Economia - Patria Moreira

Año 6. 2018 .  San Juan.  Argentina.   Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Crisis récord: con Macri, la pobreza en Argentina es la más alta en una década

Según datos de la Universidad Católica, el indicador se disparó al 33,6% en el tercer trimestre. Respecto a la última medición, aumentó un 5% y representó el número más alto en 10 años.

La pobreza se disparó al 33,6% durante el tercer trimestre y fue la más alta de la última década, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA). Respecto a las últimas cifras, el indicador aumentó casi el 5%.
Según los datos difundidos, en Argentina existe un 33,6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza mientras que hay un 6,1% que se encuentran en la indigencia. Esto constituye un estimado de más de 13,2 millones de personas que sufren la pobreza.
Los números arrojados por el índice se realizan en unos 5.800 casos de todos los conglomerados urbanos del país con más de 80.000 habitantes. Además, tomó en cuenta una muestra por ingreso, aunque tuvo datos más ampliados de la situación de las personas pobres o indigentes.
En el primer semestre de 2018, el Indec informó que el 19,6% de los hogares en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, lo que comprenden al 27,3% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3,8% de hogares indigentes que incluyen 4,9% de las personas.
Las consecuencias del macrismo: de un año a otro hay 2.2 millones nuevos de pobres

La cantidad de pobres en Argentina pasó de 11,4 millones a 13,6 millones, y la de indigentes, de 2,3 millones a 2,47 millones.

La promesa de "pobreza cero"de Mauricio Macri durante la campaña de 2015 quedó fuera de lugar cuando se observa que el nuevo informe de Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que el 33,6% de la población es pobre mientras que el 6,1% es indigente.
A partir de estas cifras y teniendo en cuenta que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la población urbana de la Argentina alcanza a 40,5 millones, son 2,2 millones las personas que ingresaron a la pobreza y 170.000 a la indigencia del 2017 al 2018.
Debido a los desaciertos económicos del equipo de Macri, la fuerte devaluación y las políticas de ajuste del Gobierno durante este año, la cantidad de pobres en Argentina pasó de 11,4 millones a 13,6 millones, y la de indigentes, de 2,3 millones a 2,47 millones.
Asimismo, la UCA aclaró en el informe que "en 2018 cerca de la mitad de los hogares declararon que sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus gastos" y subrayó que “esta tendencia negativa se observa con niveles diferenciados para todos los grupos sociales, destacándose la amplia incidencia registrada en el estrato de trabajadores marginales".
Desde la UIA reconocen: "Me equivoqué en apoyar el cambio"

El ex presidente de la entidad, Héctor Méndez, fue muy crítico de la actual gestión y dijo que la economía está en un momento "catastrófico".

Héctor Méndez habló este martes en el programa “Crónica Anunciada” en El Destape Radio. El empresario y ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Hector Méndez, dijo estar "totalmente decepcionado" con la gestión de Mauricio Macri. El industrial sostuvo que "la gente esperaba un cambio y cambió poco y nada". Además, añadió que la crisis económica y la devaluación lo "afectaron patrimonialmente".
Además agregó que “si bien no se tocó fondo, los números son catastróficos”. El empresario además dijo que, según el contexto ve difícil una pronta recuperación.
Méndez criticó duramente al gobierno y considera que no hay un “expertise en la conducción actual”.
El ex titular de la UIA, también especificó que la medidas económicas “no fueron consultadas con los diversos sectores. A la larga esto se paga.Si el gobierno no demuestra soluciones si no se ven propuestas no veo una actitud pero estos son los resultados el efecto de esa causa”. Y sentenció: “Es un gobierno soberbio”.
Respecto a la pregunta de los conductores sobre si cree que existe un fin ulterior en el gobierno de querer cambiar el rumbo económico, Méndez dijo: “No me imagino que sea tan inteligente como para que sea tan planeado, solo es producto de la incapacidad”.
Respecto a la llegada de inversiones fue contundente: “Al país no llegan las inversiones porque no son confiables, yo por ejemplo no hago inversiones acá. Se termina pagando un alto precio”. Y expresó desilusionado: “Votamos por un cambio que no se realizó, me siento totalmente decepcionado con este gobierno”.
Causa los cuadernos
Respecto a la causa de los cuadernos, Méndez dijo: “Por primera vez se da una situación a fondo. Si no hay una cacería de brujas es bueno que haya una profundización de los problemas pero tampoco tiene que pensar que pensar que todos los empresariosson iguales”.
Para finalizar expresó: “He sido crítico con el gobierno anterior, no me arrepiento. Uno está para ser una voz de lo que considera incorrectas. Desde mi sector nunca pensamos que íbamos a tener estos resultados, me equivoque en apoyar “el cambio” si las cosas no están bien hay que ser crítico. Las cosas no están bien, esto está claro”.
Según un informe privado, la devaluación llegará al 34 % en 2019 y el dólar superaría los $50

El Presupuesto que aprobó el Congreso estableció un tipo de cambio por encima de los $ 40 para el año que viene.

La consultora Ecolatina, fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, publicó un informe con duros pronósticos económicos para 2019.
Según publicó el diario El Cronista, desde Ecolatina proyectan que "la incertidumbre acerca de quién será el próximo Presidente y las dudas acerca del repago de la deuda potenciarían las presiones cambiarias". Esto se traduce en un dólar que podría cerrar el 2019 a $ 51,50.
En relación a los servicios públicos, la consultora estipula aumentos de agua, electricidad y gas en el primer cuatrimestre, al tiempo que en agosto habría incrementos en la electricidad y en octubre del gas.
Ecolatina establece que habrá un aumento de entre 32-33 % sobre las tarifas en el marco del cumplimiento del acuerdo con el FMI. Sin embargo, no descartan la influencia que puedan tener las elecciones en las medidas a tomar.
Respecto a las expectativas salariales, informa que los salarios formales comenzarán el año con significativos aumentos producto de la cláusula de revisión impuesta en muchas negociaciones paritarias de este año, con un aumento promedio del 35%.
Sin embargo, el estudio señala que los ingresos reales volverían a retroceder el próximo año, con una caída promedio de alrededor del 2 % i.a.
El aumento del mínimo no imponible será del 28,3 por ciento, 20 puntos por debajo de la inflación

Siguen pagando Ganancias 1,6 millón de empleados

La promesa de que los asalariados no pagarán el Impuesto a las Ganancias va quedando en el olvido. La actualización del mínimo no imponible para 2019, 28,3 por ciento, aunque es superior a las paritarias más bajas, quedó muy por debajo de la inflación.

El mínimo no imponible de Ganancias será el año próximo de 38.301,85 pesos de salario de bolsillo neto para solteros y de 50.667,76 pesos para casados con dos hijos. Estos montos reflejan un aumento de 28,29 por ciento de los pisos actuales, el cual se desprende de la actualización anual a octubre del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). La actualización del mínimo se ubicará al menos 20 puntos por debajo de la inflación estimada para el cierre de este año, que será cercana al 50 por ciento, e impactará principalmente en aquellos pocos sectores en los que las paritarias lograron romper el techo del 30 por ciento, como los trabajadores comercio, bancarios, camioneros y químicos, entre otros. En estos casos se espera que haya un aumento en la cantidad de empleados alcanzados por el impuesto, pero se compensaría con una disminución de aquellos que tuvieron una paritaria inferior y los trabajadores despedidos. “Los que lograron compensar algo de la pérdida de poder adquisitivo este año, esa recomposición ahora se la lleva Ganancias”, señaló a este diario Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Desde que asumió Cambiemos la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que paga Ganancias creció 53 por ciento hasta los 1.638.433 empleados.
Cada vez más lejos de la promesa de campaña de que ningún trabajador pagará Ganancias por su salario, el Gobierno logró en tres años duplicar la cantidad de asalariados en relación en dependencia alcanzados por este impuesto. En 2015 tributaron por Ganancias en total 1.071.734 trabajadores en relación de dependencia, mientras que al año siguiente esa cifra aumentó a 1.366.902 y en 2017 volvió a crecer hasta 1.757.008. “Las cifras a octubre evidencian que 1.939.994 contribuyentes pagan Ganancias, de los cuales 1.638.433 corresponden a trabajadores en relación de dependencia, lo que representa un aumento de 566.699 respecto de hace tres años”, explicó a este diario Adrián Caneto, ex director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo.
La cantidad total de contribuyentes alcanzados fue de 750.652 personas (había 1.189.342 en 2015), según el informe que presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Senado el año pasado. El resultado de tres años de macrismo es que el porcentaje de empleados que pasó a pagar este impuesto se elevó del 13 a 20 por ciento sobre el total de los trabajadores formales. “Siempre tuvimos como iniciativa establecer un corte en el universo de empleados registrados para que el porcentaje de los trabajadores que paguen Ganancias no supere el 10 por ciento”, agregó a Página/12 el ex funcionario.
El año próximo comenzará a regir la actualización del mínimo no imponible a partir de un ajuste del 28,29 por ciento del Ripte. Ese indicador se utiliza para actualizar una vez por año el mínimo no imponible y las deducciones del impuesto a las Ganancias del año siguiente. La Secretaría de Seguridad Social actualizó ayer su informe con el dato correspondiente a octubre, que arrojó una mejora mensual de 5,2 por ciento y de 28,29 en términos interanuales. Con este dato se computa el piso de Ganancias, que pasará para un soltero o soltera sin hijos de los 29.855,68 pesos actuales a 38.301,85 (46.146 pesos de ingreso bruto) desde enero. En el caso de casados con dos hijos el mínimo se traslada de 39.494,71 a 50.667.76 pesos (61.046 en términos brutos). En ambos casos incluyendo el proporcional del salario complementario anual o aguinaldo. También se computan otros cobros adicionales, como el bono de fin de año.
El cálculo se basa en que el mínimo de todo el año pasará de 388.123,88 pesos de este año a 497.924 pesos en 2019, sobre lo que se podrán aplicar las deducciones que aumenten ese piso. Para cada hijo menor de 18 años la deducción aumenta de 31.461 a 40.361 pesos anuales. La deducción por cónyuge pasará a 80.034 pesos, siempre que no cuente con un ingreso anual superior a 85.848 en todo el año (6603 pesos por trece meses contando aguinaldo). En el caso de los autónomos, este año tributan a partir de los ingresos que superan los 200.753 pesos y pasará a 257.546 a partir de enero del año próximo.
El impacto de la acotada suba del piso a partir del cual un contribuyente es alcanzado por el impuesto recaerá principalmente en aquellos sectores que lograron una mejor recomposición de sus ingresos frente a una inflación que rondará el 50 por ciento. El promedio de los salarios del sector registrado acumula en los últimos doce meses un aumento de 24,4 por ciento medido a septiembre, como consecuencia del incremento de 25,3 del sector privado registrado y de 23 del sector público, según el informe del Indec. “No va a haber grandes cambios en el número. Probablemente el Ripte tenga una variación un poco por encima respecto de los aumentos de salarios que se den en el marco de la renegociación de algunas paritarias pero va a ser marginal”, señaló Letcher.
El dólar se dispara por tercer día consecutivo

El aumento se percibió en el arranque de la jornada cambiaria en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Los bancos privados también tienen la divisa en alza.

Por tercer día consecutivo el dólar abrió la semana en alza y cotiza a más de $ 39 en bancos privados. En el mercado mayorista la moneda estadounidense pegó un salto de 70 centavos esta mañana en el arranque de la jornada cambiaria en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El billete se ubicaba en los $ 37,60 para la compra y $ 38,15 para la venta en el mercado mayorista.
En el caso del mercado minorista, el valor más alto lo ofrecen los bancos Ciudad y Galicia con una cotización de $ 39.30. Por detrás se ubica el banco Santander con un valor de $ 39.03 y los bancos Nación y Provincia a $ 39.
El Banco Francés vende la moneda internacional a $ 38.94, al tiempo que el Superville lo ofrece a $ 38.80 y la casa de cambio Magitur a $ 38.70. Los valores más bajos se obtienen en las casas de cambio Alpe, con un monto de $ 38.30 y Montevideo, con una cotización de $ 38.20.
El Banco Central anunció ayer los nuevos límites de la zona de no intervención cambiaria y eliminó el piso de la tasa de interés del 60%, justificando esa decisión en la caída en las expectativas de inflación.
La tasa perforó el piso en la licitación de Leliq realizada a las 14:15, al ubicarse en el 59,1%. Así la tasa rompió un nivel que había cruzado 98 días atrás, cuando el 30 de agosto el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, la llevó al 60 % como herramienta de emergencia para frenar una nueva corrida contra el peso.
Aseguró que buscará avanzar con Bolsonaro en un acuerdo Mercosur-Unión Europea

Macri quiere más importaciones

“El Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo”, sostuvo el jefe de Estado, quien insistió en promover un entendimiento comercial con la UE. La apertura importadora viene castigando a numerosos sectores industriales. Advertencia de eurodiputados.

El presidente Mauricio Macri aseguró que el mandatario electo brasileño Jair Bolsonaro quiere avanzar con el megaacuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El recambio de autoridades en el país vecino volvió a hacer tambalear la postergada firma del tratado que comenzó a negociarse hace más de dos décadas. Pero durante la conferencia celebrada ayer en Casa Rosada, Macri afirmó que Bolsonaro le confirmó que Brasil quiere avanzar en las negociaciones con el bloque europeo. PáginaI12 accedió a un reporte comisionado por el bloque de eurodiputados de izquierda donde aseguran que el acuerdo facilitará los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y el lavado de dinero. “Se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados”, advierte el documento que hoy será presentado en el Parlamento Europeo.
“Claramente es un acuerdo muy demorado. Todos somos conscientes que es una gran oportunidad”, sostuvo Macri al indicar que mantuvo conversaciones sobre el acuerdo con las autoridades de Francia, Alemania y España. A los reparos del establishment brasileño para avanzar se suman las exigencias europeas en materia de flexibilización arancelaria así como la resistencia francesa frente a la apertura del mercado de carnes y las indicaciones geográficas para denominar productos según su procedencia.
“El Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo y eso significó un crecimiento menor al de muchas otras regiones”, consideró el mandatario argentino. Las afirmaciones presidenciales contrastan con el desempeño reciente de los países del bloque donde los procesos de expansión económica con mejoras distributivas no fueron acompañados por la profundización de la apertura comercial sino por el fortalecimiento de sus mercados internos. La desregulación que promueve Macri choca además con las políticas proteccionistas asumidas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
A pesar de la convicción del gobierno argentino para avanzar en el acuerdo de libre comercio existe una tímida oposición del sector industrial local. Los empresarios señalan que la apertura a la competencia europea tendrá consecuencias irreversibles en el ya golpeado sector manufacturero. El tratado que Macri impulsa sin éxito hace tres años pone en riesgo 11 de cada 100 empleos en actividades fabriles. La investigación impulsada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde del Parlamento Europeo suma una nueva dimensión sobre los riesgos asociados al acuerdo: la facilitación de los flujos financieros ilícitos.
A partir del análisis de los borradores del acuerdo el informe asegura que “se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados”. El estudio fue elaborado por los investigadores argentinos Verónica Grondona, Magdalena Rua y Martín Burgos. El texto advierte además que “al mismo tiempo podría limitar las posibilidades de elaborar listados de guaridas fiscales y tomar medidas contra ellas en materia fiscal y prevención del lavado de dinero”.
El reporte estima que los países del Mercosur exhiben un stock de riqueza financiera offshore superior a los 853 mil millones de dólares. De acuerdo a las estimaciones, la región experimentó un promedio anual de flujos salientes entre 2008 y 2017 de 56,4 mil millones anuales.
“Un nivel muy alto de dinero que sale del bloque, privando a los países de dinero que no es re-invertido ni es fiscalizado”, sostienen los investigadores, para quienes los riesgos asociados al acuerdo no están limitados a los países sudamericanos. “El riesgo de inestabilidad financiera es alto, particularmente considerando que son flujos que tampoco son fiscalizados. El acuerdo puede exacerbar el problema para las dos partes”, advierte.
Tras la cumbre del G20, el dólar cerró a $ 37,61

En la apertura semanal del mercado cambiario, la divisa estadounidense retrocedió más de un peso. Además, el Banco Central volvió a realizar una fuerte licitación de Leliq.

En la apertura semanal del mercado cambiario, el dólar cayó más de un peso y cerró a $ 37,61, de acuerdo al promedio realizado por el Banco Central. El tipo de cambio disminuyó $ 1,19 respecto al jueves.
Tras la cumbre del G20, la moneda estadounidense cotizó $ 35,57 para la punta compradora y $ 37,61 para la vendedora. La operatoria contó con un volumen negociado en el mercado de contado que superó los U$S 305 millones.
Cabe recordar que los mercados financieros permanecieron cerrados el viernes por el encuentro internacional, que reunió a las principales economías del mundo en la capital del país sudamericano.
En otro aspecto, el Central volvió a concretar la habitual licitación de Leliq y colocó $ 160.231 millones con un rendimiento promedio del 60,27% y una tasa máxima de corte del 60,49%. El vencimiento de este título de deuda fue de $134.844 millones.
Por segundo día consecutivo, el gobierno toma una astronómica deuda

Lo comunicó por medio del Boletín Oficial. Esta vez serán bonos de La Nación en dólares y bonos del Tesoro en pesos.

El gobierno nacional volvió a tomar deuda externa por segundo día consecutivo. Esta vez, la administración del presidente, Mauricio Macri, emitió bonos de la Nación por 2.300 millones de dólares y 36.500 millones de pesos.
"Disponer la emisión de los “BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% VTO. 2020”, por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses dos mil trescientos millones (V.N.O. USD 2.300.000.000)", detalló el gobierno que comunicó que el vencimiento será en un año y seis meses, es decir después de que finalice la administración de Macri.
"Disponer la emisión de los “BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 8,5% VTO 2022”, por un monto de hasta valor nominal original pesos treinta y seis mil quinientos millones (V.N.O. $ 36.500.000.000)", comunicó por medio de la Resolución Conjunta 31/2018. En el caso de esta deuda en pesos, el vencimiento es el 29 de noviembre de 2022.
El miércoles, el gobierno había emitido deuda por 1.150 millones de dólares y de 15.000 millones de pesos.
El sistema jubilatorio argentino, en el último puesto de un ranking internacional

De entre 30 países, Argentina tiene la peor jubilación, teniendo en cuenta variables como la cobertura y las condiciones de vida de las personas jubiladas.

Con una jubilación mínima que hoy se ubica en unos magros $8.637, el sistema previsional argentino se posicionó en el último puesto de entre 30 países en un ranking a nivel global. De esta forma, Argentina es el país con peores jubilaciones luego de que el Congreso apruebe la reforma previsional en diciembre del 2017.
El dato surge de un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica, basado en una publicación del Australian Centre for Financial Studies que analiza y compara los sistemas de pensión de 30 países, según informó Ámbito.com.
En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38,8 y se ubica debajo de naciones con altos niveles de pobreza como India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. Dinamarca, en cambio, obtuvo el primer lugar, seguida por Holanda.
Los criterios tomados para elaborar este indicador son la cobertura, la sustentabilidad y la integridad. En cuanto a la cobertura, se tienen en cuenta los beneficios y derechos que cada sistema jubilatorio asigna a las personas más pobres, además de la distribución del ingreso.
Además, se incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, ya que, según indica el estudio, dichos factores representan una fuente importante de seguridad financiera en paralelo a la jubilación.
Por otra parte, también es un factor clave para este índice el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, al igual que el mecanismo de ajuste desde el Estado a través del tiempo. En torno a estos parámetros, Argentina ocupó quinto lugar más bajo, sólo por arriba de Singapur, México, India, y Malasia.
El sistema previsional, que incluye todos los gastos sociales del Estado como las jubilaciones, es un punto clave de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El organismo global ha pedido a la Argentina que haga un fuerte ajuste para acomodarse a sus políticas económicas recomendadas, y, si el Gobierno cede, significaría un contundente recorte en los ingresos de los sectores más débiles.
Por qué se disparó el dólar?

El tipo de cambio se disparó $ 1,50 por la decisión del Gobierno de acortar la semana y la cercanía al final del año.

El dólar se recalentó y rozó los $ 40 en la semana del G-20. La cumbre de los presidentes fue una de las razones de la disparada de $ 1,50 de hoy, por la decisión de Mauricio Macri de acortar los días hábiles, lo que motivó el adelanto de operaciones. Sobre el final de la jornada, una caída en el sistema informático generó un diferencial entre los precios de venta y compra del billete.
El tipo de cambio terminó el lunes a $ 39,90, luego de continuas mermas mínimas de la tasa de interés que ensayó el Banco Central en las últimas semanas. En línea con los lineamientos del FMI, la autoridad monetaria disminuyó levemente el rendimiento de las Letras de Liquidez licitadas, al punto que cerró en 61,2%. Había alcanzado el 73% a comienzos de octubre, cuando el presidente de la entidad, Guido Sandleris, usó esta herramienta para calmar el mercado de cambios.
Pese al paso de tortuga de Sandleris, al no apoyarse en un modelo productivo, el desarme de la bicicleta financiera fue un tiro en la culata. La semana pasada no fueron absorbidos cerca de un cuarto de las Lebac, parte de la cual presionó hoy por la suba del dólar.
La declaración del jefe de Estado del feriado del viernes por el G-20 y la incertidumbre en torno a los transportes que generó el PRO para el jueves concentrará más intercambios de monedas en los primeros tres días de la semana. Esto incrementó el volumen de hoy 33% a U$S 724 millones.
Sumado a esto, sobre el final de la rueda, a las 14, se cayó el sistema del mercado abierto electrónico (MAE), lo que dejó a los operadores del mercado por momentos solamente comunicados por vía telefónica. Este inconveniente ayudó a distorsionar el normal movimiento de las cotizaciones en el mayorista y aumentó las brechas entre las puntas compradora y vendedora.
El Gobierno endeudó al país por otros $40 mil millones

Así lo estableció el gobierno por medio de una resolución que publicó en el Boletín Oficial. Representa mil pesos más para cada argentino.

El gobierno nacional tomó deuda hoy por 40 mil millones de pesos, que equivalen a mil pesos por cada argentino. La decisión es tomada por medio del lanzamiento de letras del Tesoro Capitalizables y de Letras del Tesoro ajustadas por CER, variable atada a la inflación.
Mediante una resolución conjunta de la secretaría de Finanzas y de Hacienda, el gobierno dispuso en el artículo uno del documento la emisión de Letras del Tesoro Capitalizables en pesos con vencimiento el 22 de febrero por un monto de $30.000.000.000.
En el artículo dos, la Casa Rosada establece la emisión de 10.000.000.000 pesos en Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento también 22 de febrero de 2019.
Sin contar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda externa acumulada por el gobierno de Mauricio Macri acumulada desde 2015 trepó hasta los U$S 100.000 millones.
En 2019, si se divide el monto entre los 40 millones de argentinos, cada persona tendría una deuda individual estimada en $ 300.000.
Deuda externa: gracias a Cambiemos, cada argentino debe $300.000

Entre 2015 y 2018, la deuda se disparó por U$S 100.000 millones. En 2019, se pagarán más de $ 1.100.000 por minuto en conceptos de intereses.

La deuda externa acumulada por el gobierno de Mauricio Macri acumulada desde 2015 trepó hasta los U$S 100.000 millones. En 2019, si se divide el monto entre los 40 millones de argentinos, cada persona tendría una deuda individual estimada en $ 300.000.
Tras el acuerdo rubricado con el FMI, por U$S 57.100 millones a cambio de un fuerte ajuste, el Gobierno continuó con la toma de deuda en dólares a través de otros mecanismos. El ministerio de Hacienda ya inició un programa de licitación de Letras del Tesoro para asegurarse más divisas.
Entre 2015 y 2018, la deuda se disparó por U$S 100.000 millones. En 2019, se pagarán más de $ 1.100.000 por minuto en conceptos de intereses, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El próximo año, el Gobierno deberá pagar $ 598.000 millones. Según informes consultoras privadas, la proporción de la deuda respecto al PBI alcanzará a fin de año el 93%.


El Gobierno modificó el Presupuesto para darle $5 mil millones a las empresas de gas

Es en compensación por la devaluación, que originalmente iban a pagar los usuarios en 24 cuotas.

El Gobierno nacional dispuso el incremento de la partida destinada a subsidiar a las empresas de gas por casi 5 mil millones de pesos, en concepto de la compensación que originalmente iban a abonar los usuarios en 24 cuotas y que despertó una fuerte polémica.
Así salió publicado este viernes en el Boletín Oficial, a través del DNU 1053 que modifica al Presupuesto 2018. Producto de la inflación (que ya araña el 40%), el Gobierno se vio obligado a aumentar los gastos de este año más que lo previsto.
Y entre ellos, está el concepto de transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, que destinará 4,88 mil millones de pesos más a las empresas privadas de gas.
La normativa establece que "el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio".
De los casi 5 mil millones de pesos, unos 781 millones van a ir a las productoras de gas convencional, 1.650 millones a las productoras de gas no convencional y 2.236 millones a empresas distribuidoras. El resto se divide en otros planes de fomento a la producción.
Recesión y recortes como plan

Lo que se viene con el Presupuesto

El Gobierno prevé para 2019 una nueva contracción del PBI, con recortes de partidas en términos reales para obra pública, salud, educación, cultura y vivienda, entre otros. La única partida que aumenta más que la inflación es para pagar deuda.

El Presupuesto para 2019 admite que la economía seguirá en recesión, con una estimación de caída del PBI del 0,5 por ciento, aunque hasta el Fondo Monetario anticipa una baja mayor, del 1,7 por ciento. Con el objetivo de alcanzar la meta de equilibrio fiscal primario, el Gobierno llevará a cabo una fuerte reducción de partidas para obras de infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano (por ejemplo, cloacas y agua potable), entre otras. El proyecto define una reducción equivalente a un punto del PBI en el gasto social, con lo cual el recorte real alcanzaría al 10 por ciento en tan sólo dos años. El stock de deuda alcanzará el año próximo los 315.698 millones de dólares y el pago de intereses representará el equivalente a 596.000 millones de pesos, con un alza interanual del 50 por ciento.
Déficit cero. El compromiso del Gobierno con el FMI fue acelerar la meta de equilibrio fiscal, sin contar el pago de intereses de deuda que aumentará un 50 por ciento el año próximo. En el plan de gastos y recursos se establece una contracción económica que pueda llevar el déficit del 2,6 por ciento de este año a cero el próximo. El foco será reducir el gasto en términos reales. La recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social crecerá 38,9 por ciento y superará los 4,8 billones de pesos en el cálculo oficial.
Dólar. Según el Presupuesto, el dólar se ubicará en promedio a 40,10 pesos, un precio que alcanzó a fines de agosto último y que derivó en una política monetaria aún más contractiva que estabilizó momentáneamente el tipo de cambio. Se dispuso congelar la base monetaria y aplicar un esquema de bandas de flotación del dólar con actualización mensual respecto a la evolución de la inflación. Este programa se anunció luego de que se presentara el Presupuesto. Para el 2020 el precio del dólar está previsto en 44,30 pesos; para 2021, a 48,20 y 2022, a 50,50.
Inflación. Luego de cerrar este año con una variación de entre 45 y 50 por ciento, la proyección estimada en el Presupuesto es de 23 por ciento para el final del ejercicio 2019. Esto significa la evolución a doce meses medida en diciembre, lo que arroja un promedio de 34,8 por ciento. Para este año se estima en la ley cerrar en 42 por ciento.
Recesión. El panorama económico del año próximo será recesivo. Con una caída del consumo privado de 1,6 por ciento y una retracción de la inversión del 9,7 por ciento. A esto se suma el descenso de la inversión pública y la puesta en marcha de obras en el marco del programa de participación público-privada. Por el lado de los ingresos, la apuesta es a un incremento de recaudación por una buena cosecha de cereales y oleaginosas y, con menos importaciones por la recesión, se pretende reducir el déficit de cuenta corriente en un 50 por ciento, hasta los 9900 millones de dólares, lo que equivale a 2,2 puntos del PBI. No habrá suba adicional de retenciones y se mantiene en 30 por ciento el tope de derechos de exportación a la soja y en 12 para el resto de los productos.
Gasto. El total previsto será de 4,1 billones de pesos, lo que supone un aumento nominal de 27,4 por ciento respecto de 2018, contra una inflación promedio proyectada de 34,8 por ciento, lo que representa una caída de 13 por ciento en términos reales. El gasto primario se ajusta 24 por ciento (nominal) y los recursos para planes sociales aumentan en 32 por ciento, ambos por debajo de la inflación. En términos reales, la reducción del gasto será del 6 por ciento en servicios sociales, del 23 por ciento en educación y cultura, del 48 por ciento en vivienda y urbanismo, de 20 por ciento en promoción y asistencia social, de 8 por ciento en salud, de 17 por ciento en ciencia y técnica y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.
Deuda. Es la única partida que le ganará a la inflación el próximo año. Las necesidades de financiamiento ascienden a 38.900 millones de dólares, que se reparten en 2500 millones de nueva deuda, 20.100 millones de vencimiento a refinanciar, 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4600 millones de organismos internacionales. La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI de 2019, con un stock de 315.698 millones de dólares. El pago de intereses será de 596.000 millones de pesos, con un alza de 50 por ciento.
El campo estalló contra el Gobierno: "Nos llama para hablar pelotudeces"

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, expuso la molestia del agro por las últimas medidas del Gobierno.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace, disparó munición gruesa contra el Gobierno nacional y aseguró que solo los llaman para "hablar pelotudeces".
En declaraciones, Dardo Chiesa cuestionó la degradación del ministerio de Agroindustria a secretaría y dijo que "no queda claro" el rol de Luis Etchevehere como funcionario.}
”El gobierno llama para hablar pelotudeces y nos enteramos por la radio de las retenciones al agro o bienes personales, no puede ser”, bramó el dirigente rural.
En este último año, el Gobierno instauró retenciones a todas las exportaciones equivalentes a 4 pesos por dólar para productos primarios y 3 pesos para servicios e industrias.
Inclusive, el dirigente advirtió que podría haber eventos climáticos que afecten a la "cosecha récord" que espera el Gobierno para apuntalar la recaudación y el presupuesto, y reconoció: " Con la carne en el kirchnerismo teníamos más rentabilidad que ahora”.
Respecto del nuevo rol de Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Chiesa recalcó: "Hemos perdido un espacio con la secretaría de Agroindustria porque no participa de las reuniones de gabinete. No nos queda muy en claro las atribuciones de la Secretaría de Agroindustria".
El Gobierno le da beneficios impositivos a las petroleras para explotar en Tierra del Fuego

Además del tarifazo y los precios dolarizados, las empresas de energía consiguieron un nuevo beneficio del Gobierno.

El Gobierno nacional le otorgó beneficios impositivos a empresas para la explotación de hidrocarburos en Tierra del Fuego, en medio del ajuste fiscal y tras el tarifazo energético que garantizó costos dolarizados para las compañías.
Así salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 1049/2018. El mismo vuelve a otorgarle los beneficios de zona franca para las nuevas explotaciones en gas y petróleo que se realicen en la isla.
En 1972 se sancionó la ley que establecía a Tierra del Fuego como zona franca. Esto permitía que las empresas que se instalasen allí no pagarían IVA, Ganancias, impuestos internos, entre otros. Sin embargo, en 2012, y por decisión del Gobierno de fomentar otro tipo de producciones, se eliminó la producción de hidrocarburos de las actividades beneficiadas impositivamente.
En aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner explicó que la medida de retirarle los beneficios impositivos se debía a "que el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación (...) sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población".
Ahora, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a otorgarle ese "premio fiscal" a las empresas productoras de gas y petróleo, que han recibido diversos beneficios del Gobierno, como la garantía de una renta dolarizada por sus explotaciones y el tarifazo en servicios públicos.
Precisamente, el Gobierno fue duramente criticado cuando quiso recargar a las facturas de gas el costo de la devaluación a los usuarios con un pago en 24 cuotas. El motivo era el pago a las empresas productoras de gas que por contrato ganan en dólares.
Finalmente, el Gobierno salió de la polémica abonando la diferencia de la cotización del dólar de forma retroactiva con un bono que pagarán todos los contribuyentes.
El Gobierno vuelve a tomar deuda en dólares

Pese al préstamo del Fondo Monetario, el gobierno nacional vuelve a emitir deuda en dólares en letras del Tesoro.

El gobierno nacional dispuso de la emisión de 1.350 millones de dólares en letras del tesoro, en una decisión que vuelve a endeudar a la Argentina pese al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
" Disponer la emisión de “LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 10 DE MAYO DE 2019”, por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses hasta un mil trescientos cincuenta millones (VNO USD 1.350.000.000)", comunicó el gobierno nacional.
Por medio de la resolución 28/2018, el gobierno dispuso que la fecha de emisión será el 16 de noviembre y el vencimiento el 10 de mayo de 2019, es decir un plazo de 175 días.
El 20 de junio pasado, el FMI envió los primeros 15.000 millones de dólares. La mitad de ese monto fue utilizado como respaldo presupuestario.
Bono cantado

El Gobierno firmó el decreto que establece un pago obligatorio de 5000 pesos, en dos cuotas, para el sector privado y acordó extenderlo a los estatales nacionales. La CGT se mostró conforme con el bono para compensar el derrumbe salarial producido por la devaluación y la estampida de precios. El Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales seguirán adelante con el paro

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que establece un bono de 5000 pesos con carácter excepcional y obligatorio a trabajadores del sector privado, surgido de un acuerdo con la CGT y cámaras empresarias para paliar la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la alta inflación. La suma no remunerativa, que cobrarán privados bajo convenio, podrá ser pagada en dos cuotas o más –en caso de que la actividad evidencie una situación de crisis–, computarse a cuenta de la reapertura de paritarias de este año y, para aquellos que no trabajan jornada completa, será proporcional a las horas trabajadas. Los ingresos no recibidos por la pérdida de poder adquisitivo este año, es decir, la diferencia entre la inflación y lo que subieron los salarios, se ubica entre 25.000 y 50.000 pesos según el sector que se analice. Tan inocuo como el bono, el decreto establece también la formalidad de exigirle a las empresas “notificar” al Ministerio de Producción y Trabajo la decisión de realizar despidos con diez días de anticipación, medida que regirá hasta el 31 de marzo. Esta obligación no rige para la construcción. El decreto no alcanza a los trabajadores del sector público nacional, aunque el Gobierno acordó con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) incorporar el bono a la reapertura de su paritaria (ver aparte). Los trabajadores públicos provinciales y municipales, los empleados agrarios y de casas particulares quedaron fuera de la compensación.
El Gobierno acordó la propuesta con la CGT para desactivar la amenaza de un nuevo paro general, previsto para la segunda quincena del mes, y puso a sus funcionarios a trabajar en un bono que con el pasar de los días se fue devaluando cada vez más. El primer anuncio, sin más precisiones que el monto de 5000 pesos, fue suficiente para abortar la medida de fuerza. Desde el sector empresario, de todos modos, pusieron el grito en el cielo por la imposibilidad de pequeñas y medianas empresas de afrontar la reparación. La tarea oficial se enfocó en diluir técnicamente el acuerdo sin reactivar el descontento cegetista.
En el primer artículo del decreto se establece una asignación no remunerativa “que ascenderá a la suma de 5000 pesos” y que se pagará en dos cuotas: la mitad con el haber de noviembre y el resto con el de enero. Sin embargo, en el tercer artículo se aclara que “podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos (hasta completar los 5000 pesos) para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. No se establece cuál será el criterio para definir esta condición que parecen compartir casi todas las ramas productivas. Otra salvedad es que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional –es decir, no se trabaja jornada completa–, la asignación será “en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo”.
En el caso de que se hayan reabierto paritarias, se podrá computar el bono como parte de la mejora: “Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán establecer que las sumas referidas en el artículo 1 se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”. Se refiere a los aumentos ya acordados o los que se negocien a futuro por la reapertura de paritarias de este año. La incorporación de los 5000 pesos como parte de la mejora salarial adquirirá carácter remunerativo, aclara el decreto.
La medida dispone además “un procedimiento” por el cual los empleadores, antes de aplicar despidos sin justa causa en contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días de antelación. La medida regirá hasta el 31 de marzo. “El ministerio, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”, detalla el artículo siete del decreto. En el último capítulo se exceptúa del “mecanismo” para evitar despidos a personal de la construcción, uno de los sectores más castigados y con mayor nivel de caída de puestos de trabajo.
Tanto desde la CGT “amigable” como desde el Gobierno pretendieron mostrar este acuerdo como equilibrado y repitieron la idea de que “nadie quedó contento del todo” con el resultado final. Se supone que en toda negociación las partes ceden y, por eso, nadie queda conforme absolutamente. Pero en este caso no hay conformidades porque la solución no equilibra la situación de los trabajadores y para algunas empresas es imposible de afrontar. En el medio, la tarea oficial se enfocó en diluir el impacto del acuerdo sin reactivar el descontento cegetista. Esa labor quedó plasmada en el decreto que se publicará hoy en el Boletín Oficial, luego de que Macri lo firmara ayer, según confirmaron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Paritarias y bono, abajo de la inflación

(Des)arreglo en el Estado

Los estatales también tendrán su bono y un adicional que se abonará en dos veces a partir del año próximo. Según acordaron el Gobierno y el gremio de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los trabajadores del sector público tendrán una recomposición salarial de 5 por ciento con el haber de enero y otro 5 por ciento con febrero y a fin de este año recibirán el plus de 5000 pesos con el aguinaldo de diciembre. El acuerdo fue rubricado por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular del UPCN, Andrés Rodríguez (foto). También se acordó normalizar las escalas salariales en todos los escalafones para los 140.000 trabajadores estatales. Se trata de la tercera reapertura de paritarias del sector en el año y aún así también perdió contra la inflación.
En un escenario de aceleración de precios por la corrida cambiaria, el personal público, como otros gremios, reabrió la discusión salarial. La primera paritaria de los estatales enrolados en UPCN comenzó a regir en junio, con un bono de 2000 pesos ese mes y un aumento del 15 por ciento, otro 3 por ciento en julio, 6 por ciento en agosto y 3 por ciento en septiembre. La reapertura (o gatillo) estaba prevista para marzo del año próximo. Tras el salto devaluatorio de mitad de año, se reabrió la paritaria a finales de agosto con dos bonos, uno de 2000 pesos que se cobró en octubre y otro de 4000 el mes pasado, y se combinó un aumento de 15 por ciento en el ítem de presentismo. Pese esto, la pérdida del poder adquisitivo en el año fue de 14,4 por ciento, lo que traducido en pesos para compensar la diferencia acumula un rojo de 51.733 pesos, según la estimación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En ese momento, se había acordado que las partes volvieran a reunirse en febrero para revisar la posibilidad de nuevos aumentos.
En esta tercera reapertura de la paritaria se sumó un bono de 5000 pesos y un aumento salarial para compensar una parte de la licuación salarial. Para los estatales de UPCN el bono es remunerativo pero no bonificable. Esto implica que el monto se computa para los aportes de Seguridad Social pero no se toma en cuenta para actualizar la antigüedad o el pago del aguinaldo, informaron desde el la jefatura de Gabinete. Otra diferencia con los privados es que el bono se pagará en una sola cuota en diciembre. Junto al bono, el gremio y el Gobierno acordaron un aumento de 5 por ciento con el haber de enero, que se pagará en febrero, y otro 5 por ciento en febrero, que se pagará en marzo.
Diez motivos para marchar este miércoles contra el Presupuesto 2019

El Presupuesto 2019 condensa el ajuste del gobierno y el FMI, en acuerdo con los gobernadores, contra trabajadores, mujeres y jóvenes. Las conducciones sindicales a pesar de las críticas, casi en su totalidad estarán ausentes en el reclamo en las calles.

La lucha contra la reforma previsional, la pelea por el derecho al aborto y la lucha estudiantil movilizaron a miles en todo el país por demandas específicas. Este miércoles esa enorme fuerza que se vio en las calles a lo largo de todo el 2018 podría haber confluido en el Congreso. Sin embargo, las direcciones sindicales -tanto semioficialistas como semiopositoras- lo impedirán. Se convertirán así en cómplices del ajuste que implica el Presupuesto 2019. Un presupuesto acordado entre gobernadores peronistas y macrismo, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto de ajuste que empuja a una nueva crisis social a millones de trabajadores y trabajadoras.
Aunque en la dirigencia sindical sobran las palabras contra el ajuste y el ataque al nivel de vida de la población, no hay ningún llamado a acciones verdaderamente contundentes que puedan derrotar esta política de ajuste. Aunque las CTA convocan a movilizar y habrá paro en gremios como ATE, eso está muy lejos de las medidas de lucha que se necesitan para enfrentar el acuerdo entre Macri, el FMI y los gobernadores. Sin ir más lejos, el gremio más numeroso de la CTA-Yasky, CTERA, que nuclea a cientos de miles de docentes, no llama a parar.
Este miércoles el sindicalismo combativo estará en las calles, como ocurrió a lo largo del año. El Frente de Izquierda marchará y llama a movilizar. Esa fuerza es la que, dentro del recinto se opuso claramente al Presupuesto. Es la misma que también estuvo en la calle con fuerza el pasado 24/10, cuando la ley se trató en Diputados.
Sobran los motivos para movilizarse. El Presupuesto es un claro ataque al conjunto de los intereses obreros y populares, en interés del gran capital financiero. Aquí planteamos diez motivos para rechazar este presupuesto.
1) El FMI digita la economía. El préstamo del organismo que se amplió a U$S 57.610 millones sólo tiene como destino garantizar el pago de la deuda a los especuladores, y ni siquiera se está seguro de que alcance. Mientras tanto, se exige un recorte del presupuesto de $ 360 mil millones (los ingresos aumentan 43% mientras los gastos lo hacen 24%) que recae sobre las espaldas de los trabajadores. Este ajuste en los ingresos y gastos del Estado vino acompañado de una fuerte devaluación, una caída del salario real que llegará a 20 puntos en diciembre, fuertes tarifazos, un congenlamiento del crédito con tasas de interés altísimas y un parate a la actividad que ya está implicando menores puestos de trabajo. El FMI tiene su oficina en el Banco Central desde donde digita el rumbo a seguir por Guido Sandleris y también por el alumno diez Nicolás Dujovne.
2) Recorte en Educación:Tomando la inflación, caen 10 % los fondos para Educación y Cultura. Esto implica 77 % menos para infraestructura escolar, 39 % menos para formación docente, 35 % menos en becas para estudiantes. Para la universidad pública es un ajuste de un 18 % acumulado entre 2018 y 2019. En Ciencia y Técnica el recorte es de 5,3 % real.
3) Recorte en salud: La Salud es otra de las grandes perdedoras con el nuevo presupuesto. La partida destinada a ese fin sufre un recorte de 4 % en términos reales (comparado con la inflación de 34,8 %). Los fondos para 5 hospitales nacionales que tratan enfermedades complejas caen un 17 %. Las erogaciones destinadas a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, sufrirá un recorte del 42,5 % y la Dirección de Promoción de la Salud y control de Enfermedades No transmisibles tendrá un recorte en términos reales del 35,8 % de los recursos.
4) Recorte a los jubilados, los niños y los niñas y liquidación del FGS: El gobierno prevé avanzar con la liquidación de los fondos de la Anses al ritmo de 0,4 % del PBI por año, tal como acordó con el FMI. Así también, recorta 11 % los recursos reales destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH), limita el otorgamiento de la ya muy baja Pensión Universal para el Adulto Mayor (que es el 80 % de la jubilación mínima) en función de "características socioeconómicas", y avanza en poner restricciones al plus de haberes y asignaciones por zona Austral.
5) Más tarifazos: Los subsidios a los servicios públicos se reducen un 31 %. Como se garantiza que las empresas privatizadas no pierden, eso se traducirá en aumentos de tarifas. Recortes en vivienda: caen 17 % los fondos reales para el gasto en Vivienda y se reducen las transferencias de capital para obras de infraestructura.

6) Recorte a las mujeres y diversidades: Se reducen un 18 % los recursos reales para el Instituto Nacional de las Mujeres y un 55 % en el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. De conjunto sólo el 0,13 % del presupuesto total irán al financiamiento de programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual, equivale a menos del 1 % de todo lo que se va a destinar a intereses de deuda a especuladores.
7) Recorte sobre trabajadores estatales: Se congela el ingreso de trabajadores al Estado y se establece un recorte de los salarios en términos reales, que ya cayeron 18 % desde 2015.
8) Cada vez se paga más deuda: Pero mientras inducen este ajuste sobre el pueblo trabajador, $600.000 millones se destinan al pago de deuda pública. La partida destinada al pago de intereses de la deuda es el rubro que más aumenta: 49 % (y 10,4 % en términos reales).
Este dinero equivale a 4 veces el gasto anual en Salud; 2,6 veces el de Educación; 13 veces el de Ciencia y Técnica; el 38 % del gasto en jubilaciones y pensiones y 21 veces el de Vivienda. A su vez, con ese monto se podrían construir 50 mil jardines de infantes o 10 mil escuelas o 500 hospitales.
9) En las provincias los gobernadores también pactaron el ajuste: El gobierno nacional estableció un acuerdo con 18 de los 24 goberandores, expresado en la adenda al Consenso Fiscal. Como parte de ese acuerdo, el Presupuesto incluye un fondo de $ 6.500 millones para compensar a las provincias al traspasarle los subsidios al transporte, a cambio de mayores beneficios a empresas con recortes impositivos y ajustes en los gastos provinciales.
10) Se profundizan los desequilibrios y crece la deuda: Mientras se pagan cada vez más intereses de deuda, la deuda pública no para de crecer. Algunas consultoras estiman que llegará a más de 90 % del PBI a fin de año. A esto hay que sumarle la deuda "cuasifiscal" del Banco Central, implementada para sostener una equilibrio ficticio con el dólar.
Pero además, el Presupuesto 2019 establece que las necesidades financieras brutas hacia 2019 son de U$S 38.900 millones, de los cuales faltaban cubrir U$S 22.600 millones. El nuevo acuerdo con el FMI, incluidos los mayores desembolsos, alcanza sólo para la mitad. Los técnicos del Fondo consideran que "la deuda es sostenible, pero no con una probabilidad alta". Esto indica que irán a la caza de exprimir más al pueblo trabajador para pagar la deuda con la última gota de sudor.
La CGT, conforme con el bono que rechazaron los sectores combativos

Gremios con diferentes reacciones

Sin pronunciamiento oficial, desde la central obrera dejaron trascender su conformidad con el bono al que se sumaron los estatales. Desde el Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales anunciaron que seguirán adelante con el paro.

El Gobierno extiende el “bono” findeañero en cuotas a estatales y fuerzas de seguridad. La CGT parece conforme por haberle arrancado “algo” a la administración macrista a cambio de “paz social” y así “levantar” la amenaza de una nueva huelga general. Pero el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), junto a las otras centrales sindicales (las CTA Autónoma y de los Trabajadores) y movimiento sociales consideran que el bono es un mero paliativo que no cubre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales, que deja afuera a jubilados, organismos estatales descentralizados –como INTA y Anses–, y a los trabajadores informales que representan un 40 por ciento de la población económicamente activa, en medio de la incertidumbre anunciada de las pymes para afrontar el pago. Los sectores gremiales más duros buscan confluir en un paro durante este mes al margen de la dirigencia cegetista, mientras ambas CTA se movilizarán mañana frente al Congreso en contra del Presupuesto de ajuste del FMI, para volver a coincidir en la calles con el Frente que encabeza Hugo Moyano el 30 de noviembre en medio de la cumbre del G-20 en Buenos Aires.
Aunque sin pronunciamiento oficial, en la CGT se muestran conformes con el bono y por ahora lograron alinear a los gremios que todavía responden al binomio de conducción. Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio) encabezaron las negociaciones con el Gobierno y ofrecieron como moneda de cambio desactivar otro paro general, del que no estaban convencidos de llevar adelante.
El beneplácito que expresaron de los estratégicos gremios de la UTA y la UF con el bono, colaboró con despejar las intenciones de parar que esgrimían otros sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). El acuerdo al que arribó ayer UPCN, que recibirá el bono de 5000 pesos en diciembre y un adicional del 10 por ciento (5 en enero y 5 en febrero) a la partidaria anual del 15 por ciento que habían sellado el gremio en sintonía con las viejas aspiraciones del Gobierno, aplacó el descontento de los estatales que en principio quedaban marginados.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se garantizó el disciplinamiento de sus subordinados en la previa de dos manifestaciones contra la política económica del Gobierno que se realizarán una mañana frente al Congreso y la otra el 30, en medio de la cumbre del G20. Las cuatro fuerzas que dependen de su cartera (Policía Federal, la Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura) recibirán el bono y un aumento adicional similar al de los estatales.
Pero un sector importante de los gremios cegetistas y las dos CTA consideran insuficiente el bono, al que bautizaron como apenas un “paliativo”. Desde la FSMN, que encabeza el sindicato de Camioneros conducido por Hugo y Pablo Moyano, Arnaldo Pignanelli (Smata) y Sergio Palazzo (Bancarios) junto a otros 60 gremios, señalaron a PáginaI12 que “los 14 o 15 puntos que le llevamos al Consejo Directivo de la CGT eran mucho más extensos y amplios que un bono adicional que deja afuera a jubilados y organismos descentralizados del Estado”. “Nosotros planteamos la reapertura total de las paritarias y frenar los despidos”, agregaron.
“Mañana (por hoy) vamos a reunirnos con los senadores de la oposición para manifestarle, como lo hicimos en Diputados, la postura del FSMN en contra del Presupuesto de ajuste impuesto por el FMI. Por el cambio de modelo económico, en contra de la inflación y por frenar los despidos, que es crucial”, dijo el canillita Omar Plaini a PáginaI12.
“El bono es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo del salario, tras la devaluación y con paritarias por debajo de la inflación, además de no contemplar a todos los trabajadores. No incluye a los jubilados ni al 40 por ciento de los trabajadores no registrados, ni se sabe a que trabajadores estatales alcanza, como tampoco a que sectores productivos privados ya que hay empresarios pymes que dicen que no pueden pagarlo”, añadió el docente bonaerense Roberto Baradel a este diario, quien evaluó que “el bono ni siquiera es un paliativo”.
Baradel igual confirmó que la CTA se movilizará mañana frente al Congreso para manifestar en contra del Presupuesto 2019 del Gobierno, algo que incluye un paro de ATE. Mientras que trabaja en conjunto con la otra CTA y el FSMN en una medida de fuerza conjunta. Aunque el trazo fino de la propuesta de esta central sindical se definirá el 27 de noviembre, en un plenario de secretarios generales que acompañará el recambio de la dirección nacional de la CTA de los Trabajadores. “Igual ya hemos acordado con otras centrales sindicales que nos movilizaremos en contra de la política neoliberal del Gobierno durante la cumbre del G20”, completó Baradel.
“El bono termina escondiendo la precarización salarial que estamos atravesando y la paritaria a la baja que firma Andrés Rodríguez (UPCN) con el gobierno de Macri. Nos quieren dar un bono para tratar de darle oxígeno al gobierno y no se trata de eso, se trata de darle oxígeno a los trabajadores”, completó en declaraciones radiales el dirigente de ATE, Daniel Catalano, también de la CTA de los Trabajadores.
Desde la CTA Autónoma se sumaron a los cuestionamientos. “Cualquier plata que se le dé a los trabajadores y trabajadoras en un momento de crisis como la que estamos atravesando sirve”, arrancó su secretario general, Pablo Micheli, pero enseguida marcó que “para recuperar lo perdido en 2018 los trabajadores deberíamos cobrar un bono de 70 mil pesos”.
Micheli también le apuntó a la cúpula de la CGT por las causas que motivaron la negociación y el levantamiento del paro que habían anunciado como parte de un plan de lucha. “Sé que hubo conversaciones entre el Gobierno y la CGT que no fueron públicas, para que no prospera la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas”, dijo, y agregó: “Si en la ley de Etica Pública no aparece el tema de la obligatoriedad (de presentar las declaraciones) es una vergüenza”.
Standard & Poor’s también le bajó la nota a la Argentina

El mercado le da la espalda a Macri

La calificadora de riesgo advirtió sobre la fragilidad de la economía y señaló que "ha habido una erosión del perfil de la deuda". Lo mismo había hecho la semana pasada FitchRatings, otra de las grandes evaluadoras.

El mercado volvió a darle la espalda a Mauricio Macri. Esta vez la mala noticia para el Gobierno llegó de Standard & Poor’s, la calificadora de riesgo que le bajó la nota a la deuda de largo plazo de la Argentina. La decisión va en el mismo sentido que la tomada a mediados de la semana pasada por FitchRatings y da cuenta de la fragilidad de la economía argentina.
La calificación de Standard & Poor’s  para la deuda argentina era hasta hoy B+ con perspectiva estable. La nota ahora pasó a B.
“Ha habido una erosión del perfil de la deuda argentina, de la trayectoria de crecimiento económico y de la dinámica de inflación tras los reveses en la implementación de su desafiante programa de ajuste económico”, enumeró la calificadora de riesgo para justificar su determinación.
Standard & Poor’s no descartó incluso que el escenario económico pueda empeorar todavía más. Al respecto señaló que “podríamos volver a bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si acontecimientos políticos negativos inesperados o la implementación irregular del programa de austeridad económica del Gobierno daña más la confianza de inversionistas, empeorando el acceso del Gobierno al financiamiento de mercado y presionando potencialmente la moneda, lo que afectaría la dinámica de inflación”.
Hace cinco días fue FitchRatings quien le bajó el pultar a Macri. Los economistas de esa firma dedicada a analizar el grado de solvencia de emisores de bonos, ya sean públicos o privados, advirtieron que la economía argentina es mucha más débil que la previamente estimada, además de abrir dudas acerca de la promesa del Gobierno de alcanzar un equilibrio fiscal permanente.
Esa calificadora, que le puso a la deuda argentina la misma nota que ahora le asignó Standard & Poor’s, estimaron que la recesión dificultará el objetivo oficial del Déficit Cero y que ha empezado a influir la elevada incertidumbre electoral.
Dicho en otras palabras, lo que FitchRatings y Standard & Poor’s hacen es adelantarle a grandes fondos de inversión internacional, bancos globales y grandes operadores del mercado que Argentina puede declarar un nuevo default en 2020, cuando se agotará el dinero provisto por el Fondo Monetario Internacional.
EL PLAN ALAS CORTADAS

Macri apuntó contra Aerolíneas Argentinas. Cuestionó los aportes estatales a la línea de bandera y volvió a agitar los fantasmas privatizadores como respuesta a medidas gremiales. Los sindicatos reclaman por convenios incumplidos y acusan al Gobierno de vaciar la empresa para favorecer a las low cost.

“Aerolíneas debe poder volar sin pedirles plata al resto de los argentinos”, aseguró ayer el presidente Mauricio Macri durante la   inauguración de un hotel en Pilar. El mandatario aprovechó el conflicto gremial que enfrenta la línea de bandera con los gremios aeronáuticos por incumplimientos en la actualización de los salarios de los trabajadores (ver aparte) para volver a dar rienda suelta a su inconsciente privatizador. “Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses”, aseguró Macri. La política de cielos abiertos que llevó a cabo el Gobierno bajo el lema de Revolución de los Aviones implicó desfinanciar y descapitalizar –con venta de unidades– al Grupo de Bandera (Aerolíneas y Austral) y facilitar las condiciones para que se establezcan firmas extranjeras que operan en el segmento low cost. Estas empresas se despreocupan por la conectividad del país, que Aerolíneas debe atender cubriendo rutas aunque no sean rentables.
“Ni siquiera quieren privatizarla, lo que buscan que es que quiebre y que el mercado vacante sea ocupado por las empresas con las que ahora compite”, aseguró a PáginaI12 el ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde. “Y ahí están firmas como Flybondi y Norwegian para cuando se vaya Aerolíneas”, se sumó en diálogo con este diario el secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró.   
La existencia de empresas estatales desvela al mandatario tanto como la final de Boca y River. En la previa del balotaje presidencial, Macri sumó en su listado de cosas que “no iba a hacer” –como devaluar, quitar subsidios y acercarse al FMI–, la privatización de las empresas en manos del Estado argentino. “YPF y Aerolíneas seguirán en manos del Estado, pero bien administradas”, aclaró rápido de reflejos cuando el focus group del momento apuntaba a defender esa posición. Pero a los pocos meses de asumir lanzó su primera advertencia, asegurando que los subsidios a la aerolínea equivalían a “dos jardines de infantes por semana”. Ayer dijo que los mil millones de pesos de salarios que representa la empresa “son más de dos metrobuses, que es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos”. No solo no se crearon jardines a ese ritmo, sino que se cerraron escuelas técnicas y se redujo el presupuesto en Educación e Infraestructura para asegurar el pago de intereses de la deuda que tomó el macrismo. El vaciamiento de Aerolíneas nunca se detuvo. “Lo que confiesa es que después de tres años no han podido administrarla bien. En los primeros años de gestión de Cambiemos el precio del combustible les bajó estrepitosamente. Ahora subió pero aún está por debajo de los niveles de 2015”, explicó Recalde.
En momentos en que se debate en el Congreso un presupuesto de ajuste inédito a pedido del Fondo, el presidente Macri aseguró que “no es justo que el 95 por ciento de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione”. En realidad, el porcentaje de utilización de este canal de transporte, el único acceso en el caso de localidades no turísticas, se hace cada vez menor por la crisis económica y la devaluación que llevaron a que el mercado se achique. Hasta junio pasado el sector aerocomercial mantenía una tendencia de crecimiento –aunque descendente– en la cantidad de pasajeros, aunque el ahogo a Aerolíneas se hacía ya evidente. En junio la aerolínea nacional registró una caída interanual de 17 por ciento en la cantidad de pasajeros con destinos internacionales, un 23 por ciento menos en regionales y 5 por ciento menos en vuelos de cabotaje, según cifras de la Empresa de Navegación Aérea Argentina que depende del Ministerio de Transporte. Junio fue el último mes de crecimiento generalizado y desde entonces y por primera vez en diez años comenzó caer el mercado. “Y encima la torta se reparte entre más empresas”, detalla Recalde.
“Aerolíneas Argentinas, producto de la devaluación, del aumento del precio del petróleo, aumentó nuevamente su necesidad de financiamiento”, dijo ayer Macri. Si bien reconoció que los problemas de la línea de bandera son heredados del desaguisado económico de Cambiemos, apuntó contra los reclamos de los trabajadores. “Les pidió a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones, para que la empresa no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento, una utopía para cualquier línea de bandera”, señaló Macri. “No pasa por el costo laboral. Se puede mejorar la rentabilidad y la competitividad, a pesar del ahogo presupuestario y caída en las ventas. Lo que pasó es que decidieron que no crezca al ritmo que lo venía haciendo. Por eso ya anunciaron devolver dos Airbus 340 y todos los Embraer que compramos en su momento para volver a alquilar”, criticó el ex titular de AA. El Gobierno también forzó la sesión de hangares, pistas y hasta Austral fue trasladada de Aeroparque a Ezeiza.
El costo de Aerolíneas Argentinas apenas supera el 1% de la corrida cambiaria de Macri

El Presidente se mostró preocupado por el costo que tiene sostener a la aerolínea de bandera que su gobierno gestiona. Pero no dice lo mismo de otros gastos de los cuales es más responsable.

Mauricio Macri arremetió contra Aerolíneas Argentinas, en medio del paro de pilotos por el no pago de la cláusula gatillo de las paritarias del sector. El Presidente se mostró preocupado por el costo de la empresa estatal que, según afirmó, la usan "solo el 5% de los argentinos" y comparó lo que sale con el costo de construir metrobuses.
"El último mes, Dujovne tuvo que girar mil millones de pesos para el pago de salarios. Esos son más de dos metrobuses, que usan la mayoría de los argentinos", dijo Macri, mientras el ministro de Hacienda y Finanzas asentía con la cabeza.
Sin embargo, el Presidente no reparó en el costo que tienen otras medidas o consecuencias de sus políticas, que superan ampliamente el de una empresa que permite conectar distintos destinos del país. Tierra del Fuego, por ejemplo, solo se puede acceder por vía aérea ya que por tierra hay que entrar y salir del territorio chileno.
Los "mil millones" mensuales de salarios que horrorizaron a Macri equivalen a 12 mil millones anuales, o poco más de 327 millones de dólares. Un número que queda muy chico si se lo compara con, por ejemplo, los poco más de mil millones de dólares que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el Estado dejaría de recaudar en 2018 por la baja de retenciones, antes del impuesto de emergencia que dispuso el Gobierno en medio de la corrida.
Los 12 mil millones de pesos que costaría Aerolíneas también quedan muy chicos contra los 100 mil millones de pesos que le recortaron a la ANSES, los jubilados, por la reforma previsional. Esto equivale, al tipo de cambio actual, a unos U$S2,7 mil millones al año menos.
Inclusive, lo que el Estado gasta por mes en Aerolíneas es lo que hoy tiene que destinar por día al pago de intereses de Leliq, el instrumento de corto plazo que paga una altísima tasa de interés para frenar la disparada del dólar.
Y esta misma disparada de la divisa le costó a las reservas del Banco Central poco más de 28 mil millones de dólares en el año, si se descuentan los dos préstamos del FMI, cuyo último programa totaliza unos U$S56.300 millones hasta 2021.
La divisa subió a 36,72 pesos
Más dólar, menos tasa

Después del feriado bancario, el dólar cerró ayer con una suba de 12 centavos, a 36,72 pesos, en un contexto favorable en los mercados internacionales después de las elecciones en Estados Unidos. La lectura de los inversores en ese país fue que el resultado de equilibrio parlamentario permite apostar a instrumentos financieros de mayor riesgo con algo más de margen. Los índices bursátiles de Wall Street terminaron con mejoras del 2 por ciento en el Dow Jones y del 2,4 en el Nasdaq. Ese buen clima se replicó en la Bolsa porteña con una suba del 1,4 por ciento, en tanto que los bonos argentinos operaron con mayoría de alzas y el riesgo país descendió a 599 puntos básicos. El Banco Central aprovechó la situación para producir otra baja de la tasa de interés de las Leliq, que quedó en su menor nivel en cinco semanas.
Las reservas de la autoridad monetaria dieron la nota con una caída de 581 millones de dólares por el pago de intereses del Bonar 2014. El stock retrocedió a 53.486 millones. Pero el Central celebró que por tercera rueda consecutiva pudo bajar la tasa de las Leliq a 7 días, cuyo corte promedio se ubicó en 67,43 por ciento anual, por debajo del 68,19 previo. En la licitación, el BCRA adjudicó 167.158 millones de pesos, contra vencimientos por 263.933 millones, ya que se sumaron las transacciones de una semana atrás con los vencimientos del día anterior, cuando hubo feriado bancario.
En consecuencia, se liberaron al mercado unos 97.000 millones de pesos, por lo cual los inversores no descartan que hoy se pueda producir alguna reacción con el valor del dólar. En el mercado mayorista, la divisa tocó ayer un máximo de 35,90 pesos, 30 centavos más que el lunes, pero terminó con un tibio avance de apenas dos centavos, a 35,67 pesos.
Llega una misión del FMI a la Argentina para seguir de cerca al Gobierno de Macri

La misión es encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, luego del segundo acuerdo por 56.300 millones de dólares.

Un equipo del FMI llega este jueves la Argentina para seguir de cerca el funcionamiento de la economía y las cuentas fiscales tras acordar la ampliación del crédito Stand-By con el Gobierno de Mauricio Macri, hasta los 56.300 millones de dólares.
La misión visita el país en medio de la discusión por el Presupuesto 2019, que quedó en condiciones de ser votado el 14 de noviembre. De ese modo, el Gobierno espera mostrar avances en materia fiscal y el sobrecumplimiento de la base monetaria por parte del Banco Central.
El Presupuesto fue hecho a la medida de los reclamos del FMI, con déficit primario cero para 2019 y un fuerte recorte en la obra pública y en el empleo estatal.
La misión del Fondo es liderada por Roberto Cardarelli, el encargado de supervisar el caso de la Argentina. Según había anticipado el FMI en un comunicado, los técnicos se reunirán "con funcionarios del Gobierno y Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil".
La próxima revisión del Fondo tendrá lugar en diciembre próximo, de acuerdo con lo estipulado.
Retroceso del 4,2 por ciento de la construcción en septiembre

La destrucción de la economía

La caída de la obra pública y el escaso entusiasmo para la inversión privada frente a la alternativa de las tasas vienen reflejándose en un acelerado retroceso en el sector de la construcción, según cifras oficiales.

La construcción anotó un retroceso de 4,2 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Así lo informó ayer el Indec. Se trata de la caída más importante en lo que va de este año y la más elevada desde febrero de 2017, cuando había marcado un retroceso de 5,6 por ciento. La venta de insumos para el sector de la construcción marcó un retroceso de hasta casi 14 por ciento. El empleo del sector bajó en 13 mil personas respecto del mes anterior.
La devaluación y el aumento de los costos son dos elementos que frenan las decisiones de edificación del sector privado. A esto se suma la apuesta del sector público de ajustar el desequilibrio fiscal, lo que provoca el freno de la obra pública. El combo es recesivo y el sector de la construcción lo empezó a sentir en la segunda parte de este año. En los primeros meses de 2018 se llegaron a registrar incrementos de la actividad del 19,3 por ciento, que ahora se transformaron en caídas del 4,2. La construcción es un sector pro cíclico, lo que implica que si la economía crece este sector crece aún más, pero si el PBI cae, el sector se reduce todavía más.
El despacho de insumos para la construcción registró importantes pérdidas interanuales en septiembre. El rubro de cales bajó un 13,8 por ciento, mientras que el de cemento Portland anotó una merma de 10,6 por ciento, el de pinturas para la construcción del 7,4 y el de pisos y revestimientos cerámicos 5,4. Otros bloques con importantes retrocesos fueron ladrillos huecos (-9,4 por ciento), asfalto (-1,9), artículos sanitarios de cerámica (-3,5), placas de yeso (-1,1) y hierros redondos y aceros para la construcción (-1,0). En contraste, se destacó el avance de yeso (12,7 por ciento) y del rubro que agrupa grifería, tubos de acero sin costura y vidrio (11,3).
En lo que refiere a los puestos de trabajo del sector, se registraron en agosto 441.134 personas en actividad, cuando había 454.170 el mes anterior. Esto indica que hubo una pérdida de 13.036 empleados. En la comparación interanual, se precisó que en agosto de 2017 había 441.120 trabajadores, una cifra casi idéntica al a de este año.
El Indec realiza una encuesta para conocer cuáles son las perspectivas de los referentes del sector. El resultado del último informe fue poco optimista para los próximos meses, en los que se espera mayor caída para la actividad. Sólo el 7,3 por ciento de las empresas respondió que esperan entre octubre y diciembre un mayor dinamismo en la construcción privada. La cifra alcanza sólo al 1,5 por ciento para los encuestados a los que se les preguntó si esperan aumentos de obra pública. El 70 por ciento de los referentes cree que en los próximos meses seguirá en baja.
Los empresarios evaluaron diferentes factores para explicar las perspectivas negativas. En el caso de la obra privada, aseguraron que los principales elementos que frenan el sector son la caída de la actividad económica (PBI), la inestabilidad de los precios, el atraso en la cadena de pagos y la falta de crédito. Los empresarios pidieron en la encuesta reforzar las políticas públicas destinadas a la estabilidad de los precios y a los créditos para la construcción.
La preocupación de los empresarios es clara. Los datos macroeconómicos no ayudan a tomar decisiones de inversión para estimular el sector. Este año la inflación será la más elevada de los últimos 25 años, mientras que el aumento de la cotización del dólar supera el 100 por ciento, lo cual distorsiona los precios relativos. Las medidas aplicadas para intentar frenar la corrida cambiaria fueron una fuerte suba de la tasa de interés de referencia, que se ubica en torno del 68, lo cual vuelve difícil el acceso a los préstamos para construir y para comprar vivienda.
Empleo y producción industrial, en caída

“La crisis se agudiza”

De acuerdo a los datos relevados por la Encuesta de Expectativas correspondiente al tercer trimestre de 2018 realizada por la organización Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, “la agudización de la crisis económica está impactando decididamente en el entramado productivo nacional, poniendo en riesgo la producción local y el empleo”. Señala la entidad en su informe que el 88 por ciento de los encuestados –en general, pequeños y medianos empresarios industriales– afirmó que su desempeño, en términos de ventas, fue malo o regular durante el período en estudio. El dato es concordante con el bajo uso de la capacidad instalada.
Las respuestas recogidas por la entidad indican que 7 de cada 10 empresarios consultados aseguraron que la utilización de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 60 por ciento. “Este fenómeno se encuentra en sintonía con lo reflejado en las estadísticas oficiales: en el mes de agosto, la utilización de la capacidad instalada, de acuerdo al Indec, se ubicó en el 63 por ciento”.
Este cuadro de situación tuvo su correlato con los resultados de la encuesta en materia de ocupación. “Los datos respecto del empleo resultan alarmantes”, señala el informe de Empresarios Nacionales. El 76 por ciento de los encuestados respondió que no había incorporado nuevos trabajadores en el tercer trimestre del año, mientras que suma un 83 por ciento la proporción de los que no piensan ampliar su nómina en el último trimestre del año. En tanto que el 55 por ciento, es decir más de la mitad, redujo las horas extra de trabajo y el 15 por ciento admitió haber suspendido personal en el tercer trimestre.
Tampoco hay expectativas de que los actuales males sean pasajeros. La crisis del sector industrial, en la visión de sus propios protagonistas, es algo más serio que una tormenta. El 81 por ciento de los empresarios que respondió a la encuesta espera que la situación económica durante el resto del año siga “Mal” o “Muy mal”. El 63 por ciento, en tanto, considera que la depresión “no podrá ser revertida durante el próximo año”.
La producción fabril se derrumbó 11,5 por ciento en septiembre, el mayor descenso en dieciséis años

Barrido y limpieza

El ajuste oficial arrasa con la producción industrial, que se derrumbó en septiembre un 11,5 por ciento, la peor caída en 16 años. Los textiles, ligados al mercado interno, encabezan la debacle con una baja del 24,6 por ciento.

La actividad industrial anotó un derrumbe histórico del 11,5 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Se trata de la mayor caída interanual desde julio de 2002, cuando hubo un retroceso del 12,2 por ciento. En lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,1 por ciento respecto de igual período de 2017. Los datos fueron informados ayer por el Indec y entregan un panorama más negativo de lo que había estimado el equipo económico. El FMI proyecta que este año la economía caerá 2,8 por ciento, en tanto que en 2019 la contracción será del 1,7 por ciento. En el documento oficial se precisó que los sectores fabriles más afectados por la crisis económica fueron el textil, caucho y plástico, sustancias y productos químicos y refinación de petróleo, entre otros. Las perspectivas de las empresas no son optimistas. Una cada tres espera reducir personal antes de diciembre.
El desequilibrio de la economía afecta fuertemente a todos los sectores de la actividad. La rama manufacturera es una de las más comprometidas. La pérdida de producción de los distintos rubros fue notable. El sector textil que produce esencialmente para la demanda interna computó en septiembre una pérdida inédita del 24,6 por ciento interanual, con una baja de 10,5 por ciento en nueve meses contra igual lapso de 2017. El bloque de hilados de algodón se contrajo en septiembre 18,7 por ciento, mientras que el de tejidos lo hizo en 29,1 por ciento. Otro sector mercado internista como edición e impresión bajó un 21,6 por ciento, al tiempo que la industria del tabaco cayó un 15,8, papel y cartón bajó 8 por ciento, y refinación del petróleo, el 11.
La caída del sector alimentos también fue importante. Se anotó un retroceso del 3,2 por ciento. El bloque de azúcar y productos de confitería marcó una baja de 10,6 por ciento, en tanto que molienda y cereales cayó 8,8 por ciento; bebidas, -8,6, y carnes blancas, -0,5. En contraste, se anotó un incremento del 1,2 por ciento en carnes rojas, del 5,5 por ciento en lácteos y del 6,6 por ciento en yerba mate.
El rubro de caucho y plásticos, que tiene un fuerte encadenamiento con la producción automotriz, marcó una contracción del 20,4 por ciento. En el sub rubro neumáticos la baja alcanzó a 16,3 por ciento y en manufacturas de plástico, a 21,3. En el complejo de autos la disminución fue de 15,7 por ciento. En el sector automotor se registran pérdidas por las menores ventas en el mercado local, en tanto que la leve mejora en las exportaciones a Brasil no alcanzan a compensar la evolución de la demanda interna. La devaluación y las elevadas tasas de interés en pesos son elementos claves para explicar el deterioro del sector. En octubre, la cámara de terminales automotrices, Adefa, adelantó que la producción cayó 11,8 por ciento.
La metalmecánica, excluida la industria automotriz, anotó una disminución del 20,5 por ciento y fue una de las ramas con mayores retrocesos el mes pasado. El sector de minerales no metálicos, en tanto, computó bajas del 3 por ciento, en donde sobresalió la caída de 7 por ciento de vidrio, de 3,2 de cemento y 1,8 de otros materiales para la construcción. El parate de la edificación privada y pública fue una clave para explicar el retroceso de esta rama (ver aparte).
En cuanto al sector de sustancias químicas, la pérdida se ubicó en el 4,7 por ciento. Hubo una baja de 8 por ciento en el bloque de productos químicos básicos, de 17,5 por ciento en detergentes, jabones y productos personales, de 56,9 por ciento en fibras sintéticas y artificiales (que se utilizan para la industria textil) y 6,5 en materias primas plásticas.
El indicador de actividad industrial del Indec se compone por 12 ramas. Se registraron pérdidas de producción en 11 y la única con aumentos fue metálicas básicas (2,7 por ciento), que estuvo impulsada por el incremento del 2,8 por ciento del acero crudo y del 2,0 por ciento del aluminio primario. En ambos casos las subas se originan en la mayor colocación de productos en mercados externos, aunque disminuyen las ventas al mercado interno, explica el informe del Indec.
Las caídas de la industria arrancaron a partir de mayo. Ese mes el retroceso había sido de 1,2 por ciento interanual, mientras que en junio fue de 8,1 por ciento, en julio de 5,7 por ciento, en agosto de 5,6 y en septiembre se alcanzó el pico de caída con 11,5. Para los referentes de la actividad la situación es crítica y no se muestran optimistas. El Indec realiza una encuesta sobre las perspectivas de los empresarios para los próximos meses. El 60,7 por ciento de las empresas espera una baja de la demanda en el último trimestre de 2018, mientras que 54,7 por ciento de las firmas no cree que aumente el ritmo de sus ventas de exportación. Esto lleva a las empresas a limitar sus planes de inversión porque no esperan consumo que les justifique ampliar la producción.
La encuesta de perspectivas del Indec deja en claros otros problemas estructurales. El principal está puesto en el mercado de trabajo. Una de cada tres firmas espera reducir su dotación de personal en el último trimestre de 2018. Los despidos y cierres de establecimientos productivos son una noticia corriente semana a semana. En agosto, según datos de la Secretaría de Trabajo, se perdieron 4200 puestos fabriles, en tanto que en ocho meses del año la contracción fue de 33.100 empleos industriales y desde que asumió Mauricio Macri, de 98.200.
En medio de la crisis, los lecheros van al paro por paritarias

Atilra reclama una recomposición acorde con la inflación, mientras que las cámaras empresariales ofrecen un 32%.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció un paro para este jueves a causa de la falta de acuerdo en la negociación paritaria.
El gremio lechero exige que las empresas reconozcan la inflación total de 2018 y no solamente la de septiembre, y como protesta además se abstendrán de trabajar horas extras y feriados.
En tanto, el Consejo Directivo Nacional del sindicato explicó que la decisión se debe a que las cámaras empresarias "expresaron la intención de reconocer únicamente la inflación del mes de septiembre de este año, que el Indec marca en el 32,4%".
"Es decir, que están ofreciendo un adicional del 17,4% al 15% que nos habían ofrecido en el primer acuerdo, que serían pagaderos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre", se dijo.
El comunicado de Atilra señaló que "la propuesta no es suficiente", porque previamente "se había acordado reconocer en la renegociación la inflación total de 2018".
Ante esta situación, el sindicato decidió seguir desarrollando las tareas laborales "exclusivamente como lo marca el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, absteniéndose de trabajar los francos semanales, ya sea sábado, domingo o feriados, correspondientes al diagramado, como así también la abstención total de trabajar horas extras y/o feriados y generar una retención del débito laboral por 24 horas el próximo 8 de noviembre".
Los jubilados, en su peor momento: el ajuste de Cambiemos les destruyó los ingresos

Con las proyecciones de inflación para este año, el poder adquisitivo podría caer un 19%.

La crisis económica golpeó de lleno al bolsillo de los jubilados desde que Mauricio Macri asumió la presidencia hace tres años. Sin embargo, este año mostrará la peor contracción: si se compara los haberes jubilatorios contra la inflación estimada para 2018, el poder adquisitivo caerá 19%.
A inicios de 2015, un informe del Banco Mundial destacó que Argentina brindaba la jubilación mínima más alta de América Latina, la cual equivalía a U$S 442. Sin embargo, en los últimos tres años la situación empeoró claramente.
En 2016, las jubilaciones perdieron por nueve puntos frente a la inflación, mientras que el año pasado se registró una leve recuperación de tres puntos. A pesar de eso, con una proyección de inflación que ronda 47%, en 2018 los haberes jubilatorios podrían perder hasta por el 19%.
La crisis ya se reflejó en estadísticas internacionales: El índice global de pensiones de Melbourne, de la consultora Mercer, compara 30 países con más de 40 indicadores para medir su adecuación, sustentabilidad e integridad. Argentina se ubicó en el último lugar, con 38,8 puntos; muy por detrás de sus vecinos de la región, como Chile (con 67,3 puntos), Colombia (con 61,7 puntos), Brasil (con 54,8 puntos).


Sociedad Rural: "El campo está en alerta, no apoyamos al gobierno de antemano"

Daniel Pelegrina afirmó a El Destape Radio que "las retenciones han sido un paso atrás".

El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, advirtió que "el campo está en alerta porque no resiste más impuestos" en relación al gravamen inmobiliario impulsado desde la provincia de Buenos Aires, al tiempo que exigió: "Las provincias y los municipios deben hacer un ajuste para equilibrar el déficit fiscal".
”No apoyamos al gobierno nacional de antemano"
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Pelegrina subrayó que "las retenciones han sido un paso atrás del gobierno y el incremento en la presión fiscal no nos satisface", y exigió un recorte por parte del Estado. "Las provincias y municipios tienen que hacer un ajuste para mejorar el índice del déficit fiscal", reclamó el dirigente agropecuario.
Además, criticó la política monetaria del Gobierno nacional: "Con este tipo de cambio atrasado las economías regionales no pueden funcionar". En este sentido, remarcó que "las altísimas tasas de interés son un problema, no se pueden hacer inversiones y los productores se paralizan".
Por último, Pelegrina se distanció del Gobierno de cara a las elecciones 2019: ”No apoyamos al gobierno nacional de antemano, vamos a hablar con todos los candidatos a ver que mirada tienen sobre el campo".
Los pagos de intereses al FMI en 2019 son 4,5 veces superiores al plan de vacunación

Las vacunas van al Fondo

La carga de intereses que genera el crédito del FMI es mayor a los fondos presupuestados para vacunas, becas estudiantiles y equipamiento escolar. Los pagos al organismo crecen de manera exponencial durante el próximo gobierno.

El Estado nacional destinará el año que viene como pago de intereses sólo al FMI –es decir, sin contar el resto de los intereses de deuda– 4,5 veces el presupuesto dirigido al plan de vacunación y 5,6 veces el destinado a las becas estudiantiles. Esa inversión del orden de prioridades del gasto público se explica por el incremento del peso de la deuda externa sobre el PBI gracias al acuerdo del Gobierno con el organismo internacional, desde el 27,9 por ciento como ratio deuda/PBI en 2015 al 57,2 por ciento en 2018 y el 60,6 por ciento en 2019. La enorme carga de intereses de deuda no sólo implica una sangría de recursos fiscales que afecta a otras partidas como educación, presupuesto, vivienda y obra públicas sino que también requiere una disponibilidad de divisas que obligará al próximo gobierno a negociar la refinanciación de los créditos con el Fondo. La pasada herencia será, entre otras cosas, tener que devolver unos 45 mil millones de dólares de deuda contraída por la administración Cambiemos, calculó la Universidad de Avellaneda (Undav).
El acuerdo con el FMI consiste en un crédito de 57 mil millones de dólares. El gobierno de Macri concentra casi la totalidad de los desembolsos del organismo, pero en cambio la mayor parte de la devolución del crédito corre a cuenta de la próxima administración. A fines de este año habrán ingresado unos 28 mil millones de dólares. El año que viene los desembolsos equivalen a 22,8 mil millones, pero se pagan 1419 millones de dólares de intereses. En cambio, en 2020-2021 ingresan 5900 millones de dólares pero se pagan 7840 millones de dólares. En 2022 y 2023 ya no hay ingreso de plata del FMI pero en cambio la factura se vuelve impactante: en 2022 vencen 22.306 millones de dólares entre capital e intereses y en 2023 suman 23.475 millones. “Con semejante volumen del préstamo, Argentina pasa a ser el principal deudor del FMI con el 27,9 por ciento de los créditos del Fondo, seguida por Grecia (16,0), Ucrania (14), Egipto (10,8) y Pakistán (8,1), indica el informe elaborado por la Universidad de Avellaneda.
El enorme peso del capital e intereses del acuerdo con el FMI para 2022 y 2023 implica que si el próximo gobierno no quiere defoltear la deuda, deberá sentarse a negociar el refinanciamiento con los directivos del Fondo. En otras palabras, deberá aceptar los condicionamientos de política económica que el organismo repite como mantra alrededor del mundo. “Si bien el mayor peso de la devolución del acuerdo recae en 2022 y 2023, creo que mucho antes se va a renegociar por la separación fuerte entre la realidad y las metas planteadas. La deuda griega se renegoció siete veces”, recordó Santiago Fraschina, economista de la Universidad de Avellaneda.
Los números del acuerdo con el FMI también reflejan el grado de deterioro de la economía argentina en los últimos meses. En relación al primer acuerdo firmado a mediados de junio, se pasó de una proyección de crecimiento del 0,4 por ciento a una baja del 2,8. Para el año próximo, la mejora proyectada del 1,5 pasó a una caída del 1,7. El FMI calcula una caída del consumo privado del orden del 9,9 por ciento en 2018 y del 4,6 en 2019. Además, la inversión privada, que supuestamente el Gobierno venía a estimular, retrocedería 7 por ciento este año y 9,5 el año que viene. Según el FMI, la inversión extranjera directa el año que viene representaría un 0,4 por ciento en relación al PBI, cuando en 2015 explicaba un 1,7.
El incremento de la deuda externa tiene su correlato en el pago de intereses de la deuda. En particular, la aparición del FMI como acreedor estrella vuelve relevante la comparación con el peso de los pagos al organismo frente a otras partidas. El año que viene, el dinero que corresponde devolver al FMI es de 1400 millones de dólares. Con un dólar a 40,10 pesos como prevé el Presupuesto, implica cuatro veces el presupuesto en vacunación y 5,6 veces el destinado a afrontar becas estudiantiles. También implica más de 15 veces la inversión del Estado nacional en infraestructura y equipamiento educativo.
La elección para presidente y el contexto internacional pueden generar turbulencias en el mercado

Sandleris se cura en salud por el 2019

El presidente del Banco Central adelantó que puede haber factores perturbadores de la estabilidad el próximo año. Informó que disminuirá el ajuste de la banda cambiaria y que está trabajando en recuperar la credibilidad del mercado.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró que está trabajando en forma permanente para recuperar la confianza de los inversores, pero que el riesgo financiero todavía sigue latente. Adelantó que el próximo año seguirá con la estrategia de bandas cambiarias y planteó que existen elementos políticos en la región y un contexto internacional  difícil que pueden “generar ruido en 2019”. En la city interpretaron el comentario de Sandleris como la apertura del paraguas. Los operadores vienen planteando que el mercado puede regalar varias sorpresas el año próximo y, por lo tanto, no creen que haya un programa económico inmune.
Sandleris informó que el próximo año el ajuste del piso y el techo de la banda cambiaria podría ser algo más lento. “Vamos a continuar trabajando con zonas de intervención y no intervención durante el próximo año. Pero el ritmo del ajuste probablemente será un poco más bajo de lo que es ahora. En este momento es del 3 por ciento. Podría ser un poco menos”, detalló. Esa medida supone que confía en que el próximo año bajará la inflación y las tasas de interés, con lo cual deberían moderarse las expectativas de devaluación y, por tanto, el ritmo de aumento del dólar. A la vez, indicó cuáles son los puntos que mira atento para poder garantizar la estabilidad financiera en los próximos meses. “Mi primera preocupación es el contexto internacional, el cual es mucho más desfavorable de lo que hemos visto en los últimos años”, indicó. “Los años de liquidez internacional extrema que vimos en el pasado están llegando a su fin, y eso crea un contexto mucho más desafiante para los mercados emergentes”.
Para el funcionario la incertidumbre política en Brasil, el mayor socio comercial del país, es otro obstáculo para la economía local. También apuntó al proceso electoral en la Argentina del próximo año como otro elemento que puede aportar volatilidad. “Estos factores podrían ser responsables de crear algo de ruido el año que viene”, apuntó.
Una de las deudas del Central es recomponer la credibilidad de los inversores en la política oficial. Este año el gobierno de Macri cambió en tres oportunidades el programa monetario y tres economistas distintos estuvieron al frente de la entidad. “La credibilidad y la confianza son como el cristal: se rompen fácilmente y tardan mucho tiempo en volver a recuperarse”, planteó Sandleris. “Ahora estamos en el proceso de restablecer la confianza”. La debilidad de la misión que se propone el presidente del BC es que quiere recuperar credibilidad aplicando las mismas políticas de altas tasas de interés, que alienta la bicicleta financiera que terminó provocando la corrida contra cambiaria iniciada en abril pasado.
“Estamos haciendo un esfuerzo permanente en la comunicación para que todos los participantes del mercado sepan lo que pueden esperar de este Banco Central”, declaró Sandleris en una entrevista a la agencia Bloomberg. Una de las principales críticas del Fondo Monetario Internacional a la gestión del Banco Central fue la falta de comunicación cuando se negoció el crédito de salvataje. Ahora Sandleris es el encargado de gestionar el programa monetario propuesto por el FMI para el Banco Central. No se toman decisiones sin consultarle al organismo de crédito, que se transformó en la única fuente de financiamiento externo al país a partir del segundo  trimestre de este año, cuando fondos de inversión empezaron a alejarse de la plaza local. “Mi sueño es que nadie hable del Central en Argentina, que no se hable porque la inflación es baja y hay una moneda estable”, cerró Sandleris. Se trata de una definición idéntica respecto de la que auguraba Federico Sturzenegger a finales de 2015 cuando asumió en el Banco Central.
El mercado espera una devaluación extra del 33% y que el dólar llegue a casi $50

Según el último relevamiento de expectativas, la inflación de este 2018 sería de 47,5%.

El Banco Central publicó el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) y allí las consultoras privadas estimaron que el dólar cerrará el 2019 a un precio de $49,8, lo que implica una devaluación extra del 33%.
Tras tocar el techo de los 42 pesos en lo más caliente de la corrida cambiaria, el dólar flota en un valor de alrededor 36,5 pesos. Sin embargo, las consultoras creen que subirá más de 13 pesos en los siguientes 13 meses.
La devaluación es mayor que la inflación esperada, que estiman será del 27,8% el año próximo. Para el corriente, calculan que cerrará en 47,5%, la cifra más alta desde 1991, en plena hiperinflación.
Desde el segundo acuerdo con el FMI, el Gobierno prometió que el dólar flotaría en una banda con pisos mínimos y máximos, dentro de los cuales el Banco Central no podrá intervenir. Los mismos se actualizarán a razón de 3% más por mes hasta fin de año, para luego anunciar nuevas bandas de flotación para el año entrante.
El Gobierno logró domar momentáneamente el precio del dólar a costa de una super tasa de interés que liquida la actividad económica. Sin embargo, los privados estiman que esa calma no durará mucho y ven que la divisa norteamericana seguirá su escalada.
Cuando asumió Mauricio Macri, el dólar cotizaba en $9,8 en su variante oficial y a 15 pesos para su versión "blue". De esta forma, la divisa habrá ascendido un 400 o un 233% durante la gestión de Cambiemos, según qué tipo de cambio se tome.
Desde la llegada de Macri al poder las emisiones de deuda totalizan 153.619 millones de dólares

Crece sin freno la deuda y ya es record

El Tesoro Nacional emitió 128.117 millones, nada menos que el 83,4 por ciento del total. A su vez, el 78 por ciento de la nueva deuda fueron colocaciones denominadas en moneda extranjera. La deuda crece a un ritmo mayor que en la última dictadura.

Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, las emisiones de deuda totalizaron 153.619 millones de dólares. De ese total, el Tesoro Nacional emitió 128.117 millones, nada menos que el 83,4 por ciento. A su vez, del total de la nueva deuda el 78 por ciento fueron colocaciones denominadas en moneda extranjera. Los datos surgen del relevamiento que todos los meses lleva adelante el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET). La deuda crece incluso a un ritmo más rápido que el observado durante la última dictadura militar.
Al comparar el crecimiento del stock de deuda externa total durante la última dictadura de 1976-1983, actualizado por la inflación de Estados Unidos, de aproximadamente 98.682  millones de dólares, con el crecimiento del stock durante el Gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 de 112.087 millones de dólares, notaremos que la suba en el stock es mayor para el gobierno actual, por una diferencia de 13.405 millones. En tan sólo tres años el Gobierno de Mauricio Macri habrá logrado un incremento en el stock de deuda externa total de 112.087 millones, un 13,6 por ciento más que lo que incrementó dicho stock durante los siete años de dictadura militar. Y si comparamos el crecimiento anual promedio del stock, el dato resulta aún más alarmante: mientras que en el período 1976-1983 la deuda externa incrementaba anualmente en promedio en 14.620 millones de dólares, actualmente lo hace en 37.362 millones de dólares, un 155,6 por ciento más. “La Deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos. La deuda se acelera por encima de los niveles que adoptó en la dictadura cívico militar, eso prueba que habrá un final anunciado”, destacó afirmó el rector de la UMET, Nicolás Trotta.
A pesar de que el gobierno no ha podido endeudarse en dólares en los mercados internacionales en estos últimos meses, las emisiones de Letes en dólares, destinadas al mercado local, han seguido realizándose con frecuencia. En septiembre el Tesoro Nacional emitió dos Letes en dólares por un total de 1.480 millones de dólares: las emisiones fueron de 763 millones y 717 millones cada una, con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019 y rendimientos de 7 y 6,5 por ciento, respectivamente. En lo que va de octubre, el Tesoro emitió dos Letes en dólares más: el 12 de octubre emitió Letes por 654 millones, con vencimiento el 24 de mayo de 2019 y rendimiento de 6 por ciento y el 26 de octubre emitió 815 millones de dólares con vencimiento el 26 de abril de 2019 y tasa de 5,5 por ciento. Además el costo de financiamiento de las Letes ha ido incrementándose en el tiempo a medida que las condiciones financieras de la Argentina se iban debilitando. Por ejemplo, para el plazo de 182 días, se observa que entre las emisiones del 11 de mayo y 26 de octubre el costo subió en 2,05 puntos básicos, mientras que para el plazo de 196 días, entre el 13 de abril y el 28 de septiembre, trepó en 3,51 puntos básicos.
A su vez, el Fondo Monetario ya giró desembolsos por 20.700 millones de dólares y se espera que el 15 de diciembre se sumen otros 7.700 millones de los 56.300 millones acordados.
Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se contabilizan emisiones totales en pesos bajo legislación local por parte del Tesoro Nacional de 919.990 millones de pesos, a un plazo promedio de 3,7 años; dónde 163.668 millones de pesos corresponden a 2016, 292.014 millones de pesos a 2017 y 464.309 millones de pesos a 2018.
Además, en septiembre el gobierno emitió Letes capitalizables en pesos bajo legislación local por 149.941 millones de pesos. El 14 de septiembre emitió dos Letes cada una por 37.976 millones y 4.591 millones, con vencimiento el 28 de diciembre de 2018 (plazo de 105 días) y el 29 de marzo de 2019 (plazo de 196 días), respectivamente, y cupones ambos del 2 por ciento capitalizable mensualmente. Luego el 21 de septiembre emitió 3 Letes más: por 42.712 millones de pesos, con vencimiento el 31 de enero de 2019 (plazo de 132 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; 20.624 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 160 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; y 44.038 millones de pesos, vencimiento el 30 de septiembre de 2019 (plazo de 374 días) y cupón del 3,45 por ciento capitalizable mensualmente. Por su parte, en lo que va de octubre emitió 101.956 millones de pesos. El 12 de octubre emitió una Lete por 26.956 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 139 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente, mientras que el 19 de octubre emitió dos Letes más por 35.000 millones y 40.000 millones, vencimiento el 30 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019 (plazos de 193 y 377 días) y cupones capitalizables mensualmente de 4 y 3,35 por ciento, respectivamente. Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se registra un stock de Letes del Tesoro en pesos por 311.341 millones, a un plazo promedio de 206 días. Si a este stock se le adicionan los otros 919.990 millones emitidos en pesos, el total de emisiones en pesos para la gestión completa asciende a 1.231.331 millones.
El stock de letras creció 35 por ciento en octubre

Se inflan las Leliq

La suba de la tasa de interés y el plan de desarme de las Lebac empezaron a generar una nueva bola de nieve con las Leliq. El dólar bajó casi 5 pesos en octubre.

El Banco Central cumplió el primer mes de política monetaria contractiva. El balance deja claroscuros. La autoridad monetaria consiguió con la fuerte absorción de pesos reducir en octubre las presiones en el mercado cambiario. El dólar arrancó en 41,94 pesos y terminó el mes en 36,98. La baja anotada ayer fue de 82 centavos, para estirarla a 4,96 pesos en el transcurso del mes. El programa monetario, pese a la menor volatilidad de la divisa, no logra despejar las dudas entre los economistas. La principal incertidumbre se concentra en la acumulación de los pasivos monetarios. La deuda en Leliq pasó en octubre de 432 mil millones a 584 mil millones de pesos, con un incremento del 35 por ciento. Las reservas internacionales cerraron en 53.945 millones de dólares, con una baja de 95 millones respecto del día anterior. Si no hubiera sido por los 5631 millones que ingresaron esta semana por el giro del FMI, las reservas hubieran cerrado el mes en 48.314 millones, con una pérdida de 678 millones.
La autoridad monetaria atravesó ayer una jornada financiera tranquila si se considera que fue el último día hábil del mes, en general más activo por el cierre de operaciones. La última semana de septiembre había sido de mucha volatilidad con el tipo de cambio y se habían alcanzado picos de cotización de casi 42 pesos. El titular del Central, Guido Sandleris, consiguió ayer reducir la tasa de interés por debajo del 70 por ciento por primera vez en 30 días. En la licitación de Leliq se ofreció una tasa máxima de 69,990 por ciento y una promedio de 68,048 por ciento. El día anterior había sido de 70,050 y 70,630, respectivamente.
La disminución de la tasa de interés se acompañó de una mayor oferta de divisas en la plaza cambiaria. El dólar mayorista terminó en 35,95 pesos, con una baja de 76 centavos. Esta baja se explicaría por inversores locales e internacionales que buscan aprovechar los altos rendimientos en pesos de corto plazo. Los operadores de la city aseguraron que empiezan a observarse ventas de activos dolarizados para apostar por la bicicleta financiera, que en algunos casos es libre de riesgo. Esto último se debe a que los inversores más sofisticados compran seguros de cambio en el mercado de futuros para asegurarse una rentabilidad mínima en moneda dura.
El Central mencionó que al menos hasta finales de diciembre no bajará las tasas del 60 por ciento. Esto implica ganancias extraordinarias para los inversores (mientras el tipo de cambio se mantenga sin grandes fluctuaciones). Los inversores que apostaron por activos en pesos en octubre se llevaron punta a punta casi el 5 por ciento por la tasa de interés (por ejemplo de los plazos fijos) más la apreciación nominal de la moneda del 13 por ciento. La cuenta suma un retorno superior al 18 por ciento en moneda dura en un solo mes. La cifra anualizada implicaría ganancias de más de 100 por ciento en dólares. El principal problema es que no existe una economía que pueda sostener estos rendimientos en dólares. No pueden pagarse estos retornos en forma persistente sin que se ingrese en una situación de desequilibrio financiero.
Entre los analistas de la city existen algunas hipótesis que indican que el Central, aprovechando la menor presión cambiaria de los últimos días, instruyó a la mesa de dinero de la entidad para potenciar la baja de la divisa este mes. La apuesta fue obtener algo de ganancias en el mercado de futuros. La entidad había vendido contratos en los últimos meses para octubre y con la caída de casi 5 pesos en el mes se lleva un diferencial. El Central no tiene margen para seguir haciendo este juego. El Fondo Monetario Internacional lo obligó a mantener el stock de los contratos de futuros hasta diciembre y a partir de ahí reducirlo hasta llevarlo a cero.
En Argentina, los salarios no logran seguir ritmo de alza de precios

El presidente argentino, Mauricio Macri, enfrenta una ardua batalla por la recesión y la crisis monetaria que atraviesa el país. A eso se suman los problemas de crecimiento salarial.  El desequilibrio entre el aumento de la inflación y los salarios se amplía, lo que de seguro enojará a los votantes pensando en las elecciones del próximo año y las chances de Macri. En agosto, los salarios subieron un 21,9% interanual, según datos del gobierno publicados el miércoles. El problema del mandatario es que la inflación llegó a 34,4% el mismo mes y se anticipa un empeoramiento: economistas encuestados por el Banco Central estiman que alcanzará un 44% en diciembre.  Bajan las ventas en supermercados y shoppings por segundo mes consecutivo  Los aumentos de precios se sienten con fuerza en los bolsillos de los argentinos. El valor de alimentos y bebidas subió un 33,5% ciento en agosto, mientras que los servicios públicos, muy afectados por el recorte de subsidios decretado por el gobierno, se dispararon un 52,8%.  Los alimentos y bebidas subieron un 33,5% ciento en agosto, mientras que los servicios públicos se dispararon un 52,8%  Como era de esperar, el índice de aprobación de Macri alcanzó el nivel más bajo de su mandato. Nuevas cifras publicadas el miércoles muestran que la aprobación de octubre se situó en 1,76 puntos en una escala de 1 al 5, según una encuesta publicada por la Universidad Torcuato di Tella y Poliarquía Consultores. Subió un pelo respecto a los 1,75 puntos de septiembre, pero contrasta con los 2,83 de hace un año y los 3,14 del inicio de su gobierno.
Rattazzi se despega del Gobierno

“El mercado no le cree”

Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobile, sostuvo que “el mercado ya no le cree más” a la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Fiel exponente de un establishment que combatió al kirchnerismo y catapultó a Macri a la presidencia, pero que ahora busca una alternativa, el empresario ítalo argentino disparó munición gruesa. La demostración, dijo, le fue dada en el mes de abril, cuando se desató la crisis cambiaria. En una entrevista que concedió a La Nación, el canal de cable del diario homónimo, el dirigente de la Unión Industrial Argentina expresó que “el mercado ya no le cree” a la política económica del gobierno. “El gradualismo se pone tan gradual que no se avanza para nada, y un día el mercado dijo: no te creo más”, dijo.
“Está claro que la inflación estaba muy alta y había que bajarla muy rápido”, dijo, pero consideró que la metodología puesta en práctica no fue la mejor. A su criterio, no hay justificativos para mantener una tasa de interés del Banco Central en los niveles actuales. “Es tal el miedo de lo que puede pasar con el dólar que no se animan a bajar la tasa hasta los niveles de inflación prevista, que sería del 45 por ciento. ¿Cómo la vamos a tener al 70 por ciento?”. Indicó que le aconsejaría al Banco Central que “le afloje un poquito” a la política monetaria y permita que el precio del dólar vaya a 40 pesos. “El país ya aceptó que el dólar vale 40 pesos; entonces, mantener ahora el dólar a 37 pesos, pero al costo de estas tasas...”, reflexionó, estirando el silencio.
El FMI criticó duramente a Luis Caputo y dejó al descubierto la interna económica

El organismo multilateral recordó los pobres resultados del trader y criticó la desorientación de sus políticas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó duras críticas a la gestión del ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, por su (des)manejo de la corrida cambiaria que llevó el dólar de 28 a 40 pesos en poco menos de tres meses. "Toto" terminó renunciando en medio de la revisión del acuerdo stand-by por U$S57.100 millones.
En el documento con los lineamientos del programa económico reformulado sobran los dardos venenosos hacia Caputo. Allí, destaca que la primera revisión del acuerdo stand-by se dio en un marco de "un contexto de turbulencias en el mercado, una caída de la actividad más pronunciada que lo esperado, y la incapacidad del Banco Central de anclar las expectativas inflacionarias".
También, el organismo que comanda Christine Lagarde recordó los motivos por los cuales fracasó el primer acuerdo a solo tres meses de su implementación y destacó que se generaron "dudas" en los mercados por culpa del Gobierno, debido a "una tímida estrategia de comunicación del plan y una estrategia de intervención del Banco Central inconsistente y poco clara".
El FMI apuntó además que las ventas de 100 millones de dólares diarios no fueron suficientes para frenar la suba del tipo de cambio, el cual se incrementó por arriba de 41 pesos el 28 de septiembre.
La autoridad monetaria sigue pagando más de 70 por ciento por las Leliq

El Central baja la tasa a paso de tortuga

La primera rueda tras el anuncio de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario no fue optimista. La Bolsa cayó 1,2 por ciento y el riesgo país subió a 670 puntos. Las tensiones externas complican el panorama. El BCRA redujo un punto la tasa.

El Banco Central inició su quinta semana de política monetaria contractiva. La entidad redujo cerca de un punto la tasa de interés respecto del viernes pero sigue sin poder disminuirla por debajo del 70 por ciento. En la licitación de Leliq de ayer se ofreció una tasa máxima de 71,029 por ciento, al tiempo que la promedio fue de 70,626 por ciento. El viernes estas cifras habían sido 72,498 y 71,756 por ciento, respectivamente. El rendimiento que ofrece la autoridad monetaria es inferior respecto al pico de 72,881 por ciento que se llegó a pagar en promedio en la tercera semana del programa, pero sigue por encima del 67,710 por ciento con que arrancó el plan en octubre. En el mercado cada vez son más los economistas que reconocen un problema de consistencia monetaria. En el Central, de la misma forma que ocurría con las Lebac, niegan tensiones e indican que la estrategia no genera conflictos de mediano plazo.
La incertidumbre del mercado interno se potencia con el panorama internacional. Los conflictos entre Estados Unidos y China siguen sin resolverse y las bolsas en el mundo muestran episodios de fuerte fluctuación. El Nasdaq marcó ayer un retroceso del 1,6 por ciento, en tanto que el indicador VIX, que mide el nivel de volatilidad en Wall Street, anotó un salto del 2,2 por ciento. La suba refleja un mayor nerviosismo. En la bolsa porteña hubo efecto réplica y el Merval sufrió una caída del 1,3 por ciento. Nuevamente los bancos y las empresas energéticas registraron los mayores retrocesos. Grupo Financiero Galicia cayó un 2,6 por ciento y Transportadora Gas del Norte lo hizo un 1,2. Otras pérdidas importantes fueron de Tenaris (-3,0 por ciento) y Petrobras (-3,9). La primera rueda bursátil tras el anuncio con el Fondo Monetario no fue optimista. El riesgo país volvió a subir tres puntos por la caída de los bonos y se ubicó en lo 670 puntos básicos.
El dólar cerró en 37,76 pesos, al disminuir 9 centavos. El mayorista, en cambio, se ubicó en 36,90 pesos, con un incremento de seis centavos. Este tipo de cambio con el que operan los bancos, los grandes inversores, exportadores e importadores marcó alzas en las últimas tres jornadas hábiles. El volumen operado fue de 439 millones de dólares, una caída del 22 por ciento. En el mercado de futuros, mientras tanto, se negociaron contratos por el equivalente a 960 millones de dólares. El 55 por ciento se operó para el final de octubre y noviembre, con precios de 37,07 y 38,69 pesos.
Por el momento la estrategia de reducción del circulante de pesos y tasas de interés en moneda local muy elevadas es efectiva para contener el valor del dólar en la zona de no intervención. La banda cambiaria ya se ubica entre 35 y 45 pesos. Esto se debe a que en el Central decidieron aumentar el piso y el techo de cotización un 3 por ciento al mes a partir de finales de septiembre. El problema es que la menor volatilidad del dólar ocurre junto con un incremento exponencial de pasivos monetarios. La acumulación de deuda del Central se concentra en las Leliq. Estas letras de corto plazo que sólo compran los bancos suman 600 mil millones de pesos y pagan tasas de interés por día equivalentes a 1000 millones de pesos (27 millones de dólares diarios).
La contraparte de las Leliq son los plazos fijos del sector privado depositados en los bancos. Las entidades bancarias están ofreciendo tasas del 48,98 por ciento para los plazos fijos minoristas y de 53,81 por ciento para los mayoristas. Los bancos aumentan el rendimiento de los depósitos para capturar pesos y poder colocar Leliq a tasas de más del 70 por ciento, que paga el Central. La tensión que genera este esquema es que las expectativas y decisiones de los privados no son sencillas de manipular. En el momento que no quieran renovar sus plazos fijos, los bancos se verán obligados a transformar los pesos invertidos en Leliq en emisión para pagar a sus clientes. El resultado, al igual que ocurrió con las Lebac, es la volatilidad en el mercado de cambios.
El Gobierno comenzó la semana endeudándose por $70 mil millones con una tasa del 60%

Lo hizo a través de Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) y en paralelo al acuerdo con el FMI por U$S57.100 millones.

El Gobierno oficializó este lunes la emisión de deuda por unos 70.000 millones de pesos en Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) con vencimiento en mayo del año próximo. La oficialización se realizó a través de la Resolución conjunta 26/2018 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, ambas dependientes del ministro Nicolás Dujovne. El Gobierno de Mauricio Macri licitó el viernes Lecap en pesos a siete meses y adjudicó un total de 40.000 millones, con una tasa nominal anual del 53,93% y una del 59,82%. Para las Lecap a 18 meses se adjudicó un total de 27.400 millones, con una tasa nominal anual del 51,94% y una Tasa Interna de Retorno Económica de 46,83%. El Gobierno destacó que un total de 18.100 millones de LEBACs con vencimiento en noviembre y diciembre 2018 serán aplicadas para suscribir las Letras Capitalizables en Pesos.
Dujovne asistirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el proyecto

El presupuesto 2019 llega al Senado

La intención oficial es firmar el dictamen el 7 de noviembre, para llevarlo a votación en el recinto el 14. Contempla la disminución en términos reales de los fondos para obras, asistencia social y salud, pero eleva en 50 por ciento las partidas para la deuda.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, asistirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para defender el Presupuesto 2019. El funcionario será el primero de los ministros convocados para avanzar con el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados,
Los senadores escucharán al jefe de Hacienda a partir de las 15:00, mientras que mañana será el turno a la misma hora de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, mientras que el miércoles asistirá al mismo ámbito el ministro de la Producción, Dante Sica, aunque a las 10:00. En tanto, se prevé que el 6 de noviembre se escuchen las palabras del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hombre importante en las negociaciones para apuntar a la aprobación del proyecto. La intención es firmar el dictamen el miércoles 7 de noviembre, para poder llevarlo a votación en el recinto el 14, cuando el oficialismo espera convertirlo en ley. Junto con el Presupuesto 2019 se debatirán la adenda al Consenso Fiscal 2018, la modificación a las exenciones del impuesto sobre los bienes personales y los cambios a la Ley de impuesto a las ganancias.
El Presupuesto anticipa para el año próximo un escenario de recesión, con una caída del 0,5 por ciento de la actividad económica, que se suma a la baja de 2,4 por ciento que el Gobierno estima para el cierre de 2018. En ese marco, con una inflación que este año se ubicará entre 45 y 50 por ciento y de mantenerse en niveles elevados en 2019 (23 por ciento al final del período y promedio de 34,8), la pérdida de poder adquisitivo se hará sentir en el consumo. La estimación es una caída de 1,6 por ciento en el consumo privado y una baja del 9,7 por ciento en la inversión. El tipo de cambio, una variable clave en esa pérdida de bolsillo por el traspaso a precios internos, está previsto se ubique en 40,10 pesos promedio para 2019, a 44,30 en 2020, 48,20 en 2021 y 50,50 en 2022. El valor no se condice con las bandas de flotación actualizables por inflación que acordó el Banco Central con el FMI para contener la apreciación de la divisa.
El equilibrio presupuestario se hace sobre la base de un ajuste en las principales partidas, con excepción de los intereses de deuda. En términos reales (tomando en cuenta la inflación promedio proyectada), el gasto primario se contraerá un 13 por ciento, con una caída del 11 por ciento de los gastos corrientes y de 42 por ciento de los gastos de capital (inversión). Siempre sobre la base de cotejarla con la inflación, la reducción del gasto con respecto a este año se focalizará, además de los ítems detallados, en Vivienda y Urbanismo (-48 por ciento), Promoción y Asistencia Social (-20), Agua Potable y Alcantarillado (-20 por ciento).
Por el lado de los ingresos, la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social crecerá 38,9 por ciento, mientras que se continúa con la reducción del 33 al 30 por ciento del tope de derechos de exportación a la soja y se mantiene el 12 por ciento para el resto de los productos. Por su parte, se incorpora un “fondo compensador” a municipios por la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros: 6500 millones de pesos adicionales para amortiguar parcialmente el traspaso de la política de subsidios a las jurisdicciones locales, tras la quita de 43.000 millones de pesos.
Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.
El FMI pronosticó que la desocupación será del 10,9% en 2019

En el acuerdo con el Gobierno, el organismo reconoce que avizora un empeoramiento de las condiciones económicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la desocupación en la Argentina subirá al 10,9% en 2019, la cifra más alta desde 2004. Esto aparece en el informe que publicaron junto con el programa económico del segundo acuerdo con el gobierno argentino de Mauricio Macri, a cambio de U$S57.100 millones.
En sus proyecciones, el organismo que comanda Christine Lagarde es incluso más optimista que el propio gobierno, ya que asegura que el 2018 cerrará con un 9,8% de desocupación, cuando el último relevamiento del INDEC muestra una tasa del 9,6%, cuando recién empezaba la crisis cambiaria que impactó fuertemente en la actividad económica. Es decir, el impacto de una caída de más de 2 puntos del producto solo harían crecer el desempleo en 0,2 puntos porcentuales.
El organismo estima que la desocupación alcanzará casi los 11 puntos. Y recién bajaría a 10 a finales del 2020, cuando culmine el programa que implica un recorte de casi 500 mil millones de pesos.
Asimismo, el informe destaca que el Gobierno se comprometió a avanzar en otra reforma previsional, luego del escándalo desatado en diciembre último con la feroz represión en el Congreso y el ajuste a los jubilados, y se sorprendió porque la sociedad argentina generó menos resistencia que la esperada al ajuste fiscal que promueve el FMI. Incluso, elogia a la oposición peronista, que acompañó las principales leyes del Gobierno.


El Directorio completa la aprobación del acuerdo

El FMI vota para asumir el control

El Directorio Ejecutivo del FMI rubricará esta mañana las modificaciones al programa de financiamiento solicitado por el gobierno argentino. A cambio de una ampliación en los fondos previstos y el adelantamiento del cronograma de desembolsos, las autoridades locales se comprometieron a profundizar el ajuste fiscal. El programa de austeridad incorporado en el Presupuesto 2019 se complementa con una estricta regla de política monetaria para intentar controlar la inflación y el dólar ahogando la economía. La pretensión oficial es que la aprobación del nuevo acuerdo esté acompañada por la transferencia de una suma cercana a los 6500 millones de dólares. Un segundo tramo similar se habilitaría en diciembre.
La votación de los veinticuatro directivos que representan a los países miembros del Fondo tendrá lugar alrededor de las 10.30 de hoy. El único tópico adicional previsto para la reunión es la evaluación de la economía del Reino de Bután. Por la tarde serán difundidos los documentos elaborados por los técnicos del organismo multilateral. El informe precisará los cambios en los términos del fallido acuerdo inicial que fue aprobado en junio así como las perspectivas revisadas del organismo para la economía argentina. También se conocerán la carta de intención y un memorándum firmado por el ministro Nicolás Dujovne y el banquero central, Guido Sandleris, donde precisan las políticas que se comprometen a implementar para cumplir con los objetivos y reformas ofrecidos.
El primer tramo del acuerdo revisado estará acompañado por la llegada al país de un delegado permanente del organismo en Buenos Aires que se instalará en una oficina dentro del Banco Central. El FMI designó para ese trabajo al economista jamaiquino Trevor Allayne.
Campo, bancos y energéticas, los pocos sectores que crecieron a pesar de la crisis

Según el INDEC, la actividad económica cayó 1,6%, pero algunos sectores siguen de fiesta.

La actividad económica cayó un 1,6% en agosto, según el informe del INDEC difundido este jueves. Pero no a todos los sectores les pegó de llenó la recesión ya que algunos siguen de fiesta. Casualmente, los sectores que más benefició Mauricio Macri en su gestión: bancos, campo y energía.
La recesión fue dispar. El comercio y la industria fueron los sectores que más cayeron: un 5 y un 4,4%, respectivamente. También la hotelería y gastronomía (-1,3%) y la construcción (-0,7%).
Pero en el otro lado, la explotación pesquera subió un 13%, seguido de la intermedicación financiera (bancos) un 7,1%. Los bancos son los grandes beneficiarios de la devaluación y las altas tasas de interés que paga el Estado, precisamente, para evitar que los pesos se vayan a la divisa norteamericana.
Luego, el sector agropecuario ascendió un 2,2% y el sector de electricidad, agua y gas, con un 3,3% interanual.
Todos ellos han sido grandes beneficiarios del Gobierno. Con tarifazos, altas tasas de interés y recortes de impuestos, aumentaron sus ganancias y lograron sortear la crisis que atraviesan asalariados y pymes.
Los puntos más polémicos del proyecto que aprobó el oficialismo

Un dólar retrasado, caída de la economía, alta inflación y un ajuste del 13% en el gasto, menos en el pago de la deuda.

El proyecto de Presupuesto 2019fue aprobado en la cámara de Diputados por 138 votos a favor y 109 en contra.La denominada "ley de leyes" ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
La ley, muy cuestionada por parte de la oposición y las protestas callejeras, incluye varios supuestos y proyecciones sobre la economía polémicos.
-"Déficit cero": el objetivo es pasar de un desequilibrio primario del 2,6% del PBI en 2018 al "déficit cero" en 2019. Esto implica un ajuste de más de 600 mil millones de pesos de un año a otro.
-Deuda: Los pagos por intereses de la deuda externa se disparan un 41%, pasando de $530 mil millones a $746 mil millones. Este número podría ser superior si el dólar se dispara. Representará el 87% del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares.
-PBI: el proyecto anticipa un escenario de caída de 0,5% en la actividad económica en 2019 y una baja del 2,4% para el presente año.
-Dólar: 40,10 pesos promedio para 2019; 44,30 en 2020; 48,20 en 2021; y 50,5 en 2022.
-Inflación: promediará un 34,8% en todo el 2019, pero estima que bajará a 23% a diciembre del año próximo.
-Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.
-Gasto total previsto: 4,1 billones de pesos. Supone un aumento nominal del 27,4%, muy por debajo de la inflación acumulada, que rondará el 45% en 2018. Implica un recorte real del 13%, con una caída del 11% de los gastos corrientes y de 42% de los gastos de capital.
- El gasto primario crecerá nominalmente un ritmo del 24% en 2019, y los recursos sociales se expandirán un 32%.
- Retenciones: Reducción del 33 al 30% del tope de derechos de exportación a la soja; se mantiene el 12% para el resto de los productos. El plazo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2020.
- Se crea un "fondo compensador" para el Interior, por la quita de subsisdios al transporte. El mismo alcanza los $6.500 millones, pero el recorte en esa área alcanza los $43.000 millones de pesos. Solo llega a cubrir el 15%.
Media sanción en Diputados

Suba en Bienes Personales, excepto para el campo

El oficialismo logró esta madrugada otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2.000.000 pesos fue girada al Senado, en el marco de una sesión tensa en la que el plato fuerte fue la votación del Presupuesto 2019.
La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado "golpea a la clase media". Para la aprobación del proyecto, Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron.
La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.
Luego de varias idas y vueltas, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales continúen exentos del pago de este tributo.
El dictamen original preveía que los propietarios del campo dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el pedido de un sector de la oposición y del oficialismo para que sigan afuera del régimen.  El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un "esfuerzo" por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones, por lo que no sería prudente incrementarle la presión impositiva.
La aprobación de la reforma de Bienes Personales es parte de un paquete fiscal que incluyó también la sanción del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros.
La adenda, que desarma parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de incrementar la recaudación de las provincias, por ejemplo postergando la rebaja del impuesto a los Sellos.
Esta reforma de la ley de Ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de Ganancias por inflación cosechó 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones.
  El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100 por ciento en tres años, o cuando en cada período se superara el 33 por ciento anual.   Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33 por ciento al 55 por ciento para este año, al 30 por ciento para 2019 y al 15 por ciento para 2020.
  Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo, con 183 votos positivos, uno sólo negativo y una abstención.
Cambiemos logró dictamen y Diputados tratará hoy el Presupuesto

Contrarreloj para complacer al FMI

El debate comenzará a las 11. Cambiemos junto a un sector de Argentina Federal convocaron a sesión especial antes de obtener las firmas, lo cual desató el repudio opositor. Para sumar voluntades realizaron concesiones, entre ellas un fondo de 6500 millones de pesos para las provincias. Se espera una masiva manifestación de rechazo al ajuste en el Congreso.

Durante horas, los diputados intercambiaron observaciones y críticas a la previsión de gasto elaborada por Cambiemos según las directivas del Fondo Monetario Internacional. Tras conceder varias modificaciones, el oficialismo logró sumar a sus 23 diputados al entrerriano Juan José Bahillo, el misionero Jorge Franco, el cordobés Martín Llaryora, la chaqueña Elda Pértile -con disidencias-, todos ellos del interbloque Argentina Federal; y Norma Abdala de Matarazzo, del Frente Cívico por Santiago.
Al enterarse que Luciano Laspina, titular de la comsión había convocado a sesión especial, el repudio de la oposición se hizo escuchar. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, despotricó porque  ¡Hoy somos una escribanía del FMI! Sesionamos cuando lo dice el Fondo y votamos lo que nos pide”.
Antes de que terminara la intervención de la diputada del FpV-PJ Fernanda Vallejos, el puntano Andrés Vallone pidió una interrupción y le advirtió al presidente de la comisión, Luciano Laspina, que “estamos en medio de un acting, donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting...”.
Vallejos denunció, entonces, que el oficialismo tenía cocinado el dictamen antes del debate, “como tienen cocinados los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.
Carlos Castagneto, por su parte, pidió que ya que el dictamen estaba firmado por 27 diputados, que se hiciera público para conocer las modificaciones: “Capaz que el dictamen de ustedes es tan bueno, que lo acompañamos, pero queremos saber cuáles son las conclusiones, qué modificación de artículos hubo”.
Poco antes, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, había afirmado que el Presupuesto 2019 “profundiza las políticas que ustedes mismos (por el oficialismo) admiten que fracasaron, no tiene ningún resultado positivo".
“¿Quién puede votar este Presupuesto Del Ajuste antifederal, que no hace nada para evitar la recesión; que hipoteca el futuro del país; que incluye reformas que deben discutirse por separado; que saquea ‘la plata de los jubilados’ y ataca a los habitantes de la Patagonia?, se preguntó el actual diputado del FpV, quien denunció que la iniciativa oficial “tiene fallas técnicas insalvables y compromete severamente no sólo el futuro financiero del próximo gobierno, sea del signo político que sea, sino la viabilidad de la Argentina como Nación”.
Más allá de las chicanas, se introdujeron modificaciones como la creación de un fondo compensatorio de 6500 millones de pesos para las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte. Se incluyó una partida de 500 millones de pesos para el Conicet y para Cultura , otros 500 millones para el INTA, 100 millones para el Sedronar y 60 millones para el plan contra la violencia de género.
El Parlamentario consignó que en el proyecto original se proponía que cooperativas y mutuales dedicadas a actividades financieras y de seguros paguen impuesto a las Ganancias, y se iba a evaluar una “deducción especial” para las destinadas a lo social, deportivo y cultural. Ahora se aplicará un “impuesto especial al patrimonio”.
Esta modificación se realizó ante el pedido de la mayoría de los bloques y con el fin de “no afectar a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales”, generando “una alícuota progresiva”, explicó Laspina. El santafesino resaltó que “de alrededor de 1.400 mutuales y cooperativas, más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”.
La pérdida de salario en 2018 podría ser la peor desde el 2002

Los salarios de convenio perdieron el tercer trimestre de este año entre 10 % y 20 % respecto a 2017. Estatales y Alimentación, entre los más afectados por el deterioro del poder de compra. Reapertura de paritarias ya para frenar este robo de los capitalistas y el gobierno y recomponer el salario perdido.

Quien escuche que la crisis y el ajuste nos afecta a todas y todos por igual, que "estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades", o que hay que hacer un esfuerzo para que el país salga adelante, debe tener presente dos lecciones que le deja la experiencia histórica a la clase trabajadora en Argentina.
En primer lugar, que todo lo que se perdió en los últimos 40 años, ningún gobierno lo "compensó" ni lo recompuso después. Se podrá en ciertos casos volver a tener cierto poder adquisitivo, y hasta igualar un poder de compra previa del salario, pero los consumos o ahorros que debieron retraerse para llegar a fin de mes, o el esfuerzo adicional por hacer unas horas extra o una "changa" que sume unos pesos al hogar, nunca fueron devueltos.
En segundo lugar, y directamente ligado con lo anterior, la evidencia indica que todo lo que se perdió, alguien, por otro lado, lo ganó, y en forma incrementada.
El Observatorio del Derecho Social, perteneciente a la Central de los Trabajadores Argentinos - A (CTA Autónoma), ha difundido ayer un breve y contundente informe cargado de información explosiva que alerta de un peligro grave a ser combatido: el de mirar pasivamente cómo este año un puñado de empresarios y especuladores logran aplicar uno de los saqueos más grandes de los últimos 16 años, de la mano del gobierno, los gobernadores y el FMI.
Cuánto perdieron en 2018 las principales ramas de actividad
De un lado de la película, el documento permite poner en números la brutal licuación de salarios que está padeciendo la clase trabajadora, sea cual sea su sector de actividad, con la complicidad voluntaria de las conducciones sindicales que no han levantado ningún plan de lucha serio para evitarlo.
Si se observa la evolución de los salarios de convenio en distintas actividades económicas representativas de distintos sectores económicos (industria, servicios, sector privado y público), se observa una fuerte caída a lo largo del 2018, tanto en aquellas actividades que ya llevaron adelante una revisión del primer acuerdo salarial como en aquellas otras que todavía tienen pendiente esta negociación.
"En efecto, en comparación con el último trimestre de 2017 el retroceso del salario de convenio en términos reales en todas las actividades relevadas supera el 10 %, y en algunas de ellas se acerca al 20 %", describe el informe de CTA-A.
"Cabe reiterar que esta caída se registra a pesar de que muchos acuerdos salariales negociados en el primer semestre del año ya activaron las cláusulas de revisión previstas originalmente, incluso adelantando la fecha consignada en el acuerdo original. En tal sentido, algunas de ellas ya han previsto instancias de revisión de la revisión". En el anexo del informe puede constatarse que uno de estos casos es por ejemplo, el sector de Comercio.
"El acortamiento de los plazos de vigencia de los acuerdos salariales, por vía de sucesivas revisiones, se convierte así en una herramienta defensiva no ya para sostener los básicos de convenio en términos reales, sino para morigerar una caída cuya magnitud, hasta el momento, se encuentra dentro de las más altas de las últimas décadas", advierte el informe.
Los estatales lideran el brutal descenso del poder de compra contra 2015
De conjunto, puede apreciarse un deterioro muy significativo de los salarios de convenio en comparación con los valores registrados en el año 2015. Los datos correspondientes al tercer trimestre de este año muestran retrocesos de entre el 4 % y el 23 % en comparación con el mismo período de 2015, "situación que se agrava al proyectar los aumentos salariales ya previstos y la inflación esperada para el último trimestre (BCRA – REM)".
Como se deduce de la estimación realizada por el Observatorio, las y los trabajadores estatales han sufrido una insoportable licuación de sus salarios en los últimos tres años, que alcanzará a 25,5 % hacia fin de año, sector cuya paritaria firma Andrés Rodríguez, conducción de UPCN a nivel nacional.
Retroceso promedio que llega al 20 % entre el 2015 y el 2018
De acuerdo al informe, en base a los últimos datos oficiales disponibles correspondientes al mes de julio de este año, dan cuenta de un retroceso del 9,9 % en el sector privado registrado y del 20,2 % en el sector público en comparación con octubre del 2015.
"Si bien la caída del salario real ha sido persistente a lo largo de los tres años del Gobierno de Cambiemos, es posible distinguir tres momentos claramente diferenciados: una primera etapa de ajuste en el primer semestre de 2016; un período de relativo estancamiento entre mediados de 2016 y las elecciones de octubre de 2017; y una nueva fase de caída del salario real desde noviembre de 2017", agrega el informe.
Pero además, debe tenerse que cuenta que "este ajuste sobre los salarios reales no incluye el impacto de la inflación de los meses de agosto a octubre, que se ubicará en torno al 15%, por lo que a pesar de que en dichos meses se hicieron efectivos numerosos aumentos provenientes de las negociaciones salariales es posible inferir que el deterioro de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras continuará su tendencia decreciente."
Pero del otro lado de la película no hay que olvidar que hay un grupo minoritario de personas, nativas y extranjeras, que se unen para incrementar sus ganancias con la devaluación, los tarifazos y la especulación financiera apoyada en el endeudamiento, y sustentada en común para todo el arco patronal en el dominio del trabajo asalariado.
¡Reapertura de paritarias YA! Tirar abajo el Presupuesto de ajuste
Pero las lecciones que podemos extraer de la historia también indican que no necesariamente la solución es conformarse con atenuar las pérdidas o esperar a períodos de recuperaración económica para ver si los trabajadores pueden obtener una mejora parcial de su poder adquisitivo.
Es posible torcer la balanza a favor de las y los trabajadores sobre la base de una firme organización y movilización popular, que quiebre la tregua entre las burocracias y los gobiernos,y que pelee por salidas de fondo para cortar de una vez por todas con la decadencia nacional, el atraso y la dependencia.
Las centrales sindicales tienen que exigir y luchar por la reapertura de las paritarias, que obtenga una suba de los salarios en cada sector en una sola cuota y conquitar un bono que recupere los ingresos perdidos, al menos en los últimos tres años.
Para evitar que la inflación siga comiendo el poder de compra, los salarios necesitan ligarse a una claúsula gatillo trimestral automática, partiendo de un salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy calculada en $ 33.131 por los trabajadores de la Junta Interna Ate Indec.
La cita de honor esta semana para mostrar las fuerzas que tiene el pueblo trabajador para imponer otra salida a la crisis será el rechazo al Presupuesto del ajuste este miércoles 24.
La columna de análisis de Amado Boudou | Presupuesto 2019: doble engaño

El ex vicepresidente destacó que la propuesta del Gobierno es en realidad "una ley de Déficit Cero como la de De la Rúa y Cavallo".

La administración Macri ha preparado y elevado al Parlamento un proyecto de presupuesto cuyos supuestos y proyecciones han quedado desactualizados producto de la desastrosa performance económico-financiera del gobierno durante el año en curso.
El intento del Ejecutivo de clausurar la discusión legislativa y aprobar este presupuesto, implica habilitar al macrismo para que consolide un ajuste violento y el empeoramiento en la distribución del ingreso. Adicionalmente, el proyecto encierra un doble engaño: por un lado, pretende involucrar a diputados y senadores en la convalidación de la una Ley de Déficit Cero similar a la que De la Rúa/Cavallo los forzaron a votar en 2001; por el otro, pretende imponer al pueblo y al sistema político la idea que el debate, la discusión, las modificaciones e incluso la no aprobación del proyecto oficialista significaría un daño institucional que la oposición le generaría al gobierno, y que “no hay alternativas” como le gusta decir al presidente, haciendo gala de su pereza intelectual. Claramente ambos planteos son engañosos.
Señalemos primero que para este gobierno el presupuesto no tiene ninguna relevancia. Son capaces de alterar las proyecciones de inflación y crecimiento varias veces durante un mismo año, en algunos casos en cuestión de días. Los mismo respecto a los déficits, y han demostrado que ninguna de sus abultadas e irrazonables proyecciones de endeudamiento les han sido suficientes. Semejante nivel de irresponsabilidad ha provocado que ya nadie en el mundo crea en esta gestión, que entonces debió recurrir al FMI para buscar socorro. Por supuesto, que rápidamente incumplió lo acordado con dicho organismo y tuvo que renegociar en cuestión de meses las condiciones pactadas, entregando finalmente el Ministerio de Economía y el Banco Centrala la conducción y vigilancia del Fondo. Es decir, Argentina hoy no tiene soberanía económica, ni monetaria ni cambiaria.
El presidente que pregonó la independencia del Banco Central echó a su conducción para sentar a un amigote (que era funcionario del Ejecutivo) al que tuvo que despedir en tres meses porque fracasó en la contención de la inflación, favoreció demasiado a sus antiguos patrones y se tornó indigerible para la verdadera conducción de la Argentina asentada en Washington, D.C. Hoy el BCRA puede ser independiente del Ejecutivo pues pasó a ser la fuerza de ocupación monetaria del FMI en la Argentina.
Ningún presupuesto es técnicamente relevante en un contexto de altísima inflación como el que ha provocado el macrismo. La volatilidad de las variables y de los precios relativos hace imposible cualquier cálculo económico racional. El tamaño de las sucesivas devaluaciones y los niveles astronómicos de la tasa de interés paralizan cualquier inversión y deterioran día tras día el mercado interno, destruyendo salarios de los trabajadores y capital de trabajo de las empresas.
La dolarización de las tarifas de servicios públicos se ha convertido en un tenaz mecanismo de transmisión y aceleración de la inflación. La economía argentina está paralizada debido al desquicio que ha provocado este gobierno año tras año.
Pero este artículo no pretende poner el foco en estas cuestiones importantísimas que vienen siendo analizadas por el esforzado colectivo de Economía Política para la Argentina (EPA), cuyxs economistas han abordado el análisis global y sectorial del presupuesto en forma brillante desde las perspectivas técnica y política.
De todos modos, no puede evitar señalarse que este proyecto de presupuesto pretende sustituir el déficit primario (elemento indispensable para salir de una recesión como la que Macri provocó, aunque el presidente no lo sepa y diga lo contrario, toda evidencia histórica avala las políticas contra-cíclicas) para dar lugar a un abultado y creciente déficit financiero (que extrae recursos de lxs argentinxs para que el gobierno los gaste sin ton ni son a favor del capital especulativo fuera de nuestro país).
Este presupuesto no solo seguirá destruyendo la vida diaria de nuestro pueblo, haciendo inalcanzables los servicios y la comida, sino que también tendrá un nefasto impacto intertemporal.
Mantiene los mecanismos y las políticas que han provocado el deterioro de la vida en nuestro país: mega-endeudamiento, deserción del Estado, política tarifaria, quita de retenciones, tasas de interés astronómicas, mega-devaluaciones, descontrol de la actividad financiera y cambiaria, inflación alta y persistente, achatamiento de salarios, achique del sistema previsional... En definitiva un sistema que todos los días les quita recursos a lxs trabajadorxs, la clase media y los excluidxs, para entregárselos a unas pocas empresas, la mayoría de ellas trasnacionales y a algunos amigos del equipo del gobierno.
Pero además, compromete el futuro de la Patria, la movilidad social ascendente y el capital humano de nuestro país. La disminución de recursos (en algunos casos hasta disminuciones nominales en un país que sufre más de 45% de inflación anual) al Sistema Universitario, al INTI, al INTA, al ANMAT, al CONICET, al INVAP, a la CNEA, al PIAP (agua pesada), a la Biblioteca Nacional, al INCAA... Es decir, debilita y compromete el sistema de creación y fortalecimiento de conocimiento y cultura de nuestro país. Sin estos, no existe ninguna posibilidad de desarrollo inclusivo y generación de trabajos de calidad.
El proyecto también altera la relación Nación/Provincias/Municipios ya que mantiene la eliminación de la participación de todos los niveles federales en los recursos de las rentas externas, un avance inédito para el federalismo logrado por el Gobierno anterior. La transferencia a las Provincias de la carga de los subsidios provocará al mismo tiempo un impacto negativo en la vida de lxs argentinxs que pagarán más caro los servicios y una nueva carga para las finanzas provinciales. Ambas medidas servirán a un gobierno que ha despreciado en público a la dirigencia de las provincias para cargar con el viejo sueño centralista de “provincias inviables” y poner sobre los gobernadores la responsabilidad política del brutal ajuste decidido y dispuesto entre Macri y el FMI.
Es también evidente, a partir de una somera vista al proyecto de presupuesto, que el gobierno ha decidido asignar recursos a pagar la usura de tasas de interés delirantes (que ni siquiera incluyen el déficit quasi-fiscal enorme e inédito que pesa sobre nuestra economía producto de decisiones de Macri) restándoselos a cuestiones de la vida de lxs argentinxs (atención a la salud, vacunas, educación, obras públicas, equipamiento...) Qué lejos quedaron las mentiras de los miles de nuevos jardines de infantes o la inflación que desaparecía de un día para el otro.
¿Se acuerdan de Conectar Igualdad? El gobierno también decidió que lxs jóvenxs no reciban computadoras para cerrar la brecha digital (ni un peso en el presupuesto para esto!) Por supuesto, que el endeudamiento voraz, desbocado e irresponsable continúa.
Otro tema, ¿es consistente este presupuesto con el programa monetario? ¿Cuál es a esta altura el programa monetario? ¿Alguna política de este gobierno es creíble? Vuelan funcionarios, fracaso tras fracaso y cuando no vuelan, es porque nadie quiere agarrar el lugar. Además, el gobierno pretendió hacer pasar a escondidas dentro del presupuesto, una modificación de la Ley de Administración Financiera para endeudarse más fuerte, más corto y más caro.
Pero avancemos ahora sobre las cuestiones señaladas al comienzo de este análisis, dos cuestiones vinculadas a la economía política subyacente al proyecto de presupuesto que Macri y su equipo pretenden aprobar:
1) Lo que el Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso Nacional NO ES un proyecto de Ley de Presupuesto, es una Ley de Déficit Cero encubierta que Macri pretende pasar de contrabando dentro de uno de los momentos legislativos más importantes de cada año.
El gobierno ha demostrado impericia en la ejecución presupuestaria, cada año, no solo por la concepción ideológica de sus propuestas, sino también por la incapacidad de su equipo de CEOs para gestionar. En los casi tres años de gestión de Macri (sí, ya ha transcurrido el 75% de su mandato) no se ha cumplido una sola de sus previsiones de mejorar la vida de nuestrxs compatriotas. Todavía esperamos el inverosímil segundo semestre como quien persigue un arco iris. El equipo de gobierno no hace ya ningún esfuerzo por disimular el sentido de esta Ley de Presupuesto. Ya ningún funcionario defiende los supuestos, las proyecciones ni las líneas de acción incluidas en él. Técnicamente es un desastre y lo saben.
Digámoslo entonces con todas las letras: el FMI le ha exigido a Macri/Dujovne una Ley de Déficit Cero como la que arrancó en su momento a De la Rúa/Cavallo. Pero la debilidad política e intelectual del actual gobierno no le dejan espacio para presentarla como tal, entonces cínicamente la esconde dentro de una aparente Ley de Presupuesto.
Este proyecto no es siquiera un mal programa de gobierno, es una exigencia externa que socava la soberanía argentina y dañará la vida de nuestro pueblo.
Lo único que busca Macri es que el Congreso le apruebe un instrumento que le permita aumentar la deuda irresponsablemente y que asegure a los acreedores internacionales tener mayor derecho sobre nuestros recursos que cualquier ciudadano argentino.
Una historia largamente conocida desde 1824, profundizada en 1976 con un trágico final en 2001.
Una historia demasiado larga y sufrida para no comprender sus implicaciones. Demasiado cercana para no interpretar la maniobra. El Congreso Nacional no puede aprobar a libro cerrado un compromiso asumido espuriamente por Macri con Mme. Lagarde, sin discutir su verdadero sentido.
2) Las Leyes de Presupuesto son esbozos del programa de gobierno propuesto por el Poder Ejecutivo, pero aprobarlas es resorte constitucional del Congreso. Por lo tanto, para aprobarlas se requiere una fuerza política o una coalición con mayorías parlamentarias suficientes (la representación popular y de las Provincias surgidas en elecciones) o bien, abrir el debate agotando las instancias con fuerzas opositoras.
Eventualmente, de no lograrse acuerdos, nuestra normativa prevé mecanismos legales suficientes que permiten el regular funcionamiento del Estado cuando la decisión del Congreso es no aprobar el proyecto remitido por el poder Ejecutivo.
Claro está que en este último supuesto la responsabilidad política de la gestión recae con mayor fuerza sobre el mismo ejecutivo. Basta recordar un episodio cercano: para el ejercicio 2010, mientras yo me desempeñaba como Ministro de Economía, la oposición en el Congreso decidió no acompañar el proyecto de presupuesto que elevamos. En ese momento el mundo atravesaba la peor crisis económico-financiera desde 1930, algunos analistas reputan incluso a la crisis que comenzara en 2008 como la más severa de la historia.
Nuestro Gobierno se puso a trabajar con las herramientas a disposición y logró que el Estado y la ejecución presupuestaria fueran claves para que la crisis global no afectara la vida de lxs argentinxs.
Quedan desnudadas así dos falacias desplegadas insistentemente durante estos 3⁄4 de la gestión de Macri:
a. El Gobierno anterior pudo proteger a su pueblo, a sus trabajadorxs, a la clase media, a su sistema productivo, a su mercado interno y a su sistema previsional, durante una crisis global profunda que arrasó millones de puestos de trabajo e ingresos en muchos rincones del planeta.
No puede ni debe un gobernante usar como excusas supuestas “tormentas” (cuando en realidad, son solo goteras producidas por el propio gobierno) para lavarse las manos y desentenderse del destino de las familias y lxs ciudadanxs argentinxs que sufren y pierden esperanzas por las decisiones del gobierno actual.
b. La tan mentada “gobernabilidad” se construye con buen gobierno y buenas políticas. No mediante acuerdos súper-estructurales que desprecian el profundo sentido de lxs votantes. La farisea utilización del concepto de gobernabilidad ha servido al gobierno para chantajear y a algunxs -consciente o inconscientementepara revelar sus verdaderas posiciones respecto del tema del endeudamiento, el sistema previsional, el mecanismo de designación de jueces, la política internacional, el mundo del trabajo y sus organizaciones y el rol del Estado.
En definitiva, un gobierno que ha fracasado consistentemente durante tres años, en la concepción y ejecución de su programa económico-social no debiera intentar forzar al Congreso Nacional a que lo acompañe a una capitulación formal ante el FMI (la fáctica ya se produjo) escondiendo dentro de una parodia de Ley de Presupuesto, una Ley de Déficit Cero exigida por el organismo de Washington.
Sería aconsejable que abandone el cinismo y presente los hechos tal cual son, en lugar de ocultar y mentir. Debería abrir la discusión y si no logra acuerdos, asumir las consecuencias. Nuestro sistema lo prevé, no es el fin del mundo. Simplemente hay que hacerse cargo, actitud que este gobierno elude permanentemente.
Tres años de fracasos impactan demasiado en la vida y los sueños de lxs argentinxs. No son casualidad ni un destino que no se puede cambiar. Siempre existen caminos alternativos. El gobierno de Macri ha pasado de la soberbia infundada e insustancial al desconcierto destructivo. Si no revisa sus políticas, se profundizarán la exclusión, la recesión, el desempleo y la inflación.
El proyecto de presupuesto 2019, que disfraza una Ley de Déficit Cero estilo De la Rúa/Cavallo, profundiza y consolida los errores macristas que han provocado el empeoramiento de las condiciones de vida de (casi) todxs lxs argentinxs. Nuestra Patria necesita y merece otro presupuesto para 2019.
Las prepagas aumentan otro 8,5 por ciento y suman 40,8 en el año

Negocio a costa de la salud

El aumento se aplicará a partir de diciembre y será el quinto del año. En tres años el ajuste acumulado supera el 200 por ciento. El último incremento se aplicó este mes y le metió presión a la inflación, que podría llegar al 6 por ciento.

La medicina prepaga aumentará una vez más en diciembre un 8,5 por ciento, según lo acordado con el Gobierno. Será entonces el quinto aumento del año, acumulando un incremento del 40,8 por ciento, por encima de prácticamente cualquier convenio laboral aunque todavía algo por debajo de la inflación proyectada. Las prepagas entran en el reducido grupo de actores beneficiados por la política económica de Cambiemos. Justamente uno de los factores explicativos de la inflación del mes corriente son las cuotas de las prepagas, a raíz del incremento aplicado desde el 1 de octubre. A una semana de que termine el mes, las consultoras anticipan que la inflación de octubre estará entre 4,7 y 6 por ciento.
Las prepagas aumentaron un 4 por ciento en febrero, 7,5 en junio, otro 7,5 en agosto, un 8 por ciento a principios de octubre y ahora se confirmó que cerrarán el año con otra mejora de 8,5 por ciento en sus ingresos. “En promedio, en los últimos años, la suba anual de las cuotas de las entidades de medicina prepaga ha estado unos tres puntos porcentuales por encima del índice general de precios”, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este año el aumento acumulado de las prepagas, del 40,8 por ciento, queda por debajo de la inflación proyectada, el número del incremento está por encima de la paritaria del 35 por ciento –una de las mejores del mercado laboral– firmada por Sanidad. El convenio de Sanidad también incluye una cláusula gatillo para compensar la inflación desde enero de 2019, que seguramente se terminará reflejando en nuevas subas de las cuotas a comienzos del año que viene. El costo salarial representa alrededor del 74 por ciento del costo total de las prepagas. Desde principios de 2015, las prepagas subieron un 214 por ciento.
Precisamente, el aumento de las prepagas del 8 por ciento que comenzó a regir a principios de este mes es uno de los factores de empuje de la inflación en octubre. Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go adelantó a PáginaI12 que la proyección de inflación para octubre se ubica en el 6 por ciento. Rodrigo Alvarez, de Analytica mantiene una proyección del 4,7 y Orlando Ferreres calculó un rango de 4,9 a 5,1 por ciento. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, espera un 5 por ciento. En tanto, el índice de inflación semanal que calcula el CESO, dirigido por Andrés Asiain, registró que la suba de precios entre la segunda semana de octubre y el mismo período de septiembre fue del 8,1 por ciento.
El primer arrastre sobre los precios en octubre proviene de la resaca de la fuerte devaluación de agosto y principios de septiembre, la cual generó una inflación minorista del 6,5 por ciento el mes pasado, según el Indec. A nivel mayorista, los precios subieron un 16 por ciento en septiembre, el mayor incremento desde 2002. Se calcula que parte de esa presión se trasladó a los minoristas este mes. Este diario recolectó algunas subas de precios en artículos de consumo masivo durante este mes. Las empresas productoras de lácteos Tregar, Ilolay y Paulina aplicaron aumentos de 11 por ciento en los quesos cremosos y en el resto de los artículos de sus líneas las subas fueron de 7 por ciento, mientras que en el caso de Molinos Río de la Plata, el aumento fue un 9,3 por ciento en forma generalizada. También hubo aumentos de entre 10 y 15 por ciento en empresas como Mondelez, Arcor, Mastellone y Sancor. A su vez, las empresas La Morenita y La Virginia aumentaron un 6 por ciento.
Además, en octubre las naftas volvieron a subir cerca de 10 por ciento en promedio, mientras que la boleta del gas lo hizo hasta un 50 por ciento a instancias de la Secretaría de Energía. Además, subió el boleto de colectivo y el pasaje de los trenes metropolitanos. También subieron los peajes de las autopistas Buenos Aires - La Plata y en el tramo hacia la costa atlántica.
Sandleris negó que esté incentivando una nueva bola de nieve

“Las Leliq no nos preocupan”

El aumento exponencial de las Lebac generó la crisis cambiaria que se arrastra desde abril. En el Central aseguran que ahora es distinto y pidieron un nuevo voto de confianza. “No hay peligro de que estas letras provoquen una nueva crisis con el dólar”, afirman.

“Las Leliq no nos preocupan. La política monetaria es sustentable”, dijo ayer el presidente del Banco Central Guido Sandleris. El titular de la entidad volvió a utilizar los mismos recursos que empleaba el ex presidente del organismo Federico Sturzenegger: mostrar en conferencia de prensa que los técnicos de la institución hicieron las cuentas para asegurar que el aumento exponencial de los pasivos monetarios no implica ningún riesgo. Las estimaciones con las Lebac no salieron bien. Esta deuda terminó generando la crisis cambiaria que se arrastra desde abril. En el Central aseguran que ahora es distinto y pidieron un nuevo voto de confianza. Los economistas del mercado ya empezaron a advertir por las posibles consecuencias del incremento de las Leliq.  
Sandleris presentó ayer en conferencia de prensa su informe trimestral de la Política Monetaria. Se trata de uno de los documentos más relevantes del organismo porque expone las perspectivas sobre la economía. Los tres informes presentados este año llevan la firma de un presidente distinto en el Central. El documento anterior estuvo avalado por Luis Caputo y el primero del año lo presentó el ex titular Federico Sturzenegger.
Sandleris insistió en que las Leliq no le inquietan. “En el escenario más pesimista los pasivos monetarios del Central subirán al 7,8 por ciento del PBI para finales del 2019, una cifra similar a la que se registraba a inicios de 2016”, dijo. El funcionario usó 15 minutos de su exposición para mostrar que la estrategia de Leliq es sustentable en el mediano plazo. Los técnicos de la entidad compartieron la visión asegurando que “no hay peligro de que estas letras provoquen una nueva crisis con el dólar”.  
Los consultores de la city porteña empiezan a criticar la estrategia de la autoridad monetaria con las Leliq. El más pesimista fue el ex rector de Ucema Carlos Rodríguez. “Los bancos y el público perciben que el Central está dispuesto a pagar cualquier cosa para que los pesos no se vayan a dólares. Por las Leliq que les vende a los bancos paga cerca del 72 por ciento, que por interés compuesto es una tasa que llega al 104. Y los bancos a su vez los usan para apalancar plazos fijos que pagan tasas exorbitantes del 40 o 45 por ciento”, dijo. Mencionó que “por ahora la situación se mantiene pero en algún momento las tasas y el plazo de las Leliq se van a convertir en inflación porque la burbuja estalla”. Precisó que “lo que no hay ahora en la economía son pesos líquidos sino que están colocados a 7 y 30 días. Los pesos no están en billetes sino en una bicicleta, que no es otra cosa que inflación reprimida”.
La conferencia de Sandleris no dejó nada fuera del libreto. El titular del Central repitió que a partir de noviembre la inflación empezará a descender, que la meta de emisión cero está bien encaminada y que se están atacando los desequilibrios arrastrados de la macroeconomía para crecer en forma sustentable. El presidente de la entidad evitó referirse a la falta de independencia del organismo respecto del Tesoro, insistió en que los pasivos monetarios no son un problema y planteó que las tasas de 70 por ciento bajarán en la medida que se modere el proceso inflacionario.
“Los últimos meses fueron la consecuencia de tres cosas. La primera, la herencia con años de políticas desacertadas. La segunda, el shock por la sequía del campo y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. La tercera, errores propios en los que se subestimó la corrección del desequilibrio recibido y el contexto global”, dijo. Recordó que “la escalada de la inflación llevó a tener que modificar el plan monetario y abandonar el esquema de metas de inflación para adoptar un esquema más simple y contundente. El objetivo es reanclar las variables financieras y reducir lo más posible el riesgo de tener nueva incertidumbre”.
El titular del Central mencionó que “el organismo enfrenta desafíos importantes. Tenemos que despejar el riesgo de volver a pasar por lo mismo. No hay nada peor para la economía que la inestabilidad”, planteó. Aseguró que “el ritmo de inflación actual es muy peligroso para el país y para la gente. Estamos atacando las causas fundamentales de la inflación, nuestra prioridad es dejar atrás la volatilidad que vivimos estos meses (la crisis cambiaria comenzó en abril)”.
Sandleris indicó que su estrategia de política monetaria es distinta a la que había hasta septiembre. “No nos enfocamos en fijar precios (la tasa de interés) sino que nos enfocamos en controlar las cantidades (el volumen de pesos que circula en el mercado)”. Lo dijo para mencionar que no está pendiente de la inflación de cada mes porque no es parte de su objetivo. Su meta es controlar el nivel de emisión, lo cual supuestamente permitirá que la inflación se desacelere.
El establishment empresario muestra su preocupación por la agudización de la crisis económica

Tasas, inflación y dólar dominan en IDEA

Los CEO de las mayores empresas del país mantienen intacto su apoyo ideológico al Gobierno pero muestran alarma por las posibilidades de recuperación de la economía antes de las elecciones de 2019. Reclamos por más flexibilización laboral.

Desde Mar del Plata
Los principales CEOs del país ya comenzaron con sus apuestas para las elecciones del año próximo y se debaten entre lo posible y lo deseado. Si bien el apoyo al Gobierno se mantiene ideológicamente intacto, el establishment está alarmado por los errores de gestión que complican la situación del sector privado. El descontrol de la inflación, la política de tasas de interés exorbitantes para frenar al dólar y las internas políticas son los temas que más preocupan a los empresarios que asisten a la 54° edición del Coloquio de IDEA. “Si el oficialismo vuelve a ganar en 2019, con una recesión, realmente será un caso de estudio”, le dijo a este diario el titular de una consultora de comunicación y políticas públicas para Latinoamérica. Tanto en los paneles como en charlas informales en los pasillos del Sheraton de Mar del Plata, donde se realiza el evento, quedó en evidencia la intención del empresariado de mejorar su imagen, golpeada por la causa de las fotocopias de los cuadernos. El pedido del conjunto es avanzar en una mayor flexibilización laboral, solución que defendió también el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
La niebla que primó durante buena parte del miércoles dejó un coloquio con menos presencia que otros años, dado que muchos no pudieron aterrizar en la terminal marplatense y volvieron a Aeroparque. Los paneles siguieron con la egocentrista línea de este año, “Cambio Cultural: soy yo y es ahora”, donde se discutió extenuantemente el rol del empresariado. El politólogo Andrés Malamud criticó el lema sobre el cambio cultural. “El problema de la Argentina no es moral sino político. La cultura no es la causa de los problemas, sino la falta de incentivos”, dijo Malamud. “Yo quiero decir que me gusta mucho el lema del coloquio”, había dicho la noche anterior la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En el panel directamente llamado “Nuestro Rol”, se presentó una encuesta de Luis Costa & Asociados con una muestra de 500 casos que revela que la imagen positiva de los empresarios es del 22 por ciento en la Argentina, mientras que en Brasil asciende al 46 por ciento, pese a los casos de corrupción por el supuesto pago de coimas desde el gigante Odebrecht.
En la apertura, la noche anterior, hubo otra frase que definió la concepción de país que el empresariado busca inocular en la opinión pública. “Somos un país pobre pero rico en recursos naturales”, aseveró el gerente de Ledesma y presidente de IDEA, Javier Goñi, instalando la idea de un destino predestinado de exportación de materias primas. La esperanza de una buena cosecha que le salve la ropa al gobierno de Cambiemos y permita hacer menos insoportable el impacto del ajuste es la máxima por la que se animan a soñar los empresarios, quienes no vaticinan una mejora desde lo productivo para los próximos meses. “Recién ahora parece que el tipo de cambio está estabilizado, ahora el camino es cómo y a qué ritmo reducir la tasa de interés para que haya recuperación”, explicó el gerente del mayor banco privado en Argentina.
Los empresarios, de todos modos, identifican la tensión cambiaria, la suba de tasas, el alza de los precios internos y la falta de claridad en las políticas como los principales escollos. PáginaI12 consultó al secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, respecto de la posibilidad de aplicar algún mecanismo para desacoplar los precios internos de los alimentos de la cotización internacional y el tipo de cambio. “El Mercado en tu Barrio es un programa que permite a los consumidores conseguir más baratos algunos productos. Pero está claro que la variable es que crezcan las exportaciones y eso mejore la situación en general”, respondió el funcionario con el libreto de su época de empresario.
Desde el sector aerocomercial, empresarios y sindicatos también alertaron sobre la política de cielos abiertos que, en los hechos, está aplicando el Gobierno y que terminará por castigar a la línea de bandera. “La aparición de las firmas low cost le quitó mercado de cabotaje, mientras que el Gobierno limita las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas y elimina así una fuente de generación de divisas”, detalló a este diario el titular del gremio de pilotos (APLA), Pablo Biró. La apertura comercial, la flexibilización laboral y la primarización de las exportaciones no se modificaron y continuaron utilizándose como política de derrame. “Las empresas más importantes de Argentina se sostienen de una economía equivocada, sobre la mentira de que si cada uno busca el beneficio personal, el mercado va a equilibrar. Pero el mercado no equilibra. El 1 por ciento acumula más riqueza que el 99 por ciento restante”, resumió en un panel sobre “bien común” el titular de la Fundación Dinero y Conciencia en Latinoamérica, Joan Antoni Melé.
Mal resultado, peor respuesta

Cuando Mauricio Macri, en el inicio de su campaña presidencial, afirmó que la inflación era “un tema fácil de resolver, es lo más simple”, no estaba lanzando un exabrupto fuera de libreto, sino que reflejaba lo que sus asesores económicos –luego, su equipo de gobierno– le entregaban como diagnóstico. La inflación tenía como origen la emisión monetaria excesiva, le dijeron. Entonces, si se reducía la cantidad de dinero circulante, problema solucionado. Así lo creían, y probablemente lo siguen creyendo.
Macri y su equipo transitaron desde entonces por ese sendero de política monetaria. Aunque en el último tramo, desde abril de este año en adelante, asumieron que el costo de esa política iba a ser una profunda recesión. Pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los asalariados, pérdida de ingresos monetarios por reducción de horas de trabajo, pérdida de empleos posiblemente por reducción de planteles o cierre de establecimientos. El gobierno eligió quién iba a pagar los costos, pero “el sacrificio” (ajeno, por cierto) debía tener un resultado muy valorado: erradicar la inflación.
Hoy, el modelo económico suma un nuevo fracaso. La inflación se les desbocó a nivel mayorista y no es una sorpresa: si se permitió dolarizar los insumos básicos, incluso los servicios públicos; si los esquemas de mercados concentrados –no competitivos– en vez de diversificarse con la apertura importadora se concentraron aun más; si se borraron de un plumazo todas las regulaciones y se viabilizó el traslado a precios de la megadevaluación que el propio modelo generó, el resultado no podía ser otro que el híperaumento de precios (hablar de hiperinflación sería apresurado, aunque no estamos lejos). Así lo registraron las estadísticas de septiembre y así lo reflejarán las de octubre, si no hay una “mano invisible” que las modifique.
En cuanto al costo –la pérdida salarial, la recesión y consecuente caída de la demanda–, el daño está hecho y se seguirá haciendo. La fórmula oficial sigue siendo “secar la plaza” para detener la remarcación de precios, lo cual tendría como lógico reflejo una mayor suba de tasas. Esto es, mayor recesión. A no sorprenderse. Este gobierno ya demostró cómo reacciona: cuanto peor le va, peor es la respuesta. Son cientos de miles las personas que sufren las consecuencias de este experimento, y serán muchos más si continúa.
El Gobierno facilitó la operación de sociedades que provienen de guaridas fiscales

Argentina es offshore friendly

El Ministerio de Justicia flexibilizó las condiciones para el ingreso y el registro de empresas establecidas en guaridas como Bahamas o Islas Caimán, entre otras. La resolución dictada a través de la IGJ también elimina controles elementales.

La Inspección General de Justicia (IGJ) flexibilizó los requisitos de inscripción que debían cumplir las sociedades extranjeras para establecer una sucursal en la Argentina o asociarse a empresas locales. La resolución 6/2018 eliminó el requerimiento para que las firmas extranjeras acrediten sus actividades fuera del país y borró la exigencia para que individualicen a sus socios. La normativa fue presentada por el organismo dependiente del Ministerio de Justicia como un mecanismo para “simplificar”, “facilitar” y “agilizar” los procedimientos administrativos que deben realizar las empresas. Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) advierte que los cambios introducidos a fines de agosto facilitan y promueven la incorporación de sociedades offshore.
Las empresas que a partir de la publicación de la normativa de la IGJ pueden ser registradas con facilidad en la Ciudad de Buenos Aires son las mismas estructuras que quedaron expuestas en las últimas dos megafiltraciones de información del mundo offshore: Panamá Papers y Paradise Papers. Establecidas en guaridas fiscales y financieras donde tienen prohibido realizar prácticamente cualquier tipo de actividad comercial, las sociedades offshore son vehículos para operar de manera anónima alrededor del mundo. Las firmas están diseñadas a medida pero su principal atributo es ocultar la identidad de sus verdaderos dueños. Permiten así canalizar maniobras abusivas de evasión, fuga y lavado que no solo afectan el financiamiento de las políticas públicas sino que al facilitar la salida de dólares se convierten en una fuente permanente de inestabilidad económica para países como Argentina.
“El espíritu principal de la nueva norma está lejos de promover la desburocratización del Estado. Se trata más bien de la apertura de una puerta para el ingreso de capitales extranjeros sin importar su procedencia”, advierte el reporte de la abogada María Eugenia Marano, del Cipce. La flexibilización de los requisitos de inscripción de una sociedad extranjera fue acompañada por una relajación en los controles anuales realizados por la IGJ sobre esas empresas.
“La resolución da un vuelco de ciento ochenta grados en materia de control societario sobre las sociedades extranjeras en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Vuelve el tiempo atrás y nos retrotrae a la normativa existente antes de 2003”, considera Marano al enfatizar que la IGJ “intenta flexibilizar o, mejor dicho, casi eliminar los requisitos de inscripción y regímenes informativos que las sociedades extranjeras debían cumplir para poder establecerse en la Argentina”.
Antes de la publicación de la resolución 6/2018 en el Boletín Oficial el 29 de agosto, las offshore tenían prohibida su inscripción en la IGJ como sociedades extranjeras. Para desarrollar actividades o participar en otras sociedades debían adecuarse a la legislación argentina, cumpliendo con una serie de procedimientos. Esas restricciones fueron eliminadas y, según advierte el Cipce, se abrió la puerta para que se inscriban empresas provenientes de guaridas como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas o Bahamas, entre otras.
“Introdujo la posibilidad de que la IGJ analice la inscripción de sociedades provenientes de países con regímenes tributarios especiales o considerados no cooperadores en materia de transparencia fiscal, mediante el requerimiento de documentación que acredite actividad económicamente significativa en el exterior”, explica el Cipce.
Una película de Mauricio Macri con música de Nicolás Dujovne

6,5: La inflación en órbita

La cifra oficial igualó el dato de abril de 2016 y hay que retroceder hasta abril de 2002, en plena crisis posconvertibilidad, para encontrar una suba de precios mayor. El rubro alimentos y bebidas trepó 7 por ciento y transporte un 10,4 por ciento.

El Indec midió una suba general de precios de 6,5 por ciento en septiembre, por debajo de varias de las estimaciones privadas. El número iguala la mayor marca de inflación difundida por el Indec durante la gestión de Cambiemos, en abril de 2016, que a su vez fue la más alta desde abril de 2002, en plena salida del régimen de convertibilidad. El principal aporte a la inflación mensual de septiembre provino del rubro alimentos y bebidas, seguido de prendas de vestir y transporte. El traslado de la devaluación del peso que se produjo en agosto es el primer factor de tracción de los precios, junto al aumento de combustibles y colectivos y trenes metropolitanos. En nueve meses, la suba de precios acumula un 32,4 por ciento, mientras que la interanual arroja un alza de 40,5 por ciento. Productos centrales de la canasta básica como fideos, aceite, pan y arroz subieron por arriba de un 15 por ciento en apenas 30 días.
La inflación de este año no sólo está traccionada por la suba de tarifas, componente que predominó en 2017, sino también por los “precios núcleo”, que no incluyen los estacionales (como frutas y verduras) ni los regulados (servicios públicos). El IPC núcleo creció 7,6 por ciento en septiembre y acumula un 38,9 por ciento en doce meses. Por su parte, los servicios públicos, al calor de la política de ajuste de subsidios, acumulan en la comparación interanual un incremento del 52,5 por ciento.
El componente más importante de la inflación núcleo es alimentos y bebidas, que además impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia, que definen la evolución de los índices de pobreza e indigencia. Alimentos y bebidas subió 7 por ciento en septiembre, acumula un alza del 35,8 en nueves meses y un 40,4 por ciento en el interanual. Según el Indec, en septiembre los fideos secos subieron un 20,1 por ciento, al igual que las hamburguesas congeladas. El aceite de girasol subió un 17 por ciento, mientras que pan francés, arroz y pollo lo hicieron un 16,7 por ciento mensual. La harina creció un 11,7; la carne picada, un 7,7 por ciento y la leche en polvo entera subió un 8,6 por ciento mensual. En el último año, la harina subió casi un 150 por ciento y los fideos secos, un 74,6 por ciento, según el Indec. El arroz lo hizo en un 55 por ciento; el aceite de girasol, un 70,3 por ciento y el pollo, un 54,6 por ciento.
El rubro que mayor incremento presentó en septiembre fue transporte, con el 10,4 por ciento. Transporte acumula en nueve meses un alza de 47,4 por ciento y de 58,8 por ciento en la comparación interanual. El incremento mensual se explica por la quita de subsidios implementada por el Ministerio de Transporte, que motivó una suba del boleto de colectivo entre un 10 y un 12 por ciento sólo en septiembre, mientras que el tren lo hizo alrededor de un 20 por ciento. La suba del colectivo acumula en el año un 117 por ciento, desde los 6 pesos de enero. Las naftas también subieron a lo largo de septiembre. Tanto transporte público como combustibles volvieron a subir en octubre.
Por otro lado, el capítulo de prendas de vestir y calzado subió un 9,8 por ciento aunque en la comparación interanual todavía está 12 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Similar a la ropa fue la suba de equipamiento y mantenimiento del hogar, ambos afectados por el impacto cambiario en los insumos difundidos utilizados en la producción.
El 6,5 por ciento de inflación del Indec quedó por debajo de varias de las mediciones de las consultoras. Por ejemplo, Elypsis, que dirige el economista oficialista Luciano Cohan, calculó que la suba de precios en septiembre había sido de 7,3 por ciento, mientras que la UMET calculó un avance de 6,7 por ciento. Para Orlando Ferreres, el alza de precios fue del orden del 7 por ciento, aunque Eco Go y Ecolatina midieron una suba del 5,5 y del 6 por ciento, respectivamente. El CESO publicó una suba de 7,7 por ciento.
El capítulo de salud subió en septiembre un 4,5 por ciento empujado por la inflación en medicamentos. Según la entidad Consumidores Libres, la cafiaspirina acumula en el año una suba de 67 por ciento; los remedios para la diabetes, un 57 por ciento y 53 por ciento los de la tiroides. Por otro lado, el rubro de restaurantes y hoteles subió un 5,7 por ciento en septiembre y los servicios públicos de gas, electricidad y agua lo hicieron en un 2,3 por ciento. En octubre comenzó a regir un incremento del gas.
En función de la continuidad en el efecto arrastre del dólar sobre los costos internos, el incremento de la tarifa del gas, transporte público, naftas y prepagas (que subieron un 8 por ciento), entre otras cosas, se espera que la suba de precios de octubre ronde el 4/5 por ciento, con lo cual la inflación en diez meses sería del 38 por ciento. Para la consultora Ecolatina, el IPC cerrará en 47/48 por ciento este año.
Casi un cuarto del ingreso mínimo de los trabajadores se destina a pagar servicios públicos

Las tarifas pisan fuerte el salario

En apenas tres años, Argentina pasó de tener unas de las más bajas a las más altas tarifas de gas, luz, agua y transporte de América latina. La carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo se multiplicó por cuatro.

El peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil se multiplicó cuatro desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Estimaciones realizadas por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda evidencian que las tarifas se llevan el 23,5 por ciento del total del piso legal para los ingresos laborales. Antes del recambio presidencial esa relación alcanzaba apenas al 6 por ciento. Argentina pasó así a ocupar el tercer lugar entre los países sudamericanos con mayor incidencia de las tarifas sobre los salarios mínimos. Solo la superan Venezuela y Chile. Apenas tres años atrás, el país exhibía la incidencia más baja de toda la región.
“La principal línea argumentativa del gobierno para desmantelar el esquema de subsidios vigente entre 2002 y 2015 es que la energía cuesta y hay que pagarla. Si no se tiene un equilibrio fiscal, el rojo se verá traducido en una mayor emisión e inflación”, señala el informe al resumir la argumentación ortodoxa detrás de los tarifazos. “Transcurridos casi tres años de los cambios implementados, el panorama es completamente opuesto a lo que se auguraba”, sostiene el informe de la Undav, al apuntar que los aumentos aceleraron la inflación y resintieron la actividad económica sin ofrecer mejoras significativas en materia de producción de hidrocarburos o expansión de la cobertura. A la política tarifaria se suma el estancamiento en la actualización del salario mínimo.
“Argentina se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo la política tarifaria llevada adelante desde diciembre de 2015 coloco los valores en niveles similares a los de los países con tarifas más caras”, advierte el reporte. El ranking lo encabeza Venezuela donde, según las estimaciones del obervatorio, las tarifas representan el 36,5 por ciento del salario mínimo. La segunda posición la ocupa Chile donde los servicios públicos insumen hasta 24,9 por ciento del piso salarial. La tercera es para Argentina con 23,5 por ciento del SMVM que llegó al podio en menos de tres años y en el cuarto lugar quedó Brasil donde los servicios básicos consumen el 20,6 por ciento. El quinto escalón corresponde a Perú con un 19,5 por ciento y el sexto lugar corresponde a Ecuador la relación entre las tarifas y el ingreso mínimo asciende al 19,2 por ciento. Las estimaciones realizadas por los investigadores de la Undav contemplaron los servicios residenciales de electricidad, gas natural y agua.
“De criticar el gasto populista en subsidios económicos que mejoraba la calidad de vida de la gente, se pasó a naturalizar el pago de intereses que hace el Estado al capital financiero que para el presupuesto 2019 superará los 560.000 millones de pesos”, expresan los investigadores de la Undav, al advertir que “el endeudamiento que generó la creciente carga de intereses no modificó las condiciones ni la capacidad productiva del país, sino que financió la fuga de divisas”. Los economistas del Observatorio de Políticas Públicas estimaron que los aumentos registrados a lo largo de los últimos tres años alcanzaron al 2057 por ciento en gas natural, el 1491 por ciento en energía eléctrica y casi un 1000 por ciento en el servicio de agua potable. En materia de transporte, se observaron ajustes del 677 por ciento en peajes, 375 en el boleto del tren, 332 en colectivos de corta distancia y un 177 por ciento en el pasaje de subte.
“Las empresas obtuvieron tasas de ganancia suculentas en este tiempo, lo que pone de manifiesto la problemática de sostener una política de dolarización de las tarifas de energía para los usuarios sean hogares o empresas. En última instancia lo que termina deteriorándose son las condiciones del mercado interno que debe soportar mayores costos para pagar de sobremanera un recurso que argentina tiene a disposición”, sostiene el documento al reflejar que entre en el primer semestre de 2018 las distribuidoras eléctricas Edesur, Edenor y Edelap incrementaron sus resultados 240, 174 y 674 por ciento, respectivamente.
El Gobierno celebra el 17 de octubre emitiendo más deuda

Lo publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Es por seis meses con una tasa similar a la de los plazos fijos.

El Gobierno emitió 300 millones de pesos más de deuda, que tomará de fondos destinados originalmente para obras de transporte. La medida se conoció este miércoles que se celebra un nuevo Día de la Lealtad peronista.
A través de la resolución conjunta 23/2018, de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno emitió una Letra del Tesoro por $300 millones, a ser suscripta directamente por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
La misma tendrá un plazo de 180 días, a partir del 17 de octubre. Y pagará un interés equivalente a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de treinta (30) a treinta y cinco (35) días de más de un millón de pesos ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos públicos.
Asimismo, El Ministerio de Hacienda realiza hoy una licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, a un plazo de 193 y 377 días.
Según lo dispuesto, se licitarán Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 193 días (30 de abril de 2019) capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4%.
También, Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 377 días (31 de octubre de 2019) capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,35%.
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