Economia - Patria Moreira

Año 6. 2018 .  San Juan.  Argentina.   Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Bono cantado

El Gobierno firmó el decreto que establece un pago obligatorio de 5000 pesos, en dos cuotas, para el sector privado y acordó extenderlo a los estatales nacionales. La CGT se mostró conforme con el bono para compensar el derrumbe salarial producido por la devaluación y la estampida de precios. El Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales seguirán adelante con el paro

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que establece un bono de 5000 pesos con carácter excepcional y obligatorio a trabajadores del sector privado, surgido de un acuerdo con la CGT y cámaras empresarias para paliar la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la alta inflación. La suma no remunerativa, que cobrarán privados bajo convenio, podrá ser pagada en dos cuotas o más –en caso de que la actividad evidencie una situación de crisis–, computarse a cuenta de la reapertura de paritarias de este año y, para aquellos que no trabajan jornada completa, será proporcional a las horas trabajadas. Los ingresos no recibidos por la pérdida de poder adquisitivo este año, es decir, la diferencia entre la inflación y lo que subieron los salarios, se ubica entre 25.000 y 50.000 pesos según el sector que se analice. Tan inocuo como el bono, el decreto establece también la formalidad de exigirle a las empresas “notificar” al Ministerio de Producción y Trabajo la decisión de realizar despidos con diez días de anticipación, medida que regirá hasta el 31 de marzo. Esta obligación no rige para la construcción. El decreto no alcanza a los trabajadores del sector público nacional, aunque el Gobierno acordó con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) incorporar el bono a la reapertura de su paritaria (ver aparte). Los trabajadores públicos provinciales y municipales, los empleados agrarios y de casas particulares quedaron fuera de la compensación.
El Gobierno acordó la propuesta con la CGT para desactivar la amenaza de un nuevo paro general, previsto para la segunda quincena del mes, y puso a sus funcionarios a trabajar en un bono que con el pasar de los días se fue devaluando cada vez más. El primer anuncio, sin más precisiones que el monto de 5000 pesos, fue suficiente para abortar la medida de fuerza. Desde el sector empresario, de todos modos, pusieron el grito en el cielo por la imposibilidad de pequeñas y medianas empresas de afrontar la reparación. La tarea oficial se enfocó en diluir técnicamente el acuerdo sin reactivar el descontento cegetista.
En el primer artículo del decreto se establece una asignación no remunerativa “que ascenderá a la suma de 5000 pesos” y que se pagará en dos cuotas: la mitad con el haber de noviembre y el resto con el de enero. Sin embargo, en el tercer artículo se aclara que “podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos (hasta completar los 5000 pesos) para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. No se establece cuál será el criterio para definir esta condición que parecen compartir casi todas las ramas productivas. Otra salvedad es que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional –es decir, no se trabaja jornada completa–, la asignación será “en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo”.
En el caso de que se hayan reabierto paritarias, se podrá computar el bono como parte de la mejora: “Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán establecer que las sumas referidas en el artículo 1 se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”. Se refiere a los aumentos ya acordados o los que se negocien a futuro por la reapertura de paritarias de este año. La incorporación de los 5000 pesos como parte de la mejora salarial adquirirá carácter remunerativo, aclara el decreto.
La medida dispone además “un procedimiento” por el cual los empleadores, antes de aplicar despidos sin justa causa en contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días de antelación. La medida regirá hasta el 31 de marzo. “El ministerio, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”, detalla el artículo siete del decreto. En el último capítulo se exceptúa del “mecanismo” para evitar despidos a personal de la construcción, uno de los sectores más castigados y con mayor nivel de caída de puestos de trabajo.
Tanto desde la CGT “amigable” como desde el Gobierno pretendieron mostrar este acuerdo como equilibrado y repitieron la idea de que “nadie quedó contento del todo” con el resultado final. Se supone que en toda negociación las partes ceden y, por eso, nadie queda conforme absolutamente. Pero en este caso no hay conformidades porque la solución no equilibra la situación de los trabajadores y para algunas empresas es imposible de afrontar. En el medio, la tarea oficial se enfocó en diluir el impacto del acuerdo sin reactivar el descontento cegetista. Esa labor quedó plasmada en el decreto que se publicará hoy en el Boletín Oficial, luego de que Macri lo firmara ayer, según confirmaron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Paritarias y bono, abajo de la inflación

(Des)arreglo en el Estado

Los estatales también tendrán su bono y un adicional que se abonará en dos veces a partir del año próximo. Según acordaron el Gobierno y el gremio de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los trabajadores del sector público tendrán una recomposición salarial de 5 por ciento con el haber de enero y otro 5 por ciento con febrero y a fin de este año recibirán el plus de 5000 pesos con el aguinaldo de diciembre. El acuerdo fue rubricado por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular del UPCN, Andrés Rodríguez (foto). También se acordó normalizar las escalas salariales en todos los escalafones para los 140.000 trabajadores estatales. Se trata de la tercera reapertura de paritarias del sector en el año y aún así también perdió contra la inflación.
En un escenario de aceleración de precios por la corrida cambiaria, el personal público, como otros gremios, reabrió la discusión salarial. La primera paritaria de los estatales enrolados en UPCN comenzó a regir en junio, con un bono de 2000 pesos ese mes y un aumento del 15 por ciento, otro 3 por ciento en julio, 6 por ciento en agosto y 3 por ciento en septiembre. La reapertura (o gatillo) estaba prevista para marzo del año próximo. Tras el salto devaluatorio de mitad de año, se reabrió la paritaria a finales de agosto con dos bonos, uno de 2000 pesos que se cobró en octubre y otro de 4000 el mes pasado, y se combinó un aumento de 15 por ciento en el ítem de presentismo. Pese esto, la pérdida del poder adquisitivo en el año fue de 14,4 por ciento, lo que traducido en pesos para compensar la diferencia acumula un rojo de 51.733 pesos, según la estimación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En ese momento, se había acordado que las partes volvieran a reunirse en febrero para revisar la posibilidad de nuevos aumentos.
En esta tercera reapertura de la paritaria se sumó un bono de 5000 pesos y un aumento salarial para compensar una parte de la licuación salarial. Para los estatales de UPCN el bono es remunerativo pero no bonificable. Esto implica que el monto se computa para los aportes de Seguridad Social pero no se toma en cuenta para actualizar la antigüedad o el pago del aguinaldo, informaron desde el la jefatura de Gabinete. Otra diferencia con los privados es que el bono se pagará en una sola cuota en diciembre. Junto al bono, el gremio y el Gobierno acordaron un aumento de 5 por ciento con el haber de enero, que se pagará en febrero, y otro 5 por ciento en febrero, que se pagará en marzo.
Diez motivos para marchar este miércoles contra el Presupuesto 2019

El Presupuesto 2019 condensa el ajuste del gobierno y el FMI, en acuerdo con los gobernadores, contra trabajadores, mujeres y jóvenes. Las conducciones sindicales a pesar de las críticas, casi en su totalidad estarán ausentes en el reclamo en las calles.

La lucha contra la reforma previsional, la pelea por el derecho al aborto y la lucha estudiantil movilizaron a miles en todo el país por demandas específicas. Este miércoles esa enorme fuerza que se vio en las calles a lo largo de todo el 2018 podría haber confluido en el Congreso. Sin embargo, las direcciones sindicales -tanto semioficialistas como semiopositoras- lo impedirán. Se convertirán así en cómplices del ajuste que implica el Presupuesto 2019. Un presupuesto acordado entre gobernadores peronistas y macrismo, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto de ajuste que empuja a una nueva crisis social a millones de trabajadores y trabajadoras.
Aunque en la dirigencia sindical sobran las palabras contra el ajuste y el ataque al nivel de vida de la población, no hay ningún llamado a acciones verdaderamente contundentes que puedan derrotar esta política de ajuste. Aunque las CTA convocan a movilizar y habrá paro en gremios como ATE, eso está muy lejos de las medidas de lucha que se necesitan para enfrentar el acuerdo entre Macri, el FMI y los gobernadores. Sin ir más lejos, el gremio más numeroso de la CTA-Yasky, CTERA, que nuclea a cientos de miles de docentes, no llama a parar.
Este miércoles el sindicalismo combativo estará en las calles, como ocurrió a lo largo del año. El Frente de Izquierda marchará y llama a movilizar. Esa fuerza es la que, dentro del recinto se opuso claramente al Presupuesto. Es la misma que también estuvo en la calle con fuerza el pasado 24/10, cuando la ley se trató en Diputados.
Sobran los motivos para movilizarse. El Presupuesto es un claro ataque al conjunto de los intereses obreros y populares, en interés del gran capital financiero. Aquí planteamos diez motivos para rechazar este presupuesto.
1) El FMI digita la economía. El préstamo del organismo que se amplió a U$S 57.610 millones sólo tiene como destino garantizar el pago de la deuda a los especuladores, y ni siquiera se está seguro de que alcance. Mientras tanto, se exige un recorte del presupuesto de $ 360 mil millones (los ingresos aumentan 43% mientras los gastos lo hacen 24%) que recae sobre las espaldas de los trabajadores. Este ajuste en los ingresos y gastos del Estado vino acompañado de una fuerte devaluación, una caída del salario real que llegará a 20 puntos en diciembre, fuertes tarifazos, un congenlamiento del crédito con tasas de interés altísimas y un parate a la actividad que ya está implicando menores puestos de trabajo. El FMI tiene su oficina en el Banco Central desde donde digita el rumbo a seguir por Guido Sandleris y también por el alumno diez Nicolás Dujovne.
2) Recorte en Educación:Tomando la inflación, caen 10 % los fondos para Educación y Cultura. Esto implica 77 % menos para infraestructura escolar, 39 % menos para formación docente, 35 % menos en becas para estudiantes. Para la universidad pública es un ajuste de un 18 % acumulado entre 2018 y 2019. En Ciencia y Técnica el recorte es de 5,3 % real.
3) Recorte en salud: La Salud es otra de las grandes perdedoras con el nuevo presupuesto. La partida destinada a ese fin sufre un recorte de 4 % en términos reales (comparado con la inflación de 34,8 %). Los fondos para 5 hospitales nacionales que tratan enfermedades complejas caen un 17 %. Las erogaciones destinadas a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, sufrirá un recorte del 42,5 % y la Dirección de Promoción de la Salud y control de Enfermedades No transmisibles tendrá un recorte en términos reales del 35,8 % de los recursos.
4) Recorte a los jubilados, los niños y los niñas y liquidación del FGS: El gobierno prevé avanzar con la liquidación de los fondos de la Anses al ritmo de 0,4 % del PBI por año, tal como acordó con el FMI. Así también, recorta 11 % los recursos reales destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH), limita el otorgamiento de la ya muy baja Pensión Universal para el Adulto Mayor (que es el 80 % de la jubilación mínima) en función de "características socioeconómicas", y avanza en poner restricciones al plus de haberes y asignaciones por zona Austral.
5) Más tarifazos: Los subsidios a los servicios públicos se reducen un 31 %. Como se garantiza que las empresas privatizadas no pierden, eso se traducirá en aumentos de tarifas. Recortes en vivienda: caen 17 % los fondos reales para el gasto en Vivienda y se reducen las transferencias de capital para obras de infraestructura.

6) Recorte a las mujeres y diversidades: Se reducen un 18 % los recursos reales para el Instituto Nacional de las Mujeres y un 55 % en el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. De conjunto sólo el 0,13 % del presupuesto total irán al financiamiento de programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual, equivale a menos del 1 % de todo lo que se va a destinar a intereses de deuda a especuladores.
7) Recorte sobre trabajadores estatales: Se congela el ingreso de trabajadores al Estado y se establece un recorte de los salarios en términos reales, que ya cayeron 18 % desde 2015.
8) Cada vez se paga más deuda: Pero mientras inducen este ajuste sobre el pueblo trabajador, $600.000 millones se destinan al pago de deuda pública. La partida destinada al pago de intereses de la deuda es el rubro que más aumenta: 49 % (y 10,4 % en términos reales).
Este dinero equivale a 4 veces el gasto anual en Salud; 2,6 veces el de Educación; 13 veces el de Ciencia y Técnica; el 38 % del gasto en jubilaciones y pensiones y 21 veces el de Vivienda. A su vez, con ese monto se podrían construir 50 mil jardines de infantes o 10 mil escuelas o 500 hospitales.
9) En las provincias los gobernadores también pactaron el ajuste: El gobierno nacional estableció un acuerdo con 18 de los 24 goberandores, expresado en la adenda al Consenso Fiscal. Como parte de ese acuerdo, el Presupuesto incluye un fondo de $ 6.500 millones para compensar a las provincias al traspasarle los subsidios al transporte, a cambio de mayores beneficios a empresas con recortes impositivos y ajustes en los gastos provinciales.
10) Se profundizan los desequilibrios y crece la deuda: Mientras se pagan cada vez más intereses de deuda, la deuda pública no para de crecer. Algunas consultoras estiman que llegará a más de 90 % del PBI a fin de año. A esto hay que sumarle la deuda "cuasifiscal" del Banco Central, implementada para sostener una equilibrio ficticio con el dólar.
Pero además, el Presupuesto 2019 establece que las necesidades financieras brutas hacia 2019 son de U$S 38.900 millones, de los cuales faltaban cubrir U$S 22.600 millones. El nuevo acuerdo con el FMI, incluidos los mayores desembolsos, alcanza sólo para la mitad. Los técnicos del Fondo consideran que "la deuda es sostenible, pero no con una probabilidad alta". Esto indica que irán a la caza de exprimir más al pueblo trabajador para pagar la deuda con la última gota de sudor.
La CGT, conforme con el bono que rechazaron los sectores combativos

Gremios con diferentes reacciones

Sin pronunciamiento oficial, desde la central obrera dejaron trascender su conformidad con el bono al que se sumaron los estatales. Desde el Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales anunciaron que seguirán adelante con el paro.

El Gobierno extiende el “bono” findeañero en cuotas a estatales y fuerzas de seguridad. La CGT parece conforme por haberle arrancado “algo” a la administración macrista a cambio de “paz social” y así “levantar” la amenaza de una nueva huelga general. Pero el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), junto a las otras centrales sindicales (las CTA Autónoma y de los Trabajadores) y movimiento sociales consideran que el bono es un mero paliativo que no cubre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales, que deja afuera a jubilados, organismos estatales descentralizados –como INTA y Anses–, y a los trabajadores informales que representan un 40 por ciento de la población económicamente activa, en medio de la incertidumbre anunciada de las pymes para afrontar el pago. Los sectores gremiales más duros buscan confluir en un paro durante este mes al margen de la dirigencia cegetista, mientras ambas CTA se movilizarán mañana frente al Congreso en contra del Presupuesto de ajuste del FMI, para volver a coincidir en la calles con el Frente que encabeza Hugo Moyano el 30 de noviembre en medio de la cumbre del G-20 en Buenos Aires.
Aunque sin pronunciamiento oficial, en la CGT se muestran conformes con el bono y por ahora lograron alinear a los gremios que todavía responden al binomio de conducción. Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio) encabezaron las negociaciones con el Gobierno y ofrecieron como moneda de cambio desactivar otro paro general, del que no estaban convencidos de llevar adelante.
El beneplácito que expresaron de los estratégicos gremios de la UTA y la UF con el bono, colaboró con despejar las intenciones de parar que esgrimían otros sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). El acuerdo al que arribó ayer UPCN, que recibirá el bono de 5000 pesos en diciembre y un adicional del 10 por ciento (5 en enero y 5 en febrero) a la partidaria anual del 15 por ciento que habían sellado el gremio en sintonía con las viejas aspiraciones del Gobierno, aplacó el descontento de los estatales que en principio quedaban marginados.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se garantizó el disciplinamiento de sus subordinados en la previa de dos manifestaciones contra la política económica del Gobierno que se realizarán una mañana frente al Congreso y la otra el 30, en medio de la cumbre del G20. Las cuatro fuerzas que dependen de su cartera (Policía Federal, la Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura) recibirán el bono y un aumento adicional similar al de los estatales.
Pero un sector importante de los gremios cegetistas y las dos CTA consideran insuficiente el bono, al que bautizaron como apenas un “paliativo”. Desde la FSMN, que encabeza el sindicato de Camioneros conducido por Hugo y Pablo Moyano, Arnaldo Pignanelli (Smata) y Sergio Palazzo (Bancarios) junto a otros 60 gremios, señalaron a PáginaI12 que “los 14 o 15 puntos que le llevamos al Consejo Directivo de la CGT eran mucho más extensos y amplios que un bono adicional que deja afuera a jubilados y organismos descentralizados del Estado”. “Nosotros planteamos la reapertura total de las paritarias y frenar los despidos”, agregaron.
“Mañana (por hoy) vamos a reunirnos con los senadores de la oposición para manifestarle, como lo hicimos en Diputados, la postura del FSMN en contra del Presupuesto de ajuste impuesto por el FMI. Por el cambio de modelo económico, en contra de la inflación y por frenar los despidos, que es crucial”, dijo el canillita Omar Plaini a PáginaI12.
“El bono es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo del salario, tras la devaluación y con paritarias por debajo de la inflación, además de no contemplar a todos los trabajadores. No incluye a los jubilados ni al 40 por ciento de los trabajadores no registrados, ni se sabe a que trabajadores estatales alcanza, como tampoco a que sectores productivos privados ya que hay empresarios pymes que dicen que no pueden pagarlo”, añadió el docente bonaerense Roberto Baradel a este diario, quien evaluó que “el bono ni siquiera es un paliativo”.
Baradel igual confirmó que la CTA se movilizará mañana frente al Congreso para manifestar en contra del Presupuesto 2019 del Gobierno, algo que incluye un paro de ATE. Mientras que trabaja en conjunto con la otra CTA y el FSMN en una medida de fuerza conjunta. Aunque el trazo fino de la propuesta de esta central sindical se definirá el 27 de noviembre, en un plenario de secretarios generales que acompañará el recambio de la dirección nacional de la CTA de los Trabajadores. “Igual ya hemos acordado con otras centrales sindicales que nos movilizaremos en contra de la política neoliberal del Gobierno durante la cumbre del G20”, completó Baradel.
“El bono termina escondiendo la precarización salarial que estamos atravesando y la paritaria a la baja que firma Andrés Rodríguez (UPCN) con el gobierno de Macri. Nos quieren dar un bono para tratar de darle oxígeno al gobierno y no se trata de eso, se trata de darle oxígeno a los trabajadores”, completó en declaraciones radiales el dirigente de ATE, Daniel Catalano, también de la CTA de los Trabajadores.
Desde la CTA Autónoma se sumaron a los cuestionamientos. “Cualquier plata que se le dé a los trabajadores y trabajadoras en un momento de crisis como la que estamos atravesando sirve”, arrancó su secretario general, Pablo Micheli, pero enseguida marcó que “para recuperar lo perdido en 2018 los trabajadores deberíamos cobrar un bono de 70 mil pesos”.
Micheli también le apuntó a la cúpula de la CGT por las causas que motivaron la negociación y el levantamiento del paro que habían anunciado como parte de un plan de lucha. “Sé que hubo conversaciones entre el Gobierno y la CGT que no fueron públicas, para que no prospera la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas”, dijo, y agregó: “Si en la ley de Etica Pública no aparece el tema de la obligatoriedad (de presentar las declaraciones) es una vergüenza”.
Standard & Poor’s también le bajó la nota a la Argentina

El mercado le da la espalda a Macri

La calificadora de riesgo advirtió sobre la fragilidad de la economía y señaló que "ha habido una erosión del perfil de la deuda". Lo mismo había hecho la semana pasada FitchRatings, otra de las grandes evaluadoras.

El mercado volvió a darle la espalda a Mauricio Macri. Esta vez la mala noticia para el Gobierno llegó de Standard & Poor’s, la calificadora de riesgo que le bajó la nota a la deuda de largo plazo de la Argentina. La decisión va en el mismo sentido que la tomada a mediados de la semana pasada por FitchRatings y da cuenta de la fragilidad de la economía argentina.
La calificación de Standard & Poor’s  para la deuda argentina era hasta hoy B+ con perspectiva estable. La nota ahora pasó a B.
“Ha habido una erosión del perfil de la deuda argentina, de la trayectoria de crecimiento económico y de la dinámica de inflación tras los reveses en la implementación de su desafiante programa de ajuste económico”, enumeró la calificadora de riesgo para justificar su determinación.
Standard & Poor’s no descartó incluso que el escenario económico pueda empeorar todavía más. Al respecto señaló que “podríamos volver a bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si acontecimientos políticos negativos inesperados o la implementación irregular del programa de austeridad económica del Gobierno daña más la confianza de inversionistas, empeorando el acceso del Gobierno al financiamiento de mercado y presionando potencialmente la moneda, lo que afectaría la dinámica de inflación”.
Hace cinco días fue FitchRatings quien le bajó el pultar a Macri. Los economistas de esa firma dedicada a analizar el grado de solvencia de emisores de bonos, ya sean públicos o privados, advirtieron que la economía argentina es mucha más débil que la previamente estimada, además de abrir dudas acerca de la promesa del Gobierno de alcanzar un equilibrio fiscal permanente.
Esa calificadora, que le puso a la deuda argentina la misma nota que ahora le asignó Standard & Poor’s, estimaron que la recesión dificultará el objetivo oficial del Déficit Cero y que ha empezado a influir la elevada incertidumbre electoral.
Dicho en otras palabras, lo que FitchRatings y Standard & Poor’s hacen es adelantarle a grandes fondos de inversión internacional, bancos globales y grandes operadores del mercado que Argentina puede declarar un nuevo default en 2020, cuando se agotará el dinero provisto por el Fondo Monetario Internacional.
EL PLAN ALAS CORTADAS

Macri apuntó contra Aerolíneas Argentinas. Cuestionó los aportes estatales a la línea de bandera y volvió a agitar los fantasmas privatizadores como respuesta a medidas gremiales. Los sindicatos reclaman por convenios incumplidos y acusan al Gobierno de vaciar la empresa para favorecer a las low cost.

“Aerolíneas debe poder volar sin pedirles plata al resto de los argentinos”, aseguró ayer el presidente Mauricio Macri durante la   inauguración de un hotel en Pilar. El mandatario aprovechó el conflicto gremial que enfrenta la línea de bandera con los gremios aeronáuticos por incumplimientos en la actualización de los salarios de los trabajadores (ver aparte) para volver a dar rienda suelta a su inconsciente privatizador. “Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses”, aseguró Macri. La política de cielos abiertos que llevó a cabo el Gobierno bajo el lema de Revolución de los Aviones implicó desfinanciar y descapitalizar –con venta de unidades– al Grupo de Bandera (Aerolíneas y Austral) y facilitar las condiciones para que se establezcan firmas extranjeras que operan en el segmento low cost. Estas empresas se despreocupan por la conectividad del país, que Aerolíneas debe atender cubriendo rutas aunque no sean rentables.
“Ni siquiera quieren privatizarla, lo que buscan que es que quiebre y que el mercado vacante sea ocupado por las empresas con las que ahora compite”, aseguró a PáginaI12 el ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde. “Y ahí están firmas como Flybondi y Norwegian para cuando se vaya Aerolíneas”, se sumó en diálogo con este diario el secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró.   
La existencia de empresas estatales desvela al mandatario tanto como la final de Boca y River. En la previa del balotaje presidencial, Macri sumó en su listado de cosas que “no iba a hacer” –como devaluar, quitar subsidios y acercarse al FMI–, la privatización de las empresas en manos del Estado argentino. “YPF y Aerolíneas seguirán en manos del Estado, pero bien administradas”, aclaró rápido de reflejos cuando el focus group del momento apuntaba a defender esa posición. Pero a los pocos meses de asumir lanzó su primera advertencia, asegurando que los subsidios a la aerolínea equivalían a “dos jardines de infantes por semana”. Ayer dijo que los mil millones de pesos de salarios que representa la empresa “son más de dos metrobuses, que es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos”. No solo no se crearon jardines a ese ritmo, sino que se cerraron escuelas técnicas y se redujo el presupuesto en Educación e Infraestructura para asegurar el pago de intereses de la deuda que tomó el macrismo. El vaciamiento de Aerolíneas nunca se detuvo. “Lo que confiesa es que después de tres años no han podido administrarla bien. En los primeros años de gestión de Cambiemos el precio del combustible les bajó estrepitosamente. Ahora subió pero aún está por debajo de los niveles de 2015”, explicó Recalde.
En momentos en que se debate en el Congreso un presupuesto de ajuste inédito a pedido del Fondo, el presidente Macri aseguró que “no es justo que el 95 por ciento de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione”. En realidad, el porcentaje de utilización de este canal de transporte, el único acceso en el caso de localidades no turísticas, se hace cada vez menor por la crisis económica y la devaluación que llevaron a que el mercado se achique. Hasta junio pasado el sector aerocomercial mantenía una tendencia de crecimiento –aunque descendente– en la cantidad de pasajeros, aunque el ahogo a Aerolíneas se hacía ya evidente. En junio la aerolínea nacional registró una caída interanual de 17 por ciento en la cantidad de pasajeros con destinos internacionales, un 23 por ciento menos en regionales y 5 por ciento menos en vuelos de cabotaje, según cifras de la Empresa de Navegación Aérea Argentina que depende del Ministerio de Transporte. Junio fue el último mes de crecimiento generalizado y desde entonces y por primera vez en diez años comenzó caer el mercado. “Y encima la torta se reparte entre más empresas”, detalla Recalde.
“Aerolíneas Argentinas, producto de la devaluación, del aumento del precio del petróleo, aumentó nuevamente su necesidad de financiamiento”, dijo ayer Macri. Si bien reconoció que los problemas de la línea de bandera son heredados del desaguisado económico de Cambiemos, apuntó contra los reclamos de los trabajadores. “Les pidió a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones, para que la empresa no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento, una utopía para cualquier línea de bandera”, señaló Macri. “No pasa por el costo laboral. Se puede mejorar la rentabilidad y la competitividad, a pesar del ahogo presupuestario y caída en las ventas. Lo que pasó es que decidieron que no crezca al ritmo que lo venía haciendo. Por eso ya anunciaron devolver dos Airbus 340 y todos los Embraer que compramos en su momento para volver a alquilar”, criticó el ex titular de AA. El Gobierno también forzó la sesión de hangares, pistas y hasta Austral fue trasladada de Aeroparque a Ezeiza.
El costo de Aerolíneas Argentinas apenas supera el 1% de la corrida cambiaria de Macri

El Presidente se mostró preocupado por el costo que tiene sostener a la aerolínea de bandera que su gobierno gestiona. Pero no dice lo mismo de otros gastos de los cuales es más responsable.

Mauricio Macri arremetió contra Aerolíneas Argentinas, en medio del paro de pilotos por el no pago de la cláusula gatillo de las paritarias del sector. El Presidente se mostró preocupado por el costo de la empresa estatal que, según afirmó, la usan "solo el 5% de los argentinos" y comparó lo que sale con el costo de construir metrobuses.
"El último mes, Dujovne tuvo que girar mil millones de pesos para el pago de salarios. Esos son más de dos metrobuses, que usan la mayoría de los argentinos", dijo Macri, mientras el ministro de Hacienda y Finanzas asentía con la cabeza.
Sin embargo, el Presidente no reparó en el costo que tienen otras medidas o consecuencias de sus políticas, que superan ampliamente el de una empresa que permite conectar distintos destinos del país. Tierra del Fuego, por ejemplo, solo se puede acceder por vía aérea ya que por tierra hay que entrar y salir del territorio chileno.
Los "mil millones" mensuales de salarios que horrorizaron a Macri equivalen a 12 mil millones anuales, o poco más de 327 millones de dólares. Un número que queda muy chico si se lo compara con, por ejemplo, los poco más de mil millones de dólares que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el Estado dejaría de recaudar en 2018 por la baja de retenciones, antes del impuesto de emergencia que dispuso el Gobierno en medio de la corrida.
Los 12 mil millones de pesos que costaría Aerolíneas también quedan muy chicos contra los 100 mil millones de pesos que le recortaron a la ANSES, los jubilados, por la reforma previsional. Esto equivale, al tipo de cambio actual, a unos U$S2,7 mil millones al año menos.
Inclusive, lo que el Estado gasta por mes en Aerolíneas es lo que hoy tiene que destinar por día al pago de intereses de Leliq, el instrumento de corto plazo que paga una altísima tasa de interés para frenar la disparada del dólar.
Y esta misma disparada de la divisa le costó a las reservas del Banco Central poco más de 28 mil millones de dólares en el año, si se descuentan los dos préstamos del FMI, cuyo último programa totaliza unos U$S56.300 millones hasta 2021.
La divisa subió a 36,72 pesos
Más dólar, menos tasa

Después del feriado bancario, el dólar cerró ayer con una suba de 12 centavos, a 36,72 pesos, en un contexto favorable en los mercados internacionales después de las elecciones en Estados Unidos. La lectura de los inversores en ese país fue que el resultado de equilibrio parlamentario permite apostar a instrumentos financieros de mayor riesgo con algo más de margen. Los índices bursátiles de Wall Street terminaron con mejoras del 2 por ciento en el Dow Jones y del 2,4 en el Nasdaq. Ese buen clima se replicó en la Bolsa porteña con una suba del 1,4 por ciento, en tanto que los bonos argentinos operaron con mayoría de alzas y el riesgo país descendió a 599 puntos básicos. El Banco Central aprovechó la situación para producir otra baja de la tasa de interés de las Leliq, que quedó en su menor nivel en cinco semanas.
Las reservas de la autoridad monetaria dieron la nota con una caída de 581 millones de dólares por el pago de intereses del Bonar 2014. El stock retrocedió a 53.486 millones. Pero el Central celebró que por tercera rueda consecutiva pudo bajar la tasa de las Leliq a 7 días, cuyo corte promedio se ubicó en 67,43 por ciento anual, por debajo del 68,19 previo. En la licitación, el BCRA adjudicó 167.158 millones de pesos, contra vencimientos por 263.933 millones, ya que se sumaron las transacciones de una semana atrás con los vencimientos del día anterior, cuando hubo feriado bancario.
En consecuencia, se liberaron al mercado unos 97.000 millones de pesos, por lo cual los inversores no descartan que hoy se pueda producir alguna reacción con el valor del dólar. En el mercado mayorista, la divisa tocó ayer un máximo de 35,90 pesos, 30 centavos más que el lunes, pero terminó con un tibio avance de apenas dos centavos, a 35,67 pesos.
Llega una misión del FMI a la Argentina para seguir de cerca al Gobierno de Macri

La misión es encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, luego del segundo acuerdo por 56.300 millones de dólares.

Un equipo del FMI llega este jueves la Argentina para seguir de cerca el funcionamiento de la economía y las cuentas fiscales tras acordar la ampliación del crédito Stand-By con el Gobierno de Mauricio Macri, hasta los 56.300 millones de dólares.
La misión visita el país en medio de la discusión por el Presupuesto 2019, que quedó en condiciones de ser votado el 14 de noviembre. De ese modo, el Gobierno espera mostrar avances en materia fiscal y el sobrecumplimiento de la base monetaria por parte del Banco Central.
El Presupuesto fue hecho a la medida de los reclamos del FMI, con déficit primario cero para 2019 y un fuerte recorte en la obra pública y en el empleo estatal.
La misión del Fondo es liderada por Roberto Cardarelli, el encargado de supervisar el caso de la Argentina. Según había anticipado el FMI en un comunicado, los técnicos se reunirán "con funcionarios del Gobierno y Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil".
La próxima revisión del Fondo tendrá lugar en diciembre próximo, de acuerdo con lo estipulado.
Retroceso del 4,2 por ciento de la construcción en septiembre

La destrucción de la economía

La caída de la obra pública y el escaso entusiasmo para la inversión privada frente a la alternativa de las tasas vienen reflejándose en un acelerado retroceso en el sector de la construcción, según cifras oficiales.

La construcción anotó un retroceso de 4,2 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Así lo informó ayer el Indec. Se trata de la caída más importante en lo que va de este año y la más elevada desde febrero de 2017, cuando había marcado un retroceso de 5,6 por ciento. La venta de insumos para el sector de la construcción marcó un retroceso de hasta casi 14 por ciento. El empleo del sector bajó en 13 mil personas respecto del mes anterior.
La devaluación y el aumento de los costos son dos elementos que frenan las decisiones de edificación del sector privado. A esto se suma la apuesta del sector público de ajustar el desequilibrio fiscal, lo que provoca el freno de la obra pública. El combo es recesivo y el sector de la construcción lo empezó a sentir en la segunda parte de este año. En los primeros meses de 2018 se llegaron a registrar incrementos de la actividad del 19,3 por ciento, que ahora se transformaron en caídas del 4,2. La construcción es un sector pro cíclico, lo que implica que si la economía crece este sector crece aún más, pero si el PBI cae, el sector se reduce todavía más.
El despacho de insumos para la construcción registró importantes pérdidas interanuales en septiembre. El rubro de cales bajó un 13,8 por ciento, mientras que el de cemento Portland anotó una merma de 10,6 por ciento, el de pinturas para la construcción del 7,4 y el de pisos y revestimientos cerámicos 5,4. Otros bloques con importantes retrocesos fueron ladrillos huecos (-9,4 por ciento), asfalto (-1,9), artículos sanitarios de cerámica (-3,5), placas de yeso (-1,1) y hierros redondos y aceros para la construcción (-1,0). En contraste, se destacó el avance de yeso (12,7 por ciento) y del rubro que agrupa grifería, tubos de acero sin costura y vidrio (11,3).
En lo que refiere a los puestos de trabajo del sector, se registraron en agosto 441.134 personas en actividad, cuando había 454.170 el mes anterior. Esto indica que hubo una pérdida de 13.036 empleados. En la comparación interanual, se precisó que en agosto de 2017 había 441.120 trabajadores, una cifra casi idéntica al a de este año.
El Indec realiza una encuesta para conocer cuáles son las perspectivas de los referentes del sector. El resultado del último informe fue poco optimista para los próximos meses, en los que se espera mayor caída para la actividad. Sólo el 7,3 por ciento de las empresas respondió que esperan entre octubre y diciembre un mayor dinamismo en la construcción privada. La cifra alcanza sólo al 1,5 por ciento para los encuestados a los que se les preguntó si esperan aumentos de obra pública. El 70 por ciento de los referentes cree que en los próximos meses seguirá en baja.
Los empresarios evaluaron diferentes factores para explicar las perspectivas negativas. En el caso de la obra privada, aseguraron que los principales elementos que frenan el sector son la caída de la actividad económica (PBI), la inestabilidad de los precios, el atraso en la cadena de pagos y la falta de crédito. Los empresarios pidieron en la encuesta reforzar las políticas públicas destinadas a la estabilidad de los precios y a los créditos para la construcción.
La preocupación de los empresarios es clara. Los datos macroeconómicos no ayudan a tomar decisiones de inversión para estimular el sector. Este año la inflación será la más elevada de los últimos 25 años, mientras que el aumento de la cotización del dólar supera el 100 por ciento, lo cual distorsiona los precios relativos. Las medidas aplicadas para intentar frenar la corrida cambiaria fueron una fuerte suba de la tasa de interés de referencia, que se ubica en torno del 68, lo cual vuelve difícil el acceso a los préstamos para construir y para comprar vivienda.
Empleo y producción industrial, en caída

“La crisis se agudiza”

De acuerdo a los datos relevados por la Encuesta de Expectativas correspondiente al tercer trimestre de 2018 realizada por la organización Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, “la agudización de la crisis económica está impactando decididamente en el entramado productivo nacional, poniendo en riesgo la producción local y el empleo”. Señala la entidad en su informe que el 88 por ciento de los encuestados –en general, pequeños y medianos empresarios industriales– afirmó que su desempeño, en términos de ventas, fue malo o regular durante el período en estudio. El dato es concordante con el bajo uso de la capacidad instalada.
Las respuestas recogidas por la entidad indican que 7 de cada 10 empresarios consultados aseguraron que la utilización de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 60 por ciento. “Este fenómeno se encuentra en sintonía con lo reflejado en las estadísticas oficiales: en el mes de agosto, la utilización de la capacidad instalada, de acuerdo al Indec, se ubicó en el 63 por ciento”.
Este cuadro de situación tuvo su correlato con los resultados de la encuesta en materia de ocupación. “Los datos respecto del empleo resultan alarmantes”, señala el informe de Empresarios Nacionales. El 76 por ciento de los encuestados respondió que no había incorporado nuevos trabajadores en el tercer trimestre del año, mientras que suma un 83 por ciento la proporción de los que no piensan ampliar su nómina en el último trimestre del año. En tanto que el 55 por ciento, es decir más de la mitad, redujo las horas extra de trabajo y el 15 por ciento admitió haber suspendido personal en el tercer trimestre.
Tampoco hay expectativas de que los actuales males sean pasajeros. La crisis del sector industrial, en la visión de sus propios protagonistas, es algo más serio que una tormenta. El 81 por ciento de los empresarios que respondió a la encuesta espera que la situación económica durante el resto del año siga “Mal” o “Muy mal”. El 63 por ciento, en tanto, considera que la depresión “no podrá ser revertida durante el próximo año”.
La producción fabril se derrumbó 11,5 por ciento en septiembre, el mayor descenso en dieciséis años

Barrido y limpieza

El ajuste oficial arrasa con la producción industrial, que se derrumbó en septiembre un 11,5 por ciento, la peor caída en 16 años. Los textiles, ligados al mercado interno, encabezan la debacle con una baja del 24,6 por ciento.

La actividad industrial anotó un derrumbe histórico del 11,5 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Se trata de la mayor caída interanual desde julio de 2002, cuando hubo un retroceso del 12,2 por ciento. En lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,1 por ciento respecto de igual período de 2017. Los datos fueron informados ayer por el Indec y entregan un panorama más negativo de lo que había estimado el equipo económico. El FMI proyecta que este año la economía caerá 2,8 por ciento, en tanto que en 2019 la contracción será del 1,7 por ciento. En el documento oficial se precisó que los sectores fabriles más afectados por la crisis económica fueron el textil, caucho y plástico, sustancias y productos químicos y refinación de petróleo, entre otros. Las perspectivas de las empresas no son optimistas. Una cada tres espera reducir personal antes de diciembre.
El desequilibrio de la economía afecta fuertemente a todos los sectores de la actividad. La rama manufacturera es una de las más comprometidas. La pérdida de producción de los distintos rubros fue notable. El sector textil que produce esencialmente para la demanda interna computó en septiembre una pérdida inédita del 24,6 por ciento interanual, con una baja de 10,5 por ciento en nueve meses contra igual lapso de 2017. El bloque de hilados de algodón se contrajo en septiembre 18,7 por ciento, mientras que el de tejidos lo hizo en 29,1 por ciento. Otro sector mercado internista como edición e impresión bajó un 21,6 por ciento, al tiempo que la industria del tabaco cayó un 15,8, papel y cartón bajó 8 por ciento, y refinación del petróleo, el 11.
La caída del sector alimentos también fue importante. Se anotó un retroceso del 3,2 por ciento. El bloque de azúcar y productos de confitería marcó una baja de 10,6 por ciento, en tanto que molienda y cereales cayó 8,8 por ciento; bebidas, -8,6, y carnes blancas, -0,5. En contraste, se anotó un incremento del 1,2 por ciento en carnes rojas, del 5,5 por ciento en lácteos y del 6,6 por ciento en yerba mate.
El rubro de caucho y plásticos, que tiene un fuerte encadenamiento con la producción automotriz, marcó una contracción del 20,4 por ciento. En el sub rubro neumáticos la baja alcanzó a 16,3 por ciento y en manufacturas de plástico, a 21,3. En el complejo de autos la disminución fue de 15,7 por ciento. En el sector automotor se registran pérdidas por las menores ventas en el mercado local, en tanto que la leve mejora en las exportaciones a Brasil no alcanzan a compensar la evolución de la demanda interna. La devaluación y las elevadas tasas de interés en pesos son elementos claves para explicar el deterioro del sector. En octubre, la cámara de terminales automotrices, Adefa, adelantó que la producción cayó 11,8 por ciento.
La metalmecánica, excluida la industria automotriz, anotó una disminución del 20,5 por ciento y fue una de las ramas con mayores retrocesos el mes pasado. El sector de minerales no metálicos, en tanto, computó bajas del 3 por ciento, en donde sobresalió la caída de 7 por ciento de vidrio, de 3,2 de cemento y 1,8 de otros materiales para la construcción. El parate de la edificación privada y pública fue una clave para explicar el retroceso de esta rama (ver aparte).
En cuanto al sector de sustancias químicas, la pérdida se ubicó en el 4,7 por ciento. Hubo una baja de 8 por ciento en el bloque de productos químicos básicos, de 17,5 por ciento en detergentes, jabones y productos personales, de 56,9 por ciento en fibras sintéticas y artificiales (que se utilizan para la industria textil) y 6,5 en materias primas plásticas.
El indicador de actividad industrial del Indec se compone por 12 ramas. Se registraron pérdidas de producción en 11 y la única con aumentos fue metálicas básicas (2,7 por ciento), que estuvo impulsada por el incremento del 2,8 por ciento del acero crudo y del 2,0 por ciento del aluminio primario. En ambos casos las subas se originan en la mayor colocación de productos en mercados externos, aunque disminuyen las ventas al mercado interno, explica el informe del Indec.
Las caídas de la industria arrancaron a partir de mayo. Ese mes el retroceso había sido de 1,2 por ciento interanual, mientras que en junio fue de 8,1 por ciento, en julio de 5,7 por ciento, en agosto de 5,6 y en septiembre se alcanzó el pico de caída con 11,5. Para los referentes de la actividad la situación es crítica y no se muestran optimistas. El Indec realiza una encuesta sobre las perspectivas de los empresarios para los próximos meses. El 60,7 por ciento de las empresas espera una baja de la demanda en el último trimestre de 2018, mientras que 54,7 por ciento de las firmas no cree que aumente el ritmo de sus ventas de exportación. Esto lleva a las empresas a limitar sus planes de inversión porque no esperan consumo que les justifique ampliar la producción.
La encuesta de perspectivas del Indec deja en claros otros problemas estructurales. El principal está puesto en el mercado de trabajo. Una de cada tres firmas espera reducir su dotación de personal en el último trimestre de 2018. Los despidos y cierres de establecimientos productivos son una noticia corriente semana a semana. En agosto, según datos de la Secretaría de Trabajo, se perdieron 4200 puestos fabriles, en tanto que en ocho meses del año la contracción fue de 33.100 empleos industriales y desde que asumió Mauricio Macri, de 98.200.
En medio de la crisis, los lecheros van al paro por paritarias

Atilra reclama una recomposición acorde con la inflación, mientras que las cámaras empresariales ofrecen un 32%.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció un paro para este jueves a causa de la falta de acuerdo en la negociación paritaria.
El gremio lechero exige que las empresas reconozcan la inflación total de 2018 y no solamente la de septiembre, y como protesta además se abstendrán de trabajar horas extras y feriados.
En tanto, el Consejo Directivo Nacional del sindicato explicó que la decisión se debe a que las cámaras empresarias "expresaron la intención de reconocer únicamente la inflación del mes de septiembre de este año, que el Indec marca en el 32,4%".
"Es decir, que están ofreciendo un adicional del 17,4% al 15% que nos habían ofrecido en el primer acuerdo, que serían pagaderos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre", se dijo.
El comunicado de Atilra señaló que "la propuesta no es suficiente", porque previamente "se había acordado reconocer en la renegociación la inflación total de 2018".
Ante esta situación, el sindicato decidió seguir desarrollando las tareas laborales "exclusivamente como lo marca el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, absteniéndose de trabajar los francos semanales, ya sea sábado, domingo o feriados, correspondientes al diagramado, como así también la abstención total de trabajar horas extras y/o feriados y generar una retención del débito laboral por 24 horas el próximo 8 de noviembre".
Los jubilados, en su peor momento: el ajuste de Cambiemos les destruyó los ingresos

Con las proyecciones de inflación para este año, el poder adquisitivo podría caer un 19%.

La crisis económica golpeó de lleno al bolsillo de los jubilados desde que Mauricio Macri asumió la presidencia hace tres años. Sin embargo, este año mostrará la peor contracción: si se compara los haberes jubilatorios contra la inflación estimada para 2018, el poder adquisitivo caerá 19%.
A inicios de 2015, un informe del Banco Mundial destacó que Argentina brindaba la jubilación mínima más alta de América Latina, la cual equivalía a U$S 442. Sin embargo, en los últimos tres años la situación empeoró claramente.
En 2016, las jubilaciones perdieron por nueve puntos frente a la inflación, mientras que el año pasado se registró una leve recuperación de tres puntos. A pesar de eso, con una proyección de inflación que ronda 47%, en 2018 los haberes jubilatorios podrían perder hasta por el 19%.
La crisis ya se reflejó en estadísticas internacionales: El índice global de pensiones de Melbourne, de la consultora Mercer, compara 30 países con más de 40 indicadores para medir su adecuación, sustentabilidad e integridad. Argentina se ubicó en el último lugar, con 38,8 puntos; muy por detrás de sus vecinos de la región, como Chile (con 67,3 puntos), Colombia (con 61,7 puntos), Brasil (con 54,8 puntos).


Sociedad Rural: "El campo está en alerta, no apoyamos al gobierno de antemano"

Daniel Pelegrina afirmó a El Destape Radio que "las retenciones han sido un paso atrás".

El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, advirtió que "el campo está en alerta porque no resiste más impuestos" en relación al gravamen inmobiliario impulsado desde la provincia de Buenos Aires, al tiempo que exigió: "Las provincias y los municipios deben hacer un ajuste para equilibrar el déficit fiscal".
”No apoyamos al gobierno nacional de antemano"
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Pelegrina subrayó que "las retenciones han sido un paso atrás del gobierno y el incremento en la presión fiscal no nos satisface", y exigió un recorte por parte del Estado. "Las provincias y municipios tienen que hacer un ajuste para mejorar el índice del déficit fiscal", reclamó el dirigente agropecuario.
Además, criticó la política monetaria del Gobierno nacional: "Con este tipo de cambio atrasado las economías regionales no pueden funcionar". En este sentido, remarcó que "las altísimas tasas de interés son un problema, no se pueden hacer inversiones y los productores se paralizan".
Por último, Pelegrina se distanció del Gobierno de cara a las elecciones 2019: ”No apoyamos al gobierno nacional de antemano, vamos a hablar con todos los candidatos a ver que mirada tienen sobre el campo".
Los pagos de intereses al FMI en 2019 son 4,5 veces superiores al plan de vacunación

Las vacunas van al Fondo

La carga de intereses que genera el crédito del FMI es mayor a los fondos presupuestados para vacunas, becas estudiantiles y equipamiento escolar. Los pagos al organismo crecen de manera exponencial durante el próximo gobierno.

El Estado nacional destinará el año que viene como pago de intereses sólo al FMI –es decir, sin contar el resto de los intereses de deuda– 4,5 veces el presupuesto dirigido al plan de vacunación y 5,6 veces el destinado a las becas estudiantiles. Esa inversión del orden de prioridades del gasto público se explica por el incremento del peso de la deuda externa sobre el PBI gracias al acuerdo del Gobierno con el organismo internacional, desde el 27,9 por ciento como ratio deuda/PBI en 2015 al 57,2 por ciento en 2018 y el 60,6 por ciento en 2019. La enorme carga de intereses de deuda no sólo implica una sangría de recursos fiscales que afecta a otras partidas como educación, presupuesto, vivienda y obra públicas sino que también requiere una disponibilidad de divisas que obligará al próximo gobierno a negociar la refinanciación de los créditos con el Fondo. La pasada herencia será, entre otras cosas, tener que devolver unos 45 mil millones de dólares de deuda contraída por la administración Cambiemos, calculó la Universidad de Avellaneda (Undav).
El acuerdo con el FMI consiste en un crédito de 57 mil millones de dólares. El gobierno de Macri concentra casi la totalidad de los desembolsos del organismo, pero en cambio la mayor parte de la devolución del crédito corre a cuenta de la próxima administración. A fines de este año habrán ingresado unos 28 mil millones de dólares. El año que viene los desembolsos equivalen a 22,8 mil millones, pero se pagan 1419 millones de dólares de intereses. En cambio, en 2020-2021 ingresan 5900 millones de dólares pero se pagan 7840 millones de dólares. En 2022 y 2023 ya no hay ingreso de plata del FMI pero en cambio la factura se vuelve impactante: en 2022 vencen 22.306 millones de dólares entre capital e intereses y en 2023 suman 23.475 millones. “Con semejante volumen del préstamo, Argentina pasa a ser el principal deudor del FMI con el 27,9 por ciento de los créditos del Fondo, seguida por Grecia (16,0), Ucrania (14), Egipto (10,8) y Pakistán (8,1), indica el informe elaborado por la Universidad de Avellaneda.
El enorme peso del capital e intereses del acuerdo con el FMI para 2022 y 2023 implica que si el próximo gobierno no quiere defoltear la deuda, deberá sentarse a negociar el refinanciamiento con los directivos del Fondo. En otras palabras, deberá aceptar los condicionamientos de política económica que el organismo repite como mantra alrededor del mundo. “Si bien el mayor peso de la devolución del acuerdo recae en 2022 y 2023, creo que mucho antes se va a renegociar por la separación fuerte entre la realidad y las metas planteadas. La deuda griega se renegoció siete veces”, recordó Santiago Fraschina, economista de la Universidad de Avellaneda.
Los números del acuerdo con el FMI también reflejan el grado de deterioro de la economía argentina en los últimos meses. En relación al primer acuerdo firmado a mediados de junio, se pasó de una proyección de crecimiento del 0,4 por ciento a una baja del 2,8. Para el año próximo, la mejora proyectada del 1,5 pasó a una caída del 1,7. El FMI calcula una caída del consumo privado del orden del 9,9 por ciento en 2018 y del 4,6 en 2019. Además, la inversión privada, que supuestamente el Gobierno venía a estimular, retrocedería 7 por ciento este año y 9,5 el año que viene. Según el FMI, la inversión extranjera directa el año que viene representaría un 0,4 por ciento en relación al PBI, cuando en 2015 explicaba un 1,7.
El incremento de la deuda externa tiene su correlato en el pago de intereses de la deuda. En particular, la aparición del FMI como acreedor estrella vuelve relevante la comparación con el peso de los pagos al organismo frente a otras partidas. El año que viene, el dinero que corresponde devolver al FMI es de 1400 millones de dólares. Con un dólar a 40,10 pesos como prevé el Presupuesto, implica cuatro veces el presupuesto en vacunación y 5,6 veces el destinado a afrontar becas estudiantiles. También implica más de 15 veces la inversión del Estado nacional en infraestructura y equipamiento educativo.
La elección para presidente y el contexto internacional pueden generar turbulencias en el mercado

Sandleris se cura en salud por el 2019

El presidente del Banco Central adelantó que puede haber factores perturbadores de la estabilidad el próximo año. Informó que disminuirá el ajuste de la banda cambiaria y que está trabajando en recuperar la credibilidad del mercado.

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró que está trabajando en forma permanente para recuperar la confianza de los inversores, pero que el riesgo financiero todavía sigue latente. Adelantó que el próximo año seguirá con la estrategia de bandas cambiarias y planteó que existen elementos políticos en la región y un contexto internacional  difícil que pueden “generar ruido en 2019”. En la city interpretaron el comentario de Sandleris como la apertura del paraguas. Los operadores vienen planteando que el mercado puede regalar varias sorpresas el año próximo y, por lo tanto, no creen que haya un programa económico inmune.
Sandleris informó que el próximo año el ajuste del piso y el techo de la banda cambiaria podría ser algo más lento. “Vamos a continuar trabajando con zonas de intervención y no intervención durante el próximo año. Pero el ritmo del ajuste probablemente será un poco más bajo de lo que es ahora. En este momento es del 3 por ciento. Podría ser un poco menos”, detalló. Esa medida supone que confía en que el próximo año bajará la inflación y las tasas de interés, con lo cual deberían moderarse las expectativas de devaluación y, por tanto, el ritmo de aumento del dólar. A la vez, indicó cuáles son los puntos que mira atento para poder garantizar la estabilidad financiera en los próximos meses. “Mi primera preocupación es el contexto internacional, el cual es mucho más desfavorable de lo que hemos visto en los últimos años”, indicó. “Los años de liquidez internacional extrema que vimos en el pasado están llegando a su fin, y eso crea un contexto mucho más desafiante para los mercados emergentes”.
Para el funcionario la incertidumbre política en Brasil, el mayor socio comercial del país, es otro obstáculo para la economía local. También apuntó al proceso electoral en la Argentina del próximo año como otro elemento que puede aportar volatilidad. “Estos factores podrían ser responsables de crear algo de ruido el año que viene”, apuntó.
Una de las deudas del Central es recomponer la credibilidad de los inversores en la política oficial. Este año el gobierno de Macri cambió en tres oportunidades el programa monetario y tres economistas distintos estuvieron al frente de la entidad. “La credibilidad y la confianza son como el cristal: se rompen fácilmente y tardan mucho tiempo en volver a recuperarse”, planteó Sandleris. “Ahora estamos en el proceso de restablecer la confianza”. La debilidad de la misión que se propone el presidente del BC es que quiere recuperar credibilidad aplicando las mismas políticas de altas tasas de interés, que alienta la bicicleta financiera que terminó provocando la corrida contra cambiaria iniciada en abril pasado.
“Estamos haciendo un esfuerzo permanente en la comunicación para que todos los participantes del mercado sepan lo que pueden esperar de este Banco Central”, declaró Sandleris en una entrevista a la agencia Bloomberg. Una de las principales críticas del Fondo Monetario Internacional a la gestión del Banco Central fue la falta de comunicación cuando se negoció el crédito de salvataje. Ahora Sandleris es el encargado de gestionar el programa monetario propuesto por el FMI para el Banco Central. No se toman decisiones sin consultarle al organismo de crédito, que se transformó en la única fuente de financiamiento externo al país a partir del segundo  trimestre de este año, cuando fondos de inversión empezaron a alejarse de la plaza local. “Mi sueño es que nadie hable del Central en Argentina, que no se hable porque la inflación es baja y hay una moneda estable”, cerró Sandleris. Se trata de una definición idéntica respecto de la que auguraba Federico Sturzenegger a finales de 2015 cuando asumió en el Banco Central.
El mercado espera una devaluación extra del 33% y que el dólar llegue a casi $50

Según el último relevamiento de expectativas, la inflación de este 2018 sería de 47,5%.

El Banco Central publicó el último relevamiento de expectativas de mercado (REM) y allí las consultoras privadas estimaron que el dólar cerrará el 2019 a un precio de $49,8, lo que implica una devaluación extra del 33%.
Tras tocar el techo de los 42 pesos en lo más caliente de la corrida cambiaria, el dólar flota en un valor de alrededor 36,5 pesos. Sin embargo, las consultoras creen que subirá más de 13 pesos en los siguientes 13 meses.
La devaluación es mayor que la inflación esperada, que estiman será del 27,8% el año próximo. Para el corriente, calculan que cerrará en 47,5%, la cifra más alta desde 1991, en plena hiperinflación.
Desde el segundo acuerdo con el FMI, el Gobierno prometió que el dólar flotaría en una banda con pisos mínimos y máximos, dentro de los cuales el Banco Central no podrá intervenir. Los mismos se actualizarán a razón de 3% más por mes hasta fin de año, para luego anunciar nuevas bandas de flotación para el año entrante.
El Gobierno logró domar momentáneamente el precio del dólar a costa de una super tasa de interés que liquida la actividad económica. Sin embargo, los privados estiman que esa calma no durará mucho y ven que la divisa norteamericana seguirá su escalada.
Cuando asumió Mauricio Macri, el dólar cotizaba en $9,8 en su variante oficial y a 15 pesos para su versión "blue". De esta forma, la divisa habrá ascendido un 400 o un 233% durante la gestión de Cambiemos, según qué tipo de cambio se tome.
Desde la llegada de Macri al poder las emisiones de deuda totalizan 153.619 millones de dólares

Crece sin freno la deuda y ya es record

El Tesoro Nacional emitió 128.117 millones, nada menos que el 83,4 por ciento del total. A su vez, el 78 por ciento de la nueva deuda fueron colocaciones denominadas en moneda extranjera. La deuda crece a un ritmo mayor que en la última dictadura.

Desde la llegada de Mauricio Macri al gobierno, las emisiones de deuda totalizaron 153.619 millones de dólares. De ese total, el Tesoro Nacional emitió 128.117 millones, nada menos que el 83,4 por ciento. A su vez, del total de la nueva deuda el 78 por ciento fueron colocaciones denominadas en moneda extranjera. Los datos surgen del relevamiento que todos los meses lleva adelante el Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET). La deuda crece incluso a un ritmo más rápido que el observado durante la última dictadura militar.
Al comparar el crecimiento del stock de deuda externa total durante la última dictadura de 1976-1983, actualizado por la inflación de Estados Unidos, de aproximadamente 98.682  millones de dólares, con el crecimiento del stock durante el Gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2018 de 112.087 millones de dólares, notaremos que la suba en el stock es mayor para el gobierno actual, por una diferencia de 13.405 millones. En tan sólo tres años el Gobierno de Mauricio Macri habrá logrado un incremento en el stock de deuda externa total de 112.087 millones, un 13,6 por ciento más que lo que incrementó dicho stock durante los siete años de dictadura militar. Y si comparamos el crecimiento anual promedio del stock, el dato resulta aún más alarmante: mientras que en el período 1976-1983 la deuda externa incrementaba anualmente en promedio en 14.620 millones de dólares, actualmente lo hace en 37.362 millones de dólares, un 155,6 por ciento más. “La Deuda como motor de la sustentabilidad económica, se agotó. La gestión de Macri nos conduce a un inexorable final con derrumbe económico y con una probable cesación de pagos. La deuda se acelera por encima de los niveles que adoptó en la dictadura cívico militar, eso prueba que habrá un final anunciado”, destacó afirmó el rector de la UMET, Nicolás Trotta.
A pesar de que el gobierno no ha podido endeudarse en dólares en los mercados internacionales en estos últimos meses, las emisiones de Letes en dólares, destinadas al mercado local, han seguido realizándose con frecuencia. En septiembre el Tesoro Nacional emitió dos Letes en dólares por un total de 1.480 millones de dólares: las emisiones fueron de 763 millones y 717 millones cada una, con vencimiento el 29 de marzo de 2019 y 12 de abril de 2019 y rendimientos de 7 y 6,5 por ciento, respectivamente. En lo que va de octubre, el Tesoro emitió dos Letes en dólares más: el 12 de octubre emitió Letes por 654 millones, con vencimiento el 24 de mayo de 2019 y rendimiento de 6 por ciento y el 26 de octubre emitió 815 millones de dólares con vencimiento el 26 de abril de 2019 y tasa de 5,5 por ciento. Además el costo de financiamiento de las Letes ha ido incrementándose en el tiempo a medida que las condiciones financieras de la Argentina se iban debilitando. Por ejemplo, para el plazo de 182 días, se observa que entre las emisiones del 11 de mayo y 26 de octubre el costo subió en 2,05 puntos básicos, mientras que para el plazo de 196 días, entre el 13 de abril y el 28 de septiembre, trepó en 3,51 puntos básicos.
A su vez, el Fondo Monetario ya giró desembolsos por 20.700 millones de dólares y se espera que el 15 de diciembre se sumen otros 7.700 millones de los 56.300 millones acordados.
Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se contabilizan emisiones totales en pesos bajo legislación local por parte del Tesoro Nacional de 919.990 millones de pesos, a un plazo promedio de 3,7 años; dónde 163.668 millones de pesos corresponden a 2016, 292.014 millones de pesos a 2017 y 464.309 millones de pesos a 2018.
Además, en septiembre el gobierno emitió Letes capitalizables en pesos bajo legislación local por 149.941 millones de pesos. El 14 de septiembre emitió dos Letes cada una por 37.976 millones y 4.591 millones, con vencimiento el 28 de diciembre de 2018 (plazo de 105 días) y el 29 de marzo de 2019 (plazo de 196 días), respectivamente, y cupones ambos del 2 por ciento capitalizable mensualmente. Luego el 21 de septiembre emitió 3 Letes más: por 42.712 millones de pesos, con vencimiento el 31 de enero de 2019 (plazo de 132 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; 20.624 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 160 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente; y 44.038 millones de pesos, vencimiento el 30 de septiembre de 2019 (plazo de 374 días) y cupón del 3,45 por ciento capitalizable mensualmente. Por su parte, en lo que va de octubre emitió 101.956 millones de pesos. El 12 de octubre emitió una Lete por 26.956 millones de pesos, vencimiento el 28 de febrero de 2019 (plazo de 139 días) y cupón del 4 por ciento capitalizable mensualmente, mientras que el 19 de octubre emitió dos Letes más por 35.000 millones y 40.000 millones, vencimiento el 30 de abril de 2019 y el 31 de octubre de 2019 (plazos de 193 y 377 días) y cupones capitalizables mensualmente de 4 y 3,35 por ciento, respectivamente. Desde comienzos de la gestión de Cambiemos se registra un stock de Letes del Tesoro en pesos por 311.341 millones, a un plazo promedio de 206 días. Si a este stock se le adicionan los otros 919.990 millones emitidos en pesos, el total de emisiones en pesos para la gestión completa asciende a 1.231.331 millones.
El stock de letras creció 35 por ciento en octubre

Se inflan las Leliq

La suba de la tasa de interés y el plan de desarme de las Lebac empezaron a generar una nueva bola de nieve con las Leliq. El dólar bajó casi 5 pesos en octubre.

El Banco Central cumplió el primer mes de política monetaria contractiva. El balance deja claroscuros. La autoridad monetaria consiguió con la fuerte absorción de pesos reducir en octubre las presiones en el mercado cambiario. El dólar arrancó en 41,94 pesos y terminó el mes en 36,98. La baja anotada ayer fue de 82 centavos, para estirarla a 4,96 pesos en el transcurso del mes. El programa monetario, pese a la menor volatilidad de la divisa, no logra despejar las dudas entre los economistas. La principal incertidumbre se concentra en la acumulación de los pasivos monetarios. La deuda en Leliq pasó en octubre de 432 mil millones a 584 mil millones de pesos, con un incremento del 35 por ciento. Las reservas internacionales cerraron en 53.945 millones de dólares, con una baja de 95 millones respecto del día anterior. Si no hubiera sido por los 5631 millones que ingresaron esta semana por el giro del FMI, las reservas hubieran cerrado el mes en 48.314 millones, con una pérdida de 678 millones.
La autoridad monetaria atravesó ayer una jornada financiera tranquila si se considera que fue el último día hábil del mes, en general más activo por el cierre de operaciones. La última semana de septiembre había sido de mucha volatilidad con el tipo de cambio y se habían alcanzado picos de cotización de casi 42 pesos. El titular del Central, Guido Sandleris, consiguió ayer reducir la tasa de interés por debajo del 70 por ciento por primera vez en 30 días. En la licitación de Leliq se ofreció una tasa máxima de 69,990 por ciento y una promedio de 68,048 por ciento. El día anterior había sido de 70,050 y 70,630, respectivamente.
La disminución de la tasa de interés se acompañó de una mayor oferta de divisas en la plaza cambiaria. El dólar mayorista terminó en 35,95 pesos, con una baja de 76 centavos. Esta baja se explicaría por inversores locales e internacionales que buscan aprovechar los altos rendimientos en pesos de corto plazo. Los operadores de la city aseguraron que empiezan a observarse ventas de activos dolarizados para apostar por la bicicleta financiera, que en algunos casos es libre de riesgo. Esto último se debe a que los inversores más sofisticados compran seguros de cambio en el mercado de futuros para asegurarse una rentabilidad mínima en moneda dura.
El Central mencionó que al menos hasta finales de diciembre no bajará las tasas del 60 por ciento. Esto implica ganancias extraordinarias para los inversores (mientras el tipo de cambio se mantenga sin grandes fluctuaciones). Los inversores que apostaron por activos en pesos en octubre se llevaron punta a punta casi el 5 por ciento por la tasa de interés (por ejemplo de los plazos fijos) más la apreciación nominal de la moneda del 13 por ciento. La cuenta suma un retorno superior al 18 por ciento en moneda dura en un solo mes. La cifra anualizada implicaría ganancias de más de 100 por ciento en dólares. El principal problema es que no existe una economía que pueda sostener estos rendimientos en dólares. No pueden pagarse estos retornos en forma persistente sin que se ingrese en una situación de desequilibrio financiero.
Entre los analistas de la city existen algunas hipótesis que indican que el Central, aprovechando la menor presión cambiaria de los últimos días, instruyó a la mesa de dinero de la entidad para potenciar la baja de la divisa este mes. La apuesta fue obtener algo de ganancias en el mercado de futuros. La entidad había vendido contratos en los últimos meses para octubre y con la caída de casi 5 pesos en el mes se lleva un diferencial. El Central no tiene margen para seguir haciendo este juego. El Fondo Monetario Internacional lo obligó a mantener el stock de los contratos de futuros hasta diciembre y a partir de ahí reducirlo hasta llevarlo a cero.
En Argentina, los salarios no logran seguir ritmo de alza de precios

El presidente argentino, Mauricio Macri, enfrenta una ardua batalla por la recesión y la crisis monetaria que atraviesa el país. A eso se suman los problemas de crecimiento salarial.  El desequilibrio entre el aumento de la inflación y los salarios se amplía, lo que de seguro enojará a los votantes pensando en las elecciones del próximo año y las chances de Macri. En agosto, los salarios subieron un 21,9% interanual, según datos del gobierno publicados el miércoles. El problema del mandatario es que la inflación llegó a 34,4% el mismo mes y se anticipa un empeoramiento: economistas encuestados por el Banco Central estiman que alcanzará un 44% en diciembre.  Bajan las ventas en supermercados y shoppings por segundo mes consecutivo  Los aumentos de precios se sienten con fuerza en los bolsillos de los argentinos. El valor de alimentos y bebidas subió un 33,5% ciento en agosto, mientras que los servicios públicos, muy afectados por el recorte de subsidios decretado por el gobierno, se dispararon un 52,8%.  Los alimentos y bebidas subieron un 33,5% ciento en agosto, mientras que los servicios públicos se dispararon un 52,8%  Como era de esperar, el índice de aprobación de Macri alcanzó el nivel más bajo de su mandato. Nuevas cifras publicadas el miércoles muestran que la aprobación de octubre se situó en 1,76 puntos en una escala de 1 al 5, según una encuesta publicada por la Universidad Torcuato di Tella y Poliarquía Consultores. Subió un pelo respecto a los 1,75 puntos de septiembre, pero contrasta con los 2,83 de hace un año y los 3,14 del inicio de su gobierno.
Rattazzi se despega del Gobierno

“El mercado no le cree”

Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automobile, sostuvo que “el mercado ya no le cree más” a la política económica del gobierno de Mauricio Macri. Fiel exponente de un establishment que combatió al kirchnerismo y catapultó a Macri a la presidencia, pero que ahora busca una alternativa, el empresario ítalo argentino disparó munición gruesa. La demostración, dijo, le fue dada en el mes de abril, cuando se desató la crisis cambiaria. En una entrevista que concedió a La Nación, el canal de cable del diario homónimo, el dirigente de la Unión Industrial Argentina expresó que “el mercado ya no le cree” a la política económica del gobierno. “El gradualismo se pone tan gradual que no se avanza para nada, y un día el mercado dijo: no te creo más”, dijo.
“Está claro que la inflación estaba muy alta y había que bajarla muy rápido”, dijo, pero consideró que la metodología puesta en práctica no fue la mejor. A su criterio, no hay justificativos para mantener una tasa de interés del Banco Central en los niveles actuales. “Es tal el miedo de lo que puede pasar con el dólar que no se animan a bajar la tasa hasta los niveles de inflación prevista, que sería del 45 por ciento. ¿Cómo la vamos a tener al 70 por ciento?”. Indicó que le aconsejaría al Banco Central que “le afloje un poquito” a la política monetaria y permita que el precio del dólar vaya a 40 pesos. “El país ya aceptó que el dólar vale 40 pesos; entonces, mantener ahora el dólar a 37 pesos, pero al costo de estas tasas...”, reflexionó, estirando el silencio.
El FMI criticó duramente a Luis Caputo y dejó al descubierto la interna económica

El organismo multilateral recordó los pobres resultados del trader y criticó la desorientación de sus políticas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) realizó duras críticas a la gestión del ex presidente del Banco Central, Luis Caputo, por su (des)manejo de la corrida cambiaria que llevó el dólar de 28 a 40 pesos en poco menos de tres meses. "Toto" terminó renunciando en medio de la revisión del acuerdo stand-by por U$S57.100 millones.
En el documento con los lineamientos del programa económico reformulado sobran los dardos venenosos hacia Caputo. Allí, destaca que la primera revisión del acuerdo stand-by se dio en un marco de "un contexto de turbulencias en el mercado, una caída de la actividad más pronunciada que lo esperado, y la incapacidad del Banco Central de anclar las expectativas inflacionarias".
También, el organismo que comanda Christine Lagarde recordó los motivos por los cuales fracasó el primer acuerdo a solo tres meses de su implementación y destacó que se generaron "dudas" en los mercados por culpa del Gobierno, debido a "una tímida estrategia de comunicación del plan y una estrategia de intervención del Banco Central inconsistente y poco clara".
El FMI apuntó además que las ventas de 100 millones de dólares diarios no fueron suficientes para frenar la suba del tipo de cambio, el cual se incrementó por arriba de 41 pesos el 28 de septiembre.
La autoridad monetaria sigue pagando más de 70 por ciento por las Leliq

El Central baja la tasa a paso de tortuga

La primera rueda tras el anuncio de la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario no fue optimista. La Bolsa cayó 1,2 por ciento y el riesgo país subió a 670 puntos. Las tensiones externas complican el panorama. El BCRA redujo un punto la tasa.

El Banco Central inició su quinta semana de política monetaria contractiva. La entidad redujo cerca de un punto la tasa de interés respecto del viernes pero sigue sin poder disminuirla por debajo del 70 por ciento. En la licitación de Leliq de ayer se ofreció una tasa máxima de 71,029 por ciento, al tiempo que la promedio fue de 70,626 por ciento. El viernes estas cifras habían sido 72,498 y 71,756 por ciento, respectivamente. El rendimiento que ofrece la autoridad monetaria es inferior respecto al pico de 72,881 por ciento que se llegó a pagar en promedio en la tercera semana del programa, pero sigue por encima del 67,710 por ciento con que arrancó el plan en octubre. En el mercado cada vez son más los economistas que reconocen un problema de consistencia monetaria. En el Central, de la misma forma que ocurría con las Lebac, niegan tensiones e indican que la estrategia no genera conflictos de mediano plazo.
La incertidumbre del mercado interno se potencia con el panorama internacional. Los conflictos entre Estados Unidos y China siguen sin resolverse y las bolsas en el mundo muestran episodios de fuerte fluctuación. El Nasdaq marcó ayer un retroceso del 1,6 por ciento, en tanto que el indicador VIX, que mide el nivel de volatilidad en Wall Street, anotó un salto del 2,2 por ciento. La suba refleja un mayor nerviosismo. En la bolsa porteña hubo efecto réplica y el Merval sufrió una caída del 1,3 por ciento. Nuevamente los bancos y las empresas energéticas registraron los mayores retrocesos. Grupo Financiero Galicia cayó un 2,6 por ciento y Transportadora Gas del Norte lo hizo un 1,2. Otras pérdidas importantes fueron de Tenaris (-3,0 por ciento) y Petrobras (-3,9). La primera rueda bursátil tras el anuncio con el Fondo Monetario no fue optimista. El riesgo país volvió a subir tres puntos por la caída de los bonos y se ubicó en lo 670 puntos básicos.
El dólar cerró en 37,76 pesos, al disminuir 9 centavos. El mayorista, en cambio, se ubicó en 36,90 pesos, con un incremento de seis centavos. Este tipo de cambio con el que operan los bancos, los grandes inversores, exportadores e importadores marcó alzas en las últimas tres jornadas hábiles. El volumen operado fue de 439 millones de dólares, una caída del 22 por ciento. En el mercado de futuros, mientras tanto, se negociaron contratos por el equivalente a 960 millones de dólares. El 55 por ciento se operó para el final de octubre y noviembre, con precios de 37,07 y 38,69 pesos.
Por el momento la estrategia de reducción del circulante de pesos y tasas de interés en moneda local muy elevadas es efectiva para contener el valor del dólar en la zona de no intervención. La banda cambiaria ya se ubica entre 35 y 45 pesos. Esto se debe a que en el Central decidieron aumentar el piso y el techo de cotización un 3 por ciento al mes a partir de finales de septiembre. El problema es que la menor volatilidad del dólar ocurre junto con un incremento exponencial de pasivos monetarios. La acumulación de deuda del Central se concentra en las Leliq. Estas letras de corto plazo que sólo compran los bancos suman 600 mil millones de pesos y pagan tasas de interés por día equivalentes a 1000 millones de pesos (27 millones de dólares diarios).
La contraparte de las Leliq son los plazos fijos del sector privado depositados en los bancos. Las entidades bancarias están ofreciendo tasas del 48,98 por ciento para los plazos fijos minoristas y de 53,81 por ciento para los mayoristas. Los bancos aumentan el rendimiento de los depósitos para capturar pesos y poder colocar Leliq a tasas de más del 70 por ciento, que paga el Central. La tensión que genera este esquema es que las expectativas y decisiones de los privados no son sencillas de manipular. En el momento que no quieran renovar sus plazos fijos, los bancos se verán obligados a transformar los pesos invertidos en Leliq en emisión para pagar a sus clientes. El resultado, al igual que ocurrió con las Lebac, es la volatilidad en el mercado de cambios.
El Gobierno comenzó la semana endeudándose por $70 mil millones con una tasa del 60%

Lo hizo a través de Letras del Tesoro Capitalizables (LECAP) y en paralelo al acuerdo con el FMI por U$S57.100 millones.

El Gobierno oficializó este lunes la emisión de deuda por unos 70.000 millones de pesos en Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap) con vencimiento en mayo del año próximo. La oficialización se realizó a través de la Resolución conjunta 26/2018 de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, ambas dependientes del ministro Nicolás Dujovne. El Gobierno de Mauricio Macri licitó el viernes Lecap en pesos a siete meses y adjudicó un total de 40.000 millones, con una tasa nominal anual del 53,93% y una del 59,82%. Para las Lecap a 18 meses se adjudicó un total de 27.400 millones, con una tasa nominal anual del 51,94% y una Tasa Interna de Retorno Económica de 46,83%. El Gobierno destacó que un total de 18.100 millones de LEBACs con vencimiento en noviembre y diciembre 2018 serán aplicadas para suscribir las Letras Capitalizables en Pesos.
Dujovne asistirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el proyecto

El presupuesto 2019 llega al Senado

La intención oficial es firmar el dictamen el 7 de noviembre, para llevarlo a votación en el recinto el 14. Contempla la disminución en términos reales de los fondos para obras, asistencia social y salud, pero eleva en 50 por ciento las partidas para la deuda.

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, asistirá hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para defender el Presupuesto 2019. El funcionario será el primero de los ministros convocados para avanzar con el tratamiento del proyecto que ya cuenta con media sanción de Diputados,
Los senadores escucharán al jefe de Hacienda a partir de las 15:00, mientras que mañana será el turno a la misma hora de la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, mientras que el miércoles asistirá al mismo ámbito el ministro de la Producción, Dante Sica, aunque a las 10:00. En tanto, se prevé que el 6 de noviembre se escuchen las palabras del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, hombre importante en las negociaciones para apuntar a la aprobación del proyecto. La intención es firmar el dictamen el miércoles 7 de noviembre, para poder llevarlo a votación en el recinto el 14, cuando el oficialismo espera convertirlo en ley. Junto con el Presupuesto 2019 se debatirán la adenda al Consenso Fiscal 2018, la modificación a las exenciones del impuesto sobre los bienes personales y los cambios a la Ley de impuesto a las ganancias.
El Presupuesto anticipa para el año próximo un escenario de recesión, con una caída del 0,5 por ciento de la actividad económica, que se suma a la baja de 2,4 por ciento que el Gobierno estima para el cierre de 2018. En ese marco, con una inflación que este año se ubicará entre 45 y 50 por ciento y de mantenerse en niveles elevados en 2019 (23 por ciento al final del período y promedio de 34,8), la pérdida de poder adquisitivo se hará sentir en el consumo. La estimación es una caída de 1,6 por ciento en el consumo privado y una baja del 9,7 por ciento en la inversión. El tipo de cambio, una variable clave en esa pérdida de bolsillo por el traspaso a precios internos, está previsto se ubique en 40,10 pesos promedio para 2019, a 44,30 en 2020, 48,20 en 2021 y 50,50 en 2022. El valor no se condice con las bandas de flotación actualizables por inflación que acordó el Banco Central con el FMI para contener la apreciación de la divisa.
El equilibrio presupuestario se hace sobre la base de un ajuste en las principales partidas, con excepción de los intereses de deuda. En términos reales (tomando en cuenta la inflación promedio proyectada), el gasto primario se contraerá un 13 por ciento, con una caída del 11 por ciento de los gastos corrientes y de 42 por ciento de los gastos de capital (inversión). Siempre sobre la base de cotejarla con la inflación, la reducción del gasto con respecto a este año se focalizará, además de los ítems detallados, en Vivienda y Urbanismo (-48 por ciento), Promoción y Asistencia Social (-20), Agua Potable y Alcantarillado (-20 por ciento).
Por el lado de los ingresos, la recaudación de impuestos nacionales y de contribuciones de la seguridad social crecerá 38,9 por ciento, mientras que se continúa con la reducción del 33 al 30 por ciento del tope de derechos de exportación a la soja y se mantiene el 12 por ciento para el resto de los productos. Por su parte, se incorpora un “fondo compensador” a municipios por la quita de subsidios al transporte urbano de pasajeros: 6500 millones de pesos adicionales para amortiguar parcialmente el traspaso de la política de subsidios a las jurisdicciones locales, tras la quita de 43.000 millones de pesos.
Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.
El FMI pronosticó que la desocupación será del 10,9% en 2019

En el acuerdo con el Gobierno, el organismo reconoce que avizora un empeoramiento de las condiciones económicas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la desocupación en la Argentina subirá al 10,9% en 2019, la cifra más alta desde 2004. Esto aparece en el informe que publicaron junto con el programa económico del segundo acuerdo con el gobierno argentino de Mauricio Macri, a cambio de U$S57.100 millones.
En sus proyecciones, el organismo que comanda Christine Lagarde es incluso más optimista que el propio gobierno, ya que asegura que el 2018 cerrará con un 9,8% de desocupación, cuando el último relevamiento del INDEC muestra una tasa del 9,6%, cuando recién empezaba la crisis cambiaria que impactó fuertemente en la actividad económica. Es decir, el impacto de una caída de más de 2 puntos del producto solo harían crecer el desempleo en 0,2 puntos porcentuales.
El organismo estima que la desocupación alcanzará casi los 11 puntos. Y recién bajaría a 10 a finales del 2020, cuando culmine el programa que implica un recorte de casi 500 mil millones de pesos.
Asimismo, el informe destaca que el Gobierno se comprometió a avanzar en otra reforma previsional, luego del escándalo desatado en diciembre último con la feroz represión en el Congreso y el ajuste a los jubilados, y se sorprendió porque la sociedad argentina generó menos resistencia que la esperada al ajuste fiscal que promueve el FMI. Incluso, elogia a la oposición peronista, que acompañó las principales leyes del Gobierno.


El Directorio completa la aprobación del acuerdo

El FMI vota para asumir el control

El Directorio Ejecutivo del FMI rubricará esta mañana las modificaciones al programa de financiamiento solicitado por el gobierno argentino. A cambio de una ampliación en los fondos previstos y el adelantamiento del cronograma de desembolsos, las autoridades locales se comprometieron a profundizar el ajuste fiscal. El programa de austeridad incorporado en el Presupuesto 2019 se complementa con una estricta regla de política monetaria para intentar controlar la inflación y el dólar ahogando la economía. La pretensión oficial es que la aprobación del nuevo acuerdo esté acompañada por la transferencia de una suma cercana a los 6500 millones de dólares. Un segundo tramo similar se habilitaría en diciembre.
La votación de los veinticuatro directivos que representan a los países miembros del Fondo tendrá lugar alrededor de las 10.30 de hoy. El único tópico adicional previsto para la reunión es la evaluación de la economía del Reino de Bután. Por la tarde serán difundidos los documentos elaborados por los técnicos del organismo multilateral. El informe precisará los cambios en los términos del fallido acuerdo inicial que fue aprobado en junio así como las perspectivas revisadas del organismo para la economía argentina. También se conocerán la carta de intención y un memorándum firmado por el ministro Nicolás Dujovne y el banquero central, Guido Sandleris, donde precisan las políticas que se comprometen a implementar para cumplir con los objetivos y reformas ofrecidos.
El primer tramo del acuerdo revisado estará acompañado por la llegada al país de un delegado permanente del organismo en Buenos Aires que se instalará en una oficina dentro del Banco Central. El FMI designó para ese trabajo al economista jamaiquino Trevor Allayne.
Campo, bancos y energéticas, los pocos sectores que crecieron a pesar de la crisis

Según el INDEC, la actividad económica cayó 1,6%, pero algunos sectores siguen de fiesta.

La actividad económica cayó un 1,6% en agosto, según el informe del INDEC difundido este jueves. Pero no a todos los sectores les pegó de llenó la recesión ya que algunos siguen de fiesta. Casualmente, los sectores que más benefició Mauricio Macri en su gestión: bancos, campo y energía.
La recesión fue dispar. El comercio y la industria fueron los sectores que más cayeron: un 5 y un 4,4%, respectivamente. También la hotelería y gastronomía (-1,3%) y la construcción (-0,7%).
Pero en el otro lado, la explotación pesquera subió un 13%, seguido de la intermedicación financiera (bancos) un 7,1%. Los bancos son los grandes beneficiarios de la devaluación y las altas tasas de interés que paga el Estado, precisamente, para evitar que los pesos se vayan a la divisa norteamericana.
Luego, el sector agropecuario ascendió un 2,2% y el sector de electricidad, agua y gas, con un 3,3% interanual.
Todos ellos han sido grandes beneficiarios del Gobierno. Con tarifazos, altas tasas de interés y recortes de impuestos, aumentaron sus ganancias y lograron sortear la crisis que atraviesan asalariados y pymes.
Los puntos más polémicos del proyecto que aprobó el oficialismo

Un dólar retrasado, caída de la economía, alta inflación y un ajuste del 13% en el gasto, menos en el pago de la deuda.

El proyecto de Presupuesto 2019fue aprobado en la cámara de Diputados por 138 votos a favor y 109 en contra.La denominada "ley de leyes" ahora pasará al Senado para su sanción definitiva.
La ley, muy cuestionada por parte de la oposición y las protestas callejeras, incluye varios supuestos y proyecciones sobre la economía polémicos.
-"Déficit cero": el objetivo es pasar de un desequilibrio primario del 2,6% del PBI en 2018 al "déficit cero" en 2019. Esto implica un ajuste de más de 600 mil millones de pesos de un año a otro.
-Deuda: Los pagos por intereses de la deuda externa se disparan un 41%, pasando de $530 mil millones a $746 mil millones. Este número podría ser superior si el dólar se dispara. Representará el 87% del PBI, con un stock de 315.698 millones de dólares.
-PBI: el proyecto anticipa un escenario de caída de 0,5% en la actividad económica en 2019 y una baja del 2,4% para el presente año.
-Dólar: 40,10 pesos promedio para 2019; 44,30 en 2020; 48,20 en 2021; y 50,5 en 2022.
-Inflación: promediará un 34,8% en todo el 2019, pero estima que bajará a 23% a diciembre del año próximo.
-Las necesidades de financiamiento para 2019 llegarán a 38.900 millones de dólares: 2.500 millones nueva deuda, 20.100 millones se refinanciarán; 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4.600 millones de organismos internacionales.
-Gasto total previsto: 4,1 billones de pesos. Supone un aumento nominal del 27,4%, muy por debajo de la inflación acumulada, que rondará el 45% en 2018. Implica un recorte real del 13%, con una caída del 11% de los gastos corrientes y de 42% de los gastos de capital.
- El gasto primario crecerá nominalmente un ritmo del 24% en 2019, y los recursos sociales se expandirán un 32%.
- Retenciones: Reducción del 33 al 30% del tope de derechos de exportación a la soja; se mantiene el 12% para el resto de los productos. El plazo se mantiene hasta el 31 de diciembre del 2020.
- Se crea un "fondo compensador" para el Interior, por la quita de subsisdios al transporte. El mismo alcanza los $6.500 millones, pero el recorte en esa área alcanza los $43.000 millones de pesos. Solo llega a cubrir el 15%.
Media sanción en Diputados

Suba en Bienes Personales, excepto para el campo

El oficialismo logró esta madrugada otorgarle media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del régimen de Bienes Personales, que incluye un alza progresiva de la alícuota a medida que sube el patrimonio declarado. Con 130 votos afirmativos, 38 negativos y 8 abstenciones, el proyecto que eleva el mínimo no imponible de Bienes Personales a 2.000.000 pesos fue girada al Senado, en el marco de una sesión tensa en la que el plato fuerte fue la votación del Presupuesto 2019.
La iniciativa de Bienes Personales no consiguió el respaldo de buena parte de la oposición, por considerar que el piso no imponible fijado "golpea a la clase media". Para la aprobación del proyecto, Cambiemos tuvo el respaldo de una parte del interbloque Argentina Federal (Justicialista y aliados), mientras que tanto que el Frente para la Victoria, como el Frente Renovador y el interbloque Red por Argentina lo rechazaron.
La iniciativa plantea que a partir de 2019 la base no imponible pase de 1.050.000 pesos -correspondiente al 2018- a 2.000.000 en 2019. En tanto, la alícuota que en 2018 fue del 0,25 por ciento (a pagar sobre el excedente), se mantendrá en ese nivel si el valor total de los bienes declarados fuera de entre 2.000.000 y 5.000.000, pero subirá al 0,5 por ciento entre 5.000.000 y 20.000.000, y al 0,75 cuando la suma declarada fuera superior a los 20.000.000.
Luego de varias idas y vueltas, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda y miembro informante del oficialismo, Luciano Laspina, aceptó un pedido de la oposición para que los inmuebles rurales continúen exentos del pago de este tributo.
El dictamen original preveía que los propietarios del campo dejaran de percibir este beneficio, pero en el tratamiento en particular primó el pedido de un sector de la oposición y del oficialismo para que sigan afuera del régimen.  El argumento que se esgrimió es que el campo ya viene realizando un "esfuerzo" por la suspensión de la rebaja prevista en retenciones, por lo que no sería prudente incrementarle la presión impositiva.
La aprobación de la reforma de Bienes Personales es parte de un paquete fiscal que incluyó también la sanción del proyecto de revalúo de Ganancias por inflación, la adenda al Consenso Fiscal y el nuevo régimen del monotributo social para pequeños productores tabacaleros y cañeros.
La adenda, que desarma parcialmente el Pacto Fiscal firmado el año pasado por los gobernadores, flexibiliza ese acuerdo de manera tal de incrementar la recaudación de las provincias, por ejemplo postergando la rebaja del impuesto a los Sellos.
Esta reforma de la ley de Ganancias fue avalada por 140 votos afirmativos, 22 negativos y 23 abstenciones, mientras que el revalúo de Ganancias por inflación cosechó 139 afirmativos, 36 negativos y 8 abstenciones.
  El año pasado, el Congreso había modificado la ley de Ganancias de manera tal de habilitar a las empresas a ajustar sus balances a la inflación por única vez cuando el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) superara el 100 por ciento en tres años, o cuando en cada período se superara el 33 por ciento anual.   Como ese porcentaje de inflación se superó en agosto último, la reforma dictaminada eleva el tope que activa la cláusula gatillo del ajuste por inflación, pasando del 33 por ciento al 55 por ciento para este año, al 30 por ciento para 2019 y al 15 por ciento para 2020.
  Finalmente, el nuevo régimen de monotributo social para pequeños productores cañeros y tabacaleros recibió un amplio apoyo, con 183 votos positivos, uno sólo negativo y una abstención.
Cambiemos logró dictamen y Diputados tratará hoy el Presupuesto

Contrarreloj para complacer al FMI

El debate comenzará a las 11. Cambiemos junto a un sector de Argentina Federal convocaron a sesión especial antes de obtener las firmas, lo cual desató el repudio opositor. Para sumar voluntades realizaron concesiones, entre ellas un fondo de 6500 millones de pesos para las provincias. Se espera una masiva manifestación de rechazo al ajuste en el Congreso.

Durante horas, los diputados intercambiaron observaciones y críticas a la previsión de gasto elaborada por Cambiemos según las directivas del Fondo Monetario Internacional. Tras conceder varias modificaciones, el oficialismo logró sumar a sus 23 diputados al entrerriano Juan José Bahillo, el misionero Jorge Franco, el cordobés Martín Llaryora, la chaqueña Elda Pértile -con disidencias-, todos ellos del interbloque Argentina Federal; y Norma Abdala de Matarazzo, del Frente Cívico por Santiago.
Al enterarse que Luciano Laspina, titular de la comsión había convocado a sesión especial, el repudio de la oposición se hizo escuchar. El jefe de la bancada del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, despotricó porque  ¡Hoy somos una escribanía del FMI! Sesionamos cuando lo dice el Fondo y votamos lo que nos pide”.
Antes de que terminara la intervención de la diputada del FpV-PJ Fernanda Vallejos, el puntano Andrés Vallone pidió una interrupción y le advirtió al presidente de la comisión, Luciano Laspina, que “estamos en medio de un acting, donde usted es el Tinelli que lleva adelante este acting...”.
Vallejos denunció, entonces, que el oficialismo tenía cocinado el dictamen antes del debate, “como tienen cocinados los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”.
Carlos Castagneto, por su parte, pidió que ya que el dictamen estaba firmado por 27 diputados, que se hiciera público para conocer las modificaciones: “Capaz que el dictamen de ustedes es tan bueno, que lo acompañamos, pero queremos saber cuáles son las conclusiones, qué modificación de artículos hubo”.
Poco antes, el ex ministro de Economía, Axel Kicillof, había afirmado que el Presupuesto 2019 “profundiza las políticas que ustedes mismos (por el oficialismo) admiten que fracasaron, no tiene ningún resultado positivo".
“¿Quién puede votar este Presupuesto Del Ajuste antifederal, que no hace nada para evitar la recesión; que hipoteca el futuro del país; que incluye reformas que deben discutirse por separado; que saquea ‘la plata de los jubilados’ y ataca a los habitantes de la Patagonia?, se preguntó el actual diputado del FpV, quien denunció que la iniciativa oficial “tiene fallas técnicas insalvables y compromete severamente no sólo el futuro financiero del próximo gobierno, sea del signo político que sea, sino la viabilidad de la Argentina como Nación”.
Más allá de las chicanas, se introdujeron modificaciones como la creación de un fondo compensatorio de 6500 millones de pesos para las provincias por el traspaso de los subsidios al transporte. Se incluyó una partida de 500 millones de pesos para el Conicet y para Cultura , otros 500 millones para el INTA, 100 millones para el Sedronar y 60 millones para el plan contra la violencia de género.
El Parlamentario consignó que en el proyecto original se proponía que cooperativas y mutuales dedicadas a actividades financieras y de seguros paguen impuesto a las Ganancias, y se iba a evaluar una “deducción especial” para las destinadas a lo social, deportivo y cultural. Ahora se aplicará un “impuesto especial al patrimonio”.
Esta modificación se realizó ante el pedido de la mayoría de los bloques y con el fin de “no afectar a las pequeñas y medianas cooperativas y mutuales”, generando “una alícuota progresiva”, explicó Laspina. El santafesino resaltó que “de alrededor de 1.400 mutuales y cooperativas, más de 1.200 no van a pagar el impuesto especial al patrimonio”.
La pérdida de salario en 2018 podría ser la peor desde el 2002

Los salarios de convenio perdieron el tercer trimestre de este año entre 10 % y 20 % respecto a 2017. Estatales y Alimentación, entre los más afectados por el deterioro del poder de compra. Reapertura de paritarias ya para frenar este robo de los capitalistas y el gobierno y recomponer el salario perdido.

Quien escuche que la crisis y el ajuste nos afecta a todas y todos por igual, que "estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades", o que hay que hacer un esfuerzo para que el país salga adelante, debe tener presente dos lecciones que le deja la experiencia histórica a la clase trabajadora en Argentina.
En primer lugar, que todo lo que se perdió en los últimos 40 años, ningún gobierno lo "compensó" ni lo recompuso después. Se podrá en ciertos casos volver a tener cierto poder adquisitivo, y hasta igualar un poder de compra previa del salario, pero los consumos o ahorros que debieron retraerse para llegar a fin de mes, o el esfuerzo adicional por hacer unas horas extra o una "changa" que sume unos pesos al hogar, nunca fueron devueltos.
En segundo lugar, y directamente ligado con lo anterior, la evidencia indica que todo lo que se perdió, alguien, por otro lado, lo ganó, y en forma incrementada.
El Observatorio del Derecho Social, perteneciente a la Central de los Trabajadores Argentinos - A (CTA Autónoma), ha difundido ayer un breve y contundente informe cargado de información explosiva que alerta de un peligro grave a ser combatido: el de mirar pasivamente cómo este año un puñado de empresarios y especuladores logran aplicar uno de los saqueos más grandes de los últimos 16 años, de la mano del gobierno, los gobernadores y el FMI.
Cuánto perdieron en 2018 las principales ramas de actividad
De un lado de la película, el documento permite poner en números la brutal licuación de salarios que está padeciendo la clase trabajadora, sea cual sea su sector de actividad, con la complicidad voluntaria de las conducciones sindicales que no han levantado ningún plan de lucha serio para evitarlo.
Si se observa la evolución de los salarios de convenio en distintas actividades económicas representativas de distintos sectores económicos (industria, servicios, sector privado y público), se observa una fuerte caída a lo largo del 2018, tanto en aquellas actividades que ya llevaron adelante una revisión del primer acuerdo salarial como en aquellas otras que todavía tienen pendiente esta negociación.
"En efecto, en comparación con el último trimestre de 2017 el retroceso del salario de convenio en términos reales en todas las actividades relevadas supera el 10 %, y en algunas de ellas se acerca al 20 %", describe el informe de CTA-A.
"Cabe reiterar que esta caída se registra a pesar de que muchos acuerdos salariales negociados en el primer semestre del año ya activaron las cláusulas de revisión previstas originalmente, incluso adelantando la fecha consignada en el acuerdo original. En tal sentido, algunas de ellas ya han previsto instancias de revisión de la revisión". En el anexo del informe puede constatarse que uno de estos casos es por ejemplo, el sector de Comercio.
"El acortamiento de los plazos de vigencia de los acuerdos salariales, por vía de sucesivas revisiones, se convierte así en una herramienta defensiva no ya para sostener los básicos de convenio en términos reales, sino para morigerar una caída cuya magnitud, hasta el momento, se encuentra dentro de las más altas de las últimas décadas", advierte el informe.
Los estatales lideran el brutal descenso del poder de compra contra 2015
De conjunto, puede apreciarse un deterioro muy significativo de los salarios de convenio en comparación con los valores registrados en el año 2015. Los datos correspondientes al tercer trimestre de este año muestran retrocesos de entre el 4 % y el 23 % en comparación con el mismo período de 2015, "situación que se agrava al proyectar los aumentos salariales ya previstos y la inflación esperada para el último trimestre (BCRA – REM)".
Como se deduce de la estimación realizada por el Observatorio, las y los trabajadores estatales han sufrido una insoportable licuación de sus salarios en los últimos tres años, que alcanzará a 25,5 % hacia fin de año, sector cuya paritaria firma Andrés Rodríguez, conducción de UPCN a nivel nacional.
Retroceso promedio que llega al 20 % entre el 2015 y el 2018
De acuerdo al informe, en base a los últimos datos oficiales disponibles correspondientes al mes de julio de este año, dan cuenta de un retroceso del 9,9 % en el sector privado registrado y del 20,2 % en el sector público en comparación con octubre del 2015.
"Si bien la caída del salario real ha sido persistente a lo largo de los tres años del Gobierno de Cambiemos, es posible distinguir tres momentos claramente diferenciados: una primera etapa de ajuste en el primer semestre de 2016; un período de relativo estancamiento entre mediados de 2016 y las elecciones de octubre de 2017; y una nueva fase de caída del salario real desde noviembre de 2017", agrega el informe.
Pero además, debe tenerse que cuenta que "este ajuste sobre los salarios reales no incluye el impacto de la inflación de los meses de agosto a octubre, que se ubicará en torno al 15%, por lo que a pesar de que en dichos meses se hicieron efectivos numerosos aumentos provenientes de las negociaciones salariales es posible inferir que el deterioro de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras continuará su tendencia decreciente."
Pero del otro lado de la película no hay que olvidar que hay un grupo minoritario de personas, nativas y extranjeras, que se unen para incrementar sus ganancias con la devaluación, los tarifazos y la especulación financiera apoyada en el endeudamiento, y sustentada en común para todo el arco patronal en el dominio del trabajo asalariado.
¡Reapertura de paritarias YA! Tirar abajo el Presupuesto de ajuste
Pero las lecciones que podemos extraer de la historia también indican que no necesariamente la solución es conformarse con atenuar las pérdidas o esperar a períodos de recuperaración económica para ver si los trabajadores pueden obtener una mejora parcial de su poder adquisitivo.
Es posible torcer la balanza a favor de las y los trabajadores sobre la base de una firme organización y movilización popular, que quiebre la tregua entre las burocracias y los gobiernos,y que pelee por salidas de fondo para cortar de una vez por todas con la decadencia nacional, el atraso y la dependencia.
Las centrales sindicales tienen que exigir y luchar por la reapertura de las paritarias, que obtenga una suba de los salarios en cada sector en una sola cuota y conquitar un bono que recupere los ingresos perdidos, al menos en los últimos tres años.
Para evitar que la inflación siga comiendo el poder de compra, los salarios necesitan ligarse a una claúsula gatillo trimestral automática, partiendo de un salario mínimo igual a la canasta familiar, hoy calculada en $ 33.131 por los trabajadores de la Junta Interna Ate Indec.
La cita de honor esta semana para mostrar las fuerzas que tiene el pueblo trabajador para imponer otra salida a la crisis será el rechazo al Presupuesto del ajuste este miércoles 24.
La columna de análisis de Amado Boudou | Presupuesto 2019: doble engaño

El ex vicepresidente destacó que la propuesta del Gobierno es en realidad "una ley de Déficit Cero como la de De la Rúa y Cavallo".

La administración Macri ha preparado y elevado al Parlamento un proyecto de presupuesto cuyos supuestos y proyecciones han quedado desactualizados producto de la desastrosa performance económico-financiera del gobierno durante el año en curso.
El intento del Ejecutivo de clausurar la discusión legislativa y aprobar este presupuesto, implica habilitar al macrismo para que consolide un ajuste violento y el empeoramiento en la distribución del ingreso. Adicionalmente, el proyecto encierra un doble engaño: por un lado, pretende involucrar a diputados y senadores en la convalidación de la una Ley de Déficit Cero similar a la que De la Rúa/Cavallo los forzaron a votar en 2001; por el otro, pretende imponer al pueblo y al sistema político la idea que el debate, la discusión, las modificaciones e incluso la no aprobación del proyecto oficialista significaría un daño institucional que la oposición le generaría al gobierno, y que “no hay alternativas” como le gusta decir al presidente, haciendo gala de su pereza intelectual. Claramente ambos planteos son engañosos.
Señalemos primero que para este gobierno el presupuesto no tiene ninguna relevancia. Son capaces de alterar las proyecciones de inflación y crecimiento varias veces durante un mismo año, en algunos casos en cuestión de días. Los mismo respecto a los déficits, y han demostrado que ninguna de sus abultadas e irrazonables proyecciones de endeudamiento les han sido suficientes. Semejante nivel de irresponsabilidad ha provocado que ya nadie en el mundo crea en esta gestión, que entonces debió recurrir al FMI para buscar socorro. Por supuesto, que rápidamente incumplió lo acordado con dicho organismo y tuvo que renegociar en cuestión de meses las condiciones pactadas, entregando finalmente el Ministerio de Economía y el Banco Centrala la conducción y vigilancia del Fondo. Es decir, Argentina hoy no tiene soberanía económica, ni monetaria ni cambiaria.
El presidente que pregonó la independencia del Banco Central echó a su conducción para sentar a un amigote (que era funcionario del Ejecutivo) al que tuvo que despedir en tres meses porque fracasó en la contención de la inflación, favoreció demasiado a sus antiguos patrones y se tornó indigerible para la verdadera conducción de la Argentina asentada en Washington, D.C. Hoy el BCRA puede ser independiente del Ejecutivo pues pasó a ser la fuerza de ocupación monetaria del FMI en la Argentina.
Ningún presupuesto es técnicamente relevante en un contexto de altísima inflación como el que ha provocado el macrismo. La volatilidad de las variables y de los precios relativos hace imposible cualquier cálculo económico racional. El tamaño de las sucesivas devaluaciones y los niveles astronómicos de la tasa de interés paralizan cualquier inversión y deterioran día tras día el mercado interno, destruyendo salarios de los trabajadores y capital de trabajo de las empresas.
La dolarización de las tarifas de servicios públicos se ha convertido en un tenaz mecanismo de transmisión y aceleración de la inflación. La economía argentina está paralizada debido al desquicio que ha provocado este gobierno año tras año.
Pero este artículo no pretende poner el foco en estas cuestiones importantísimas que vienen siendo analizadas por el esforzado colectivo de Economía Política para la Argentina (EPA), cuyxs economistas han abordado el análisis global y sectorial del presupuesto en forma brillante desde las perspectivas técnica y política.
De todos modos, no puede evitar señalarse que este proyecto de presupuesto pretende sustituir el déficit primario (elemento indispensable para salir de una recesión como la que Macri provocó, aunque el presidente no lo sepa y diga lo contrario, toda evidencia histórica avala las políticas contra-cíclicas) para dar lugar a un abultado y creciente déficit financiero (que extrae recursos de lxs argentinxs para que el gobierno los gaste sin ton ni son a favor del capital especulativo fuera de nuestro país).
Este presupuesto no solo seguirá destruyendo la vida diaria de nuestro pueblo, haciendo inalcanzables los servicios y la comida, sino que también tendrá un nefasto impacto intertemporal.
Mantiene los mecanismos y las políticas que han provocado el deterioro de la vida en nuestro país: mega-endeudamiento, deserción del Estado, política tarifaria, quita de retenciones, tasas de interés astronómicas, mega-devaluaciones, descontrol de la actividad financiera y cambiaria, inflación alta y persistente, achatamiento de salarios, achique del sistema previsional... En definitiva un sistema que todos los días les quita recursos a lxs trabajadorxs, la clase media y los excluidxs, para entregárselos a unas pocas empresas, la mayoría de ellas trasnacionales y a algunos amigos del equipo del gobierno.
Pero además, compromete el futuro de la Patria, la movilidad social ascendente y el capital humano de nuestro país. La disminución de recursos (en algunos casos hasta disminuciones nominales en un país que sufre más de 45% de inflación anual) al Sistema Universitario, al INTI, al INTA, al ANMAT, al CONICET, al INVAP, a la CNEA, al PIAP (agua pesada), a la Biblioteca Nacional, al INCAA... Es decir, debilita y compromete el sistema de creación y fortalecimiento de conocimiento y cultura de nuestro país. Sin estos, no existe ninguna posibilidad de desarrollo inclusivo y generación de trabajos de calidad.
El proyecto también altera la relación Nación/Provincias/Municipios ya que mantiene la eliminación de la participación de todos los niveles federales en los recursos de las rentas externas, un avance inédito para el federalismo logrado por el Gobierno anterior. La transferencia a las Provincias de la carga de los subsidios provocará al mismo tiempo un impacto negativo en la vida de lxs argentinxs que pagarán más caro los servicios y una nueva carga para las finanzas provinciales. Ambas medidas servirán a un gobierno que ha despreciado en público a la dirigencia de las provincias para cargar con el viejo sueño centralista de “provincias inviables” y poner sobre los gobernadores la responsabilidad política del brutal ajuste decidido y dispuesto entre Macri y el FMI.
Es también evidente, a partir de una somera vista al proyecto de presupuesto, que el gobierno ha decidido asignar recursos a pagar la usura de tasas de interés delirantes (que ni siquiera incluyen el déficit quasi-fiscal enorme e inédito que pesa sobre nuestra economía producto de decisiones de Macri) restándoselos a cuestiones de la vida de lxs argentinxs (atención a la salud, vacunas, educación, obras públicas, equipamiento...) Qué lejos quedaron las mentiras de los miles de nuevos jardines de infantes o la inflación que desaparecía de un día para el otro.
¿Se acuerdan de Conectar Igualdad? El gobierno también decidió que lxs jóvenxs no reciban computadoras para cerrar la brecha digital (ni un peso en el presupuesto para esto!) Por supuesto, que el endeudamiento voraz, desbocado e irresponsable continúa.
Otro tema, ¿es consistente este presupuesto con el programa monetario? ¿Cuál es a esta altura el programa monetario? ¿Alguna política de este gobierno es creíble? Vuelan funcionarios, fracaso tras fracaso y cuando no vuelan, es porque nadie quiere agarrar el lugar. Además, el gobierno pretendió hacer pasar a escondidas dentro del presupuesto, una modificación de la Ley de Administración Financiera para endeudarse más fuerte, más corto y más caro.
Pero avancemos ahora sobre las cuestiones señaladas al comienzo de este análisis, dos cuestiones vinculadas a la economía política subyacente al proyecto de presupuesto que Macri y su equipo pretenden aprobar:
1) Lo que el Poder Ejecutivo ha elevado al Congreso Nacional NO ES un proyecto de Ley de Presupuesto, es una Ley de Déficit Cero encubierta que Macri pretende pasar de contrabando dentro de uno de los momentos legislativos más importantes de cada año.
El gobierno ha demostrado impericia en la ejecución presupuestaria, cada año, no solo por la concepción ideológica de sus propuestas, sino también por la incapacidad de su equipo de CEOs para gestionar. En los casi tres años de gestión de Macri (sí, ya ha transcurrido el 75% de su mandato) no se ha cumplido una sola de sus previsiones de mejorar la vida de nuestrxs compatriotas. Todavía esperamos el inverosímil segundo semestre como quien persigue un arco iris. El equipo de gobierno no hace ya ningún esfuerzo por disimular el sentido de esta Ley de Presupuesto. Ya ningún funcionario defiende los supuestos, las proyecciones ni las líneas de acción incluidas en él. Técnicamente es un desastre y lo saben.
Digámoslo entonces con todas las letras: el FMI le ha exigido a Macri/Dujovne una Ley de Déficit Cero como la que arrancó en su momento a De la Rúa/Cavallo. Pero la debilidad política e intelectual del actual gobierno no le dejan espacio para presentarla como tal, entonces cínicamente la esconde dentro de una aparente Ley de Presupuesto.
Este proyecto no es siquiera un mal programa de gobierno, es una exigencia externa que socava la soberanía argentina y dañará la vida de nuestro pueblo.
Lo único que busca Macri es que el Congreso le apruebe un instrumento que le permita aumentar la deuda irresponsablemente y que asegure a los acreedores internacionales tener mayor derecho sobre nuestros recursos que cualquier ciudadano argentino.
Una historia largamente conocida desde 1824, profundizada en 1976 con un trágico final en 2001.
Una historia demasiado larga y sufrida para no comprender sus implicaciones. Demasiado cercana para no interpretar la maniobra. El Congreso Nacional no puede aprobar a libro cerrado un compromiso asumido espuriamente por Macri con Mme. Lagarde, sin discutir su verdadero sentido.
2) Las Leyes de Presupuesto son esbozos del programa de gobierno propuesto por el Poder Ejecutivo, pero aprobarlas es resorte constitucional del Congreso. Por lo tanto, para aprobarlas se requiere una fuerza política o una coalición con mayorías parlamentarias suficientes (la representación popular y de las Provincias surgidas en elecciones) o bien, abrir el debate agotando las instancias con fuerzas opositoras.
Eventualmente, de no lograrse acuerdos, nuestra normativa prevé mecanismos legales suficientes que permiten el regular funcionamiento del Estado cuando la decisión del Congreso es no aprobar el proyecto remitido por el poder Ejecutivo.
Claro está que en este último supuesto la responsabilidad política de la gestión recae con mayor fuerza sobre el mismo ejecutivo. Basta recordar un episodio cercano: para el ejercicio 2010, mientras yo me desempeñaba como Ministro de Economía, la oposición en el Congreso decidió no acompañar el proyecto de presupuesto que elevamos. En ese momento el mundo atravesaba la peor crisis económico-financiera desde 1930, algunos analistas reputan incluso a la crisis que comenzara en 2008 como la más severa de la historia.
Nuestro Gobierno se puso a trabajar con las herramientas a disposición y logró que el Estado y la ejecución presupuestaria fueran claves para que la crisis global no afectara la vida de lxs argentinxs.
Quedan desnudadas así dos falacias desplegadas insistentemente durante estos 3⁄4 de la gestión de Macri:
a. El Gobierno anterior pudo proteger a su pueblo, a sus trabajadorxs, a la clase media, a su sistema productivo, a su mercado interno y a su sistema previsional, durante una crisis global profunda que arrasó millones de puestos de trabajo e ingresos en muchos rincones del planeta.
No puede ni debe un gobernante usar como excusas supuestas “tormentas” (cuando en realidad, son solo goteras producidas por el propio gobierno) para lavarse las manos y desentenderse del destino de las familias y lxs ciudadanxs argentinxs que sufren y pierden esperanzas por las decisiones del gobierno actual.
b. La tan mentada “gobernabilidad” se construye con buen gobierno y buenas políticas. No mediante acuerdos súper-estructurales que desprecian el profundo sentido de lxs votantes. La farisea utilización del concepto de gobernabilidad ha servido al gobierno para chantajear y a algunxs -consciente o inconscientementepara revelar sus verdaderas posiciones respecto del tema del endeudamiento, el sistema previsional, el mecanismo de designación de jueces, la política internacional, el mundo del trabajo y sus organizaciones y el rol del Estado.
En definitiva, un gobierno que ha fracasado consistentemente durante tres años, en la concepción y ejecución de su programa económico-social no debiera intentar forzar al Congreso Nacional a que lo acompañe a una capitulación formal ante el FMI (la fáctica ya se produjo) escondiendo dentro de una parodia de Ley de Presupuesto, una Ley de Déficit Cero exigida por el organismo de Washington.
Sería aconsejable que abandone el cinismo y presente los hechos tal cual son, en lugar de ocultar y mentir. Debería abrir la discusión y si no logra acuerdos, asumir las consecuencias. Nuestro sistema lo prevé, no es el fin del mundo. Simplemente hay que hacerse cargo, actitud que este gobierno elude permanentemente.
Tres años de fracasos impactan demasiado en la vida y los sueños de lxs argentinxs. No son casualidad ni un destino que no se puede cambiar. Siempre existen caminos alternativos. El gobierno de Macri ha pasado de la soberbia infundada e insustancial al desconcierto destructivo. Si no revisa sus políticas, se profundizarán la exclusión, la recesión, el desempleo y la inflación.
El proyecto de presupuesto 2019, que disfraza una Ley de Déficit Cero estilo De la Rúa/Cavallo, profundiza y consolida los errores macristas que han provocado el empeoramiento de las condiciones de vida de (casi) todxs lxs argentinxs. Nuestra Patria necesita y merece otro presupuesto para 2019.
Las prepagas aumentan otro 8,5 por ciento y suman 40,8 en el año

Negocio a costa de la salud

El aumento se aplicará a partir de diciembre y será el quinto del año. En tres años el ajuste acumulado supera el 200 por ciento. El último incremento se aplicó este mes y le metió presión a la inflación, que podría llegar al 6 por ciento.

La medicina prepaga aumentará una vez más en diciembre un 8,5 por ciento, según lo acordado con el Gobierno. Será entonces el quinto aumento del año, acumulando un incremento del 40,8 por ciento, por encima de prácticamente cualquier convenio laboral aunque todavía algo por debajo de la inflación proyectada. Las prepagas entran en el reducido grupo de actores beneficiados por la política económica de Cambiemos. Justamente uno de los factores explicativos de la inflación del mes corriente son las cuotas de las prepagas, a raíz del incremento aplicado desde el 1 de octubre. A una semana de que termine el mes, las consultoras anticipan que la inflación de octubre estará entre 4,7 y 6 por ciento.
Las prepagas aumentaron un 4 por ciento en febrero, 7,5 en junio, otro 7,5 en agosto, un 8 por ciento a principios de octubre y ahora se confirmó que cerrarán el año con otra mejora de 8,5 por ciento en sus ingresos. “En promedio, en los últimos años, la suba anual de las cuotas de las entidades de medicina prepaga ha estado unos tres puntos porcentuales por encima del índice general de precios”, indica un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien este año el aumento acumulado de las prepagas, del 40,8 por ciento, queda por debajo de la inflación proyectada, el número del incremento está por encima de la paritaria del 35 por ciento –una de las mejores del mercado laboral– firmada por Sanidad. El convenio de Sanidad también incluye una cláusula gatillo para compensar la inflación desde enero de 2019, que seguramente se terminará reflejando en nuevas subas de las cuotas a comienzos del año que viene. El costo salarial representa alrededor del 74 por ciento del costo total de las prepagas. Desde principios de 2015, las prepagas subieron un 214 por ciento.
Precisamente, el aumento de las prepagas del 8 por ciento que comenzó a regir a principios de este mes es uno de los factores de empuje de la inflación en octubre. Martín Vauthier, director de la consultora Eco Go adelantó a PáginaI12 que la proyección de inflación para octubre se ubica en el 6 por ciento. Rodrigo Alvarez, de Analytica mantiene una proyección del 4,7 y Orlando Ferreres calculó un rango de 4,9 a 5,1 por ciento. Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, espera un 5 por ciento. En tanto, el índice de inflación semanal que calcula el CESO, dirigido por Andrés Asiain, registró que la suba de precios entre la segunda semana de octubre y el mismo período de septiembre fue del 8,1 por ciento.
El primer arrastre sobre los precios en octubre proviene de la resaca de la fuerte devaluación de agosto y principios de septiembre, la cual generó una inflación minorista del 6,5 por ciento el mes pasado, según el Indec. A nivel mayorista, los precios subieron un 16 por ciento en septiembre, el mayor incremento desde 2002. Se calcula que parte de esa presión se trasladó a los minoristas este mes. Este diario recolectó algunas subas de precios en artículos de consumo masivo durante este mes. Las empresas productoras de lácteos Tregar, Ilolay y Paulina aplicaron aumentos de 11 por ciento en los quesos cremosos y en el resto de los artículos de sus líneas las subas fueron de 7 por ciento, mientras que en el caso de Molinos Río de la Plata, el aumento fue un 9,3 por ciento en forma generalizada. También hubo aumentos de entre 10 y 15 por ciento en empresas como Mondelez, Arcor, Mastellone y Sancor. A su vez, las empresas La Morenita y La Virginia aumentaron un 6 por ciento.
Además, en octubre las naftas volvieron a subir cerca de 10 por ciento en promedio, mientras que la boleta del gas lo hizo hasta un 50 por ciento a instancias de la Secretaría de Energía. Además, subió el boleto de colectivo y el pasaje de los trenes metropolitanos. También subieron los peajes de las autopistas Buenos Aires - La Plata y en el tramo hacia la costa atlántica.
Sandleris negó que esté incentivando una nueva bola de nieve

“Las Leliq no nos preocupan”

El aumento exponencial de las Lebac generó la crisis cambiaria que se arrastra desde abril. En el Central aseguran que ahora es distinto y pidieron un nuevo voto de confianza. “No hay peligro de que estas letras provoquen una nueva crisis con el dólar”, afirman.

“Las Leliq no nos preocupan. La política monetaria es sustentable”, dijo ayer el presidente del Banco Central Guido Sandleris. El titular de la entidad volvió a utilizar los mismos recursos que empleaba el ex presidente del organismo Federico Sturzenegger: mostrar en conferencia de prensa que los técnicos de la institución hicieron las cuentas para asegurar que el aumento exponencial de los pasivos monetarios no implica ningún riesgo. Las estimaciones con las Lebac no salieron bien. Esta deuda terminó generando la crisis cambiaria que se arrastra desde abril. En el Central aseguran que ahora es distinto y pidieron un nuevo voto de confianza. Los economistas del mercado ya empezaron a advertir por las posibles consecuencias del incremento de las Leliq.  
Sandleris presentó ayer en conferencia de prensa su informe trimestral de la Política Monetaria. Se trata de uno de los documentos más relevantes del organismo porque expone las perspectivas sobre la economía. Los tres informes presentados este año llevan la firma de un presidente distinto en el Central. El documento anterior estuvo avalado por Luis Caputo y el primero del año lo presentó el ex titular Federico Sturzenegger.
Sandleris insistió en que las Leliq no le inquietan. “En el escenario más pesimista los pasivos monetarios del Central subirán al 7,8 por ciento del PBI para finales del 2019, una cifra similar a la que se registraba a inicios de 2016”, dijo. El funcionario usó 15 minutos de su exposición para mostrar que la estrategia de Leliq es sustentable en el mediano plazo. Los técnicos de la entidad compartieron la visión asegurando que “no hay peligro de que estas letras provoquen una nueva crisis con el dólar”.  
Los consultores de la city porteña empiezan a criticar la estrategia de la autoridad monetaria con las Leliq. El más pesimista fue el ex rector de Ucema Carlos Rodríguez. “Los bancos y el público perciben que el Central está dispuesto a pagar cualquier cosa para que los pesos no se vayan a dólares. Por las Leliq que les vende a los bancos paga cerca del 72 por ciento, que por interés compuesto es una tasa que llega al 104. Y los bancos a su vez los usan para apalancar plazos fijos que pagan tasas exorbitantes del 40 o 45 por ciento”, dijo. Mencionó que “por ahora la situación se mantiene pero en algún momento las tasas y el plazo de las Leliq se van a convertir en inflación porque la burbuja estalla”. Precisó que “lo que no hay ahora en la economía son pesos líquidos sino que están colocados a 7 y 30 días. Los pesos no están en billetes sino en una bicicleta, que no es otra cosa que inflación reprimida”.
La conferencia de Sandleris no dejó nada fuera del libreto. El titular del Central repitió que a partir de noviembre la inflación empezará a descender, que la meta de emisión cero está bien encaminada y que se están atacando los desequilibrios arrastrados de la macroeconomía para crecer en forma sustentable. El presidente de la entidad evitó referirse a la falta de independencia del organismo respecto del Tesoro, insistió en que los pasivos monetarios no son un problema y planteó que las tasas de 70 por ciento bajarán en la medida que se modere el proceso inflacionario.
“Los últimos meses fueron la consecuencia de tres cosas. La primera, la herencia con años de políticas desacertadas. La segunda, el shock por la sequía del campo y la volatilidad en los mercados financieros internacionales. La tercera, errores propios en los que se subestimó la corrección del desequilibrio recibido y el contexto global”, dijo. Recordó que “la escalada de la inflación llevó a tener que modificar el plan monetario y abandonar el esquema de metas de inflación para adoptar un esquema más simple y contundente. El objetivo es reanclar las variables financieras y reducir lo más posible el riesgo de tener nueva incertidumbre”.
El titular del Central mencionó que “el organismo enfrenta desafíos importantes. Tenemos que despejar el riesgo de volver a pasar por lo mismo. No hay nada peor para la economía que la inestabilidad”, planteó. Aseguró que “el ritmo de inflación actual es muy peligroso para el país y para la gente. Estamos atacando las causas fundamentales de la inflación, nuestra prioridad es dejar atrás la volatilidad que vivimos estos meses (la crisis cambiaria comenzó en abril)”.
Sandleris indicó que su estrategia de política monetaria es distinta a la que había hasta septiembre. “No nos enfocamos en fijar precios (la tasa de interés) sino que nos enfocamos en controlar las cantidades (el volumen de pesos que circula en el mercado)”. Lo dijo para mencionar que no está pendiente de la inflación de cada mes porque no es parte de su objetivo. Su meta es controlar el nivel de emisión, lo cual supuestamente permitirá que la inflación se desacelere.
El establishment empresario muestra su preocupación por la agudización de la crisis económica

Tasas, inflación y dólar dominan en IDEA

Los CEO de las mayores empresas del país mantienen intacto su apoyo ideológico al Gobierno pero muestran alarma por las posibilidades de recuperación de la economía antes de las elecciones de 2019. Reclamos por más flexibilización laboral.

Desde Mar del Plata
Los principales CEOs del país ya comenzaron con sus apuestas para las elecciones del año próximo y se debaten entre lo posible y lo deseado. Si bien el apoyo al Gobierno se mantiene ideológicamente intacto, el establishment está alarmado por los errores de gestión que complican la situación del sector privado. El descontrol de la inflación, la política de tasas de interés exorbitantes para frenar al dólar y las internas políticas son los temas que más preocupan a los empresarios que asisten a la 54° edición del Coloquio de IDEA. “Si el oficialismo vuelve a ganar en 2019, con una recesión, realmente será un caso de estudio”, le dijo a este diario el titular de una consultora de comunicación y políticas públicas para Latinoamérica. Tanto en los paneles como en charlas informales en los pasillos del Sheraton de Mar del Plata, donde se realiza el evento, quedó en evidencia la intención del empresariado de mejorar su imagen, golpeada por la causa de las fotocopias de los cuadernos. El pedido del conjunto es avanzar en una mayor flexibilización laboral, solución que defendió también el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.
La niebla que primó durante buena parte del miércoles dejó un coloquio con menos presencia que otros años, dado que muchos no pudieron aterrizar en la terminal marplatense y volvieron a Aeroparque. Los paneles siguieron con la egocentrista línea de este año, “Cambio Cultural: soy yo y es ahora”, donde se discutió extenuantemente el rol del empresariado. El politólogo Andrés Malamud criticó el lema sobre el cambio cultural. “El problema de la Argentina no es moral sino político. La cultura no es la causa de los problemas, sino la falta de incentivos”, dijo Malamud. “Yo quiero decir que me gusta mucho el lema del coloquio”, había dicho la noche anterior la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. En el panel directamente llamado “Nuestro Rol”, se presentó una encuesta de Luis Costa & Asociados con una muestra de 500 casos que revela que la imagen positiva de los empresarios es del 22 por ciento en la Argentina, mientras que en Brasil asciende al 46 por ciento, pese a los casos de corrupción por el supuesto pago de coimas desde el gigante Odebrecht.
En la apertura, la noche anterior, hubo otra frase que definió la concepción de país que el empresariado busca inocular en la opinión pública. “Somos un país pobre pero rico en recursos naturales”, aseveró el gerente de Ledesma y presidente de IDEA, Javier Goñi, instalando la idea de un destino predestinado de exportación de materias primas. La esperanza de una buena cosecha que le salve la ropa al gobierno de Cambiemos y permita hacer menos insoportable el impacto del ajuste es la máxima por la que se animan a soñar los empresarios, quienes no vaticinan una mejora desde lo productivo para los próximos meses. “Recién ahora parece que el tipo de cambio está estabilizado, ahora el camino es cómo y a qué ritmo reducir la tasa de interés para que haya recuperación”, explicó el gerente del mayor banco privado en Argentina.
Los empresarios, de todos modos, identifican la tensión cambiaria, la suba de tasas, el alza de los precios internos y la falta de claridad en las políticas como los principales escollos. PáginaI12 consultó al secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, respecto de la posibilidad de aplicar algún mecanismo para desacoplar los precios internos de los alimentos de la cotización internacional y el tipo de cambio. “El Mercado en tu Barrio es un programa que permite a los consumidores conseguir más baratos algunos productos. Pero está claro que la variable es que crezcan las exportaciones y eso mejore la situación en general”, respondió el funcionario con el libreto de su época de empresario.
Desde el sector aerocomercial, empresarios y sindicatos también alertaron sobre la política de cielos abiertos que, en los hechos, está aplicando el Gobierno y que terminará por castigar a la línea de bandera. “La aparición de las firmas low cost le quitó mercado de cabotaje, mientras que el Gobierno limita las rutas internacionales de Aerolíneas Argentinas y elimina así una fuente de generación de divisas”, detalló a este diario el titular del gremio de pilotos (APLA), Pablo Biró. La apertura comercial, la flexibilización laboral y la primarización de las exportaciones no se modificaron y continuaron utilizándose como política de derrame. “Las empresas más importantes de Argentina se sostienen de una economía equivocada, sobre la mentira de que si cada uno busca el beneficio personal, el mercado va a equilibrar. Pero el mercado no equilibra. El 1 por ciento acumula más riqueza que el 99 por ciento restante”, resumió en un panel sobre “bien común” el titular de la Fundación Dinero y Conciencia en Latinoamérica, Joan Antoni Melé.
Mal resultado, peor respuesta

Cuando Mauricio Macri, en el inicio de su campaña presidencial, afirmó que la inflación era “un tema fácil de resolver, es lo más simple”, no estaba lanzando un exabrupto fuera de libreto, sino que reflejaba lo que sus asesores económicos –luego, su equipo de gobierno– le entregaban como diagnóstico. La inflación tenía como origen la emisión monetaria excesiva, le dijeron. Entonces, si se reducía la cantidad de dinero circulante, problema solucionado. Así lo creían, y probablemente lo siguen creyendo.
Macri y su equipo transitaron desde entonces por ese sendero de política monetaria. Aunque en el último tramo, desde abril de este año en adelante, asumieron que el costo de esa política iba a ser una profunda recesión. Pérdida de capacidad adquisitiva por parte de los asalariados, pérdida de ingresos monetarios por reducción de horas de trabajo, pérdida de empleos posiblemente por reducción de planteles o cierre de establecimientos. El gobierno eligió quién iba a pagar los costos, pero “el sacrificio” (ajeno, por cierto) debía tener un resultado muy valorado: erradicar la inflación.
Hoy, el modelo económico suma un nuevo fracaso. La inflación se les desbocó a nivel mayorista y no es una sorpresa: si se permitió dolarizar los insumos básicos, incluso los servicios públicos; si los esquemas de mercados concentrados –no competitivos– en vez de diversificarse con la apertura importadora se concentraron aun más; si se borraron de un plumazo todas las regulaciones y se viabilizó el traslado a precios de la megadevaluación que el propio modelo generó, el resultado no podía ser otro que el híperaumento de precios (hablar de hiperinflación sería apresurado, aunque no estamos lejos). Así lo registraron las estadísticas de septiembre y así lo reflejarán las de octubre, si no hay una “mano invisible” que las modifique.
En cuanto al costo –la pérdida salarial, la recesión y consecuente caída de la demanda–, el daño está hecho y se seguirá haciendo. La fórmula oficial sigue siendo “secar la plaza” para detener la remarcación de precios, lo cual tendría como lógico reflejo una mayor suba de tasas. Esto es, mayor recesión. A no sorprenderse. Este gobierno ya demostró cómo reacciona: cuanto peor le va, peor es la respuesta. Son cientos de miles las personas que sufren las consecuencias de este experimento, y serán muchos más si continúa.
El Gobierno facilitó la operación de sociedades que provienen de guaridas fiscales

Argentina es offshore friendly

El Ministerio de Justicia flexibilizó las condiciones para el ingreso y el registro de empresas establecidas en guaridas como Bahamas o Islas Caimán, entre otras. La resolución dictada a través de la IGJ también elimina controles elementales.

La Inspección General de Justicia (IGJ) flexibilizó los requisitos de inscripción que debían cumplir las sociedades extranjeras para establecer una sucursal en la Argentina o asociarse a empresas locales. La resolución 6/2018 eliminó el requerimiento para que las firmas extranjeras acrediten sus actividades fuera del país y borró la exigencia para que individualicen a sus socios. La normativa fue presentada por el organismo dependiente del Ministerio de Justicia como un mecanismo para “simplificar”, “facilitar” y “agilizar” los procedimientos administrativos que deben realizar las empresas. Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce) advierte que los cambios introducidos a fines de agosto facilitan y promueven la incorporación de sociedades offshore.
Las empresas que a partir de la publicación de la normativa de la IGJ pueden ser registradas con facilidad en la Ciudad de Buenos Aires son las mismas estructuras que quedaron expuestas en las últimas dos megafiltraciones de información del mundo offshore: Panamá Papers y Paradise Papers. Establecidas en guaridas fiscales y financieras donde tienen prohibido realizar prácticamente cualquier tipo de actividad comercial, las sociedades offshore son vehículos para operar de manera anónima alrededor del mundo. Las firmas están diseñadas a medida pero su principal atributo es ocultar la identidad de sus verdaderos dueños. Permiten así canalizar maniobras abusivas de evasión, fuga y lavado que no solo afectan el financiamiento de las políticas públicas sino que al facilitar la salida de dólares se convierten en una fuente permanente de inestabilidad económica para países como Argentina.
“El espíritu principal de la nueva norma está lejos de promover la desburocratización del Estado. Se trata más bien de la apertura de una puerta para el ingreso de capitales extranjeros sin importar su procedencia”, advierte el reporte de la abogada María Eugenia Marano, del Cipce. La flexibilización de los requisitos de inscripción de una sociedad extranjera fue acompañada por una relajación en los controles anuales realizados por la IGJ sobre esas empresas.
“La resolución da un vuelco de ciento ochenta grados en materia de control societario sobre las sociedades extranjeras en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Vuelve el tiempo atrás y nos retrotrae a la normativa existente antes de 2003”, considera Marano al enfatizar que la IGJ “intenta flexibilizar o, mejor dicho, casi eliminar los requisitos de inscripción y regímenes informativos que las sociedades extranjeras debían cumplir para poder establecerse en la Argentina”.
Antes de la publicación de la resolución 6/2018 en el Boletín Oficial el 29 de agosto, las offshore tenían prohibida su inscripción en la IGJ como sociedades extranjeras. Para desarrollar actividades o participar en otras sociedades debían adecuarse a la legislación argentina, cumpliendo con una serie de procedimientos. Esas restricciones fueron eliminadas y, según advierte el Cipce, se abrió la puerta para que se inscriban empresas provenientes de guaridas como Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas o Bahamas, entre otras.
“Introdujo la posibilidad de que la IGJ analice la inscripción de sociedades provenientes de países con regímenes tributarios especiales o considerados no cooperadores en materia de transparencia fiscal, mediante el requerimiento de documentación que acredite actividad económicamente significativa en el exterior”, explica el Cipce.
Una película de Mauricio Macri con música de Nicolás Dujovne

6,5: La inflación en órbita

La cifra oficial igualó el dato de abril de 2016 y hay que retroceder hasta abril de 2002, en plena crisis posconvertibilidad, para encontrar una suba de precios mayor. El rubro alimentos y bebidas trepó 7 por ciento y transporte un 10,4 por ciento.

El Indec midió una suba general de precios de 6,5 por ciento en septiembre, por debajo de varias de las estimaciones privadas. El número iguala la mayor marca de inflación difundida por el Indec durante la gestión de Cambiemos, en abril de 2016, que a su vez fue la más alta desde abril de 2002, en plena salida del régimen de convertibilidad. El principal aporte a la inflación mensual de septiembre provino del rubro alimentos y bebidas, seguido de prendas de vestir y transporte. El traslado de la devaluación del peso que se produjo en agosto es el primer factor de tracción de los precios, junto al aumento de combustibles y colectivos y trenes metropolitanos. En nueve meses, la suba de precios acumula un 32,4 por ciento, mientras que la interanual arroja un alza de 40,5 por ciento. Productos centrales de la canasta básica como fideos, aceite, pan y arroz subieron por arriba de un 15 por ciento en apenas 30 días.
La inflación de este año no sólo está traccionada por la suba de tarifas, componente que predominó en 2017, sino también por los “precios núcleo”, que no incluyen los estacionales (como frutas y verduras) ni los regulados (servicios públicos). El IPC núcleo creció 7,6 por ciento en septiembre y acumula un 38,9 por ciento en doce meses. Por su parte, los servicios públicos, al calor de la política de ajuste de subsidios, acumulan en la comparación interanual un incremento del 52,5 por ciento.
El componente más importante de la inflación núcleo es alimentos y bebidas, que además impacta de lleno en las canastas de pobreza e indigencia, que definen la evolución de los índices de pobreza e indigencia. Alimentos y bebidas subió 7 por ciento en septiembre, acumula un alza del 35,8 en nueves meses y un 40,4 por ciento en el interanual. Según el Indec, en septiembre los fideos secos subieron un 20,1 por ciento, al igual que las hamburguesas congeladas. El aceite de girasol subió un 17 por ciento, mientras que pan francés, arroz y pollo lo hicieron un 16,7 por ciento mensual. La harina creció un 11,7; la carne picada, un 7,7 por ciento y la leche en polvo entera subió un 8,6 por ciento mensual. En el último año, la harina subió casi un 150 por ciento y los fideos secos, un 74,6 por ciento, según el Indec. El arroz lo hizo en un 55 por ciento; el aceite de girasol, un 70,3 por ciento y el pollo, un 54,6 por ciento.
El rubro que mayor incremento presentó en septiembre fue transporte, con el 10,4 por ciento. Transporte acumula en nueve meses un alza de 47,4 por ciento y de 58,8 por ciento en la comparación interanual. El incremento mensual se explica por la quita de subsidios implementada por el Ministerio de Transporte, que motivó una suba del boleto de colectivo entre un 10 y un 12 por ciento sólo en septiembre, mientras que el tren lo hizo alrededor de un 20 por ciento. La suba del colectivo acumula en el año un 117 por ciento, desde los 6 pesos de enero. Las naftas también subieron a lo largo de septiembre. Tanto transporte público como combustibles volvieron a subir en octubre.
Por otro lado, el capítulo de prendas de vestir y calzado subió un 9,8 por ciento aunque en la comparación interanual todavía está 12 puntos porcentuales por debajo de la inflación general. Similar a la ropa fue la suba de equipamiento y mantenimiento del hogar, ambos afectados por el impacto cambiario en los insumos difundidos utilizados en la producción.
El 6,5 por ciento de inflación del Indec quedó por debajo de varias de las mediciones de las consultoras. Por ejemplo, Elypsis, que dirige el economista oficialista Luciano Cohan, calculó que la suba de precios en septiembre había sido de 7,3 por ciento, mientras que la UMET calculó un avance de 6,7 por ciento. Para Orlando Ferreres, el alza de precios fue del orden del 7 por ciento, aunque Eco Go y Ecolatina midieron una suba del 5,5 y del 6 por ciento, respectivamente. El CESO publicó una suba de 7,7 por ciento.
El capítulo de salud subió en septiembre un 4,5 por ciento empujado por la inflación en medicamentos. Según la entidad Consumidores Libres, la cafiaspirina acumula en el año una suba de 67 por ciento; los remedios para la diabetes, un 57 por ciento y 53 por ciento los de la tiroides. Por otro lado, el rubro de restaurantes y hoteles subió un 5,7 por ciento en septiembre y los servicios públicos de gas, electricidad y agua lo hicieron en un 2,3 por ciento. En octubre comenzó a regir un incremento del gas.
En función de la continuidad en el efecto arrastre del dólar sobre los costos internos, el incremento de la tarifa del gas, transporte público, naftas y prepagas (que subieron un 8 por ciento), entre otras cosas, se espera que la suba de precios de octubre ronde el 4/5 por ciento, con lo cual la inflación en diez meses sería del 38 por ciento. Para la consultora Ecolatina, el IPC cerrará en 47/48 por ciento este año.
Casi un cuarto del ingreso mínimo de los trabajadores se destina a pagar servicios públicos

Las tarifas pisan fuerte el salario

En apenas tres años, Argentina pasó de tener unas de las más bajas a las más altas tarifas de gas, luz, agua y transporte de América latina. La carga de los servicios públicos sobre el salario mínimo se multiplicó por cuatro.

El peso de los servicios públicos sobre el salario mínimo vital y móvil se multiplicó cuatro desde la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Estimaciones realizadas por el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda evidencian que las tarifas se llevan el 23,5 por ciento del total del piso legal para los ingresos laborales. Antes del recambio presidencial esa relación alcanzaba apenas al 6 por ciento. Argentina pasó así a ocupar el tercer lugar entre los países sudamericanos con mayor incidencia de las tarifas sobre los salarios mínimos. Solo la superan Venezuela y Chile. Apenas tres años atrás, el país exhibía la incidencia más baja de toda la región.
“La principal línea argumentativa del gobierno para desmantelar el esquema de subsidios vigente entre 2002 y 2015 es que la energía cuesta y hay que pagarla. Si no se tiene un equilibrio fiscal, el rojo se verá traducido en una mayor emisión e inflación”, señala el informe al resumir la argumentación ortodoxa detrás de los tarifazos. “Transcurridos casi tres años de los cambios implementados, el panorama es completamente opuesto a lo que se auguraba”, sostiene el informe de la Undav, al apuntar que los aumentos aceleraron la inflación y resintieron la actividad económica sin ofrecer mejoras significativas en materia de producción de hidrocarburos o expansión de la cobertura. A la política tarifaria se suma el estancamiento en la actualización del salario mínimo.
“Argentina se posicionaba como el país de la región con las tarifas de los servicios públicos más accesibles. Sin embargo la política tarifaria llevada adelante desde diciembre de 2015 coloco los valores en niveles similares a los de los países con tarifas más caras”, advierte el reporte. El ranking lo encabeza Venezuela donde, según las estimaciones del obervatorio, las tarifas representan el 36,5 por ciento del salario mínimo. La segunda posición la ocupa Chile donde los servicios públicos insumen hasta 24,9 por ciento del piso salarial. La tercera es para Argentina con 23,5 por ciento del SMVM que llegó al podio en menos de tres años y en el cuarto lugar quedó Brasil donde los servicios básicos consumen el 20,6 por ciento. El quinto escalón corresponde a Perú con un 19,5 por ciento y el sexto lugar corresponde a Ecuador la relación entre las tarifas y el ingreso mínimo asciende al 19,2 por ciento. Las estimaciones realizadas por los investigadores de la Undav contemplaron los servicios residenciales de electricidad, gas natural y agua.
“De criticar el gasto populista en subsidios económicos que mejoraba la calidad de vida de la gente, se pasó a naturalizar el pago de intereses que hace el Estado al capital financiero que para el presupuesto 2019 superará los 560.000 millones de pesos”, expresan los investigadores de la Undav, al advertir que “el endeudamiento que generó la creciente carga de intereses no modificó las condiciones ni la capacidad productiva del país, sino que financió la fuga de divisas”. Los economistas del Observatorio de Políticas Públicas estimaron que los aumentos registrados a lo largo de los últimos tres años alcanzaron al 2057 por ciento en gas natural, el 1491 por ciento en energía eléctrica y casi un 1000 por ciento en el servicio de agua potable. En materia de transporte, se observaron ajustes del 677 por ciento en peajes, 375 en el boleto del tren, 332 en colectivos de corta distancia y un 177 por ciento en el pasaje de subte.
“Las empresas obtuvieron tasas de ganancia suculentas en este tiempo, lo que pone de manifiesto la problemática de sostener una política de dolarización de las tarifas de energía para los usuarios sean hogares o empresas. En última instancia lo que termina deteriorándose son las condiciones del mercado interno que debe soportar mayores costos para pagar de sobremanera un recurso que argentina tiene a disposición”, sostiene el documento al reflejar que entre en el primer semestre de 2018 las distribuidoras eléctricas Edesur, Edenor y Edelap incrementaron sus resultados 240, 174 y 674 por ciento, respectivamente.
El Gobierno celebra el 17 de octubre emitiendo más deuda

Lo publicó este miércoles en el Boletín Oficial. Es por seis meses con una tasa similar a la de los plazos fijos.

El Gobierno emitió 300 millones de pesos más de deuda, que tomará de fondos destinados originalmente para obras de transporte. La medida se conoció este miércoles que se celebra un nuevo Día de la Lealtad peronista.
A través de la resolución conjunta 23/2018, de la Secretaría de Finanzas, el Gobierno emitió una Letra del Tesoro por $300 millones, a ser suscripta directamente por el Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte (FFSIT).
La misma tendrá un plazo de 180 días, a partir del 17 de octubre. Y pagará un interés equivalente a la tasa BADLAR para bancos públicos, la que se determinará como el promedio aritmético simple de la tasa de interés para depósitos a plazo fijo de treinta (30) a treinta y cinco (35) días de más de un millón de pesos ($ 1.000.000) - BADLAR promedio bancos públicos.
Asimismo, El Ministerio de Hacienda realiza hoy una licitación de Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos, a un plazo de 193 y 377 días.
Según lo dispuesto, se licitarán Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 193 días (30 de abril de 2019) capitalizable mensualmente a la tasa nominal mensual de 4%.
También, Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos a un plazo de 377 días (31 de octubre de 2019) capitalizables mensualmente a la tasa nominal mensual de 3,35%.
Vencen hoy Lebac por cerca de 231 mil millones

El último supermartes

El Banco Central adelantó que renovará sólo entre 100 y 150 mil millones de pesos para los inversores privados. Quedarán en circulación al menos 80 mil millones.

El Banco Central enfrentará hoy el último super martes de Lebac. La entidad no tendrá licitaciones relevantes para los próximos meses debido a la fuerte reducción en el stock de esta deuda desde agosto. En diciembre la autoridad monetaria sacará de circulación las letras. En el vencimiento de esta tarde el organismo a cargo de Guido Sandleris dijo que renovará entre 100 y 150 mil millones de pesos para los inversores privados. Estos inversores no bancarios tienen vencimientos de alrededor de 231 mil millones de pesos, por lo que quedarán en circulación al menos 80 mil millones.
En el Central indicaron que se emitirán nuevas letras del Tesoro en pesos para aumentar las opciones de los inversores que quieran mantenerse en moneda local. Se trata de una estrategia de la autoridad monetaria para intentar moderar las presiones que puede ocasionar esta liquidez en el mercado cambiario. En los vencimientos de Lebac registrados desde abril hubo volatilidad e incertidumbre sobre el tipo de cambio durante las semanas posteriores a los vencimientos.
El Central reiteró en un comunicado que para las Lebac en manos se los bancos se mantendrá el esquema de renovación cero. Esto implica que en la práctica gran parte de los vencimientos en manos de las entidades bancarias se terminarán colocando en Leliq. Se trata de una deuda de corto plazo que sólo pueden compras las entidades bancarias y que en los últimos 30 días subieron en un 103 por ciento. El stock de las Leliq se ubica en torno de 500.000 millones de pesos.
Los bancos, según datos difundidos por el Central, explican actualmente 12 de cada 100 pesos de deuda en Lebac. “El stock existente de Lebac asciende aproximadamente a 340 mil millones pesos, de los cuales 12 por ciento está en poder de entidades bancarias y el resto en manos de entidades no bancarias tales como fondos comunes de inversión, empresas, individuos y no residentes”, detalló el Central. Esto implica que los bancos se deberán desprender de alrededor de 35 mil millones de pesos que hoy mantienen en Lebac y que cambiarán por Leliq.
La autoridad monetaria reiteró que aplicará medidas prudenciales para evitar volatilidad cambiaria en los días posteriores al vencimiento. “Con el fin de garantizar un proceso ordenado de la reducción de Lebac, se anunció oportunamente un incremento de 3 puntos de los encajes obligatorios para las entidades de mayor tamaño que comenzó a regir a partir 1º de octubre, permitiendo la integración de dicho incremento en Notas y Letras del Banco Central”, precisó. En los informes de consultores la city empieza a advertirse un problema en este frente. Se asegura que la remuneración de los encajes que el Central le empieza a dar a los bancos es a tasas muy elevadas y pude provocar un problema sustentabilidad para el sistema financiero.
Las ganancias de los bancos crecieron en agosto 263,7 por ciento interanual

La banca es la gran privilegiada

Los beneficios sumaron 26.143 millones de pesos. El principal rubro para explicar los ingresos extraordinarios fueron las inversiones en letras colocadas en el Banco Central (Lebac y Leliq). Sus acciones igual cayeron por la devaluación y la exposición al Estado.

Los bancos registraron ganancias por 26.143 millones de pesos en agosto. Se trata de un incremento de 263,7 por ciento en relación con las ganancias anotadas en el mismo mes del año pasado. El dato surge de estimaciones del Banco Central publicadas en un informe reciente sobre la evolución del negocio de las entidades financieras. Los beneficios embolsados en agosto fueron un record para los bancos. El principal rubro para explicar estos ingresos extraordinarios fueron las inversiones en letras colocadas en el Banco Central (Lebac y Leliq). Las acciones de los bancos en la bolsa porteña, pese a las ganancias que se acumularon en los últimos meses, registraron pérdidas importantes en lo que va del año por la devaluación y la exposición al Estado.
La autoridad monetaria hace un seguimiento del balance de los bancos mes a mes. El ingreso registrado en agosto por el conjunto de las entidades financieras (bancos privados locales, privados extranjeros y públicos) superó los 26 mil millones de pesos, cuando había sido de 7 mil millones en agosto del año pasado. Esto implica que los beneficios de los bancos no sólo subieron fuerte en moneda local sino que le ganaron con amplio margen a la devaluación. Las entidades financieras aumentaron su ganancia medida en dólares en casi 40 por ciento.
El ingreso de los bancos subió en varios rubros. Pero el que se destacó fue el de los títulos valores. Este rubro registra los beneficios que obtiene la banca por invertir en las letras que ofrece el Banco Central (principalmente Lebac y Leliq). El aumento de la tasa de interés de estas inversiones en agosto, cuando la autoridad monetaria elevó a más del 60 por ciento el rendimiento de las Leliq, fue clave para los bancos. Se computaron ingresos por títulos valores por 31 mil millones de pesos, cuando la cifra había sido de 11 millones en agosto de 2017. Esto implica que los bancos aumentaron en 184 por ciento su ganancia por este rubro de un año a otro. Se trata de un incremento mucho mayor al de la suba del dólar (120 por ciento en el mismo período) y al del aumento de la inflación (35 por ciento interanual).
La aceleración de los precios fue otro de los elementos que potenciaron las ganancias para los bancos. Las entidades tienen inversiones que ajustan por CER (es decir, en función de la evolución de los precios). El rubro en el que se registran los ingresos por estas inversiones anotó en agosto 6057 millones de pesos, cuando la cifra había sido de 564 millones en igual mes del año pasado. Esto indica que las entidades apostaron por un incremento de la inflación y nos le fue nada mal.
Lo ingresos por cobro de intereses en los préstamos fue otro rubro importante para explicar el avance de las ganancias de las entidades financieras. Se anotó un ingreso de 44 mil millones de pesos, contra los 25 mil millones de pesos del año pasado, es decir un alza del 74,7 por ciento. Los bancos ganaron neto unos 19 mil millones de pesos más en agosto de este año respecto de igual mes del año pasado.
El avance del rubro intereses, pese a que fue importante, no llegó a compensar el aumento del tipo de cambio y da una pista sobre por qué bajaron este año fuertemente las acciones bancarias en la bolsa. El ingreso esperado de los bancos medido en dólares se redujo por la devaluación y provocó un primer desincentivo para inversores locales e internacionales. Pero no fue el único. El otro elemento que lleva a desprenderse de las acciones de los bancos es la exposición cada vez mayor de las entidades a la deuda del Banco Central.
Consultoras privadas estiman que la inflación de septiembre fue superior al 7 %

El miércoles se conocerá el Índice de Precios al Consumidor de septiembre que estima el Indec. Consultoras privadas estiman que la inflación rondará el 7 % mensual y podría superar el 45 % anual en diciembre. Otro golpe al bolsillo frente a paritarias muy retrasadas.

Este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer el índice de precios del mes de septiembre. Distintas consultoras privadas estiman que la inflación escaló a valores históricos en dicho mes, apuntalado por la corrida cambiaria y los tarifazos.
En agosto la inflación mensual alcanzó a 3,9 %, la más alta desde la publicación de la serie en diciembre de 2016, significando un incremento interanual de 34,4 %. Así, en los primeros 8 meses del año los precios crecieron 24,3 % en forma acumulada.
De acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que efectúa el Banco Central, la inflación en diciembre alcanzará a 44,8 % anual, aunque algunas estimaciones indican que si sigue el ritmo de septiembre podría rozar el 50 %.
El Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET) estimó que el costo de vida de los trabajadores aumentó un 6,7 % mensual en septiembre y acumuló una suba del 40,4 % en los últimos doce meses. El informe advierte que la inflación de 2018 será la más alta desde 1991, y en los primeros nueve meses de 2018 el incremento acumulado alcanzó el 32,2 %.
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En tanto, la consultora Orlando Ferreres calculó una inflación en septiembre del 7 %, y la inflación núcleo (no incluye precios regulados, ni los estacionales) en el mismo período fue de 8,6 %. Así, los precios acumularon un incremento de 35,6 % año contra año.
La consultora Elypsis proyectó una inflación para septiembre de 7,3 % y acumularía un 31,6 % en lo que va del año. La inflación núcleo fue del 9,3 %. Para el mes próximo se espera una suba de precios de 4,8 %.
En octubre hay nuevos incrementos tarifarios en gas y en transporte, como el aplicado desde ayer en el área metropolitana para colectivos y trenes, que siguen aceitando la suba de precios.
Reapertura de paritarias ya
El gobierno garantizó la semana pasada a las empresas distribuidoras de gas que "compensará" el diferencial de las tarifas frente a la devaluación de este año para garantizar sus ganancias en dólares, sea que lo paguen los usuarios directamente en sus facturas correspondientes o indirectamente por medio de erogaciones del Estado que brotan de los impuestos.
Sin embargo, para las y los trabajadores no hay ninguna compensación, ni por la pérdida frente a la devaluación ni por la pérdida brutal de poder adquisitivo frente a la inflación.
En el primer caso, ante una devaluacióndel peso de 120 % desde diciembre pasado, los salarios se recortaron casi al 50 %. Tal es así que el salario promedio en dólares ya es más bajo que en Brasil y Chile, de acuerdo aun estudio de la Universidad Belgrano.
En el segundo caso, frente a la inflación interna de precios, los salarios y los ingresos populares muestran un rezago preocupante. El Indec reconoció que en un año los salarios perdieron en julio un 7 % frente a la inflación.
Ninguna paritaria cerró al 45 % anual ni de cerca. Estatales de la Administración Nacional acordaron con UPCN en 15 % en tres cuotas y dos bonos fijos no remunerativos ni acumulables. Sanidad cerró a 20 % en 3 cuotas, Aceiteros cerró en 19 %, UOM 15 % en dos cuotas con revisión en diciembre, entre otros.
Las y los jubilados, pensionados, los niños que perciben la AUH y las Asignaciones Familiares, con una inflación anual de 45 % habrán perdido más de 11 puntos frente a la inflación en diciembre, cuando se cumpla un año de la Reforma Previsional que modificó la movilidad de las jubilaciones significando un robo a los jubilados.
Por ello, además de exigir a las cúpulas sindicales, las patronales y el gobierno la reapertura de paritarias e incrementos que como mínimo se equiparen a la inflación, es necesario pelear por derribar el Presupuesto de ajuste que el gobierno y la "oposición" peronista, con el aval de los gobernadores, pretende aprobar el próximo 24 de octubre para cumplir con las exigencias del FMI.
Éste pretende profundizar las medidas de ajuste sobre trabajadores, jubilados, jóvenes, mujeres y niños, con recortes en educación, ciencia, salud, salarios y seguridad social, para garantizar un incremento del 50 % en lo que anualmente se destina al pago de intereses de deuda.
El FMI quiere gobernar desde Argentina y se instalará en el Banco Central

El organismo abrirá una oficina en Buenos Aires y será dirigida por el jamaiquino Trevor Alleyne. Desde allí auditará la política de ajuste de Cambiemos.

El Fondo Monetario Internacional abrirá una oficina en Buenos Aires que por el momento funcionará dentro del Banco Central y que será dirigida por el jamaiquino Trevor Alleyne.
La dependencia tendrá como principal objetivo controlar la evolución de las metas de déficit y expansión monetaria cero, dos de los puntos contenidos en el acuerdo firmado por la Argentina con el organismo multilateral.
En su última visita, los representantes del Fondo instalaron la oficina en el Banco Central, la cual, será ocupada en breve por un funcionario con 25 años de experiencia dentro del organismo.
Según adelantó el portal oficialista Infobae, Alleyne desembarcará en Buenos Aires en noviembre y su cargo será "resident representative", el primer punto de contacto entre el FMI y el equipo económico argentino.
El FMI cuenta con oficinas propias en alrededor de 70 países, incluso en lugares donde no hay un acuerdo financiero con el organismo.
El consumo masivo se desplomó 3,7 por ciento en septiembre. Es la mayor baja desde junio de 2017

En las góndolas el frío es cada vez más fuerte

Prácticamente todas las categorías de productos muestran fuertes bajas. Si se toman en cuenta los porcentajes de variación de las ventas de artículos de consumo masivo desde septiembre de 2015, la caída acumulada es del 8,4 por ciento.

El consumo masivo se desplomó un 3,7 por ciento en septiembre frente al mismo mes del año pasado, la mayor caída desde junio de 2017, advierten desde el supermercadismo. Si se toman en cuenta los porcentajes de variación de las ventas de artículos de consumo masivo desde septiembre de 2015, la caída acumulada es del 8,4 por ciento. Sobre ese consumo reducido opera el incremento de las importaciones, que achica todavía más el mercado disponible para las empresas que producen para la economía doméstica. En el período enero/septiembre, el consumo masivo acumula una baja del 0,8 por ciento. Prácticamente todas las categorías de productos muestran bajas de consumo. El deterioro es mucho más fuerte en los pequeños comercios. La caída del consumo en septiembre coincide con la que posiblemente se convierta en la mayor inflación mensual desde abril de 2002, ya que las estimaciones privadas esperan un 7 por ciento (ver aparte). Mañana se conocerá el IPC oficial de septiembre.
Durante el fin de semana largo, las grandes cadenas de supermercados recibieron el informe mensual de la consultora Scentia, que dirige Osvaldo Del Río. A nadie le soprendió la caída del consumo, después de un mes de fuertes aumentos de precios por parte de las empresas líderes y la incertidumbre económica que hace que los consumidores estén muy cautos con los gastos.
En septiembre, los precios en el sector de consumo masivo subieron a un ritmo del 35,2 por ciento anual, mientras que la facturación lo hizo en un 30,1 por ciento. Esa diferencia implica una baja de las cantidades vendidas. Desde el comienzo del ciclo de gobierno de Cambiemos, sólo en marzo de este año se verificó una clara mejora interanual del consumo. En ese momento se habían acordado algunas paritarias importantes y todavía no se había desatado la crisis cambiaria. Para lo que resta del año y al menos la primera parte del 2019 se espera que el consumo siga en deterioro.
La baja de las cantidades vendidas en el consumo masivo fue de 3,7 por ciento en septiembre, que se puede desagregar en una merma de 2,8 en el AMBA y de 4,4 por ciento en el Interior, calculó Scentia. La reducción del consumo fue más marcada en pequeños comercios, que sufrieron una baja del 6,1 por ciento a nivel nacional, mientras que las grandes cadenas verificaron una baja de 1,7. Esa diferencia se explica porque la crisis obliga a los consumidores a reducir en primer lugar las grandes compras en los comercios de cercanía, en donde ahora se consume cantidades pequeñas para cubrir necesidades del día o de muy corto plazo. Las grandes cadenas, a su vez, perdieron algunos consumidores en manos de los mayoristas.
Se destacó la caída interanual del rubro de alimentación (-3,7 por ciento), desayuno y merienda (-5,9), perecederos y frío (-3,1), limpieza de ropa y hogar (-8,4), higiene y cosmética (-5,3) y bebidas sin alcohol (-1,2 por ciento). El único segmento que mejoró en la comparación anual fue bebidas con alcohol (11,4 por ciento), empujado por la cerveza.
El principal determinante de la caída del consumo masivo es el deterioro del poder adquisitivo de los asalariados y jubilados. Un reciente informe de la consultora Ecolatina advierte que este año el salario real va a caer en un 6 por ciento en promedio, traccionado a la baja en primer lugar por los ingresos de los empleados públicos, que bajan un 8 por ciento en términos de poder adquisitivo. Entre los trabajadores privados registrados, la caída rondaría el 4,5 por ciento. De todas maneras, el resultado final del salario real en 2018 dependerá de la medida en que se reabran las paritarias de los principales gremios, algo que no está del todo claro todavía, por lo cual la pérdida podría ser todavía más alta ante la inflación, que quedaría cerca del 45 por ciento. Por su parte, la jubilación ajustaría 7,8 por ciento en diciembre, con lo cual el incremento nominal llegaría al 28,5 por ciento, casi 16 puntos abajo de la inflación.
Según los números de Scentia, en septiembre de 2016 el consumo masivo cayó en 5,3 por ciento frente al mismo período de 2015. Luego, en septiembre de 2017 registró una leve mejora de 0,4 por ciento frente al mismo mes de 2016. Sobre ese recorrido aparece la caída de 3,7 por ciento de septiembre pasado frente a 2017.
La utilización de la capacidad instalada industrial anotó el registro más bajo en dieciséis años

El peor agosto desde la crisis de 2002

El uso promedio de la maquinaria retrocedió al 63 por ciento, 4,3 puntos menos que hace un año. De los doce rubros fabriles relevados, en diez se anotaron caídas interanuales.

La utilización de la capacidad instalada de la industria no para de caer. El indicador retrocedió en agosto al 63 por ciento, 4,3 puntos por debajo del mismo período del año pasado. El empleo de maquinarias y equipos no registraba un nivel tan escaso para ese mes desde 2002, cuando marcó apenas 56,9 por ciento. El informe del Indec destaca que durante el octavo mes del año la caída en la utilización se extendió a 10 de los 12 sectores relevados. Las únicas actividades que mostraron un tímido desempeño favorable fueron las industrias metálicas básicas y la automotriz, aunque ese comportamiento no significa que atraviesen una situación de holgura. La caída en la demanda experimentada por ambos sectores se traduce en suspensiones y despidos. El desempeño global del indicador acompaña el comportamiento recesivo del Estimador Mensual Industrial, que durante agosto retrocedió 5,6 por ciento contra el mismo mes de 2017.
El bloque de alimentos y bebidas presenta un nivel de utilización de la capacidad instalada de 61,7 por ciento, que fue 4,2 puntos inferior al observado un año antes. La caída, explica el informe, se origina en la reducción de dos actividades. La primera es la menor molienda de granos oleaginosos para la elaboración de aceites y otros subproductos de soja y girasol a raíz de la sequía. En segundo lugar, el Indec advierte por la menor elaboración de bebidas gaseosas, aguas y sodas. La actividad está asociada al escaso dinamismo del mercado interno, que en agosto comenzó a acusar recibo de la aceleración inflacionaria.
El uso de la capacidad instalada en la industria textil, por su parte, fue del 53,4 por ciento en agosto mientras que el mismo mes del año pasado llegaba al 69,1 por ciento. El derrumbe de 15,7 puntos porcentuales es el más pronunciado de todos los sectores y responde a la contracción en los niveles de elaboración de tejidos e hilados de algodón. El parate en la actividad donde se concentran despidos y cierres de empresas es consecuencia de una combinación de la apertura importadora, el aumento de costos de los insumos y la merma de la demanda interna.
La refinación del petróleo registró un nivel de utilización de la capacidad instalada de 78,1 por ciento, un 7,1 por ciento inferior al observado en agosto de 2017. De acuerdo al organismo estadístico, la caída responde a las paradas de plantas observadas durante las primeras semanas del mes. En tanto, entre los productos derivados se computaron caídas en la elaboración principalmente de gasoil, fueloil, diésel y asfaltos, que también afectaron los niveles de utilización de la maquinaria en el sector.
La industria metalmecánica presentó un nivel de utilización de 53,9 por ciento que es 7,2 puntos inferior al del año pasado, explicado por la disminución de los niveles de producción de tractores, cosechadoras, sembradoras e implementos agrícolas, de algunos sectores de consumo durable (en particular la línea blanca) y del segmento de envases de metal.
El bloque de sustancias y productos químicos cayó 8,2 puntos en agosto para ubicarse en 54,1 por ciento como consecuencia de las caídas registradas en las producciones de materias primas plásticas, detergentes y jabones, productos químicos básicos, fertilizantes y fibras sintéticas. Asimismo, los productos de caucho y plástico presentaron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,6 por ciento que es 2,1 puntos menor que un año atrás a partir de la contracción en los niveles de elaboración de neumáticos y de manufacturas de plástico.
Por la crisis y a pedido del FMI, Argentina renuncia a ser sede del Mundial 2030

Nuestro país había presentado su postulación junto a Uruguay y Paraguay. Pero el costo de realizar la competencia generó la decisión de bajarse de la idea.

Hace tan solo cuatro meses, Argentina presentó formalmente su candidatura tripartita, junto a Uruguay y Paraguay, para organizar el Mundial 2030 de fútbol. Sin embargo, el agravamiento de la crisis económica y la influencia cada vez mayor del FMI generaron que el gobierno de Mauricio Macri desista de la iniciativa.
Así lo reveló el portal Doble Amarilla, que reveló que no habrá un anuncio oficial de la baja de la candidatur, pero "esa idea no corre más", según le revelaron de la Casa Rosada. La iniciativa se enmarcaba en la idea de traer el Mundial a Sudamérica cuando se cumplan 100 años de la primera Copa, precisamente en Uruguay.
Argentina desistió de ser sede del Mundial por la profunda crisis económica y el ajuste que lleva adelante el Gobierno por acuerdo con el FMI. Precisamente, dentro del acuerdo con el organismo está el de no organizar ningún megaevento que implique mayores gastos.
Sucede que Argentina iba a ser la sede principal, con la mayor cantidad de partidos a disputarse en territorio nacional. Para eso, debía invertir en infraestructura necesaria para logística, estadios y poder albergar a los miles de hinchas que vendrían de todo el Mundo, algo que el Gobierno hoy no está dispuesto a hacer.
Estas restricciones pusieron en el congelador otra idea que empezaba a aflorar: la candidatura de Buenos Aires como sede de los JJ.OO. 2032. Algo que iba a anunciarse tras los Juegos de la Juventud y que no podrá ser.
Créditos UVA: tras negar los problemas, el Gobierno sale a poner tope a las cuotas

Por la disparada de la inflación, las cuotas amenazan a los ingresos de las familias. El Gobierno sale a auxiliar a quienes confiaron en el instrumento estrella.

La cuota de los créditos UVA no podrá superar el 10% de lo que aumente el índice que mide los salarios, anticipó esta mañana el ministro del Interior, Rogelio Frigerio como parte de las medidas que anunció el presidente Mauricio Macri para salvar a los deudores hipotecarios que utilizaron este instrumento.
Sin embargo, no se trata de una concesión, ya que la diferencia entre la cuota "normal" y la cuota con tope seguirá capitalizándose con intereses y el deudor deberá pagarla en el futuro.
Así, el gobierno reconoce de alguna manera los problemas del sistema de créditos UVA, cuyas cuotas se atan a la inflación más una tasa de interés. Como el alza de precios fue muy superior a la de los salarios, las cuotas comenzaron a ocupar un porcentaje cada vez mayor de los ingresos familiares.
Además, el Jefe de Estado prometió que se va a "mejorar el sistema de acceso a la vivienda" y que los créditos ANSeS tendrán más beneficios, con el fin de "darles soluciones a la clase media".
En una presentación que realizó en la Residencia de Olivos, Macri comentó que a las casi cien mil familias que cuentan hoy con créditos UVA, "las dificultades que atravesamos en los últimos meses les han traído incertidumbre y muchos temen que se disparen las cuotas".
Según Frigerio, "no estamos viendo -en los bancos- moras en la devolución de todos los créditos UVA, pero queremos darles previsibilidad a quienes los tomaron".
"Esas cien mil familias (que tienen este tipo de préstamo) pueden alargar los plazos cuando las cuotas se van muy por encima del salario. Eso es algo que ya existía. pero ahora a e eso le agregamos que un tope al crecimiento de la cuota", enfatizó Frigerio, en conferencia de prensa.
"Por eso, le vamos a poner un tope a los aumentos de esas cuotas para darles previsibliidad", resaltó.
Con relación a los alquileres, dijo que "desde hace décadas que no hay una nueva Ley. Por eso, vamos a presentar un proyecto para darles a los inquilinos soluciones concretas a temas como garantías, actualización. Espero que este tema avance pronto en el Congreso".
Macri también aseguró mejoras para el sistema de acceso a la vivienda "que estaba roto desde hace mucho tiempo", y resaltó que este año hay "60 mil viviendas en construcción".
Asimismo, destacó que el Procrear será "más justo" y que habrá más beneficios en los créditos ANSeS, como descuentos en corralones y comercios.
Insólito: Dujovne se reunió con funcionarios de EE.UU. para solucionar la crisis en Venezuela

Con inflación en alza y la economía en baja, el ministro sale a dar consejos por el Mundo.

El Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, participó este viernes de una reunión organizada por el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, para discutir la crisis en Venezuela.
La reunión se organizó en los márgenes de la cuarta reunión de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del G20, en Bali.
Pese a que la inflación en Argentina se aceleró hasta más del 40 por ciento anual y el PBI caerá más del 2 por ciento, el ex panelista de TNbusca darle soluciones al país caribeño.
"Los ministros presentes condenaron el régimen autoritario del gobierno de Nicolás Maduro y conversaron sobre el rol que podría jugar la cooperación internacional para ayudar a aliviar la crisis humanitaria de Venezuela", informó la cartera de Hacienda.
Dujovne señaló: "Es trascendental que avancemos en el proceso legal que nos permita condenar a Nicolás Maduro por los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Venezuela".
"El pueblo venezolano necesita nuestra ayuda para dejar atrás una dictadura que incumple sistemáticamente con los derechos humanos", aseguró el funcionario, en línea con el comunicado emitido por el Grupo de Seis países del Grupo de Lima (Argentina, Colombia, Chile, Paraguay, Perú y Canadá) el mes pasado.
El FMI pide un ajuste adicional de $60 mil millones por la recesión

Es porque la caída de la actividad implica menor recaudación y mayor gasto social. Como solución, proponen seguir bajando el gasto para llegar al déficit cero.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) podría pedir un ajuste adicional de más de 60 mil millones de pesos en 2019, año en el que el Gobierno prometió llegar al déficit cero en la ley de Presupuesto. Esto es así porque por las propias medidas del Fondo, la recesión será más profunda y eso afectará la recaudación y el gasto social.
El FMI publicó sus estimaciones para le economía mundial y allí pronosticó que la Argentina tendrá una caída del 2,6% del PBI este año y del 1,1% el año próximo. Sin embargo, el Gobierno estimó en el Presupuesto que 2018 cerrará con "solo" un -2,4% y -0,5% en 2019.
Esa diferencia entre la recesión que pronostica el FMI y la recesión que aspira el Gobierno es que una caída mayor de la actividad implica menos recaudación y la necesidad de un mayor gasto social para paliar los efectos nocivos el ajuste. Esa diferencia entre menos impuestos y mayor gasto social equivale a unos 60 mil millones de pesos, calcula el FMI.
¿Cuál es la solución que propone el Fondo para esta situación? Realizar un ajuste mayor para que el Estado nacional llegue al déficit cero el año próximo y tenga un superávit (primario, sin tener en cuenta los exorbitantes pagos de la deuda) del 1 por ciento del PBI.
Para el año próximo el Gobierno se comprometió a un recorte de unos 400 mil millones de pesos entre este año y el próximo, entre la suba de impuestos y la baja del gasto. Por sus propias medidas, que atentan contra la actividad económica y la recaudación, el polémico organismo multilateral va por unos 60 mil millones de pesos más.
El FMI empeoró sus pronósticos para la economía argentina

Te presta y te hunde

El Fondo Monetario calculó una caída del PBI del 2,6 por ciento para este año y del 1,6 para 2019, peor que la estimada en el Presupuesto presentado en el Congreso. Adjudicó esa retracción a factores externos y a la profundización del ajuste acordado por el gobierno de Mauricio Macri con el propio organismo para acceder a un crédito Stand-By.

El Fondo Monetario Internacional rebajó hoy sus expectativas de crecimiento en Latinoamérica y atribuyó en gran parte el descenso en sus cálculos a la crisis de la economía argentina. Para la región pronosticó un crecimiento del 1,2 por ciento este año, pero para nuestro país prevé una contracción del 2,6 por ciento en 2018 y de 1,6 en 2019. El cálculo para el año próximo fue incluido en el informe de "Perspectivas Económicas Globales" presentado hoy en Bali, Indonesia. Es más pesimista que el del propio gobierno argentino, que en su proyecto de Presupuesto 2019 estimó que en 2019 la contracción del PBI sería del 0,5 por ciento.
Lo curioso es que el FMI adjudica la reciente “volatilidad de los mercados financieros” a la “incertidumbre persistente sobre el éxito del plan de estabilización subyacente al programa” acordado con el propio Fondo. El documento también culpa al "endurecimiento de las condiciones financieras mundiales” y a “un escándalo de corrupción interno”.
El Fondo Monetario y el Gobierno argentino pactaron en junio un plan de ayuda financiera por valor de 50.000 millones de dólares y tres años de duración, a los que se sumaron 7100 millones de dólares adicionales.
“En Argentina, se prevé una contracción del crecimiento del 2,9 por ciento en 2017 al 2,6 por ciento en 2018, lo cual supone una importante revisión a la baja respecto al pronóstico del informe WEO de abril de 2018, debido a las recientes perturbaciones en el mercado financiero, las elevadas tasas de interés reales y el más rápido avance en la consolidación fiscal impuesta por el Acuerdo Stand-By de acceso excepcional aprobado en junio”, dice el texto del Fondo.
Para 2019 estima una nueva contracción de la economía del 1,6 por ciento y recién augura crecimiento “a mediano plazo”, en torno al 3,2 por ciento. Eso coincidiría, según el FMI, con “la firme aplicación de las reformas y la recuperación de la confianza”.
Respecto a la inflación, el organismo multilateral calculó que será del 31,8 por ciento en 2018 debido a “la importante depreciación de la moneda” y estimó que el índice seguirá en un nivel similar en 2019, con un 31,7 por ciento.
Frente a ese escenario, el Fondo volvió a insistir con su receta al asegurar que “en Argentina se requieren ajustes fiscales significativos en una etapa inicial para reducir la carga del financiamiento federal y situar firmemente la deuda pública en una trayectoria descendente”. El informe aclara que esas “reformas” deben “asegurar que los beneficios derivados de un crecimiento más fuerte y sostenido se extienden a todos los sectores de la sociedad”, Para eso pide “rediseñar” lo que llama “programas de asistencia social”.
Tarifazo en el gas: el Gobierno quiere exprimir hasta la última gota de nuestros salarios

En la “compensación” que busca hacer a las distribuidoras para garantizar la dolarización de tarifas también se incluyen intereses sobre intereses, de una deuda que ningún usuario contrajo. Nacionalización ya bajo control de usuarios y trabajadores.

El Centro CEPA estimó que para un hogar de la zona metropolitana casi la mitad del monto que el Gobierno quiere hacerle pagar en concepto de “compensación” a las empresas distribuidoras de gas por el desfasaje en el tipo de cambio frente a la puja con las empresas productoras, correspondería solamente a “intereses” por “financiación”.
Es decir que para garantizarles a las empresas que lucran con el servicio público de gas (tanto productoras como distribuidoras) que verán sus ganancias intactas y la facturación dolarizada (con una devaluación de 120 % anual), el Gobierno también incorpora un negocio financiero adicional para dichas empresas que es considerar el desfasaje como una “deuda” de los usuarios y aplicar dos veces el interés sobre esa deuda.
Así, por ejemplo, CEPA estimó que para un hogar que consumió entre 300 y 450 metros cúbicos por bimestre entre mayo y octubre, las empresas de gas le reclamarán un monto total de $ 2.166,90, de los cuales $ 1.459,80 corresponderían a intereses por diferencias diarias y también por la financiación en 24 cuotas que estableció el Gobierno.
Pero las familias trabajadoras que viven de su salario o de “changas” para llegar a fin de mes, ven que sus ingresos se licúan día a día con la inflación que superará el 45 % anual. Mientras los salarios crecen muy por detrás, con paritarias de entre 15 % a 25 %, e incluso inferiores.
Algunos estudios estiman que el salario real perderá al menos 11 puntos hacia fin de año, afectados por la devaluación y los tarifazos.
A ello debe agregarse la creciente pérdida de empleos, suspensiones y el parate de la actividad con la cual el Gobierno y el FMI se juegan a frenar la inflación y descargar la crisis sobre los trabajadores. La recesión superará el 2,5 % este año.
No contento con ello, el Gobierno también quiere exprimir hasta la última gota restante de “esfuerzo” de las familias trabajadoras, con el fin de mantener la rentabilidad de las empresas amigas.
Así, no sólo este tarifazo es escandaloso por el reclamo de un pago retroactivo de un servicio que ya fue abonado por los usuarios, que hasta para el fiscal Marijuan -que denunció penalmente a Iguacel- se trata de un abuso de poder, sino también por el intento de aplicar sobre esa deuda creada a cada familia dos veces el pago de intereses, en momentos en donde además el Gobierno y el Banco Central, por decisión del FMI, están posicionando el nivel de la tasa de interés de referencia a niveles extremadamente elevados (74 %).
En juego hay $ 10.600 millones, que es el reclamo entre productoras y distribuidoras, considerando que Camuzzi exige una diferencia de $ 3.300 millones, Gas Ban $ 2.800, EcoGas $ 1.500 y Metrogas en torno a los $ 3.000, a lo que deben sumarse los jugosos intereses.
El centro CEPA denuncia también que la resolución del Enargas 20/2018 no se enmarca siquiera en el débil esquema jurídico de los años 90 (ley 24.076 del año 1992). Aquél establece que las diferencias diarias que se registran devengan una tasa pasiva (la que paga el banco a los ahorristas).
“Pero la resolución del 4 de octubre incumple esta norma, ya que establece un mecanismo de actualización vía tasa activa, mucho más elevada, que perjudica aún más a los usuarios. Con el agravante de que, para intentar contener la inestabilidad cambiaria, la política del Gobierno fue elevar la tasa de interés. La resolución apuntala el negocio financiero de las distribuidoras”, platea el comunicado de CEPA.
“Enargas estableció que las diferencias actualizadas a diciembre de 2018 sean financiadas en 24 cuotas mediante un crédito de sistema francés con la tasa pasiva del BNA otorgado a cada uno de los usuarios. Los intereses de este crédito se calculan sobre las diferencias de cambio, pero también sobre los intereses de actualización de 2018. Es decir, capitaliza intereses o dicho de otro modo, cobra intereses sobre intereses”, sentencia.
¿De cuánto fue el tarifazo de gas en los últimos tres años?
De acuerdo al centro CEPA, en la zona metropolitana el aumento de la factura de gas promedio aumentó 1.848 % desde diciembre de 2015, incluyendo el reciente aumento anunciado en octubre.
Estos aumentos oficializados ayer en el Boletín Oficial, además del sobrecosto a los usuarios para imputarles el impacto de la devaluación, consisten en un 19,67 % a los usuarios residenciales en términos de cargos fijos. Pero también se agregan los aumentos por consumo, que van del 60 % al 63 % en el caso de los usuarios que menos gas utilizan (la categoría R1) y de 21 % a 22 % para las categorías más altas.
Para los comercios y pequeñas industrias (SGP1 y SGP2) el límite de incremento será del 50 %.
El Gobierno justifica y avala dichos tarifazos planteando que se trata de un costo necesario e inevitable de la quita de subsidios millonarios, un “sinceramiento”, iniciado por el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren cuando estaba al mando del Ministerio de Energía y Minería, y continuado ahora por Javier Iguacel como secretario de Energía.
Sin embargo, las formidables ganancias de las empresas energéticas son la evidencia irrefutable de que lo que hay de fondo no es meramente una quita de subsidios (sin ninguna auditoría, investigación o control popular sobre el destino de esos fondos), sino un engrosamiento de las ganancias millonarias de las empresas amigas del Gobierno.
En los últimos balances de 2017 las ganancias superaron con creces las del año anterior: Camuzzi $ 452 millones, Gas Cuyana $ 588 millones, Gas Natural Ban $ 574 millones, Metrogas $ 787 millones, TGN $ 808 millones y TGS $ 2.797 millones. Esta última había triplicado su ganancia.
Pero también, según datos del Instituto Argentino del Mercado de Capitales, los resultados económicos de las empresas de petróleo y gas crecieron hasta 30.000 % entre el primer trimestre de 2017 y mismo período de 2018. Excepto distribución de gas, todos los otros segmentos mejoran sus resultados.
Cabe recordar que las cuatro empresas distribuidoras más grandes -como Metrogas, Camuzzi, Gas Cuyana y Eco Gas- controlan el 85 % del mercado de distribución. Así también, las empresas productoras de gas como YPF, Total Austral, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, YsurEnergía, Pluspetrol y Compañía General de Combustibles concentran cerca del 90 % de la producción de gas.
Muchas de las empresas concesionarias de servicios públicos fueron privatizadas durante los años 90 bajo el gobierno de Carlos Menem, manteniéndese así hasta la actualidad, sin cuestionamiento por ningún gobierno. Pero los empresarios no solo llenan sus bolsillos con los tarifazos, sino también con los millonarios subsidios que les otorgó el Estado en ese momento, que mantuvo e incrementó el gobierno kirchnerista y que hasta el día de hoy permanecen sin ningún tipo de control ni auditorías.
Hoy más que nunca se hace urgente la estatización de todos los servicios públicos, bajo control de sus trabajadores junto a comités de usuarios, los únicos interesados en que los mismos sean de calidad, que se realice la inversión suficiente para el abastecimiento, la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, sin necesidad de obtener ganancias por ello.
La "tablita" secreta del Gobierno donde revela que el dólar puede llegar a 60 pesos

Guido Sandleris, presidente del Banco Central, tiene pautada la evolución de la cotización del dólar hasta fines del año próximo.

El Gobierno tiene una "tablita" secreta donde revela que el dólar puede llegar a los 60 pesos. La noticia la dio a conocer Clarín, a través de Marcelo Bonelli. Guido Sandleris, presidente del Banco Central, tiene pautada la evolución de la cotización del dólar hasta fines del año próximo.
"Se trata de una regla interna para facilitar el ingreso de dólares y garantizar sus utilidades. Guido Sandleris evitó hacerla oficial, pero la confirmó cuando habló frente a banqueros y economistas", cuenta Bonelli.
La tablita que regula la banda de flotación incluye un ajuste mensual del 3% hasta fin de año. Y un aumento acumulativo del 1,83% mensual durante todo el 2019.
La “tablita” interna del BCRA proyecta lo siguiente: un dólar promedio de 49,3 pesos para las primarias políticas de agosto y de 51,1 pesos para las elecciones presidenciales de octubre. Para el BCRA, la banda terminaría este año en un piso de 37,2 y un techo 48,1 pesos. Y según la tablita, se proyecta para fin del 2019 que oscile entre 46,2 y 59,8 pesos.
Por la devaluación, los usuarios tendrán que pagar el gas en cuotas con interés por los próximos dos años

Lo decidió el Gobierno y publicó en el Boletín Oficial. Es por la escalada del dólar, que pasó de 20 a 40 pesos. Así, transfiere de los usuarios a las empresas alrededor de $10 mil millones.

El Gobierno de Mauricio Macri dispuso que las distribuidoras de gas podrán cobrar a los usuarios un importe "extra" en 24 cuotas mensuales, para compensar el impacto de la "marcada variación del tipo de cambio". El dólar pasó de 20 a 40 pesos este año.
Fuentes del mercado energético indicaron a la agencia Noticias Argentinas que ese monto extra que saldrá de los bolsillos de los usuarios e irá a parar a las arcas de las compañías alcanza los 10.000 millones de pesos.
Para peor, estas cuotas se abonarán con una tasa de interés equivalente a la tasa que paga el Banco Nación por un plazo fijo, hoy en 46% anual.
Esta medida se suma al incremento del gas del 30 al 35%.
La decisión para "compensar" a las empresas gasíferas con 10.000 millones de pesos comenzará a aplicarse desde el 1 de enero de 2019, según la oficialización de la resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía, publicada este viernes en el Boletín Oficial.
"Dispónese, en forma transitoria y extraordinaria, que para las diferencias entre el precio del gas previsto en los contratos y el precio reconocido en las tarifas de distribución, valorizadas por el volumen de gas comprado desde el 1º de abril y hasta el 30 de setiembre de 2018, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) instruirá a las prestadoras del servicio de distribución al recupero del crédito a favor de los productores en línea separada en la factura de sus usuarios, en 24 cuotas a partir del 1º de enero de 2019", según el texto oficial.
En consecuencia, indicó que "a raíz de la marcada variación del tipo de cambio, se han acumulado diferencias diarias significativas por la compra de gas en el marco de los contratos suscriptos entre los productores y las licenciatarias de distribución".
The Wall Street Journal destrozó al Gobierno por el acuerdo con el FMI

El medio estadounidense The Wall Street Journal afirmó que el Fondo "no tiene la receta adecuada para resolver los problemas". Además, comparó las políticas del Gobierno con las de la dictadura cívico-militar.

Una de las principales voces del mundo financiero criticó el acuerdo entre Argentina y el FMI porque el organismo “no tiene la receta adecuada para resolver los problemas” el país. Además, comparó las políticas que implementó el Gobierno con las que impuso la dictadura cívico-militar en la década del 1970.
El medio estadounidense The Wall Street Journal se expresó de forma contundente sobre el acuerdo entre el Fondo y la Argentina al sostener que el organismo "no tiene la receta adecuada para resolver los problemas argentinos".
El artículo firmado por Jon Sindeu consideró que "las condiciones del acuerdo (con el FMI) corren el riesgo de alargar el historial fallido del organismo cuando se trata de ayudar a las economías emergentes", y remarcó que "es poco probable que las condiciones pautadas garanticen una recuperación sólida de la economía.
En la misma línea, la nota recomendó a los inversores “mantenerse alejados” por la devaluación y la inflación. "El cóctel de políticas anunciadas se remonta a 1970. Era furor limitar la cantidad de dinero que los bancos centrales podían imprimir. El enfoque resultó inviable y pronto fue abandonado. Muchos de los países en los que el FMI ayudó en aquel entonces no mejoraron en las décadas siguientes", advirtió.
Melconian contra todos: Dujovne y Sandleris "toman mate y mandan una planilla a Washington a las 17"

Así se refirió el economista más consultado por Macri sobre el ministro de Hacienda y el presidente del BCRA.

El economista más consultado por Mauricio Macri, Carlos Melconian, dio una conferencia donde estalló contra todo el equipo económico de Cambiemos.
"La reacción del FMI fue 'córranse que me hago cargo'. El ministro de Hacienda y el presidente del BCRA toman mate y mandan una planilla a Washington a las 17", fue la frase más explosiva.
Lo dijo en referencia a Nicolás Dujovne y Guido Sandleris, recientemente asumido como presidente del Banco Central.
Melconian disertó ante empresarios en una conferencia organizada por la empresa de seguros Insur y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba.
El expresidente del Banco Nación planteó que "si de verdad" se quiere ir a una inflación de 20% el año próximo, "va ser una recesión muy dura".
Melconian afirmó que otorgando 10 puntos más de suba salarial, la capacidad real de compra quedará 10 puntos debajo de la inflación este año.
"Caída de salario implica caída de consumo -siguió-. El último salto del PBI fue el primer trimestre de este año; vienen cuatro trimestres duros; lo que no sea campo pasará una recesión pseudo la de Lehman Brothers (en referencia a la crisis de 2008)", sentenció.
MÁS DEFINICIONES DE MELCONIAN    
"El programa de gobierno fracasó, la herencia fue un desastre y el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no generó los resultados esperados"
"El nuevo programa es exigente para poner plata, las medidas fiscales, monetarias y cambiarias son para que corrijas los 3000 millones de dólares que compraba mi tía: para que escupan dólares. ¿El dólar a $40? Entiendo que está bien, pero que no se necesite a $50, si no hay que ir a heterogeneidades".
"No hay oposición, porque si no, es para hacerse un picnic; esa es la suerte con la que Macri compensa lo que recibió".
"Hay seca; el circulante en términos reales sobre el PBI está debajo del corralito y el corralon. Si no emitís y tenés 40% de inflación, es un problema".
"Viene Durán Barba y te dice que más que antes quiere a Frankenstein al frente. ¡Que vamos a salir a la cancha con esto! Nos comen vivos".
"Esto no significa que murió la reelección, hay que ver cómo queda el nuevo plan 'Perdurar'".
"El Presidente necesita quilombo en el gabinete; decirle al señor Dietrich: andá, poné la jeta y subí el boleto, ¿o vas a estar vegetando cuatro años más? (...) A la esperanza y al optimismo hay que acompañarlos. Simultáneo al esfuerzo fiscal del gasto es la recaudación; la recaudación tributaria tiene que estar en el 40%. El principal impulsor son las retenciones; el riesgo latente es una recesión".
Duro artículo del WSJ contra el acuerdo con el FMI

“Los inversores deberían alejarse”

“El Fondo no tiene la receta adecuada para resolver los problemas argentinos”. Así lo afirmó una nota de The Wall Street Journal, en la que se ofreció una mirada crítica del acuerdo de la Argentina con el FMI. Se advirtió que “los inversores deberían mantenerse alejados (del riesgo de apostar capital en el país)”. En la nota se menciona que una de las consecuencias de la crisis fue la pérdida de valor del peso. El dato que se ofrece es que en septiembre de 2016 eran necesarios 7 dólares para compra 100 pesos y ahora sólo se necesitan 2,50 dólares.
“Ante una crisis monetaria, el instinto del presidente (argentino) fue llamar al Fondo. Las condiciones del acuerdo corren el riesgo de alargar el historial fallido del organismo cuando se trata de ayudar a las economías emergentes. Es poco probable que las condiciones pautadas garanticen una recuperación sólida de la economía”, señaló la nota del diario norteamericano.
El artículo asegura que el combo de emisión cero, déficit fiscal cero e intervención cambiaria muy limitada no es consistente para resolver los problemas estructurales del país. “El cóctel de políticas anunciadas se remonta a 1970. Era furor limitar la cantidad de dinero que los bancos centrales podían imprimir. El enfoque resultó inviable y pronto fue abandonado. Muchos de los países en los que el FMI ayudó en aquel entonces no mejoraron en las décadas siguientes”, advierte.
La nota, que lleva la firma de Jon Sindeu, indica que los problemas inflacionarios en economías como la argentina no se resuelven con emisión cero. “El determinante clave de la inflación no es la cantidad de dinero en la economía. No es el gasto del Gobierno. No es la política del Banco Central. El problema de estas economías es que están expuestas a lo que ocurre con el flujo global de los capitales. Cuando la Reserva Federal eleva las tasas y los inversores se refugian en el dólar, las monedas emergentes se caen y los precios de las importaciones aumentan”, indicó.
El Wall Street Journal aseguró que la Argentina debe enfocarse en políticas que le permitan avanzar hacia el desarrollo. “Se deben limitar las deudas en dólares e intentar contener la puja distributiva (entre los salarios y los márgenes de ganancia de las empresas). A más largo plazo, en tanto, los elementos del éxito de China puede ser una hoja de ruta para la Argentina. Esto es estabilidad del tipo de cambio, política coordinada sobre los ingresos y un enfoque de producción basado en exportaciones que se vinculen con industrias de escala”.
La nota cerró en forma contundente. “La focalización de la política económica en cerrar el déficit fiscal y la meta monetaria puede causar mucho daño. Volver a la década del 70 no parece una buena idea ni un buen camino para la Argentina. Los inversores (internacionales) deben mantenerse alejados.”
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