Economia - Patria Moreira

Año 7. 2019.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Carlos Bianco, hombre clave de Axel Kicillof: "Vidal nos va a dejar una provincia con emergencia alimentaria"

El economista que trabaja con Axel Kicillof alertó por la pobreza extrema en Buenos Aires, pero también la situación educativa y de refinanciamiento de la deuda provincial.

Carlos Bianco, integrante del equipo económico de Axel Kicillof, alertó que María Eugenia Vidal dejará "una Provincia con emergencia alimentaria". No obstante, aclaró que no es posible realizar un análisis completo por toda la información que la gobernadora se niega a publicar.
El economista advirtió por el incremento de la pobreza en Buenos Aires luego de de cuatro años de María Eugenia Vidal, quien aplicó la misma política que Mauricio Macri pero a nivel local, y con idénticos resultados. "Vidal va a dejar una emergencia alimentaria, educacional y de refinanciamiento de la deuda provincial", resaltó en la noche del miércoles, en la mesa de cierre del sexto Congreso de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación y la Universidad de Quilmes.
Entre la herencia que recibirán si el Frente de Todos gana las elecciones generales, detalló que habrá un faltante de entre $ 50.000 millones y $80.000 millones para cerrar los gastos de este año. “La gobernadora dijo que nos va a dejar las cuentas en orden, pero no sabemos de cómo; esperamos que no recorte gastos sociales para cubrir ese monto”, planteó ante un auditorio repleto. “No tenemos claro el diagnóstico de lo que nos va a dejar Vidal porque no publica los datos”, dijo.
El endeudamiento también será uno de los frentes más complejos que deberá afrontar Kicillof. Mientras el pasivo bonaerense se erigía a U$S 9.362 millones en 2015, alcanzó los U$S 11.959 millones en marzo de este año. “No sólo aumentó la deuda, sino que la mayoría es en dólares, con privados y achicó el tiempo del vencimiento”, subrayó Bianco.
Esto se da en un contexto de que Buenos Aires genera más de un tercio de la producción del país, pero recibe sólo el 23% de la coparticipación. Ningún Estado sub-soberano tampoco recauda divisas, por lo que deberá juntar pesos y comprar con ellos moneda extranjera en el mercado de cambios con autorización previa del gobierno nacional.
También mostró preocupación por el nuevo brote de sarampión que tiene la Provincia, un suceso que no se daba en décadas. Por último cuestionó el lema del PRO de que mejoraron la seguridad: “Subieron todos los delitos; además, incautaron más droga pero el consumo aumentó”.
Durante su exposición, Bianco analizó que Macri llegó en 2015 con un modelo económico “muy claro, que jamás se comprobó en la historia, que es la ‘teoría del derrame’. Pero el contexto mundial no le permitió mostrarnos si en esta ocasión se daba la rareza de que por primera vez se cumplía".
Le jugó en contra la nueva disputa de dominancia mundial, donde China pugna aún por el puesto de Estados Unidos. El que calificó como el tercer debate por el poder internacional “cerró los mercados, generó mucha turbulencia en el mundo y un escaso crecimiento del comercio”.
El Presidente no vio ninguna de estas señales y decidió aplicar la apertura de todas formas. "Macri estaba desconectado de la realidad mundial". “Tenía el objetivo de crear un boom exportador, una lluvia de inversiones y captar capitales internacionales para grandes proyectos de inversión”.
Para lo primero devaluó desde los $ 9,45 de 2015 hasta los $ 60 actuales y firmó acuerdos bilaterales. Los “brotes verdes” los pretendía con la desregulación cambiaria y financiera. La llegada de fondos internacionales, en tanto, la buscó con la capitulación ante los fondos buitre. “Esperaba que estas tres movidas generen un derrame de riqueza hacia abajo, pero no pudo ni probarla”, explicó Bianco.
El ex secretario de Relaciones Económicas Internacionales del kirchnerismo compartió mesa en el auditorio del CCC junto a Magdalena Rúa, Carlos Heller, Martín Burgos, Rodolfo Pastore, Alexandre Roig, con la moderación de Juan Carlos Junio.
Los desarrollos urbanos terminados y sin entregar incluyen 950 locales

Parálisis económica vocacional

La habilitación de los barrios construidos con el ProCreAr también hubiera impedido el cierre de muchos negocios y pequeños emprendimientos productivos. En la línea de Desarrollo Urbanístico del ProCreAr está contemplado un espacio para locales, lo que le hubiese aliviado la situación a los que no pueden enfrentar el costo pleno de un alquiler comercial. En total hay 950 locales en estos desarrollos que podrían alquilarse o entregarse en leasing con facilidades, además de estimular la actividad en esos barrios y empujar la rueda del consumo.
Uno de los casos más emblemáticos es la Estación Buenos, en CABA, donde hay 73 locales comerciales vacíos. En este barrio además hay 2406 viviendas sin entregar sobre un total de 2476. Le sigue en importancia Estación Sáenz, con la totalidad de las 711 viviendas sin entregar, al igual que los 14 locales. Son los proyectos urbanísticos más importantes en extensión e inversión que se hicieron en esos barrios dentro del programa ProCreAr. El complejo viviendas en Ushuaia tiene sus 481 casas vacías, como así también sus cinco locales comerciales. En este caso además afecta el desmantelamiento del polo tecnológico en La Isla, lo que provocó una migración de trabajadores desempleados –con sus familias- hacia el Continente.
Hay muchos casos más donde se podrían haber utilizado estos desarrollos para estimular la actividad, aunque sea desde lo comunal. En Buenos Aires, en Canning hay 17 locales vacíos; en San Antonio de Areco, 92 locales; en San Nicolás, 22, en Ituzaingó, 30 y en Tandil, 82. En Córdoba hay dos complejos, uno en Alejandro Roca, con 34 locales vacíos, y otro en Barrio El Liceo, con 218. En la ciudad de Corrientes, 25 locales más sin utilizar, en Granadero Baigorria (Santa Fe), lo mismo con 14.
En Río Gallegos no se habilitaron 32 locales del desarrollo, en Madryn sucede lo mismo con 47 locales, en Mendoza, con 39, y en Santa Rosa (La Pampa), 43.  En Huaico (Salta) se suman 34 locales en las mismas condiciones, en San Luis, 28 y en Santiago del Estero, 20 más.
El gobierno demora sin justificación la entrega de unidades terminadas del Plan ProCreAr

Más de 14 mil viviendas vacías en plena crisis habitacional

El 64 por ciento de las 22.500 viviendas de desarrollos urbanísticos del ProCreAr que heredó el macrismo, están terminadas y sin entregar. Desidia oficial y falta de voluntad política.

En medio de la crisis habitacional que profundizó Cambiemos y que afecta actualmente a una de cada tres familias, el gobierno finaliza su mandato sin entregar 14.300 viviendas listas del plan ProCreAr. Se trata del 64 por ciento de las 22.500 viviendas de Desarrollos Urbanísticos del programa que heredó el macrismo del gobierno anterior. Las obras estaban terminadas en su gran mayoría -el resto tiene un nivel de avance del 70 por ciento-, pero la desidia oficial dejó que cuestiones burocráticas de habilitación de servicios se amontonen y sólo se hayan entregado las que estaban pre-adjudicadas. También hay una lógica comercial que frena el programa: el gobierno no las quiere entregar al costo. En estos cuatros años se modificó el esquema de entregas por un sistema de scoring, con un carácter pensado menos en lo social y más en lo financiero, pero tampoco así se avanzó en nuevas adjudicaciones. La crisis económica además aleja a las familias de la posibilidad de acceder a un crédito, aunque sea subsidiado, para una vivienda.
El déficit habitacional en la Argentina no es un fenómeno nuevo. Sin embargo, el problema del acceso a la vivienda propia se agudizó y hoy muchas familias no tienen posibilidad siquiera de contar con un techo, aunque sea alquilado. El deterioro en los ingresos de las familias, la pérdida de empleos y el aumento constante de los precios hacen imposible pensar en comprar una casa. Las tasas de interés del sistema superan el 70 por ciento, las obras estás paralizadas y las constantes devaluaciones hacen subir los valores de las propiedades. Esto además se refleja en el precio de los alquileres. Tal como hace con la ley de emergencia alimentaria, el gobierno tiene a mano y no usa una herramienta para dar solución a muchas familias, aunque sea alquilando las propiedades, como propone un ex técnico del ProCreAr.

Para Todos
El Programa de Crédito Argentino (Procrear) se lanzó en 2012 con un objetivo de 400.000 viviendas. Dentro de ese programa había una línea de compra de terreno y construcción de vivienda, financiando el 100 por ciento del valor de ambos. Los Desarrollos Urbanísticos eran parte de esta línea. Entre 2012 y 2015 se realizaron 172.000 viviendas del ProCrear, de las cuales 22.500 se construyeron en 67 desarrollos urbanísticos ubicados en Ciudad y Gran Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Corrientes, Santa Fe, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan, Misiones, Chubut, Chaco, Santa Cruz, Tierra del Fuego, San Luis, la Pampa, Tucumán, Neuquén y Entre Ríos.
El plan buscaba beneficia a grupos sociales medio y medio-bajo de la población, a partir de una preselección en la que se tomaba en cuenta casos de enfermedad o composición de riesgo de las familias y, después, se adjudicaban por sorteo. Entre 2012 y 2015 el gobierno invirtió en este programa 56.000 millones de pesos, equivalente a unos 5600 millones de dólares al tipo de cambio de fin de 2015, cifra similar a la que hoy mendiga el país al Fondo Monetario. El programa generó entonces 200.000 puestos directos.
Macri modificó el programa, haciendo necesario un ahorro previo del 10 por ciento de la propiedad para acceder a los planes y, para el caso de construcción, había que tener el terreno propio o de familiar directo. Se imponía además un sistema de scoring (puntaje crediticio), lo que desnaturalizaba el plan. Según señalaron fuentes que estuvieron en el diseño de estos desarrollos, al asumir el gobierno la decisión era que no se entregarían “al costo”. De todos modos, el programa estuvo congelado casi desde que sumió Cambiemos.

Para Nadie
“Lo más llamativo es que estando terminadas todavía nos las hayan asignado a ningún beneficiario, negándole el derecho a la vivienda a la población”, comenta uno de los técnicos desplazados de esa área por la administración macrista. No son sólo viviendas. Se construyeron barrios completos. La línea de Desarrollos Urbanísticos cuenta con áreas para el uso público, locales comerciales, áreas destinadas para alojar equipamientos de salud, educación, recreativos además de contar con adaptación a personas con capacidades diferentes. Se construyó una vivienda por cada 50 adaptada para personas con movilidad reducida, lo que los ubica en la vanguardia mundial respecto a parámetros de desarrollo urbano y vivienda del mundo.
El gobierno además se encontró con un fideicomiso financiero a 30 años administrado por el Banco Hipotecario, que permite que la obra se autofinancie con el pago de los créditos. Hoy el rendimiento de ese fideicomiso se gasta en buena medida en seguridad y mantenimiento de casas y locales vacíos en esos barrios, que en el sector estiman en unos 350 millones de pesos al año. Dado que se trata de casas de hasta tres habitaciones con 90 metros cuadrados edificados en promedio, esas 14 mil viviendas equivalen a negarle el derecho a vivienda a más de 60 mil personas.
“El problema es que, conceptualmente, para el gobierno esas viviendas no se tienen que entregar al costo, como hacía la anterior gestión”, agregó la fuente. Entre las causas de la negativa, según explican, hubo muchas dilaciones para culminar los trámites municipales o con empresas prestatarias de servicios. Por otro lado, la devaluación del actual gobierno dejó afuera a un importante conjunto de familias que, al momento de iniciar la construcción, podía pagarlas y hoy, con el sistema UVA, se encuentra fuera de toda posibilidad. “También hay un tema de insensibilidad del gobierno, que considera que estas viviendas son muy suntuosas para la clase social a la cual fueron apuntadas”, concluyó la fuente consultada.
En el actual contexto es difícil pensar que se pueda reactivar en el corto plazo, y vía crédito, la compra de viviendas, pero para la próxima gestión ya hay 14.300 viviendas de las que podrá disponer para dar atención a las familias más necesitadas. Una opción podría ser que el Estado se haga cargo de las obras y permita un acceso también para alquiler (incluso de comercios) , al menos en una primera instancia.
Primer documento del FMI post Lagarde: flexibilización laboral, apertura, privatizaciones y desregulación financiera

En el FMI cambia la cara pero no la receta

El Panorama Económico Mundial adelantado hoy insiste en las reformas estructurales para los paìses emergentes que hicieron desbarrancar a varias economías. Entre ellas, la argentina.

Reformas estructurales para todos los países emergentes. Con esa consigna comienza la gestión de Kristalina Georgieva al frente del Fondo Monetario Internacional. Flexibilización laboral, apertura comercial, privatizaciones y desregulación financiera, componen el paquete de reformas que, según promete la nueva conducción del organismo multilateral, resultará en más crecimiento económico. Las estimaciones incluidas en el Panorama Económico Mundial sostienen que quienes emprendan esas transformaciones experimentarán una expansión del producto superior al 7 por ciento durante un período de seis años.
Argentina es mencionada como uno de los países que, a lo largo de las últimas décadas, se abrazaron al programa de reformas sin lograr los resultados prometidos pero el documento no incluye sugerencias para ninguna economía en particular. “En algunos casos puede haber sucedido que las ganancias de las reformas hayan sido anuladas por episodios adversos como shocks macroeconómicos o políticas equivocadas. Un ejemplo es la sobrevaluación del tipo de cambio y el colapso de la convertibilidad en Argentina” indica el FMI al lamentar que la crisis “también condujo a la reversión de reformas anteriores”.
La existencia de casos fallidos no altera la creencia del organismo en el mantra de la flexibilización, la apertura y la desregulación. El recetario para crecer y cerrar la brecha de ingresos con los países desarrollados está para ser implementado por todos los países en desarrollo sin distinción, incluso Argentina a quien le exige desde la puesta en marcha del programa de financiamiento avanzar con las reformas jubilatoria y laboral. El reporte del FMI omite además que las políticas implementadas en los casos exitosos fueron opuestas a sus recomendaciones: más regulación, más intervención, más controles, más protección.
El FMI reconoce, sin embargo, la existencia de limitaciones políticas para llevar adelante sus reformas. Para sortear esas dificultades, el principal acreedor individual de Argentina ahora sugiere que los gobiernos “actúen rápidamente después de una victoria electoral para implementarlas durante su ‘la luna de miel’ política”. El organismo estimó que llevar adelante un paquete de reformas estructurales el año antes de las elecciones pueden llegar a perder hasta 3 puntos porcentuales. Que según indica el organismo es equivalente a sostener que las chances de reelección para la coalición de gobierno se reducen 17 puntos porcentuales.
Una segunda recomendación del Fondo a quienes aventuran el recorrido reformista es hacerlo en momentos de bonanza. “Las reformas tardan varios años en dar resultados y algunas de ellas -como reducir la protección laboral o liberalizar el mercado financiero- pueden implicar mayores costos cuando se implementan en momentos malos; lo mejor es realizarlas bajo condiciones económicas favorables y al comienzo de los mandatos electorales”, sostiene el reporte del organismo multilateral con el que deberá negociar el próximo gobierno argentino. Y, en tercer lugar, reconoce la regresividad de las medidas sugeridas para recomendar que sean acompañadas por “medidas complementarias que mitiguen los efectos adversos de las reformas en la distribución del ingreso”.
El relanzamiento del decálogo permanente de reformas estructurales del FMI está incluido en el tradicional informe anual del FMI que proyecta la marcha de cada país. El documento completo con esos guarismos será presentado la semana próxima durante la Asamblea Anual del FMI pero, como es habitual, el organismo difundió de manera anticipada algunos de sus capítulos. Esta edición del Panorama Económico Mundial será la primera elaborada bajo la gestión de Georgieva. Y, la flamante Directora Gerente del Fondo, ya se hizo eco de sus recomendaciones. “Un nuevo estudio del FMI centrado específicamente en las economías de mercados emergentes y en desarrollo muestra de qué manera las reformas estructurales pueden aumentar la productividad y generar enormes beneficios económicos”, remarcó la economista búlgara este martes al apuntar directamente al grupo de países entre los que se ubica la Argentina.
El aumento de precios subió a 6,2 por ciento en septiembre, según el relevamiento del Instituto de Trabajo y Economí

La inflación en alimentos es más alta

La renovada presión inflacionaria estuvo concentrada en el precio de los alimentos. Harinas, carnes, manteca y quesos registraron subas de dos dígitos en el Indice de Relevamiento de Precios del ITE.

La inflación escaló 6,2 por ciento en septiembre y registró así el valor mensual más elevado en un año. El relevamiento de precios elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abadala trepa así 50,4 por ciento. A pesar de la profunda crisis de consumo masivo que limita las posibilidades del traslado a los precios de la devaluación y el alcance de la eliminación temporaria del IVA para algunos alimentos, la renovada presión inflacionaria estuvo concentrada en el precio de los alimentos. Harinas, carnes, manteca y quesos registraron subas de dos dígitos en el Indice de Relevamiento de Precios del ITE.
Con los registros acumulados en lo que va del año el gobierno de Mauricio Macri establecerá un nuevo record argentino. Cuando termine su mandato la inflación se ubicará por encima del 50 por ciento anual: 2019 quebrará la marca establecida un año antes y alcanzará el mayor nivel en tres décadas. Así, la inflación anual computada en dos de los cuatro años de Cambiemos en la Casa Rosada solo quedará detrás del guarismo observado en 1991 en las postrimerías de la hiperinflación.
Ante el rotundo fracaso de la estrategia oficial para contener la sostenida escalada en el precio de los alimentos y el impacto de la aceleración inflacionaria sobre la pobreza, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, lanzó su "Plan Argentina contra Hambre". La medida no solo se busca bajar el precio de los alimentos y mejorar los ingresos de las familias sino que también apuntará a mejorar los hábitos de alimentación. La iniciativa que propone impulsar Fernández contempla regular el precio de una canasta básica de alimentos, relanzar y reforzar el programa Precios Cuidados desarticulado a lo largo de los últimos cuatro años, reforzar la alimentación escolar y establecer una canasta de alimentos saludables.
El Indec difundirá su medición de precios para septiembre la próxima semana. El último dato disponible es el 4,0 por ciento de agosto cuando el IPC registró un primer impacto de la devaluación registrada después de las elecciones primarias. Así los registros oficiales acumularon un alza de 30 por ciento en ocho meses y una disparada del 54,5 por ciento en doce meses. Consultoras privadas, universidades y centros de investigación esperan que la inflación minorista se ubique entre 5 y 6 por ciento en septiembre. El ITE-FGA estimó un incremento del 6,2 por ciento, el nivel más alto en un año.
El informe de ITE indica que la escalada se vio impulsada por una suba en Alimentos y Bebidas del 6,5 por ciento. Con menor peso sobre el indicador general pero con alzas más significativas se ubicaron los rubros Equipamiento y Mantenimiento del Hogar (10,4 por ciento) y Atención Médica y Salud (9,9 por ciento).
En el último caso, el aumento responde al alza de las cuotas de las empresas de medicina prepaga a quienes el gobierno de Cambiemos le habrá autorizado en doce meses el mayor incremento en la cuota desde la sanción de la ley que regula la actividad, en 2011 . Cuando entre en vigencia al ajuste de noviembre autorizado la semana pasada, el séptimo en el transcurso de 2019, el incremento en el bolsillo del afiliado habrá llegado al 69,6 por ciento interanual, muy encima de cualquier medición inflación. También incide sobre la escalada en el rubro Atención Médica y Salud del índice de precios del ITE-FGA los sostenidos aumentos en los valores de los medicamentos.
El ex economista-jefe del FMI analizó la crisis del país
Rogoff: “El incumplimiento de Argentina era inevitable”

El profesor de Harvard puntualizó que "el gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a incumplir su pago casi con la misma velocidad”.

El ex economista-jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kenneth Rogoff, aseguró que "el incumplimiento de la Argentina era inevitable porque la combinación de deuda, déficit y política monetaria era insostenible". En una columna publicada el miércoles en el sitio Project Syndicate , el ahora profesor de la Universidad de Harvard puntualizó que "el gobierno argentino acumuló un montón de deudas casi de la nada con una velocidad sorprendente, y luego procedió a incumplir su pago casi con la misma velocidad”. “En comparación con el default en cámara lenta del país en 2002, la última crisis se siente como Shakespeare en 60 segundos”, agregó.
Rogoff, quien fuera economista jefe del FMI entre 2001 y 2003, sostuvo que "en ambos casos (2002 y 2019) el incumplimiento era inevitable, porque la combinación de deuda, déficit y política monetaria del país era insostenible, y la clase política no podía hacer los ajustes necesarios a tiempo".
El economista señaló que "Macri heredó una economía en la que la deuda no era alta (debido al incumplimiento de 2002), y el principal problema fiscal era un sistema de pensiones insostenible".
Además señaló que "la receta normal para una administración entrante habría sido afrontar el dolor de la consolidación del presupuesto desde el principio y esperar que la economía se recupere mucho antes de las próximas elecciones. En cambio, Macri decidió cerrar la brecha presupuestaria lentamente y usar su luna de miel política para recortar impuestos y liberalizar los mercados".
El economista advirtió que "desafortunadamente después de las reformas Big Bang, las condiciones económicas tienden a empeorar antes de mejorar y parece que Macri, que enfrentará una elección a finales de este mes, no estará presente para ver eso".
Tanto en 2002 como ahora "los préstamos del Fondo Monetario Internacional solo parecieron posponer lo inevitable y, lo que es peor, exacerbar el colapso final. Entonces, después de la segunda debacle en Argentina en menos de una generación es hora de preguntar cómo reenfocar el mandato del FMI para hacer frente a las crisis de deuda de los mercados emergentes", concluyó Rogoff.
Crisis económica: para Carlos Melconian, Macri deja un país parecido al de 1989

El ex presidente del Banco Nación fue lapidario y descartó volver a usar un tipo de cambio libre y flotante. "Para un país como Argentina, no va más", sentenció.

El economista Carlos Melconian fue contundente y afirmó en una entrevista en TN que el tipo de cambio libre y flotante "no va más" para un país como Argentina.
"Estamos con control de cambios. El tipo de cambio libre y flotante se usa en el mundo moderno y estable, pero en la Argentina no estamos para eso, mucho menos con el déficit fiscal, el aumento de las tarifas y la dolarización de la economía", contó el expresidente del Banco Nación.
Melconian afirmó que el próximo gobierno "tiene que definir si sigue con el control de cambios o se va a un mercado cambiario que levante el control, pero ésto último, en el fondo, es un doble o triple mercado. Estaríamos ante un mercado segmentado".
Melconian puso en duda la llegada del desembolso del FMI por la debilidad de Macri
"Para abrir esas cosas no tenés que tener en el frente ajuste de precios relativos ni tamaña dolarización de la economía; pero sí reservas" puntualizó el economista. Y sentenció: "Si no tenés esas condiciones, no hay que encapricharse con tener la Ferrari: no se puede".
Además, criticó al presidente  por no lograr "acuerdos políticos necesarios para controlar la economía". Añadió que "no ha funcionado la conformación de Gabinete y no hubo un correcto diagnóstico ni política económica" durante la gestión de Macri.
El exfuncionario señaló además que el próximo Presidente "recibirá condiciones parecidas a las de (Carlos) Menem" en 1989, y se mostró a favor de contar con "un ministro de Economía, porque los períodos históricos buenos de la Argentina fueron cuando hubo un ministro que coordinó todo, mal llamado superministro", cerró
Crisis económica: el INDEC anunció que la pobreza subió hasta el 35,4% y la indigencia al 7,7%

Los registros son los peores en toda la era Macri. El empeoramiento de la situación se profundizó especialmente a partir de 2018.

A pesar de las promesas de campaña que realizó Cambiemos, la pobreza ascendió al 35,4% en el primer semestre de este año y se trata del peor registro en la era Macri. A su vez, el deterioro social, generado por las políticas de ajuste, llevó a que la indigencia trepe al 7,7%
De acuerdo al último informe del INDEC, la cantidad de personas que permanecen por debajo de la línea de la pobreza aumentó 8,1 puntos porcentuales, desde una perspectiva interanual. En esos mismos términos, la cifra de indigencia saltó 2.8 puntos porcentuales

LAS CLAVES DEL INFORME
Según el documento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza 2.394.274 hogares, los cuales incluyen 10.015.728 de personas. En ese conjunto, 514.273 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia, e incluyen a 2.169.496 personas indigentes. Cabe recalcar que el organismo de estadísticas toma como referencia a 31 aglomerados urbanos, que equivalen a 28.295.683 personas.
Proyectados a la población urbana nacional, pasó de 11.150.000 a 14.400.000, lo cual equivale a 3.250.000 nuevos pobres. Si se incluye la población rural, el número se eleva a 15.800.000 personas. Además, la pobreza fue de 52,6% entre los menores de 15 años; de 42,3% en las personas de 15 a 29; de 30,4% en las de 30 a 64; y de 10,4% en las mayores de 65. Tras el anuncio del acuerdo con el FMI y la megadevalaución del año pasado, el empeoramiento de la situación social en los polos urbanos había producido que el número de pobres se haya disparado un 7%, frente al mismo período del 2017. Ahora la situación no solo no mejoró, sino que empeoró.
Los salarios arrastran en los últimos 12 meses una pérdida del 9,8%. En el primer semestre de este año, las remuneraciones aumentaron un 21,1%, mientras que la inflación fue del 22,4%, 1,3 puntos porcentuales menos. Con relación a diciembre de 2015, la pérdida es mucho mayor, y trepa al 17%.
Las perspectivas no son alentadoras respecto al próximo período, ya que el salto en la cotización del dólar tras las PASO destrozaron los sueños de una leve recuperación. Analistas, bancos de inversión y consultoras estimaron que la inflación cerrará 2019 en el 55% anual y una contracción del PBI en torno al 2,5%. Así lo aseguraron a través del Relevamiento de Expectativas de Mercado que publicó el Banco Central (BCRA) a principios de septiembre.
Temas de debate: Los desafíos de la restricción externa

El objetivo es cuidar las reservas

Los especialistas coinciden en la necesidad de regular la cuenta capital para evitar la fuga de capitales. El volantazo oficial en la estrategia financiera y monetaria tras las PASO.

Un nuevo capítulo en la historia económica argentina empezó con las PASO. Ese camino se intensificó a partir de los anuncios del “reperfilamiento” de deuda y el control de cambios, medidas que son la antítesis de las decisiones que tomaba Cambiemos al momento  de asumir su mandato. Se trata de un tipo de intervención que jamás hubiera estado dispuesto a emprender. La realidad golpeó más fuerte y lo llevó a posponer parcialmente el pago de su deuda, volver a implementar la obligatoriedad de la liquidación de exportaciones y controlar las compras de moneda extranjera.
El modelo económico implementado por Mauricio Macri condujo a un callejón sin salida que lo obligó a utilizar herramientas que nunca estuvo dispuesto a poner en práctica. Los objetivos de estas medidas son varios, en primer lugar, evitar que continúe subiendo el precio del dóalr para evitar que se acelere la espiral inflacionaria, pero también garantizar las reservas necesarias para afrontar los vencimientos de deuda e intereses hasta fin de año. En ese punto, la intervención del FMI en la política económica argentina es crucial. El objetivo primordial del organismo es asegurar el repago de la deuda de los países.
La economía juega en dos ligas que están conectadas entre sí. Una de ellas, que se expresó en las urnas el 11 de agosto, asociada a la economía real que deja a más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza y pone en evidencia la necesidad de declarar la emergencia alimentaria. La otra, que ocupa la mente del equipo económico y el FMI, está vinculada con los próximos vencimientos de deuda del país, el siguiente desembolso del crédito del Fondo, el aumento del tipo de cambio y del riesgo soberano.
A menos de 60 días de las elecciones generales, falta muy poco para cambiar el modelo de política económica pero en simultáneo queda mucho tiempo para contener las variables financieras ligadas principalmente a las expectativas de los agentes del mercado. El gobierno en ejercicio no puede ni quiere cambiar el modelo económico. Un modelo basado en la valorización financiera que nunca buscó impulsar la producción y que destruyó a su paso el poder adquisitivo de los trabajadores. Este modelo es el que demostró una vez más que lo que falta en Argentina son dólares, pero esta vez no es para aumentar la producción sino para pagarle a quienes invirtieron financieramente en el país.
No resulta nuevo que la economía Argentina se enfrente recurrentemente a lo que se denomina la restricción externa. Este fenómeno es la consecuencia directa de tener una economía que produce y exporta principalmente bienes agropecuarios y que además cuenta con un entramado productivo e industrial que demanda importaciones (es decir divisas) para la compra de insumos y bienes de capital para su normal funcionamiento.
Esta fue la situación a la que se enfrentó en los últimos años el gobierno de Cristina Fernández. En la actualidad también faltan dólares pero por otras razones. La economía cayó en 2016, lo hizo también en 2018 y volverá a hacerlo en 2019 y, probablemente, también en 2020. La industria está en contracción hace quince meses, el consumo privado cae hace tres trimestres y el público hace cinco trimestres. Esta contracción de la economía argentina lleva a que en la actualidad la balanza comercial sea positiva, no porque exportamos más, sino porque importamos menos. La falta de dólares no responde a un agotamiento de un ciclo económico alcista, sino todo lo contrario, la especulación financiera llevó a que hoy tengamos compromisos muy elevados en moneda extranjera por deuda que contrajimos que no tuvo efectos en la economía real.
Los desafíos del próximo gobierno deberán centrarse en estabilizar las variables nominales: la inflación y el tipo de cambio. También lograr reordenar el caos financiero que deja el gobierno de Macri con una tasa de interés de referencia por encima de 80 por ciento, de manera tal de poder reactivar los créditos productivos y permitir que de la mano del aumento del empleo y el poder adquisitivo de los salarios comience a dinamizarse el consumo interno. Sumado a esto estará el pago de la deuda y la renegociación del acuerdo con el FMI que permita a la nueva administración poder implementar políticas públicas que avancen en reactivar la economía real.
* Economista

El doble rol de las divisas
Por Lavih Abraham **
Necesitamos dólares. Se consiguen a través de la exportación, principalmente por la venta en los últimos eslabones de la cadena. Sin embargo, conseguir divisas es una tarea que compromete a buena parte de la matriz productiva nacional. Miles de personas, empresas, cooperativas y el propio Estado unen esfuerzos para producir y comerciar bienes y servicios que tienen como destino el mercado externo. Es que la producción exportada tiene un doble carácter. La ganancia de los exportadore es también un bien social que satisface las necesidades de gastos del país en el extranjero. Nos sirve para importar materias primas y bienes de consumo, el turismo en el exterior y servicios varios que no se prestan localmente. En este doble carácter, en el que todos producimos los bienes y servicios que se exportarán, pero sólo algunos se quedan con los dólares porque son quienes se encargan de su comercialización en el exterior. Se juega buena parte de los desafíos de la política económica de los próximos años.
Por ejemplo, productores agrarios grandes, pequeños o cooperativos, sus proveedores y transportistas que transitan rutas construidas por el Estado se conjugan para que una aceitera exporte soja. Y es esta última la que decide qué hacer una vez que cobró los dólares en el extranjero; es decir, tiene la potestad de liquidarlos o no. El ejemplo no es trivial. Las principales exportadoras aceiteras eligieron no liquidar casi 18.000 millones de dólares desde que se relajó la obligación para hacerlo (primero a 5 años, luego a 10 años y finalmente por plazo indefinido).  Si hubieran sido liquidados esos dólares y los de otros complejos exportadores, un stock mayor de reservas podría haber evitado la deuda con el FMI, podría haber estabilizado el tipo de cambio y tener los precios en pesos controlados, en lugar del desmadre inflacionario que atraviesa la Argentina desde hace un año.
Después de las PASO, tras tres años de apertura y desregulación, el gobierno pegó un volantazo para controlar las divisas ante un panorama de reservas que se agotan. Se decidió obligar a liquidar las divisas a quienes exportan en un plazo de 5 días, mucho menor al que regía hasta 2015, cuando era de 60 días; se limitó la compra mensual de dólares hasta 10.000, para evitar el atesoramiento de las empresas; se estableció una autorización estatal para enviar ganancias en dólares a las casas matrices en otros países. Estas medidas sin dudas tendrán que quedarse un buen tiempo. El gobierno entrante no podrá sino mantenerlas, pero probablemente sea necesario también repensar el uso de las divisas con medidas de fondo que apunten a reducir la volatilidad cambiaria y lograr una mayor previsibilidad macroeconómica. Hace falta, en definitiva, complementar las medidas tomadas casi de urgencia por este gobierno con otras que estarán a cargo del próximo.
Una primera batería de medidas deseables apuntaría a un mayor control de capitales de corto plazo. La experiencia histórica de Chile durante la década de 1990 muestra que es posible morigerar el efecto de una salida brusca de capitales especulativos, aplicando medidas tales como establecer el plazo mínimo de un año para la inversión; un 30 por ciento de la inversión debe quedar en garantía, no remunerada; y cobrar una tasa a los préstamos extranjeros. Esos requisitos se aplicaron durante siete años y luego fueron quitándose gradualmente.
Es necesario además reglamentar la Ley de Inversiones Extranjeras de la última dictadura actualmente vigente. En particular, reglamentar la posibilidad de girar utilidades, esto es, cuántos dólares se pueden mandar a la casa matriz y dar una definición más clara respecto de qué se considera “inversión”. En particular, habría que diferenciar entre inversiones nuevas y compra de activos preexistentes.
Por otro lado, habría que terminar con la posibilidad de que el Estado emita bonos que se compran en pesos y se pagan en dólares. Si el Estado va a pagar capital e intereses en dólares, esos títulos necesariamente tienen que ser comprados con dólares. También sería deseable lograr un perfil de deuda externa tomada con organismos internacionales para proyectos específicos y no una toma alocada en mercados como fue la norma durante este gobierno.
En definitiva, el Estado tiene que tomar un rol activo en la definición del destino de un excedente social sin que eso implique ningún tipo de lesión a derechos de propiedad ni mucho menos. Parafraseando a Georges Clemenceau se puede decir que para nuestro país los dólares son un asunto demasiado importante como para dejarlos en mano de los exportadores.
** Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía.
Expertos en legislación laboral opinan sobre la baja de las indemnizaciones por accidentes

Nuevo DNU de Macri: "Lo van a declarar inconstitucional"

Los laboralistas aseguran que la rebaja en las indemnizaciones no se sostendrá en el tiempo, porque el decreto de necesidad y urgencia puede ser impugnado. Pero que tendrá efectos reales, porque sumará presión para que las familias que no pueden esperar los tiempos judiciales acepten "acuerdos conciliatorios" más bajos.

Los abogados laboralistas cuestionaron que Mauricio Macri haya bajado por decreto las indemnizaciones por accidentes laborales cuando faltan sólo dos meses para el cambio de gobierno y anticiparon que es improbable que la medida se sostenga en el tiempo, porque su imposición por DNU la vuelve impugnable judicialmente.
“Una reforma de este tipo no podría ser aprobada hoy por el Congreso, que es donde debió ser tratada. Claramente el presidente Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia porque el tiempo no le alcanza para que se apruebe un proyecto de ley de esta índole, y en diciembre el gobierno cambia. No hay otras razones de necesidad y urgencia que lo justifiquen”, aseguró Luis Enrique Ramírez, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL).
El decreto modificó el modo de calcular la parte de la indemnización que el trabajador accidentado -o su familia, en caso de fallecimiento- recibe en concepto de actualización por el tiempo que pasó desde que ocurrió el accidente hasta que el pago de la sentencia se hace efectivo. Es usual que ese tiempo supere los tres o cuatro años.
La ley que se aplicaba en la Argentina, que venía de los ‘90, no contemplaba que debido a la inflación, las indemnizaciones podían desdibujarse enormemente. En 2017, con la última reforma que se hizo a la ley, ese cálculo se modificó. “La modificación fue impuesta en el Senado por los representantes del bloque justicialista, como condición para que la ley fuera aprobada.
Los senadores del peronismo tenían por su número el control de la aprobación o no del proyecto. Entendieron, correctamente, que entre la fecha del accidente y el momento en que al trabajador le pagan puede pasar mucho tiempo: estamos hablando de años. La modificación estableció una actualización aplicando los intereses de la tasa activa del Banco Nación, que es lo que ahora fue reemplazado por el índice RIPTE, un promedio salarial que obviamente viene quedando muy por debajo”, agregó Ramírez. Para Guillermo Gianibelli, no hay dudas de que los tribunales "van a declarar inconstitucional la medida. No da para nada con los parámetros de necesidad y urgencia”, consideró.
Sin embargo, para el laboralista habrá un efecto directo, y es que el decreto funcionará como un elemento más de presión para que los accidentados -o sus familiares- acepten “acuerdos conciliatorios” en las Comisiones Médicas, una instancia en la que las víctimas y la ART pueden acordar previamente, sin esperar los tiempos de una sentencia judicial.
La industria nacional perdió 20 puntos de participación

El sector juguetes se queda sin pilas

La apertura comercial y la caída del consumo explican la menor producción. En el sector apuestan por artículos más económicos.

En menos de cuatro años de gestión de Cambiemos, la industria del juguete perdió 20 puntos de participación en el mercado interno. Las empresas nacionales pasaron de representar el 50 por ciento de la oferta local a un 30 por ciento en la actualidad, debido a la política de apertura industrial, tasas de interés siderales y aumento de costos. Esta situación coincide con un mercado interno que se redujo respecto de 2015, a causa del deterioro del poder adquisitivo. En consecuencia, cerró una de cada diez fábricas de juguetes instaladas en el país, la capacidad ociosa promedio pasó del 10 al 40 por ciento y los turnos rotativos de 24 horas en seis días de la semana bajaron a 8 horas en cuatro días.
Los números de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, a los que accedió este diario, dan cuenta del color de la crisis que atraviesa este rubro.  En el país hay alrededor de 180 empresas productoras de juegos y juguetes, todas micro, pequeñas y medianas empresas familiares. Desde 2016, se calcula un achicamiento del mercado del juguete del orden del 35 por ciento. En tanto, hasta 2018 (últimos datos disponibles), las importaciones subieron, medidas en kilogramos, un 75 por ciento y las empresas importadoras crecieron de 228 a 410. En cambio, la cantidad de fábricas bajó de 200 a 180, la capacidad ociosa promedio subió de 10 a 40 por ciento, y las horas trabajadas pasaron de 144 a 32 en promedio por semana.
De todas maneras, coinciden en el sector, el último año fue también muy malo para los importadores. En los últimos meses se viene registrando una reducción debido al sobrestock de productos que se había generó en los meses anteriores por la importación descontrolada que no pudo ser absorbida por la demanda interna. Según los números de la cámara, en el primer semestre de 2019 se redujo en un 45 por ciento la importación de juguetes respecto de igual período del año pasado. El 90 por ciento provino de China.
“Esto fue un proceso gradual. Las importaciones fueron subiendo por escalones. Al principio, el daño no es tan grande, hasta que al final terminamos con un 80 por ciento más de importados que en 2015. El otro gran problema son las tasas de interés, porque estas tasas de locura llevan casi un año y medio y se hace inviable cualquier actividad industrial. Comerciantes, supermercados y jugueterías nos pagan a plazo en 120 días y nosotros compramos insumos difundidos en dólares y al contado”, explica Emmanuel Poletto, fabricante de productos de cotillón y globos.
La estrategia es producir juguetes baratos. “Se venden juguetes más económicos. Por eso las fábricas de juegos de aire libre o triciclos, que son más costosos, la están pasando peor”, agrega Poletto. Un caso interesante es la empresa que fabrica Top Toys. “Ya llevamos cuatro temporadas muy malas. La plata que usábamos para desarrollar productos fue destinada a pagar intereses por las tasas altas. Sin embargo, hace varios años que comenzamos a prepararnos para este desastre: desarrollamos líneas de productos de menor precio, como masas de moldeo entre 60 y 200 pesos al público", dijo Damián Mondrik, de esa firma.
En relación a las importaciones, en el sector aclaran que el reclamo se centra en aquellos productos que tienen reemplazo por producción nacional, como por ejemplo el caso de los triciclos, en donde hay abierta una investigación por presunto dumping de artículos provenientes de China. “No estamos en contra de la Barbie o de autos a radio control o de productos que no se fabrica localmente y tienen fuerte contenido de marca. Por acá se están importando las mismas cosas que fabricamos”, indicó Poletto.
El FMI le soltó la mano a Macri y cancelará la relación con Argentina por un tiempo

“La situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja”, sentenciaron desde el organismo.

El Gobierno recibió la peor noticia luego de que el FMI haya anunciado que una ruptura en la relación que une al organismo y Argentina. De este modo, no hay ningún tipo de proyección sobre cuándo se otorgará el desembolso por U$S 5.400 millones.
El programa financiero de Argentina con el Fondo estará en suspenso durante algún tiempo, a medida que la Argentina resuelva la incertidumbre política y económica que atraviesa, reveló el director gerente interino del organismo multilateral de crédito, David Lipton, en una entrevista concedida a la agencia de noticias Bloomberg.
El organismo “trabajará para una eventual reanudación de una relación, algún tipo de relación financiera con ellos, que puede tener que esperar un tiempo”, señaló Lipton. Además, analizó: “la situación de Argentina en este momento es extremadamente compleja”.
En el reportaje, Lipton planteó además que están abiertos a trabajar con cualquier candidato que gane las elecciones del 27 de octubre. “No es nuestro negocio tratar de adivinar el camino político en el futuro, no podemos hacer eso”, analizó.
Tras estos dichos, el mensaje del Fondo al presidente, Mauricio Macri, es contundente: los U$S 5.400 millones que deberían haber sido depositados a comienzos de septiembre como parte del acuerdo stand by firmado el año pasado, no llegarán hasta nuevo aviso, cuando tal vez ya se haya confirmado un cambio de gobierno.
Alvarez Agis, economista

El acuerdo stand by con el FMI  fracasó porque estaba mal diseñado

"Vos hiciste todo lo que te dijo el Fondo, cumpliste con todas las cuestiones que te exigió, pero el programa fracasó porque estaba mal diseñado. Cuando mi mamá me decía 'hacé la tarea y después salís a jugar', yo la hacía y después iba a jugar. Acá hacés todo lo que te pide el Fondo y después no te dan la plata. Eso es inaceptable, institucionalmente pésimo", señaló el ex viceministro de Economía, Emmanuel Alvarez Agis, en relación al desembolso pendiente de 5400 millones de dólares que el FMI mantiene en veremos y que es uno de los factores que más incertidumbre genera en el escenario financiero nacional.
Por otro lado, Alvarez Agis sostuvo que “los controles de cambios se ponen para evitar perder reservas. Pero hoy se pierden reservas a un ritmo de 90 millones de dólares por día. Es decir, el recambio presidencial llegará con un Banco Central muy finito, con muy pocas reservas pero con un dólar estable. La ventaja del control de cambios es la estabilidad del dólar, pero la desventaja es que hay dos tipos de cambio, el formal y el que se va armando en el mercado financiero, llamado contado con liquidación”. El economista consideró que “la Argentina tiene que quedar con un control de cambios como el de los años 2003, 2004 y 2005, que no generaba muchos efectos colaterales”.
En relación a la idea de la dolarización, que reflota en los sectores ultra-liberales en los momentos de crisis, Alvarez Agis indicó que “la teoría dice que la dolarización es para solucionar el déficit fiscal, pero las tres economías dolarizadas de América latina (El Salvador, Ecuador y Panamá) perdieron su moneda y no solucionaron el déficit fiscal. En el contexto argentino, si agarrás todos los pesos de la economía y los cambiás por dólares en el Banco Central, el tipo de cambio implícito está por arriba de los 100 pesos. Dolarizar es además poner un tipo de cambio muy alto. No lo recomiendo bajo ningún punto de vista”.
En el primer semestre bajó 13,2 por ciento

El menor consumo de leche desde 2003

El Observatorio de la Cadena Láctea, que depende de la Secretaría de Agricultura, reconoció la abrupta caída de la demanda, a un mínimo en 16 años. Se debe a la disparada de los precios, del 93,5 por ciento interanual.

Durante el gobierno de Cambiemos hubo un descenso ininterrumpido en el consumo per cápita anual de leche hasta ubicarse actualmente en el menor nivel desde 2003. En el primer semestre del año el consumo fue de a 182 litros, un 13,2 por ciento menos que en 2018 y un 16,1 por ciento por debajo de 2015, según el Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), que depende de la Secretaría de Agricultura. La caída refleja el aumento de la pobreza que restringe el acceso a la alimentación. La falta de una política pública que desacople los precios internos a los que acceden las familias respecto del comportamiento de la leche en polvo con destino a la exportación explica también la escalada de precios en las góndolas, superior al nivel de inflación general. Es una tendencia que no se detiene. La firma Danone envió a los mayoristas listas de precios con remarcaciones del 20 por ciento a partir de octubre.
Entre agosto de este año e igual mes de 2018 los precios de productos lácteos aumentaron 93,5 por ciento en promedio. “Los argentinos estamos pagando a nivel de exportación de leche en polvo y, en algún caso, más caro”, explicó a PáginaI12 el presidente de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti.
“Consumimos 35 litros menos de leche por habitante que en 2015”, señala Deuco. El consumo per cápita se encuentra en 182 litros de leche equivalente, el menor nivel desde 2003 (179 litros). Es incluso menor a 2001 (222 litros) y 2002 (195 litros). Si se analiza todo el período macrista, hubo caída en todos los años, partiendo de los 217 litros que se consumía a fin de 2015: a 200 litros en 2016, a 195 litros en 2017 y a 190 litros el año pasado. Los datos son del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).
La OCLA es una entidad que se creó en 2016 "en el ámbito de la Subsecretaría de Lechería, dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación". Está a cargo de la dirección de planeamiento estratégico del sector y lo compone un consejo asesor público y privado. Su titular es Jorge Giraudo, ex directivo de Sancor.
La administración de Macri generó que el consumo de leche se transforme en un privilegio, tal como lo hizo con otros productos y servicios de primera necesidad, que son un derecho de la población. Tal como sucede con la harina, que la devaluación y quita de retenciones llevaron su precio por encima de la media, la leche registró un alza en los últimos años que se aleja del promedio. El efecto es una caída del consumo y de la producción. También derivó en la creación de segundas y terceras marcas y de productos “en base a leche”, donde se diluyen las propiedades lácteas.
De acuerdo con el relevamiento realizado por Deuco, el promedio de productos lácteos de agosto aumentó 93,5 por ciento interanual frente a una inflación minorista nacional de 54,5 por ciento. Dentro del listado de productos lácteos, lo que más subió fue el yogurt, que pasó de 26,29 a 53,11 pesos, un 102 por ciento más que un año atrás. Le sigue el queso pategrás (a 579,38 pesos el kilo) y la leche en polvo (340,69 pesos), ambos con el 96 por ciento de aumento. La manteca se encareció 95 por ciento de 53,58 a 104,86 pesos, el queso sardo (630,36 pesos) 93 por ciento y el cremoso (344,56 pesos el kilo) el 90 por ciento. Por su parte, el sachet de leche pasó de 26,09 a 48,37 pesos, con un alza de 85,03 por ciento.
La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y de puestos de trabajo hizo casi imposible acoplarse a la suba. En la medición a julio (un mes de rezago), la venta de leche fluida acumulada en el año evidencia una caída de 13,3 por ciento medida en toneladas. Para la leche en polvo el retroceso de la comercialización fue de 9,9 por ciento, y en quesos, de 5,5 por ciento.
“En el programa precios esenciales se encuentra la lecha La Martona con un precio de 35,80 pesos el litro, mientras que la marca La Serenísima, que es la misma leche, se paga sin IVA entre 45,30 y 48,10 pesos. El costo para las grandes cadenas comerciales al que reciben el producto es de 36,68 pesos”, señala Bussetti. El titular de la asociación de consumidores insiste en el perjuicio que genera a la economía local no tener una política que asegure la provisión para el mercado interno a precios que no sean los de exportación.
Iniciativa del sector privado ante la emergencia alimentaria

En Syngenta proponen donar comida

El director general de la multinacional china sugirió destinar el 1 por ciento de la producción a la población vulnerable. "No es un costo prohibitivo para ningún actor de la cadena agroalimentaria".

“Argentina produce harina, aceite, leche y carne para 150 millones de personas. Nos debería dar verguenza que haya gente con hambre. Destinar el 1 por ciento de esa producción a la población vulnerable no debería representar un costo prohibitivo para ningún actor de la cadena agro alimentaria”. La propuesta para donar un porcentaje de la producción agropecuaria no surgió de Juan Grabois, quien pidió una reforma agraria. Tampoco de Felipe Solá, quien rememoró la Junta Nacional de Granos para hablar del precio de los alimentos. La iniciativa afloró de parte de un ejecutivo de una multinacional del agro. Se trata de Antonio Aracre, director general de Syngenta, una de las empresas más grandes del mundo en investigación y desarrollo de agroquímicos, competidora de firmas como Monsanto y Bayer.
La iniciativa, publicada por Aracre en sus redes sociales, propone la coordinación entre las empresas alimentarias, el Estado y ONG que monitoreen la implementación. El primer paso sería que todas las empresas vinculadas a la cadena agroalimentaria donen el 1 por ciento de su producción. Y que esas donaciones, que pueden ser desde semillas hasta maíz o harina, sean administradas por cooperativas barriales. “Me imagino pequeñas fábricas de alimentos, no para que compitan con Arcor, sino para que se puedan autosustentar y generar trabajo, aunque para eso necesitan los insumos”, dijo a Página/12. Para llevar adelante este sistema, proyecta que la logística de entrenamiento y organización podría ser llevada a cabo por ONG “eficientes y transparentes”. Mencionó como un caso la Red Solidaria que conduce Juan Carr, aunque aseguró que no estuvo en contacto con él.
“Esto no es una cuestión de una iniciativa de responsabilidad social empresaria, sino una ejecución público-privada, que sea una política de estado”, agregó Aracre. Adelantó que estaría dispuesto a reunirse con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, o con quien ocupe el cargo en caso de cambiar el gobierno en las próximas elecciones. Además, contó que fue contactado por decenas de empresas consultándole cómo sumarse: “Me escribieron desde otras provincias y hasta incluso desde el exterior”. Tampoco faltaron quienes lo criticaron a través de las redes sociales.

Cerrar la grieta con el campo
Aracre conoce de cerca el mercado agropecuario. Según informó, Argentina es junto a Brasil la reserva alimentaria del mundo, con excedentes exportables mucho mayores que el país vecino por tratarse de una población cinco veces menor. Aseguró que esa fuerte orientación a la exportación de la producción es una bendición, pero también una maldición. “Es una fuente de divisas, empleo, contribución impositiva. Pero nos expone a la dolarización de los precios que globalmente se pagan por los principales insumos para la producción de los ailmentos más básicos de la canasta familiar: pan, aceite, harina, leche y carne. En los períodos de fuerte devaluación del peso, tan frecuentes en Argentina, los precios se van a las nubes y muchos quedan fuera de su alcance”, describió.
En este sentido, argumentó que un país que produce alimentos para 150 millones de personas, con potencial para 400 millones, no puede tener casi un 10 por ciento de indigencia. “Hay cuatro millones de personas con dificultades para alimentarse. Un tercio son niños y adolescentes. Hay algo que no estamos haciendo bien como país. Esto es una realidad vergonzosa para todos los dirigentes políticos, empresarios, sociales y religiosos”, opinó.
Destinar el 1 por ciento de la producción agropecuaria a esa población vulnerable sería para Aracre una forma de “cerrar la grieta” entre la sociedad urbana y la rural. Coincidió con la mirada de Carlos Iannizzotto, titular de Coninagro y miembro de la Mesa de Enlace, quien había asegurado que si las retenciones ayudaban en la crisis, no estaría en contra de que las apliquen. “Los sectores que estamos vinculados a las exportaciones y crecemos tenemos que poner el hombro y asegurar que el consumo de alimentos no se vea afectado por los desequilibrios externos”, dijo Aracre.
Sin embargo, se mostró en contra de medidas como la reforma agraria o la Junta de Granos. Dijo que son “soluciones facilistas de extrema intervención estatal” que generan prejuicios al desincentivar la productividad. Explicó que su iniciativa es muy distinta porque no se trataría de una imposición, sino que sería optativo para cada empresa. “¿Quién no se sumaría en un objetivo como terminar con el hambre de los sectores más desprotegidos? Habría una condena social grande para el que no tuviera una mirada tan egoísta”, concluyó Aracre. Ahora habrá que ver cómo avanza esta propuesta de autorregulación impulsada desde el mercado.
El intento de traspaso del puerto de Buenos Aires al gobierno de Larreta y el negocio inmobiliario que hay detrás

Operación Nicky Caputo para quedarse con el puerto

Con la certeza de que no podrán retener el gobierno nacional, aceleran el proyecto de traspaso del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad y la transferencia de terrenos bajo su jurisdicción. El amigo presidencial, pieza clave de la operación.

Los resultados de las elecciones primarias simultáneas (PASO) apuraron los tiempos. Las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad están acelerando los pasos para avanzar, antes del fin del mandato de Mauricio Macri, en dos aspectos de primera relevancia para Cambiemos: la incorporación del Gobierno de la CABA a la administración del Puerto de Buenos Aires (hoy bajo control federal exclusivamente) y la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur (más de 110 hectáreas) al gobierno nacional de la Ciudad con el fin de su explotación inmobiliaria. Una cuestión que no es ajena a la ejecución de estos proyectos es la controvertida licitación del Puerto de Buenos Aires. Ya está lanzada y tiene fecha fijada para la apertura de sobres de propuestas el 2 de diciembre, apenas una semana antes de la fecha prevista para la conclusión del actual mandato. El nexo con el tema anterior es que el pliego permite “liberar” del servicio portuario a los terrenos apetecidos para el negocio inmobiliario. Todo indica que el candidato más firme a la adjudicación de la terminal única que prestará los servicios portuarios (actualmente son tres concesionarios), sería la empresa PSA de Singapur, que cuenta como uno de sus principales impulsores nada menos que a Nicolás (Nicky) Caputo. No casualmente, uno de los mayores desarrolladores de proyectos inmobiliarios en la zona de Puerto Madero y a quien se considera, además, el más activo armador del proyecto de desarrollo inmobiliario (y su probable ejecutor) de Horacio Rodríguez Larreta.

El traspaso del Puerto
La cuestión del traspaso del puerto de Buenos Aires a la órbita de la Ciudad viene planteada desde los tiempos en que el actual presidente era jefe de gobierno. No se avanzó cuando el Gobierno Nacional estaba en manos del FpV pero tampoco en los casi cuatro años de mandato en ambas jurisdicciones de Cambiemos. Sin embargo, en las últimas semanas, el tema adquirió notable dinamismo. La temida pérdida del control del gobierno nacional a partir del 10 de diciembre, y la posibilidad de retener el Gobierno de la Ciudad cambió, evidentemente, el panorama. Y no sólo sería cuestión de retener espacios de poder. Hay otros asuntos que se quieren asegurar manteniendo el control de puestos clave.
¿Sería posible el traspaso del puerto a la Ciudad en un lapso tan breve, como el que separa el momento actual del 10 de diciembre? Fuentes cercanas a la actividad portuaria, en la que se desempeñan una docena y media de gremios, señalan que “en las últimas semanas se aceleraron procesos y aparecieron indicios de la intención de la transferencia del dominio de la totalidad del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad, especulando con la permanencia en el poder político del oficialismo en el distrito porteño”. Agregan, las mismas fuentes, que “la herramienta que podría utilizarse para llevar a cabo la transferencia es un decreto de necesidad y urgencia del PEN, que sólo podría ser derogado con la intervención del Congreso, juntando una mayoría especial de ambas cámaras”.
En el año 1989, la ley de reforma del Estado habilitó el proceso de concesión del Puerto de Buenos Aires y la provincialización del resto de los puertos del país. En 1992, por decreto se estableció la desregulación, descentralización y privatización de las operaciones que hasta entonces estaban a cargo de la Administración General de Puertos (AGP). La operación del puerto se dividió en tres concesionarias, cuyos contratos vencen en mayo de 2020. El gobierno, a través del Ministerio de Transporte y la Administración General de Puertos, les anticipó que este año se concretaría la licitación con un nuevo diseño de explotación. Como resultado del mismo, varios terrenos dejarán de pertenecer al área portuaria, según establece el nuevo pliego. Además, de las tres concesiones actuales se pasaría a sólo una, que integraría la totalidad del servicio de carga y descarga de buques.

Aparece Nicky en escena
Ya en el mes de julio pasado, un grupo de dirigentes gremiales en representación de la federación marítimo portuaria habían denunciado que una empresa con sede en Singapur, PSA, se había posicionado para pasar a operar como exclusivo concesionario las tareas de carga y descarga en el puerto de Buenos Aires, aspirando a una concesión por 35 años prorrogables por otros 15. Es decir, arrancando en 2020 y pudiendo extender el contrato hasta 2070. Quien actuó como presentador de la empresa y la aproximó a las autoridades fue Nicky Caputo, en su doble rol de cónsul honorario de Argentina ante Singapur, y representante de los negocios de empresas de Singapur en Argentina. En esa doble función, concretó reuniones de representantes de PSA con funcionarios argentinos en ambos países interesando a ambas partes en un acuerdo. “Hay un direccionamiento notorio de la licitación para que la gane PSA”, señaló en aquel momento el diputado Rodolfo Tailhade, a quien los gremios denunciantes le acercaron la documentación, además de a otros legisladores.
Como parte del proyecto aparece el desarrollo inmobiliario, en el cual tendría participación directa el propio Caputo a través de su firma. Y es que el pliego de licitación establece una relocalización de los espacios de carga y descarga, lo cual “liberaría” terrenos de uso para el emprendimiento inmobiliario. “El pliego prevé la pérdida inmediata del primer espigón del puerto, lo cual le da continuidad al negocio inmobiliario denominado Distrito Quartier”, en la denominada Dársena Norte. Esto es, en la zona de Retiro, un complejo de edificios de oficinas y viviendas de altísimo nivel (como continuidad de Puerto Madero), que se erigirán en el espacio “ganado” con la realización de las obras del Paseo del Bajo, la conexión vial subterránea desde el ingreso a Retiro por zona norte (a través de la avenida Lugones) y que atraviesa toda la zona de Puerto Madero hasta el sur. En este emprendimiento, Quartier, ya tiene participación directa la empresa desarrolladora de Caputo.

Paseo de compras por el puerto
Pero no es todo. Entre otros terrenos cedidos por el Puerto de Buenos Aires a favor de emprendimientos inmobiliarios, ya se contaban los destinados al proyecto llamado Catalinas 2, el cual también tiene como protagonista principal a Nicky Caputo, a través de su firma TGLT, asociada al grupo Techint y a Consultatio. Ahora, la iniciativa del Gobierno de la Ciudad para la transferencia de terrenos portuarios en el perímetro de la denominada Zona de Puerto Sur ha tomado nuevo impulso. Se aceleraron los tiempos para lograr la firma de un convenio entre el Ministerio de Transporte de la Nación, el Gobierno de la Ciudad y el AABE (Administradora de Bienes del Estado) para transferir los terrenos previo al traspaso presidencial de diciembre.
Puerto Sur comprende un sector de aproximadamente 115 hectáreas y 5000 metros de muelle que se extiende desde la calle Brasil (límite sur de Puerto Madero) hacia el sur hasta la costa del Riachuelo. En la zona se encuentran radicadas empresas de servicios de almacenaje, depósitos fiscales, astilleros navales, telecomunicaciones y el Casino de Buenos Aires, entre otros. El objetivo es ir desplazando o “relocalizando” a estas instalaciones para desarrollar en su lugar otro megaemprendimiento inmobiliario multimillonario. De allí el interés de poner esos terrenos en manos del Gobierno de la Ciudad (con la hipótesis de que continuará en manos de Cambiemos), dándole injerencia además en la gestión del Puerto de Buenos Aires. Además, dejar a medio concretar la concesión del servicio de carga y descarga a “operadores amigos”. Todo en tiempo récord, pero los beneficios justificarían la urgencia.
La exdirectora del FMI habló sobre el megacrédito a Macri
Christine Lagarde: "Argentina tocó a nuestra puerta"

Lagarde aseguró que nadie estaba dispuesto a dar financiamiento al gobierno y defendió el crédito stand by. Dijo que la Argentina "estaría mucho peor" sin la intervención del organismo y se lamentó: "Lo que no logramos fue reducir la tasa de inflación".

"Argentina tocó a nuestra puerta", aseguró la ex directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, durante una entrevista en la que defendió el megacrédito stand by brindado por la entidad al gobierno de Mauricio Macri.
Lagarde opinó que la crisis argentina sería mucho peor si el FMI no hubiera intervenido. "¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos estado ahí? ¿Si no hubiéramos hecho nada? Creo que hubiera sido mucho peor. Para mí no hay dudas al respecto", dijo Lagarde a la agencia AFP.
Lista para presidir el Banco Central Europeo (BCE) tras su salida del Fondo, Lagarde defendió el auxilio récord de 57.000 millones de dólares al gobierno de Mauricio Macri. A pesar del financiamiento, el ajuste derivado del acuerdo aceleró la subida de los precios, profundizó la recesión y aumentó el desempleo. "Lo que no logramos junto con el país fue reducir la tasa de inflación", se lamentó la saliente directora del FMI.
"Cuando Argentina tocó a nuestra puerta estaba en una situación particularmente difícil. Tendemos a olvidarnos de eso porque todo el mundo se centra en la Argentina de hoy", dijo Lagarde, quien se encargó de destacar que el FMI "era la única posibilidad" para el gobierno de Macri. "Nadie estaba preparado para dar financiamiento a ese país", añadió.
La ex directora del FMI aseguró haber buscado otras opciones de financiamiento para la Argentina pero sin éxito. "Yo fui por ahí, toqué a muchas puertas de muchos países, muchas palabras amables y apoyos gentiles, pero ninguna financiación", dijo.  Admitió que para ella "había pocas posibilidades" de éxito en esa búsqueda.
El gobierno argentino ya recibió 44.000 millones de dólares del programa a tres años acordado en 2018. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, viajará en los próximos días para intentar desbloquear el desembolso de 5400 millones que está pendiente.
Argentina, vivir es cada vez más caro

Con el golpetazo económico registado en agosto último pos jornada electoral, tras el estallido del dólar, en Argentina vivir se hace cada vez más caro, con una canasta básica costosa y salarios devaluados.

El estallido del dólar afectó en apenas un mes el bolsillo de los argentinos, que ya venía en decadencia con constantes tarifazos, y según un nuevo revelamiento del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se necesita al menos 33 mil pesos (584 dólares al cambio actual), más de dos sueldos mínimos, para no caer en la pobreza.
De acuerdo con el nuevo informe, del cual se hacen eco varios portales informativos, la canasta básica se encareció 3,4 por ciento en agosto y 164 por ciento en cuatro años en tanto el mínimo salarial alcanzó el 107 por ciento desde 2015.
Para lograr comprar los alimentos necesarios en la Argentina de hoy, una familia tipo, con cuatro miembros, necesita destinar al menos 13 mil pesos de su salario (poco más de 250 dólares al cambio actual).
Además de pagar las expensas, alquiler, la electricidad, el gas, el servicio de celular que ha ido aumentando en los últimos meses, la canasta también incrementó poco a poco mientras el salario cayó.
La canasta básica total acumula desde comienzo de este 2019 un incremento promedio de 29,5 por ciento en tanto la canasta alimentaria, aumentó en los primeros ocho meses 30,01 por ciento.
El informe precisa que, durante agosto último, la variación mensual de la canasta básica alimentaria con respecto a julio de 2019 fue de 3,8 por ciento, mientras que la variación de la canasta básica total fue de 3,4.
Con una economía en recesión, y una crisis acentuada en el más reciente mes, pese a medidas urgentes del Ejecutivo de Mauricio Macri, con la decisión de quitar el Impuesto de Valor Agregado a 13 productos alimenticios y aumentar algunos planes sociales, lo cierto es que cada día se hace más complejo comprar los alimentos por los elevados precios, frente al devaluado salario.
Funes de Rioja pide que no se paguen cargas sociales y despedir sin indemnizar

La flexibilización laboral detrás del pedido de "emergencia"

El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina aseguró que esas medidas deben ser parte de la "emergencia laboral" que se debería dictar a favor de las pymes.

Uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, reclamó este viernes que se dicte la "emergencia laboral" para que las pymes puedan "sobrevivir" a la crisis que sufren. En los hechos, su propuesta consiste en impulsar la flexibilización laboral por la que viene pregonando desde hace muchos años. "Tenemos que generar un contrato de emergencia laboral para que las pymes puedan contratar sin pagar cargas sociales por dos a tres años, sin indemnizaciones y reforzando el seguro de desempleo", sostuvo el dirigente.
En declaraciones radiales, Funes de Rioja consideró además que las pymes necesitan "un paquete de medidas fiscales, acceso al crédito y moratorias. Hay que pensar en decisiones que estimulen la creación de empleo para bajar el índice de desocupación", que ya alcanza a más del 10 por ciento de la población del país. "Se trata de articular un paquete de medidas de emergencia que permita sobrevivir a las empresas, a las pymes", añadió el empresario.
En este contexto, Funes de Rioja evaluó: "no hay dudas de que la Argentina necesita hacer previsible su economía, ya que eso le va a dar aliento a la inversión, al crecimiento y por ende al empleo de calidad".
A su criterio, es necesario que el país logre "un pacto social de mediano plazo, pero para alcanzarlo, se requiere de un contexto diferente, con medidas que excedan a lo laboral. Hablo de medidas macroeconómicas".
Por otra parte, el directivo hizo referencia al bono salarial que podrían percibir los trabajadores del sector privado. "Nosotros estamos en el marco del convenio colectivo, pero siempre estamos dispuestos a buscar soluciones. No podemos hacer cosas que sabemos que no se pueden hacer. Por eso, la visión de un bono extraordinario en el contexto en el que estamos, no puede ser afrontado", enfatizó. En ese sentido, añadió: "creemos en el diálogo social y vamos a seguir hablando, pero no hay compromiso de bono porque no puede haberlo. Seguiremos buscando soluciones posibles, no ideales".
El programa de emisión cero de la base monetaria no continuará
El Banco Central bajó otra de sus banderas

El Fondo emitió un lacónico comunicado donde dijo que conversará sobre el tema con las autoridades argentinas.  

El Banco Central lo hizo de nuevo: cambió su hoja de ruta por tercera vez en el año. El programa de emisión cero de la base monetaria no continuará hasta finales de 2019. Los técnicos del organismo lo anunciaron este miércoles a última hora. Desde el inicio de la corrida, en abril del año pasado, la entidad no logra manter una promesa con los inversores. No se cumplieron los objetivos de metas de inflación, no se respetaron las bandas cambiarias y ahora quedó sin efecto la estrategia de no emitir base monetaria. “Esperamos que las reuniones con las autoridades argentinas en las próximas semanas sean una oportunidad para dialogar sobre estos y otros temas”, se limitó a declarar el fondo a través de un comunicado lacónico que llegó después del anuncio.
La entidad a cargo de Guido Sandleris aseguró que el aumento de los precios junto con la incertidumbre financiera de las últimas semanas generó la necesidad de cambiar la meta de emisión. “Las nuevas metas contemplan un crecimiento de la base monetaria de 2,5 por ciento mensual en septiembre y en octubre”. Esta nueva tasa de expansión si se mantiene a lo largo de un año implicaría un incremento de la base de 35 por ciento.
El anuncio de este miércoles incorporó un nuevo ajuste de la tasa de interés en pesos. El rendimiento garantizado para las Leliq se elevó en septiembre de 58 a 78 por ciento y se colocó en 68 para el mes siguiente. “Estas medidas permitirán sostener una tasa de interés real positiva y retomar el proceso de desinflación a partir de octubre”. Desde principios del 2016 que las autoridades del Central aseguran que ocurrirá en un corto plazo.
El titular de la autoridad monetaria había adelantado en su última conferencia de prensa que estaba negociando con el FMI por los problemas para cumplir la meta de circulante. La estrategia de emisión cero había sido uno de los compromisos del equipo económico para ampliar el préstamo stand by del Fondo a más de 50 mil millones. El plan monetario no podía modificarse sin el visto bueno del FMI.  Los técnicos del organismo difundieron un mensaje a los pocos minutos del anuncio. Allí se limitaron a decir que esperan la llegada del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, para conversar sobre este y otros temas.  Luego cerraron con la frase cada vez más de forma que suele acompañar los últimos comunicados: “Sigue el compromiso con la Argentina y se continuará trabajando con las autoridades para abordar la difícil situación que enfrenta el país”.
Sandleris aseguró que estos anuncios se suman a las medidas que tomó el equipo económico en las últimas semanas para defender la estabilidad monetaria y financieras. “Se busca que la economía pueda transitar de la mejor manera la incertidumbre”, aseguró. La suba del riesgo país, la dificultad para refinanciar las Letras del Tesoro y la devaluación significativa fueron algunos de los principales elementos de tensión para la entidad.
El comité de política monetaria ofreció una justificación técnica para eliminar el programa de emisión cero. “La aceleración de la inflación producida por la depreciación del peso (ajuste del tipo de cambio en agosto) implica la reducción en la oferta real de dinero”, dijeron. Agregaron que “a fin de evitar una contracción monetaria excesiva -en un contexto de liquidez ajustada- fue necesario actualizar las metas de base monetaria”.
El Central empieza a guardar en el fondo de los estantes todos sus manuales de macro. Poco a poco comienzan a ceder todos los argumentos del monetarismo. La fuerte contracción monetaria del último año no fue efectiva para controlar el proceso inflacionario pero potenció la recesión del mercado interno. El principal impacto fue sobre el consumo de los privados y la producción de las pequeñas y medianas empresas.
El anuncio de este miércoles muestra que el control de la cantidad de pesos en circulación perdió la hegemonía como único instrumento para enfrentar la inflación. La política cambiaria (controles a la compra de divisas) empezó a ganar protagonismo para intentar contener la devaluación y de esa forma reducir expectativa de inflación.
El Banco Mundial diagnostica desaceleración económica, entre otras razones, por la crisis argentina

David Malpass, titular del BM, anticipó que la economía global no alcanzará este año el crecimiento del 2,6% previsto, "dada la sustancial retracción en Argentina, India y México", entre otros factores.

La crisis económica argentina, junto a la retracción de las economías de India y México, fue señalada por el Banco Mundial como causa principal de la revisión a la baja de las perspectivas de crecimiento de la economía global para este año. "La desaceleración es evidente", dijo David Malpass, presidente del Banco Mundial, durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington. "Ya rebajamos nuestras perspectivas económicas globales para 2019 a un crecimiento real del 2,6 por ciento, (pero) dados los últimos acontecimientos, espero que el crecimiento sea menor que eso", agregó.
David Malpass mencionó, entre los factores que tiran para abajo el crecimiento global, "la desaceleración en China, los sustanciales parates en Argentina, la India y México" y, en general, la decepcionante evolución de gran parte del mundo en desarrollo. Subrayó que "algunas partes de Europa están en rececsión o cerca de caer en recesión; Alemania y el Reino Unido han  experimentado un trimestre de recesión, e Italia y Suecia llevan varios trimestres de estancamiento".
"La desaceleración del crecimiento global es de base amplia", enunció Malpass durante la conferencia de prensa que brindó en el Instituto Peterson de Economía Internacional de la capital estadounidense, refiriéndose a los múltiples focos de conflicto.  Este es el primer discurso político de Malpass desde que asumió al frente del BM, en abril, tras haber sido nominado para el cargo por Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Malpass, de algún modo, anticipó la agenda de la reunión anual conjunta del Banco Mundial y el FMI prevista para mediados de octubre, al señalar que una de las cuestiones preocupantes era la "gran cantidad de capitales encerrados en bonos de bajo rendimiento, tasas históricamente insustanciales de inversión que implican que el crecimiento, especialmente en los países en desarrollo, seguirá siendo lento". "Esto es un reto para el Banco Mundial", agregó. "Los bancos centrales en todo el mundo han tratado de encontrar la forma de responder a un crecimiento más débil en un entorno donde las disputas comerciales del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se suman a la incertidumbre que enfrentan los consumidores y las empresas", comentó la agencia Bloomberg al hacer la crónica de la conferencia de prensa.
"Se necesitan con urgencia reformas estructurales bien diseñadas para desbloquear el crecimiento y sentar la base de la prosperidad futura", subrayó Malpass, que instó a los países a priorizar las buenas políticas en temas como el precio basado en el mercado, la sincronización del préstamos y la inversión, la transparencia de la deuda y la participación en las cadenas de valor global.
China es el mayor receptor de préstamos del organismo internacional, seguido por la India e Indonesia. Malpass remarcó que el gigante asiático ha realizado "un gran progreso económico" en las últimas décadas, por lo que no puede mantener la misma vinculación. Indicó que la "relación" de la institución con China ha "evolucionado", por lo que debe pedir prestado menos y aumentar su aportación de cara al futuro. De hecho, destacó que el último plan estratégico del BM con China hace énfasis en "el desarrollo de servicios y medidas para encarar los desequilibrios medioambientales y sociales, establecer objetivos para reducir la contaminación, aumentar la eficiencia energética y mejorar el acceso a educación y salud".
En la segunda semana los precios subieron al 6,5 por ciento

Se dispara la inflación en septiembre

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz midió una aceleración de las remarcaciones en lo que va del mes. La consultura Elypsis advritió que los alimentos aumentaron 10,5 por ciento desde las PASO.

El descalabro cambiario registrado tras las elecciones primarias comienza a reflejarse con mayor intensidad en las góndolas. Durante la segunda semana de septiembre los precios en los supermercados registraron un alza del 6,5 por ciento frente al mismo período de agosto. El indicador elaborado por el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) evidencia el traslado a los precios de la devaluación validada por el gobierno a mediados del mes pasado. La contención de precios generada por la rebaja temporaria del IVA sobre alimentos de la canasta básica permitió que la medición oficial de agosto frenara en 4 por ciento. En los primeros ocho meses del año los precios acumularon un alza del 30 por ciento, que llega al 54,5 por ciento en doce meses. Consultoras privadas, centros de investigación y universidades estiman que la inflación minorista se ubicará entre 5 y 6 por ciento en septiembre.
“Como el pase a precios de la devaluación no se dio totalmente en agosto, durante septiembre la inflación será más alta. Esperamos que los precios suban hasta un 6 por ciento. Si la estabilidad en el tipo de cambio observada tras la corrida logra mantenerse y la brecha cambiaria no se traduce en mayores aumentos de precios, la inflación debería tender a desacelerarse hacia fin de año, aunque el piso será más elevado que el que se observaba hace dos meses. Si no se logra controlar el tipo de cambio se corren riesgos de escenarios más dramáticos en los precios”, expresó el director del Instituto Estadístico de los Trabajadores de la UMET, Mariano de Miguel.
El último reporte de precios del IET-UMET considera probable que la inflación supere en 2019 el 48 por ciento registrado el año pasado, convirtiéndose así en la más alta desde 1991. La inflación acumulada durante la gestión Cambiemos cerraría en el orden del 230 por ciento. Las cifras revelan que los precios más que se triplicaron en ese período. Un estrepitoso fracaso de las recetas ultraortodoxas contra los aumentos de precios.
El desborde inflacionario se traduce en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, que acumula una caída del 18,4 por ciento desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri. La contracción en la capacidad de compra se conjuga con un escenario de destrucción de empleo y precarización laboral que profundiza el impacto de los desmanejos económicos sobre los asalariados.
El Indec informó la semana pasada que el rubro alimentos y bebidas, el más sensible para los gastos de los hogares de menores ingresos, trepó 4,5 por ciento. Sobresalieron los incrementos en leche en polvo entera, manteca, dulce de leche, galletitas dulces, bananas y cebolla. La inflación en alimentos es del 58,8 por ciento en los últimos doce meses. Durante la segunda semana de septiembre los precios de los alimentos frescos relevados por el CESO registraron subas promedio de 5,1 por ciento mientras que los productos de limpieza treparon 8,9 por ciento y los electrodomésticos tuvieron una escalada del 14,7 por ciento.
“En la primera semana de septiembre observamos una desaceleración frente a los aumentos de precios acumulados después de las PASO. Pero con el arrastre que trae, la inflación va a terminar, sin dudas, por arriba del 5 por ciento este mes. Los precios de servicios públicos congelados por decisión política desde antes de las elecciones te salvan de mayores aumentos”, indicó el economista jefe de la consultora Elypsis, Martín Kalos. El relevamiento de la consultora acumula hasta la semana pasada un alza del 6,7 por ciento desde las elecciones primarias, que en el rubro alimentos y bebidas asciende hasta el 10,5 por ciento. “Esos aumentos impactan sobre los sectores más vulnerables. Y redunda en una nueva suba de la pobreza”, consideró Kalos.
Los economistas del CEPA, Eva Sacco y Juan Aiello, estiman que durante septiembre los aumentos de precios pueden llegar hasta el 6 por ciento. “Debemos recordar que la devaluación se produce en la segunda quincena de agosto, afectando los precios relevados en la tercer y cuarta semana, por lo tanto hay una cierta ‘amortiguación’ del efecto de la devaluación como consecuencia de la metodología. Podemos concluir entonces que cuanto más a fin de mes se produzca la devaluación, menor será su incidencia en el IPC del correspondiente período”.
El Gobierno deberá responder al juez Ramos Padilla

Tres días para explicar las medidas

El juzgado federal de Dolores intimó al Poder Ejecutivo a que justifique la quita de recursos coparticipables a las provincias, en respuesta a una demanda de la municipalidad de Villa Gesell.

El juzgado federal de Dolores intimó al Gobierno nacional a que fundamente los decretos de necesidad y urgencia utilizados para rebajar el IVA a un grupo de alimentos de la canasta básica y elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. La decisión del magistrado Alejo Ramos Padilla se desprende de un planteo de inconstitucionalidad iniciado por la municipalidad de Villa Gesell por la pérdida de recursos coparticipables que le representan las medidas paliativas desplegadas por el oficialismo. “El Gobierno tiene tres días para contestar y después la justicia resolverá. Creo que nos tendrían que respetar y hacer lugar a la inconstitucionalidad porque nos están sacando recursos que ya estaban programados y aprobados, y que no son compensados”, expresó Gustavo Barrera, intendente de la localidad costera. El jefe municipal estimó que Villa Gesell dejará de percibir 6 millones de pesos. Dieciséis provincias iniciaron reclamos similares.
El 3 de septiembre el intendente geselino presentó una demanda contra el Gobierno nacional para reclamar por la pérdida de 6 millones de pesos que dejerá de percibir el municipio como consecuencia de las medidas paliativas anunciadas por el presidente Mauricio Macri después de la última corrida cambiaria. “Como Intendente de Villa Gesell  es mi obligación defender los derechos que nos corresponden por la Coparticipación. El presidente Macri modificó por decreto de manera inconsulta y lamentablemente la gobernadora María Eugenia Vidal no se sumó al reclamo judicial que iniciaron los gobernadores de todo el país. Invito a todos los intendentes de la Provincia, más allá de su pertenencia partidaria, a sumarse a esta demanda”, expresó este lunes a través de sus redes sociales el mandatario distrital al comunicar la decisión de Ramos Padilla.
Barrera se trasladó el lunes a la Casa Rosada para notificar al Poder Ejecutivo de la resolución. “Tiene tres días para contestar, después Ramos Padilla resolverá en consecuencia”, expresó el intendente al enfatizar que inició una demanda ante la inacción de la gobernadora bonaerense. “Fueron 16 gobernadores y un municipio. Somos los primeros a los que le dan traslado, la de los gobernadores no fue notificada”, aclaró Barrera. “La Corte Suprema espera una salida política, pero todavía no notificó. Esperamos que declare la inconstitucionalidad y la inmediata suspensión de los dos decretos”, indicó el jefe comunal.
“Un país federal implica que somos socios en las buenas y en las malas. No es que cuando sube 'dame mi parte' y cuando hay medidas de alivio que resienten la recaudación, las provincias no están dispuestas a poner nada”, indicó el titular de Hacienda, Hernán Lacunza, durante una entrevista con PáginaI12 cuando se formularon los anuncios. “Los beneficios de Ganancias y baja del IVA son para ciudadanos que viven en las provincias. Son para sus ciudadanos. La Nación hace su esfuerzo. Aspiramos a que las provincias hagan lo mismo”, consideró el funcionario al anticipar que la discusión sobre el esquema sería retomada en el Congreso.
La UIA registró una baja del 6,1 por ciento en julio

La industria cae sin piso

La central fabril advirtió que la nueva devaluación y la escalada de las tasas barrió con las débiles señales de recuperación de algunos sectores.

La industria se desplomó en julio 6,1 por ciento en relación al mismo mes del año pasado. La decimoquinta caída consecutiva en la producción manufacturera fue reportada el lunes por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA). La contracción estimada es significativamente superior a la tímida caída de 1,9 por ciento informada para el mismo período por el Indec. La central empresaria advierte que la debacle industrial se profundizará como consecuencia del salto en el tipo de cambio y la suba en las tasas de interés. “Los sectores industriales que parecían haber encontrado un piso a su caída en los niveles de actividad se verán afectados en los próximos meses por la coyuntura macroeconómica aún más complicada en términos de demanda y acceso al financiamiento”, expresa el informe de la UIA. Durante los primeros ocho meses del año la actividad manufacturera retrocedió 7,6 por ciento para la central fabril. El Indec había medido una baja del 8,4 por ciento para el mismo período.
Seis de cada diez rubros industriales analizados por la central empresaria presentaron caídas interanuales. La contracción más profunda se registró en el sector automotor, que marcó un retroceso del 47,8 por ciento interanual. Desde el CEU-UIA indicaron que en ese rubro reside la diferencia de julio con la medición del Indec. Los industriales se basaron en la producción de autos para estimar el desempeño sectorial mientras que el organismo estadístico incluyó carrocerías, donde el desempeño no fue tan negativo. El resto de los sectores mostraron un ritmo de caída más moderado. En línea con la menor producción de acero y aluminio, el rubro metales básicos cayó 8,5 por ciento. La industria metalúrgica marcó una merma del 7,7 por ciento en gran medida por la menor demanda de carrocerías, remolques y semirremolques. La producción de papel y cartón cayó 5,1 por ciento mientras que la golpeada actividad de edición e impresión lo hizo en 3,5 por ciento. La merma en la producción industrial es acompañada por una profunda caída en el uso de la capacidad instalada y falta de inversión.
El marcado deterioro sectorial es acompañado por un sostenido proceso de destrucción de puestos de trabajo y precarización del empleo que solo se compara con la crisis de la convertibilidad. “Son diecinueve los meses consecutivos de caída mensual en el plano laboral. En términos interanuales, la industria registró en junio 62.748 empleos formales menos. Una caída de 5,4 por ciento”, advierte el informe. Los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino muestran que el empleo industrial retrocedió en 42 de los 43 meses de la gestión de Macri cubiertos por las estadísticas.
La política de ahogo monetario desplegada por el Banco Central como parte de su fallida estrategia para controlar los aumentos de precios se traduce, sin embargo, en la desaparición de los mecanismos de financiamiento para las emrpesas. “Las elevadas tasas de interés siguen afectando la producción. La tasa de adelantos en cuenta corriente, la principal línea de financiamiento de corto plazo de las pymes, se ubicó en agosto en un promedio del 77,2 por ciento pero alcanzó valores mucho más altos a fin de mes”, expresa la UIA al señalar que el financiamiento al sector privado no financiero registró en agosto un desplome en términos reales del 28 por ciento. Al deterioro en las condiciones de financiamiento se suma la caída en los ingresos de las empresas por el desplome en las ventas. El resultado es un marcado incremento en los niveles de mora.
Vencimientos por 223 mil millones de u$S en los próximos cuatro años

El peso de la deuda cae sobre el próximo gobierno

Un informe de la UndaV refleja las consecuencia de un incremento exponencial de la deuda acompañado de un deterioro en el perfil de vencimientos.

A lo largo de su mandato el próximo gobierno deberá enfrentar vencimientos por 223 mil millones de dólares. Los desembolsos representan más del 40 por ciento del producto. El 77 por ciento de los pagos de intereses y capital, alrededor de 173 mil millones de dólares, corresponden a obligaciones en moneda extranjera. El principal acreedor individual a lo largo de los próximos cuatro años es el Fondo Monetario Internacional. Al organismo multilateral le corresponden 50 mil millones de dólares aunque el gobierno ya anunció que buscará renegociar los términos del acuerdo, un camino que también anticipó que recorrerá el candidato del Frente de Todos si es electo presidente. “El incremento exponencial en el stock de la deuda fue acompañado por un deterioro en el perfil de los pasivos tanto por el crecimiento de los vencimientos de corto plazo como por el crecimiento de la deuda en moneda extranjera, con legislación en tribunales foráneos como por los montos que se le deben a inversores privados y organismos multilaterales”, advierte el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad de Avellaneda.
El reporte difundido esta semana no asume una posición dogmática contra el endeudamiento, pero advierte sobre las catastróficas consecuencias del vertiginoso proceso de colocación de bonos asumido por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas. “El problema de la deuda pública no es solamente el crecimiento acelerado de su stock sino mucho más las finalidades para las que ha sido aplicada. El financiamiento no sirvió para otra cosa que no sea el atesoramiento de moneda extranjera por parte del sector privado”, expresa el informe del observatorio al referirse a los 75 mil millones de dólares fugados desde que comenzó el gobierno de Mauricio Macri.
El informe de la Universidad de Avellaneda estima que el ciclo de endeudamiento observado con el actual gobierno redundó en un incremento de la deuda a razón de 1000 dólares por segundo, 65.000 dólares al minuto, 4 millones de dólares por hora, 90 millones de dólares al día, 600 millones de dólares cada semana, 3 mil millones mensuales y 35 mil millones de dólares al año. “La deuda per cápita por todos estos conceptos implicará que cada argentino tras el actual mandato de gobierno este endeudado adicionalmente en unos USD 3.000 en relación a 2015”, sostiene el documento.
Salarios y desindustrialización. La posición de dirigentes de la UIA

"Las pymes no pueden pagar el bono salarial"

Funes de Rioja consideró que el bono "es peligroso, compromete a empresas y empleo". Moretti sostuvo que "el ministro de desindustrialización (Sica) ni sabe lo que está pasando".

El sector industrial puso en debate la propuesta del gobierno para imponer un bono de cinco mil pesos como refuerzo salarial en el sector privado, y la alternativa de una mesa de consenso tripartita entre empresarios, sindicatos y gobierno para buscar acuerdos en torno a temas de la política económica. “Es peligroso y compromete a empresas y empleos”, sostuvo en tono de advertencia Daniel Funes de Rioja, de la UIA y de COPAL, en relación al bono salarial para el sector privado. Su par en la conducción de la central fabril, Guillermo Moretti, señaló a su vez que “la mayoría de sectores pymes no estamos en condiciones de pagar ese bono, de eso estoy seguro, aunque sí creo que se puede pagar en función de compensaciones que haga el Estado; pero yo creo que el ministro de la desindustrialización (por Dante Sica, ministro de Producción y Empleo) está tan equivocado que ni sabe lo que está pasando”.
Funes de Rioja se atajó de cualquier compromiso asumido en torno al bono salarial del sector privado con el gobierno, aclarando que “nosotros no hemos conversado institucionalmente sobre esta cuestión; es una iniciativa del gobierno que aparentemente ha dialogado con la CGT”. Y amplió señalado que, en su criterio, el bono de cinco mil pesos “es peligroso, porque compromete a empresas; esto hay que meditarlo muy fuertemente para evitar medidas contraproducentes”. Recordó que “no hay acceso al crédito y las tasas son inabordables”, y “cuando el pequeño empresario no puede pagar elementos de consumo necesarios, no tiene más alternativa que cerrar o despedir personal”.
En un tono más directo, Moretti, titular de la federación industrial de Santa Fe, explicó por AM 530 (Radio Citrica) que “primero, soy conciente que el 78 por ciento del producto se realiza por el mercado interno, y por supuesto quiero que se revitalice el consumo, y eso se logra poniendo plata en el bolsillo de la gente”, pero aclaró que “tenemos 800 sectores industriales, no puedo hablar en nombre de todos, pero estoy seguro que la mayoría de sectores pymes no está en condiciones de pagar este bono”. Señaló, sin embargo, que “se puede pagar en función de alguna forma de compensación del Estado; pero lo que pasa es que este ministro de desindustrialización (Dante Sica) está n tan equivocado que ni sabe lo que pasa: nosotros en el sector químico terminamos las paritarias con un aumento del 16 por ciento retroactivo a mayo, otro 7 por ciento en agosto y otro 7 por ciento en octubre, dos bonos de 4000 pesos que se pagan en los meses sin aumento (septiembre y noviembre), más un bono de 14 mil pesos en diciembre de este año. Yo no sé si el ministro lo sabe, si el bono por decreto va a contener esto, y si no lo va a contener, cómo me lo va a compensar”. Apuntó que "ya naturalizamos caídas anuales de la industria del 11 al 14 por ciento, estamos en un proceso de desindustrialización equivalente al de Martínez de Hoz" (ministro de Economía de la dictadura de Jorge Rafael Videla).
Sica informó este martes que el Gobierno evalúa disponer por decreto un bono a cobrar por los trabajadores del sector privado, que podría rondar en torno a los cinco mil pesos, sería obligatorio y se anunciaría oficialmente la semana próxima, luego de un análisis oficial “sobre los índices de precios”, según indicó.
Extenso descargo de Sturzenegger para explicar su "frustración" con el macrismo

"Fue un fracaso y no por la herencia"

El ex presidente del Banco Central admitió en un documento de 58 hojas que "la culpa de la crisis no fue por la herencia sino por las políticas aplicadas". Se lavó las manos por su responsabilidad y apuntó contra otros funcionarios del Gobierno. Dijo que los mayores errores fueron no haber ajustado más la economía y haber cambiado las metas de inflación.

El ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, publicó un extenso documento para explicar por qué fracasó el plan económico del gobierno de Mauricio Macri. Con un paper de 58 hojas, publicado en un instituto de Estados Unidos, concluye que los “pobres resultados” no se deben a la herencia recibida, ni a factores externos, sino a las políticas económicas que se tomaron. Además, se mostró muy crítico sobre la falta de un ajuste fiscal más severo, que derivó en un excesivo endeudamiento de corto plazo. Pero sobre todo juzgó al 28 de diciembre de 2017, día en que se cambiaron las metas de inflación, como la fecha donde se perdió la credibilidad y comenzó el desastre, que perdura en la actualidad.
El escrito, llamado "La Macro de Macri: el sinuoso camino hacia la estabilidad y el crecimiento", presenta al presidente como una persona que quería cambiar el país de “largas décadas de decadencia”. Asegura que de no haber ganado las elecciones en 2015, el país se acercaba a un “régimen autoritario y populista de izquierda”, y escribió que el triunfo fue como la pelea de David contra Goliat, dado que Cambiemos venció a “una agresiva maquinaria”.
En las primeras páginas, Sturzenegger contó cuáles eran los resultados esperados y lo contrastó con lo que efectivamente ocurrió. Esperaban que la economía creciera al 3 por ciento anual, mientras que en 4 años sólo creció en 2017 y anotó duras recesiones los otros tres años. Con respecto a la inflación, esperaban que este año fuera del 5 por ciento anual, mientras que las últimas proyecciones estiman 55 por ciento. En cuanto al tipo de cambio, consideraban que este año podía ser de 17 pesos, mientras que actualmente se encuentra en 58 pesos. “Para el final de la presidencia de Macri, el PBI habrá caído 3,4 por ciento y la inflación va a haber acumulado 250 por ciento, en unos de los niveles más altos del mundo. Nadie puede evitar un sentido de frustración”, escribió el ex presidente del Central.
¿A qué se deben las causas de este deterioro? Sturzenegger aseguró que nada tiene que ver con la herencia recibida. Describió dos cuestiones como positivas en 2015: “El déficit de cuenta corriente no era tan grande” y el bajo nivel de endeudamiento debido a “la reestructuración de la deuda en 2005 y el crecimiento económico”. En un gráfico, muestra que la deuda con el sector privado en 2015 era igual al 40 por ciento del PBI, mientras que para 2018 ascendía a 67 por ciento. En este sentido, el documento concluye que el deterioro macroeconómico nada tiene que ver con la herencia recibida: “Aunque la herencia no fue la ideal, no se le puede echar la culpa de los resultados. Al final, la culpa reside en las políticas que fueron decididas”.
En este sentido, Sturzenegger se mostró muy crítico con las elecciones en las políticas fiscales y “la procastinación” con el déficit, que llevó al endeudamiento para financiar este gradualismo. “La debilidad en la política fiscal forzó cambios en las metas de inflación, que determinaron la falta de credibilidad en el programa completo. La convergencia fiscal llegó recién en 2019, cuando eventos forzados llevaron al gobierno a hacer un gran ajuste”, escribió el ex titular del BCRA. Además, dijo que este déficit fiscal de los primeros tres años de gobierno fue financiado con deuda de corto plazo, lo que produjo “vulnerabilidades sustanciales”. Culpó al ala política del Gobierno por esta decisión: “La reducción del déficit fiscal tenía que ser gradual porque la administración de Macri tenía un estigma de que iba a hacer un gran ajuste fiscal y monetario por tratarse de un partido de centro derecha. El argumento fue que el gradualismo tenía como riesgo los altos niveles de endeudamiento, pero iba a proveer apoyo político”.
El punto donde se mostró especialmente crítico fue en el llamado 28D, es decir, el 28 de diciembre de 2017, cuando se cambiaron las metas de inflación en una conferencia de prensa que Sturzenegger compartió con Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, quienes asumieron las explicaciones principales. Dijo que se trató de un “giro bizarro” y que ese día comenzó la incertidumbre sobre el programa económico y la posibilidad de que Argentina renovara su deuda, por lo que el mercado “perdió la credibilidad” en el Gobierno y en las instituciones, ante la falta de independencia del Banco Central. “El Presidente había decidido despedir al titular del Banco Central si era necesario para seguir adelante”, reveló Sturzenegger.
El documento presenta a Sturzenegger como actual profesor de la Universidad de San Andrés y consultor del fondo de inversión Latus View. En los agradecimientos, el ex titular del Central recuerda a Mauricio Macri, Daniel Artana y Domingo Cavallo, entre otros.
En pocos minutos los inversores obtienen amplias ganancias aprovechando la brecha cambiaria

Qué es el rulo, la nueva bicicleta de la city

Compran un bono en dólares que venden en pesos a la cotización del dólar mep y luego recompran la divisa al precio oficial para hacerse de la diferencia.

Los controles cambiarios desataron en los últimos días una nueva inversión de cortísimo plazo. En la city lo llaman el rulo. En unos pocos minutos deja cerca del 5 por ciento en dólares y se puede invertir hasta un máximo de 10 mil dólares por mes. Algunas agencias de bolsa aseguran que en la última semana se multiplicó por ocho el número de nuevos clientes (aperturas de cuentas diarias) por esta operatoria. Los inversores compran un bono en dólares que venden en pesos a la cotización del dólar mep y luego recompran la divisa al precio oficial para hacerse de la diferencia.
La gimnasia de los ahorristas minoristas para ganar un extra con el rulo recuerda a la fascinación de los pequeños inversores con las Lebac del Banco Central en los primeros meses de 2016 (en ese momento también hubo una apertura importante de cuentas comitentes para aprovechar tasas más altas que las del plazo fijo).
La operatoria es posible porque el precio de 56 pesos del tipo de cambio mayorista dejó de ser la única referencia para los inversores. A una semana de los controles cambiarios existen otras tres cotizaciones para la divisa. La primera es el dólar paralelo que se negocia en 59 pesos. Las otras 2 cotizaciones son el resultado de operar en la bolsa y tienen una diferencia con el dólar oficial de hasta 8 pesos (15 por ciento).
El dólar mep es el tipo de cambio implícito que obtiene un inversor por hacer la compra de un bono en pesos y venderlo en dólares. Este lunes se ubicó en 62 pesos. El contado con liquidación es la cotización implícita de comprar un activo el mercado local y venderlo en la bolsa de Estados Unidos. Este tipo de cambió cerró en 64 pesos luego de saltar a los 67 pesos en las primeras horas de operación.
La diferencia entre el precio del dólar oficial y la de las otras cotizaciones de referencia suele llamarse brecha cambiaria en la jerga de los economistas. Es una de las principales variables a observar en los próximos meses. La brecha aumenta en la medida que los inversores aceleran el retiro de sus activos del mercado interno.
Los técnicos del Banco Central están siguiendo de cerca la suba del contado con liquidación. La operatoria podría recibir algunas regulaciones en el caso que siga aumentando la brecha. Por el momento los únicos que no pueden girar divisas al exterior a través de la compra de un bono o una acción son los bancos.
En el caso del dólar mep las autoridades también tienen instrumentos para desincentivar esta operatoria. Desde una agencia de bolsa local le mencionaron a este diario que una de las formas más simples es limitando el plazo de liquidación de los activos. Por el momento se permite comprar y vender bonos en forma inmediata. Hasta 2015 se exigía un plazo mínimo de 48 horas para reducir el incentivo a comprar divisas en la bolsa.
Los controles a la compra de moneda extranjera se aplicaron hace menos de diez días y por el momento sus cosecuencias no son claras. Dependerán de otras variables como lo que ocurra con las regulaciones a las importaciones. Así se lo dijo a este diario el dueño de una financiera con décadas de experiencia en el mercado cambiario. No es ni la primera ni la última vez que se aplicarán regulaciones y por el momento uno de los puntos interesante es ver la velocidad de adaptación de los inversores.
Indec la informa el jueves la cifra de agosto que superaría el 4 por ciento.

La inflación vuelve a despegar

El Indec dará a conocer el jueves los datos de inflación de agosto, que, analistas privados estimaron en 4,3 por ciento, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) realizado por el Banco Central. El REM se hizo en base a la opinión de 23 consultoras y centros de investigación locales, 11 entidades financieras locales y 5 analistas extranjeros. Para septiembre los participantes del REM proyectaron una tasa de inflación más elevada que la de agosto, 5,8 por ciento, tendencia que se cortaría a partir de octubre, cuando se ubicaría en 4,3 por ciento. El titular del BCRA, Guido Sandleris, explicó el lunes pasado que "hasta las PASO la inflación acumulaba cuatro meses consecutivos de caída. En julio había sido 2,2 por ciento y los datos adelantados de los primeros diez días de agosto permitían proyectar 1,8 por ciento de inflación". No obstante, lo que empujó a los precios no fueron las PASO sino la devaluación que Sandleris convalidó. El economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Alfredo Gutierrez Girault, estimó que la inflación promedio para agosto “estará por encima del 4 por ciento, con dos quincenas bien diferenciadas: los primeros 10 días de agosto un 2,3 por ciento y la segunda mitad del mes con el salto del tipo de cambio trepó entre un 4 y 6 por ciento".
No tiene quién controle al mercado

El Banco Central se quedó sin equipo

La urgencia por frenar la estampida del dólar llevó al BCRA a tomar medidas sin contar con las estructuras para aplicarlas.

Las últimas dos semanas de agosto se tomaron medidas claves para organizar la economía. Se propuso una estrategia de control de cambios y se anunció el intento de avanzar en una ronda de negociación con los bonistas para aliviar los próximos pagos de la deuda pública. Estas iniciativas buscaron moderar el principal desequilibrio del mercado interno: la falta de divisas que impide recomponer las expectativas y recuperar la estabilidad financiera. En esta oportunidad el problema no es el diagnóstico, sino la falta de planificación de los anuncios y los errores propios de la improvisación. La administración de cambios comienza a tener complicaciones para aplicarse por una simple razón: el Banco Central perdió en los últimos años sus herramientas de control. El equipo económico lanzó las regulaciones el domingo pasado y recién esta semana avanzó en la reapertura de una gerencia de exterior y cambios en el Central.
El organigrama de la autoridad monetaria había dejado de tener esta gerencia en 2016 por las decisiones de abrir en forma irrestricta los flujos de entrada y salida de divisas de la economía. Se trata de un problema para la gestión. El personal dedicado a hacer cumplir las normas cambiarias fue diversificado en otras tareas y poder recomponer las capacidades de un equipo de auditoría y control no se logra de un día para el otro.
Los controles sobre la compra de divisas para empresas son simples de aplicar. Los bancos no tienen autorización para vender dólares a un cuit institucional (corporativo). Pero no ocurre lo mismo con los cuit de los individuos particulares. Los controles se estarían validando ex post porque no existe un sistema que revise en tiempo real la compra mensual de una persona en todas las entidades del sistema financiero. Esto aumenta los incentivos para hacer compras de dólares por arriba de los límites y esperar a no ser descubierto.
La propuesta de estirar los plazos de repago de los bonos soberanos tampoco fue implementada en forma efectiva. Esta semana debería haberse enviado el proyecto de ley al Congreso, pero finalmente no llegó y empiezan a aparecer dudas sobre qué tipo de deudas serán tenidas en cuenta. La lista inicial de los bonos excluidos del reperfilamiento era reducida. No se contemplaron instrumentos como el Discount 2033 porque ya era un bono que había sido reestructurado en otra oportunidad.
Este miércoles empezó a circular un rumor entre consultoras que la lista de bonos excluidos será sustancialmente más importante respecto de la anunciada inicialmente. Entre los títulos que no entrarían al reperfilamiento se incluirían: el Global 2036, el Global 2047, el Global 2047, el Global 2117 (centenario) y el Bonar 2037. En esta lista ahora también entrarían los Par en dólares y en otras monedas como el euro. En el primer anuncio del Ministerio de Hacienda el listado era más corto. Los bonos importantes que –de confirmarse estos cambios- quedarían en el reperfilamiento son los Bonar 2020 y el Bonar 2024.
La deuda de corto plazo sigue siendo una de las principales preocupaciones para la macro. El rendimiento de algunos títulos en pesos con vencimientos en 2020 y 2021 lo deja en claro. Los bonos como el TJ20 en moneda local cotizan debajo del 40 por ciento de la paridad y pagan un cupón trimestral vinculado a la tasa de interés de las Leliq. El rendimiento de este título si se cumple con su pago en junio del próximo año es del 500 por ciento.
Esto es otra muestra de que la expectativa de incumplimiento de la deuda pública (no importa el tipo de moneda) y las expectativas de devaluación e inflación se encuentran desatadas. Pero no es cierto que siempre las expectativas de los inversores sean correctas y así como se deterioran rápido también se pueden recuperar en forma acelerada. Algunos fondos del exterior empezaron a recomendar de nuevo bonos argentinos.
El Presidente se mostró confiado sobre el próximo giro que debería llegar de Washington

Mauricio Macri: "Esperamos el desembolso del FMI porque hemos cumplido con todo"

Los 5400 millones en teoría deberían ingresar a partir del 15 de septiembre, pero el Fondo no ha dado una sola señal en ese sentido.

“Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo”, aseguró este jueves el presidente Mauricio Macri al ser consultado sobre el próximo giro que debería realizar el Fondo Monetario Internacional. Una misión del organismo encabezada por el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, visitó el país a fines del mes pasado, pero aclararon expresamente que no era para revisar el cumplimiento del stand-by sino para mantener contactos con funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición luego del cambio de escenario que generó la derrota del oficialismo en las PASO. Los 5400 millones en teoría deberían ingresar a partir del 15 de septiembre, pero el Fondo no ha dado una sola señal en ese sentido.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró en varias ocasiones que no hay motivo para que el giro del dinero se postergue. “Es una decisión de las autoridades del Fondo. La Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y compromisos fiscales y monetarios, cuantitativos y cualitativos”, aseguró. El funcionario hace referencia a las metas establecidas para el segundo trimestre, pero el organismo multilateral no solo toma en cuenta el pasado sino la evolución de las cuentas en el período actual y, sobre todo, el contexto político.
La duda está puesta en el cumplimiento de las metas del tercer trimestre y dentro del organismo también se duda sobre la conveniencia de girarle fondos a un gobierno que aparentemente está de salida. Por ese motivo, algunas analistas especulan con la posibilidad de que no llegue un centavo al menos hasta que se vote el próximo 27 de octubre y allá un presidente electo que esté en condiciones de asumir compromisos para lo que viene.
El viernes pasado hubo una reunión en Washington para evaluar la crisis argentina. Página/12 reveló el lunes de esta semana que Italia, Suecia y Holanda se oponen a un nuevo desembolso. Los tres países europeos expresaron su negativa a validar el próximo tramo del préstamo. Consideran que el gobierno de Macri viola los términos del programa pactado con el organismo y pretenden esperar al recambio presidencial antes de comprometer más recursos.
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Pese a ello, Macri aseguró en Córdoba en una improvisada conferencia de prensa que espera el dinero. Minutos antes, durante el discurso que ofreció en la inauguración del Nido Parque Educativo Norte, había insistido con que las PASO, realizadas el 11 de agosto, fueros las responsables de la inestabilidad económica que golpea a los argentinos al menos desde inicios de 2018. “Queremos que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos”, aseguró deslindándose de todo tipo de responsabilidad.
Bajaron otros 371 millones

El Banco Central sigue perdiendo divisas por la salida de depósitos del sistema financiero.

Las reservas internacionales bajaron 371 millones de dólares y se ubicaron en 51.373 millones. Este ritmo de retroceso sigue siendo elevado aunque resulta más lento respecto de las pérdidas de casi 1000 millones de dólares registradas al final de la semana pasado y a inicios de esta. El nivel de divisas de la autoridad monetaria es el principal elemento de discusión entre los consultores y muchos aseguran que los dólares no alcanzan.
La caída de depósitos en moneda extranjera de los bancos fue en las últimas semanas uno de los principales elementos que explican de retroceso de las reservas. Esto se debe a que parte de los depósitos se encuentran encajados prudencialmente en el Banco Central y en la medida que salen del sistema financiero también bajan los encajes.
El último dato oficial sobre depósitos es del lunes 2 de septiembre. La caída fue de 957 millones de dólares y se ubicaron en 25.696 millones. El viernes previo se habían perdido 1118 millones y el jueves otros 805 millones. Desde las elecciones del 11 de agosto el retroceso de los depósitos acumuló 6804 millones. La cifra equivale a una baja del 21 por ciento del total de las divisas en las cuentas bancarias a principios del mes pasado.
El dólar cerró este jueves en 58,21 centavos y marcó una suba de 15 centavos. El tipo de cambio mayorista finalizó en 56,01 pesos y anotó un avance de 1 centavo. El Banco Central no participó con intervenciones en la plaza cambiaria. Las había hecho por montos menores a los 50 millones de dólares tanto el miércoles como el jueves. La tasa de interés de las Leliq se mantiene en niveles elevadísimos a pesar de los controles cambiarios y permite generar una rentabilidad extraordinaria en la medida que el tipo de cambio se estabiliza en torno de los 60 pesos. El Central ofreció Leliq con una tasa promedio del 85,80 por ciento. La dolarización de los activos puede hacerse luego a través del contado con liquidación.
La bolsa porteña y el los bonos soberanos continuaron en recha por segundo día consecutivo. El MerVal avanzó 8,9 por ciento y los títulos públicos subieron hasta 9,3 por ciento. La petrolera YPF fue una de las acciones destacadas de la jornada con un aumento de 11,9 por ciento. Se destacó también la suba de 20,6 por ciento de Pampa Energía. El riesgo país bajó a 2204 unidades (-134 puntos).
05 de septiembre de 2019
Macri se mostró confiado sobre el próximo giro que debería llegar de Washington

"Esperamos el desembolso del FMI porque hemos cumplido con todo"

Los 5400 millones en teoría deberían ingresar a partir del 15 de septiembre, pero el Fondo no ha dado una sola señal en ese sentido.

“Sí, esperamos el desembolso porque hemos cumplido con todo”, aseguró este jueves el presidente Mauricio Macri al ser consultado sobre el próximo giro que debería realizar el Fondo Monetario Internacional. Una misión del organismo encabezada por el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner y el jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli, visitó el país a fines del mes pasado, pero aclararon expresamente que no era para revisar el cumplimiento del stand-by sino para mantener contactos con funcionarios del gobierno y dirigentes de la oposición luego del cambio de escenario que generó la derrota del oficialismo en las PASO. Los 5400 millones en teoría deberían ingresar a partir del 15 de septiembre, pero el Fondo no ha dado una sola señal en ese sentido.
El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, aseguró en varias ocasiones que no hay motivo para que el giro del dinero se postergue. “Es una decisión de las autoridades del Fondo. La Argentina ha cumplido con todos los requerimientos y compromisos fiscales y monetarios, cuantitativos y cualitativos”, aseguró. El funcionario hace referencia a las metas establecidas para el segundo trimestre, pero el organismo multilateral no solo toma en cuenta el pasado sino la evolución de las cuentas en el período actual y, sobre todo, el contexto político.
La duda está puesta en el cumplimiento de las metas del tercer trimestre y dentro del organismo también se duda sobre la conveniencia de girarle fondos a un gobierno que aparentemente está de salida. Por ese motivo, algunas analistas especulan con la posibilidad de que no llegue un centavo al menos hasta que se vote el próximo 27 de octubre y allá un presidente electo que esté en condiciones de asumir compromisos para lo que viene.
El viernes pasado hubo una reunión en Washington para evaluar la crisis argentina. Página/12 reveló el lunes de esta semana que Italia, Suecia y Holanda se oponen a un nuevo desembolso. Los tres países europeos expresaron su negativa a validar el próximo tramo del préstamo. Consideran que el gobierno de Macri viola los términos del programa pactado con el organismo y pretenden esperar al recambio presidencial antes de comprometer más recursos.
Pese a ello, Macri aseguró en Córdoba en una improvisada conferencia de prensa que espera el dinero. Minutos antes, durante el discurso que ofreció en la inauguración del Nido Parque Educativo Norte, había insistido con que las PASO, realizadas el 11 de agosto, fueros las responsables de la inestabilidad económica que golpea a los argentinos al menos desde inicios de 2018. “Queremos que este proceso electoral no dañe aún más a los argentinos”, aseguró deslindándose de todo tipo de responsabilidad.
05 de septiembre de 2019
Los efectos de la crisis

La dictadura del capital financiero, una realidad que no casualmente se presenta incomprensible, y sus consecuencias en la vida cotidiana.

¿Cómo afecta la crisis financiera nuestra cotidianeidad? ¿Por qué nos cuesta ver la relación entre el capital financiero y la forma en que afecta nuestras vidas? La realidad financiera se presenta incomprensible y esto no es casual. Las impunes finanzas (y su inestabilidad) abarcan todo nuestro imaginario sin que podamos desentrañarlas. Mientras que el dólar trepa en las pizarras y se anuncian deudas reperfiladas, a nosotres nos queda mucho mes al final del sueldo.
Los dueños de las finanzas. La idea de libre mercado está basada en el comportamiento de un sujeto imaginario, el homo economicus. El mercado funciona racionalmente según este personaje, que tal como menciona Amaia Pérez Orozco, responde a la caracterización de un varón, burgués, blanco, heterosexual, que no tiene necesidades de cuidado y tampoco los brinda. Esto nos hace pensar que el mercado funciona bajo reglas ficticias que poco tienen que ver con nuestras vidas. La evidencia muestra, que el accionar de firmas como Templeton y JP Morgan exclusivos conocedores del rumbo de la economía local impacta primero en el Merval y después en nuestras alacenas.
Sobrevivir para endeudarse, endeudarse para sobrevivir. Una de las consecuencias claras que tiene esta crisis financiera se vincula con los efectos recesivos que generan las altas tasas de interés. La medida acrecienta la rentabilidad financiera en detrimento de la inversión en la economía real. Se atenta contra la generación de empleo de calidad, fomento de tecnología, investigación e innovación y desarrollo económico. Las estadísticas dan cuenta del cierre de Pymes y pérdida de miles de puestos de trabajo. Y es que se vuelve imposible para el sector productivo competir con las altas tasas ofrecidas en el mercado financiero, en un contexto de derrumbe del consumo y del mercado interno. Lo siniestro de este sistema especulativo se evidencia también en que muchas Pymes lograron sobrevivir, realizando colocaciones de capital en los Fondos de Inversión. El pago de (devaluados) salarios, la compra de insumos, entre otros gastos corrientes, se sostuvieron también en base a una burbuja especulativa, reflejo de la emergencia del corto plazo.
El ajuste es violencia patriarcal. La maniobra financiera entró en jaque y repercute en los bolsillos de las familias. El alza en el precio del dólar impacta en la formación de precios internos. Es por eso que nos inundan expresiones de hastío, y las tensiones comienzan a sentirse en los espacios de trabajo, pero también en las calles y en las casas. Cada vez nos cuesta más dinero y más tiempo sostener nuestras vidas. En momentos de crisis económica, la violencia de género doméstica se incrementa ya que se ve interpelada la masculinidad de los varones cis en tanto proveedores de los hogares. El 73 por ciento de los femicidios en 2019 ocurrieron en el ámbito doméstico.
Los efectos de la crisis económica se sienten en la calle. En el mercado de trabajo remunerado las desigualdades estructurales se profundizan y empeoran para las disidencias -colectivo LGTTnB, personas con disfuncionalidad relativa-, entre otras características que no se ajustan al homo economicus.
La caída del poder adquisitivo de quienes perciben ingresos fijos en pesos, es consecuencia de los procesos inflacionarios que generan las sucesivas devaluaciones. En este sentido, diversas organizaciones sociales salieron a las calles con consignas claras y necesarias para la sostenibilidad de la vida: la emergencia alimentaria para asegurar los alimentos y el incremento de los salarios sociales complementarios de les trabajadores de la Economía Popular (muchas de ellas mujeres que sostienen los cuidados y espacios comunitarios), entre otras.
Correr de escena a los mercados. Un mercado que sistemáticamente vulnera derechos de les trabajadores los empuja a sostener los hogares mediante deudas y  multiplica las tareas de sostenimiento de la vida. Nos fuerza a cuidar más a otres y menos a nosotras mismas. Obliga a resolver más con menos energía, menos tiempo e ingresos que ya no rinden. Lleva a poner más tiempo en trabajo no remunerado e invisibilizado para seguir subsidiando al capital. Esta crisis refuerza la necesidad de repensar qué economía queremos. Y, desde la economía feminista proponemos aquella que se enfoca en la vida (humana y no humana) y que se integra al paradigma de sostenibilidad de la vida.
*Integrantes del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Critica.
05 de septiembre de 2019
Pobreza por treinta años más

Para los mentores del neoliberalismo, la pobreza puede subir "unos cuantos puntos más", y habrá que esperar 30 años de crecimiento sucesivo para bajarla.

Ricardo Arriazu, un veterano consultor de la city, joven asesor en el Banco Central durante la última dictadura /1976/83) y uno de los mentores de la "tablita cambiaria", expresó este miércoles sin excitarse: "no se extrañen que la pobreza vuelva a subir unos cuantos puntos (...). Por los acontecimientos conocidos, se puede esperar un salto fuerte en la pobreza: ha pasado en otros años con fenómenos parecidos". Casi naturalizando el hecho de que en Argentina esté superando el 35 por ciento y hasta acercarse al 40, Arriazu proyectó que para bajar la pobreza al 10 por ciento "el país debería crecer en forma sostenida el 2,8 por ciento anual durante treinta años".
Sin demasiado apuro para resolver la pobreza, Arriazu prefiere que sea por derrame en vez de las tan detestables políticas públicas específicas. El comentario no alteró a la exquisita concurrencia que participó del encuentro de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, en el Sheraton de Retiro. AEA, en su concepción, no es muy diferente al Consejo Empresario Argentino, CEA, que en 1975 presidía José Alfredo Martínez de Hoz y lo catapultó al Ministerio de Economía de la dictadura cívico militar inaugurada en 1976. La parte "cívica" de ese golpe la aportó, justamente, el CEA, esa usina de defensa de los intereses del capital más concentrado. En 1975, una usina golpista. En 2019 su heredera, AEA, es un fuerte aparato de presión para condicionar a los gobiernos democráticos que no le responden directamente.
Arriazu, con una larga trayectoria que va del CEA a la AEA, sostiene hoy que "sin restaurar la macroeconomía la Argentina no podrá crecer; hay que eliminar los déficit gemelos, estabilizar el tipo de cambio nominal y erradicar la inflación: las tres cosas hay que hacerlas al mismo tiempo". En 1979 lo intentó mediante una "tablita cambiara" (anunciada el 20 de diciembre de 1978) que explicitaba el calendario de devaluaciones, una suerte de "seguro de cambio gratuito" que posibilitó fabulosas ganancias especulativas con las altas tasas de interés en pesos y posterior fuga de divisas. Con otros instrumentos, los mismos resultados que la política actual: crisis externa, e inflación y recesión internas.
Arriazu dijo que en el largo plazo la inflación es un fenómeno monetario, pero en el corto y mediano es mucho más complejo, por lo que hay que atacarlo desde múltiples frentes. Sostuvo también que la crisis actual forma parte de "un ciclo, y los ciclos pasan", pero el problema argentino es estructural. "Lleva casi un siglo… y sigue allí. Llegamos a tener 2,6 veces el promedio del PBI Mundial y ahora estamos en el 30%, es la historia de un fracaso secular fenomenal que comenzó en la década de 1920", se quejó. Si alguien se preguntaba de dónde salía esa rara interpretación que utiliza el gobierno de que todo lo que nos sucede es culpa de los anteriores 90 años, aquí apareció el autor.
Y si alguien piensa que, después de la actual experiencia, a nadie se le ocurriría volver a aplicar la misma fórmula, se equivoca: si les dan la oportunidad, como a fines de los 70, a fines de los 90 y como en el último cuatrienio, lo volverían a hacer.
Tarifazo: el Gobierno pospuso el último aumento del gas para después de las elecciones

El incremento quedó pautado ahora para enero del 2020, con el nuevo gobierno. Argumentan que el aumento podía afectar aun más al consumo.

El Gobierno nacional dispuso finalmente posponer el aumento del gas que estaba fechado originalmente en octubre de este año para que se realice finalmente en enero de 2020, luego de los comicios de octubre en donde Mauricio Macri intentará revertir el resultado de las PASO. Allí, el actual presidente perdió por más de 15 puntos ante el opositor Alberto Fernández.
Así lo dispuso a través de la resolución 521/2019, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Allí, establece que se va a "diferir el ajuste semestral de los márgenes de transporte y distribución previsto a partir del 1º de octubre de 2019, para el 1° de enero de 2020, oportunidad en la cual se aplicará el valor correspondiente al índice de actualización inmediato anterior disponible".
En compensación a las empresas, el Gobierno les permite "readecuar" su plan de inversiones a la nueva coyuntura, para lo cual deberán proponer un nuevo cronograma de inversiones en los próximos 30 días.
El Gobierno justificó esta nueva marcha atrás en su plan económico en el hecho que "en caso de emitirse los correspondientes cuadros tarifarios a partir de octubre del corriente año, en las actuales circunstancias macroeconómicas, podrían generarse efectos adversos en materia de reactivación del consumo y de la actividad económica en general", una de las tantas advertencias que le hizo la oposición al macrismo en estos años.
Cuando el por entonces ministro de Energía Juan José Aranguren dispuso los aumentos tarifarios de gas, estableció que el gas iba a aumentar dos veces por año, en abril y octubre, hasta 2019. Asimismo, dolarizó las tarifas de servicios públicos. En aquel entonces y tras la salida del cepo, la divisa norteamericana cotizaba a 14 pesos, cuando ahora, con un nuevo control de cambios, lo hace a 58 pesos.
El premio Nobel de Economía sostuvo que "es sorprendente el parecido de esta crisis argentina con la de 2001"

Krugman: "Estoy tratando de entender el desastre"

“Llorando por Argentina: estoy tratando de entender el desastre”, lanzó el ganador del premio Nobel de Economía, Paul Krugman, al cuestionar el vertiginoso endeudamiento en moneda asumido durante la gestión de Mauricio Macri. A través de su cuenta en Twitter, el economista estadounidense consideró que la masiva toma de deuda realizada por las distintas capas geológicas de funcionarios cambiemitas lo único que logró fue “cavar un pozo más profundo, con un incremento en la deuda externa y el descrédito de las reformas neoliberales”. Krugman advierte que el deterioro en el sector externo comenzó antes del recambio presidencial, pero señala que la política económica de las autoridades argentinas agudizó los problemas hasta llegar a la crisis actual.
“Para quienes dedicamos mucho tiempo a este tipo de crisis es sorprendente lo parecido que es el libreto al de la crisis de 1998-2001, no está la convertibilidad pero se ven los mismo errores en la política económica y con el FMI validando ese camino”, indicó Krugman en una serie de tuits. Además de cuestionar al organismo multilateral por su rol en el estallido de la crisis, el economista apunta directamente a su ex directora Christine Lagarde que será designada al frente del Banco Central Europeo (BCE). “Y, sí, esto me hace preocupar mucho más sobre la llegada de Lagarde al BCE. Todos los involucrados en realidad deberían haber hecho algo mejor”.
A lo largo de la última década, Krugman ha reivindicado la reestructuración de la deuda y el crecimiento económico de la Argentina después del colapso de 2001-2002 ante los embates y críticas de la prensa financiera extranjera. Sin embargo, el economista consideraba que la política económica del gobierno anterior era demasiado “heterodoxa” para su gusto. Como buen exponente de los premios Nobel de Economía, Krugman es un economista que se mueve en los márgenes de la ortodoxia.
Al evaluar el fracaso del gobierno de Macri, los tuits enfatizan que la gestión presidencial comenzó con déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente. “La respuesta de manual es la consolidación fiscal con devaluación, para que un aumento en las exportaciones netas compense la caída en la demanda interna”, explica el norteamericano para agregar que “Macri no pudo o no quiso bancarse el rechazo por el recorte en el presupuesto y tampoco permitir una rápida devaluación por el impacto inflacionario y por la deuda denominada en dólares”.
Con ese diagnóstico, sostiene el economista, el gobierno “recurrió a más financiamiento externo”. Desde su perspectiva, el ciclo de endeudamiento abierto por el gobierno de Macri “fue posible al principio por la luna de miel con el mercado y después por el masivo respaldo del FMI. Pero al final lo único que hicieron fue cavar un pozo más profundo”. Así, sostiene Krugman, “los últimos intentos desesperados para estabilizar la situación involucraron incrementos drásticos en la tasa de interés y austeridad de último minuto, y, por lo tanto un desplome desagradable”.
Tampoco es la primera vez que Krugman enciende señales de alarma sobre los programas de austeridad. A comienzos de septiembre de 2018 luego de que el ex ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, anunciara que Argentina se comprometía al “déficit cero”, el economista recurrió a twitter para cuestionar el ajuste fiscal. “Macri fue elegido porque se suponía que iba a calmar la inestabilidad. No tengo un análisis completo. ¿Pero estamos seguros de que austeridad fiscal es la respuesta para resolver los problemas?”, se preguntaba hace exactamente una año.
Hernán Lacunza prometió que no habrá un corralito y reveló que el cepo al dólar fue aprobado por el FMI

El ministro de Hacienda afirmó que "no será necesario" retener depósitos de las cuentas bancarias.

El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, prometió que no habrá un "corralito" y reveló que la decisión del cepo al dólar fue consultada con el FMI.
El ente internacional, según contó el ministro en una entrevista en C5N, aprobó la maniobra del control cambiario en los bancos. Además, afirmó que la llegada la última cuota del préstamo del Fondo internacional es "indispensable" para el futuro del país.



Son en total 5.400 millones de dólares los que restan aún del FMI. Para Lacunza, "no hay que ponerse ansioso" ya que debería empezar a llegar el dinero desde el 15 de septiembre.
"Hablamos con el Fondo Monetario día por medio. Charlamos con ellos antes de tomar las medidas", afirmó Lacunza sobre el default y el cepo al dólar, ambas medidas consultadas previamente y aprobadas por el organismo económico.
"No va a hacer falta un corralito", fue la frase contundente del funcionario sobre lo sucedido en la crisis de 2001 con la retención de los depósitos en las cuentas bancarias.



03 de septiembre de 2019
Se complica la posibilidad del desembolso de unos 5400 millones del FMI. Resistencia europea en el directorio

Países europeos le bajaron el pulgar a Macri

Italia, Suecia y Holanda se oponen al giro. Dicen que el gobierno de Mauricio Macri viola los términos del programa pactado con el Fondo y pretenden esperar al recambio presidencial antes de comprometer más recursos.

Italia, Suecia y Holanda se oponen a un nuevo desembolso del Fondo Monetario Internacional. Página/12 confirmó que los tres países europeos expresaron su negativa a validar el próximo tramo del préstamo. Lo hicieron el viernes durante el encuentro excepcional convocado para analizar la crisis argentina en el Directorio del FMI . Consideran que el gobierno de Mauricio Macri viola los términos del programa pactado con el organismo y pretenden esperar al recambio presidencial antes de comprometer más recursos.
La discusión entre las autoridades del prestamista gira alrededor de los 5400 millones de dólares que el organismo debería desembolsar a partir del 15 de septiembre . Ni siquiera está prevista la fecha para la revisión formal que deben realizar los técnicos del Fondo.
Al creciente escepticismo entre los representantes europeos se contrapone la posición de Estados Unidos. El principal accionista del FMI mantiene, por ahora, su respaldo al programa. El Staff del Fondo anticipó a las autoridades el encuentro del viernes que Argentina iba a establecer controles de capitales durante el fin de semana.
El cronograma oficial del FMI establecía que la discusión en el Directorio se concentraría en la economía de Guyana pero, como anticipó PáginaI12 , la evaluación del país caribeño fue opacada por el reporte oral informal realizado por el jefe de la misión, Roberto Cardarelli, que acababa de regresar a Washington desde Buenos Aires. El comunicado oficial se limitó a comentar que “Cardarelli hizo un briefing al directorio sobre los recientes acontecimientos en Argentina, una sesión informativa de carácter informal".
El encendido debate fue más allá. Los técnicos del organismo revelaron que el Banco Central y el Palacio de Hacienda analizaban poner en marcha un esquema de regulaciones cambiarias mientras que al menos tres directores manifestaron su rechazo a habilitar el siguiente tramo del préstamo. Quienes expresan la posición de los países con experiencias traumáticas recientes como Ucrania le recriminan al Fondo la flexibilidad exhibida en el caso argentino.
Aunque cuenta con 189 miembros, la instancia de decisión del FMI está compuesto por 24 directores que desde sus sillas representan a grupos de países. Este diario pudo reconstruir que, en el excepcional convite celebrado el viernes por la tarde para evaluar la profundización de la crisis argentina, las posiciones más duras contra la continuidad de los desembolsos fueron realizadas por los directores de Italia, Suecia y Holanda, aunque son cada vez más los miembros que exponen sus interrogantes. Los tres miembros que representan a un total 29 países y suman el 12,85 por ciento de los votos en el organismo proponen postergar la evaluación del próximo desembolso hasta el recambio presidencial.
Las críticas de los países del norte de Europa representados por los suecos se remontan a los comienzos del programa mientras que el rechazo del directivo holandés no solo expresa las dudas de su país sino también el creciente malestar de países como Ucrania con quien comparte silla en el Directorio del Fondo. Los ucranianos recriminan la flexibilidad exhibida por las autoridades organismo en el caso argentino a diferencia de las férreas exigencias establecidas en su programa.
El viernes quedó en evidencia la incertidumbre y los reparos que genera el rotundo fracaso del programa de financiamiento otorgado al gobierno argentino que la semana pasada defolteó sus pasivos de corto plazo. Devenido en el principal prestamista individual del país, al organismo le corresponden 1 de cada 3 dólares que deberá desembolsar el próximo gobierno durante su mandato . La carga de la deuda puede cambiar si existiera una reestructuración con los acreedores privados y si se concreta la renegociación del acuerdo con el FMI anunciada la semana pasada por el Palacio de Hacienda.
Aunque conocen las dudas que tiene el Directorio del Fondo, los funcionarios argentinos repiten que el ingreso de los 5400 millones de dólares está garantizado. Los recursos deberían ingresar a partir del 15 de septiembre pero la dinámica de los últimos desembolsos revela que la operación suele concretarse, por lo menos, dos semanas después de la fecha prevista debido al proceso burocrático del organismo. El acuerdo Stand-By estableció un esquema de trece desembolsos. Hasta ahora se concretaron cinco transferencias que representan el 78 por ciento de todos los fondos comprometidos, alrededor de 44 mil millones de dólares.
La confianza del gobierno reside en el respaldo de Estados Unidos. Aunque los funcionarios argentinos remarcan el cumplimiento de las metas previstas en el programa de austeridad, las consecuencias de la corrida cambiaria dejaron al descubierto que Argentina no cumple con los criterios para acceder a un “acuerdo Stand-By de acceso excepcional”. Aunque empiezan a brotar las grietas en el seno del FMI, el respaldo estadounidense y su poder de veto mantienen viva la esperanza en el gobierno para recibir los fondos necesarios para cerrar el programa financiero.
La caída de la economía macrista

Y finalmente la bomba le explotó a Macri

El estallido fue en el gobierno de Cambiemos. No le quedó una sola bandera en pie. La secuencia fue terrible: megadeuda, megadevaluación, inicio de default y control cambiario.

Están los economistas de las consultoras de la city que legitimaron todas las medidas de la fallida administración macrista y están los otros, los que solamente intentaron aplicar los principios de la ciencia para entender el desarrollo de los acontecimientos. Los primeros decían hasta hace apenas unas semanas que el camino que condujo a un nuevo colapso terminal era el único posible. Hoy repiten lo mismo, pero afirman que el problema fue que el vehículo utilizado para recorrerlo no era el adecuado. Es una historia tan vieja y conocida como los finales de crisis de los regímenes neoliberales. La culpa nunca es de la mala teoría, de la ideología o de la vulgar defensa de intereses particulares y de clase, sino de que las medidas no se aplicaron a fondo o no se aplicaron bien.
En esta línea resulta paradigmática una nota aparecida el pasado domingo en el diario de negocios londinense Financial Times, que asumió el gasto de enviar dos periodistas a Buenos Aires. El artículo reproduce la especie urbi et orbi y seguramente retroalimentará la línea que seguirán los fracasados (no económicamente, claro) consultores locales. Según la interpretación histórica que se intenta construir, la culpa fue primero del gradualismo y luego, de que se llamó al FMI “demasiado tarde”. Por supuesto, el pánico post PASO no fue debido al agotamiento del modelo, sino al temible regreso del populismo. Dicho mal y pronto, “consumen de la propia”.
El gradualismo fue un invento de marketing para justificar el absurdo endeudamiento en divisas. Durante su devenir nunca se frenó el recorte del gasto y la destrucción de las funciones del Estado. El FMI llegó antes que el más pesimista de los pronósticos. Pero la síntesis refritada para los consumidores globales es bastante elocuente, el problema no fue el dogmatismo ortodoxo, sino su presunta baja dosis. El problema tampoco fue que el plan del FMI no sirvió siquiera para estabilizar la macroeconomía, sino que se lo aplicó demasiado tarde. Y finalmente, el problema no fue que se agotó el modelo de los endeudadores seriales, sino que regresarán los que siempre pagaron las deudas. Los argumentos de los escribas del poder financiero parecen broma, pero están escritos en serio.
La realidad es que no hacía falta una inteligencia sobresaliente ni conocimientos especiales para advertir que, desde el primer día, la segunda Alianza que marcó el regreso de casi todos quienes integraron la primera y provocaron el colapso de 2001-2002, comenzó a avanzar en la dirección contraria a la que necesitaba la economía local en diciembre de 2015. Frente al problema principal del déficit para generar las divisas necesarias para continuar con el proceso de inclusión social se recurrió a la toma desenfrenada de deuda. Pero no sólo eso, al mismo tiempo se eliminaron todas las regulaciones a los movimientos de capitales y, como si no fuese suficiente, también se eliminó la obligatoriedad de liquidar divisas. Dicho de otra manera, mientras se dejaba que la nueva deuda se recicle en fuga, se aumentaba la demanda futura de divisas al mismo tiempo que se reducía voluntariamente la oferta futura. El rumbo era hacia una colisión inevitable. Se sabía que el choque se produciría más temprano que tarde, pero sin una bola de cristal era imposible adelantar la fecha exacta. El colapso, hoy se sabe, comenzó a manifestarse en abril de 2018, con el cierre de los mercados externos. Ya con el FMI adentro y la profundización del ajuste, la pregunta más honesta que cualquiera podía hacerse era “¿estalla antes o después del 10 de diciembre?”. Sin importar el lado desde el que se mirara ¿le estalla a ellos o nos estalla a nosotros?
Le estalló a Cambiemos y en la caída no le quedó una sola bandera en pie. La secuencia fue terrible: megadeuda, megadevaluación, inicio de default y control cambiario. Todo esto en tiempo récord y tras haber recibido una economía desendeudada. Para graficar la experiencia macrista el lector puede imaginar que le dan a administrar una empresa saneada y en marcha y que la devuelve superendeudada, con patrimonio neto negativo, en concurso de acreedores, con la mitad de las máquinas paradas y con menos trabajadores.
Carece de sentido ensañarse en la secuencia de medidas producidas tras la asunción de Hernán Lacunza en Hacienda. Puede decirse que el gobierno corrió detrás de los acontecimientos, que recién actuó después del drenaje de más de 12 mil millones de dólares de reservas tras las PASO, y con las acciones y bonos soberanos derrumbados y sin piso, pero la realidad es que al oficialismo no le quedaban más alternativas. Tanto el “reperfilamiento” como los controles cambiarios fueron medidas inevitables para eludir un colapso mayor de consecuencias impredecibles, ya que sobre el fin de la semana pasada hasta se había puesto en marcha una corrida bancaria.
Quizá esta vez la sociedad argentina finalmente aprenda que cuidar los dólares escasos debe ser siempre un objetivo de la política económica. Quizá la actual recaída neoliberal sea la última. Pero conviene no ilusionarse. Lo mejor es ponerse nuevamente a trabajar contra las interpretaciones falsas. Hasta hace muy poco los ideólogos del actual fracaso afirmaban que estábamos frente al “tercer intento de modernización de la economía argentina” luego de la dictadura y los ’90. No es casual que todo haya terminado igual. Apenas resta esperar que la tercera sea la vencida.
Crisis económica: en un mes, se fueron más de $ 200.000 millones de los Fondos Comunes de Inversión

El desplome se dio en el marco de la peor crisis económica que atraviesa el Gobierno y hay temor entre los inversionistas.

En el marco de la sangría de reservas del Banco Central (BCRA) y la impresionante fuga de capitales, en el último mes, salieron de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) más de $ 200.000 millones. La incertidumbre económica generada por el Gobierno profundizó el resquebrajo del sistema financiero y la estrepitosa caída se explicó por un rescate masivo de las cuotapartes y un derrumbe en la cotización de los activos.
De acuerdo a la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión, el resumen patrimonial al 31 de julio alcanzaba los $ 854.572.474.709. Sin embargo, los números del cierre de agosto arrojaron un dato muy preocupante.
El último dato disponible arroja un balance patrimonial de $ 634.825.634.890. Es decir, en apenas un mes, se fueron de estos fondos $ 219.746.839.819. Pero lo más preocupante
Por las últimas medidas aplicadas por el Gobierno, los FCI se vieron gravemente perjudicados por la normativa, ya que no cobraran las letras tanto en pesos y en dólares en línea con lo esperado. A partir de ello, se teme rescates de fondos sobre tales productos.
Aquel inversor que haya realizado suscripciones a fondos comunes de inversión que están invertidos en Letras y bonos argentinos, probablemente deba esperar para poder recibir los fondos inicialmente invertidos. Esto genera una traba no solo para las personas físicas respecto de sus ahorros, sino también a las empresas y Pymes que utilizan estos productos para hacer frente a sus obligaciones de negocio diario.
Como los inversores se pueden ver incentivados a rescatar sus tenencias en los fondos comunes de inversión, el gestor del fondo debe desarmar posiciones dentro de su cartera para poder hacerse de liquidez y responder con el rescate. El problema se da en que, si esto ocurre en forma generalizada, la liquidez en el mercado se reduce y dificulta que los gestores puedan hacerse de esa liquidez y complique a la gestora a poder entregarle la suma invertida.
El temor más importante que se percibe en los gestores, principalmente bancarios, radica en que, si no se cumple con la entrega del dinero en tiempo y en forma, esto termine empujando a otros problemas más sistémicos en el sistema financiero.
Otra arista que dejó la nueva reglamentación del Gobierno fue que la ANSES participó en todas las licitaciones de los bonos defaulteados para cubrir las necesidades de dólares y pesos del Ejecutivo, principalmente en las de las últimas semanas. Más aún, el miércoles en el que se declaró el “reperfilamiento” y los títulos cotizaban a precio de default.
El mayor acreedor de este segmento es el Fondo Garantía de Sustentabildiad, que de acuerdo a un análisis provisorio, cuenta con $ 315.000 millones a los precios de mercado del 26 de agosto.
Álvarez Agis: “Macri transformó una corrida cambiaria en una bancaria”

El economista criticó al Gobierno pero se encargó de aclarar que la situación difiere con la del 2001 porque los bancos sí tienen los dólares de los ahorristas.

El exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, se refirió a las últimas medidas económicas del Gobierno y señaló que "Macri transformó una corrida cambiaria en una bancaria". A su vez, aseguró que "las medidas que se tomaron pueden llevar a un dólar paralelo muy grande".
En declaraciones al programa "Navarro2019" en El Destape Radio, el integrante del equipo económico de Alberto Fernández indicó que" la preocupación ahora es el sistema financiero porque la gente se asusta por el default". Además, puntualizó que “ahora pueden frenar el precio del dólar y frenar la sangría de reservas".
"Esto es distinto de 2001, los bancos puedan atender la salida de depósitos de estos días", agregó Álvarez Agis. Asimismo planteó que "control de cambios o reperfilamiento de deuda, había que elegir uno de los dos caminos, no ambos. Por eso digo que esto es tozudez", sentenció el economista, en relación al último anuncio del Gobierno sobre la reestructuración de plazos de pago de deuda.
En la misma línea y en un tono cauteloso, Álvarez Agis destacó que "las empresas ya compraron todos los dólares que podían comprar. Por eso esta medida llegó tarde. Se perdieron diez mil millones de dólares". "No hay un argentino que no tenga claro hoy en día que el responsable es Macri", afirmó Agis, que también alertó que "la herencia que va a recibir Alberto Fernández empeoró mucho".
"Pienso que con Alberto Fernández se puede ir hacia un control de cambio mucho más laxo, no tan exigente". Asimismo, planteó que el marco de crisis que generó Cambiemos "va a tardar años en solucionarse".
La investigación por el millonario negociado con los peajes

La sospechosa venta de acciones que involucra a Macri

Los títulos de Socma en Ausol fueron vendidos a una empresa sin recursos y sin experiencia en el rubro peajes. El Gobierno modificó los requisitos para que Natal Inversiones pudiera entrar en el negocio y luego le prorrogó irregularmente la concesión. “Podría tratarse de una venta fraudulenta”, dijo Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial.

Sin poder justificarlo en sus balances, una empresa familiar dedicada al rubro inmobiliario y agropecuario, sin ningún tipo de experiencia previa ni conocimiento técnico en temas viales, llamativamente compró por una cifra millonaria el paquete accionario de una firma cuya concesión -en teoría- se vencía al año siguiente. O Natal Inversiones S.A. tenía un ojo afiladísimo para los negocios o, como mínimo, accedió a información privilegiada y sabía que el Gobierno iba a prorrogar el contrato hasta 2030. Mientras ex funcionarios de Vialidad Nacional afirman que hubo presiones para apurar la venta de las acciones antes de la renegociación del contrato, el organismo modificó las condiciones para permitir que una compañía que no cumplía con los requisitos pudiera ser adjudicataria. ¿Quién estuvo detrás de esa aparente compra-venta? ¿Se desprendió realmente de las acciones el Presidente de la Nación? ¿O fue sólo un simulacro para evitar la evidente negociación incompatible con la función pública? “Podría tratarse de una venta fraudulenta”, le dijo a PáginaI12 Ricardo Lasca, coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv).
El viernes 26 de mayo de 2017, Sideco Americana, la principal firma del Grupo Socma, vendió las acciones que tenía en Ausol S.A., concesionaria de los peajes de la Autopista Panamericana, por 551 millones de pesos. Sociedades Macri se fue desprendiendo paulatinamente de su participación hasta ese día, en el que le vendió a Natal S.A. el 7 por ciento que le quedaba. Fueron en total más de 6 millones de acciones. Natal Inversiones SA, que ya había comprado la participación de los otros dos accionistas minoritarios, Dycasa (5,83 por ciento) y ACS (5,72), pasó a controlar nada menos que el 18,5 por ciento de la empresa de peajes.
En un contrato de concesión, el Estado debe autorizar todas las transferencias -compra y venta- de participaciones accionarias. En este caso, Natal S.A. no cumplía con los antecedentes técnicos que el pliego de bases y condiciones exigía para la incorporación de nuevos accionistas. Por eso, la Dirección Nacional de Vialidad y el Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) modificaron las condiciones para flexibilizar los requisitos y dejara entrar a Natal al negocio de los peajes. Uno de esos requerimientos era que quien compre las acciones debía tener “antecedentes económicos, financieros y técnicos”. Como se dijo, Natal no tenía conocimientos técnicos del rubro porque no era una empresa constructora de obras viales, sino dedicada a los negocios inmobiliarios y con algunas inversiones en el mundo agropecuario. De peajes, rutas y caminos, nada. En paralelo, según cuentan ex trabajadores de Vialidad, los funcionarios macristas que coparon el organismo elevaron las presiones para apurar la aprobación de la venta a Natal y renegociar el contrato sin el Presidente Macri dentro del negocio. O al menos, en apariencia.
“Era una empresa que se dedicaba a la producción agropecuaria y al alquiler de inmuebles, pero no tenía nada que ver con la construcción vial. Por ese motivo se debieron modificar los pliegos para admitir accionistas que solamente tuvieran que acreditar la capacidad económica financiera. Nosotros creemos que podría tratarse de una venta fraudulenta”, afirmó Lasca.

Información privilegiada
El 9 de noviembre de 2017 a las 10 de la mañana, Natal S.A. cerraba el acta número 101 tras una reunión de directorio. Allí se informaba a los socios sobre el detalle del ingreso al negocio multimillonario de los peajes: “Se ha concretado la compra de poco más del 14 por ciento de acciones sin cotización de Autopistas del Sol S.A. Se realizaron tres operaciones de compra con tres empresas distintas. Del total de estas compras, un 75 por ciento fue financiada con fondos aportados por los dos accionistas mayoritarios de la sociedad y por el 25 por ciento restante se obtuvo financiación de uno de los vendedores, pactándose el pago en tres cuotas, venciendo la última en febrero 2018”. Del texto se desprenden varios interrogantes:
* Los dos accionistas mayoritarios son Marisol Fernández y Ezequiel Martín Fernández. La gran pregunta es de dónde obtuvieron el dinero (una suma millonaria) para llevar a cabo la compra. Las acciones de Socma en Ausol fueron vendidas por 19,7 millones de dólares, un 397 por ciento más de lo que valían antes de la asunción de Macri en la Presidencia. El punto es que todos los negocios que muestran los balances están dentro de Natal Inversiones. No declaran inversiones por fuera de esa firma y no queda claro de dónde sale semejante caudal para apalancar esa compra. Usualmente, las empresas se apoyan en créditos bancarios para este tipo de operaciones, pero no fue el caso. La pregunta, entonces, es cómo se financiaron. ¿De dónde salió esa cifra millonaria para comprar el paquete accionario? Los balances de la empresa dan cuenta de un aumento notorio del capital a partir de un crédito de los socios mayoritarios por 500 millones de pesos. “Muchas veces, cuando alguien acepta ser testaferro de otro, cobra por el servicio. Yo acepto ser tu testaferro y cobro por eso”, analizó un funcionario judicial con importantes conocimientos en delitos económicos, ante la consulta de PáginaI12. “Lo que ocurre es que las maniobras de este tipo son muy difíciles de probar, sobre todo cuando se trata de sociedades anónimas.”
* Otro de los puntos oscuros es la financiación que obtuvo Natal. ¿Cuál de todos los vendedores le dio la facilidad a la empresa de los Fernández para pagar en tres cómodas cuotas? El dato no está especificado en el acta y es clave.
* ¿Tenía Natal Inversiones información privilegiada? Según el acta mencionada, parece que estaba al tanto de que el Gobierno iba a extender el contrato de Ausol: “Las perspectivas sobre la evolución de este negocio son altamente favorables ya que se esperan buenos resultados económicos que consolidarán a Autopistas del Sol en el contrato de concesión otorgado por la Nación Argentina”, dice el texto. El punto es que ese contrato se vencía en menos de un año y debía llamarse a una nueva licitación. ¿Esperaban ese nivel de performance financiera entrando a un negocio que se terminaba en sólo doce meses? El Poder Ejecutivo no sólo no convocó a la nueva compulsa, sino que estiró la concesión por diez años más y por decreto. Mientras los funcionarios macristas en Vialidad facilitaban el ingreso de Natal flexibilizando los requisitos y presionaban para apurar la venta, la compradora ya sabía que el negocio iba a ser más que rentable, aunque supuestamente era una concesión a la que le quedaba solo un año de vida.
En rigor, según consta en los dictámenes de Vialidad a los que accedió este diario la primera compra de acciones por parte de Natal es a Dycasa, otra de las socias de Ausol. Casi en simultáneo se iniciaron las tratativas para la renegociación del contrato que, como ya señaló este diario, fue sin llamar a una nueva licitación y sin la intervención del Congreso, como establece la normativa. Es decir, que la extensión del contrato fue ilegal.

Quién es Natal Inversiones S.A.
Según figura en su página web, se trata de un “fondo de inversión con negocios inmobiliarios, agropecuarios y financieros”. Con sus oficinas ubicadas en Avenida Santa Fe 1675, piso 4º, CABA, ostenta unos cinco locales comerciales para alquiler en la Ciudad, tres construcciones de torres de departamentos en el barrio de Coghlan, algunas pocas inversiones ganaderas en la cuenca del Río Salado y dos olivares en las provincias de La Rioja y San Juan. De peajes, rutas y caminos ni una sola mención. Además de la evidente falta de experiencia en el rubro, de la lectura y comparación de los balances de los ejercicios de 2017 y 2018, que analizó PáginaI12, se desprende que Natal no tenía el poder económico para ingresar al meganegocio de los peajes. Antes de la compra sólo facturaba 2 millones de pesos anuales. Después de adquirir las acciones de la empresa de Macri en Ausol, sólo con el paso de un año, con la distribución de dividendos dan cuenta de más de 100 millones de pesos de ganancias.

El negociado, en la Justicia
El juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Carlos Stornelli investigan la denuncia presentada por los diputados Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. En la causa ya declaró la ex titular de Jurídicos de Vialidad Julieta Ripoli y el magistrado ordenó varias medidas de prueba, entre exhortos al CIADI y pedidos de informes a organismos de control. Por el momento, la investigación apunta sólo a determinar si la demanda que presentó ante el tribunal internacional Abertis, la empresa española controlante de Ausol (Panamericana) y GCO (Acceso Oeste), fue una puesta en escena para arrancarle al Estado 500 millones de dólares, que fueron reconocidos con la renegociación del contrato y tras lo cual fue retirada la denuncia ante el CIADI. Los posibles delitos son fraude al Estado y negociaciones incompatibles.
Sin embargo, hay más aristas que podrían abrirse: la disparada de las acciones de Socma con la llegada de Macri al poder, que se incrementó aún más con la dolarización de las tarifas, los aumentos autorizados por el Estado y la prolongación directa del contrato hasta 2030; el no llamado a licitación y la poco transparente venta de las acciones. En la mira de la Justicia Federal están el ex titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el propio presidente de la Nación, Mauricio Macri.
Control cambiario, restricción a la compra de dólares y liquidación inmediata obligatoria para exportadores

Ultimo recurso buscando evitar el estallido

Después de haber criticado durante años un régimen de administración del mercado de cambios, Macri termina imponiendo controles en el acceso a dólares para tratar de llegar al 10 de diciembre.

El gobierno estableció controles de capitales y limitó la venta de dólares en un nuevo intento por frenar la corrida cambiaria que hace tambalear la economía argentina. Las regulaciones cambiarias de emergencia fueron implementadas a través de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri que ya entró en vigencia. Las instrumentos para administrar la fuga de capitales restringen la compra de divisas hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento, bloquean la remisión al exterior de las ganancias de las empresas y obligan a las exportadoras a liquidar los dólares de sus operaciones en un plazo de hasta 5 días hábiles. La normativa del Banco Central dispone que las herramientas estarán vigentes hasta fin de año. Con la tardía reposición de algunos de los mecanismos de administración del mercado cambiario que existían hasta 2015 y la reestructuración compulsiva de la deuda de cortísimo plazo que patea la carga de los vencimientos al próximo gobierno, el oficialismo espera garantizarse disponibilidad de dólares que le permita finalizar el mandato sin nuevos sobresaltos en la cotización de la moneda estadounidense. Ninguna de las medidas anunciadas contiene la estampida de capitales financieros.
Los encargados de implementar los controles admiten que la crisis financiera generó pánico entre los pequeños ahorristas y, por eso, enfatizan que no habrá restricciones para retirar dólares de los bancos. Como reaseguro habilitan a las entidades financieras a extender el horario de atención al público hasta las 17 horas aunque la decisión dependerá de cada banco. La celeridad en el retiro de los depósitos del sistema bancario que acompañará los anuncios dominicales dependerá de la capacidad de cada entidad para abastecer los pedidos en sus distintas sucursales. Algunos de los instrumentos anunciados el domingo formaban parte de los mecanismos de administración del mercado de cambios utilizados para hacer frente a la escasez de dólares durante el gobierno anterior. El celebrado desmantelamiento de las demonizadas regulaciones financieras y normativas cambiarias registrado desde el inicio de la administración Cambiemos exacerbó la fragilidad externa de la economía argentina hasta dejarla al borde del colapso.
El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, y el titular del Palacio de Hacienda, Hernán Lacunza, son los encargados de informar las medidas a los banqueros y empresarios. Los funcionarios reportaron las medidas al Staff del Fondo Monetario Internacional y mantuvieron una conversación con los referentes económicos del Frente de Todos. El diagnóstico oficial es que con el precio del dólar por las nubes y una política de ahogo monetario, los distintos controles de cambios deberían garantizar holgura para evitar un estallido.
*Restricciones para la compra de divisas: A partir de este lunes los individuos sólo podrán comprar hasta 10 mil dólares mensuales para atesoramiento. Cualquier operación que pretenda superar ese monto, como la compra de dólares para concretar la adquisición de un inmueble, requerirá la autorización del BCRA. Las personas interesadas en saltar el umbral deberán justificar para qué requieren esos dólares a su banco y éste solicitará el permiso a las autoridades regulatorias. Las estadísticas oficiales muestran que las compras de billetes hasta 10 mil dólares representaron en julio el 69 por ciento de todas las operaciones. En mayo de 2016 la autoridad monetaria elevó de 2 a 5 millones el máximo para la compra de dólares y tres meses después anunciaba la eliminación definitiva de los topes (“uno de los pasos finales en la remoción de las restricciones cambiarias heredadas, siguiendo el camino iniciado con la liberación del cepo”, celebraba entonces el BCRA en su comunicado). El tope para enviar divisas a cuentas en el exterior será de 10 mil dólares para las personas físicas. Por encima de ese tope se requerirá autorización. No hay restricciones para las operaciones realizadas en el exterior.
*Cuentas en dólares y horario extendido en bancos: Las medidas anunciadas, enfatizan en el gobierno, no contemplan ningún tipo de restricción para la extracción de dólares y pesos de las cuentas bancarias. Como reconocen que el pánico asociado a la profundización de la crisis llevó a muchas personas a retirar sus ahorros se decidió habilitar la extensión del horario de atención en los bancos de 10 a 17 horas durante septiembre. La medida será evaluada e implementada a discreción por cada entidad financiera. Las entidades extranjeras son las más interesadas en la extensión de plazos. Los trabajadores bancarios, reconocen las autoridades, deberán ser compensados por las horas extra.
*Controles a la compra de dólares de grandes empresas: El BCRA decidió no venderle más dólares a las empresas para que los atesoren sin un destino específico. Las operaciones destinadas a financiar importaciones y el pago de deudas en moneda extranjera no requieren ningún tipo de autorización. Cuando las empresas quieran comprar dólares para ahorrar, cualquiera sea la cantidad, deberán solicitar una autorización. No se anunciaron medidas adicionales para evitar que la fuga de capitales mediante operaciones de importación simuladas o infladas.
*Utilidades y dividendos: La remisión de las ganancias a las casas matrices quedará sujeta al visto bueno del Banco Central. Las empresas ya no podrán enviar utilidades y dividendos de manera automática sino que deberán contar con la conformidad previa de la autoridad monetaria. Las entidades financieras quedaron alcanzadas por una normativa similar la semana pasada. Las cuentas externas muestran que muchas empresas se anticiparon a las medidas y aceleraron la remisión de sus ganancias al exterior.
*¿Quién y cómo se define la venta de dólares por encima de los límites?: El relanzamiento de los controles cambiarios será acompañado por la revitalización de la Gerencia de Exterior y Cambios del BCRA aunque tendrá una denominación aggiornada a la retórica oficial. Los parámetros que utilizarán para definir cuáles son las empresas que pueden remitir utilidades al exterior o qué personas pueden adquirir más de 10 mil dólares en un mes no fueron establecidos.
*Liquidación de los dólares de las exportaciones: Después de permitir que los exportadores no ingresen los dólares que generaban el gobierno decidió establecer plazos para que esas divisas sean liquidadas en el mercado cambiario local. Con el objetivo de aumentar la oferta de dólares, las compañías van a tener que vender los billetes generados por las exportaciones en los 5 días hábiles posteriores al cobro o 180 días corridos después del permiso de embarque (lo que sea más corto). En el caso del sector agroexportador y el resto de las commodities, el plazo en tiempos será de 15 días. La normativa apunta a ampliar la oferta de divisas. La disposición se suma al tímido e inocuo intento anunciado la semana pasada por el BCRA para que las cerealeras ingresen dólares.
*Opciones para las empresas atrapadas por la reestructuración unilateral de letras de corto plazo: En lugar de cobrar el 15 por ciento de sus acreencias al vencimiento y esperar hasta seis meses para cobrar, al momento de la maduración de sus tenencias reperfiladas de Letes, Lecaps, Lecer o Lelinks, las empresas podrán utilizar para cancelar deudas previsionales vencidas. En otras palabras, usar créditos defaulteados para pagar deudas atrasadas con el sistema de la seguridad social. También se corrigieron algunas imprecisiones del anuncio original que fue realizado el miércoles que pusieron en riesgo el funcionamiento de los Fondos Comunes de Inversión. La normativa contempla, a su vez, restricciones para que los bancos realicen maniobras de contado con liquidación.
Los eufemismos del ministro de Hacienda
Lacunza en el Titanic

El funcionario siguió la retórica macrista para evitar la descripción precisa del descalabro económico al que llevaron las políticas de Mauricio Macri. Admitió que el control de cambios es una medida "incómoda" para el Gobierno y dijo que no corresponde a "un país normal".

"El desafío es estacionar el barco en el muelle", graficó el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y amplió el diccionario de eufemismos oficiales para explicar las medidas de control de capitales decretadas por el presidente Mauricio Macri. Mientras el Gobierno baila sobre la cubierta del Titanic económico que generó, Lacunza confesó que las medidas son "incómodas" y no corresponden a "un país normal" e intentó calmar a los ahorristas: "Las reservas alcanzan para todas las demandas potenciales". El ministro confió en evitar el naufragio, pero canceló la conferencia de prensa prevista para esta mañana y se refugió junto a todo el Gabinete en la Casa Rosada a la espera de la apertura de los mercados.
"La Argentina parece un círculo en el que cada tanto se vuelve al mismo puerto. Este no es el puerto que soñamos. Durante este Gobierno se trabajó mucho en la sala de máquinas de ese barco, pero nos faltó el salón comedor y ese es el mensaje de las urnas", dibujó Lacunza una defensa de la gestión
El ministro, en entrevistas a América y El Trece, reconoció que las medidas van en contra de la ortodoxia liberal con la que Macri prometió "lluvia de inversiones" y bajar la inflación. "No son medidas típicas de un país normal, y son incómodas para nosotros", admitió el titular de Hacienda.
Sin embargo, Lacunza envió un mensaje para los cambiemitas que pudieran sentirse traicionados: "Si no las hacemos, y el tipo de cambio sube, las consecuencias son peores porque suben la inflación y la pobreza, y aumenta la inequidad". Un año atrás, Macri había hecho una confensión similar: "Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco les puedo hacer daño" .
Lacunza reconoció que pese a las medidas de urgencia que el Gobierno está tomando tras el "palazo" recibido en las PASO, persiste una "crisis de confianza", "una incertidumbre", por lo que intentó enviar un mensaje a los ahorristas: "las reservas alcanzan para todas las demandas potenciales" y les aseguró a los depositantes que "tienen derecho a disponer" de su dinero.
El ministro había convocado una conferencia de prensa a las 9 de la mañana en el Ministerio de Hacienda para repasar el decreto emitido en la previa del superclásico y a la espera de la apertura de los mercados. Sin embargo, con el dólar a 65 pesos en las bancas online antes de las 10, Lacunza reperfiló su agenda, canceló la conferencia y cruzó a la Casa Rosada para seguir la jornada financiera junto a todo el Gabinete.
Horas antes, en el navegar televisivo, Lacunza intentó otra metáfora para quienes no hubiesen comprendido la idea del barco en medio de "la tormenta" tan reiterada por el Presidente.  "Esto es como una familia que se queda sin crédito y el padre de familia tiene que cubrir la comida de los chicos, las zapatillas y el pago de la cuota del crédito de algo que compró. La comida de los chicos son los depósitos, las zapatillas el tipo de cambio, y la cuota del crédito tiene que esperar".
El ministro se quedó sin figuras retóricas para el dólar blue al que intentó negar, "puede ser que aparezca un tipo de cambio paralelo", e invocó una vieja creencia del ex ministro Alfonso Prat Gay respecto de cómo puede impactar una nueva suba del dólar, "no tiene por qué trasladarse a precios".
Tampoco hubo metáforas para hablar del FMI —que analizaba las medidas del Gobierno para aprobar el último desembolso— y aseguró que se "comunicó telefónicamente" para explicarle al organismo internacional los "fundamentos" de las decisiones.
El candidato de Todos habló con The Wall Street Journal

Alberto Fernández: "La Argentina está en un default virtual"

El candidato a presidente del Frente de Todos responsabilizó de la situación no solo a la actual administración de Mauricio Macri sino también al FMI, que le concedió el mayor crédito de su historia a "un gastador compulsivo".

Alberto Fernández consideró hoy que la Argentina "está en un default virtual" y señaló que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla". El candidato presidencial del Frente de Todos se manifestó así en una entrevista con The Wall Street Journal, en la que además dijo que “esta crisis es un déja vu del 2001”.
En sus declaraciones al diario económico norteamericano, Fernández remarcó que "lo que quiero que entiendan es que el FMI es culpable de esta situación" y apuntó que "fue un acto de complicidad con el gobierno de Mauricio Macri” en el marco de lo que fue el “desembolso más caro de la historia de la humanidad”, concedido a “un gastador compulsivo (para) la campaña de reelección”.
El ex jefe de Gabinete no dudó en decir que hoy el país sufre un daño “similar al de 2001”, en el marco de "un default de la deuda, caída de las reservas, una devaluación precipitada y un incremento de la pobreza". Además, señaló que “es alarmante que el mundo crea que Macri es la solución".
En el pasaje más importante de la entrevista subrayó que "ahora no hay nadie tomando deuda argentina ni nadie que pueda pagarla”, y agregó que “la Argentina está en un default virtual, escondido". Así, se pronunció por primera vez tras las medidas que el ministro de Hacienda Hernán Lacunza anunció el miércoles por la noche, cuando confirmó que la alianza gobernante reestructuraría la deuda pública, con los acreedores privados y con el propio FMI.
"Para revertir este ciclo, hay que lanzar un plan para alentar el consumo, y no le voy a pedir permiso al FMI para hacerlo", concluyó el candidato opositor.
Los bancos privados deberán pedir autorización para girar utilidades

El Banco Central quiere aminorar la fuga de capitales

Ante la continua baja de reservas, este viernes la autoridad monetaria anunció un primer control para limitar el giro de divisas al extranjero. Tras la iniciativa oficial el dólar trepó a $ 65.
El Banco Central no puede contener el derrumbe de las reservas. Este viernes a última hora de la tarde anunció un primer control para limitar el giro de divisas al extranjero. La normativa recae sobre los bancos. Las entidades financieras a partir de ahora deberán solicitar permiso a la autoridad monetaria para remitir utilidades al exterior. La respuesta del mercado fue poco amistosa. El dólar trepó a 65 pesos.
La entidad a cargo de Guido Sandleris va tomando decisiones poco a poco. Primero avanzó sobre los exportadores, limitando la posibilidad de que tomen créditos en pesos. Fue una forma indirecta de obligarlos a vender divisas en el mercado para cubrir pagos con proveedores comerciales y financieros locales. La medida no alcanzó. Ahora anunció un instrumento más directo para controlar la cuenta capital.
Los bancos no podrán enviar a las casas matrices sus ganancias. Esta normativa no es la única en estudio en el Banco Central. En la carpeta de la entidad sigue pendiente una nueva regulación a la compra de dólares para grandes inversores. Por el momento no tuvo la aprobación del Poder Ejecutivo.
Este diario lo adelantó hace dos semanas. El fuerte desgaste de las expectativas (salida elevada de depósitos en dólares, desarme de activos en pesos para dolarizar carteras, derrumbe de las reservas) no parece frenar y puede terminar de torcer la voluntad de la Casa Rosada.
29 de agosto de 2019
Default: el Gobierno publicó el DNU que oficializa la postergación compulsiva del pago de deuda

El Gobierno pateó para adelante el pago de esa deuda, al cual llamó "reperfilación".

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el DNU que establece la "reperfilación" de los vencimientos de Letes, Lecap, Lecer y Lelinks de este año, lo que algunas consultoras podrían catalogar como un "default selectivo". La norma estableció que el pago de esos vencimientos se hará en cuotas para los tenedores institucionales de manera compulsiva.
Según el DNU 596, esas Letras del Tesoro que vencían desde ahora a fin de año se pagarán solo un 15% en las fechas pautadas originalmente para el cobro del 100% de la acreencia, en tanto que un 25% se abonará 90 días después y el restante 60% se abonará a los 180 días posteriores del vencimiento original. En los casos de las Lecap que venzan a partir del 1 de enero de 2020, el 85% de la deuda se pagará a los 90 días posteriores a la fecha original.
Esto será así para los llamados "tenedores institucionales" e incluye a los Fondos Comunes de Inversión, a partir de los cuales personas físicas invierten en estos títulos públicos.
El llamado "reperfilamiento" incluye también a los bonos soberanos, para lo cual el Gobierno decidió enviar un proyecto de ley para que la oposición vote junto a Cambiemos la postergación del pago de esos títulos públicos.
La medida fue anunciada este miércoles por el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza.  "Ningún gobierno puede solo y menos en época electoral, necesitamos la concurrencia de todas las fuerzas políticas para garantizar esa estabilidad", aseveró el funcionario en conferencia de prensa y manifestó que el Presidente le "dio un mandato central, cuidar a los argentinos en estos momentos de tensión financiera y cambiaria".
29 de agosto de 2019
No se paga la deuda pública, se propone extender los plazos y se cayó el acuerdo con el FMI con la promesa de reiniciar uno nuevo

Macri se despide declarando el default de la deuda

Recibió una economía desendeudada y la entregará en cesación de pagos. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, lo maquilla diciendo que es una reestructuración voluntaria sin quita de capital ni intereses.

La economía macrista termina en default. El 28 de agosto de 2019 pasará a ser el día en que el gobierno de Macri reconoció que, después de liderar el más vertiginoso ciclo de endeudamiento de la historia argentina, no puede cumplir con los vencimientos de capital e intereses en las condiciones pactadas. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, informó que habrá una reestructuración amplia de los vencimientos de corto y largo plazo, incluyendo el préstamo del Fondo Monetario Internacional. O sea, casi toda la deuda pública hoy está en default y sin acuerdo vigente con el FMI .
La megadevaluación macrista arrojó a la economía a un escenario de imposibilidad de pagar la deuda. Es impactante la caída. Macri recibió una economía desendeuda, con muy buenos indicadores de solvencia y sustentabilidad, para entregarla en default. Y lo hizo en apenas dos años. Pudo sobrevivir desde abril del año pasado por el inmenso préstamo del FMI, avalado por los Estados Unidos de Donald Trump. Pero esos dólares se acabaron. El desembolso previsto para mediados de septiembre formará parte de un nuevo pacto con el FMI. No habrá que esperar esos dólares; formarán parte de otro paquete financiero.
El ciclo de endeudamiento macrista ha sido tan desaforado que incluyó la emisión disparatada de un bono a 100 años, colocación de deuda liderada por el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo. Recibió además un crédito stand by récord de 57 mil millones de dólares del FMI. El anuncio de Lacunza busca evitar un default descontrolado. Lo que hizo fue reconocer que impulsa una cesación de pagos ordenada.
Lacunza afirmó que el problema de la deuda es de liquidez, es decir que faltan dólares, y no de solvencia. No es así. No alcanzan los dólares y el macrismo lanzó a la economía a la insolvencia. El indicador que expone esa vulnerabilidad es la relación Deuda/PIB. Lo recibió con la cifra de 37,6 por ciento y a lo largo de estos casi cuatro años lo fue empeorando, hasta superar ahora el ciento por ciento. O sea, el total de la deuda del sector público es equivalente al Producto. Y con un horizonte inmediato de una mayor caída.
Semejante fracaso en la administración de las finanzas públicas no puede disimularse con desvaríos filosóficos y políticos acerca de los resultados de las elecciones, triste papel que tuvo Lacunza antes de declarar que el gobierno de Macri no puede pagar la deuda. La forma de maquillar el default fue presentarlo con la propuesta de extender los vencimientos de la deuda de corto y largo plazo, de legislación local e internacional.
El mensaje de la misión del Fondo liderada por el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, cuando dejó trascender que no hay un poder político establecido para negociar, fue que en las actuales condiciones no puede haber otro desembolso del organismo, estimado en unos 5400 millones de dólares. El interrogante acerca de qué iba a hacer el FMI tuvo de ese modo respuesta. Lo que siguió fue la declaración del default.
29 de agosto de 2019
Especialistas analizan el anuncio sobre la deuda

"Reperfilar", exigencia del FMI

El Fondo habría exigido extender el plazo de pago de la deuda de corto y mediano plazo para continuar con los desembolsos.

El anuncio del Gobierno de reperfilamiento de la deuda tiene distintas interpretaciones en el mercado. Algunos consideran que el Fondo Monetario no desembolsará el crédito de unos 6400 millones prometido hasta diciembre y la urgencia llevó al equipo económico a frenar el pago de las Letes con inversores institucionales por una cifra idéntica. Pero no es la única lectura. Una de las interpretaciones con más detalles técnicos la hizo el especialista en finanzas internacionales Sebastián Soler. La medida -aseguró a Página12- podría ser otra exigencia del Fondo para hacer el desembolso.
La hipótesis de Soler es sencilla de entender. Plantea que reperfilar las deudas fue un pedido burocrático del FMI para evitar romper la letra chica del contrato de crédito stand by. El país recibió un préstamo por montos excepcionales y esta clase de desembolsos requiere que la Argentina cumpla al menos 1 de 3 condiciones respecto de la sustentabilidad de sus pasivos.
“La primera condición es que el país pueda conseguir fondos frescos en el mercado privado de capitales. Esto era lo que ocurría hasta ahora con la renovación de las Letes de corto plazo. Pero esta semana la renovación de Letes quedó desierta. El Fondo Monetario perdió margen para usar este argumento para justificar el desembolso”, dijo Soler.
“La segunda condición es que el país consiga financiamiento adicional de otros gobiernos. Esto ya no pasaba. Y la última condición es que la economía acepte reperfilar las deudas que vencen durante la vigencia del programa con el FMI. Esto es lo que posiblemente está ocurriendo. Se terminaron de cerrar las puertas del mercado y el FMI solicitó avanzar en esta tercera condición para evaluar si hace el nuevo desembolso”.
El reperfilamiento de las deudas es una versión light de la reestructuración clásica: no involucra quita de capital ni reducción de la tasa de interés (cupón) que pagan los bonos. Lo que se hace es postergar los vencimientos de la deuda. Para Soler la negociación con los acreedores para que ingresen al canje voluntario de reperfilamiento no será sencilla. Esto aplica principalmente a los títulos bajo Ley Nueva York.
“Se requiere que los acreedores (dueños de los bonos) con al menos el 75 por ciento del capital decidan aceptar el estiramiento de los plazos. De lo contrario no es posible alterar la condición comercial de los contratos”. El especialista aseguró que por el momento es difícil pronosticar el comportamiento del mercado. Los días irán decantando la reacción de los inversores. “Lo único que queda claro es que los estatutos del FMI son estrictos y que el país viene jugando al límite para quedarse sin los desembolsos”.
Esta semana se espera nuevamente fuerte volatilidad financiera. A medida que pasan las horas aparecen nuevos problemas. Uno de los últimos ruidos en el mercado es que las calificadoras deberán tomar una decisión respecto del anuncio de la Argentina para evaluar si parte de la deuda ingresa en situación de default selectivo. La situación es idéntica respecto de lo que había pasado en 2014 cuando Griesa freno los pagos de los bonos soberanos para poder beneficiar a los fondos buitres que litigaron contra el país.
“Mañana va a ser un día movido. El Estado argentino le dijo a los inversores que no tiene los fondos necesarios para cumplir en tiempo y forma con sus compromisos financieros. El mercado no puede tomar esto a bien sobre todo teniendo en cuenta los antecedentes de la economía local”, dijo el analista financiero Christian Buteler. Mencionó que “este jueves va a ser un día movido con el dólar, las acciones y los bonos”.
Los anuncios del equipo económico suman nuevos problemas para recuperar la confianza. “Hace 30 días te aseguraban que los pagos de deuda estaban todo garantizado. Te decían que no iba a haber ningún problema para cubrir los vencimientos de los pasivos. Pasaron menos de tres semanas después de las PASO y ahora dicen que no tienen para hacer los desembolsos. La pérdida de confianza de los inversores es absoluta”, cerró el analista.
29 de agosto de 2019
Vanoli, Letcher y D'Atellis cuestionaron los anuncios

Para empezar, default selectivo

Economistas heterodoxos interpretaron que el plan de reestructuración de la deuda reconoce la imposibilidad de pago.

El Gobierno anunció una reestructuración de deuda con bonistas, bancos y el Fondo Monetario Internacional. Economistas heterodoxos analizaron el impacto y las consecuencias de las medidas comunicadas este miércoles por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, en una nueva jornada de volatilidad financiera y presión sobre la cotización del dólar. En el caso de las letras de corto plazo, la reestructuración es compulsiva e involucra a bancos y aseguradoras de riesgo, con el objetivo de morigerar la sangría de reservas ante la posibilidad de que el Fondo no gire el último desembolso. “Lo concreto es que se ahorran divisas por tres meses al costo de un default selectivo”, opino el ex presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Con los bonos, ya sea bajo legislación local o internacional, se realizará una compulsa voluntaria, casi sin efecto inmediato. También se iniciaron conversaciones con el FMI. “Esto último se descontaba que iba a suceder, sin importar quien ganara las elecciones. Fue solo un anuncio para la tribuna”, sumó Agustín D’Attellis, director de Agora Consultores y docente de la UBA.
Los anuncios de Lacunza dejaron más interrogantes que certezas en un momento de alta incertidumbre, lo que se refleja en el precio del dólar y en la cotización de los bonos argentinos. “Para empezar, no hubo ninguna información sobre el resultado de la revisión del Fondo Monetario, lo que permitiría despejar las dudas de si los 5400 millones de dólares del sexto tramo del préstamo lo van a desembolsar”, señaló a este diario Hernán Letcher, economista y cofundador del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). La negación de ese desembolso por parte del organismo podría explicar la decisión del Gobierno de aplazar los próximos vencimientos de deuda hasta después de las elecciones. “Lo que sabemos es que el Fondo vino a verlo al candidato presidencial Alberto Fernández y todo quedó en un especie de limbo”, agregó Letcher.
“Estas medidas hubiesen tenido sentido si se hubiesen comunicado hace tres meses y no ahora en medio del vendaval financiero”, coincidió Letcher con Vanoli en el timing del anuncio, el cual mantiene su tinte electoralista. “El problema con el FMI no son los vencimientos sino cómo adoptar otro plan económico que genere crecimiento,  saliendo del ajuste que nos lleva al default, como pasó con Martínez de Hoz y en los '90”, se explayó Vanoli, titular Synthesis.
En un análisis más minucioso, D’Attellis consideró que el hecho de que el Congreso apruebe en los meses que restan hasta octubre un canje de deuda en moneda local es poco probable. “Lo que quieren es transferir la responsabilidad de un canje al Congreso. Lo mismo pasa con la supuesta reestructuración con los bonos con legislación extranjera y cláusula de acción colectiva. El mercado ya está descontando que va a haber una reestructuración de plazos con quita de capital, pese a que el ministro diga otra cosa”, explicó el especialista. “La única medida que tiene impacto es la extensión de los plazos de vencimiento para las letes y lecaps (letras de liquidez de corto plazo)", agregó.
El canje se realizará de manera compulsiva para bancos y asegurados, que representan el 10 por ciento de los CUIT con tenencia de estos papeles y en conjunto tienen el 95 por ciento de la emisión. Es decir, el 10 por ciento restante, conformado por personas humanas (físicas) detenta el otro 5 por ciento. “Ahí va a jugar el impacto en el programa financiero. No se hizo mención a los Fondos Comunes de Inversión que tienen estas letras. En ese caso habrá que ver cómo trasladan la extensión de los plazos a los clientes (tenedores de los FCI) porque indefectiblemente les va a caer la liquidez a esos instrumentos”, detalló D’Attellis. “La clave de todo esto es el desembolsos del FMI”, concluyó.
“Te alivia un poco lo de las letes, al menos por tres o seis meses, porque se evita pagar el equivalente a unos 10.000 millones de dólares. Fuera de eso, un canje compulsivo es un default parcial. Lo demás es todo marketing. No agrega nada. Este tipo de medidas contradictorias lo que trae es más incertidumbre y no logra recuperar confianza. Se podría haber hecho antes de manera voluntaria”, afirmó Vanoli, quien también remarcó la falta de medidas que protejan las reservas. “No hubo medidas que reviertan la apertura importadora ni la fuga de capitales o impulsen exportaciones ni fortalezcan las reservas. No alcanza la ingeniería financiera y los canjes. Se requiere un plan de crecimiento que genere los recursos para crecer y pagar la deuda”, detalló Vanoli.
Letcher llamó la atención sobre un posible incumplimiento en la recientemente modificada ley de administración financiera, la cual exige para todo canje de deuda que haya una mejora (para el país) en el perfil de vencimiento, reducción de capital o de intereses. Deben cumplirse dos de estos tres objetivos. “Si no se define esto es un escenario de default, aunque lo quieran mostrar como un rollover. Esta es una discusión central”, agregó el titular del CEPA.
La medida limita el crédito a firmas que exporten más del 75 por ciento de sus ventas totales

El Banco Central busca acelerar la liquidación de exportaciones

El cambio de reglas de la autoridad monetaria se planteó cuando el dólar mayorista traspasó la barrera de los 58 pesos.

El Banco Central decidió hoy limitar los créditos que las entidades financieras otorgan a las empresas exportadoras para que estas firmas se ven obligadas a liquidar divisas en medio de la crisis cambiaria. Ahora, las entidades financieras sólo podrán acordar y desembolsar nuevas financiaciones en pesos al conjunto de clientes alcanzados por la definición de Grandes empresas exportadoras previa conformidad del Banco Central. El objetivo es que en vez de financiarse en pesos, liquiden las divisas, en un contexto de fuerte presiones sobre el tipo de cambio. La circular establece que las empresas que exportan el 75 por ciento de sus ventas totales no podrán financiarse por más de 1500 millones de pesos sin previa aprobación del Central. Así lo dispuso la autoridad monetaria que conduce Guido Sandleris, a través de la Comunicación "A" 6765 distribuida este miércoles por la mañana al sistema financiero. Quienes están alcanzados por esta resolución son las grandes empresas exportadoras que cumplen dos condiciones: el importe de sus exportaciones de bienes y servicios en el último año tiene que haber representado el 75 por ciento de sus ventas totales, considerando el mercado interno y las exportaciones; y mantengan un importe total de financiaciones alcanzados en pesos en el conjunto del sistema financiero que supere los 1500 millones de pesos. En una jornada en la que el dólar mayorista protagonizó una rápida escalada desde las primeras operaciones, el Banco Central busca enviar señales de estímulo al ingreso de divisas. En opinión de los especialistas, estas medidas llegan en forma tardía y tendrán un insignificante impacto en lo inmediato.
El dólar mayorista abrió la jornada en 58 pesos, con un aumento de 1,70 pesos con respecto a su cierre de ayer. Ese impulso provocó la reacción del dólar minorista, con el valor al público trepando por arriba de los 60 pesos.

Declaraciones del ex director del Fondo sobre la actual incertidumbre

Loser: "Es posible que el FMI demore el desembolso"

Claudio Loser, economista y ex director del FMI para el Hemisferio Occidental, opinó que "es posible que el Fondo demore el desembolso" de 5400 millones de dólares que tenía previsto habilitar en septiembre. “Hasta fines de la semana pasada, el Fondo hubiera hecho el desembolso de todas maneras, pero después de lo que ha pasado es posible que diga que hay demasiada incertidumbre, mejor vamos a esperar un poco’”. Aunque para no generar tanta desesperación, agregó que aun sin contar con el desembolso, "la nave no se hunde".
Loser calificó de "incendiarios" a algunos pronósticos de que Argentina enfrentará inmediatas complicaciones de no contar con ese recurso del nuevo tramo del crédito en las próximas semanas. Se refería, concretamente, a dichos de Carlos Melconian en ese sentido. En declaraciones a la FM Cielo, el economista  señaló que la demora “por supuesto que es y será un problema, todos van a gritar, va a haber problemas, pero no es tan horrible”.
La misión de auditoría que visita el país en estos días, con Roberto Cardarelli y Alejandro Werener a la cabeza (este último ocupa el cargo que Loser ostentaba en el 2001) mantuvo reuniones con el equipo económico pero también con referentes de la oposición. Evitó adelantar criterios sobre su trabajo, aunque se presume que no será esta la visita que defina la suerte del desembolso. Para peor, durante su estadía se produjo una fuerte corrida contra el peso y los bonos argentinos que llevó el riesgo paìs, esta manañan, por encima de los 2100 puntos. La posibilidad de que el desembolso se postergue hasta octubre no fue descartada por los negociadores.
El FMI le pidió a Alberto Fernández que apruebe el último desembolso y el candidato se negó

El candidato le dijo al Fondo que no piensa cogobernar y comprometerse en decisiones que le correspondan a Macri. El temor por una mayor fuga de capitales.

El Fondo Monetario Internacional pidió al candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, que apoye el último desembolso del 2019 por 5.400 millones de dólares para el mes de septiembre. El ganador de las PASO se negó a aprobar ese nuevo salvataje financiero al gobierno de Mauricio Macri, ante el temor de una mayor fuga de capitales. El intercambio se dio en medio de la reunión que la misión del organismo multilateral mantuvo con miembros de la oposición en el marco de su visita a la Argentina, tras hacer lo propio con las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda.
Allí, según pudo confirmar El Destape, Fernández les planteó que no piensa cogobernar ni comprometerse con las decisiones que tome Mauricio Macri, quien viene culpando a la oposición por las penurias económicas de sus casi cuatro años de mandato.
Del lado del Frente de Todos hay temor porque el préstamo del FMI termine, otra vez, financiando la gigantesca fuga de capitales que avala el gobierno de Macri. En 10 días se fugaron 10 mil millones de dólares y Fernández piensa que, en estas condiciones, esos U$S 5,4 mil millones que el Fondo debería desembolsar en septiembre se van a fugar también.
Según estimaron en el equipo económico de Alberto Fernández, solo quedan 12 mil millones de dólares en reservas netas del Banco Central y pronosticaron que a este paso quedarán en 0 o incluso negativas para diciembre, cuando debería asumir el hoy candidato si confirma el triunfo en las elecciones generales.
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