consulta de PáginaI12: "Si el Gobierno está tan interesado en defender a la empresa, habría que trabajar sobre una hipótesis: que la 'sobrecarga' producida en el módulo de consultas en la noche del 11 de agosto no haya sido tal y que la decisión de mantener aislada 'la fuente de sobrecarga para preservar el funcionamiento global del sistema', no haya sido el factor que explica la demora en la difusión de los datos".
La empresa había argumentado que la falla se debió a una "sobrecarga" que se registró en el módulo de consulta de fiscales partidarios, y que resolvieron "aislar la fuente de sobrecarga para preservar el funcionamiento global del sistema". Esto, según la compañía, generó una demora para difundir los primeros resultados de la jornada, que arrancó a las 22.20 y no a las 21, como estaba previsto. "Lo llamativo es que cuando Macri habló, dio muestras contundentes de conocer el resultado que ignorábamos millones de ciudadanos", comentó Rodríguez.
En reiteradas oportunidades antes de las PASO, la oposición ya había alertado sobre el mal funcionamiento del software de esta firma. En los simulacros que realizaron antes de los comicios de agosto, distintos ficales y apoderados de frentes opositores encontraron irregularidades en la transmisión de los telegramas y en la fiscalización de los partidos. “El software de Smartmatic no puede verificarse porque su codificación fuente es secreta y no permite a los partidos comprobación alguna, como la ley exige”, había anticipado a PáginaI12 el experto en informática Ariel Garbarz.
Para el desarrollo del software electoral, Smartmatic recibió 17 millones de dólares del Estado. Esta empresa contratista es de origen venezolano, pero se presenta como holandesa y tiene su domicilio legal en Barbados, un paraíso fiscal . Esta no es la primera vez que sus fallas están en la mira del electorado. Ya recibió varias denuncias por su participación en Filipinas, El Salvador, Uganda, Bélgica y Brasil. Incluso, uno de los cables de 2006 del Departamento de Defensa de los Estados Unidos filtrados por Wikileaks dice que la empresa “pasó de ser una pequeña empresa de tecnología a convertirse en un actor del mercado en pocos años” .
Cambiemos acompañará el proyecto elaborado por la oposición

La emergencia alimentaria se debate en la Cámara de Diputados

Mientras organizaciones sociales cumplen el primer día de acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social, la Cámara de Diputados de la Nación debate el proyecto de emergencia alimentaria impulsada por la oposición para paliar la crisis económica y social que desató el gobierno de Cambiemos y que repercutió con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.
El comienzo de la discusión estuvo signado por el cruce entre la oposición y el oficialismo sobre la responsabilidad del gobierno de Cambiemos en el aumento de la pobreza. La mayoría de los diputados opositores cuestionaron duramente al diputado radical Toty Flores, quien en su discurso se refirió a la necesidad de “pensar cómo salir de la situación actual”, como si fuera ajeno a la alianza gobernante que propagó y luego minimizó la pobreza en el país.
“La salida es trabajar, trabajar y trabajar”, insistió el legislador oficialista como si se trata de una cuestión de falta de voluntad. "Es necesario llamar a la reflexión, salir de la Argentina del conflicto y la confrontación. La sociedad está harta del conflicto, venir a trabajar y no poder llegar a tiempo”, consideró.
“Hubo un diputado que dijo que hay que comenzar a pensar en cómo solucionamos la pobreza y lo dice tras cuatro años de gobierno. Slogan es el hambre cero que prometió Macri, el responsable es (Mauricio) Macri y sí, queremos paz, pero no la paz de los cementerios", advirtió la diputada Victoria Donda cuando tomó la palabra.
En ese mismo sentido se expresó Nicolás del Caño, pero advirtió que la ley en sí es “un paliativo (...) no resuelve los problemas estructurales" porque “desde las PASO, hace un mes, los especuladores fugaron 100 leyes de emergencia que deberían beneficiar a millones y millones”.
Se espera que en la sesión especial se dé media sanción a la ley, que se gestó en medio de un convulsionado clima de protesta de los movimientos sociales contra las políticas de Mauricio Macri. El gobierno dará su visto bueno para evitar dar lugar a discursos de campaña que perjudiquen aún más su imagen, tras la derrota por quince puntos que le propinó Alberto Fernández en las PASO.
El oficialismo aceptó finalmente tratar la iniciativa de declarar la Emergencia Alimentaria Nacional, firmada originalmente por Eduardo Duhalde en 2002, e impulsar la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. “Hemos decidido como bloque acompañar el proyecto”, adelantó el diputado de Cambiemos Daniel Lipovetzky.

Protesta frente al Congreso
Afuera del Congreso, organizaciones sociales aguardan la aprobación del proyecto, al que se llegó en base a más de diez proyectos presentados por diferentes bloques. La tarde de ayer estuvo marcada por el avance represivo de las fuerzas de seguridad que intentaron evitar que se montara el acampe.
“Estamos esperando una respuesta del Ministerio, necesitamos que se asistan a los comedores, que se entreguen los alimentos que no se están entregando desde el mes pasado, que se actualicen los montos del Salario Social y que no se mantenga congelado el programa que se creó a partir de la ley nacional de emergencia social hace tres años", explicó la coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia.
A través del proyecto se establece un incremento de emergencia como mínimo del 50% de las partidas presupuestarias vigentes del corriente año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición. Además, faculta a la Jefatura de Gabinete, "a partir del 1 de enero del año 2020 y hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas presupuestarias correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición".
Alberto Fernández: "Lo de Macri fue una gran estafa para los argentinos"

El postulante presidencial además cruzó a Mirtha Legrand por su frase contra Macri.

El candidato a presidente del Frente de Todos Alberto Fernández opinó que el presidente Mauricio Macri "estafó al pueblo argentino" al mentir en su campaña presidencial de 2015 cuando prometió bajar la pobreza, quitar el impuesto a las ganancias, no devaluar, generar trabajo y no sacar el Fútbol para Todos.

"Lo de Macri fue una gran estafa para los argentinos", sostuvo Alberto Fernández quien manifestó que no hubiera definido a Mauricio Macri como "fracasado", tal como lo hizo la conductora de televisión Mirtha Legrand.
La conductora del programa, Viviana Canosa, afirmó si le importan que no lo inviten a los Almuerzos de Mirtha Legrand y respondió: "No, tampoco tengo un problema con Mirtha".
El postulante además manifestó que no necesita la grieta y participa de programas donde la brecha ideológica esta simbolizada para intentar cerrarla. "Yo estoy con Cristina y voy a Clarín y voy al Malba", sostuvo.
La compañía ocultó información en reiteradas oportunidades

El Poder Judicial intervino el Correo, la empresa de la familia Macri

La jueza Marta Cirulli, a cargo del expediente concursal del Correo (de los Macri) donde se dirime la deuda millonaria que tiene con el Estado, resolvió intervenir la empresa ante lo que consideró ocultamientos reiterados de información, que entre otras cosas atañen a llamativos pasivos por préstamos de sus propias controlantes, que son Socma y Sideco, claves en el grupo empresario de la familia presidencial. La resolución dispone una “coadministración” de la compañía, pero no desplaza a quienes están actualmente a cargo. La fiscal Gabriela Boquín, quien denunció en 2017 un intento de condonación de la deuda que hoy llega a 4500 millones de pesos a través de un pacto entre el Correo y los representantes estatales, había pedido ya entonces la intervención, con el desplazamiento de síndicos y administradores. La jueza señaló también la reticencia a responder a los pedidos de datos para el expediente, donde se están investigando maniobras de vaciamiento, y contradicciones.
La empresa Correo, en su situación concursal actual, está declarada inactiva. A pesar de esto la fiscalía ante la Cámara denunció distintos tipos de erogaciones que podrían implicar desvíos y/o vaciamiento. Boquín reveló, por ejemplo, contratos de alquiler y de locación de servicios, en algunos casos con sus propias controlantes. En otros, con sociedades y abogados amigos. Después de dos años de idas y vueltas, trabas impuestas por la empresa y resoluciones judiciales sinuosas, la jueza Cirulli tuvo que iniciar una investigación. Por eso comenzó a pedir información específica al Correo, además de los libros contables de Socma y Sideco, que ambas se negaban a entregar. La Corte Suprema destrabó esa discusión, al rechazar un recurso del Grupo Macri. Así las cosas, los señalamientos de la resolución de la jueza Cirulli se refieren al intento de investigación de todos aquellos movimientos anómalos.
La jueza sostuvo que cuando le pidió explicaciones al Correo sobre préstamos recibidos de sus controlantes “nada explicó respecto de sus necesidades actuales, ni sobre la cuantía de lo que había utilizado ni sobre lo que pendía de devolución”. La propia firma había sostenido que recibía préstamos: 2 millones de pesos Socma y 4,5 millones de Sideco en 2017. También se habían detectado contratos de locación de servicios y bienes, por los que se habían pagado desde 2012 18.000 dólares mensuales y en determinado momento en 2014 se dejaron de pagar, aunque continuaban los sin contraprestación. Sin embargo, la jueza explica que ahora el Correo da una versión distinta a la anterior y resulta que existe una deuda posconcursal acumulada nunca antes admitida y, que aparecen irregularidades tales como que Sideco no emitía facturas por los supuestos servicios y locaciones. Cirulli había pedido explicaciones en este año a la empresa postal, pero “guardó absoluto silencio” “a pesar de la señalada gravedad”. El pasivo posconcursal que antes negaba, según la jueza asciende a 1.144.260 dólares. Ante la Cámara, el Correo dijo que le habían dejado de cobrar “en su beneficio y de todos sus acreedores”, lo que hacía suponer que las contrataciones no estaban vigentes, sin embargo no era así.
Además, todo indica, Sideco le pagaba gastos legales al Correo. “Su explicación, acreditación y justificación se le exigió” y “la concursada solo aludió a conceptualmente a varios asesoramientos concentrados en materia tributaria y administrativa”, dice la jueza. “No justificó la contabilización de tales erogaciones adicionales ni denunció la cuantía”. La resolución es taxativa al señalar un “reprochable ocultamiento de un pasivo postconcursal”.
La jueza explica la intervención así: “la omisión de denunciar tal nuevo y creciente pasivo (integrado por una prestación millonaria cuya vigencia era inimaginable a tenor de sus propias afirmaciones; y por otros ‘gastos legales’ anunciados genéricamente sin concreción aritmética) implicó el ocultamiento de la información necesaria para que este Tribunal, las sindicaturas intervinientes y los acreedores verificados pudiesen tomar conocimiento de la real situación de la convocatoria respecto del engrosamiento actual de su deuda posconcursal; y , naturalmente, arroja un manto de duda sobre la sinceridad del os expresado ahora sobre su real endeudamiento”. La intervención, señala la resolución, es la respuesta posible ante la omisión de información o un acto que perjudique a los acreedores. Recuerda que le reclamó tres veces la información.
El coadministrador tendrá que cumplir con “las labores a cargo de la sidnicatura controladora, y con las sindicaturas general y verificante” también. Deberá participar en las deliberaciones de la administración y proponer al directorio medidas para reorganizar la estructura. Tendrá que entregar toda la información adeuda. La intervención, por lo pronto, durará 30 días. Todavía no se conoce el nombre del coadministrador/a designado.
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La decisión de intervenir, que llega tarde (pero llega), está acompañada de una gran cantidad de paradojas. Por lo pronto, la fiscal Boquín ya había denunciado los mutuos dudosos y los movimientos cuantiosos de dinero a partir de 2017: primero señaló retiros de fondos de las propias cuentas del Correo, compra de acciones de una empresa automotriz, y los gastos en alquileres y otros servicios; luego denunció el desvío de al menos 35 millones de pesos en pagos a abogados allegados (algunos integrantes actuales del Gobierno y el oficialismo, como Pablo Clusellas y Pablo Tonelli) y empresas de publicidad amigas, sin explicación. Esta pesquisa y sus pericias estuvieron trabadas hasta mitad de este año. La propia Boquín había pedido la intervención del Correo y el desplazamiento de los administradores en tres oportunidades.
Entre otras cuestiones singulares, la resolución de Cirulli la no desplazar a la gestión actual, deja al mando –por ejemplo– al titular Jaime Cibils Robirosa, otro de los beneficiados con pagos sospechosos e indagado en la causa penal por el acuerdo denunciado para licuar la deuda, igual que el apoderado Jaime Kleidermarcher. La propia jueza Cirulli está denunciada en la causa penal a cargo de Ariel Lijo. Boquín misma marcó en sus escritos que sus decisiones siempre tendieron a dilatar un expediente concursal que no debía durar más de dos años, pero que ya lleva 18, mientras el Correo sigue especulando con sacarle plata al Estado en lugar de pagarle y la y las empresas de los Macri esquivan una quiebra. Es un momento crucial y en estos meses se sabrá si los vientos realmente empiezan a cambiar.
El candidato del Frente de Todos compartió un encuentro con maestros

Alberto Fernández: "Para nosotros la educación es el futuro"

En un acto en Tucumán, Fernández hizo una fuerte defensa de la educación pública y se diferenció de quienes "piensan que es un gasto". “Las sociedades ricas son las que se educaron, las que se desarrollaron con ciencia y tecnología”, remarcó.

En su primer acto público tras su regreso de la gira por Europa, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, compartió un encuentro con maestros en la provincia de Tucumán, donde hizo una encendida defensa de la educación estatal. “Voy a seguir trabajando para que todos los chicos de mi país tengan educación pública”, aseguró.
“Hay otros que piensan que la educación es un gasto. Pero para nosotros la educación es el futuro”, enfatizó Fernández durante su discurso en el que lamentó que “en la Argentina empezar a ser valioso que nuestros hijos vayan a colegios privados”.
“Yo caí en la escuela pública", dijo parafraseando de manera crítica al presidente Mauricio Macri, y con un tiro por elevación también cayó sobre la gobernadora María Eugenia Vidal: “Alguien dijo ‘basta de crear universidades públicas’, qué vergüenza”.
Fernández consideró que “lo primero que tenemos que hacer para construir el futuro es hacer una Argentina federal”, y remarcó que “para que esto ocurra, es imperioso que la educación funcione” porque “las sociedades ricas son las que se educaron, las que se desarrollaron con ciencia y tecnología”.
“No sirve de mucho tener muchos minerales si no tenemos la inteligencia para extraerlos”, puntualizó durante el encuentro que tuvo lugar en el teatro “Mercedes Sosa”, de la capital tucumana, y en el que estuvo acompañado por el gobernador local, Juan Manzur, su par camarqueña, Lucía Corpacci y la cúpula de la CGT, encabezada por Héctor Daer y Carlos Acuña, entre otros sindicalistas.
El candidato sostuvo que, en caso de llegar a la Presidencia, trabajará para que “se termine el país de segunda y de primera”, en el que “los que trabajaban tengan derechos, no sean explotados y sus hijos podían seguir estudiando”.
“Todo eso nos pasó y ahora nos dicen que eso es el problema. Que no nos confundan más ni no mientan más. Está en nuestras manos tener la sociedad que queremos. Está en nuestras manos hacer de la educación pública una bandera que nunca bajemos”, concluyó.
Axel Kicillof y Sergio Massa reactivaron la campaña: "A Macri solo lo disfrutan los dueños de la timba financiera"

En Pilar, los candidatos del Frente de Todos criticaron el gobierno de Macri y Vidal, y plantearon la necesidad de impulsar a la industria.

El candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el primer candidato a diputado nacional por el mismo distrito, Sergio Massa, continuaron con la campaña de cara a las elecciones generales de octubre en Pilar y ambos hicieron énfasis en una gestión que impulse la industria y las Pymes.
"Buenos Aires es la locomotora más importante que tiene la Argentina para el desarrollo. Y si esa locomotora no funciona, difícilmente las otras provincias puede sentir que avanza", comenzó Massa, quien no solo estaba acompañado por Kicillof, sino que también se encontraba el candidato a intendente del distrito, Federico Achával.
El exintendente de Tigre ponderó: "Axel y el equipo con el que viene trabajando tiene al tema producción como valor central. Y eso, para cada uno de ustedes, es realmente muy importante".
Además, Massa hizo un diagnóstico contundente de la gestión de Mauricio Macri: "Que este gobierno fracasó, lo sabemos y lo padecemos todos. Lo sufren las Pymes, pero lo disfrutan los dueños de la timba financiera. Nuestro país tuvo un gerente en una empresa llamada Argentina. Que lo único que hizo fue hacernos perder valor, endeudarnos".
Luego le tocó el turno al exministro de Economía, quien agradeció las muestras de afecto que recibió en los 80 mil kilómetros recorridos en la Provincia en los últimos tres años: "Esa famosa grieta no es algo que venga desde abajo o desde nosotros, sino que hubo un trabajo importante para que no existiese ese intercambio que creemos fundamental y necesario para el futuro que nos espera".
"No encontré ni agresión, ni indiferencia, ni enojo. Sino, ante lo que está sucediendo, vi la necesidad de buscar puntos de contactos y de acuerdo para poder revertir y sacar adelante el problema de cada uno. No encontré a nadie que tuviera problemas personales, o de enojo, todo lo contrario. Lo que creo que está pasando en Argentina es que experimentamos una etapa donde ocurrieron varias cosas inesperadas para muchos. No les tengo que contar como están cada una de las empresas del Parque Industrial que reflejan lo que ocurre en toda la Provincia", aseguró Kicillof.
Y concluyó: "Empresas que tenían problemas en un proceso de expansión. Después de 2015, estamos en un sálvese quien pueda".
Emergencia Alimentaria: La oposición pidió sesión especial para el jueves 12

Con el respaldo de todos los bloques del peronismo, avanza la iniciativa reclamada junto a los movimientos sociales para enfrentar la crisis económica.

Luego de haber logrado consensuar un proyecto unificado de Emergencia Alimentaria, la oposición elevó hoy el pedido de sesión especial a la Cámara de Diputados para el próximo jueves 12 a las 11.30 horas. De esta manera, el Congreso retomará su actividad en medio de la campaña electoral, luego de meses en los que Cambiemos decidió bajar la persiana del Poder Legislativo.
La iniciativa conjunta de la oposición ingresó este lunes a las 19.10 por la mesa de entradas de la Cámara baja. Contó con 13 firmas, correspondientes a representantes del Frente de Todos, el Bloque Justicialista, el Movimiento Evita, los puntanos de Unidad Justicialista y los misioneros del Frente Renovador de la Concordia. Entre otros, pusieron su sello Agustín Rossi, Felipe Solá, Lucila De Ponti, Alejandra Rodenas, Pablo Kosiner, Daniel Arroyo y Leonardo Grosso.
Según fuentes de la oposición consultadas por El Destape, el apoyo de los distintos bloques les garantiza que conseguirán el quórum de 127 diputados necesario para dar inicio a la sesión, aunque no se sabe si lograrán alcanzar los dos tercios de los votos para aprobar sobre tablas la iniciativa, tal como establece el reglamento cuando un proyecto no tiene previamente dictamen de comisión.
“La voluntad de todo el arco opositor en Diputados es lograr la media sanción este jueves y llevaremos a cabo la sesión con la responsabilidad que el Gobierno no tuvo ni tiene respecto a un tema tan sensible como el hambre”, afirmó Leo Grosso, uno de los impulsores de la iniciativa.
Desde el oficialismo, Carolina Stanley, ministra de Desarrollo Social, señaló este lunes tras una reunión con la cúpula de la CGT que “la emergencia alimentaria depende del Congreso”, con lo cual descartó que el Gobierno vaya a declarar por decreto la medida que también es reclamada por los movimientos sociales.
Asimismo, según trascendió, el Gobierno y la CGT hablaron de la posibilidad de implementar una “tarjeta alimentaria” para ciudadanos desocupados.
En este contexto, la oposición resolvió avanzar con el proyecto de emergencia.
Qué dice el proyecto
El proyecto consensuado prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional.
La iniciativa dispone “un incremento de emergencia” de, como mínimo, el 50% de las partidas presupuestarias vigentes este año correspondiente a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
También se faculta al jefe de Gabinete a que, durante la vigencia de la emergencia alimentaria, actualice trimestralmente estas partidas presupuestarias, tomando como “referencias mínimas” el aumento de la variación porcentual del rubro ‘’alimentos y bebidas no alcohólicas’’ del IPC y la variación de la canasta básica alimentaria según el INDEC.
A su vez, se habilita al Poder Ejecutivo Nacional a “disponer las ampliaciones y las reestructuraciones presupuestarias, y las decisiones administrativas conducentes a un abordaje efectivo de la emergencia alimentaria y nutricional”.
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