Economia - Patria Moreira

Año 7. 2019.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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14 de enero de 2020
Son 4000 pesos en dos cuotas

Oficializan el bono para los empleados públicos

El Gobierno oficializó hoy el aumento salarial de 4.000 pesos para empleados públicos nacionales, que será remunerativo y se pagará en dos cuotas a partir de marzo para aquellos que cobren sueldos brutos de hasta 60.000 pesos.
A través del Decreto 56/2020 , publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso el incremento, ya que advirtió que la "crisis económica ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo" de los trabajadores del sector público.
El texto establece que el aumento se cobrará en dos cuotas: la primera será de 3 mil pesos y se concretará con los sueldos de febrero, mientras que la segunda será de mil y se hará efectiva con las liquidaciones salariales de marzo. Asimismo, señala que accederán al incremento aquellos trabajadores que cobren un sueldo bruto de hasta 60 mil pesos.
"Las sumas fijas remunerativas no bonificables a las que refiere el presente decreto se considerarán a cuenta de todo incremento que pudiera otorgarse o acordarse en el marco de la negociación colectiva, durante el Ejercicio 2020", remarca la norma.
Respecto del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, el decreto alcanza a sectores de la Gendarmería; de la Prefectura Naval; de la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad; de las Fuerzas Armadas; y de la Policía de Establecimientos Navales.
También se verán beneficiados los empleados civiles en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el personal del Servicio Penitenciario Federal.
Por el contrario, quedarán excluidos aquellos trabajadores que estén comprendidos "en el ámbito de Convenios Colectivos de Trabajo que prevean cláusulas de actualización automática de las retribuciones".
14 de enero de 2020

Proponen a los tenedores cancelar en mayo el vencimiento previsto para el 26 de enero  

El gobierno bonaerense busca postergar el pago de un bono  

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires confirmó que propondrá a los tenedores del BP21 abonar el 1 de mayo próximo los 275 millones de dólares. "El rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general", aseguró el Ministerio de Hacienda provincial.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof propuso a los tenedores de BP21 postergar el pago previsto para este 26 de enero hasta el 1 de mayo. Para lograr esa postergación, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75 por ciento del capital en circulación de dichos bonos antes del 22 de enero.
Desde el gobierno nacional habían descartado dar auxilio financiero al bonaerense para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda. El ministro de Economía Martín Guzmán rechazó esa posibilidad y desde su cartera aseguraron que no existe ninguna posibilidad desde lo práctico y jurídico de habilitar esa ayuda en medio de una negociación con acreedores a nivel nacional.
"Se busca abordar restricciones de pago en forma responsable"
"El 14 de enero la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones", dice la solicitada que publicó el gobierno bonaerense hoy.
Según el texto, “el propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la Provincia de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1° de mayo de 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecida para el 26 de enero de 2020".
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense recordó que el gobierno provincial “ha expresado desde el momento de su asunción su preocupación por la situación de insostenibilidad de la deuda pública y por la carga de vencimientos que enfrenta en los próximos años, producto del fuerte endeudamiento en moneda extranjera llevado adelante durante los últimos 4 años”.
“Ante la inminencia de la próxima amortización parcial de capital del bono con vencimiento en 2021, se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas con los tenedores de dicho instrumento”, informó la cartera que conduce Pablo López.
El comunicado asegura que en las conversaciones con los bonistas hubo coincidencia sobre la “compleja situación de la deuda provincial y la importancia de buscar soluciones preventivas que minimicen pérdidas”. Ratifica que el gobierno de Axel Kicillof propone “resolver el problema inmediato proponiendo un paso que confía que el mercado considerará adecuado, justo y equitativo”.
“La propuesta de la Provincia se formula bajo el entendimiento de que el rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse”, concluye.
07 de enero de 2020
Se cobrará en operaciones realizadas desde el 23 de diciembre

La AFIP reglamentó el impuesto al dólar

Las compras de bienes o servicios en moneda extranjera que se paguen con cuentas en dólares no afrontarán el impuesto. También se mantiene exenta la compra de divisas para el pago de deudas de empresas. Los agentes de percepción del impuesto serán bancos, agencias de viaje y empresas de transporte.

La Administración Federal de Ingresos Públicos precisó el alcance del impuesto sobre la compra y gastos en dólares, el llamado Impuesto para una Argentina Solidaria e Inclusiva (País), que aplica una alícuota del 30 por ciento. El tributo se cobrará en operaciones realizadas desde el 23 de diciembre, cuando entró en vigencia la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La reglamentación aclara dos cuestiones: el tributo no se aplicará para pagos con tarjetas de crédito y débito que se realicen con una cuenta bancaria en dólares y detalló los ítems exentos del tributo, como compras médicas o científicas, aunque los contribuyentes deberán afrontarlo y luego pedir su devolución al agente de retención, como puede ser el banco. Asimismo, la reglamentación puntualizó que "no quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones", por lo que las empresas que deban cancelar deuda en dólares no tendrán que hacer frente al impuesto.
La reglamentación vuelve a precisar que el impuesto se aplica en los casos de compra de dólares para atesoramiento, de uso de tarjeta de crédito y débito en el exterior y a la adquisición de servicios en el exterior contratados en el país, ya sea turísticos, de transporte internacional o digitales. Siempre y cuando para “cualquier etapa de la operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación”.
La AFIP aclara un aspecto que había generado confusión: “La percepción será aplicable en la medida que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas por el presente impuesto”, dice la reglamentación. Es decir que las compras con tarjeta de crédito y débito realizadas para adquirir algún servicio o efectuadas en el exterior, pagan el impuesto siempre y cuando la persona pague el resumen en pesos. En el caso de las tarjetas de débito y las prepagas, la percepción del 30 por ciento se calculará sobre el importe en pesos necesarios para la adquisición del bien o servicio, al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito. Para las tarjetas de crédito, se calculará sobre el importe en pesos al tipo de cambio del día previo al cierre del resumen. Para atesoramiento el impuesto se aplica en el momento de la compra sobre el monto en pesos de la operación alcanzada. En el caso del uso de billeteras electrónicas para realizar el pago de un consumo en el exterior, la norma dispone que "la percepción deberá practicarse en la fecha de afectación de los fondos".
En este punto quedan establecidas las aclaratorias con respecto al turismo. La adquisición de servicios en el exterior a través de agencias y los servicios de transporte como pasajes con destino fuera del país estarán alcanzados por el impuesto. Si bien algunas plataformas internacionales que ofrecen pasajes y servicios de hotelería por internet podrían no detallar la existencia del impuesto en los precios que exhiben en sus sitios web, las operaciones serán alcanzadas por el gravamen. Cuando esto suceda, los contribuyentes observarán la percepción en sus resúmenes de cuenta. Cabe aclarar que los servicios de transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes no están alcanzados por el impuesto. En cuanto a las empresas aéreas, finalmente están alcanzadas por el impuesto, incluso la estatal Aerolíneas Argentinas.
En cambio, si el consumidor tiene una cuenta en dólares en su banco y paga esos cargos con esa cuenta en moneda extranjera, no será alcanzado por el impuesto. Si el contribuyente abona una parte del consumo en moneda extranjera y otra en pesos, el impuesto se calculará sobre el monto abonado en moneda local. Para realizar esta configuración se deberá asignar la caja de ahorro en dólares como cuenta primaria para tomar los fondos para el pago de las tarjetas. Se puede realizar en el home banking o en forma telefónica con el banco. El cambio puede llevar 48 horas.
Antes de la reglamentación, los bancos emitieron los cierres de los resúmenes de la tarjeta de crédito consignando en forma discriminada el tributo bajo la leyenda “Impuesto País”. Si la persona pagó esos cargos en dólares con su cuenta en dólares y aun así pagó el impuesto, dado que todavía no había salido la reglamentación y no había claridad en los bancos, podrán solicitar la devolución del gravamen percibido, establece el artículo 10 de la reglamentación. Los resúmenes con cargos en dólares que tengan desagregado el impuesto, si el consumidor decide pagarlo con su cuenta en dólares, no deberá asumir el impuesto.
Los consumos en dólares efectuados antes de la reglamentación, como la compra de un pasaje, por más que sean abonados en pesos y que el resumen de la tarjeta hubiera cerrado después de la reglamentación, no deberán pagar el impuesto. Esta había sido una aclaración importante que se estableció durante el debate de la ley en el Congreso. Es que con el anuncio de que se aplicaría el tributo, se aceleraron los consumos turístico, según consignaron distintas agencias. Además, los servicios digitales del exterior, como Netflix y Spotify, tendrán un impuesto del 8 por ciento en los casos que esos servicios paguen IVA, caso contrario aplica el 30 por ciento.
Otra importante aclaración es qué pasa con las compras que quedaron exentas del tributo, como libros, tratamientos médicos y ciencia. En este caso, la persona pagará el impuesto del 30 por ciento y deberá pedir la devolución a los agentes de retención, como puede ser el banco. “Los contribuyentes deberán presentar ante las entidades con las que operan la documentación respaldatoria. Los bancos realizarán la devolución en plazos prudenciales, que variarán según cada banco”, aclararon fuentes de AFIP.
30 de diciembre de 2019
Polémica por las mediciones

Todesca versus la UCA por los índices de pobreza

El ex titular del Indec, Jorge Todesca, cuestionó hoy al titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, por poner en duda el dato de pobreza del Indec.
"Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo", señaló Todesca, luego de que Salvia anticipó una brecha entre su medición y la que difundirá el organismo nacional.
El sábado, el titular del Observatorio de Deuda Social de la UCA advirtió que la pobreza del Indec llegará al 34,1 por ciento en su próximo informe, el cual tendrá datos del tercer trimestre de este año.
La estimación refleja una importante brecha entre la medición oficial y la que realizó la UCA, que estimó en los últimos días de gobierno de Mauricio Macri que la pobreza se ubica en torno al 40,8 por ciento.
27 de diciembre de 2019
Continúan las conversaciones en el Senado bonaerense. Se demora la aprobación

Resistencias de la oposición a aprobar la ley impositiva de Kicillof

La intención del gobierno provincial es aprobar el paquete impositivo antes del fin de semana. Kicillof busca disolver las objeciones enviando a parte de su equipo al parlamento para despejar todas las dudas.

Al cierre de la edición del jueves, el Frente de Todos continuaba negociando con los otros bloques de la legislatura bonaerense para que comience la sesión en el Senado en donde se trate el paquete impositivo que elaboró el gobernador Axel Kicillof. Una parte del bloque de Juntos por el Cambio cuestiona que se haya enviado la iniciativa con tan poca antelación, aunque hacia el interior de ese grupo también juegan fuerte las internas, pases de factura y lucha por asientos en el directorio del Banco Provincia. Con todo, hacia la noche todavía no se había llegado a un acuerdo para que arranque oficialmente el debate en el Senado, en donde Juntos por el Cambio tiene mayoría.
Ya sobre el cierre de la tarde, Pablo López, ministro de Hacienda, y el titular de ARBA, Cristian Girard, llegaron al recinto de la Cámara Alta dispuetos a dar todas las explicaciones que reclamaba la oposición. El gobierno provincial pretende que el paquete que conforma la Ley Impositiva 2020 sea aprobada antes del fin de semana, para lo cual Axel Kicillof le encomendó a dos de sus funcionarios de mayor confianza del equipo económico, expusieran personalmente y cara a cara con los legisladores de Juntos por el Cambio los motivos de las modificaciones propuestas y las razones de la emergencia. Hasta el cierre de esta edición impresa, continuaban las conversaciones.
El principal objetivo de la ley impositiva enviada por el Ejecutivo provincial a la Legislatura bonaerense es generar una suba en los ingresos fiscales para hacer frente a los gastos corrientes del distrito, que se componen en primer lugar de salarios, y a los fuertes vencimientos en materia de deuda que emitió la administración de María Eugenia Vidal. Buena parte de esos pasivos están nominados en dólares. En línea con la lógica que baja del paquete de emergencia que la Nación trabaja en reglamentar, el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires también apunta a mejorar en términos relativos la posición de los sectores de menores ingresos a costa de la porción de la sociedad mejor ubicada.
La ley consta de cuatro ejes: el inmobiliario, impuesto sobre el urbano baldío, automotores y embarcaciones e ingresos brutos. La modificación que más ruido mediático generó es el inmobiliario, porque es un tributo que afecta transversalmente a toda la población pero en particular porque tiene un carácter muy progresivo, de modo que impacta más en sectores privilegiados, como los grandes terratenientes. La escala de aumentos propuesta por el Ejecutivo es la siguiente: 15 de suba cuando las valuaciones fiscales correspondientes a 2019 de la tierra "libre de mejoras" sea de hasta 260.870 pesos inclusive; 35 por ciento para las superiores a 260.870 y hasta 816.075 pesos inclusive; 55 por ciento cuando sea superior a 816.075 y hasta 3 millones de pesos inclusive y el incremento del 75 por ciento cuando el valor del campo sea superior a los 3 millones de pesos y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2 mil hectáreas. Además, el gobierno prometió otorgar exenciones impositivas para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y a las de 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en general.
Desde la oposición que lidera el bloque de Juntos por el Cambio, cuestionaron al gobierno provincial por el escaso margen para el análisis del proyecto. Por eso, a media tarde la sesión en el Senado provincia ingresó en un cuarto intermedio. En esa instancia, el ministro de Hacienda, Pablo López, junto al titular de la Arba, Cristian Girard, se presentaron ante legisladores de todos los bloques para aclarar puntos del proyecto oficial. Terminada la reunión, tampoco había acuerdo para que arranque la sesión.
“No hay impuestazo inmobiliario en la provincia dado que para el 86 por ciento de los propietarios el incremento estará muy por debajo de la inflación", señaló el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Este año, gobierno provincial debe afrontar vencimientos deuda por 200.000 millones de pesos, a lo que se suma un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. “Se necesita como mínimo mantener la recaudación. En cuanto al inmobiliario, el 86 por ciento de las propiedades va a tener un aumento de hasta 3500 pesos en el año, que se puede pagar en cinco cuotas. Y si bien para grandes propietarios aumenta hasta un 75 por ciento, si hace en un solo pago queda igual que la inflación porque se le descuenta el 20 por ciento. Este último escalón de la alícuota se aplica para el 7 por ciento que cuenta con las más grandes propiedades urbanas y sobre unos 300 productores rurales que tiene más de 2 mil hectáreas. No sé en dónde está el impuestazo", agregó Bianco. Para los propietarios más pequeños, hay exenciones de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.
Por su parte, Girard resumió que "se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos los que menos tienen y un poco más los que más tienen. Con esta ley, tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia".
Además de la suba del inmobiliario, el Ejecutivo bonaerense busca ajustar el impuesto al urbano baldío por el equivalente a la inflación registrada durante 2019. También se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15 por ciento, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual sería incluso más del 90 por ciento. La intención es evitar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación.
En el caso de automotores, no se modifica la tabla de alícuotas, mientras que para las embarcaciones deportivas, se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, “con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor”, dicen en el gobierno provincial. La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5 por ciento y la máxima se ubicaría en 13 por ciento. Para Ingresos Brutos, que afecta a toda actividad comercial, se replican las alícuotas de 2019, dada la suspensión del Consenso Fiscal (que establecía la rebaja paulatina).
26 de diciembre de 2019
El premio Nobel de Economía elogió al nuevo ministro

Joseph Stiglitz: "Argentina eligió al hombre adecuado en el momento adecuado"

Stiglitz, uno de los economistas más importantes del mundo, destacó que el flamante ministro de Hacienda es la persona idónea para sacar a Argentina del "peor de los mundos posibles" que dejó Mauricio Macri. En su diagnóstico sobre las posibles salidas de la recesión, parafraseó al presidente Alberto Fernández. "Uno no resuelve un problema de deuda excesiva asumiendo más deuda”, subrayó.

“Es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana”. Con esas palabras definió el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz al ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien tendrá por delante el desafío de resolver el default virtual y sentar las bases para la negociación con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados.
En una columna de opinión en el diario inglés The Guardian, Stiglitz aseguró que la "Argentina eligió al hombre adecuado en el momento adecuado para reactivar la economía", en uno de los tantos elogios hacia su discípulo Guzmán, el hombre designado por el presidente Alberto Fernández para llevar adelante su política económica tras el fracaso del macrismo.
"Martín Guzmán, con quien he trabajado con frecuencia en los últimos años, es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana, lo que lo convierte en la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto", puntualizó el economista estadounidense. Más adelante, felicitó a Fernández por haber elegido “a un economista brillante y conocedor que combina la energía juvenil con una sabiduría mucho más allá de sus 37 años”.
Stiglitz recorrió la vasta carrera académica de Guzmán, quien “obtuvo un codiciado puesto en la Universidad de Columbia” tras completar su doctorado en la Universidad Brown, según repasó el premio Nobel. Stglitz señaló que, desde ese puesto, el ahora ministro de Economía “se convirtió en un experto influyente en debates cruciales sobre políticas a nivel doméstico y global”.
"Ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la crisis de deuda de Puerto Rico y ha hablado en las Naciones Unidas sobre la necesidad de un mejor sistema internacional para resolver las crisis de deuda soberana", destacó Stiglitz sobre el elegido por Fernández para negociar el pago de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con eI FMI.

El país que recibe Guzmán y los errores del macrismo
El premio Nobel hizo un análisis profundo de la economía que recibió Guzmán, el que denominó como “el peor de los mundos posibles”, pero también destacó los logros del período previo al gobierno de Macri.
“Cuando el ex presidente Mauricio Macri asumió el cargo, su equipo económico admitió abiertamente que, si bien habían heredado muchos problemas, comenzaron con una gran ventaja: un bajo nivel de deuda”, ponderó, para luego pasar a enumerar las medidas neoliberales del gobierno macrista.
Se refirió así a los “recortes prematuros e innecesariamente grandes” en los impuestos a la exportación, al pago de deudas antiguas a los fondos buitre “con retornos desmesuradamente altos e intereses a largo plazo” y a la deuda tomada en dólares. Según explicó todas estas decisiones buscaban dar “señales favorables para el mercado” para que llegue una potencial oleada de inversión extranjera que estimule el crecimiento. “Incluso en ese momento pensé que era una apuesta insensata”, recordó.
“El resto es historia. No funcionó y, a medida que las cosas iban de mal en peor, Macri agravó los errores”, continuó Stiglitz. En este punto se refirió específicamente al programa de $ 57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, a las medidas de austeridad, “esfuerzos de esterilización equivocados para prevenir la inflación, lo que generó un sobreendeudamiento”.
“El peor de todos los mundos posibles estaba pronto a la mano: más inflación (alcanzando casi el 60% en el año en curso), mayor desempleo (ya a doble dígito y en aumento) y la reimposición de los controles de cambio”, enfatizó.

Las medidas para salir de la crisis
Stiglitz resaltó que “no hay balas mágicas” para sanear la economía argentina, pero destacó que es “más fácil decir qué no hacer”, al reivindicar las palabras de Fernández, quien había dicho que “uno no resuelve un problema de deuda excesiva asumiendo más deuda”.
“Tampoco se resuelve un problema de recesión y desempleo imponiendo más austeridad, que en cada recesión siempre conduce a una mayor contracción económica”, complementó el premio Nobel.
De todas formas, subrayó que Argentina “debe administrar sus recursos limitados” para utilizarlos en la reactivación económica. “Hay un enorme potencial. El turismo, por ejemplo, se disparó después de la última devaluación importante. Argentina tiene universidades de primer nivel y un gran número de personas emprendedoras altamente educadas”, ponderó por último el economista.
19 de diciembre de 2019
La ley podría aportar hasta 2,2 puntos del PIB de nueva recaudación fiscal

Las claves de la nueva reforma tributaria

Con el paquete impositivo, el Gobierno busca cambiar el andamiaje de la gestión anterior, incentivar la producción y atender a los sectores sociales más castigados.

A través de la presentación del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y otras medidas que corren en paralelo, el Gobierno está planteando en los hechos una reforma tributaria con la cual quiere encarar su gestión y plantarse frente a los acreedores externos y al FMI. Las principales nuevas fuentes de financiamiento son los derechos de exportación y el impuesto a la compra de dólares para atesoramiento, gastos en el exterior y pasajes. También se espera una marcha atrás con la reducción a cero de la alícuota del IVA para alimentos y el reemplazo por una devolución más acotada a través de la tarjeta de débito. Hay aumento de las alícuotas de Bienes Personales, tasa de estadística sobre las importaciones e impuestos internos a los autos. Queda en ciernes la situación de la movilidad jubilatoria, que podría reducir las erogaciones vía un achatamiento de la pirámide. Hay además cambios en el sistema de contribuciones a la seguridad social que podrían complicar a las pymes si no se plantea alguna movilidad de las escalas y del mínimo no imponible. En cuanto a otros recursos, hay una amplia moratoria para pymes, se deroga el impuesto sobre la renta financiera y plazos fijos en moneda nacional y se espera un aumento de los subsidios para contener tarifas. Una bala de plata es el espacio fiscal que podría abrir la renegociación de los vencimientos de la deuda externa.
Con el paquete tributario y otras medidas vinculadas, el Gobierno busca remover parte del andamiaje de la gestión anterior, encauzar los incentivos para impulsar la producción, sostener la situación de la franja más pobre de la sociedad y tener un plan fiscal que dé consistencia a la negociación de la deuda. El resultado global de las medidas de expansión y contracción fiscal no está claro, primero porque hay medidas todavía no definidas y en otras falta el debate y la aprobación del Congreso, pero además, el impacto en la recaudación y el gasto depende de cómo reaccione la economía en general y el consumo de determinados bienes y servicios. Sin embargo, hay estimaciones de un impacto positivo que van del 1 hasta el 2,2 por ciento del PIB.

Retenciones
En una primera instancia, el Gobierno derogó el tope nominal que puso la gestión anterior y volvió a la situación de septiembre de 2018 (30 por ciento para la soja; 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo y girasol y 5 por ciento para economías regionales y productos industriales). El proyecto de ley establece la posibilidad de subir la alícuota hasta el 33 por ciento, que aplicarían para la soja, y el maíz y el trigo pasarían a un 15 por ciento. En cambio, las retenciones a las exportaciones de petróleo bajaron del 12 al 8 por ciento, para beneficiar a las empresas que producen en Vaca Muerta (aunque antes de la eliminación de los topes de la semana pasada, la retención se había licuado por efecto de la devaluación hasta el 5 por ciento). Podría incorporarse alguna segmentación de retenciones favorable a los productores más chicos. La Mesa de Enlace quiere que haya un mínimo no imponible para que las primeras toneladas vendidas no paguen retenciones y haya devolución de Ganancias. Se estima que el nuevo esquema de retenciones podría generar un impacto positivo de entre el 0,5 al 1 por ciento del PIB.

Impuesto al dólar
Se grava con un impuesto del 30 por ciento las compras de dólares para atesoramiento y se mantiene el límite de los 200 dólares mensuales. También opera el impuesto para la compra de pasajes para viajar al exterior y gastos de servicios que se brindan desde el exterior. Economistas calculan que el impuesto al turismo y a la compra de divisas podría representar alrededor de un 1 por ciento del PBI.

Devolución del IVA
El proyecto faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para contribuyentes y pequeños comercios. Habría un reintegro total del IVA para jubilados y titulares de AUH a través de las compras con tarjeta de débito y en cambio se repondrá el IVA a los alimentos que el gobierno anterior redujo a cero luego de las PASO. El riesgo es que los precios suban de un sacudón. Comercio Interior trabaja para que los reintegros del IVA se apliquen junto al reforzamiento de Precios Cuidados y la negociación con las empresas proveedoras de alimentos para que rebajen o sostengan precios y así evitar el impacto en el bolsillo que implicará reponer el IVA. Es un tema que está bajo negociación.

Bienes Personales
Se incrementan las alícuotas partiendo de 0,50 hasta 1,5 por ciento (ahora esos números van de 0,25 a 0,75 por ciento) y se otorga la facultad al Poder Ejecutivo de duplicar las mismas para los activos financieros en el exterior. Se calcula que esta modificación podría mejorar la recaudación en 0,25 puntos del PIB.

Contribuciones patronales
El proyecto de ley elimina el sistema de suba paulatina tanto de la alícuota de las cargas sociales como del mínimo no imponible que había definido el gobierno anterior en su reforma tributaria. Ahora, las contribuciones quedan establecidas en el 18 por ciento salvo para el sector de comercio y servicios, en donde se elevará a 20,4 por ciento si la facturación supera los 48 millones de pesos anuales. Este límite es curioso porque es copia del que está en el decreto 814 del 2001 y no tiene relación con la clasificación actual de facturación de las pymes, que en el caso de la pyme comercial es de 141 millones de pesos anuales. El límite de 48 millones sólo serviría para microempresas y para pymes del sector de servicios y del agro, aunque al ser un número fijo, rápidamente quedaría desactualizado. Por otro lado, se mantiene el mínimo no imponible de 7003 pesos pero en términos nominales, sin ajuste de inflación, al igual que el mínimo de 17 mil pesos para sectores protegidos (calzado y textil).

Renta financiera
Se deroga el impuesto que gravaba los rendimientos obtenidos en el país por parte de personas humanas a partir del período fiscal 2020. Los plazos fijos vuelven a estar exentos. Los bancos celebran la noticia y esperan un aumento de las colocaciones.

Tasa estadística
Es una imposición que corre sobre las importaciones y pasaría del 2,5 al 3 por ciento para bienes terminados provenientes de países que no forman parte del Mercosur. En  mayo de este año, Macri había subido esta tasa del 0,5 al 2,5 por ciento. Quedan excluidas las importaciones temporarias.

Impuestos internos
El esquema vigente establece que sólo los vehículos de más de 1.832.000 de precio mayorista pagan una alícuota del 20 por ciento. La iniciativa contempla una alícuota del 20 por ciento siempre que el precio mayorista del vehículo supere los 1.300.000 pesos (unos 1.500.000 pesos en la vidriera) e introduce una nueva alícuota del 35 por ciento a partir del valor de 2,4 millones de salida de fábrica.

Moratoria pyme
Se otorga un extenso plan de pagos para cancelar deudas con el Fisco que se encontraban impagas con condonación de intereses en función del período adeudado y de multas. Podrá instrumentarse sobre deudas vencidas hasta noviembre 2019. Se ofrecen hasta 120 cuotas para su cancelación, siendo del 3 por ciento la tasa de interés mensual para el primer año y luego equivalente a la BADLAR para los bancos privados. “Es una buena moratoria porque condona intereses, que son una enorme mochila para las pymes, y también porque abarca a casi todas las obligaciones fiscales”, analiza Vicente Lourenzo, consultor pyme.
18 de diciembre de 2019
El mandatario contó detalles de las negociaciones en un encuentro con AEA

Alberto Fernández: "El FMI aceptó nuestra lógica de trabajo"

El Presidente almorzó con los CEO de las principales empresas. Describió una situación económica crítica y les pidió inversiones. “Hagamos algo épico que nos reconforte como seres humanos, no que reconforte nuestros bolsillos”, subrayó.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Fondo Monetario Internacional avala el proyecto económico que desarrolló el Gobierno. “El Fondo aceptó esa lógica de trabajo”, indicó el mandatario en un almuerzo cerrado que mantuvo con los empresarios más importantes del país.
Frente a CEOs como Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Eduardo Elsztain (IRSA) y Cristiano Rattazzi (Fiat), dijo que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tiene como objetivo terminar con el hambre, pero además reactivar la economía. “Hagamos algo épico que nos reconforte como seres humanos, no que reconforte nuestros bolsillos”, reclamó.
Apeló a que los empresarios inviertan y les anticipó: “En materia económica no pretendo tener un Estado intervencionista”. Ratazzi le devolvió que "va por el camino correcto, es angosto, pero en algunos meses podemos ver mejoras". El presidente de AEA, Jaime Campos, le agradeció la visita y reconoció que "no hay duda que la situación económica y social requiere de la participación plena de todos los sectores".
Fernández dedicó la primera parte de su discurso a detallar la gravedad de la situación económica y social. Mencionó que 4 de cada 10 argentinos están en el “pozo de la pobreza” y que el Estado puede llevar adelante un accionar limitado por la debilidad de las cuentas públicas. “El Estado vive una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan. Solamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, con el que le pagamos a los jubilados, está conformado en un 70 por ciento por papeles del Estado. El Estado se financió con los recursos de los jubilados. Cuando planteamos un mayor esfuerzo a las empresas, al agro y a la industria, lo hacemos para reconstruir esas cajas que han quedado vacías”, aseguró.
El presidente asistió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz, y el ministro de Economía, Martín Guzman, a quien se encargó de elogiar. “No hace falta que lo presente, es un hombre de enorme inteligencia y capacidad de lectura de la realidad”, afirmó.
Contó que con Guzmán armó el plan económico y mencionó el concepto preferido de los ejecutivos: “El plan es sustentable, no es para salir de la coyuntura con la alegría del fin de año, sino para ver el mediano y largo plazo”, afirmó. En este sentido, adelantó que será el Consejo Económico y Social donde se crearán las políticas de largo plazo. Pero indicó que el mayor condicionamiento que afronta el país es el peso de la deuda, que representa el 95 por ciento del PIB.
Para graficar la problemática, hizo referencia a un chiste que había hecho con el presidente de Fiat: “Le dije recién a Rattazzi, vos imagínate si te pido 10 millones de dólares para devolverte en un año. El sabe lo que yo gano, es imposible que me vaya a prestar. Igual, la verdad es que es imposible siquiera que me preste un sólo dólar”, afirmó, y despertó risas entre los comensales.
La broma fue utilizada para graficar el problema de la deuda y volver a criticar el préstamo del FMI, el más grande de la historia del organismo multilateral. “Por eso soy tan severo con el Fondo y lo hago corresponsable de lo que nos pasa. ¿Cómo le prestaron semejante cantidad de dinero a un país y dejaron que salga del sistema financiero graciosamente. Originalmente era para pagar deuda y lo que pasó fue que se terminó duplicando la deuda”, afirmó Fernández. En este sentido, comentó que le dijo al FMI que había que “cambiar la lógica” de ajuste. “Les dijimos que nos dejen construir un plan sustentable y sobre esa base acordar cómo pagarles. No vengan con el plan de siempre porque nos va a dejar en el lugar donde estamos. Y un dato saludable: el Fondo aceptó esa lógica de trabajo, no estamos improvisando”, aseguró.
Sin hacer referencia a las medidas instauradas, que no tienen el visto bueno del empresariado, como la doble indemnización por despidos, Fernández afirmó: “En toda decisión hay alguien que estará más contento y alguien más triste”. Pero por el contrario, dijo que Argentina está “en el fondo del pozo” y que el hambre debería “avergonzar” a la sociedad. Por otro lado, llamó a los empresarios a terminar con la grieta e hizo una referencia puntual a Clarín: “No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros, es una lucha que tenemos que tomar todos, los empresarios, el campo, mi Gobierno y los medios Héctor… lo tienen que hacer todos”. Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, lo observaba desde la mesa más cercana al atril donde exponía Fernández.
Los llamó a que “sigan invirtiendo y creyendo en el país”. Afirmó que las políticas económicas buscarán “reconstituir” el consumo y “proteger” a las empresas que producen y dan trabajo. Aclaró que el Estado no será “intervencionista”, sino que buscará equilibrar las desigualdades en los mercados. Adelantó que Vaca Muerta, la minería y el litio son temas “primordiales”, pero que el objetivo estará en dejar de exportar los recursos como materias primas, sino comenzar a venderlos con valor agregado. Le agradeció a Sergio Kaufman, que el lunes inaugurará una sede de Accenture que creará 400 puestos de trabajo. “Te voy a estar acompañando, porque quiero que todos sigan ese ejemplo”, lo elogió. Además, reveló una reunión que mantuvo con autoridades del banco Santander: Ana Botín (presidente) y Enrique Cristofani (presidente en Argentina). “Me contaron que trajeron 500 millones de dólares a Argentina para financiar exportaciones. Apostemos a eso, podemos y debemos hacerlo”, concluyó.
18 de diciembre de 2019
Cifra oficial del Indec

La canasta de pobreza se disparó 6,3 por ciento en noviembre

En un año acumula un alza de 49,2 por ciento. La canasta que mide la indigencia escaló 5,5 por ciento y también trepó 49,2 por ciento interanual.

La canasta básica (CBT) que define la línea de pobreza registró un incremento de 6,3 por ciento en noviembre y acumula un alza de 49,2 por ciento en doce meses. Por su parte, la canasta alimentaria (CBA), el indicador utilizado para medir la indigencia, escaló un 5,5 por ciento y también registra un aumento interanual de 49,2 por ciento. Ambos indicadores volvieron a dispararse debido a la remarcación acelerada de precios que se concretó luego de las elecciones ante la pasividad oficial.
El relevamiento elaborado por el Indec muestra que una familia de cuatro integrantes necesitó 37.596 pesos para superar el umbral de pobreza en noviembre. En igual mes del año pasado costaba 25.206,03 pesos, por lo cual subió en 12.389,97 pesos en un año. La canasta básica alimentaria, por su parte, trepó a 15.089,79 pesos para la misma familia, frente a los 10.122,9 de noviembre de 2018, con un alza interanual de 4966,89 pesos.
En noviembre los precios minoristas aumentaron 4,3 por ciento acumulando un 52,1 por ciento en el último año. El mes pasado las mayores subas fueron en los rubros Comunicación (7,4 por ciento), Salud (6,3), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,6) y alimentos y bebidas (5,3). El congelamiento de los servicios domiciliarios que el gobierno de Mauricio Macri aplicó durante la campaña y mantuvo luego de las elecciones posibilitó que el índice resultara inferior a lo que marcaba la tendencia de aumentos sin control al cierre de los cuatro años del gobierno. De hecho, el menor aumento reflejado por los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9 por ciento) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5 por ciento), arrastró a la baja el incremento promedio de precios, que sin ese factor hubiera arrojado una inflación mayor al 5 por ciento en noviembre.
No obstante, en las canastas la suba fue superior al promedio de precios por la incidencia que tiene el rubro alimentos. En la variación por artículo se observó un fuerte incremento en productos frutihortícolas, carnes rojas y de panadería. Por ejemplo, bananas aumentó 48,8 por ciento, tomate redondo 37 por ciento, limón 29,5 y batata 14,6 por ciento en relación a los precios computados por el Indec en octubre. Entre las carnes, asado subió 10,8; cuadril 9,7; nalga 8,6; paleta 8,3 y picada común, 7,2 sólo en el último mes. Además, subieron fuerte el arroz blanco (8,7 por ciento), galletitas de agua (9,3) y galletitas dulces (5,3) y el pan francés (5,5 por ciento).
Luego de la devaluación posterior a las elecciones primarias, el gobierno aplicó una reducción a cero de la alícuota del IVA en una docena de artículos de la canasta básica. La medida le permitió contener parcialmente la estampida inflacionaria en septiembre y octubre, pero luego de las elecciones generales la situación se terminó de descontrolar en los supermercados.
Los formadores de precios aceleraron en las remarcaciones en noviembre aprovechándose de la pasividad oficial y previendo que el nuevo gobierno iba a intentar congelar precios a partir del acuerdo económico y social. De ese modo, llegarían a la negociación con un colchón de aumentos lo suficientemente mullido como para enfrentar los mayores controles con una mayor holgura. El nuevo gobierno comenzó a revertir parcialmente esta situación al negociar, por ejemplo, una baja de precios del 8 por ciento con los laboratorios sobre la base de los valores vigentes al 6 de diciembre.
18 de diciembre de 2019
Alberto Fernández prometió impulsar la recuperación del mercado automotor

"Créditos baratos para la compra de autos y camiones"

El presidente de la Nación participó en la sede de Smata del lanzamiento del Plan 2030 del sindicato de mecánicos, que promueve que la industria automotriz sea señalada como "sector estratégico".

El presidente Alberto Fernández anticipó que habrá créditos para la compra de autos. “El camino es ponerse de acuerdo los que producen, los que invierten y los que trabajan. Encontrar el equilibrio exacto que permita hacer de este negocio, un negocio, y darle a los argentinos lo que merecen. Pretendemos autos accesibles y precios accesibles para todos”, aseguró el mandatario en el auditorio de la sede porteña del sindicato de transporte automotor (Smata). “Lo que tienen que esperar de nosotros son créditos para la compra de autos y camiones”, aseguró.
Fernández participó del lanzamiento del plan estratégico automotor de cara al 2030. Fue una idea del secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, surgida en febrero de este año. Entre los ejes del plan presentado en Smata, uno de los puntos es el estímulo a la demanda, a través de la renovación del parque automotor, de vehículos de pasajeros y carga. Las propuestas se desarrollaron en conjunto con los fabricantes de autos (Adefa), el sector autopartistas (Afac), las concesionarias (Acara), los industriales metalúrgicos (Adimra), el sindicato metalúrgico (UOM) y la Universidad Austral. Se trata de un proyecto de ley para que se declare a la industria automotriz como estratégica. Buscarán que sea presentado en la apertura de sesiones ordinarias del año que viene. Se lo entregaron en mano al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, quien prometió trabajarlo durante “todo el verano”.
Fernández habló de la política comercial exterior que va a tener el Gobierno. Sobre el Mercosur, aseguró: "Nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que es, nuestro espacio común de donde vamos a enfrentar la globalización, que es un hecho irreversible”. Y amplió: "Nosotros no tenemos problema con que el Mercosur se una a la Unión Europea, eso en la medida que no afecte nuestra industria. Si la afecta, estaríamos actuando en contra de la Argentina".
Además, se mostró crítico a la política importadora del gobierno de Cambiemos. "decir 'importamos y así somos parte del mundo' es una enorme idiotez", ya que "de ese modo destruimos la industria nacional y el trabajo". La referencia a la política exterior fue el momento de mayor ovación del discurso. En el auditorio estaba a sala llena, con la presencia de trabajadores del Smata y la Uom; gobernadores como Juan Schiaretti y Omar Perotti y, empresarios como Cristiano Rattazzi (Fiat), Miguel Acevedo de la Unión Industrial y hasta Isela Constantini, ex presidenta de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Macri.
Durante el discurso, fue interrumpido por Pignanelli, quien le pidió por la creación de un instituto automotor que sea público y privado y pueda canalizar las distintas propuestas. Fernández no lo descartó. Pidió que el Estado tenga un lugar en la mesa de negociaciones del sector. “Siempre dije que la industria es la nave insignia”, aseguró el presidente. El sector automotor emplea 650 mil personas, entre empleos directos e indirectos. El año pasado generó más de 8500 millones de dólares en exportaciones y representa el 35 por ciento de las exportaciones industriales. Argentina es el cuarto productor mundial de pick ups medianas y uno de los 28 países en el mundo que fabrica autos.
Tras el discurso de Fernández, los otros expositores fueron el ministro Matias Kulfas, Antonio Calo (UOM), Pignanelli (Smata), Gabriel López (Adefa), Ricardo Salomé (Acara), Isabel Martínez (Adimra). En el escenario había funcionarios de primera línea como el canciller, Felipe Solá, o el ministro de Salud, Gines González García. También estuvo Augusto Costa, ministro de Producción de la Provincia, y el gremialista Hugo Moyano de Camioneros. “Esto es un hito histórico, marca el inicio del acuerdo económico y social”, dijo Kulfas, y adelantó que deberán replicar estas iniciativas en otros sectores. Habló en reiteradas oportunidades de profundizar el desarrollo tecnológico en el sector y de tener “una mirada de cadena de valor”. Se llevó el proyecto de ley del sector automotriz para estudiarlo en el verano. Estuvo acompañado por Ariel Schale y Guillermo Merediz, miembros de su equipo.
El plan estratégico 2030, llamado “Acuerdo social y productivo para el sector automotor argentino” tiene metas ambiciosas. Prevé que la producción pase a 1,8 millones de unidades, una inversión de 12 mil millones de dólares, que haya 1,3 millones de personas empleadas, que las exportaciones asciendan a 46 mil millones de dólares y que en el mercado interno se vendan 1,2 millones de autos. Los años récord de estas variables se dieron entre 2011 y 2013. En la actualidad, el sector trabaja con un 75 por ciento de su capacidad ociosa. Entre los ejes del plan se destacan la impulsión de nuevas inversiones, la creación de un instituto que fomente la innovación, la fabricación nacional de autopartes
En una conferencia de prensa brindada a los periodistas, López de Adefa dijo que apoyan los créditos a la compra de autos de los que habló el presidente: “Vamos a colaborar en la promoción del mercado interno". Sobre la política externa, no se mostró en contra del acuerdo que firmó Macri con la Unión Europea, pero pidió mejorar la competitividad. “El Mercosur es la clave del negocio”, aseguró. Por su parte, el empresario Ricardo Salomé, de las concesionarias, dijo que “apoyan este nuevo ciclo que viene” aunque considera que la reactivación podría llegar recién en 2021. “Partimos de un año con números muy bajos”, aseguró.
18 de diciembre de 2019
En 120 cuotas y con seis meses de gracia

Moratoria fiscal para las pymes

El plan de 120 cuotas es para deudas en IVA, Ganancias, Bienes Personales y otras obligaciones impositivas. En deudas por aportes a la seguridad, podrá ser de 60 cuotas.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, presentado este martes por el ministro de Economía, Martín Guzman, tiene un capítulo completo con los detalles de cómo será la moratoria fiscal para las pymes. El plan de pagos será para deudas vencidas al 30 de noviembre de este año y las empresas podrán acogerse hasta el 30 de abril del año que viene. Será de 120 cuotas con una tasa de interés de financiación del 3 por ciento durante el primer año. La primera cuota vencerá como máximo en julio del año que viene, por lo que las pymes tendrán 6 meses “de gracia”, tal como había anticipado el presidente, Alberto Fernández.
La medida significa un salvavidas para las pymes, que reclamaban su aplicación desde 2018. En los últimos años, las elevadas tasas de interés, el desplome del consumo y la disparada de costos producto de los tarifazos y la devaluación, implicó un cóctel letal para las pequeñas firmas. Para aliviar a las pymes, la AFIP había lanzado en agosto (gestión de Cambiemos) un plan de pagos de 120 cuotas. La adhesión a este régimen finalizó el 30 de noviembre. Empresarios y expertos en materia impositiva consideran que esta moratoria tiene muchos más beneficios que un plan de pagos.
Los detalles se encuentran en el capítulo 1 de la ley enviada por el Gobierno al Congreso bajo el título “Regularización de obligaciones tributarias”. Implica la condonación de multas que no están firmes para los agentes de retención. Y el perdón del 100 por ciento de los intereses para los trabajadores autónomos. Para las pymes habrá una exención de intereses según diferentes situaciones: para el período 2018 y 2019, la condonación de intereses se hará en los casos en que superan el 10 por ciento del capital adeudado; en 2016 y 2017, el 25 por ciento del capital adeudado; en 2014, el 50 por ciento y en 2013 y anteriores, el 75 por ciento.
Por otro lado, habrá quitas del 15 por ciento en el capital adeudado si el pago se realiza al contado. Cabe aclarar que el plan de 120 cuotas es para deudas en impuestos como el IVA, Ganancias, Bienes Personales o las restantes obligaciones. En el caso de deudas en impuestos como aportes a la seguridad, retenciones o percepciones, el plan podrá ser de 60 cuotas. La moratoria es amplia, dado que permite incluir prácticamente todas las deudas con AFIP, salvo en casos muy concretos, como la ART o el impuesto a los combustibles. La tasa de interés será fija del 3 por ciento mensual para el primer año, y luego será una tasa variable por Badlar. El acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales.
Otra de las aclaraciones que establece la ley es que podrán acogerse entidades civiles sin fines de lucro; en el caso de las pymes, deberán contar con el certificado MiPyMe; los declarados en quiebra y los condenados con sentencia firme no podrán ingresar; se podrán incluir en el régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y deudas de planes caducos, como por ejemplo el que lanzó Cambiemos este año tras perder las elecciones primarias en agosto. Es decir, quienes tienen un plan de pagos podrán pasarse a la moratoria, que tiene mayores beneficios.
17 de diciembre de 2019
Trepó 8,6 por ciento en respuesta al anuncio del "dólar turista"

El blue comienza a entrar en calor

La divisa en las cuevas aumentó 5,75 pesos hasta los 72,50 pesos para la venta, mientras que la cotización oficial subió apenas dos centavos a 63,09 pesos.

La aplicación de un impuesto sobre las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera potenció la demanda de la divisa estadounidense en el mercado paralelo. El dólar blue, el que se adquiere en cuevas de las principales arterias comerciales, aumentó 5,75 pesos (8,6 por ciento) hasta los 72,50 pesos para la venta, mientras que la cotización oficial tuvo apenas una corrección de dos centavos a 63,09 pesos. La ampliación de la brecha se debe al valor resultante del “dólar-turista”, producto del impuesto del 30 por ciento que anuncio el gobierno para los consumos en dólares con tarjeta, llevándolo –a precio de hoy—a 82 pesos. La medida oficial busca blindar las reservas el Banco Central, que este lunes finalizaron en 44.223 millones de dólares, con un retroceso de 22 millones de dólares respecto del viernes.
La reacción era la esperada. Para quien tiene que realizar un viaje hacia el exterior, las alternativas para conseguir la moneda son limitadas. El gobierno anterior dejó un límite para compra mensual de moneda extranjera de 200 dólares. La alternativa podría cubrir el resto de los costos con la tarjeta de crédito, pero sobre las extracciones o compras comenzará a regir un impuesto del 30 por ciento. Entonces aumentó la demanda en el paralelo, donde el precio se mantiene por el momento debajo del resultante de la aplicación de gravamen. En este mercado no suele haber un volumen de negocios abultado, pero tampoco eso es necesario para que haya movimientos especulativos de precios.
El envío al Congreso del proyecto para establecer el recargo del 30 por ciento se conoció durante el fin de semana y el precio en las cuevas se ajustó desde temprano en la mañana. Con el salto de este lunes, la brecha se ubica en el 14,9 por ciento, la más alta desde fin de octubre, entre la cotización oficial y el precio en las cuevas financieras. En ese momento la brecha estuvo alimentada por la especulación de que el gobierno de Alberto Fernández dispusiera un desdoblamiento cambiario, una alternativa descartada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aunque el impuesto sea una diferenciación de hecho.
Otras alternativas de dolarización que eluden los límites mensuales establecidos, también se encarecieron. El denominado contado con liquidación, el precio que surge de comprar un bono o acción en pesos para venderlo en el exterior en dólares, aumentó 2,1 pesos (2,9 por ciento) a 76,19 pesos, llevando la brecha respecto del oficial en el segmento mayorista a 27,4 por ciento. La versión doméstica, el dólar MEP o Bolsa –donde la venta se hace en el país- el aumento fue de 3,1 pesos (4,3 por ciento) hasta los 73,37 pesos.
En el mercado mayorista, donde empresas vinculadas al comercio exterior y bancos operan montos de más de un millón de dólares, la divisa operó con cierta calma. Los precios iniciaron la rueda estable y finalizó la jornada “a 59,82 manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al cierre previo”, según el Mercado Abierto Electrónico. Por su parte, el Banco Central mantuvo la tasa de la política monetaria sin cambios respecto del cierre del viernes, a 63 por ciento anual. Con ese nivel de tasas de interés, el Cental adjudicó 124.868 millones de pesos, un monto por encima de los vencimientos (123.391 millones), lo que permitió una leve contracción de liquidez de 1476 millones. Un informe de First Capital Group, sobre la base de datos del Central, informó que los depósitos en pesos subieron en noviembre 3,4 por ciento y los nominados en dólares cayeron 3 por ciento.
17 de diciembre de 2019
El Gobierno adelantó que les otorgará una moratoria fiscal

Un salvavidas para las pymes

El plan de facilidades pasará por el Congreso. “Yo le pido a la pyme que no despida, a la vez que le doy ventajas para que su empresa crezca”, apuntó Alberto Fernández.

El Gobierno adelantó que habrá una moratoria fiscal por las “altísimas” deudas que tienen las pymes. “Van a verse muy favorecidas, fundamentalmente en su trato impositivo”, aseguró el presidente, Alberto Fernández, en una entrevista radial el domingo. El plan de facilidades de pago no podrá ser impulsado como una simple resolución de la AFIP, sino que deberá pasar por el Congreso. La moratoria sería una compensación para la pequeña empresa, que podría verse afectada por el decreto de la doble indemnización. “Yo le pido a la pyme que no despida, a la vez que le doy ventajas para que su empresa crezca”, apuntó el mandatario.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, brindó más detalles. Adelantó que la moratoria tendrá un período de gracia de entre 4 y 6 meses. “Les vamos a dar tiempo para crecer así después pagan sus obligaciones a la AFIP”, indicó Cafiero en una entrevista concedida al diario La Nación. También el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había hecho referencia a una medida de este tipo, durante el seminario de Techint de la semana pasada. Consultado sobre si seguirían las retenciones a las exportaciones de bienes industriales, Kulfas no lo descartó. De hecho, quedaron confirmadas el sábado con el decreto que modifica derechos de exportación. Pero en cambio, el ministro anticipó que habría un “nuevo paquete de apoyo financiero que permita ir saliendo del ahogo en el que están las empresas".
“Me parecería bien que se aplique, pero también habría que ver qué pasa con las tasas de interés para el financiamiento”, indicó a PáginaI12 Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera). En los últimos años, las elevadas tasas de interés, el desplome del consumo y la disparada de costos producto de los tarifazos y la devaluación implicó un cocktail letal para las pequeñas firmas.
Para aliviar a las pymes, la AFIP durante la gestión de Cambiemos lanzó en agosto un plan de pagos de 120 cuotas. La adhesión a este régimen finalizó el 30 de noviembre. La medida que aún continúa es la suspensión de embargos a pymes hasta el 31 de diciembre. Empresarios y expertos en materia impositiva consideran que una moratoria tiene muchos más beneficios que un plan de pagos.
“A diferencia de un plan de pagos, la moratoria te condona temas penales, lo cual es fundamental para las pymes”, afirmó a PáginaI12 el tributarista Ezequiel Passarelli. La otra ventaja es la menor tasa de interés. “El plan de pagos es impagable”, agregó. Es que la AFIP tiene 6 años de prescripción. Por lo que podría encontrar una deuda de 2013, que actualizada a la fecha se volvería millonaria. Y a eso deberían sumarse los intereses del plan de pagos, que son del 64 por ciento anual. “La moratoria te perdona los intereses y te permite empezar a pagar dentro de los próximos 6 meses, cuando termina el período de gracia”, indicó el contador. Para explicarlo, utilizó el término que acuñó el ex ministro Hernán Lacunza. “Esta moratoria sería un reperfilamiento de las deudas de las pymes”, aseguró. Lo que quedaría por definirse es qué beneficios tendrían quienes pagaron en tiempo y forma. En la moratoria de 2016, la ventaja para “buenos cumplidores” de personas jurídicas y humanas había sido la eximición del pago de bienes personales durante 3 años.
Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), indicó que el plan de facilidades que impulsará el Gobierno es un “alivio”, y será una respuesta a un pedido que las pymes vienen realizando hace más de un año. Las deudas implicaban una “montaña” para las pymes, aseguró. “La moratoria es buena porque saca intereses que muchas veces pueden superar el monto del capital”, indicó a este diario. Según los registros de CAME, las pymes más afectadas en el último tiempo fueron las de calzado, textil y marroquinería.
Sin embargo, Cascales agregó que la moratoria debería estar acompañada con otras medidas. “La carga impositiva es tan abrumadora que las pymes caen en estos atrasos porque no pueden pagar lo corriente”, opinó. Aunque la baja de impuestos ya fue descartada por el Gobierno. Sobre la implementación de la doble indemnización por despidos, dijo que podría impactar en las pymes “más complicadas” porque les costará el doble "achicarse". De todos modos, afirmó: “La pyme es muy raro que despida gente, los puestos de trabajo que se perdieron fueron más por cierres que por despidos”.
16 de diciembre de 2019
Temas de debate: Qué consensuar en el espacio de articulación que propone el gobierno

El Acuerdo Económico y Social

El objetivo es que ayude a estabilizar la economía, pero no puede ni debe acotarse a las políticas sociales de urgencia ni a un acuerdo de precios y salarios sino también abarcar los problemas estructurales

Coordinar expectativas
El Acuerdo Económico y Social fue uno de los ejes en los que Alberto Fernández centró la campaña electoral, concibiéndolo como un componente clave del nuevo programa cuyo objetivo es estabilizar la economía. Por otro lado, la promesa de mantener un dólar competitivo y de lograr la reactivación económica contradicen la idea de utilizar el dólar o algún agregado monetario como ancla nominal para reducir la inflación. Teniendo en cuenta estas limitaciones, surge la alternativa de un acuerdo de precios y salarios como mecanismo para coordinar expectativas y poder concretar tal objetivo.
Típicamente conocida como una política de ingresos, la coordinación de los principales precios de la economía busca reducir los costos de una desinflación en términos de actividad. Además, en un contexto en el cual la economía se encuentra transitando de un régimen de inflación moderada (de entre 20 y 40 por ciento) a uno de inflación alta (más del 50 por ciento), y con acortamiento de contratos, la coordinación pareciera ser una herramienta viable y más fácil de implementar que antes, ya que gran parte de las negociaciones se dan de forma simultánea o se encuentran en un horizonte temporal cercano.
A pesar de no conocerse detalles, desde el inicio de la campaña el gobierno viene manteniendo reuniones con los protagonistas del posible acuerdo: las cámaras empresarias y los sindicatos. Estos dos actores, junto al gobierno, deberán coordinar el movimiento de cuatro precios clave de la economía: salarios, precios, tarifas y dólar. La primera disputa a resolver, será consensuar el punto de partida, teniendo en cuenta en qué nivel se encuentra cada uno de estos precios actualmente y cuál ha sido su evolución reciente.
En materia de salarios, desde abril de 2018 los salarios perdieron alrededor del 15 por ciento su poder de compra (caída que se amplía al 24 por ciento para el caso de los trabajadores informales) siendo uno de los componentes que más se retrasó y que probablemente vaya a ser el sector que oponga más resistencia a aceptar mayores pérdidas. Las tarifas, que además de ser un componente importante de los costos de producción son un determinante del salario real, crecieron por encima de la inflación en la gestión Macri. Sin embargo, desde mitad de este año la postergación de aumentos implicó un incremento del gasto en subsidios, contrariando la prudencia fiscal que exhibió Martin Guzmán en su primera conferencia de prensa, dado que será una carta crucial en la inminente renegociación de la deuda. Respecto al tipo de cambio, existe relativo consenso de que en términos reales se encuentra en un nivel competitivo, pero también en que no hay mucho margen para que se retrase tan rápidamente en un contexto de inflación elevada. Por último, desde el sector empresario también se mostrarán reacios a ceder demasiado, utilizando como argumento el desplome de las ventas y el fuerte incremento de los costos de producción (tarifas, insumos, tasa de interés).
También es indispensable enmarcar el acuerdo en un programa macroeconómico integral y consistente, que permita que el mismo sea sostenible en el tiempo. En otras palabras, para que este resulte creíble y no sea abandonado al poco tiempo de su implementación, será necesario alinearlo con una política fiscal que no ponga en jaque la renegociación de la deuda, una política cambiaria que reduzca la volatilidad del tipo de cambio, pero que no aliente la apreciación cambiaria, y una política monetaria que no bloquee la recuperación económica pero que sea lo suficientemente prudente como para evitar efectos indeseados sobre inflación. Asimismo, el éxito del acuerdo ayudará al desarrollo de las demás políticas tanto aumentando su probabilidad de éxito como reduciendo sus efectos adversos.
Por último, el acuerdo y la política macroeconómica deben permitir vislumbrar una reactivación de la actividad económica en el futuro cercano. Esta permitirá a los diferentes sectores recomponer las pérdidas incurridas en los inicios del acuerdo y facilitará la negociación inicial, dado que en contextos de contracción de la actividad y sin perspectivas de recuperación en el corto plazo, resulta más complejo coordinar perdidas que coordinar ganancias.
* Economistas UBA

¿Para qué un acuerdo?
La Argentina enfrenta un escenario complejo, eso no es una novedad. Las dificultades tienen diversos orígenes y gran transversalidad. La coyuntura muestra volatilidad macroeconómica, aumento del desempleo, caída durante 23 meses consecutivos del salario real, aumento de la pobreza, una delicada situación de las PyMEs, desplome de la producción industrial, etc. Pero es importante ver que los fenómenos que caracterizan a esta coyuntura tienen un fuerte componente estructural.
La idea de buscar un Acuerdo Económico y Social que postula el presidente Alberto Fernández desde la campaña electoral incluye la creación de un Consejo: un espacio amplio y plural que debata un acuerdo de precios y salarios pero también apunte a proponer y resolver el desarrollo. Un espacio de estas características sería fundamental para abordar los desafíos productivos que afronta el país, fundamentalmente aquellos de tipo estructural. Con relativa independencia de la emergencia en materia social y económica, el horizonte debe ser el consensuar un modelo de desarrollo económico a largo plazo. Por eso cualquier intento de Acuerdo Económico y Social no puede ni debe acotarse a las políticas sociales de urgencia ni a un acuerdo de precios y salarios. Atacar la inflación, la pobreza, el hambre y el desempleo, requerirá un abordaje integral con amplia participación de todos los actores de la economía.
Inicialmente, será fundamental detener el deterioro de los ingresos reales. Ello implica alcanzar el control de la inflación que, al menos en la tradición argentina, se encuentra íntimamente ligada a la cuestión cambiaria, y llevar a cabo políticas salariales y de ingresos. Una política exitosa en este sentido permitiría el fortalecimiento del mercado interno y un mayor dinamismo del empleo, que constituye la mejor herramienta de inclusión social en el largo plazo.
Hay dos grandes determinantes del éxito de este acuerdo. Por un lado, la amplitud en la convocatoria y la diversidad de actores intervinientes. Trabajadores, empresarios, movimientos sociales, distintos niveles del Estado, entre otros, deberían conformar un espacio diverso de debate en el que prime la búsqueda de coincidencias sobre las diferencias. La composición tiene que reflejar las heterogeneidades de la Argentina, dándole un verdadero carácter regional que valore especialmente las necesidades de los actores que están por fuera de la zona céntrica del país, un gran asunto pendiente.
El segundo aspecto decisivo es encarar un proyecto que aborde las problemáticas estructurales. En principio esto va de la mano con la restricción externa, especialmente asociada a la gran cantidad de dólares que necesita la Argentina para financiar su crecimiento y que periódicamente genera tensiones cambiarias que tienen impacto en la vida cotidiana de todos. A sabiendas de que es una problemática histórica, se deberá tratar desde un abordaje multidimensional que contemple cuestiones como la competitividad de la producción nacional y la capacidad de canalizar los ingresos hacia el consumo de bienes locales y al ahorro en instrumentos nominados en pesos.
Por otro lado, y muy vinculado con lo anterior, es importante encarar un proyecto de desarrollo industrial. Apuntalar la inversión en ciencia y tecnología, y promover una articulación con el sistema de CyT público, permitirán avanzar en mejoras de productividad y generar las condiciones para mejorar la inserción internacional de los bienes argentinos, lo que también mejoraría el frente externo. En este rubro será fundamental priorizar a los sectores PyME, grandes generadores de empleo y con gran expansión territorial.
Del mismo modo es importante que se aborde un aspecto central y hasta el momento irresuelto en la estrategia argentina de desarrollo: la política energética, tanto desde la perspectiva de su generación como de la cuestión tarifaria. También, y posiblemente implicando el aspecto de mayores desacuerdos del Acuerdo, deberá encararse la cuestión tributaria. Aquí se enfrentarán, por un lado, la necesidad de recursos fiscales para llevar adelante las políticas que permitan dinamizar la economía y mejorar la equidad, con la presión tributaria ya muy elevada y con fuertes elementos regresivos y distorsivos.
Para encarar este proceso, La premisa fundamental es alcanzar consensos, pero basados en objetivos concretos y medibles, que retroalimenten de manera positiva el compromiso de los actores con el Acuerdo. De esta manera, se podrá convertir a este acuerdo social en un espacio de debate y sobre todo acción para un verdadero programa de desarrollo nacional.
16 de diciembre de 2019
Definiciones del presidente del Banco Central

"Podemos pensar en una inflación de un dígito para finales de 2021"

"Cuando se utiliza la emisión monetaria para financiar al Estado hay que ser muy cuidadoso. Debe hacerse solo en situaciones excepcionales y con mucho cuidado", remarcó.

El flamante presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, declaró este domingo que el objetivo es bajar la inflación a un dígito para finales de 2021, al tiempo que destacó la importancia de alcanzar superávit comercial y fiscal y acumulación de reservas "como instrumentos de consolidación macroeconómica". "Podemos pensar en una inflación de un dígito para finales de 2021", sostuvo Pesce.
El funcionario resaltó que el presidente Alberto Fernández "planteó el superávit fiscal, el externo y la acumulación de reservas como instrumentos de consolidación macroeconómica. Sería una muy buena señal de consolidación". Luego agregó que "necesitamos incrementar nuestras exportaciones para poder tener un saldo de balanza comercial que nos permita atender el déficit en servicios. Siempre fuimos deficitarios en el rubro servicios de la balanza de pago, los servicios de deuda y eventualmente en la formación de activos externos".
"Hay mucha esperanza con respecto a lo que va a ocurrir con la exportación de hidrocarburos: petróleo más en el corto plazo; gas, en el largo. Algo que tiene su foco en Vaca Muerta, pero que no es solo ese yacimiento. Si sucede lo que vaticinan las empresas del sector, estaríamos hablando de duplicar las exportaciones de hidrocarburos, y sería ya una cifra interesante de exportación", sostuvo en declaraciones al diario Perfil.
Consultado sobre los adelantos transitorios que el Central podría entregar al Tesoro a lo largo de 2020, dijo que "serán los necesarios para el desempeño del Estado, que se concentrará también en mejorar los niveles de ingreso de la base de la pirámide, lo que alude a aumentos en jubilaciones, la asignación universal por hijo, al proyecto de una tarjeta alimentaria para los sectores más desprotegidos".
"Esperamos que sean los menos posibles pero los necesarios para poder atender las necesidades del Estado y los requerimientos sociales urgentes", subrayó.
El economista -que se desempeñó como vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2014- agregó que "no bien se termine la reestructuración de deuda y de definir la cuestión de los planes sociales, vamos a poder ver cuáles son las necesidades con que tiene que asistir el Banco Central al Tesoro. Esperamos que sean las menos posibles, y que estén ajustadas al aumento de la demanda de dinero".
Sobre la gestión anterior, analizó que "pusieron el foco en combatir la inflación a través de instrumentos monetarios, de mantener la base monetaria inalterada y una tasa de interés superlativa, extraordinariamente alta en términos reales. Esto fracasó. Vamos a terminar este año con una de las inflaciones más altas de las últimas décadas".
"El gobierno anterior cometió dos errores: el primero fue creer que era fácil bajar la inflación. El segundo fue suponer que sobraban dólares. Ante procesos así, sostenidos, aparece la inercia inflacionaria y se requiere muchísimo tiempo y muchísima recesión para poder bajar la inflación inercial con tasa de interés u otros instrumentos monetarios", resaltó.
Pesce se refirió a las Leliq: "En la medida en que empieza a expandirse el crédito y de pases contra el Banco Central, el stock de Leliq va a ir bajando. Esperemos que esto vaya sucediendo el año que viene". Señaló que "si bajan las Leliq, va a haber expansión secundaria del dinero por el aumento del crédito, que hoy está constreñido por esa esterilización. Acá hay un problema de demanda de dinero".
"Con una inflación mucho más moderada que la de este año va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos. Eso va a demandar cierta monetización que puede ser cubierta con lo que se financia del sector público y la expansión por sector externo", expresó. "Pero cuando se utiliza la emisión monetaria para financiar al Estado hay que ser muy cuidadoso. Debe hacerse solo en situaciones excepcionales y con mucho cuidado", concluyó.
13 de diciembre de 2019
Solicitaron un encuentro con el ministro de Agricultura Luis Basterra

La Mesa de Enlace busca frenar un aumento de retenciones

Le presentarán a Basterra una propuesta de reforma tributaria que implique reemplazar las retenciones por el impuesto a las Ganancias.

Las entidades patronales del agro que conforman la Mesa de Enlace buscan evitar que el gobierno le aplique un aumento a los derechos de exportación de los principales cultivos. Con ese objetivo le presentarán al ministro de Agricultura, Luis Basterra, una propuesta de reforma tributaria que implique reemplazar las retenciones por el impuesto a las Ganancias. "No hay lugar para retenciones", aseguró este jueves el presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto.
Iannizotto celebró el discurso expresado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa por su perfil orientado a la producción. "Vemos muy bien (a Guzmán) porque habló de producción, de agenda productiva. Lo vimos muy bien orientado. Indudablemente antes de hablar de impuestos hay que ver las variables macroeconómicas", dijo Iannizotto en declaraciones a Futurock.
El dirigente cooperativista señaló que en el actual contexto de la economía argentina "no hay lugar para retenciones" y destacó: "¡Cómo va a haber lugar si hay una situación de cierre de empresas, no hay créditos y hay una presión tributaria que de cada 100 pesos, 60 van al Estado!”. No obstante, Inannizotto no se mostró confrontativo y se esperanzó con que pronto haya una convocatoria de Basterra para iniciar el diálogo sobre los 14 puntos de debate que le había propuesto la Mesa de Enlace a Alberto Fernández cuando era candidato presidencial meses atrás. Los presidentes de la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria le volverán a acercar esa propuesta integral a Basterra.
El campo pedirá básicamente una reforma tributaria basada en impuestos a la renta, para dejar de lado "herramientas distorsivas" como ingresos brutos, impuesto al cheque, de sellos, a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados, entre otros. Proponen un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, PYMEs, economías regionales y situaciones de emergencia.
Sobre las retenciones en particular la Mesa de Enlace propondrá dejar de lado la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y que vuelva a ser el Congreso quien establezca aranceles y derechos de exportación, tal como lo indica la Constitución. Quieren que se cumpla el final de estos tributos en diciembre de 2020 como plazo máximo, tal la promesa que hizo la gestión de Mauricio Macri. No obstante, fue el propio Macri quien volvió a elevar las retenciones el año pasado luego de prometer que las eliminaría.
Los representantes del agro consideran que los derechos de exportación son un mal impuesto porque no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsan su eliminación para todos los productos.
13 de diciembre de 2019
El último IPC de la era Macri

La inflación de noviembre fue del 4,3%  

La inflación de los últimos doce meses alcanzó a 52,1 por ciento. Este año será el primero desde 1991 que el índice de precios al consumidor supere el 50 por ciento. Las estimaciones para diciembre llegan hasta el 5 por ciento por la tanda de aumentos que autorizó Mauricio Macri antes de dejar el poder. El rubro Alimentos y bebidas fue uno de los que más trepó el mes pasado, con 5,3 por ciento y un acumulado en doce meses de 54,6 por ciento.

Por encima del alza de Alimentos y bebidas, se ubicaron los rubros de Comunicación (7,4 por ciento), Salud (6,3) y Bebidas alcohólicas y tabaco (5,6). El congelamiento de los servicios domiciliarios, en los últimos meses del gobierno de Cambiemos, luego de los drásticos híperaumentos de los últimos años, posibilitó que el índice resultara inferior a lo que marcaba la tendencia de aumentos sin control al cierre de los cuatro años del gobierno saliente. El menor aumento reflejado por los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9 por ciento) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5 por ciento), arrastró a la baja el aumento promedio de precios, que sin ese factor hubiera arrojado una inflación mayor al 5 por ciento en noviembre.
Ese resultado hubiera acercado la inflación del último mes de Macri en el gobierno a los mayores valores registrados en su mandato: 6,5 por ciento en septiembre de 2018, y 5,9 por ciento en el mismo mes de este año. Macri concluyó con una inflación interanual que más que duplicó el ritmo de variación de precios que encontró al asumir el gobierno en 2015, incluso en función de los resultados que publicaba la Dirección de Estadísticas de la Ciudad en ese último año del período kirchnerista.
Evaluado por rubro, la inflación en Salud alcanzó este año niveles alarmantes de la mano de la autorización a las empresas que venden medicina prepaga a ajustar prácticamente todos los meses sus cuotas. En noviembre, el índice de precios al consumidor del Indec reflejó un aumento del 6,3 por ciento en Salud, que completa un 63 por ciento en los once meses ya transcurridos de 2019 y el 71,6 por ciento en la comparación interanual (últimos 12 meses).
En el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento del 5,3 por ciento en noviembre, lleva la suba de los primeros once meses del año al 52,1 por ciento y la de los últimos doce meses, al 54,6 por ciento. Se observa, en la variación por artículo, un fuerte incremento en productos frutihortícolas, carnes rojas y de panadería en noviembre. Por ejemplo, bananas aumentó 48,8 por ciento, tomate redondo 37 por ciento, limón 29,5 y batata 14,6 por ciento en relación a los precios computados por el Indec en octubre. Entre las carnes, asado subió 10,8; cuadril 9,7; nalga 8,6; paleta 8,3 y picada común, 7,2 sólo en el último mes. Además, subuieron fuerte el arroz blanco (8,7 por ciento), galletitas de agua (9,3) y galletitas dulces (5,3) y el pan francés (5,5 por ciento).
La política permisiva del gobierno de Macri con respecto al comportamiento de precios de las empresas dominantes en productos de consumo masivo habilitó el abuso de estas firmas que, en las últimas semanas, aceleraron los incrementos para armarse un colchón de precios en previsión de un eventual congelamiento. El gobierno de Alberto Fernández tiene previsto convocar a empresas, sindicatos y organizaciones sociales a un acuerdo de precios y salarios, del cual no podrá quedar al margen los comportamientos evidenciados en las semanas previas por estas empresas grandes y sus consecuencias sobre los precios al público.
En CABA
El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires subió 4% en noviembre y acumuló un incremento de 49% en los doce últimos meses, informó la oficina de Estadística porteña. Los mayores aumentos se verificaron en los reglones de Frutas (26%), Carnes y derivados (5,1) y en menor medida de Pan y cereales (3,9). Por su parte, Transporte registró un incremento de 3,7% y en el rubro Salud se computó una suba del 4,5%, por alzas en los valores de los productos farmacéuticos y en las cuotas de medicina prepaga. En tanto, Recreación y cultura aumentó 4%, debido fundamentalmente a la suba en el abono del servicio de televisión por cable y satelital; Restaurantes y hoteles avanzó 4,1%.
El informe de la Dirección de Estadísticas porteño destaca que el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aminoró su ritmo de suba, hasta 41,5% interanual, fundamentalmente por la postergación de ajustes en las tarifas dispuestos por el gobierno nacional.
12 de diciembre de 2019
Hay 1,2 billones de pesos que no irán a los acreedores en 2020 y financiarán la reactivación

La plata de la deuda para encender la economía

Sin espacio para aumentar el gasto público, sin emisión monetaria, la principal caja para generar políticas de expansión será la reorientación de los fondos que estaban previstos para cancelar vencimientos.

Como si fuera un GPS, el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró a grandes trazos el camino para revertir la delicada situación económica que dejó Mauricio Macri. Dijo que una de las rutas que podría tomar, la de la emisión monetaria, en realidad es una trampa que llevaría a la desestabilización general de las principales variables. También fue enfático en que no hay espacio para generar impulso fiscal, porque el mapa heredado no ofrece ninguna avenida ni tampoco calle ancha, sino apenas un pasaje que se estrecha por la propia recesión. Además, sostuvo que para lograr consistencia en el viaje hay que tender a conseguir superávit primario (que los ingresos del Estado superen a los gastos, sin contar los pagos de deuda). Guzmán también dijo, sin embargo, que el principal objetivo en materia macroeconómica es dejar de caer, y confirmó que habrá aumentos de emergencia para jubilaciones y asignaciones. Sin shock de emisión ni suba del gasto público, el atajo para llegar a destino será reorientar los 1,2 billones de pesos que actualmente están previstos para cancelar vencimientos en 2020. Esa será la principal caja para financiar a empresas y familias, mejorar los ingresos populares y empezar a encender la economía.
Guzmán no lo dijo expresamente en la conferencia de prensa que inauguró su gestión, pero fuentes oficiales lo anticiparon a este diario. Lo que si remarcó el ministro es que la renegociación de la deuda es fundamental para darle consistencia a un plan económico integral. Es clave no solo porque Argentina no está en condiciones de cumplir sus compromisos, como coincide todo el arco de economístas y admitía hasta el ex ministro de Cambiemos, Hernán Lacunza. La negociación con los acreedores también es esencial por este otro motivo: se necesita liberar recursos para apalancar políticas que rescaten a la producción y al mercado interno. Buena parte del margen de maniobra del año que viene surgirá de lo que se logre en esa mesa con los tenedores de bonos. El proyecto de Presupuesto para 2020 que había presentado el gobierno anterior destinaba el 19,3 por ciento de las partidas a los pagos de deuda pública. Cuando Macri había empezado su gestión en 2015, la carga era equivalente al 5 por ciento de las partidas. Es decir que en cuatro años cuadruplicó el volumen de intereses a pagar por el brutal endeudamiento que le generó al Estado. Sobre gastos totales estimados en 6,2 billones de pesos, para deuda pública estaban previstos 1,2 billones. Guzmán pretende no gastar nada de eso el año que viene y repetir el escenario en 2021. Esa fuente de financiamiento indirecta pactada con los bonistas sería la más importante en el arranque del programa económico.
Quedan otras dos que el ministro no mencionó, pero que también aparecen en el radar. La primera es incrementar la recaudación fiscal con nuevas cargas de retenciones a las exportaciones, tanto del complejo agropecuario como de la minería, bajando las de la industria. También se analiza aumentar los ingresos por Bienes Personales, gravar las ganancias extraordinarias de los bancos y a quienes blanqueron y dejaron el dinero fuera del país. Finalmente, la última es una reasignación de partidas con una orientación pogresiva del gasto público. En lo inmediato, el GPS manda a rescatar la plata que era para la deuda.
12 de diciembre de 2019
El ministro de Economía anticipó las bases para el nuevo modelo
Martín Guzmán: "Venimos a resolver el virtual default"

En su debut, el ministro de Economía anticipó que habrá medidas para sectores vulnerables a través de una ley y contó en qué punto está la negociación con el FMI y los acreedores privados.

Cambios en las prioridades y nuevos instrumentos económicos para intentar revertir la profunda crisis que atraviesa el país. Martín Guzmán presentó el miércoles los lineamientos generales para lo que será su gestión al frente del Ministerio de Economía. El flamante funcionario anticipó el envío de un proyecto de ley con medidas de protección para la población más vulnerable, la creación de una unidad especial para hacerse cargo del proceso de renegociación de la deuda y la puesta en marcha de una comisión conformada por ex secretarios de Finanzas que lo asesorará. “No tenemos una propuesta rimbombante. Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior”, lanzó Guzmán al precisar que las conversaciones con fondos de inversión y el Fondo Monetario Internacional ya comenzaron. "Las decisiones las vamos a tomar nosotros. Este programa es nuestro", sentenció al marcar un quiebre con el vínculo subordinado que mantuvo el gobierno saliente con el FMI. El economista, que no abundó en precisiones sobre los plazos para las negociaciones ni las medidas paliativas, confirmó que Argentina conservará el esquema de restricciones para la compra de moneda extranjera. “Para que la economía se lo pueda sacar de encima, se tiene que tranquilizar”, graficó al referirse al cepo cambiario.
Durante una conferencia de prensa, Guzmán desestimó la continuidad del programa de austeridad vigente y anticipó mejoras en el nivel de ingreso de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la crisis. El titular del Palacio de Hacienda, sin embargo, hizo hincapié en el limitado espacio con el que contará el gobierno de Alberto Fernández para impulsar la actividad a través de la expansión del gasto y la inversión. Con esa fórmula, el ministro descartó la implementación de un “ajuste brutal” sin descuidar la obsesión de los acreedores privados y multilaterales con la obtención de un resultado fiscal primario superavitario. Destacó además la necesidad de contar con un excedente de dólares por el frente comercial.
“Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. Estamos en una situación de fragilidad extrema navegando por un fino corredor. Armamos un programa para frenar la caída dadas las restricciones que enfrentamos”, graficó el economista, quien como señaló el Presidente sostuvo que “para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar”.

Pagar la deuda
“No queremos tener una posición de confrontación para resolver la situación de virtual default en la que se encuentra el país”, lanzó Guzmán al retomar los lineamientos ofrecidos por el presidente durante su intervención ante la Asamblea Legislativa. “Hay consultas con bonistas privados en marcha”, precisó el ministro, quien no hizo referencia a las urgencias financieras que experimentan las jurisdicciones subnacionales como la provincia de Buenos Aires y el municipio de Rio Cuarto.
Las negociaciones con los acreedores privados quedarán en manos de un área denominada Unidad Especial para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda, que contará con la colaboración de la comisión asesora de ex funcionarios del área. “Esto no es sobre la base de una disputa sino una relación constructiva con todos los acreedores. Tenemos que tranquilizar a la economía y propiciar su recuperación. Tenemos que definir senderos de superávit fiscales primarios y resultados comerciales que sean consistentes con la estructura de deuda modificada”, sostuvo el funcionario, que eludió de ese modo referirse al tema con conceptos como “reestructuración”, “reperfilamiento” o “renegociación”.
El economista aprovechó la conferencia para desmarcarse de los lineamientos para la negociación que presentó a fines de noviembre, cuando todavía se desempeñaba como investigador durante una conferencia organizada en Suiza por la agencia para el desarrollo económico de la ONU. Entonces, Guzmán planteó como escenario posible reducir a cero los pagos de intereses y capital de la deuda entre 2020 y 2021 con el objetivo de recuperar margen de maniobra para volver a crecer y así garantizar la capacidad de repago a los acreedores.
“La presentación en Ginebra no tiene por qué representar mi posición como ministro. Es una presentación académica. No tomaría nada de eso como referencia a lo que vamos a hacer”, expresó Guzmán al señalar que “no vamos a permitir dilatar el problema e ir sobre una dinámica desestabilizante de más recesión y más deuda. Esa es la brújula”.

FMI
Con el FMI las conversaciones bilaterales iniciaron antes de que el funcionario fuera confirmado en su cargo el viernes pasado. Antes de regresar de manera permanente a la Argentina tras once años en Estados Unidos, el economista se reunió con la mandamás del Fondo, Kristalina Georgieva. "El FMI reconoció el fracaso del programa anterior”, reveló Guzmán al reiterar que “no contamos con el financiamiento para que haya expansión fiscal”. Al referirse a los más de 12.000 millones de dólares del acuerdo que restan por desembolsarse, el ministro reiteró que “no tiene sentido recibir más desembolsos del FMI a efectos de servir la deuda en una situación como la actual. Hay evidente insostenibilidad con la deuda pública”. No obstante, dejó abierta la puerta al mencionar que “si el FMI tuviera otra posición y prestara para hacer obras que mejoren la capacidad productiva y financiar el desarrollo sostenible estaríamos hablando de otra historia y los fondos serían bienvenidos”.

Vulnerables
El paquete de medidas para “lidiar y proteger a la población más vulnerable y reestablecer condiciones para frenar la caída” será remitido al Congreso en los próximos días. El proyecto de ley se denominará de solidaridad y reactivación productiva. El equipo de Guzmán que lo acompañó ayer durante la conferencia trabaja junto con la Jefatura de Gabinete, carteras como Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, y organismos como la Anses, en los detalles de la iniciativa que el nuevo oficialismo pretende validar durante las sesiones extraordinarias.
“Lo que se ha hecho durante el Gobierno de Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año que la economía creció se decidió cambiar la ley (de movilidad) para no compartir los frutos con las jubiladas y jubilados”, expresó el ministro en el único anticipo que ofreció sobre las medidas bajo elaboración. “Fue una apuesta irresponsable”, definió el economista al cuestionar las políticas implementadas durante la gestión de Cambiemos, a las que definió como “un modelo que fracasó, en cada lugar donde se implementó generó más vulnerabilidad”.
10 de diciembre de 2019
Las medidas que planea el próximo Banco Central

Bajará la tasa, pero será gradual

La medida no redundará en un impulso a la inversión, la exportación o la innovación sino en un alivio para que las empresas recuperen capital de trabajo.

La nueva conducción del Banco Central entiende que no será necesario un recorte abrupto en las tasas de interés para comenzar a movilizar el crédito. Una “baja moderada” en el costo del financiamiento será definida en lo inmediato por el directorio de la autoridad monetaria que desde el martes encabezará Miguel Pesce. El relajamiento inicial en las tasas será accesorio a la mejora en la demanda interna que, en la visión de las próximas autoridades del BCRA, constituye el factor determinante para movilizar el crédito. La medida, reconocen, no redundará en un impulso a la inversión, la exportación o la innovación sino en un alivio para que las empresas empiecen a recuperar acceso al capital de trabajo. El relanzamiento de las líneas de crédito para la inversión productiva que fueron desarticuladas por el gobierno saliente hasta su eliminación definitiva en 2018 estará sujeto a la negociación del acuerdo económico y social que convocará el presidente electo Alberto Fernández.
La tasa de interés de referencia que heredará la gestión a cargo de Pesce asciende al 63 por ciento. Los elevados niveles de tasas –nominales y reales- conformaron uno de los elementos centrales del fallido programa de ahogo monetario con el que el trio de banqueros centrales cambiemitas compuesto por Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris intentó controlar la inflación. Los valores máximos se registraron en septiembre después de las PASO cuando la conducción del BCRA elevó hasta 86 por ciento el rendimiento de sus letras de liquidez. Las tasas para el instrumento de corto plazo que funciona como referencia para el sistema financiero local exhibieron un promedio que superó el 70 por ciento hasta las elecciones. A partir de entonces, con el endurecimiento de las restricciones para la compra de dólares (mecanismo que continuará vigente), la autoridad monetaria comenzó a reducir las tasas hasta el 63 por ciento vigente.
Una de las primeras medidas que tomará la nueva conducción del BCRA será acelerar el recorte aunque advierten que el factor determinante para reactivar el crédito será la demanda interna. “No hay que esperar movimientos violentos de la tasa sino una baja moderada que ofrezca algún alivio para financiar capital de trabajo a través de instrumentos extendidos como el descuento de cheques que representan una urgencia de las empresas afectadas por la crisis. El recorte en las tasas acompañará la mejora en las expectativas de la demanda que es el factor determinante para la expansión del crédito”, explican entre quienes se preparan para conducir el BCRA.
Entre los directores que acompañarán Pesce en el BCRA reconocen que, más allá del alivio inicial, pretenden poner en marcha un programa de financiamiento para la inversión productiva similar al implementado en 2012. Entonces, la conducción de la autoridad estableció que los bancos debían prestar al menos una porción equivalente al 5 por ciento de sus depósitos privados en créditos de mediano y largo plazo para inversiones.
Los banqueros privados consideran inevitable la implementación de un programa de esas características pero quienes ocuparán a partir del martes las oficinas del segundo piso de Reconquista 266 enfatizan que la iniciativa será parte de las negociaciones del acuerdo económico y social. La mejora en las condiciones de acceso al crédito –plazos y tasas- será uno de los instrumentos que llevará el gobierno a la mesa de negociación en la cual se pretende alcanzar un acuerdo de precios y salarios que permita poner un el freno a la escalada inflacionaria.
Antes de asumir como banquero central Pesce visitó el lunes al presidente saliente de la entidad, Guido Sandleris. Desde el BCRA describieron al breve encuentro entre los dos economistas como una “reunión cordial donde se repasaron cuestiones fundamentales de la entidad”. El menguado nivel de reservas internacionales, la marcha del financiamiento al Tesoro a través de los adelantos transitorios, la dinámica macroeconómica y algunos aspectos determinantes para el funcionamiento interno del banco fueron los ejes de la reunión que mantuvieron los banqueros centrales.
09 de diciembre de 2019
El último beneficio de Mauricio Macri a las prepagas: les baja los aportes patronales

A un día de dejar el poder, el Presidente le da un nuevo guiño a las empresas, que obtendrán un aumento del 60% de sus cuotas en lo que va del año.

El Gobierno dispuso este lunes incluirle a las empresas de medicina prepaga y mutuales de salud la reducción de las contribuciones patronales que ya rigen para el resto de las entidades del sector, con destino a la seguridad social. La decisión se tomó por medio de un decreto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que "en razón de la situación crítica y de emergencia sanitaria que obstaculiza el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, resulta necesario incluir en los alcances de la medida a los sujetos que desarrollen como actividad principal servicios de seguros de salud (incluye medicina prepaga y mutuales de salud) y servicios de asociaciones".
En octubre último, por medio de otro decreto, la Casa Rosada elevó de 7.003,68 a 17.509,20 pesos -retroactivo al primero de agosto- el mínimo no imponible salarial por trabajador del sector de salud; así, las empresas pagan las contribuciones sobre el excedente salarial de ese último monto. Este valor aumenta y se actualiza anualmente por el Indice de Precios al Consumidor que mide el INDEC, hasta diciembre de 2021.
Ese beneficio incluyó a los servicios de hospitales, los de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos, de prácticas de diagnóstico y tratamiento, servicios integrados de consulta, diagnóstico y tratamiento, servicios de emergencias y traslados y otros relacionados con la salud humana y a las obras sociales, de acuerdo con el texto oficial.
Ahora, con el decreto publicado este lunes, el Gobierno extendió a "Servicios de seguros de salud- incluye medicina prepaga y mutuales de salud" la mayor reducción de las contribuciones patronales. Otros sectores que tienen este beneficio son el textil y el de calzado y marroquinería, entre otros.
04 de diciembre de 2019
Un estudio internacional sobre conocimiento financiero de la población

Argentinos ignorantes en finanzas y expertos en inflación

En la Argentina, la principal forma de ahorro es guardar los dólares en casa. El conocimiento de los argentinos sobre inflación supera largamente al de los países centrales, pero está entre los peores en reconocimiento de formas de financiamiento e instrumentos financieros alternativos de inversión.

Sólo el 24 por ciento de los argentinos reconoció haber ahorrado en el último año y la forma de ahorro principal es debajo del colchón, pese a que pasaron casi dos décadas del corralito. A pesar del aumento en la morosidad de las familias , menos de la mitad sabe lo que es refinanciar el saldo de una tarjeta de crédito. Argentina está entre los peores puestos a nivel internacional en conocimientos financieros. En el único punto que encabeza es en el saber sobre la definición de inflación y el cálculo del poder adquisitivo.
Así se desprende de un documento difundido por el Ministerio de Hacienda de la Nación, titulado “Plan Nacional de Educación Financiera”, que tiene como objetivo mejorar los conocimientos financieros de las personas y las empresas para acceder o utilizar servicios financieros. La difusión del informe se realiza en un contexto de sobreendeudamiento de las familias e imposibilidad de financiamiento para las empresas, con los niveles de tasas de interés más elevados del mundo.

Ahorro al colchón
El informe presenta un diagnóstico de la educación financiera en Argentina. En cuanto al ahorro, el comportamiento financiero es muy negativo con respecto a los demás países. Sólo el 24 por ciento de los argentinos encuestados dijo haber ahorrado en los últimos 12 meses. El promedio de los países del G20 fue del 64 por ciento, en México del 53 por ciento, y en Brasil del 30 por ciento. La encuesta la realizó en 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y consideró los mecanismos de ahorro formales e informales. El mismo año, un trabajo del Banco Central informó que el 29 por ciento de los argentinos declaró haber ahorrado en los 12 meses previos. La cifra presenta grandes variaciones según nivel socioeconómico, ya que la mitad de las personas del nivel ABC1 (clases altas) declaró haber podido ahorrar.
Entre los que declararon haber podido ahorrar, la forma de ahorro principal, en un 58 por ciento, fue en el hogar, ya sea en una alcancía o debajo del colchón. Le siguió en un 37 por ciento el ahorro a través de dejar el dinero en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Sólo un 12 por ciento lo hizo en moneda extranjera y en último lugar, con un 2 por ciento, a través de productos de inversión. Desagregada, la proporción de ahorro en el colchón no presenta casi variaciones entre distintos niveles socioeconómicos: lo hizo en un 62 por ciento el nivel ABC1, correspondiente a clases altas y medias, y en un 63 por ciento el nivel D1, correspondiente a clases bajas.
Los datos corresponden al 2017 y se difunden a 18 años de la implementación del traumático corralito, el 3 de diciembre de 2001. Analistas consideran que será difícil recuperar la confianza en un contexto en el que el Gobierno termina su mandato con un reperfilamiento de títulos en pesos, que sólo impacta al sector privado , ya que las provincias fueron excluidas.
En la actualidad, los instrumentos de ahorro son limitados: con el llamado “súper cepo”, el Banco Central permite comprar 200 dólares por mes, y las tasas de interés de plazo fijo se encuentran por debajo de la inflación. Si bien el 73 por ciento de los encuestados tienen conocimiento del plazo fijo, un mecanismo tradicional de ahorro, no ocurre lo mismo con herramientas más sofisticadas, como inversiones en títulos públicos o fondos comunes de inversión.
En cuanto a los productos financieros, sólo 8 son conocidos por más del 50 por ciento de los encuestados: se trata de las tarjetas, los depósitos, las cuotas y los plazos fijo. Sin embargo, menos de la mitad (46 por ciento) escuchó hablar sobre el financiamiento de los saldos con tarjeta de crédito. Esto representa un problema, ya que la morosidad en este aspecto se duplicó en 4 años.
En el comparativo internacional del índice de educación financiera desarrollado por el Banco Central y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Argentina está en el puesto 37 de 39 países. De todas formas, en materia de conocimiento sobre inflación, somos los campeones mundiales. El 91 por ciento tiene conocimientos sobre la definición de inflación, mientras que en el promedio de los países del G20 es del 77 por ciento. Algo similar ocurre con el cálculo del poder adquisitivo: el 69 por ciento de los argentinos tiene este conocimiento, mientras que en los países del G20 es del 53 por ciento. Este año, la inflación interanual alcanzará el 55 por ciento y se transformará en la cifra más alta desde 1991.

Banqueros y educadores
El objetivo del programa de educación financiera es aumentar la confianza en el sistema financiero formal y mejorar los hábitos de planificación financiera. Establece acciones para llevarse adelante desde este año y hasta 2023. Una de ellas es incorporar contenido de educación financiera en la currícula de escuelas secundarias, a través del Ministerio de Educación. Esto traerá una polémica acerca de qué y cómo se enseñará, y cuál será el rol de los sectores privados financieros en la educación de las aulas. De hecho, el documento detalla todos los organismos locales e internacionales que participaron en el armado, desde la Anses hasta la OCDE. Además, reconoce que participó el sector privado con “importantes contribuciones y comentarios”. Entre las empresas participantes se encuentran Prisma, Mastercard y asociaciones bancarias como ABA y ADEBA.
03 de diciembre de 2019
El Gobierno reconoció que desconocía la suba de aranceles

"Fue inesperado, no tuvimos ninguna señal"

Dante Sica, ministro de Producción, y el canciller Jorge Faurie se reunieron de urgencia para intentar obtener más información. La medida afecta exportaciones por 700 millones de dólares.

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a imponer aranceles para las exportaciones de acero y aluminio tomó por sorpresa al gobierno argentino y al brasileño. El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el anuncio fue “inesperado” y que activaron todos los canales de diálogo para obtener alguna precisión de la medida, ya que no hubo ningún comunicado formal más allá del mensaje de Trump en Twitter. Por su parte, Jair Bolsonaro aseguró que tiene “un canal abierto” con Trump, por lo que si considera necesario lo llamará telefónicamente para intentar volver atrás sobre la medida.
"Fue un tema inesperado, no existía ninguna señal ni hacia nuestro gobierno, ni hacia el de Brasil, ni al sector privado, respecto a cambios en el acuerdo con Estados Unidos", aseguró Sica en declaraciones a la agencia estatal Télam. El ministro de Producción y Trabajo se mostró sorprendido por la decisión del presidente de restaurar los aranceles, cuando en mayo del año pasado el gobierno norteamericano había exceptuado a la Argentina en la medida.
Una vez conocido el mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, Sica se reunió con Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores, para analizar el curso de acción. La primera medida que tomaron fue solicitar entrevistas con sus pares de Estados Unidos y con el embajador Fernando Oris de Roa. "Estamos activando todos nuestros contactos en Washington para tener alguna precisión más. No sabemos cuál es la magnitud de esa declaración ni cómo impacta en los acuerdos vigentes", aseguró Sica.
Las nuevas reglas de juego tienen un impacto económico en las condiciones comerciales, dado que las exportaciones de acero y aluminio alcanzaron los 700 millones de dólares anuales en 2018, según cifras provistas por el Ministerio de Producción y Trabajo. Y en lo que va de 2019 las ventas superaron los 500 millones de dólares. “El sector privado está en ascuas con respecto a esto y ya empezó a evaluar el impacto sobre niveles de producción, a la vez que activaron sus contactos internacionales con las cámaras representativas”, agregó el ministro, en sus últimos días al frente de la cartera económica.
Además, las autoridades del Ministerio de Producción llevan a cabo gestiones con el gobierno brasileño para definir "una posición y acciones conjuntas", según comunicaron desde la Secretaría de Comercio Exterior. A su vez, contactaron a referentes del sector privado para trabajar sobre el impacto que podría ocasionar esto en las exportaciones. José Urtubey, empresario de la Unión Industrial Argentina, dijo en declaraciones radiales que esto perjudica a la industria local. Exigió a las autoridades económicas "repensar" y "reflexionar" sobre cómo funciona la economía global y criticó al gobierno saliente por su impronta de liberalizar el mercado a los productos importados.
Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, intentó mostrar tranquilidad. Adelantó que abordará el asunto con su ministro de Economía, Paulo Guedes, antes de dar una respuesta oficial. “Si es necesario, llamaré a Trump, tengo un canal abierto con él”, agregó en conversación con periodistas en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia. Más tarde, en una entrevista radial, dijo que no considera la decisión como una "represalia" y adelantó que buscará hablar con Trump para que "no penalice a Brasil". Cree que "casi seguro" el mandatario estadounidense escuchará su solicitud, según publica el diario Folha de San Pablo.
Trump justificó su decisión al asegurar que las devaluaciones del peso y del real afectan negativamente la competitividad de los agricultores y fabricantes de Estados Unidos. En Brasil, el real se devaluó 9,45 por ciento desde el inicio del año, y luego 5,7 por ciento en noviembre. En Argentina, la mayor devaluación durante 2019 se dio después de las elecciones primarias de agosto, cuando el dólar saltó más de 30 por ciento, al pasar de 45 a 60 pesos.

¿Amigos?
Desde Estados Unidos también se expresaron acerca de la medida arancelaria. "Incluso nuestros amigos y mejores aliados tienen que vivir con las mismas reglas", aseguró Wilbur Ross, secretario de comercio estadounidense durante una entrevista en Fox Business. El funcionario fue consultado por la causa de la decisión, dado que Bolsonaro es un gran promotor y aliado de Trump. "Lo que le preocupaba a Trump es la devaluación de la moneda brasilera, es un factor a tener en cuenta, porque a menor tipo de cambio, los productos que ingresan son más baratos, algo teníamos que hacer", respondió.
Los patentamientos cayeron 35,5 por ciento en noviembre

Derrumbe de la venta de autos

El cierre del mandato de Mauricio Macri marca el peor año para las ventas de vehículos cero kilómetro desde 2005. En noviembre se patentaron 25.624 unidades, lo cual implica una caída del 35,5 por ciento en la comparación interanual. En once meses, la merma acumulada es del 43,4 por ciento frente al mismo período del 2018, mientras que la comparación con once meses de 2015 arroja una caída del 28 por ciento. El resultado automotor se explica por el fuerte encarecimiento de los vehículos, ligados a la cotización del dólar, junto a las altas tasas de interés que restringen la posibilidad del financiamiento, mientras los salarios corren por detrás a la inflación y hay fuerte incertidumbre económica general que hace postergar decisiones de gasto en bienes durables. "Las cifras de noviembre muestran que el mercado profundiza la caída, por eso necesitamos en forma urgente medidas para cambiar el rumbo de nuestro sector”, dijo Ricardo Salomé, presidente de Acara, que reúne a los concesionarios. En tanto, Rubén Beato, secretario general de la entidad, completó indicando que "venimos de un año muy difícil, en el que a la caída sostenida de la demanda se ha sumado la voracidad fiscal de algunos distritos, que incluso nos han obligado a tributar fuera de lo que establece el nuevo Código Civil de la Nación. El caso de la provincia de Buenos Aires es el más grave". Los empresarios contradicen el discurso oficial, que pondera un supuesto alivio fiscal desplegado en estos años. Entre enero y noviembre se patentaron 438.230 unidades en el mercado local. El dato queda muy por debajo de la marca de los últimos años. Durante la gestión de Macri, entre enero y noviembre de 2016 se patentaron 669.345 unidades; en 2017, 853.404 y en 2018: 774.715 unidades. Durante el segundo mandato de CFK, se patentaron 803.622 unidades en once meses de 2012; 904.707 en 2013; 656.602 en 2014 y 611.051 en 2015. En 2009, año afectado por el estallido de la peor crisis económica global desde el crack de Wall Street en 1929, el mercado argentino patentó 491.602 unidades. Es necesario retrotraerse hasta 2005 para encontrar un número menor al nivel de las ventas actuales.
La marca de mayor participación en el mercado local en lo que va del año es Volkswagen, con 66.189 unidades, el 15,4 por ciento de la plaza. La caída interanual de las ventas de la marca alemana es del 42,3 por ciento. Volkswagen vendió en el mismo período de 2011 un total de 165.226 unidades en el mercado local, 2,5 veces el volumen actual de ventas. En el caso de Chevrolet, las ventas entre enero y noviembre acumulan 48.225 unidades, una caída interanual del 50,7 por ciento. Si se compara frente a 2011, la merma es del 62,5 por ciento (127.809 unidades). Para Renault, las ventas entre enero y noviembre acumulan 60.737 unidades, una caída interanual del 44,7 por ciento, similar a la baja frente a 2011.
El fuerte retroceso del mercado interno de autos explica las suspensiones masivas y decisiones de discontinuar inversiones por parte de las empresas automotrices y los despidos y cierres de firmas autopartistas. El panorama es aun más complejo por la decisión política del gobierno de Brasil de avanzar en la liberalización comercial y reducir la protección arancelaria del Mercosur frente a países extrazona, esquema que es clave para el sector automotor.
Distinto es el caso de Toyota, que este año acumula ventas por 62.014 unidades, una baja del 30,4 por ciento frente al mismo período de 2018. Pero en 2011, la marca japonesa vendía en el país 35.230 unidades. El crecimiento tendencial se explica porque arrancó de un piso muy bajo y ganó mucha participación de mercado gracias a la buena aceptación de la pick up Hilux y los autos, Corolla y Etios. De hecho, Toyota es una de las automotrices menos afectadas por las suspensiones de personal.
02 de diciembre de 2019
Informe del grupo Pharos sobre la situación en el conurbano

La crisis alimentaria que deja Vidal

Un estudio realizado para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires revela que familias que eran de clase media hoy piden comida, que en los comedores aumentó la presencia de adultos mayores y que emergieron enfermedades por falta de vacunas y patologías que se creían erradicadas.

Un estudio cualitativo realizado por el Grupo Pharos para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires consultando a referentes sociales y funcionarios de varios municipios del conurbano sobre la situación alimentaria de la población revela que "familias que nunca habían pedido comida hoy sí lo hacen" y "que se trata de una problemática que afecta a miembros de una clase media incipiente que en los últimos años dejó de serlo o que cayeron en la pobreza". El trabajo, para el que se hicieron entrevistas en los partidos de Almirante Brown, General San Martín, Moreno, Hurlingham, Lomas de Zamora y Florencio Varela, concluye que "los merenderos y comedores, donde antes era habitual la asistencia de jóvenes de hasta 16 o 17 años, hoy también reciben a personas de la tercera edad, abuelos y padres de familia" y que para muchas de las personas que allí acuden el alimento que reciben "es la única ingesta alimenticia del día".
De la muestra surge también que la crisis y los problemas alimenticios se agravan en el caso de los niños, lo cual queda en evidencia porque "los centros de salud están registrando menores con bajo peso y se ha incrementado el nivel de ausentismo escolar, ya que los padres no mandan a sus hijos a la escuela por carecer de zapatillas, ropa, útiles escolares, entre otros elementos indispensables".
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que busca garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su titular es el abogado Guido Lorenzino.
Como parte de su tarea, la entidad realizó un relevamiento para conocer de primera mano el impacto de la problemática en la alimentación y la salud de los sectores más vulnerables, construyendo un mapa de la crisis desde la óptica de los comedores, las organizaciones sociales y los técnicos de los municipios. El propósito fue "conocer las percepciones de los referentes comunitarios y los funcionarios locales respecto de la situación alimentaria que atraviesan las familias del Conurbano, especialmente las que concurren a las áreas sociales, comedores o merenderos" y poner de manifiesto "las estrategias que se llevan adelante para resolver esta problemática".
De acuerdo a la información recogida por la Defensoría, los municipios afirman que los pedidos de alimentos se fueron incrementando desde diciembre de 2015 y "actualmente están al punto límite para atender a las familias debido a la explosión de la demanda desde abril de 2018". Los consultados coinciden en que no sólo aumentó el número de merenderos y comedores, sino que también confirman el dato de que hay más gente solicitando asistencia alimentaria.
La investigación revela además que "los graves problemas relacionados al acceso a la alimentación golpean directamente a la salud de la población, que está muy deteriorada producto de que emergieron enfermedades por falta de vacunas, además de observarse el surgimiento de patologías y enfermedades que se creían erradicadas".
Otro de los datos que surgen del estudio es que las familias han modificado sus hábitos alimentarios y, entre otros rubros, se ha disminuido significativamente el consumo de carne. El trabajo refleja además que "se redujo de forma preocupante el consumo de leche, mientras aumentó muchísimo la ingesta de harinas" produciendo obesidad en niños por no tener una dieta equilibrada. A lo anterior se agrega que las proteínas fueron sustituidas por arroz o fideos, llegando al extremo de que "las madres dejan de comer para priorizar el alimento de sus hijos".
Las penurias materiales tienen también consecuencias en lo psicológico. El informe de la Defensoría de Buenos Aires expresa que existe preocupación en las familias "por no encontrar alternativas laborales y los hombres y mujeres se sienten muy castigados y cohibidos". Al repasar los dichos de los entrevistados se rescata que "la vergüenza es el sentimiento más mencionado cuando se describe el estado en el que llegan los grupos familiares a los comedores".
Existen no obstante ámbitos de resistencia y solidaridad que asoman para intentar salir de la crisis. Es así que las familias se reúnen para compartir alimentos cuando no abren los comedores y, entre otras iniciativas, organizan trueques de servicios por alimentos.
El mismo estudio resalta además la reaparición del "cirujeo" en el que están involucrados muchos niños y jóvenes y el resurgimiento del llamado "tren blanco" para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires en busca de alimentos o desechos que puedan aportar algún recurso económico. También existen ollas populares, acampes y diferentes modalidades de trueque que tienen por objetivo final conseguir alimentos.
Con este escenario y como resultado de las políticas adoptadas por el gobierno nacional y provincial, el mayor peso para atender a la crisis recayó sobre los municipios que tuvieron que responder ante la demanda de alimentos.
Ante la situación Guido Lorenzino afirmó que “se necesita un gran acuerdo de todos los sectores, el Estado, las cámaras empresarias, las organizaciones sociales y de la economía popular, los sindicatos y la Iglesia para generar políticas públicas que permitan el acceso universal a los alimentos".
02 de diciembre de 2019
Lo comunicó a través de Twitter y afirmó que será aplicado "con vigencia inmediata"

Trump vuelve a arancelar la importación de aluminio y acero de Argentina y Brasil

Estados Unidos volverá a aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Argentina y Brasil debido a la “masiva devaluación de sus monedas”, según anunció el presidente norteamericano Donald Trump, a través de Twitter.
"Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores", escribió el titular de la Casa Blanca. "Por lo tanto –prosiguió-, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países".
En los mensajes publicados a través de la red social, Trump también dio instrucciones a la Reserva Federal para que “actúe” al respecto, a fin de que los países “no se aprovechen de nuestro dólar fuerte” para comerciar sus productos.
“Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojar - ¡Fed!”, insistió.


02 de diciembre de 2019
Volvieron a subir naftas y prepagas y en el supermercado las remarcaciones no paran

Despedida con una última suelta de precios

Las petroleras anunciaron este domingo una nueva suba de hasta 6,5 por ciento en el valor de los combustibles y en apenas un mes el incremento llega al 17,8 por ciento. Las prepagas treparon otro 12 por ciento.

Luego de haber iniciado la gestión diciendo que combatir la inflación iba a ser una tarea fácil, el presidente Mauricio Macri se va del gobierno echando cada día más leña al fuego de los precios. Las petroleras anunciaron este domingo una nueva suba de hasta 6,5 por ciento en el valor de los combustibles y en apenas un mes el incremento llega al 17,8 por ciento. Además, comenzó a regir otro aumento de 12 por ciento en las cuotas de las prepagas y en el año el ajuste es de 61 por ciento. En el rubro alimentos la situación directamente está fuera de control con subas generalizadas ante la pasividad de un gobierno que nunca se preocupó demasiado por controlar precios, pero que, según advierten las asociaciones de consumidores, desde la derrota en las elecciones pareciera haber tirado la toalla definitivamente.

Naftas
Luego de la derrota en las elecciones primarias, el gobierno anunció un congelamiento del precio del crudo y los combustibles para intentar revertir el resultado, pese a que el dólar había subido 25 por ciento al día siguiente de las PASO. Una vez consumada la victoria de Alberto Fernández en primera vuelta, la reacción fue exactamente la contraria. A comienzos de noviembre se autorizó un incremento de 5 por ciento pese a que el congelamiento todavía no había terminado. A mediados de noviembre, cuando se puso fin al control, llegó otro incremento de 5 por ciento y ahora un nuevo retoque de hasta 6,3 por ciento con el que las empresas se anticipan al acuerdo de precios y salarios que busca impulsar el próximo gobierno. De este modo, en apenas un mes la suba llega casi al 18 por ciento.
En la Ciudad de Buenos Aires, la petrolera YPF que concentra el 55 por ciento del mercado aumentó la nafta súper de 50,19 a 53,34 pesos (6,3 por ciento) y la premium de 57,94 a 61,54 pesos (6,2), mientras que el gasoil común lo ajustó de 46,99 a 49,94 pesos (6,3) y el premium de 54,99 a 58,44 pesos (6,3 por ciento). En el año, YPF incrementó 43,3 por ciento su nafta súper, 41,9 por ciento la nafta premium, 43,3 por ciento el gasoil común y 43 por ciento en gasoil premium.
La brasileña Raízen, que controla las estaciones de servicio de la marca Shell informó, por su parte, que subió la nafta súper de 50,64 a 53,99 pesos (6,3 por ciento), la premium de 58,56 a 62,39 pesos (6,5), el gasoil común de 49,34 a 51,99 pesos (5,4) y el gasoil premium de 55,98 a 59,39 pesos (6,1 por ciento). En el año, Raizen su nafta común un 42,1 por ciento, la premium un 41,8, el gasoil común 44,5 y el gasoil premium un 41,5 por ciento.
A su vez, Axion, la marca que le disputa el segundo lugar a Shell, informó que en la Ciudad de Buenos Aires la nafta súper trepó de 50,29 a 53,67 pesos (6,7 por ciento), la premium de 58,34 a 61,98 pesos (6,2), el gasoil común de 48,28 a 50,98 pesos (5,6) y el gasoil premium de 55,85 a 59,13 pesos (5,9 por ciento). En lo que va del año, el aumento acumulado en las estaciones de la Ciudad de Axion es de 41,6 para la nafta común, 40,1 por ciento para la nafta premium, 41,7 por ciento el gasoil común y 40,8 por ciento el gasoil premium.

Prepagas
Este domingo entró en vigencia el nuevo aumento de 12 por ciento autorizado a las prepagas. Es la sexta suba consecutiva: 5,5 por ciento en julio, 6 en agosto, 6 en septiembre, 4 en octubre, 4 en noviembre y ahora 12 por ciento. También hubo subas en febrero (5,5) y en mayo (7,5). De esta forma, en todo 2019 hubo ocho aumentos que acumulados ascienden al 61 por ciento, una cifra mayor a la inflación, que se espera que ascienda al 55 por ciento, según el Banco Central.
Con esas subas porcentuales, el precio de una prepaga llega hasta 12 mil pesos para un joven de 30 años en un plan premium. Para el caso de un matrimonio con dos hijos menores a 21 años, asciende a 35 mil pesos. Como informó PáginaI12, esto equivale al pago de un alquiler de un departamento de 4 ambientes en el barrio porteño de Recoleta, Así se desprende de datos proporcionados por ElegiMejor.Net, una plataforma online que compara planes de medicina prepaga. Se trata de precios para personas en relación de dependencia, que por ley no pagan el IVA y pueden derivar aportes. Para afiliados particulares o autónomos, los valores suelen ser un 10 por ciento superiores.

Alimentos
En los supermercados las últimas semanas ya parece una zona liberada para las ramarcaciones. Los precios de almacén, congelados, perecederos, perfumería y limpieza subieron un 10 por ciento en las últimas dos semanas en un contexto donde las remarcaciones se producen cada vez más seguido.
La canasta navideña de este año llega con un aumento promedio del 56,4 por ciento respecto de 2018, según el relevamiento de Consumidores Libres. Los principales aumentos fueron para los frutos secos, como avellanas, almendras y nueces, con alzas de entre 75 y 85 por ciento. Esto encareció también la elaboración del pan dulce, que secunda en el ranking con un aumento del 63,1 por ciento, según el estudio que realiza la asociación que conduce Héctor Polino.
En el caso de la carne, para este verano los frigoríficos anticipan que la carne vacuna al público subirá en promedio un 40 por ciento y lo justifican en la presión que ejerce en los precios internos la mayor demanda desde China. Otro factor es el menor control sobre la cadena comercial.
El gobierno lo oficializó a través del decreto 796/19

Excluyen a las provincias del reperfilamiento

Esto significa que cobrarán en tiempo y forma los títulos públicos nacionales que tengan en su poder. Con estos cambios, el sector privado es el único que se verá impactado por la reestructuración de la deuda de corto plazo.

El Gobierno excluyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires del reperfilamiento de deuda. Esto significa que cobrarán en tiempo y forma los títulos públicos nacionales que tengan en su poder. Con estos cambios, el sector privado es el único que se verá impactado por la reestructuración de la deuda de corto plazo, anunciada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a fines de agosto . Cuando pasaron solo 3 meses de ese anuncio, el Gobierno admite que la aplicación generó “desequilibrios financieros” en distintas jurisdicciones.
Además de las provincias y la Ciudad, serán excluidas del reperfilamiento sus entes descentralizados. Así lo indica el texto del decreto 796/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial: "Exclúyese de la postergación prevista en el Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social", puntualizó el DNU.
Por su parte, el texto también detalla qué pasará con los títulos cuya fecha de pago original ya venció. “Serán cancelados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba esa información o de la publicación del presente decreto, la que ocurra última", detalla. Además, el decreto también ordena a las provincias a informar al Ministerio de Hacienda los detalles de los títulos: el valor nominal original, el intermediario financiero, la titularidad, la depositaria local en la que estén registradas las respectivas tenencias y las Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) bajo las cuales registran los títulos comprendidos.
El reperfilamiento de la deuda de corto plazo en pesos fue una de las primeras medidas de Lacunza al asumir en Hacienda, en un contexto de volatilidad del tipo de cambio y desplome diario de las reservas del Banco Central. Fue una de las decisiones de Lacunza que recibió más cuestionamientos ya que acrecentó la corrida bancaria por el temor de muchos sectores a ser los próximos en la fila. Esta situación terminó derivando luego en la aplicación del primer "cepo" cambiario anunciado el 1 de septiembre.
A 3 meses del reperfilamiento, el Gobierno admite ahora que la aplicación generó “desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ellas”. Esperan que esta decisión adoptada contribuya al “fortalecimiento de las autonomías de esos entes, a la sustentabilidad de sus esquemas fiscales y a su pleno funcionamiento”.
Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que este decreto es “bueno” para las provincias, dado que se normaliza el pago de LETES y LECAP, según consignó la agencia estatal Télam. “Queda pagarles aproximadamente un 25 o 30 por ciento del monto original, equivalente a unos 350 millones de pesos que se cancelarán en moneda local. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias que tuvieron vencimientos y tenían deudas que pagar”, agregaron.
Ni los sectores de altos ingresos son ajenos a renunciar a las primeras marcas

Contra la inflación, la opción es ir a marcas más baratas

La estrategia de los consumidores es migrar a segundas o terceras marcas, un comportamiento que se fue extendiendo desde 2016 a la fecha, indican los estudios de mercado.

Las llamadas "primeras marcas" en el consumo masivo pasaron de representar el 69 por ciento del mercado nacional en 2015 al 61 por ciento en la actualidad. Esa diferencia fue cubierta por el avance de las segundas y terceras marcas y las marcas propias de los supermercados. "Las caídas de consumo registradas durante la mayor parte de los últimos cuatro años tienen un correlato con la inflación: a más inflación, menor consumo. Y aunque se registran impulsos de consumo intentando proteger el poder adquisitivo -comprando electrodomésticos, materiales de construcción o pasajes en cuotas para quienes no quieren resignar escapadas-, el salario siempre acaba perdiendo frente a la inflación, y esto se refleja en el traslado hacia marcas B, C o marcas propias", indica Guillermo D’Andrea, Director del Centro de Liderazgo en Mercados y Retail del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral.
El informe la IAE marca que los sectores de más altos ingresos -ABC1- registran algún movimiento hacia marcas B e incluso hacia marcas propias, aunque se trata de un segmento que apenas representa un 10 por ciento del consumo total. En este grupo también sube la participación de productos más saludables, naturales, orgánicos y sustentables. En cambio, en los niveles medio bajo y bajo, que absorben el 87 por ciento del consumo, hay una fuerte migración hacia opciones más económicas. En este segmento se incluye a los 4 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo, 5 millones de asignaciones familiares, buena parte de los 7 millones de jubilados y el millón y medio de pensionados.
Según los estudios de la consultora Scentia, en las categorías de pañales y pizzas congeladas hay cambios hacia marcas B; en dulce de leche, crema y leche chocolatadas, hacia B y C, y en quesos, margarinas, congelados de carne, sardinas y puré instantáneo la tendencia es a moverse hacia marcas propias. "Es posible que las primeras marcas descubran que la marca propia es un viaje de ida para muchos consumidores, especialmente luego de la conducta novedosa de la actual caída persistente de consumo, en que varias primeras marcas parecen haber optado por cambiar volumen por precio, remarcando por sobre la inflación e incluso anticipando nuevos rebrotes, realimentándola en tanto perdían ventas. Refugiarse en el ABC1 difícilmente puede ser una estrategia de largo plazo para marcas de consumo masivo. Otras volvieron a la vieja fórmula de reducir tamaños, contenidos y envases, apuntando a retener clientes con el menor desembolso", evaluó D’Andrea.
Alberto Fernández recibió al embajador de Estados Unidos

Con promesas de colaboración

Prado visitó a Fernández junto a sus colaboradores y reiteró su disposición a ayudar con el FMI. Venezuela y Bolivia en la agenda.

El presidente electo Alberto Fernández recibió en sus oficinas al embajador de Estados Unidos, Edward Prado, con las formalidades del caso, que incluyó la presentación de los equipos de que trabajarán en el vínculo bilateral. La embajada norteamericana informó luego su predisposición a colaborar con el próximo gobierno y habló de los deseos de mantener en pie la "relación duradera" entre ambos países. Obviamente, en el encuentro se hizo un repaso de la convulsionada situación regional en la que el presidente electo dejó en claro su rechazo a una intervención extranjera en Venezuela y que lo sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado, por lo que no habrá reconocimiento para la presidenta de facto Jeanine Añez, que no será invitada a su asunción. Por caso, a Nicolás Maduro tampoco.
"Lo más importante acá es lo gestual. No hicimos con ninguna otra embajada lo que se hizo con Estados Unidos, está claro que el vínculo con la Casa Blanca está en el tope de las preocupaciones para Alberto", comentaba uno de sus colaboradores, que recordaba el antecedente del llamado que le hizo Donald Trump unos días atrás. Aunque en esa ocasión quedó la idea de organizar una reunión bilateral, eso no se tocó en el encuentro de ayer y parece difícil que se concrete antes de fin de año dada la agenda de urgencias que deberá atender Fernández en cuanto asuma la presidencia. Pero, como en aquel diálogo, los norteamericanos de nuevo expresaron la intención de su Gobierno de colaborar en las negociaciones que vaya a encarar con el FMI.
Hubo dos partes de la reunión, en la primera no estuvo Fernández. Arrancó con el próximo canciller Felipe Solá, el muy factible embajador en Washington Jorge Argüello, el futuro jefe de Gabinete Santiago Cafiero y quien será encargado de Asuntos Estratégicos o algo en esa línea, Gustavo Beliz. Prado llegó acompañado de sus cuatro principales consejeros: la consejera general MaryKay Carlson, el consejero político Chris Andino, el económico Tim Stater y el cultural Silvio González. En ese tramo repasaron algunos temas generales sobre la relación bilateral en un tono cordial.

Beliz, por ejemplo, quiso saber sobre la continuidad de las misiones militares norteamericanas y de las "bases" que en su momento se dijo que Mauricio Macri había permitido instalar en el país. Pero los visitantes se excusaron diciendo que los temas militares corrían por otra cuerda, aunque aseguraron que no había bases en el país, sino simplemente misiones de entrenamiento que se hacían tanto aquí como en Estados Unidos. "En general la reunión fue en tono risueño, incluso se hicieron algunos chistes", comentó uno de los participantes.
Luego de ese tramo de presentación y repaso de temas bilaterales, llegó Alberto Fernández. Respecto al tema Venezuela, repitió algunos de los conceptos en los que dijo haber coincidido con el asesor especial de la Unión Europea para este tema, el veterano diplomático español-uruguayo Enrique Iglesias. "Hay que avanzar en una salida institucional negociada", definió. Lo mismo que su oposición a un bloqueo comercial porque eso significaría profundizar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Iglesias se reunió el lunes con Fernández y ayer mismo, más temprano, con Solá. El diplomático se mostró sorprendido por lo visto en Venezuela, en donde dijo haber palpado lo que sea tal vez la crisis humanitaria más profunda vivida por un país sudamericano. Por eso, coincidieron, sería peligroso un movimiento que complique más lo que allí se vive.
Respecto al tema Bolivia, Solá recordó el repudio al golpe aprobado en la Cámara de Diputados a instancias del bloque del peronismo. Por eso, subrayó que no habría reconocimiento para Añez, ni será invitada a la jura del 10 de diciembre. No obstante, dijeron que si hay una salida pactada entre todas las fuerzas políticas para una nueva convocatoria a elecciones, la apoyarán.  Quedó claro que tanto en lo referido a Venezuela como a Bolivia la posición de Fernández es bien diferente a la del Departamento de Estado, pero los participantes del encuentro aseguraron haber encontrado comprensión de parte de la Embajada. La nueva gestión busca un equilibrio: una posición regional de línea progresista pero no necesariamente confrontativa con Washington, a la manera de Uruguay y México.
Apenas sobrevoló la cuestión del terrorismo. No quedó claro si hizo falta alguna aclaración en el encuentro pero los colaboradores de Fernández dejaron en claro que no está en sus planes analizar la derogación del decreto de Macri que declaró a Hezbollah como organización terrorista. Fue exactamente lo que días atrás le respondió el presidente electo a la embajadora de Israel, Galit Ronen, pero por algún motivo luego hubo versiones periodísticas que afirmaron lo contrario. Si bien en su momento desde el peronismo rechazaron que Macri califique así a una organización que tiene representación política en el gobierno del Líbano, ahora, revertir eso significaría entrar en una disputa innecesaria para una gestión que arranca con muchas urgencias que atender.
ECONOMÍA
21 de noviembre de 2019

El proyecto de Nielsen para blindar la exportación de hidrocarburos
Vaca Muerta: libre giro de divisas y retención cero
para las petroleras

El proyecto está siendo debatido y tuvo cuestionamientos internos, de quienes opinan que no son necesarias tantas ventajas para atraer inversiones.


Hay fuerte debate entre los especialistas del sector energético alrededor de un posible nuevo marco normativo con importantes beneficios para las petroleras que inviertan en Vaca Muerta. Guillermo Nielsen, economista de consulta de Alberto Fernández, planteó la idea de avanzar en los primeros días de gobierno con un nuevo esquema normativo para blindar las inversiones en Vaca Muerta e incluso circula un borrador de proyecto de ley con esas ideas. El “régimen para el desarrollo del gas natural licuado y sus actividades vinculadas” contempla la estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, garantía cambiaria y derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación, acceso a divisas y giro de utilidades al exterior, devolución del IVA asociado a bienes de capital e infraestructura y deducción del impuesto a las Ganancias en gastos de exploración. Sin embargo, otros especialistas aseguran que no es necesario ofrecer tantos beneficios, sino que la clave pasa por determinar un sendero de precios competitivos y conseguir financiamiento para YPF.

La producción de hidrocarburos en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para la exportación aparece como una posible generación alternativa de dólares genuinos y de renta para sostener el desarrollo de un programa industrial. Sin embargo, la posibilidad de exportar masivamente gas natural licuado está todavía lejos, ya que más del 90 por ciento se coloca en el mercado interno. La cuestión radica en cómo dar impulso a las inversiones de YPF y de otras empresas petroleras para seguir incrementando la producción y pasar a la fase exportadora. Este debate se da en un contexto de virtual cierre del mercado financiero internacional para la colocación de deuda soberana argentina y un escenario interno de alta inflación con escasa tolerancia para aplicar un sendero creciente de precios de las naftas.

El primer punto del borrador de proyecto de ley que el equipo de Nielsen estaría impulsando, con aprobación del mundo petrolero, es la estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal para las empresas que invierten en gas. “La estabilidad fiscal alcanza a los impuestos directos, tasas, cargos y contribuciones, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación”, dice la norma. “Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a la compensación automática junto a intereses compensatorios”, agrega. El segundo punto consiste en la garantía cambiaria, que “alcanza al régimen cambiario vigente en la fecha de celebración del contrato de inversión –entre la petrolera y el Estado—hasta su terminación, incluyendo sin limitación el derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin obligación de repatriación de divisas, el acceso a divisas y giro de utilidades al exterior”.

El proyecto también contempla la devolución del IVA asociada a la compra, importación y/o elaboración de bienes de capital o realización de obras de infraestructura y la deducción del impuesto a las Ganancias de gastos e inversiones en estudios geológicos, geofísicos y petrofísicos y perforación de pozos exploratorios, entre otros. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital e insumos estarán exentas del pago de derechos de importación, aranceles de importación y tasas. La norma establece en cero las retenciones a la exportación de gas natural licuado. Adicionalmente, las regalías de los proyectos aprobados por el nuevo marco normativo serían del 5 por ciento en los primeros diez años y 10 por ciento en los diez años siguientes, para luego llegar a la alícuota general del 12 por ciento. Se contempla la posibilidad de dirimir conflictos entre las empresas y el Estado en tribunales internacionales.

El especialista Andrés Repar, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), es crítico de una iniciativa de ese tipo. “La estabilidad ata de manos al Estado en su política industrial. El supuesto blindaje de la actividad va en contra de la actividad misma. Lo importante es la relación con los precios internacionales, porque Vaca Muerta tiene una producción lo suficientemente interesante para atraer inversiones, no se necesita blindarla ni crear una zona franca. Lo que se necesita es conseguir financiamiento para YPF”, sostiene Repar.

Para Esteban Serrani, investigador Conicet en Idaes-Unsam, “el principal tema es cómo se construye un sendero de precios a la oferta. Como para que la inversión hidrocarburífera en exploración y explotación, que está en dólares, sea sustentable en el mediano plazo para un precio doméstico. Y el tema es cómo se armoniza un precio en dólares para la oferta y un precio interno desacoplado de la dinámica del tipo de cambio. Hay que ver el grado de déficit fiscal que el Estado está dispuesto a tolerar para financiar esa brecha. Ese es el esquema de mediano plazo que hay que pensar y articular".
ECONOMÍA
20 de noviembre de 2019 · Actualizado hace 33 min

La línea de pobreza subió otro 2,5 por ciento en octubre
Cada vez más pobres en la canasta

Una familia de cuatro integrantes necesitó 35.647 pesos para adquirir la canasta básica total, 11.406 pesos más que hace un año. La línea de indigencia subió a 14.202 pesos. El índice de pobreza cerraría el año en torno al 40 por ciento.


La canasta básica (CBT) que define la línea de pobreza registró un incremento del 2,5 por ciento en octubre en relación al mes anterior y acumula un alza de 47,1 por ciento en doce meses. La canasta alimentaria (CBA), el indicador utilizado para medir la indigencia, escaló un 2,1 por ciento y registra un aumento interanual del 45,9 por ciento. La trepada de ambos indicadores se contuvo a partir de algunas medidas desplegadas por el gobierno después de la debacle que siguió a las elecciones primarias, como la rebaja del IVA a productos de la canasta básica. Sin embargo, el aumento acumulado en el año en ambas canastas y el sostenido deterioro en la escena laboral permite anticipar que la pobreza se acercará al 40 por ciento al finalizar 2019.

El relevamiento elaborado por el Indec muestra que una familia de cuatro integrantes necesitó 35.647,66 pesos para superar el umbral de pobreza en octubre. En igual mes del año pasado costaba 24.241,17 pesos, por lo cual subió en 11.406 pesos en un año. La canasta básica alimentaria, por su parte, trepó a 14.202,26 pesos para la misma familia, frente a los 9735,42 de octubre de 2018, con un alza interanual de 4467 pesos.

En octubre los precios minoristas aumentaron 3,3 por ciento. La cifra estuvo debajo de las previsiones de todas las consultoras y centros de investigación. El aumento en el Índice de Precios al Consumidor fue impulsado por las subas en equipamiento y mantenimiento del hogar, prepagas y medicamentos y prendas de vestir y calzado. En diez meses, los precios minoristas registran un alza del 42,2 por ciento, al tiempo que la comparación anual arroja una suba del 50,5 por ciento.

El rubro de alimentos y bebidas, que está directamente vinculado con las canastas básicas, registró una suba del 2,5 por ciento durante octubre y acumula una trepada de 51,8 por ciento en los últimos doce meses. Entre los aumentos más relevantes se destacaron el yogur firme (7,9 por ciento), agua sin gas (9,7), coca-cola (5,2) y yerba mate (5,8). En frutas y verduras, sobresalieron las subas del limón (14,3), lechuga (11,2) y zapallo anco (21,9). A nivel categorías, hubo incrementos del 3,4 por ciento en leche y otros lácteos y del 4,4 en aceites, grasas y manteca.

Entre una docena de artículos de la canasta básica, el Gobierno aplicó luego de la devaluación de las PASO la reducción a cero de la alícuota del IVA. La medida le permitió contener una estampida inflacionaria en septiembre y octubre, pero se esperan fuertes alzas para noviembre. La medida vence a fin de año.
CONFLICTO EN PUERTA

El FMI presiona a Alberto Fernández y le pide más ajuste fiscal en Argentina
En el marco del inicio de la renegociación de la deuda, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, señaló que el país debe continuar con el plan restrictivo fiscal del presupuesto.



En la antesala de la comunicación que mantendrán con el presidente electo, Alberto Fernández, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, adelantó que el nuevo gobierno debería sostener una política fiscal restrictiva. Además, reconoció el aumento de la pobreza y pidió atender la situación.

La titular del organismo financiero consideró que el próximo Presidente deberá reducir la deuda a "un nivel sostenible" para volver a los mercados y recomendó para eso cuidar el equilibrio fiscal.

En diálogo con la agencia Bloomberg, la sucesora de Christina Lagarde reiteró que el Fondo está "muy abierto" a iniciar la renegociación por el préstamo de U$S 56.300 millones, de los cuales se desembolsaron u$s 44.000 millones. En esa línea, le sugirió al equipo económico de Fernández "mantener las restricciones presupuestarias que existen", al tiempo que se tenga "en cuenta el impacto en la población más vulnerable".
19 de noviembre de 2019 · Actualizado hace 1 hora

Cambiemos triplicó el ritmo de emisión de títulos de la dictadura
Para endeudar a Macri no le gana nadie

El gobierno de Cambiemos tomó deuda a un ritmo de 32.500 millones de dólares anuales, un record en más de cuatro décadas. Durante la dictadura, a valores constantes, habían sido 10.306 millones. En el otro extremo, durante el kirchnerismo fueron apenas 921 millones.


Con Macri, la Argentina se endeudó en más de 103 mil millones de dólares en forma neta, mientras la fuga de divisas superó los 93 mil millones.


El macrismo endeudó al país a un promedio de 32.500 millones de dólares por año, triplicando del ritmo de emisión que dejaron juntos la dictadura cívico-militar, el menemismo y la Alianza entre 1976 y 2001 (7192 millones por año). Este festival de bonos que inició el gobierno de Cambiemos no tuvo como destino financiar obras de infraestructura ni potenciar la producción, sino que su destino fue asegurar la fuga de capitales. Según un informe del Centro de Investigación y Formación de la CTA (Cifra-CTA), el aumento neto de la deuda pública en moneda extranjera fue de 103.808 millones de dólares y la fuga de capitales alcanzó a 93.667 millones de dólares entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. El documento compara las características de ambos procesos de endeudamiento.

A diferencia del esquema de valorización financiera que se inició con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el gobierno de Macri profundizó la bicicleta especulativa manteniendo niveles de tasas de interés por encima de la devaluación, asegurando una diferencia en dólares. El concepto de valorización financiera alude a un proceso de acumulación que no responde a la creación de riqueza sino a la especulación. El concepto, acuñado por el economista Eduardo Basualdo, describe un mecanismo en que inversores y empresas tomaban deuda en el exterior a tasas bajas y la colocaban en el país a tasas altas. La diferencia la convertían en dólares y la retiraban del país sin pasar por ningún proceso productivo.

“Como en todo régimen de acumulación basado en la valorización financiera la deuda no se contrae para obras de infraestructura sino para garantizar las divisas que se requieren para la fuga de capitales”, explican los autores del informe del Cifra-CTA, Pablo Manzanelli, María José Castells y Mariano Barrera, junto a Basualdo. Pero Cambiemos no sólo recuperó esa bicicleta financiera de 1976-2001, sino que la aceitó. "El gobierno de Cambiemos consistió en sostener altas tasas de interés respecto de la variación del tipo de cambio, lo cual garantizó elevados rendimientos en dólares, mientras que durante el período 1976-2001 la renta financiera se obtenía del endeudamiento externo privado de las grandes empresas y la brecha positiva que existía entre la tasa de interés local y la internacional”, agrega el informe.

La deuda

El ciclo de endeudamiento actual tuvo a los acreedores externos como los principales financistas. “Tal es así que la deuda pública externa –que involucra la deuda contraída por el Tesoro Nacional, el Banco Central y los gobiernos provinciales– se incrementó en 95.700 millones de dólares en los primeros tres años de gobierno, explicando buena parte de la deuda pública analizada previamente. Se trata de un incremento promedio anual de 32.500 millones”, explica el Cifra-CTA.

Esta cifra no contempla la deuda emitida tras el acuerdo con los “fondos buitre”, dado que el gobierno de Cambiemos decidió computarla como “atrasos” de la deuda en el período anterior (2006-2015), pese a que se pagó bastante por encima de lo que se reclamaba. “Aun así, se constituye como el endeudamiento externo público más relevante de las últimas cuatro décadas”, destaca el documento. Dado el elevado ritmo de endeudamiento, el aumento de intereses provocó que el déficit fiscal total ascienda a 4,7 por ciento del PIB, mientras se ajusta la economía para lograr una baja del gasto y equilibrar las cuentas.

Medido en valores de 2018, el endeudamiento público durante la última dictadura militar alcanzó a 10.306 millones anuales, con Alfonsín fue de 9644 millones y entre 1990 y 2001, de 3738 millones anuales. “En el marco de los gobiernos kirchneristas la deuda externa pública creció apenas 921 millones anuales”, agrega el informe de coyuntura.

La fuga

El resultado final de estos procesos es la destrucción del entramado productivo, derivado de años de desinversión, y un stock de deuda que termina inexorablemente en default o reestructuración. Con excepción de la ventana que abrió entre finales de 2016 y principios de 2017 el proceso de blanqueo de capitales, lo que que mitigó brevemente la salida de capitales, en el resto del período macrista se advierte un sistemático proceso de fuga de capitales, acumulando 93.667 millones entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019. Ese monto equivale al 90,1 por ciento de la deuda pública contraída en moneda extranjera.

En el marco de la desregulación financiera, cambiaria y del movimiento de capitales, como el que implementó el equipo de Cambiemos, la especulación condujo a episodios recurrentes de fuga de capitales, que producen saltos devaluatorios de magnitud. La devaluación acumulada desde noviembre de 2015 a octubre de 2019 alcanzó a 547,8 por ciento.

Una prueba de que el inédito endeudamiento no fue utilizado para financiar obras de infraestructura o capital de trabajo es que durante la administración Macri el Producto cayó el 5 por ciento entre el segundo trimestre de 2019 y el mismo período de 2015. Si se considera el PIB per cápita la contracción alcanzó al 8,8 por ciento en apenas 4 años. Esto se explica por la reducción del consumo privado (-6,2 por ciento) y de la inversión (-13,8 por ciento), principales motores para impulsar toda economía sólida y sustentable en el tiempo.






Hasta junio hay vencimientos por 38.000 millones de dólares

El peso de la deuda pública de corto plazo

Los 38.000 millones equivalen al 10 por ciento del PIB. De ese total, 20.000 millones serán por pagos de deuda relevante, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público.

El gobierno de Mauricio Macri dejará una deuda pública equivalente al 90 por ciento del Producto Interno Bruto. Un informe de Ecolatina detalló el domingo que el Tesoro deberá desembolsar en torno a 38.000 millones de dólares hasta junio del año próximo, cifra equivalente a 10 por ciento del PIB. De ese total, unos 20.000 millones serán por pagos de deuda relevante, aquella que no contabiliza los pasivos intra sector público. Con el riesgo país por encima de los 2000 puntos, parece difícil refinanciar esas deudas. La renegociación con los acreedores se vuelve inevitable, pero qué pasaría si los acreedores no aceptan la propuesta oficial o la negociación se demora. Ecolatina sostiene que “al no poder refinanciar voluntariamente sus obligaciones (por lo menos, hasta convencer a los acreedores de lo contrario), el Gobierno contará con tres posibilidades: elevar la presión tributaria, exigirles un ajuste mayor a las prestaciones públicas o modificar las condiciones de pago de los pasivos”. La consultora remarca que el régimen impositivo actual y los contratos vigentes de actualización de prestaciones sociales, salarios y servicios públicos son incompatibles con el pago en tiempo y forma de las obligaciones, por lo que alguno de estos agentes deberá perder parte de los recursos que espera obtener.
Además, el informe remarca que como gran parte de la deuda está nominada en moneda extranjera, las restricciones no son solo fiscales: “con mercados de crédito cerrados, es central mantener un tipo de cambio competitivo para generar los superávits privados externos que permitan afrontar los vencimientos correspondientes”, remarca el texto.
El presidente electo, Alberto Fernández, dejó en claro que primero intentará renegociar con los acreedores para lograr una extensión de los plazos. Cerca de un 40 por ciento de las obligaciones de Hacienda es con otros organismos del Estado (en torno a 120.000 millones de dólares), quienes refinanciarán los pasivos al vencimiento sin mayores inconvenientes. En segundo lugar, más de un quinto de la deuda, unos 67.000 millones de dólares, es con Organismos Internacionales de Crédito. Por último, se encuentran los tenedores privados, el segmento más complejo de los acreedores, dado que son agentes atomizados (personas físicas argentinas o extranjeras, empresas locales o foráneas, fondos de inversión, etc.) y es difícil coordinarlos para definir modificaciones en las condiciones de sus tenencias. En este punto, Ecolatina diferencia entre la deuda emitida bajo legislación local y aquella que se encuentra en jurisdicción extranjera, ya que esta última cuenta con Cláusulas de Acción Colectiva (CACs). “Este artículo dentro de los prospectos de los títulos de deuda establece un monto mínimo de acreedores -usualmente dos tercios del total- tal que, de obtener su consentimiento, la estructura de pagos se modificaría para todos los tenedores. Esto evita la posibilidad de holdouts y litigios en cortes extranjeras”, destaca el informe. Sin embargo, si bien la deuda bajo legislación extranjera (excluyendo aquella con organismos multilaterales) representa el 25 por ciento del total, durante 2020 sólo deberán pagarse 400 millones de dólares de capital de estos bonos y menos de 5.000 millones entre principal e intereses. Por el contrario, los títulos bajo ley local abarcan buena parte de los pagos que enfrentará el Estado el año que viene. En este contexto, Ecolatina no descartó un estiramiento compulsivo de los vencimientos de estos instrumentos.
Temas de debate: Qué condiciones se deberían cumplir para que pueda funcionar

¿Es posible un acuerdo social?

El presidente electo adelantó que buscará impulsar un acuerdo para salir de la profunda crisis actual. Quiénes deberían participar de ese consenso y qué puntos se deberían acordar.

El acuerdo social no debería convertirse simplemente en un parámetro de ajuste general de precios para propender a una menor inflación, como fracasadamente intentó ser el esquema de metas que, además, derivó en una estructura de precios relativos que relegó a la actividad productiva y así precarizó el mercado laboral y agrandó la desigualdad.
Lo central será establecer nuevas pautas de distribución de recursos para recuperar y mejorar la equidad y, al mismo tiempo, rever el esquema de precios relativos, a través de acuerdos específicos y de diversas herramientas de política pública, de forma que la actividad productiva no sea desalentada por las inversiones financieras especulativas. El objetivo fundamental debería ser que vuelva a ser negocio producir en el país, en especial en las actividades que más distribuyen ingresos, generan empleo y tienen capacidad de sustituir importaciones y acceder a mercados internacionales.
En esta órbita, la actividad financiera tendría que actuar de soporte de la inversión productiva, después de sus dos últimos años dorados, con rentabilidades extraordinarias sustentadas en el establecimiento de una política de fijación de las más altas tasas de interés reales del mundo bajo la excusa de que era la mejor política antiinflacionaria.
El respaldo político alcanzado en las elecciones y el impulso que brindaría un gran acuerdo social sería vital para lanzar un proyecto que rompa con la estructura de precios dominante y que permita avanzar con modelos progresivos de distribución y de aliento a la producción.
En un mundo con capitales sedientos de plazas financieras donde volcar activos para su revalorización, Argentina fue la meca de los últimos cuatro años. El nuevo colapso neoliberal debe permitir el replanteo de las condiciones de regulación publica para alinear con distintos actores de poder vinculados a la producción, al comercio, a la educación y al trabajo un esquema de políticas que dinamice la recuperación y el crecimiento.
Ojalá el desafío fuera exclusivamente bajar la inflación en el marco del acuerdo. Una meta sustentable debe ser aún más ambiciosa. Generar las condiciones para hacer atractivo el desarrollo productivo requiere también cambios de precios relativos, donde los sectores que no compiten internacionalmente y tienen márgenes de rentabilidad abusivos por su poder de mercado tengan que resignar parte de su excedente para volverlo compatible con el desarrollo productivo. Argentina ya tiene grandes dificultades estructurales para desarrollarse por diversos factores. Entre ellos, un sistema de transporte diseñado en función de la explotación agro exportadora, un ordenamiento territorial de las zonas residenciales, comerciales e industriales caótico, grandes frustraciones que han arraigado comportamientos empresariales rentísticos y una estructura tributaria excesivamente concentrada en tributos nacionales, acumulativos y sin incentivos a la especialización productiva. Es por eso que el un modelo de crecimiento requiere un gran apoyo popular, de forma tal que los grupos de poder concentrados como el financiero y el de las empresas de servicios públicos no puedan seguir absorbiendo, con precios, tasas, comisiones y condiciones generales de comercialización abusivos, niveles de excedentes a la producción que agraven el cuadro.
Tampoco los trabajadores deben ser la variable de ajuste. No sólo para mejorar la calidad de vida, sino también porque deben tener ingresos que les permitan capacitarse mejor y así poder desarrollar un perfil productivo con mayor orientación en las áreas intensivas en conocimiento. También porque el mercado interno debe constituirse en la plataforma para alcanzar las economías de escala mínimas necesarias para que las empresas sean competitivas y puedan ganar mercados externos.
Sin un acuerdo social que rompa con el eje de dominación basado en una inserción agro exportadora y permeable a la especulación financiera, el país seguirá sosteniendo relaciones de fuerza que empeoran cada vez más las condiciones de vida de las grandes mayorías y consolidan la dependencia externa.

Definir responsabilidades
El próximo gobierno electo por los argentinos estará llamando a un acuerdo económico y social de precios y salarios como forma de coordinar las distintas variables y con un solo objetivo, que será el de estabilizar la economía y comenzar un camino de crecimiento. En esa visión global y en esa búsqueda de objetivos prioritarios es sumamente necesario tener un análisis claro del rol que cada actor social tendrá en esa mesa de diálogo a efectos de llegar a consensos mínimos.
Así tenemos, por un lado, el accionar de las grandes empresas formadoras de precios, fundamentalmente aquellas dedicadas a la canasta de alimentos y bebidas. En la Argentina pocas grandes firmas ejercen posición dominante y elevan los precios para no perder márgenes de ganancias, incluso hay muchas marcas de consumo masivo que hoy están enviando listas con subas porque buscan cubrirse ante un posible congelamiento de precios por parte del nuevo gobierno.
Tanto pymes como consumidores estuvimos observando cómo semana a semana fueron incrementando y aún continúan subiendo los precios sin tener ninguna razón técnica ni económica que los justifique. Se ve en rubros esenciales y también en otros que no están alcanzados por la rebaja temporal del IVA al cero por ciento y que están haciendo un colchón, sobre todo en los que forman precio de la canasta navideña. Un ex ministro de economía decía que “los argentinos transpiramos inflación…”. Hoy, si no sinceramos en una mesa de diálogo el precio “verdadero” que surja de costos tangibles y rentabilidad acorde no habrá posibilidad real de generar un consenso.
Por otro lado, tenemos al actor Estado, que mide cualquier decisión gubernamental a partir de “si posee costo fiscal o no”, cuando en realidad no hay que confundir costo con inversión. Determinadas medidas fiscales en pos de que la pyme cuente con el oxígeno necesario para motivarla y que comience el espiral virtuoso de generación de empleo no deben ser calificadas como “costo fiscal” sino como “inversión fiscal”.
Merece también una especial atención la cantidad de fondos de las empresas que posee el Estado nacional y también las provincias y los municipios. Es para destacar que una devolución de esos fondos retenidos por saldos a favor -por ejemplo de impuestos a los ingresos brutos-, ayudaría a reforzar el alicaído capital de trabajo que hoy poseen las pymes.
A pocos días del levantamiento de la suspensión de embargos por parte de AFIP, esa medida también puede llegar a ser un ejemplo claro de la avidez del Estado en querer cobrar lo que es casi imposible cobrar. El representante del gobierno que asumirá en poco más de un mes tiene que tener muy en claro este concepto e invitar tanto a los fiscos nacionales, provinciales como municipales a abstenerse de generar políticas de cobro que tiendan al cierre de las empresas y a la pérdida de puestos de trabajo.
Además de grandes empresas y el Estado, otros que van a estar sentados en la mesa de diálogo van a ser los representantes de los trabajadores. Es innegable el grado de atraso y deterioro del salario real que sufren nuestros colaboradores. Su recuperación debe ser una prioridad en el consenso social.
También es cierto que para cumplir con ese objetivo es necesario darle el tiempo a la empresa -y más si es micro y pequeña- para que pueda recuperarse en una de las mayores crisis que tuvo el sector desde que tengo uso de razón. La imposición de recomponer en forma inmediata ese salario perdido puede generar el efecto contrario a lo que se pretende obtener. La pyme, que aún permanece en pie, está transitando un delicado equilibrio. Cualquier fuerza, por mínima que sea, puede voltear su existencia. Por eso, en esta mesa de consenso deberá prevalecer el equilibrio y también deberá haber una especial atención en aquellos sectores más perjudicados por el modelo económico que gobernó estos últimos cuatro años.
**Consultor Pyme. Integrante de la comisión Problemática Pyme del C.P.C.E.C.A.B.A.
05 de noviembre de 2019
Estaba congelado desde mayo por las elecciones

El Gobierno oficializó la suba del impuesto a los combustibles

Tras autorizar la suba en el precio de los combustibles el viernes pasado, el Gobierno nacional autorizó esta mañana el incremento de impuestos a los combustibles líquidos, gravamen que mantenía congelado desde mayo pasado por las elecciones.
Antes del fin de semana y tras la derrota electoral, la resolución 688/19 autorizó una suba del 5 por ciento en el precio de los combustibles . El aumento fue autorizado a pesar del control de precios implementado durante la campaña electoral y que seguirá vigente hasta el 14 de noviembre, cuando las petroleras esperan aplicar otro ajuste.
La otra variable para controlar los precios del combustible es el impuesto que permanecía sin actualizarse desde mayo, y esta mañana el Gobierno volvió a aumentar a través del Decreto 753/2019.
El decreto modificó las fechas establecidas en un decreto anterior, y determinó que para los hechos imponibles que se perfeccionen desde el 1º de setiembre y hasta el 31 de octubre últimos, deberán mantenerse los montos del impuesto que correspondan al 31 de agosto de 2019.
Hasta este decreto, ese plazo había sido fijado hasta el 30 de noviembre, y recién a partir del 1 de diciembre comenzaba a aplicarse la suba total del gravamen. En cambio ahora, se estableció que desde el 1 de noviembre último deberá considerarse el incremento total en los montos del impuesto.
Así, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1º y el 30 de noviembre, el incremento en los montos del impuesto será de $0,142 por litro para las naftas, y de $0,27 para el gasoil. Los productos alcanzados por la medida son nafta sin plomo, nafta virgen y gasoil.
El impuesto a los combustibles se previó que se actualizase por trimestre calendario sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC), considerando las variaciones acumuladas desde enero de 2018, inclusive. Sin embargo, el Gobierno, desde el 28 de mayo último, había postergado en cuatro oportunidades, hasta la actual aplicación del incremento.
05 de noviembre de 2019
"Nunca vimos un desarreglo como el que hizo este Gobierno", dicen los propietarios de carnicerías de CABA

La carne aumentó hasta un 15% en la última semana

El presidente de la Sociedad de Propietarios de Carnicerías de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Williams, confirmó que en la última semana se registró un aumento que rondó entre el 13 y 15 por ciento en todos los cortes de carne y aseguró que en el último año hubo una caída del consumo de ese producto del 15 por ciento.
“En mi vida he visto un desarreglo como el que ha hecho este gobierno que todavía no se fue”, evaluó el empresario, quien afirmó que uno de los motivos por el cual hubo una fuerte suba en los mostradores es la escases de animales en el Mercado de Liniers debido al comportamiento del dólar.
La consecuencia de esto fue que durante la última semana “hubo un aumento promedio de entre el 13 y 15 por ciento” en la carne, sostuvo Williams y lamentó que la situación es tal que “bajó la demanda” porque cuando aumenta el precio cae el consumo.
“El año pasado teníamos un consumo promedio de 64 kilos per cápita y hoy no llegamos a 49”, dijo durante una entrevista por Radio Cooperativa. “Hemos pasado otros problemas pero el carnicero vendía y uno recaudaba, podía hacer frente a una situación. Pero ahora no se vende, y si uno no recauda cierra las puertas” de los negocios. Según el titular de la Sociedad de Propietarios de Carnicería, esto ocurre por el desmanejo económico de la administración de Mauricio Macri. “En mi vida he visto un desarreglo como este gobierno que todavía no se fue”, opinó y comentó que “hasta (los empresarios de) el campo me hablan enojados con este gobierno por todas las promesas que hizo” y no cumplió.
Además auguró que con el gobierno de Alberto Fernández “a lo mejor se produce el milagro” de estabilizar la situación de los precios, pero aclaró que hasta que ello ocurra “estamos a la buena de Dios”.
Deuda por 4 mil millones de pesos y más de 120 millones de dólares

El Gobierno de Macri vuelve a financiarse con fondos de Anses  

El Gobierno oficializó la emisión de Letras del Tesoro por 4 mil millones de pesos y más de 120 millones de dólares, que serán suscriptas de manera directa por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que administra la ANSeS y tendrán vencimiento durante la gestión de Alberto Fernández. De esta manera el Ejecutivo que conduce Mauricio Macri sigue cubriendo parte de sus necesidades con fondos de la Anses, que ha sido elegida como la principal caja de financiamiento.
La medida se formalizó por medio de una resolución conjunta de las Secretarías de Hacienda y de Finanzas, publicada este martes en el Boletín Oficial. Según el Poder Ejecutivo, las autoridades del FGS "han informado la disponibilidad de excedentes transitorios de liquidez, por lo que procederán a suscribir Letras del Tesoro precancelables en pesos y en dólares estadounidenses, ambas a 178 días de plazo.
Una de las Letras, por 4 mil millones de pesos, tiene como fecha de vencimiento el 30 de abril de 2020, la amortización será íntegra al vencimiento y devengarán intereses a la tasa Badlar para bancos públicos más 500 puntos básicos. Este título será intransferible y no tendrán cotización en los mercados de valores locales e internacionales.
La otra Letra, por un total de 120.525.741 millones de dólares, también vencerá el 30 de abril del año próximo, y el precio de suscripción será de 962,45 dólares por cada valor nominal original dólares estadounidenses mil. También será intransferible y no tendrá cotización en mercados, de acuerdo con lo dispuesto.
28 de octubre de 2019 · Actualizado hace 32 min


Irresponsabilidad política y desorden en la gestión económica
El cepo macrista es otra mina explosiva



El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, dice que las nuevas restricciones cambiarias son “para preservar las reservas durante la transición”. Tenía que haberlo hecho antes. No lo hizo porque fue funcional a la estrategia electoral del macrismo, que terminó en derrota.




La irresponsabilidad política, que tiene su extensión en el desorden en la gestión económica, no abandona al gobierno de Macri hasta sus últimos días. Detrás del marketing de buenos modales con convocatoria al diálogo en un desayuno y de la indulgencia de la prensa adicta, la alianza Cambiemos ha utilizado millonarios recursos en pesos y en dólares del Estado para una campaña electoral donde fue derrotado.La cuenta será pagada por el gobierno de Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner

No sólo ha desviado millonarios fondos en pesos para sumar voluntades, entre esos movimientos de dinero el más reciente, por el cual deberá dar cuenta en Tribunales, tiene de protagonista al Ministerio de Producción y Trabajo. También ha utilizado dólares, primero con endeudamiento desaforado con emisiones en el mercado de capitales internacional y con el préstamo récord del FMI, para, con los dólares así obtenidos, manipular la paridad cambiaria con objetivos electorales. En los comicios de medio término, en 2017, tuvo éxito; en la elección presidencial, no.

Una y otra maniobra tiene elevados costos económicos. Pero la realizada con pesos es menos dañina porque, en última instancia, se hizo con una moneda que el Banco Central puede emitir. Sin embargo dilapidar millones y millones de dólares tiene un costo enorme en términos financieros y sociales. El Banco Central no los emite y esos dólares de deuda se tendrán que devolver, y la economía argentina no genera las divisas suficientes para cumplir con esos compromisos. Un default de deuda por la imposibilidad de tener los dólares para pagar tiene costos elevados en términos de estabilidad. Pero pagarla en una economía en recesión tiene costos todavía mayores por el brutal ajuste que exige.

La sucesión de presidentes del Banco Central durante cuatro años de macrismo ha realizado destrozos de proporciones. Fulminaron el patrimonio de la entidad monetaria, armaron la Bomba Lebac y para desarmarla armaron otra, la de las Leliq, dispararon la tasa de interés a niveles que despedazaron la actividad productiva y comercial, y, finalmente, rifaron reservas en forma grosera.

Vaciaron la caja de dólares del Banco Central después de inaugurar la gestión, en diciembre de 2015, con el levantamiento de las restricciones, facilitando así la fuga de capitales con un endeudamiento descontrolado, para terminar, en diciembre de 2019, con un régimen de control aún más estricto.

Tal es el nivel de impunidad con el que se manejan los economistas del macrismo que dicen que todo lo hicieron por el bien común mientras dejarán un cuadro financiero y socioeconómico dramático. Ese comportamiento desfachatado quedó en evidencia en la conferencia de prensa del día después de las elecciones del titular del Banco Central, Guido Sandleris.

Anunció una restricción casi total para la venta de dólares para atesorar después de dilapidar casi 23 mil millones de dólares desde el 12 de agosto pasado, el día después de la paliza electoral del Frente de Todos al oficialismo en las Paso. Un tercio de ese total, unos 7000 millones de dólares, fue para frenar el alza de la paridad apostando de ese modo a conseguir una mejor performance electoral del oficialismo. Otra irresponsabilidad de la gestión económica del macrismo.

En dos meses y medio rifó semejante cantidad de dólares sólo para favorecer las chances de Mauricio Macri. Y Sandleris se presenta ante la sociedad diciendo que las nuevas limitaciones son “para preservar las reservas durante la transición”. Tenía que haberlo hecho antes. Lo único que hizo el gobierno desde el día después de las Paso es llenar de minas el terreno que empezará a transitar el gobierno de Alberto Fernández a partir del 10 de diciembre próximo. Una de ellas es el desordenado e inconsistente control de cambios de Sandleris.
25 de octubre de 2019





La reacción del Gobierno ante la corrida
Dólar: Macri quema las últimas reservas

El Banco Central sigue si vendiendo dólares y así le resta poder de fuego al próximo gobierno frente a la especulación. Todo lo malo que se esperaba para el lunes, ya está pasando.







La pregunta que se repite es "qué pasará en la plaza financiera el lunes próximo". La realidad responde con un cachetazo: "no se trata del próximo lunes, porque lo que podía pasar, ya está pasando". La implosión del sistema financiero y cambiario se expresó este jueves con una caída de reservas de 883 millones de dólares con respecto al nivel del miércoles. Los especialistas estiman que el Banco Central, solamente en operaciones de intervención para sostener un mercado cambiario sin oferta, habría entregado entre 500 y 600 millones de dólares. El resto de la fuga obedecería al retiro de depósitos en dólares de los bancos, o a algún pago menor de deuda. El pronóstico del Credit Suisse, proyectando a la mañana una caída adicional de 11.500 millones de dólares en las reservas hasta el día de relevo presidencial (10 de diciembre), a la tarde ya se había quedado corto. Si el escenario de fuga de reservas de este jueves se repitiera en las próximas jornadas, en apenas trece días hábiles se alcanzaría esa cifra. Sin contar que los 883 millones de caída de ayer no son producto de una cifra diaria constante, sino que crece en progresión geométrica cada día.

El informe del departamento de estudios del Credit Suisse proyecta que el Banco Central "podría perder unos 11.500 millones de dólares más" hasta fin de año. Esta pérdida estaría distribuida en 4500 millones por pagos de deuda en moneda extranjera, 3700 millones que entregaría por ventas en el mercado mayorista, y otros 3300 millones que cedería por los encajes de los retiros de depósitos de cuentas bancarias en dólares. La acumulación de la pérdida de reservas internacionales desde el día previo a las PASO (viernes 9 de agosto) hasta el último viernes (21 de octubre) se había repartido por tercios, aproximadamente, entre pagos de deuda, ventas en el mercado spot y retiro de depósitos en dólares. Pero esta semana aumentó la proporción de la salida de divisas del Banco Central como intervención para detener la corrida (ventas spot). Si el escenario previsto por el Credit Suisse auguraba un traspaso de mando para el 10 de diciembre con reservas disponibles casi agotadas, con los números de esta semana ese cuadro de situación aparece corporizado en un horizonte mucho más cercano.

La especulación financiera y cambiaria descuenta un endurecimiento de las condiciones para la compra y retiro de dólares a partir del lunes. Entonces, se adelanta a los acontecimientos, y al salir a comprar anticipadamente divisas, genera presión alcista y eso convoca a otros compradores de dólares, lo cual convierte al movimiento en una corrida.

El gobierno y la autoridad monetaria, puntualmente, podrían haber respondido adelantando las restricciones para resguardar las reservas. En cambio, optó por defender la cotización del dólar y sacrificar reservas. Eligió el supuesto beneficio inmediato, esto es llegar al día de las elecciones con un valor del dólar oficial y en pizarras entre 60 y 65 pesos y no disparado por arriba de los 70, como cotizan el "blue" y la paridad de transferencia. Y eligió que el país, y una futura gestión, reciba las arcas del Central vacías de reservas disponibles. Quemó las reservas y dejó al futuro gobierno sin poder de fuego para combatir a esa especulación que el gobierno en retirada favoreció, alimentó y ahora deja en situación de seguir imponiendo las condiciones. Entre los jubilados y los bancos, entre la salud y los bancos, entre el trabajo y la especulación, el gobierno que se va ya hizo su opción.

Dólar hoy: se dispara el oficial a más de $63 y
el blue supera los $70
La moneda estadounidense sigue en alza a tres días de las elecciones presidenciales.



24 DE OCTUBRE DE 2019





La cotización del dólar estadounidense subía 51 centavos este mediodía en el promedio bancario de la Ciudad de Buenos Aires hasta los 58,53 pesos para la compra y 62,88 pesos para la venta. En las ventanillas del Banco Nación el billete ascendía 50 centavos a 62 pesos vendedor mientras en las casas de cambio saltaba a 65 pesos en la ciudad y a 69 pesos en el interior, por lo que el Banco Central retomó la estrategia de subastas.

El blue, por su parte, ya alcanza los $70,75, un valor récord, y la brecha con el oficial alcanza el 14%.

La entidad que conduce Guido Sandleris efectuó a las 12:00 una subasta de venta en contado de dólares estadounidenses por unos 115 millones, tras ofertar en el mercado un monto de 200 millones. "Desde el arranque la demanda está muy alta. Mucha dolarización de carteras dentro de los márgenes que permite el control de capitales. Y la oferta privada sigue muy floja", aseguró un operador consultado por la agencia NA.

Entre los bancos, el precio más alto lo tenía el Santander, con 64 pesos por unidad; Piano lo posicionaba en 63,80 pesos; el HSBC en 63,25 pesos; en tanto, el Galicia, Patagonia e Hipotecario lo vendían a 63 pesos. El tipo de cambio saltaba 50 centavos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), donde operan grandes empresas y bancos, por lo que alcanzaba los 59,35 pesos para la compra y 59,50 pesos para la venta.ç

Estas son las cotizaciones del dólar en los principales bancos:
Banco Galicia: 63 pesos

Banco La Nación: 61.95 pesos

Banco Frances: 62.25 pesos

Banco Supervielle: 62.20 pesos

Banco de la Ciudad: 62.25 pesos

Banco Patagonia: 63 pesos

Banco Hipotecario: 62.50 pesos

Banco Santander Río: 64 pesos

HSBC: 63.25 pesos


El poder adquisitivo se contrajo 26 por ciento en cuatro años, según un informe privado

Macri dejará como herencia el salario pulverizado

Esta pérdida en la capacidad de compra de los ingresos explica el aumento de hogares pobres e indigentes. Los trabajadores gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos que aumentaron por sobre la inflación general.

El poder adquisitivo de los salarios se contrajo en los cuatro años de macrismo un 26 por ciento, mientras que la pérdida real para los jubilados fue de 17 por ciento, según los cálculos de la Fundación Atenea. Esta pérdida en la capacidad de compra de los ingresos explica el aumento de hogares pobres e indigentes. “A este efecto, hay que sumarle que los trabajadores y trabajadoras que cobran el salario mínimo vital y móvil la mayoría por debajo de la línea de la pobreza, gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos que aumentaron por sobre la inflación general. Este rubro alcanzó un 40,9 por ciento de suba en lo que va del año”, señala la entidad de consulta del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas. En el caso de jubilados y pensionados es necesario también tomar en cuenta la disparada en el costo de la salud, principalmente por el aumento en los precios de los medicamentos.
Desandar cuatro años de desmantelamiento industrial, apertura comercial, desprotección del mercado interno y ajuste constante de salarios no será una tarea sencilla. Quien gane en octubre y deba comandar un país con crisis económica, financiera y de deuda enfrentará una serie de obstáculos que harán esa reconversión todavía más difícil. Existe un consenso -con la excepción del oficialismo-  de que es necesario reactivar el consumo interno, lo que el candidato Alberto Fernández denomina “encender los motores”. En ese proceso de ignición habrá que discutir cómo se avanza en la recuperación del poder adquisitivo para poder apostar a una reactivación del mercado interno que entonces traccione a la actividad económica en su conjunto.
No todas las empresas están en condiciones de acompañar esa tarea desde un inicio, como el caso de las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, hay sectores que ganaron sumas ingentes en estos años de desregulación, como los bancos, las empresas energéticas y los grandes exportadores de cereales y oleaginosos. “El gobierno de Macri se ha caracterizado por una distribución regresiva del ingreso. Mientras millones de trabajadores no llegan a fin de mes, los bancos han obtenido solamente entre mayo de 2018 y mayo de 2019 más del 200 por ciento de ganancias (21.398 millones de pesos)”, explica el director del Centro de Estudios Atenea, Damián Ledesma.
De acuerdo con el informe de Atenea, los asalariados requieren (en promedio) un aumento de shock del 26 por ciento y los jubilados y pensionados una recomposición del 17 por ciento para al menos volver a la situación inicial, previa a Cambiemos. Apenas asumió Macri, el Indec dispuso un apagón estadístico que se extendió hasta mediados de 2016, con lo cual quedó sin medir oficialmente el impacto de la primera gran devaluación macrista, con la salida del cepo que reinstauró tres años después. De todos modos, utilizando los datos del Indice de Precios de la Ciudad de Buenos Aires, que mide el ente estadístico porteño, los precios desde diciembre de 2015 hasta septiembre pasado acumulan un incremento del 252,3 por ciento.
El salario mínimo pasó de 5588 pesos en diciembre de 2015 a 15.625 pesos a septiembre, lo que representó un aumento en pesos de 180 por ciento. “Pero si se le resta la inflación, su poder de compra quedó muy por debajo y necesitaría hoy un aumento del 26 por ciento sólo para recomponer el poder adquisitivo”, advierte el informe. La situación se hizo aún más difícil luego de las PASO, porque el salto de 26 por ciento del dólar en 48 horas se trasladó de inmediato a los precios internos, ya que las empresas no están en condiciones de absorber ese costo. “La fuerte devaluación posterior a las PASO impactó de lleno en todos los precios. En lo que va del año, la inflación acumula un 37,3 por ciento siendo mayor aún a la registrada el año pasado en el mismo período (32,4 por ciento)”, según el informe de Atenea.
La jubilación mínima fue una de las variables de ajuste del gobierno para reducir el déficit fiscal, y empezó a correr siempre por detrás de la inflación después de la reforma jubilatoria de 2018. El haber mínimo cobrado por casi tres millones de jubilados y jubiladas registró un aumento nominal entre diciembre de 2015 y septiembre de 2019 del 201 por ciento al pasar de 4299 a 12.940 pesos. Pero el aumento real de las jubilaciones mínimas fue bastante menor, gracias a los cambios en la fórmula de movilidad que impuso el oficialismo y que pactó con el entonces senador y actual candidato a vicepresidente por Cambiemos, Miguel Ángel Pichetto. De hecho, la media de precios se despega de la serie de aumentos de la mínima, siendo la primera cada vez mayor a la segunda a partir de mediados de 2017, cuando comenzó a regir plenamente el cálculo de la nueva movilidad.
“Recuperar lo perdido requiere de un Estado que apueste a la economía real, pero también que tenga la voluntad política de redistribuir progresivamente los ingresos a favor del trabajo. El Consejo del Salario Mínimo y las negociaciones colectivas son herramientas indispensables para encauzar las tensiones que genera la puja distributiva” concluyó Ledesma.
El Indec reportó un alza del 46,2 por ciento en el último año

Los precios mayoristas subieron 4,2 por ciento

Los precios a la salida de las fábricas registraron en septiembre una escalada promedio del 4,2 por ciento frente al mes anterior. La elevada cifra representa, sin embargo, una desaceleración frente al desborde registrado en agosto, cuando los precios mayoristas subieron 11,2 por ciento impulsados por la fuerte devaluación del peso posterior a las elecciones primarias. Los datos publicados este jueves por el Indec acumulan un incremento del 46,2 por ciento en la comparación interanual y un aumento del 40 por ciento en nueve meses de 2019. El índice del costo de la construcción registró, por su parte, un alza mensual del 2,4 por ciento. Impulsado por la suba en los materiales, el indicador asciende a 45,5 por ciento en doce meses y a 33,1 entre enero y septiembre.
Las cifras del indicador de precios mayorista (IPIM) completan la radiografía de los precios tras la corrida cambiaria. El miércoles el Indec informó que en septiembre hubo una inflación del 5,9 por ciento, la más alta del año y la segunda mayor de la era Cambiemos. En lo que va del año, el nivel general de precios acumula un alza del 37,7 por ciento y en los últimos de doce meses el aumento llega al 53,5 por ciento. "A la luz de los que nos pasó entiendo que hemos sido como un alcohólico recurrente con la inflación", sostuvo el presidente Mauricio Macri durante una entrevista con FM 104.7 de Resistencia en Chaco.
El indicador de precios mayorista (IPIM) ofrece una medición para los precios a la salida de la fábrica y se compone fundamentalmente de bienes. Esa característica lo diferencia del el índice de precios al consumidor, que además incluye un contenido vinculado a los servicios. Con esas señas particulares el indicador reacciona con mayor velocidad e intensidad a una devaluación que impacta sobre las estructuras de costos de las compañías por la existencia de insumos, partes y piezas importadas así como por la extendida pretensión entre las firmas de dolarizar sus ganancias, en un escenario de fuerte incertidumbre económica.
Los precios mayoristas de los productos manufacturados encabezaron las subas con un 5,2 por ciento mensual. Las trepadas más intensas se observaron en dos rubros: prendas de materiales textiles, con un alza de 11,6 por ciento, mientras que equipos y aparatos de radio y televisión aumentó 11,5 por ciento. Insumos extendidos en la construcción y la actividad fabril como los productos minerales no metálicos aumentaron 9 por ciento. Alimentos y bebidas, por su parte, marcó una suba del 6,2 por ciento en septiembre. Como reflejaron los datos de los precios en alimentos de la canasta básica contemplados en el reporte del IPC, la contención del impacto en las góndolas que pretendió habilitar el gobierno con la reducción temporaria a cero por ciento del IVA hasta fin de año comenzó a licuarse. Durante períodos del gobierno de Cambiemos en los que el tipo de cambio permanece “estable”, como sucedió durante 2017, los precios mayoristas mostraron variaciones de entre 0,5 y 2,5 por ciento mensual. Con las sucesivas corridas cambiarias, a lo largo de 2018 el IPIM marcó valores mucho más elevados: 7,5 por ciento en mayo, 7 por ciento en junio, para alcanzar un record del 16 por ciento en septiembre. Este año, las mediciones se ubicaron en el orden del 4 al 5 por ciento hasta mayo y luego comenzaron a descender. Así se ubicó en 1,6 en junio y llegó a una variación mensual casi estable de 0,1 por ciento en julio. El descalabro financiero y cambiario registrado en agosto tras las PASO volvió a disparar el indicador. Superado ese sacudón, las cifras retornaron en septiembre a los registros de comienzos de año.
Prevé una caída de 3,1 por ciento con una inflación de 57,3 por ciento

Para el FMI, la economía macrista está entre las peores de todas

La evaluación de la economía argentina en el Panorama Económico Mundial del FMI la ubica como la séptima recesión más profunda del mundo y la tercera con más inflación. El pesimismo del Fondo se extiende al 2020, con un retroceso del Producto de 1,3 por ciento.

El Fondo Monetario Internacional proyecta una contracción de 3,1 por ciento para Argentina en 2019. Apenas un año y medio después de recibir el préstamo más grande en la historia del organismo e implementar un tradicional programa de austeridad y reformas, el país registrará la séptima recesión más profunda del planeta. La caída que experimentará el país solo será superada por el desplome en Venezuela, Libia, Irán, Zimbabue, Nicaragua y Guinea Ecuatorial. La cifra representa una revisión a la baja de 1,8 puntos porcentuales frente a la caída de 1,3 por ciento prevista en la revisión del acuerdo que durante julio alcanzó para habilitar el último desembolso del crédito. El pesimismo del Fondo equivale a una reducción del 138 por ciento en sus previsiones para la marcha de la economía.
El Panorama Económico Mundial del FMI estima que, como consecuencia de la disparada en los precios registrada a lo largo de los últimos meses, la inflación escalará a fin de año hasta el 57,3 por ciento. El impulso de las sucesivas corridas cambiarias convertirá a la Argentina en el tercer país con más inflación de todo el mundo en 2019 solo detrás de Venezuela y Zimbabue. La desocupación trepará, por su parte, hasta el 10,6 por ciento de la mano de la destrucción de empleo y la caída en el nivel de ingresos.

Al organismo multilateral encabezado por la economista búlgara Kristalina Georgieva no muestra entusiasmo por el recambio presidencial, pero espera un menor caída del PBI y la desaceleración en la suba de precios. El principal acreedor individual de la Argentina pronostica que durante 2020 la actividad económica retrocederá 1,3 por ciento y la inflación alcanzará el 39,3 por ciento al terminar el año.

El documento presentado esta mañana en el marco de la asamblea anual del FMI en Washington propone a los países emergentes como Argentina implementar un conjunto de reformas estructurales para volver a crecer. Flexibilización laboral, apertura comercial, privatizaciones, menores controles en los mercados y desregulación cambiaria componen el paquete de transformaciones que, según promete la nueva conducción del organismo multilateral, resultará en más crecimiento económico.

Argentina es presentada como uno de los países que, a lo largo de las últimas décadas, implementaron un amplio programa de reformas sin lograr los resultados prometidos, pero el documento no incluye sugerencias para ninguna economía en particular. “En algunos casos puede haber sucedido que las ganancias de las reformas hayan sido anuladas por episodios adversos como shocks macroeconómicos o políticas equivocadas. Un ejemplo es la sobrevaluación del tipo de cambio y el colapso de la convertibilidad en Argentina”, indica el FM. El informe lamenta además que tras la crisis de la convertibilidad algunas reformas hayan sido revertidas.
El mundo
El FMI advierte que la marcha de la economía mundial registra una desaceleración sincronizada que marcará un crecimiento promedio del 3 por ciento en 2019, el más lento desde el estallido de la crisis financiera internacional. El próximo año el nivel de actividad mejorará 3,4 por ciento aunque ese guarismo representa un recorte de 0,2 puntos frente a la proyección anterior. “El dramático deterioro en las condiciones macroeconómicas observado entre 2017 y 2019 en un pequeño grupo de países bajo presiones muy severas (en particular Argentina, Irán, Turquía y Venezuela) es responsables de la mitad de la caída en el crecimiento global de 3,8 a 3,0 por ciento entre 2017 y 2019”, sostiene el FMI al precisar que esas mismas economías junto con México, Brasil y Rusia explicarán el 70 por ciento de las mejoras en 2020. La excepción es Argentina. “Se proyecta que la economía argentina se contraiga de nuevo en 2020 pero menos que este año”, indica el organismo multilateral que puso en stand by la transferencia del desembolso por 5400 millones de dólares prevista para mediados del mes pasado.
Argentina es presentada por el FMI como una de las excepciones para la reducción de los aumentos de precios asociada al estancamiento global. “Las pocas excepciones para esta amplio patrón de desaceleración son las economías donde grandes devaluaciones presionaron sobre los precios domésticos como en Argentina o en aquellos donde existen faltantes de productos esenciales como Venezuela”, indica el organismo al referirse al reciente impacto del salto en el tipo de cambio sobre los precios.
A contramano del extendido diagnóstico que realizan los economistas del gobierno sobre las causas de la inflación y las recomendaciones del organismo para controlarlas, el reporte del Fondo enfatiza que “la inflación se incrementó de la mano de la depreciación del peso”. Así espera que el promedio de los aumentos sea un 54,1 por ciento mientras que la inflación acumulada este año alcanzará al 57,1 por ciento. Para 2020 los expertos del organismo anticipan que la suba promedio se mantendrá elevada al marcar 51 por ciento pero que terminará en 39,4 por ciento.
Lapidario artículo del Financial Times sobre el gobierno de Cambiemos y Mauricio Macri

"La percepción ahora es que Macri es un idiota"

El principal diario de las finanzas globales destaca que los pésimos resultados económicos serían graves para cualquier candidato que busque la reelección. Pero para un representante de una de las familias más ricas del país "son especialmente tóxicos".

El Financial Times, principal diario económico a nivel global, volvió a publicar un artículo con fuertes críticas a la gestión de Mauricio Macri. La nota repasa los principales números de la economía de Cambiemos, que se derrumbó por todos lados luego de recibir la mayor ayuda financiera de la historia de parte del FMI. “Estos datos serían graves para cualquier candidato que busque la reelección. Pero para un representante de una de las familias más ricas del país son especialmente tóxicos", dice. El artículo reproduce la opinión del presidente del departamento de ciencias políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires, Luis Tonelli, quien señaló que "la percepción ahora es que Macri es un idiota que no tiene sensibilidad hacia las personas, es de clase alta y no entiende nada".
Los periodistas Michael Stott and Benedict Mander asistieron a la convocatoria del “Sí, se puede” días atrás en Mendoza. “Unos pocos miles reunidos en una plaza vitorearon obedientemente y agitaron pancartas con el lema de la campaña mientras el presidente se abría camino a través de un discurso mudo que duró apenas 20 minutos, con su voz a veces fallando. Su esposa Juliana Awada, vestida de negro de diseñador, le puso una mano reconfortante en el hombro, exudando la elegancia millonaria sin esfuerzo que le valió una aclamación 'mejor vestida' de Vogue", señala la nota, que contrasta con algunas de las crónicas de medios argentinos que se entusiasman con una supuesta oleada de optimismo que podría acercar los números de las elecciones del 27 de octubre al balotaje entre Macri y Alberto Fernández.
El Financial Times es bastante más pesimista cuando dice que “Macri promete que ´Ahora viene algo diferente`, pero todo sugiere que el 'algo diferente' reservado para Argentina es el principal oponente de Macri; Alberto Fernández, un peronista de izquierda que es el favorito absoluto para ganar las elecciones el 27 de octubre". El artículo menciona que “la credibilidad ya maltrecha de Macri recibió otro golpe cuando el gobierno se vio obligado a posponer los pagos de la deuda interna e imponer controles de cambio. Los empresarios tenían grandes esperanzas en Macri cuando asumió el poder, pero muchos perdieron la paciencia después de los repetidos errores de su administración en la economía". Incluso cita al presidente del departamento de ciencias políticas de la UBA, Luis Tonelli, quien señaló que "la percepción ahora es que Macri es un idiota que no tiene sensibilidad hacia las personas, es de clase alta y no entiende nada". Luego Tonelli aclaró en su cuenta de Twitter que “estaba hablando coloquial e informalmente en castellano y dije `boludo´... seguramente usaron el Google translator”. Tonelli es políticamente afín al radicalismo asociado al macrismo.
Según el Financial Times, Macri es un "un ingeniero civil capacitado (…) que pudo superar la falta de carisma y habilidades oratorias débiles para ganar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de 2015 en parte porque los argentinos estaban hartos del gobierno anterior, que estaba sumido en escándalos de corrupción y dejando atrás una economía caótica". “En la economía, Macri se presentó en 2015 como el candidato del futuro, prometiendo que su equipo solucionaría los problemas económicos de Argentina. Ahora, habiendo fallado significativamente en hacerlo, está recurriendo a una apelación a valores como la tolerancia y la democracia que tienen poca resonancia más allá de su base de clase media", agrega.
Carlos Bianco, hombre clave de Axel Kicillof: "Vidal nos va a dejar una provincia con emergencia alimentaria"

El economista que trabaja con Axel Kicillof alertó por la pobreza extrema en Buenos Aires, pero también la situación educativa y de refinanciamiento de la deuda provincial.

Carlos Bianco, integrante del equipo económico de Axel Kicillof, alertó que María Eugenia Vidal dejará "una Provincia con emergencia alimentaria". No obstante, aclaró que no es posible realizar un análisis completo por toda la información que la gobernadora se niega a publicar.
El economista advirtió por el incremento de la pobreza en Buenos Aires luego de de cuatro años de María Eugenia Vidal, quien aplicó la misma política que Mauricio Macri pero a nivel local, y con idénticos resultados. "Vidal va a dejar una emergencia alimentaria, educacional y de refinanciamiento de la deuda provincial", resaltó en la noche del miércoles, en la mesa de cierre del sexto Congreso de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad de Quilmes.
Entre la herencia que recibirán si el Frente de Todos gana las elecciones generales, detalló que habrá un faltante de entre $ 50.000 millones y $80.000 millones para cerrar los gastos de este año. “La gobernadora dijo que nos va a dejar las cuentas en orden, pero no sabemos de cómo; esperamos que no recorte gastos sociales para cubrir ese monto”, planteó ante un auditorio repleto. “No tenemos claro el diagnóstico de lo que nos va a dejar Vidal porque no publica los datos”, dijo.
El endeudamiento también será uno de los frentes más complejos que deberá afrontar Kicillof. Mientras el pasivo bonaerense se erigía a U$S 9.362 millones en 2015, alcanzó los U$S 11.959 millones en marzo de este año. “No sólo aumentó la deuda, sino que la mayoría es en dólares, con privados y achicó el tiempo del vencimiento”, subrayó Bianco.
Esto se da en un contexto de que Buenos Aires genera más de un tercio de la producción del país, pero recibe sólo el 23% de la coparticipación. Ningún Estado sub-soberano tampoco recauda divisas, por lo que deberá juntar pesos y comprar con ellos moneda extranjera en el mercado de cambios con autorización previa del gobierno nacional.
También mostró preocupación por el nuevo brote de sarampión que tiene la Provincia, un suceso que no se daba en décadas. Por último cuestionó el lema del PRO de que mejoraron la seguridad: “Subieron todos los delitos; además, incautaron más droga pero el consumo aumentó”.
Durante su exposición, Bianco analizó que Macri llegó en 2015 con un modelo económico “muy claro, que jamás se comprobó en la historia, que es la ‘teoría del derrame’. Pero el contexto mundial no le permitió mostrarnos si en esta ocasión se daba la rareza de que por primera vez se cumplía".
Le jugó en contra la nueva disputa de dominancia mundial, donde China pugna aún por el puesto de Estados Unidos. El que calificó como el tercer debate por el poder internacional “cerró los mercados, generó mucha turbulencia en el mundo y un escaso crecimiento del comercio”.
El Presidente no vio ninguna de estas señales y decidió aplicar la apertura de todas formas. "Macri estaba desconectado de la realidad mundial". “Tenía el objetivo de crear un boom exportador, una lluvia de inversiones y captar capitales internacionales para grandes proyectos de inversión”.
Para lo primero devaluó desde los $ 9,45 de 2015 hasta los $ 60 actuales y firmó acuerdos bilaterales. Los “brotes verdes” los pretendía con la desregulación cambiaria y financiera. La llegada de fondos internacionales, en tanto, la buscó con la capitulación ante los fondos buitre. “Esperaba que estas tres movidas generen un derrame de riqueza hacia abajo, pero no pudo ni probarla”, explicó Bianco.
El ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales del kirchnerismo compartió mesa en el auditorio del CCC junto a Magdalena Rúa, Carlos Heller, Martín Burgos, Rodolfo Pastore, Alexandre Roig, con la moderación de Juan Carlos Junio.
Los desarrollos urbanos terminados y sin entregar incluyen 950 locales

Parálisis económica vocacional

La habilitación de los barrios construidos con el ProCreAr también hubiera impedido el cierre de muchos negocios y pequeños emprendimientos productivos. En la línea de Desarrollo Urbanístico del ProCreAr está contemplado un espacio para locales, lo que le hubiese aliviado la situación a los que no pueden enfrentar el costo pleno de un alquiler comercial. En total hay 950 locales en estos desarrollos que podrían alquilarse o entregarse en leasing con facilidades, además de estimular la actividad en esos barrios y empujar la rueda del consumo.
Uno de los casos más emblemáticos es la Estación Buenos, en CABA, donde hay 73 locales comerciales vacíos. En este barrio además hay 2406 viviendas sin entregar sobre un total de 2476. Le sigue en importancia Estación Sáenz, con la totalidad de las 711 viviendas sin entregar, al igual que los 14 locales. Son los proyectos urbanísticos más importantes en extensión e inversión que se hicieron en esos barrios dentro del programa ProCreAr. El complejo viviendas en Ushuaia tiene sus 481 casas vacías, como así también sus cinco locales comerciales. En este caso además afecta el desmantelamiento del polo tecnológico en La Isla, lo que provocó una migración de trabajadores desempleados –con sus familias- hacia el Continente.
Hay muchos casos más donde se podrían haber utilizado estos desarrollos para estimular la actividad, aunque sea desde lo comunal. En Buenos Aires, en Canning hay 17 locales vacíos; en San Antonio de Areco, 92 locales; en San Nicolás, 22, en Ituzaingó, 30 y en Tandil, 82. En Córdoba hay dos complejos, uno en Alejandro Roca, con 34 locales vacíos, y otro en Barrio El Liceo, con 218. En la ciudad de Corrientes, 25 locales más sin utilizar, en Granadero Baigorria (Santa Fe), lo mismo con 14.
En Río Gallegos no se habilitaron 32 locales del desarrollo, en Madryn sucede lo mismo con 47 locales, en Mendoza, con 39, y en Santa Rosa (La Pampa), 43.  En Huaico (Salta) se suman 34 locales en las mismas condiciones, en San Luis, 28 y en Santiago del Estero, 20 más.
El gobierno demora sin justificación la entrega de unidades terminadas del Plan ProCreAr

Más de 14 mil viviendas vacías en plena crisis habitacional

El 64 por ciento de las 22.500 viviendas de desarrollos urbanísticos del ProCreAr que heredó el macrismo, están terminadas y sin entregar. Desidia oficial y falta de voluntad política.

En medio de la crisis habitacional que profundizó Cambiemos y que afecta actualmente a una de cada tres familias, el gobierno finaliza su mandato sin entregar 14.300 viviendas listas del plan ProCreAr. Se trata del 64 por ciento de las 22.500 viviendas de Desarrollos Urbanísticos del programa que heredó el macrismo del gobierno anterior. Las obras estaban terminadas en su gran mayoría -el resto tiene un nivel de avance del 70 por ciento-, pero la desidia oficial dejó que cuestiones burocráticas de habilitación de servicios se amontonen y sólo se hayan entregado las que estaban pre-adjudicadas. También hay una lógica comercial que frena el programa: el gobierno no las quiere entregar al costo. En estos cuatros años se modificó el esquema de entregas por un sistema de scoring, con un carácter pensado menos en lo social y más en lo financiero, pero tampoco así se avanzó en nuevas adjudicaciones. La crisis económica además aleja a las familias de la posibilidad de acceder a un crédito, aunque sea subsidiado, para una vivienda.
El déficit habitacional en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el problema del acceso a la vivienda propia se agudizó y hoy muchas familias no tienen posibilidad siquiera de contar con un techo, aunque sea alquilado. El deterioro en los ingresos de las familias, la pérdida de empleos y el aumento constante de los precios hacen imposible pensar en comprar una casa. Las tasas de interés del sistema superan el 70 por ciento, las obras estás paralizadas y las constantes devaluaciones hacen subir los valores de las propiedades. Esto además se refleja en el precio de los alquileres. Tal como hace con la ley de emergencia alimentaria, el gobierno tiene a mano y no usa una herramienta para dar solución a muchas familias, aunque sea alquilando las propiedades, como propone un ex técnico del ProCreAr.

Para Todos
El Programa de Crédito Argentino (Procrear) se lanzó en 2012 con un objetivo de 400.000 viviendas. Dentro de ese programa había una línea de compra de terreno y construcción de vivienda, financiando el 100 por ciento del valor de ambos. Los Desarrollos Urbanísticos eran parte de esta línea. Entre 2012 y 2015 se realizaron 172.000 viviendas del ProCrear, de las cuales 22.500 se construyeron en 67 desarrollos urbanísticos ubicados en Ciudad y Gran Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Misiones, Chubut, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, la Pampa, Tucumán, Neuquén y Entre Ríos.
El plan buscaba beneficia a grupos sociales medio y medio-bajo de la población, a partir de una preselección en la que se tomaba en cuenta casos de enfermedad o composición de riesgo de las familias y, después, se adjudicaban por sorteo. Entre 2012 y 2015 el gobierno invirtió en este programa 56.000 millones de pesos, equivalente a unos 5600 millones de dólares al tipo de cambio de fin de 2015, cifra similar a la que hoy mendiga el país al Fondo Monetario. El programa generó entonces 200.000 puestos directos.
Macri modificó el programa, haciendo necesario un ahorro previo del 10 por ciento de la propiedad para acceder a los planes y, para el caso de construcción, había que tener el terreno propio o de familiar directo. Se imponía además un sistema de scoring (puntaje crediticio), lo que desnaturalizaba el plan. Según señalaron fuentes que estuvieron en el diseño de estos desarrollos, al asumir el gobierno la decisión era que no se entregarían “al costo”. De todos modos, el programa estuvo congelado casi desde que sumió Cambiemos.

Para Nadie
“Lo más llamativo es que estando terminadas todavía nos las hayan asignado a ningún beneficiario, negándole el derecho a la vivienda a la población”, comenta uno de los técnicos desplazados de esa área por la administración macrista. No son sólo viviendas. Se construyeron barrios completos. La línea de Desarrollos Urbanísticos cuenta con áreas para el uso público, locales comerciales, áreas destinadas para alojar equipamientos de salud, educación, recreativos además de contar con adaptación a personas con capacidades diferentes. Se construyó una vivienda por cada 50 adaptada para personas con movilidad reducida, lo que los ubica en la vanguardia mundial respecto a parámetros de desarrollo urbano y vivienda del mundo.
El gobierno además se encontró con un fideicomiso financiero a 30 años administrado por el Banco Hipotecario, que permite que la obra se autofinancie con el pago de los créditos. Hoy el rendimiento de ese fideicomiso se gasta en buena medida en seguridad y mantenimiento de casas y locales vacíos en esos barrios, que en el sector estiman en unos 350 millones de pesos al año. Dado que se trata de casas de hasta tres habitaciones con 90 metros cuadrados edificados en promedio, esas 14 mil viviendas equivalen a negarle el derecho a vivienda a más de 60 mil personas.
“El problema es que, conceptualmente, para el gobierno esas viviendas no se tienen que entregar al costo, como hacía la anterior gestión”, agregó la fuente. Entre las causas de la negativa, según explican, hubo muchas dilaciones para culminar los trámites municipales o con empresas prestatarias de servicios. Por otro lado, la devaluación del actual gobierno dejó afuera a un importante conjunto de familias que, al momento de iniciar la construcción, podía pagarlas y hoy, con el sistema UVA, se encuentra fuera de toda posibilidad. “También hay un tema de insensibilidad del gobierno, que considera que estas viviendas son muy suntuosas para la clase social a la cual fueron apuntadas”, concluyó la fuente consultada.
En el actual contexto es difícil pensar que se pueda reactivar en el corto plazo, y vía crédito, la compra de viviendas, pero para la próxima gestión ya hay 14.300 viviendas de las que podrá disponer para dar atención a las familias más necesitadas. Una opción podría ser que el Estado se haga cargo de las obras y permita un acceso también para alquiler (incluso de comercios) , al menos en una primera instancia.
Primer documento del FMI post Lagarde: flexibilización laboral, apertura, privatizaciones y desregulación financiera

En el FMI cambia la cara pero no la receta

El Panorama Económico Mundial adelantado hoy insiste en las reformas estructurales para los paìses emergentes que hicieron desbarrancar a varias economías. Entre ellas, la argentina.

Reformas estructurales para todos los países emergentes. Con esa consigna comienza la gestión de Kristalina Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional. Flexibilización laboral, apertura comercial, privatizaciones y desregulación financiera, componen el paquete de reformas que, según promete la nueva conducción del organismo multilateral, resultará en más crecimiento económico. Las estimaciones incluidas en el Panorama Económico Mundial sostienen que quienes emprendan esas transformaciones experimentarán una expansión del producto superior al 7 por ciento durante un período de seis años.
Argentina es mencionada como uno de los países que, a lo largo de las últimas décadas, se abrazaron al programa de reformas sin lograr los resultados prometidos pero el documento no incluye sugerencias para ninguna economía en particular. “En algunos casos puede haber sucedido que las ganancias de las reformas hayan sido anuladas por episodios adversos como shocks macroeconómicos o políticas equivocadas. Un ejemplo es la sobrevaluación del tipo de cambio y el colapso de la convertibilidad en Argentina” indica el FMI al lamentar que la crisis “también condujo a la reversión de reformas anteriores”.
La existencia de casos fallidos no altera la creencia del organismo en el mantra de la flexibilización, la apertura y la desregulación. El recetario para crecer y cerrar la brecha de ingresos con los países desarrollados está para ser implementado por todos los países en desarrollo sin distinción, incluso Argentina a quien le exige desde la puesta en marcha del programa de financiamiento avanzar con las reformas jubilatoria y laboral. El reporte del FMI omite además que las políticas implementadas en los casos exitosos fueron opuestas a sus recomendaciones: más regulación, más intervención, más controles, más protección.
El FMI reconoce, sin embargo, la existencia de limitaciones políticas para llevar adelante sus reformas. Para sortear esas dificultades, el principal acreedor individual de Argentina ahora sugiere que los gobiernos “actúen rápidamente después de una victoria electoral para implementarlas durante su ‘la luna de miel’ política”. El organismo estimó que llevar adelante un paquete de reformas estructurales el año antes de las elecciones pueden llegar a perder hasta 3 puntos porcentuales. Que según indica el organismo es equivalente a sostener que las chances de reelección para la coalición de gobierno se reducen 17 puntos porcentuales.
Una segunda recomendación del Fondo a quienes aventuran el recorrido reformista es hacerlo en momentos de bonanza. “Las reformas tardan varios años en dar resultados y algunas de ellas -como reducir la protección laboral o liberalizar el mercado financiero- pueden implicar mayores costos cuando se implementan en momentos malos; lo mejor es realizarlas bajo condiciones económicas favorables y al comienzo de los mandatos electorales”, sostiene el reporte del organismo multilateral con el que deberá negociar el próximo gobierno argentino. Y, en tercer lugar, reconoce la regresividad de las medidas sugeridas para recomendar que sean acompañadas por “medidas complementarias que mitiguen los efectos adversos de las reformas en la distribución del ingreso”.
El relanzamiento del decálogo permanente de reformas estructurales del FMI está incluido en el tradicional informe anual del FMI que proyecta la marcha de cada país. El documento completo con esos guarismos será presentado la semana próxima durante la Asamblea Anual del FMI pero, como es habitual, el organismo difundió de manera anticipada algunos de sus capítulos. Esta edición del Panorama Económico Mundial será la primera elaborada bajo la gestión de Georgieva. Y, la flamante Directora Gerente del Fondo, ya se hizo eco de sus recomendaciones. “Un nuevo estudio del FMI centrado específicamente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo muestra de qué manera las reformas estructurales pueden aumentar la productividad y generar enormes beneficios económicos”, remarcó la economista búlgara este martes al apuntar directamente al grupo de países entre los que se ubica la Argentina.
El aumento de precios subió a 6,2 por ciento en septiembre, según el relevamiento del Instituto de Trabajo y Economí

La inflación en alimentos es más alta

La renovada presión inflacionaria estuvo concentrada en el precio de los alimentos. Harinas, carnes, manteca y quesos registraron subas de dos dígitos en el Indice de Relevamiento de Precios del ITE.

La inflación escaló 6,2 por ciento en septiembre y registró así el valor mensual más elevado en un año. El relevamiento de precios elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abadala trepa así 50,4 por ciento. A pesar de la profunda crisis de consumo masivo que limita las posibilidades del traslado a los precios de la devaluación y el alcance de la eliminación temporaria del IVA para algunos alimentos, la renovada presión inflacionaria estuvo concentrada en el precio de los alimentos. Harinas, carnes, manteca y quesos registraron subas de dos dígitos en el Indice de Relevamiento de Precios del ITE.
Con los registros acumulados en lo que va del año el gobierno de Mauricio Macri establecerá un nuevo record argentino. Cuando termine su mandato la inflación se ubicará por encima del 50 por ciento anual: 2019 quebrará la marca establecida un año antes y alcanzará el mayor nivel en tres décadas. Así, la inflación anual computada en dos de los cuatro años de Cambiemos en la Casa Rosada solo quedará detrás del guarismo observado en 1991 en las postrimerías de la hiperinflación.
Ante el rotundo fracaso de la estrategia oficial para contener la sostenida escalada en el precio de los alimentos y el impacto de la aceleración inflacionaria sobre la pobreza, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó su "Plan Argentina contra Hambre". La medida no solo se busca bajar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos de las familias sino que también apuntará a mejorar los hábitos de alimentación. La iniciativa que propone impulsar Fernández contempla regular el precio de una canasta básica de alimentos, relanzar y reforzar el programa Precios Cuidados desarticulado a lo largo de los últimos cuatro años, reforzar la alimentación escolar y establecer una canasta de alimentos saludables.
El Indec difundirá su medición de precios para septiembre la próxima semana. El último dato disponible es el 4,0 por ciento de agosto cuando el IPC registró un primer impacto de la devaluación registrada después de las elecciones primarias. Así los registros oficiales acumularon un alza de 30 por ciento en ocho meses y una disparada del 54,5 por ciento en doce meses. Consultoras privadas, universidades y centros de investigación esperan que la inflación minorista se ubique entre 5 y 6 por ciento en septiembre. El ITE-FGA estimó un incremento del 6,2 por ciento, el nivel más alto en un año.
El informe de ITE indica que la escalada se vio impulsada por una suba en Alimentos y Bebidas del 6,5 por ciento. Con menor peso sobre el indicador general pero con alzas más significativas se ubicaron los rubros Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (10,4 por ciento) y Atención Médica y Salud (9,9 por ciento).
En el último caso, el aumento responde al alza de las cuotas de las empresas de medicina prepaga a quienes el gobierno de Cambiemos le habrá autorizado en doce meses el mayor incremento en la cuota desde la sanción de la ley que regula la actividad, en 2011 . Cuando entre en vigencia al ajuste de noviembre autorizado la semana pasada, el séptimo en el transcurso de 2019, el incremento en el bolsillo del afiliado habrá llegado al 69,6 por ciento interanual, muy encima de cualquier medición inflación. También incide sobre la escalada en el rubro Atención Médica y Salud del índice de precios del ITE-FGA los sostenidos aumentos en los valores de los medicamentos.
El ex economista-jefe del FMI analizó la crisis del país
Rogoff: “El incumplimiento de Argentina era inevitable”

El profesor de Harvard puntualizó que "el gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a incumplir su pago casi con la misma velocidad”.

El ex economista-jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kenneth Rogoff, aseguró que "el incumplimiento de la Argentina era inevitable porque la combinación de deuda, déficit y política monetaria era insostenible". En una columna publicada el miércoles en el sitio Project Syndicate , el ahora profesor de la Universidad de Harvard puntualizó que "el gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a incumplir su pago casi con la misma velocidad”. “En comparación con el default en cámara lenta del país en 2002, la última crisis se siente como Shakespeare en 60 segundos”, agregó.
Rogoff, quien fuera economista jefe del FMI entre 2001 y 2003, sostuvo que "en ambos casos (2002 y 2019) el incumplimiento era inevitable, porque la combinación de deuda, déficit y política monetaria del país era insostenible, y la clase política no podía hacer los ajustes necesarios a tiempo".
El economista señaló que "Macri heredó una economía en la que la deuda no era alta (debido al incumplimiento de 2002), y el principal problema fiscal era un sistema de pensiones insostenible".
Además señaló que "la receta normal para una administración entrante habría sido afrontar el dolor de la consolidación del presupuesto desde el principio y esperar que la economía se recupere mucho antes de las próximas elecciones. En cambio, Macri decidió cerrar la brecha presupuestaria lentamente y usar su luna de miel política para recortar impuestos y liberalizar los mercados".
El economista advirtió que "desafortunadamente después de las reformas Big Bang, las condiciones económicas tienden a empeorar antes de mejorar y parece que Macri, que enfrentará una elección a finales de este mes, no estará presente para ver eso".
Tanto en 2002 como ahora "los préstamos del Fondo Monetario Internacional solo parecieron posponer lo inevitable y, lo que es peor, exacerbar el colapso final. Entonces, después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación es hora de preguntar cómo reenfocar el mandato del FMI para hacer frente a las crisis de deuda de los mercados emergentes", concluyó Rogoff.
Crisis económica: para Carlos Melconian, Macri deja un país parecido al de 1989

El ex presidente del Banco Nación fue lapidario y descartó volver a usar un tipo de cambio libre y flotante. "Para un país como Argentina, no va más", sentenció.

El economista Carlos Melconian fue contundente y afirmó en una entrevista en TN que el tipo de cambio libre y flotante "no va más" para un país como Argentina.
"Estamos con control de cambios. El tipo de cambio libre y flotante se usa en el mundo moderno y estable, pero en la Argentina no estamos para eso, mucho menos con el déficit fiscal, el aumento de las tarifas y la dolarización de la economía", contó el expresidente del Banco Nación.
Melconian afirmó que el próximo gobierno "tiene que definir si sigue con el control de cambios o se va a un mercado cambiario que levante el control, pero ésto último, en el fondo, es un doble o triple mercado. Estaríamos ante un mercado segmentado".
Melconian puso en duda la llegada del desembolso del FMI por la debilidad de Macri
"Para abrir esas cosas no tenés que tener en el frente ajuste de precios relativos ni tamaña dolarización de la economía; pero sí reservas" puntualizó el economista. Y sentenció: "Si no tenés esas condiciones, no hay que encapricharse con tener la Ferrari: no se puede".
Además, criticó al presidente  por no lograr "acuerdos políticos necesarios para controlar la economía". Añadió que "no ha funcionado la conformación de Gabinete y no hubo un correcto diagnóstico ni política económica" durante la gestión de Macri.
El exfuncionario señaló además que el próximo Presidente "recibirá condiciones parecidas a las de (Carlos) Menem" en 1989, y se mostró a favor de contar con "un ministro de Economía, porque los períodos históricos buenos de la Argentina fueron cuando hubo un ministro que coordinó todo, mal llamado superministro", cerró
Crisis económica: el INDEC anunció que la pobreza subió hasta el 35,4% y la indigencia al 7,7%

Los registros son los peores en toda la era Macri. El empeoramiento de la situación se profundizó especialmente a partir de 2018.

A pesar de las promesas de campaña que realizó Cambiemos, la pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año y se trata del peor registro en la era Macri. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%
De acuerdo al último informe del INDEC, la cantidad de personas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza aumentó 8,1 puntos porcentuales, desde una perspectiva interanual. En esos mismos términos, la cifra de indigencia saltó 2.8 puntos porcentuales

LAS CLAVES DEL INFORME
Según el documento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.394.274 hogares, los cuales incluyen 10.015.728 de personas. En ese conjunto, 514.273 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, e incluyen a 2.169.496 personas indigentes. Cabe recalcar que el organismo de estadísticas toma como referencia a 31 aglomerados urbanos, que equivalen a 28.295.683 personas.
Proyectados a la población urbana nacional, pasó de 11.150.000 a 14.400.000, lo cual equivale a 3.250.000 nuevos pobres. Si se incluye la población rural, el número se eleva a 15.800.000 personas. Además, la pobreza fue de 52,6% entre los menores de 15 años; de 42,3% en las personas de 15 a 29; de 30,4% en las de 30 a 64; y de 10,4% en las mayores de 65. Tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la megadevalaución del año pasado, el empeoramiento de la situación social en los polos urbanos había producido que el número de pobres se haya disparado un 7%, frente al mismo período del 2017. Ahora la situación no solo no mejoró, sino que empeoró.
Los salarios arrastran en los últimos 12 meses una pérdida del 9,8%. En el primer semestre de este año, las remuneraciones aumentaron un 21,1%, mientras que la inflación fue del 22,4%, 1,3 puntos porcentuales menos. Con relación a diciembre de 2015, la pérdida es mucho mayor, y trepa al 17%.
Las perspectivas no son alentadoras respecto al próximo período, ya que el salto en la cotización del dólar tras las PASO destrozaron los sueños de una leve recuperación. Analistas, bancos de inversión y consultoras estimaron que la inflación cerrará 2019 en el 55% anual y una contracción del PBI en torno al 2,5%. Así lo aseguraron a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central (BCRA) a principios de septiembre.
Temas de debate: Los desafíos de la restricción externa

El objetivo es cuidar las reservas

Los especialistas coinciden en la necesidad de regular la cuenta capital para evitar la fuga de capitales. El volantazo oficial en la estrategia financiera y monetaria tras las PASO.

Un nuevo capítulo en la historia económica argentina empezó con las PASO. Ese camino se intensificó a partir de los anuncios del “reperfilamiento” de deuda y el control de cambios, medidas que son la antítesis de las decisiones que tomaba Cambiemos al momento  de asumir su mandato. Se trata de un tipo de intervención que jamás hubiera estado dispuesto a emprender. La realidad golpeó más fuerte y lo llevó a posponer parcialmente el pago de su deuda, volver a implementar la obligatoriedad de la liquidación de exportaciones y controlar las compras de moneda extranjera.
El modelo económico implementado por Mauricio Macri condujo a un callejón sin salida que lo obligó a utilizar herramientas que nunca estuvo dispuesto a poner en práctica. Los objetivos de estas medidas son varios, en primer lugar, evitar que continúe subiendo el precio del dóalr para evitar que se acelere la espiral inflacionaria, pero también garantizar las reservas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda e intereses hasta fin de año. En ese punto, la intervención del FMI en la política económica argentina es crucial. El objetivo primordial del organismo es asegurar el repago de la deuda de los países.
La economía juega en dos ligas que están conectadas entre sí. Una de ellas, que se expresó en las urnas el 11 de agosto, asociada a la economía real que deja a más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza y pone en evidencia la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. La otra, que ocupa la mente del equipo económico y el FMI, está vinculada con los próximos vencimientos de deuda del país, el siguiente desembolso del crédito del Fondo, el aumento del tipo de cambio y del riesgo soberano.
A menos de 60 días de las elecciones generales, falta muy poco para cambiar el modelo de política económica pero en simultáneo queda mucho tiempo para contener las variables financieras ligadas principalmente a las expectativas de los agentes del mercado. El gobierno en ejercicio no puede ni quiere cambiar el modelo económico. Un modelo basado en la valorización financiera que nunca buscó impulsar la producción y que destruyó a su paso el poder adquisitivo de los trabajadores. Este modelo es el que demostró una vez más que lo que falta en Argentina son dólares, pero esta vez no es para aumentar la producción sino para pagarle a quienes invirtieron financieramente en el país.
No resulta nuevo que la economía Argentina se enfrente recurrentemente a lo que se denomina la restricción externa. Este fenómeno es la consecuencia directa de tener una economía que produce y exporta principalmente bienes agropecuarios y que además cuenta con un entramado productivo e industrial que demanda importaciones (es decir divisas) para la compra de insumos y bienes de capital para su normal funcionamiento.
Esta fue la situación a la que se enfrentó en los últimos años el gobierno de Cristina Fernández. En la actualidad también faltan dólares pero por otras razones. La economía cayó en 2016, lo hizo también en 2018 y volverá a hacerlo en 2019 y, probablemente, también en 2020. La industria está en contracción hace quince meses, el consumo privado cae hace tres trimestres y el público hace cinco trimestres. Esta contracción de la economía argentina lleva a que en la actualidad la balanza comercial sea positiva, no porque exportamos más, sino porque importamos menos. La falta de dólares no responde a un agotamiento de un ciclo económico alcista, sino todo lo contrario, la especulación financiera llevó a que hoy tengamos compromisos muy elevados en moneda extranjera por deuda que contrajimos que no tuvo efectos en la economía real.
Los desafíos del próximo gobierno deberán centrarse en estabilizar las variables nominales: la inflación y el tipo de cambio. También lograr reordenar el caos financiero que deja el gobierno de Macri con una tasa de interés de referencia por encima de 80 por ciento, de manera tal de poder reactivar los créditos productivos y permitir que de la mano del aumento del empleo y el poder adquisitivo de los salarios comience a dinamizarse el consumo interno. Sumado a esto estará el pago de la deuda y la renegociación del acuerdo con el FMI que permita a la nueva administración poder implementar políticas públicas que avancen en reactivar la economía real.
* Economista

El doble rol de las divisas
Por Lavih Abraham **
Necesitamos dólares. Se consiguen a través de la exportación, principalmente por la venta en los últimos eslabones de la cadena. Sin embargo, conseguir divisas es una tarea que compromete a buena parte de la matriz productiva nacional. Miles de personas, empresas, cooperativas y el propio Estado unen esfuerzos para producir y comerciar bienes y servicios que tienen como destino el mercado externo. Es que la producción exportada tiene un doble carácter. La ganancia de los exportadore es también un bien social que satisface las necesidades de gastos del país en el extranjero. Nos sirve para importar materias primas y bienes de consumo, el turismo en el exterior y servicios varios que no se prestan localmente. En este doble carácter, en el que todos producimos los bienes y servicios que se exportarán, pero sólo algunos se quedan con los dólares porque son quienes se encargan de su comercialización en el exterior. Se juega buena parte de los desafíos de la política económica de los próximos años.
Por ejemplo, productores agrarios grandes, pequeños o cooperativos, sus proveedores y transportistas que transitan rutas construidas por el Estado se conjugan para que una aceitera exporte soja. Y es esta última la que decide qué hacer una vez que cobró los dólares en el extranjero; es decir, tiene la potestad de liquidarlos o no. El ejemplo no es trivial. Las principales exportadoras aceiteras eligieron no liquidar casi 18.000 millones de dólares desde que se relajó la obligación para hacerlo (primero a 5 años, luego a 10 años y finalmente por plazo indefinido).  Si hubieran sido liquidados esos dólares y los de otros complejos exportadores, un stock mayor de reservas podría haber evitado la deuda con el FMI, podría haber estabilizado el tipo de cambio y tener los precios en pesos controlados, en lugar del desmadre inflacionario que atraviesa la Argentina desde hace un año.
Después de las PASO, tras tres años de apertura y desregulación, el gobierno pegó un volantazo para controlar las divisas ante un panorama de reservas que se agotan. Se decidió obligar a liquidar las divisas a quienes exportan en un plazo de 5 días, mucho menor al que regía hasta 2015, cuando era de 60 días; se limitó la compra mensual de dólares hasta 10.000, para evitar el atesoramiento de las empresas; se estableció una autorización estatal para enviar ganancias en dólares a las casas matrices en otros países. Estas medidas sin dudas tendrán que quedarse un buen tiempo. El gobierno entrante no podrá sino mantenerlas, pero probablemente sea necesario también repensar el uso de las divisas con medidas de fondo que apunten a reducir la volatilidad cambiaria y lograr una mayor previsibilidad macroeconómica. Hace falta, en definitiva, complementar las medidas tomadas casi de urgencia por este gobierno con otras que estarán a cargo del próximo.
Una primera batería de medidas deseables apuntaría a un mayor control de capitales de corto plazo. La experiencia histórica de Chile durante la década de 1990 muestra que es posible morigerar el efecto de una salida brusca de capitales especulativos, aplicando medidas tales como establecer el plazo mínimo de un año para la inversión; un 30 por ciento de la inversión debe quedar en garantía, no remunerada; y cobrar una tasa a los préstamos extranjeros. Esos requisitos se aplicaron durante siete años y luego fueron quitándose gradualmente.
Es necesario además reglamentar la Ley de Inversiones Extranjeras de la última dictadura actualmente vigente. En particular, reglamentar la posibilidad de girar utilidades, esto es, cuántos dólares se pueden mandar a la casa matriz y dar una definición más clara respecto de qué se considera “inversión”. En particular, habría que diferenciar entre inversiones nuevas y compra de activos preexistentes.
Por otro lado, habría que terminar con la posibilidad de que el Estado emita bonos que se compran en pesos y se pagan en dólares. Si el Estado va a pagar capital e intereses en dólares, esos títulos necesariamente tienen que ser comprados con dólares. También sería deseable lograr un perfil de deuda externa tomada con organismos internacionales para proyectos específicos y no una toma alocada en mercados como fue la norma durante este gobierno.
En definitiva, el Estado tiene que tomar un rol activo en la definición del destino de un excedente social sin que eso implique ningún tipo de lesión a derechos de propiedad ni mucho menos. Parafraseando a Georges Clemenceau se puede decir que para nuestro país los dólares son un asunto demasiado importante como para dejarlos en mano de los exportadores.
** Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.
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