Economia - Patria Moreira

Año 6. 2018 .  San Juan.  Argentina.   Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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Dolar hoy: si dispara y ya cotiza a más de $41 en bancos y la city

La moneda estadounidense continúa en alza.

En el marco de una semana agitada para el mercado financiero, la moneda estadounidense sigue en alza y ya cotiza a más de $ 41 en bancos privados. Tras la suba del martes, el tipo de cambio aumentó entre 30 y 60 centavos.
El valor más elevado aparece en el banco Francés, con una cotización de $ 41,24. Por detrás se ubica el banco Galicia con $ 41,10 y los bancos Ciudad y Provincia con un tipo de cambio de $ 41.
Por su parte, las instituciones financieras Superville y Nación venden la moneda internacional a $ 40,90, al tiempo que el Santander lo ofrece a $ 40,83 y los bancos Macro e Itaú a $ 40,80.
Los valores más bajo aparecen en el banco Comafi, con un dólar a $ 40,70, la casa de cambio Alpe, que cotiza a $40,60, la cambista Magitur y el banco Patagonia con un tipo de cambio de $ 40,50 y la casa de cambio Montevideo a $ 40.
Por su parte, el dólar mayorista, mercado donde operan bancos, grandes empresas y el propio Banco Central de la República Argentina (BCRA), presenta un incremento de 63 centavos, con un dólar $ 40,09.
Repudio de Madres

“Las Madres de Plaza de Mayo los repudiamos, les exigimos que se vayan de nuestro país. No queremos que nos den una mano, queremos que nos quiten sus manos ensangrentadas de encima”, escribió ayer Hebe de Bonafini en una carta dirigida a la misión del Fondo Monetario Internacional que llegó el lunes al país. La misiva firmada por la titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo advierte sobre las consecuencias socioeconómicas del programa de austeridad y reformas adoptado por el gobierno de Mauricio Macri para acceder al financiamiento del FMI. “Vienen a seguir saqueándonos. Millones de niñas y niños pasan hambre porque ustedes lo devoran todo; es como tener en nuestra pequeña cocina fieras agazapadas esperando saltar sobre nosotros. Fuera de nuestra patria”, expresa la misiva de De Bonafini.
Una delegación del FMI viene a revisar las cuentas

Llega el verdadero ministro de Hacienda

Si el FMI aprueba los números del Gobierno, liberará en marzo un desembolso cercano a los 11.000 millones de dólares, que servirán para el repago de deudas. Además de reunirse con Dujovne y Sandleris, podrían encontrarse con opositores.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) arribará hoy a Buenos Aires para analizar el estado de las cuentas del gobierno nacional y habilitar nuevos desembolsos de créditos, informaron fuentes oficiales. La misión estará encabezada por Roberto Cardarelli, el encargado del “caso argentino”. Si el FMI aprueba los números del gobierno, liberará en marzo un desembolso cercano a los 11.000 millones de dólares, que servirán para el repago de deudas.
Como es habitual en estos casos, la delegación del Fondo se reunirá con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris. A su vez, desde el organismo multilateral no descartaron la posibilidad de mantener encuentros con representantes de los partidos de la oposición. “Tratamos de reunirnos con un amplio abanico de sectores, con funcionarios, representantes del sector privado y la sociedad civil, y a veces también con dirigentes opositores. No tengo los detalles concretos sobre si se reunirán con representantes de la oposición”, respondió la semana pasada el vocero Gerry Rice. En un año electoral las reuniones con opositores pueden terminar siendo claves porque varios referentes ya han dejado trascender que si el oficialismo es derrotado impulsarán una renegociación del acuerdo firmado con el FMI.
La primera versión del acuerdo establecía para el 2019 un déficit fiscal de 1,3 por ciento del PBI. Pero el gobierno se comprometió en octubre a alcanzar el equilibrio fiscal este año, anticipando la meta prevista para el 2020. El 2018 habría concluido con un déficit del 2,3 por ciento del PBI, resultado que fue aprobado por el FMI. El Gobierno mostrará el recorrido del esquema de agregados monetarios implementado desde octubre de 2018 que tiene por objeto el control de la inflación y el sobrecumplimiento de la meta monetaria acordada.
Fuentes del Banco Central dejaron trascender que se analizará con el FMI cuáles serán los nuevos límites de la zona de no intervención de política cambiaria y la monetización máxima que se permitirá en la compra de dólares. En el mercado preocupa la amplitud de la banda de no intervención, pues en la actualidad el dólar podría llegar a trepar un 30 por ciento sin que el Central estuviese habilitado a intervenir.
Panorama económico
Waiver

La tranquilidad cambiaria que logró el Gobierno con la suba de la tasa de interés será puesta a prueba cuando arranque la campaña electoral y presumiblemente aumente la demanda de dólares, como ocurre siempre en el país en la previa de una elección presidencial. Desde pasado mañana, el Gobierno analizará la cuestión con una nueva misión del FMI que llega para auditar el cumplimiento de las metas del último acuerdo. En esos encuentros se definirá si el organismo autoriza al Banco Central a elevar las compras de divisas en caso de que reaparezca una dolarización intensa de carteras o si mantiene el cepo a esas intervenciones con un tope de 150 millones de dólares por día. Esta última opción, por el momento la más probable, reabre la posibilidad de una escalada de la divisa, lo que llevaría a detener la baja gradual de las tasas de interés que viene aplicando la autoridad monetaria desde niveles record, para volver a aumentarlas hacia el otoño a fin de contener otra vez al dólar. “Todo indica que si la conducción económica aspira a sostener la calma cambiaria en la etapa preelectoral, requerirá como condición necesaria un waiver (perdón) por parte del FMI que le habilite a ampliar sus márgenes de intervención. No puede garantizarse, sin embargo, que éste constituya per se la condición suficiente para ganar la pulseada”, plantea el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) que comanda Mercedes Marcó del Pont. La dependencia de las decisiones que adopte el Fondo Monetario y del humor de los mercados demuestra la fragilidad del esquema económico del oficialismo, que pese a todo mantiene sin cambios aunque eso arrastre al país a una aguda recesión y lo deje a merced de una crisis todavía peor frente a cualquier contingencia.
La euforia de las últimas semanas de inversores financieros por el restablecimiento del carry trade guarda semejanzas con lo que ocurrió el verano pasado, cuando también la especulación con las tasas de interés en pesos generaba una percepción de tranquilidad ficticia, mientras se incubaba un estallido cambiario que finalmente empezaría a materializarse desde fines de abril. En ese momento, el JP Morgan primero y otros fondos extranjeros después optaron por volver a colocarse en moneda dura y desataron una corrida hacia el dólar que catapultó su precio desde 19 a un techo de 42 pesos. La diferencia sustancial con el panorama actual es que entonces la economía real todavía venía en paulatino ascenso, remontando la cuesta de la caída de 2016. La inversión pública en obras de infraestructura y la perspectiva de alguna recuperación de los salarios abría expectativas de consolidación del crecimiento, aunque claramente sobre bases precarias. Todo ese andamiaje se desmoronó con la disparada del dólar.  Ahora la exposición al riesgo cambiario sigue presente, solo atenuado por las extraordinarias tasas de interés, pero las actividades productivas, el comercio y el consumo atraviesan una debacle que no encuentra final. Esa situación permite apreciar mejor la distancia entre los intereses de los financistas, hoy de fiesta, con los de los industriales, trabajadores y todos aquellos que dependen del desarrollo nacional. Es la grieta entre el modelo de valorización financiera y el que tiende al crecimiento de la mano de la producción y el trabajo. Para estos sectores, que ya la están pasando muy mal, si se produjera una nueva trepada fuerte del dólar, la caída sería todavía más grave.
“La apuesta oficial sigue siendo que la inflexión en los niveles de actividad se produzca inercialmente por un rebote asociado a la desaceleración de la inflación. Como ya mencionamos, ello requeriría de una tranquilidad cambiaria que demanda, como condición de borde, que el FMI flexibilice las restricciones impuestas al BCRA en materia de intervención en el mercado del dólar”, remarca FIDE en su informe. La banda de no intervención que estableció el Banco Central por instrucción del Fondo Monetario tiene una brecha del 30 por ciento entre el piso y el techo. En este momento, entre 38,07 y 49,03 pesos. Un salto cambiario de esa magnitud por el recrudecimiento de la compra de divisas en tiempos electorales echaría por tierra con aquella estrategia. La inflación que ahora se proyecta en torno al 30 por ciento tendría un piso unos 5 puntos superior, lo cual seguramente dejaría otra vez las recomposiciones salariales que se consigan en paritarias por detrás de la evolución de los precios. Además, una inflación mayor sería otro factor que pondría límite a la rebaja de tasas de interés del Banco Central, dado que el mercado reclama rendimientos elevados para no saltar antes al dólar.
Por lo pronto, febrero arrancó con otra tanda de aumentos de productos masivos que dan crédito a las proyecciones de inflación en torno al 3 por ciento para este mes. La continuidad de los aumentos de tarifas de servicios públicos y ahora también de los combustibles establecen un piso para el resto de la economía. En los últimos días las cadenas de supermercados recibieron nuevas listas de precios con subas del 10 por ciento en toda la gama de productos lácteos, de primeras y segundas marcas. La justificación es que las inundaciones en la cuenca lechera afectaron la producción y redujeron la oferta. Pero fuera de esa situación, también se registraron aumentos del 7 por ciento en azúcar (Ingenio Tabacal, con la marca Chango, y antes Ledesma) y del 8 al 10 por ciento en artículos de limpieza (Alpargatas, con trapos de piso, rejilla, entre otros). El incremento de los precios mayoristas 25 puntos por arriba de los minoristas en 2018 genera una presión sobre estos últimos que las empresas van descargando con sucesivos aumentos, incluso por arriba de lo que acepta pagar la demanda, cada vez más retraída.
“Las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas dan cuenta del deterioro generalizado que están sufriendo, prácticamente sin excepción de sector. El aumento de los costos de los servicios y del crédito se combina con el hundimiento del mercado interno, agravando la ecuación económica de estas empresas que disponen de reducida capacidad de autofinanciamiento”, alerta    FIDE. Frente a ello, la respuesta del Gobierno es la continuidad de los tarifazos y ninguna medida que tienda a una recomposición de la demanda ni provea auxilio financiero para la industria.
La opción del oficialismo de atarse a las recetas del FMI, en resumen, condena a la recesión a la economía productiva y hunde el poder de compra de asalariados y sectores de ingresos fijos. Para ellos, el Gobierno no tiene previsto ningún waiver.
Recortes de gastos en obra pública. En 2018, el ajuste produjo un “ahorro” de 11.414 millones de pesos

Menos para infraestructura, más para intereses

El recorte del 5,7 por ciento en la partida para obra pública de la Administración Nacional va en línea con el programa del FMI. La contrapartida es el aumento del pago de intereses de la deuda, del orden del 70 por ciento en el último año.

El programa de austeridad arrasó con la obra pública. Durante 2018 el gasto de capital se contrajo 5,7 por ciento. Fueron 11.414 millones de pesos menos que los invertidos el año anterior. El recorte implementado para acceder al financiamiento del FMI está expresado en términos nominales por lo que no dimensiona el efecto de la aceleración inflacionaria sobre el poder de compra de esos recursos. Un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) muestra que las transferencias para gastos de capital realizadas a las provincias cayeron 28,3 por ciento. Las jurisdicciones más afectadas por el retaceo de la inversión estatal fueron San Luis y Misiones, con ajustes del 45,5 y 32,2 por ciento, respectivamente.
El ajuste supervisado por el Palacio de Hacienda se apalancó además en la modificación de la fórmula de actualización de las jubilaciones, la escasa paritaria estatal y los aumentos de tarifas. La celebrada reducción del gasto público estuvo acompañada por el crecimiento de los recursos destinados al pago de intereses de la deuda. Escalaron 70,4 por ciento durante 2018 y se convirtieron en el rubro más dinámico de todo el sector público. El acelerado incremento experimentado a lo largo del año pasado consolidó a los intereses como el segundo ítem más importante del gasto detrás de las prestaciones de la seguridad social.
Los intereses de la deuda consumieron así 13 de cada 100 pesos del gasto corriente. El peso de los servicios financieros duplica el exhibido al finalizar 2015. Tres años atrás, los intereses insumían 6,5 de cada 100 pesos del gasto. Un informe elaborado por el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala estimó que cuando comenzó la gestión de Cambiemos, el gobierno enfrentaba vencimientos de capital e intereses en moneda extranjera por un total de 52.500 millones de dólares que se distribuían a lo largo de los cuatro años del mandato. La mochila que recibirá el próximo presidente será tres veces más pesada: las obligaciones totales suman 149.000 millones de dólares. “La herencia macrista no sólo deja una economía sumamente deteriorada sino además una abultada deuda que va a comprometer seriamente los recursos y el crecimiento del país”, sostiene el último informe del Observatorio de la Deuda del ITE.
El acuerdo Stand-By con el FMI tiene como objetivo asegurar el pago de esos vencimientos. El programa exige profundizar el ajuste en el gasto observado el año pasado para alcanzar el déficit cero. Para asegurarse que el país no se desvíe del sendero comprometido este lunes llegará una nueva misión del organismo multilateral al país. Entre los “logros” que podrá exhibir el gobierno para habilitar el próximo desembolso por más de 10.000 millones de dólares figura el recorte en la obra pública.
La inversión en infraestructura energética se contrajo 41,6 por ciento a lo largo del año pasado. El financiamiento en infraestructura educativa cayó, por su parte, un 34,3 por ciento. La caída estuvo arrastrada por el retaceo de fondos para el programa de fortalecimiento edilicio de jardines infantiles y la eliminación del plan Nación al de educación digital (ex Conectar Igualdad). Las obras viales ofrendaron en 2018 un ahorro del 20,9 por ciento. La caída en los desembolsos destinados al transporte ferroviario fue de 1,1 por ciento. Si bien se achicó la inversión en los ramales metropolitanos, se registró un aumento por encima de la inflación del fondeo destinado a las obras para recuperar el Belgrano Cargas. El fondeo para los proyectos de vivienda y urbanismo mostraron una mejora del 56 por ciento y las obras de agua y saneamiento marcaron un aumento del 7,8 por ciento.
El informe elaborado por los técnicos de ASAP indica que las transferencias destinadas al financiamiento de inversiones de capital para empresas públicas, fondos fiduciarios y el sector privado mostraron una caída del 28 por ciento en doce meses de 2018. En términos regionales, detrás de las caídas experimentadas por San Luis y Misiones se ubicaron: Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Buenos Aires y Jujuy. Las cuatro jurisdicciones experimentaron recortes en el fondeo nacional para obras entre 23 y 27 por ciento.
De aquella frase “bajar la inflación es lo más fácil”, Macri acuñó otra versión

“Nos ha costado más de lo que imaginé”

La autocrítica del presidente, Mauricio Macri, con respecto a la política antiinflacionaria, fue que “tal vez fui demasiado optimista”. Y advirtió que “no es un problema que se resuelva en tres años”, lo que no dijo cuando asumió el cargo por cuatro.

“Nos ha costado más de lo que imaginé, en esto tal vez fui demasiado optimista”, expresó el presidente Mauricio Macri al referirse a los elevados niveles de inflación registrados a lo largo de su mandato. “La inflación se combate no gastando más de lo que uno tiene. La Argentina arrastra este problema hace décadas”, sostuvo el mandatario durante una entrevista al reiterar el diagnóstico oficial donde los aumentos de precios son causados por la expansión del gasto público. La explicación ofrecida por Macri a Radio de la Costa de Santa Teresita colisiona con la realidad como olas contra un acantilado. Como parte de los compromisos asumidos con el FMI, se puso en marcha un programa de déficit cero y emisión cero, pero las expectativas de inflación para 2019 rondan el 29 por ciento. “Paso a paso, las cosas que valen no se dan de un día para otro”, agregó, profético, el jefe de Estado.
“Los argentinos elegimos el cambio e integrarnos al mundo. Las cosas que heredamos y arrastramos hace mucho tiempo no se resuelven en tres años (lo que no anticipó cuando asumió por un período de cuatro). No es tan fácil construir esa Argentina que nos merecemos”, sostuvo Macri que, por otra parte, hoy cumple años. El mandatario, que volverá a tomarse vacaciones para celebrar su 60 aniversario en Mar del Plata, enfatizó la relevancia otorgada al ajuste fiscal en la estrategia oficial. “Con alta inflación es imposible que esas cosas se logren, por algo más del 90 por ciento de los países del mundo no tienen. Tenemos que lograrlo, no hay excusa. Por primera vez tenemos equilibrio primario en el presupuesto, pero hay que cumplirlo, seguir y cuidar el mango para lograrlo”, enfatizó el presidente.
Atrás quedaron las máximas reiteradas durante la campaña presidencial. “La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar” y “eliminar la inflación será la cosa más simple que tenga que hacer si soy presidente”, fueron dos de las máximas abandonadas por el relato oficial a medida que se aceleraron los niveles de precios. Durante la entrevista radial, Macri se ciñó al libreto oficial. Calificó al año pasado de “traumático”, llamó a “seguir trabajando juntos”, pidió “no buscar más atajos, la mentira y la estafa” y consideró que “falta mucho, hay cosas que seguir resolviendo para que la economía se vuelva a poner en marcha”. Culpó a la herencia y a su optimismo por la inflación récord pero prometió que el ajuste permitirá controlar los aumentos. “Pero el camino es bajar la inflación para generar desarrollo, generar empleo, terminar con la pobreza”, dijo Macri.
“No se gasta más de lo que uno tiene. Todos vivimos de lo que ganamos. Pero acá, durante gobiernos y gobiernos, se gastaba más de lo que se tenía a pesar de cobrar impuestos altísimos y esos nos llevó a vivir con inflación”, indicó, al señalar a la emisión y el gasto como las causas de la inflación. A lo largo de la conversación que comenzó con un comentario machista sobre el matrimonio del entrevistador y referencias a la rivalidad entre Boca y River, el mandatario desconoció el impacto del dólar y los aumentos de tarifas sobre la dinámica de precios.
Macri llegó a la Casa Rosada en diciembre de 2015 con una inflación acumulada del 26,9 por ciento de acuerdo a los datos de la Ciudad de Buenos Aires (el apagón estadístico impidió evaluar el desempeño con cifras del Indec). Las autoridades porteñas estimaron que al finalizar 2016 los precios escalaron hasta 41 por ciento. Aquella aceleración fue resultado de la devaluación, los tarifazos y el desmantelamiento de Precios Cuidados. Un año después, los precios volvieron al punto inicial: 26,1 por ciento. El Indec ya había vuelto a difundir sus estadísticas permitiendo la comparación internaual, que en diciembre de 2017 marcó un alza del 24,8 por ciento. Durante el “traumático” 2018, la inflación llegó en doce meses a un 47,6 por ciento, el mayor registro en 27 años.
El año pasado registró la inflación más alta si se tiene en cuenta todo el período de convertibilidad –salvo el año de su inicio–, el período de la Alianza, la crisis de 2001 y los tres gobiernos kirchneristas. La aceleración de precios inducida por el programa económico de Cambiemos implicó un salto en los niveles de pobreza. Durante 2018, 2,5 millones de personas en todo el país empeoraron su posición económica y pasaron a ser pobres en términos de su ingreso monetario. El Indec publicará el dato oficial de pobreza del segundo semestre del año pasado a fines de marzo, pero las estadísticas socioeconómicas y macroeconómicas oficial disponibles permiten anticipar que alcanzará al 31,5 por ciento. El guarismo estará así por encima del 25,6 del mismo período de 2017.
Los ricos también lloran

El Grupo Techint inició el camino para reclamar judicialmente 5655 millones de pesos en subsidios por Vaca Muerta que asegura que el Gobierno le quitó. El beneficio lo había otorgado Aranguren en un plan a la medida de Techint. El FMI le puso fin y precipitó la pelea.

Tecpetrol presentó ayer un recurso administrativo que objeta el recorte a los subsidios en Vaca Muerta que impulsó el Gobierno para cumplir con el plan de ajuste que le exige el FMI. En un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, la petrolera del Grupo Techint aseguró que la decisión oficial “afecta derechos adquiridos de la sociedad que habían sido reconocidos por la propia conducta del Estado”. Según la ley de Procedimiento Administrativo, el Poder Ejecutivo tiene 30 días para responder y si rechaza la impugnación es probable que la disputa con el principal holding industrial del país se termine trasladando a la Justicia. Techint aseguró que la decisión oficial le significará una pérdida de ingresos de 5655 millones de pesos sólo por lo producido en 2018, pero la cifra en juego es mucho mayor porque el programa de incentivo al gas no convencional está previsto que continúe hasta 2021.
En marzo de 2017, el entonces ministro de Energía Juan José Aranguren revisó el plan de gas implementado por el kirchnerismo en 2013 y a través de la resolución 46 redireccionó los subsidios buscando apalancar solamente inversiones en campos con escasa o nula producción no convencional de gas.  A los pocos días de publicada la nueva norma, Tecpetrol presentó su plan de desarrollo de Fortín de Piedra, un área que le había sido concesionada por la provincia de Neuquén en julio de 2016. Por lo tanto, toda la producción que ha venido generando desde entonces fue beneficiada con subsidios. Fue un programa a la medida de Techint.
El beneficio equivale a la diferencia entre un precio estímulo fijado por la autoridad regulatoria y el precio efectivo promedio de venta de gas en el mercado local. El precio estímulo el año pasado fue de 7,50 dólares por millón de BTU, unos tres dólares por encima del precio de mercado, y la resolución 46/17 prevé que se reduzca a 7 dólares este año; a 6,50 en 2020 y a 6 dólares en 2021.
La intención de Aranguren era que esa baja gradual fuera convergiendo con una suba del precio efectivo que paga la demanda por el gas hasta que la diferencia entre ambos valores desapareciera y con ella el subsidio. El plan inicial era desembolsar 600 millones de dólares el año pasado y 400 millones este año. Sin embargo, la fuerte devaluación del peso obligó al gobierno a forzar una baja en dólares del precio del gas en boca de pozo para que las tarifas no subieran tanto como hubiese correspondido con el esquema regulatorio actual. Esa baja del precio en dólares rompió con el sendero ascendente que había planeado Aranguren para los valores de mercado y amplió la brecha con el precio estímulo que le garantiza el Estado a los proyectos apuntalados por la resolución 46/17. Por lo tanto, en lugar de reducirse, los subsidios comenzaron a crecer. A su vez, Techint, la principal beneficiada por la norma, incrementó de manera notable su producción en Vaca Muerta. La firma declaró inicialmente como objetivo una producción de 8,5 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/día) y hoy extrae cerca de 17,5 MMm3/día. A raíz de esa situación, Hacienda estimó a fines del año pasado que en 2019 la resolución 46/17 podía llegar a demandar 1200 millones de dólares. Fue entonces cuando decidió recortar el beneficio para avanzar con el plan de déficit cero que le impuso el FMI.
La intención inicial era reducir el precio estímulo para achicar la diferencia con el valor de mercado, pero grandes estudios de abogados consultados por el gobierno coincidieron en que una medida de esas características sería interpretada como un cambio en las reglas del juego y derivaría en una catarata de demandas por parte de las petroleras. A raíz de ello, se optó por el plan b, de alcance más acotado y que no afecta a todas las petroleras por igual sino fundamentalmente a Techint. En una reunión mantenida la semana pasada con las empresas, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, les aseguró que no habría cambios en la norma, pero aclaró que no se aprobarán nuevos proyectos y solo se abonará el beneficio tomando en cuenta la producción estimada por las firmas al momento de solicitar el subsidio. Ese cambio de criterio impacta de lleno en los planes de Techint porque a partir de ahora solo se le subsidiará la mitad de la producción. Es por eso que dio de baja tres de los cuatro equipos de perforación con los que venía trabajando en Fortín de Piedra.
Otras petroleras también informaron que la decisión oficial impacta en sus planes de negocios, pero, más allá de lo que comunican públicamente, no ven con malos ojos que se le ponga un freno a los subsidios que recibía Techint ya que la compañía de Rocca llegó a acaparar en los últimos tiempos el 70 por ciento de los beneficios del programa, lo que le garantizó ganancias extraordinarias y distorsionó la competencia en el mercado del gas.
RETENCIÓN POR CUIL
Más jubilados y pensionados pagarán impuesto a las ganancias durante el 2019

Se trata de una modificación en la manera de medir el tributo. Hasta el momento, quienes percibían jubilación y pensión, pagaban por separado, ahora se suman los haberes y de tal manera más beneficiarios comenzaran a sufrir retenciones mensuales.

Por una modificación en el cálculo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más jubilados y pensionados pagarán impuesto a las ganancias en 2019. Informaron desde el organismo que se aplicará desde el mes de enero.

Hasta ahora, para poder determinar el impuesto a abonar por cada beneficiario ANSES tenía en cuenta el monto de cada beneficio recibido por una misma persona y medía por separado la retención. A partir de la nueva disposición la entidad determinó que la retención se haga por cada CUIL, es decir, todo junto.
Es decir que, si luego de sumar los haberes previsionales recibidos el monto supera los seis ingresos mínimos (55854 pesos) los jubilados comenzarán a sufrir retenciones mensuales, al igual que los empleados. La nueva modalidad empieza a regir con el pago de enero.

Así, el mínimo no imponible para los jubilados será de 62462 pesos a partir del mes de marzo cuando se aplique la actualización.
Cabe aclarar que la base rige, según la legislación, si la persona no tiene otros ingresos (renta o salario) y si no paga Bienes Personales.
CRISIS AUTOMOTRIZ: hubo 3 mil despidos y anuncian más en febrero

La producción automotriz tuvo una caída del 32,3% en enero

La caída de la exportación de vehículos fue del 67,7 por ciento con respecto a diciembre. Sólo se produjeron 14.803 vehículos en el país el año pasado.

La producción nacional automotriz registró en enero una caída del 32,3% contra igual período de 2018, mientras que las ventas mayoristas se desplomaron 53,4%, informó ADEFA, la entidad que reúne a las terminales locales.
En enero, la producción nacional fue de 14.803 vehículos, un 27,7% menos respecto de diciembre y un 32,3% por debajo del desempeño del mismo mes del año pasado.
El sector exportó 7.403 vehículos, un 67,7 % menos respecto del mes anterior y registró una caída de 28,9 % si se lo compara con el volumen de enero de 2018.

En ventas mayoristas, el sector comercializó a la red de concesionarios 30.038 unidades, lo que mostró una contracción del 38% respecto de diciembre y del 53,4 % en comparación a enero del año pasado.

Según el informe mensual de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), en el primer mes de 2019 las terminales automotrices produjeron 14.803 vehículos (automóviles y utilitarios), contra un total de 21.858 unidades de igual período del año pasado.
"El desempeño de enero, con el arrastre de diciembre, lleva a ser muy prudentes respecto del comportamiento que tendrá el sector en el año", consideró el presidente de la entidad, Luis Fernando Peláez Gamboa.

La recaudación creció 38,9 por ciento en enero, por debajo de la inflación

La crisis impacta en las arcas públicas

En términos reales la AFIP recaudó unos 10 puntos por debajo de la inflación, pese a que se generalizó la aplicación de retenciones al agro, la industria y los servicios. Leandro Cuccioli buscó relativizar el retroceso.

La recesión se hizo sentir en la recaudación tributaria del primer mes del año. Según informó la AFIP, en enero se recaudaron 363.927 millones de pesos, un 38,9 por ciento por encima de igual mes del año anterior, un porcentaje que se ubica por debajo de la inflación que se arrastra del año pasado (47,7 por ciento). La cifra estuvo además apuntalada por la aplicación de retenciones al agro, la industria y los servicios, que hace un año no existían, y que aseguraron unos 15.752,6 millones de pesos adicionales, un 327,3 por ciento más que sobre la base imponible de enero de 2018. Otro rubro que hizo su aporte fue el Impuesto al Cheque, gravamen que Cambiemos prometió eliminar por considerarlo distorsivo, pero que en enero mejoró su recaudación un 50,7 por ciento. “En diciembre había dado 33 por ciento y ajustado por días hábiles 39 por ciento. Es un buen indicador de cómo está en tiempo real la recaudación. En enero el ajustado por días hábiles fue de 46,7 por ciento, prácticamente la inflación”, aseguró ayer el titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, al intentar justificar los datos.
El impacto de la inflación en la recaudación llega con rezago, debido a los plazos de vencimientos de algunos impuestos. Tal es el caso del IVA Impositivo, que creció 49,4 por ciento, al pasar de 60.537,8 millones de pesos en enero de 2017 a 90.413,2 millones el mes pasado. Si se descuenta la inflación de 47,7 por ciento, el crecimiento derivado del consumo fue casi nulo. “Se alcanzó un nuevo record en el IVA neto con 114.742 millones de pesos, un 35 por ciento más que igual mes del año pasado. El anterior fue en octubre pasado con  110.762 millones”, destacó el informe de la AFIP. La contracción de las compras al exterior, producto de la devaluación casi congeló la recaudación del IVA Aduanero, que representó 26.829,3 millones de pesos, un 2,5 por ciento más interanual. Cuccioli explicó que esta baja se debió a la reducción de las percepciones en el IVA para importaciones de bienes muebles como resultado de un cambio normativo y también a menores importaciones en dólares.
Otro impuesto que hizo un aporte importante en la recaudación, también vinculado en parte con la inflación, fue Ganancias, que reportó 71.299,9 millones de pesos, un 45,7 por ciento por encima de igual mes del año pasado. En el caso de las ganancias empresarias, la queja continúa porque sigue sin permitirse el ajuste por inflación en los balances, lo que abulta los resultados. “Acá incidieron los 4500 millones de pesos que recibimos por retenciones impositivas a beneficiarios en el exterior, por anticipos de sociedades y compras de compañías”, detalló Cuccioli. Derechos de importación y combustibles son también dos impuestos en los que la recesión y la inflación actúan con rezago. El menor nivel de compras al exterior tras la duplicación del precio del dólar se reflejó en una suba de apenas 17,8 por ciento en la recaudación por derechos de importación (9673,8 millones de pesos). Por el contrario, el alza de precios en combustibles permitió a la AFIP recaudar 9863,1 millones de pesos, un 65,5 por ciento por encima del primer mes de 2018.
El titular de la AFIP destacó también el resultado de lo percibido por contribuciones sociales. Por aportes patronales se recaudó 43.595,8 millones de pesos, un 27,3 por ciento por encima de enero de 2018, y por contribuciones 63.639 millones, un 30,8 por ciento más. Por un lado, este mes ingresó la segunda cuota del aguinaldo correspondiente a 2018, pero por el otro, el alza se vio atenuada por los efectos de la reforma tributaria. “Fue un mejor desempeño respecto de cómo veníamos”, aseguró el titular del organismo. En bienes personales la recaudación disminuyó 34,4 por ciento, derivado del aumento del mínimo no imponible y la baja de la alícuota para el período fiscal 2018, que determinaron menores anticipos a los del año pasado. Por último, impuestos internos coparticipables aportó 7430,7 millones de pesos, con un incremento de 13,7 por ciento.
Suba record de la luz en tres años
Aumentos sin freno

Según la entidad de consumidores Deuco, que dirige Pedro Bussetti, un usuario del servicio eléctrico que consume un promedio de 300 Kw/hora pagaba en enero de 2016 unos 20 pesos por mes en el Area Metropolitana de Buenos Aires. Luego del aumento de marzo, que se suma al incremento de la energía que rige desde ayer, ese hogar pagaría por el mismo consumo 927 pesos, lo cual implica una suba del 4300 por ciento. En ese contexto, la entidad de empresarios ENAC realizó una encuesta entre los industriales pymes. Detectó el 72 por ciento considera que debe reclamar ante el Gobierno por el costo de las tarifas; al 14,8 por ciento le parece justo el reclamo pero no está dispuesto a participar y un 13,2 por ciento está de acuerdo con la política tarifaria que despliega el Gobierno nacional.
Desde ayer rige el nuevo cuadro tarifario de luz, que estableció un aumento promedio del 26 por ciento en la boleta final a partir del incremento del 38 por ciento en el precio de la energía a nivel mayorista. En marzo habrá un nuevo ajuste de las boletas del orden del 14 por ciento que se explica por la suba del 33 por ciento del valor agregado de distribución que cobran Edenor y Edesur en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Para mediados de año, la suba acumulada en la luz será cercana al 50 por ciento y se espera que rija hasta el año que viene.
El servicio de gas también aumentará en el orden del 35 por ciento, según adelantó en su momento el ex secretario de Energía, Javier Iguacel, y refrendó días atrás la actual conducción a cargo de Gustavo Lopetegui. En tanto, el incremento de la tarifa de AYSA se desdobló en un 17 por ciento en enero y otro 27 por ciento en mayo, con lo cual llega al 50 por ciento de forma acumulada.
Más de treinta intendentes bonaerenses peronistas, junto a asociaciones de usuarios, pedirán una acción de amparo

Todos unidos contra el tarifazo y la exclusión

Mandatarios del conurbano y del interior de la provincia se unieron, por primera vez, para enfrentar en una acción conjunta con entidades de usuarios y técnicos, el tarifazo. “Ni justo ni razonable”, denuncian, tomando una definición de la Corte Suprema.

Por primera vez desde el inicio de la gestión de Cambiemos, más de treinta intendentes bonaerenses y asociaciones de usuarios se unieron para hacer una presentación conjunta a la Justicia en contra de los tarifazos. Apoyados, además, por entidades empresarias (fundamentalmente del sector pyme), organizaciones de estudios técnicos y diputados nacionales, los denunciantes presentarán un recurso de amparo el lunes, a primera hora, considerando que los últimos aumentos en la energía eléctrica “no son justos ni razonables”, criterios que impuso la Corte Suprema al fallar a favor de un reclamo contra los aumentos del gas en 2017, y que son “impagables” para un gran número de usuarios, tanto en hogares familiares, como en clubes y en pequeñas y medianas empresas. “Nunca pensé que iba a llegar a ver un vecino llorando con una factura de luz en la mano”, describió el intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, en un párrafo de su alocución al hacer el anuncio de la presentación conjunta.
Junto a Gray se encontraban los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis, y de La Matanza, Verónica Magario, arriba del estrado. También los acompañaban el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y el titular del Cepis, Mariano Lovelli, entidad encargada de diseñar el reclamo de amparo que se presentará el lunes en Tribunales. Fue el Cepis, también, la organización que logró un fallo favorable de la Corte en 2017 contra los tarifazos en el gas aplicados a partir de 2016. Fue en esa oportunidad que el Alto Tribunal fijó, como criterio, que los aumentos deberían ser “razonables y justos” –aunque sin establecer parámetros–, y aplicados en “proporcionalidad” a las condiciones de los usuarios. Debajo del escenario, seguían la presentación de la acción de amparo –que también suscribieron– decenas de intendentes, entre ellos Jorge Ferraresi (Avellaneda), diputados nacionales (Rodolfo Taillade, Felipe Solá y Victoria Donda, entre otros), entidades de usuarios (Deuco) y profesionales (IESO), además de dirigentes sindicales (CTA) y de entidades empresarias (Marcelo Fernández-Cgera-, Ariel Aguilar –CIMA– y Juan Ciolli –CEEN–, junto a otros).
“Hoy pagamos tarifas internacionales pero no tenemos inversiones”, describió Gray en la apertura. “En mi distrito, en estos años, no hemos tenido ni siquiera un pedido de autorización de obra de Edesur. Cada vez que vienen a presentar un power point con las obras a iniciar en el año, y yo les exhibo siempre la que presentaron el año anterior, resultan ser las mismas con la fecha corrida”, explicó. “No tenemos tampoco un ente que funcione como tal, que regule, imponga multas y fije resarcimientos a los usuarios afectados por los cortes. Edesur ni siquiera tiene un número de reclamos al cual el usuario pueda llamar y haya alguien que lo atienda”. Agregó que, tras “la experiencia de más de dos años tratando con el ministro de Energía Juan José Aranguren, llegué a la conclusión que jamás entendió que hubiera usuarios en el conurbano que se abastecieran de gas con garrafas. ¿Es verdad?, me preguntaba cuando le decía que el 40 por ciento de nuestros vecinos no tiene acceso a la red”, recordó. Indicó, finalmente, que el gobierno “no escucha a los vecinos, pero está muy atento a las necesidades de las empresas”.
“Es la primera vez que haremos una presentación única de pedido de amparo todos los aquí presentes, lo cual le va a dar más fuerza al reclamo”, destacó Katopodis. Describió luego la situación de clubes de barrio, comercios y pequeñas industrias, usuarios electrodependientes porque no tienen acceso al gas, y otros sectores necesitados de los que “solamente un diez por ciento puede acceder a la tarifa social”. Magario, en tanto, mencionó que en La Matanza, en 2015, un hogar debía dedicar en promedio el 6 por ciento de sus ingresos al pago de luz, gas y agua potable. “A partir de mediados de año, deberá destinar el 26 por ciento de su salario a esas necesidades: el actual gobierno instaló una realidad que no conocíamos, la de pobreza energética”.
En el interior de la provincia, mencionó, hay familias que reciben la factura de luz por 12 mil pesos y la de gas por 5000 pesos. “¿Cómo hace una familia de trabajadores para afrontar semejante gasto? ¿Qué ingresos debería tener?”, se preguntó. Y recordó que en el último presupuesto para el año en curso, “el gobierno de María Eugenia Vidal no dejó en claro cuál es la cobertura que va a dar a la tarifa social, si va a cubrir el aumento. Porque si no es así, eso queda a cargo de los municipios”.
Mariano Lovelli, director del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), advirtió que el actual gobierno “cambió el paradigma de la gestión estatal; pasamos de tarifas accesibles a facturas impagables. En cada audiencia pública debimos explicar que la electricidad, el agua y el gas son bienes sociales y no de mercado. Ahora llegamos a esta instancia de presentar una acción de amparo conjunta, en la que aportaremos todos los elementos, después de tres años del gobierno de Macri, que demuestran que estas tarifas no son justas ni razonables”. Señaló algunas cifras, en las que se comparan aumentos de salarios en tres años del 118 por ciento en el mejor de los casos, contra suba de tarifas del 2500 al 3500 por ciento. La ausencia total de obras, con lo cual mientras el argumento de los primeros aumentos fue “terminar con los cortes de servicio”, hoy esos cortes son mayores y no menores. Y dio un resumen del aumento del rendimiento de las empresas, no sólo distribuidoras, sino también de generación (Edenor, Edesur, Pampa Energía y Central Puerto) que incrementaron sus ingresos por servicios del 800 al 1200 por ciento. “Ahí está el dinero de los aumentos que no fue a obras”, concluyó Lovelli, redondeando el argumento principal del recurso de amparo que pedirán este lunes.
En enero se patentaron 59.844 vehículos, un 50,4 por ciento menos que hace un año

Fuerte retroceso en la venta de autos

Desde la Asociación de Concesionarios de Automotores aseguraron que la magnitud de la caída era esperada a partir del retraso de los ingresos frente al dólar y de las altas tasas de interés que impiden el acceso al crédito.

En enero se patentaron 59.844 vehículos, lo cual representa una caída del 50,4 por ciento frente al registro de hace un año atrás, informó ayer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Es el primer dato sectorial fuerte de 2019. La comparación de los patentamientos del mes pasado frente a enero del 2017 también arroja una caída fuerte, del 37,2 por ciento. Desde la entidad empresaria salieron a decir que la magnitud de la caída era esperada a partir del retraso de los ingresos frente al dólar y de las altas tasas de interés que impiden el acceso al crédito y no se animan a ofrecer un panorama claro sectorial para el año electoral.
Los primeros datos económicos de 2019 le serán esquivos al Gobierno de Mauricio Macri, en la medida en que contienen el derrape de los últimos tres trimestres y encima se comparan con los momentos previos al estallido cambiario. En enero de 2018 se habían patentado a nivel nacional 120.558 vehículos, lo cual hizo ilusionar a los empresarios del sector con un año record. Algo similar pasó en otros rubros, en donde muchos importadores aprovecharon y encargaron mercadería para todo el año, que luego tuvieron  que acumular en galpones ante el brutal enfriamiento del mercado. Los 120.558 vehículos de inicios de 2018 se convirtieron en 59.844 este enero.
El dato del mes que acaba de terminar también está por detrás de las ventas de vehículos cero kilómetro de enero de 2017 (fueron 95.233) y se iguala con los 56.511 de enero de 2016, luego del salto cambiario de 9 a 16 pesos con la eliminación de las restricciones cambiarias. En enero de 2015 se patentaron 66.489 vehículos, en enero 2014 fueron 107.945; en enero de 2013, 110.052 y en el primer mes de 2012; 112.798 unidades. La comparación muestra un comienzo de año con un nivel bajísimo de ventas de autos, sólo comparable con enero de 2016. En aquel mes atípico, sólo a un consumidor con muy poco timing se le pudo haber ocurrido comprar un auto.
Todas las categorías de vehículos tuvieron caídas similares el mes pasado. La venta de autos se redujo en un 50,4 por ciento, los comerciales livianos lo hicieron en un 49 por ciento y los comerciales pesados, en un 62,7 por ciento, lo cual muestra que no sólo el poder adquisitivo del consumidor retrae la venta de autos sino que la caída de la actividad económica y de la inversión tampoco llaman a comprar vehículos comerciales.
Entre las marcos de mayores ventas, la de peor desempeño en enero fue Chevrolet, que cayó un 64,4 por ciento. Esa merma se explica por la rebaja de las ventas del Onix (-66,6), del Prisma (-72,4) y de la S-10 (-60,4). Peugeot anotó una caída general de ventas de 61,3 por ciento, por la baja de patentamientos del Peugeot 208 y Partner. En Renault, la baja de ventas fue de 56,4 por ciento a raíz del mal desempeño del Nuevo Sandero, Kwid, Duster Oroch y Kangoo. Volkswagen, la marca más vendida del mercado interno, redujo sus patentamientos en un 44,5 por ciento.
La reducción de la plaza local de vehículos tiene impacto desfavorable sobre la situación laboral en las terminales automotrices. Por ejemplo, el Smata-Rosario negocia extender hasta abril el esquema de trabajo reducido (semana por medio) en la planta de General Motors de Alvear. También hay retiros voluntarios y suspensiones en Fiat, Peugueot, Ford y Volkswagen.
El derrape de las ventas afecta positivamente a la balanza comercial, ya que la mayor parte de los autos que se patentan en el mercado interno provienen del exterior. El año pasado, apenas el 30 por ciento de los vehículos que las terminales entregaron a los concesionarios fueron ensamblados en el país.
Según González Fraga, “bajar muy rápido las tasas detonaría una corrida cambiaria”

Una apuesta explícita a la recesión

“Más allá de la recesión, si el dólar no es noticia, la imagen de Macri mejora”. González Fraga confirmó así la estrategia del Gobierno.

El presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, reconoce que la paz cambiaria está atada con pinzas y que el hecho de que se deje de hablar del dólar en los medios le basta al Gobierno para mejorar su imagen pública, aunque la economía se esté haciendo pedazos. “Esto hasta se traduce en las encuestas políticas. Tres meses durante los cuales el dólar no es noticia, y más allá de los datos de la recesión y el resto de los problemas económicos, la imagen positiva del presidente Mauricio Macri aumentó cuatro puntos”, afirmó el funcionario durante una entrevista publicada ayer por el diario El Cronista. El precio del dólar minorista se apreció ayer 45 centavos hasta 38,60 pesos para la venta, quedando incluso por encima de los valores que se manejan en el mercado informal, en donde se ofreció en promedio a 38,50. Para las operaciones mayoristas, por más de un millón de dólares, la cotización avanzó 55 centavos a 37,70 pesos. La escapada fue sobre el final de la jornada, luego de que se conociera una baja, aunque marginal, en la tasa de interés para las Letras de Liquidez (Leliq). “Bajarla muy rápido detonaría una corrida cambiaria”, afirmó González Fraga.
Por segunda vez, el Banco Central licitó ayer Leliq con un monto prefijado. En esta oportunidad fueron 150.000 millones de pesos, pese a que los vencimientos eran por poco más de 198.000 millones. “La ida de fijar el monto, lo que se traduce en dejar que el mercado defina la tasa de interés a la cual tomar esas letras, tiene como objetivo dejar que la baja la vaya convalidando el mercado. También le dio algo de liquidez a una plaza que está por demás seca de pesos”, explicó a este diario Leandro Ziccarelli, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El resultado de esa colocación fue un recorte de apenas 0,675 puntos, de 56,314 a 55,639 por ciento respecto del rendimiento del lunes.
“Equivocarse por bajar la tasa demasiado rápido es muchísimo más grave que equivocarse por bajarla lentamente (...) Está claro que el dólar nos pone nerviosos a los argentinos. Tenemos que lograr que no sea noticia y que esté fluctuando en la parte inferior de la banda. Esto es bueno frente a una banda que va creciendo a un ritmo parecido al de la inflación y, por lo tanto, no se puede hablar de atraso cambiario”, fue la respuesta de Fraga.
“Podrían bajarla un poco más rápido para calibrar que la cotización del dólar quede en el medio de la banda y no en el piso. Una tasa de interés real de 20 puntos es mucho”, opinó ante este diario el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli. La divisa ayer volvió a quedar por debajo del piso de “no intervención”, lo cual habilitó al Central a comprar otros 50 millones de dólares, con lo cual acumula 490 millones de absorción a través de este mecanismo, que no está impactando en el precio de la divisa. Las reservas aumentaron en 16 millones de dólares hasta 66.445 millones. Lo que sí tuvo un efecto en el mayorista fueron los más de 48.000 millones de pesos que dejó sin renovar en Leliq y que se trasladaron al dólar.”Lo que utiliza el BCRA nos son bandas de flotación sino límites de no intervención. Esto significa que el objetivo no es mantener el tipo de cambio dentro de esa franja sino que aprovecha la compra para darle liquidez en pesos al mercado”, explicó Ziccarelli.
González Fraga confirmó que están revisando las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario para poder comprar 100 millones de dólares, en cambio de los actuales 50 millones, y así aumentar un poco la expansión monetaria. “El margen de intervención es un muy acotado, sobre todo cuando el Central impuso un target de base monetaria muy rígido”, según el analista financiero del CEPA.
La flexibilización en el margen de maniobra será clave en los próximos meses, cuando los sondeos preelectorales le sumen tensión al mercado de cambios, de la cual el Gobierno responsabilizará a “una eventual victoria de la oposición”. En realidad, la escasez de pesos en poder del público y el congelamiento de la importación, vía una devaluación del 50 por ciento, explican la actual paz cambiaria. “Evidentemente tienen miedo a la demanda de dólares que vendrá. Va a ser más alta a partir de abril. Ahora tienen más margen para bajarlo. Sin embargo, más allá de que no se puede mirar la economía sólo con una mirada financiera, si profundizan la recesión se agravará lo financiero y aumentará el riesgo por un mayor déficit por la cauda de la recaudación”, comentó Vanoli. Las apuestas en el mercado a futuro dan para fin de mes un dólar a 37,79 pesos, mientras que para el cierre de febrero, a 39. Para abril se pactaron contratos a 41,50 pesos y para diciembre en 51,20.
El organismo reconoció que su plan para Argentina provocará una caída de la economía

Para el FMI, primero hay que sufrir

En una presentación en el Foro Económico Mundial, el FMI señaló que “las estrictas políticas” fiscales y monetarias acordadas con el gobierno de Macri harán caer la demanda y el nivel de actividad. Por ahora estima la baja del PIB en 1,7 por ciento.

“La economía argentina se contraerá ya que las estrictas políticas dirigidas a reducir los desbalances van a frenar la demanda interna”, sostuvo el Fondo Monetario Internacional. El impacto recesivo del programa de austeridad fiscal y contracción monetaria implementado por el Gobierno fue señalado en la actualización del Panorama Económico Global del FMI. El informe presentado ayer por el organismo en el Foro Económico Mundial no incluye nuevas cifras para Argentina aunque asegura que el país volverá a crecer el próximo año. Las últimas estimaciones difundidas en diciembre anticiparon una contracción del producto de 1,7 por ciento en 2019. La recuperación llegaría en 2020, cuando el Fondo estima que el PIB crezca 2,7 por ciento.
“La economía mundial crece más lento de lo esperado y los riesgos son cada vez mayores”, advirtió la titular del FMI, Christine Lagarde, desde el tradicional foro que se celebra en la ciudad suiza de Davos. Las recomendaciones enunciadas por la abogada francesa incluyeron las tradicionales “reformas de los mercados de trabajo”, un eufemismo para avanzar con la flexibilización laboral. Las estimaciones para el crecimiento global volvieron a ser revisadas a la baja. El FMI pronostica que este año la economía mundial marcará un alza del 3,5 por ciento, lo que representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente a las estimaciones realizadas en octubre pasado. El pronóstico del Fondo incluye una mejora para Brasil bajo la conducción de Jair Bolsonaro y un recorte para México donde gobierna Andrés Manuel López Obrador (ver aparte).
La recesión argentina figura entre las razones que llevaron al Fondo a recalcular sus cifras este año. “Esta tendencia de crecimiento obedece a una reducción sostenida de la tasa de crecimiento de las economías avanzadas y a una desaceleración temporal de la tasa de crecimiento de las economías de mercados emergentes y en desarrollo en 2019, debido a contracciones en Argentina y Turquía, así como al impacto de las medidas comerciales en China y otras economías asiáticas”, sostiene el documento del FMI al explicar la revisión a la baja de sus proyecciones para la economía global.
La caída argentina del 1,7 por ciento en 2019 contempla un desplome del 6,3 por ciento en el consumo privado y un recorte del 9,5 por ciento en la inversión que debería ser amortiguada por una mejora en las exportaciones de 12,7 por ciento. Las cifras del FMI representan un piso para la caída. Al evaluar los riesgos asociados al nivel de endeudamiento que arrastra el país, el organismo contempló una contracción de hasta 6,3 por ciento en el PIB para este año si la situación se complica en ese frente. Una comitiva encabezada por el titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, estará presente en Davos para intentar despejar las dudas de los inversores financieros sobre el panorama electoral y económico en 2019.
Así como este año la economía argentina será una de las responsables del menor crecimiento en los países emergentes, la recuperación que tendría lugar en 2020 contagiará al resto del bloque. “El repunte de las economías emergentes en 2020 se explica por la esperada recuperación de Argentina y Turquía”, confió la economista jefe del FMI, Gita Gopinath, al referirse al crecimiento promedio de 4,9 por ciento esperado para los países en desarrollo. De acuerdo al organismo multilateral, la recuperación del año próximo no vendrá de un boom agroexportador ni una lluvia de inversiones. El motor para el 2,7 por ciento de crecimiento será una recuperación de 6,5 por ciento en el consumo interno.
Argentina ya recibió 28.090 millones de dólares del préstamo solicitado al FMI. En apenas seis meses, ingresó una suma equivalente a la mitad del crédito. La llegada de próximos desembolsos está condicionada al cumplimiento del estricto programa de ajuste fiscal y monetario. Desde el organismo indicaron a este diario que las estimaciones revisadas para el país serán difundidas dentro de algunos días junto con el resto de las economías de la región. Un documento publicado la semana pasada por el FMI recomendó a la Argentina reducir los pagos a los futuros jubilados con una caída de tasa de sustitución, es decir, la relación entre el haber inicial de los jubilados y el salario promedio previo al retiro.
Advent compró la mayoría del grupo Prisma

Un cambio en el negocio de las tarjetas de crédito

El fondo inversor norteamericano Advent International compró el 51 por ciento de las acciones de Prisma, que administra las tarjetas Visa y Banelco, para lo cual desembolsó 700 millones de dólares. Así lo indicaron los catorce bancos que conforman Prisma a la Comisión Nacional de Valores, y a la vez señalaron que el inversor pagará el 60 por ciento al momento de la transferencia de las acciones y el 40 restante dentro del plazo de cinco años de la transferencia.
La operación se concretó apenas un día antes del plazo que había otorgado la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia a Prisma para desprenderse de activos, al haberse detectado -en agosto de 2016- abuso de posición dominante por parte de esa compañía. Este martes, el banco Macro (uno de los socios de Prisma) informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sobre la transacción.
"En el marco del Compromiso de Desinversión asumido por Prisma Medios de Pago S.A. y sus accionistas frente a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, el Banco, junto a los demás accionistas, ha aceptado en el día de la fecha una oferta de compra efectuada por AI ZENITH (Netherlands) B.V. (sociedad vinculada a Advent International Corporation) para la adquisición de 1.933.051 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $1 cada una y un voto por acción que son propiedad del Banco en Prisma Medios de Pago S.A., representativas del 4.6775% de su capital social", detalló el Macro.
Además, puntualizó: "El precio ofrecido por dichas acciones asciende a la suma de 66.420.730 millones de dólares pagaderos aproximadamente 60% al momento de la transferencia de las acciones y aproximadamente 40% dentro del plazo de 5 años de la transferencia.".
En la Argentina, el mercado de tarjetas de crédito es dominado por Visa, con el 62 por ciento del total; un 22 por ciento corresponde a Mastercard y Maestro, y el resto a Tarjeta Naranja y American Express. Desde este mes, el arancel tope para ventas con tarjetas de crédito se redujo de 3 a 2,15 por ciento, y de 1,5 a 1 por ciento para las transacciones con débito.
El mal pronóstico del FMI sobre el impacto del programa de austeridad

Economía en picada

En un nuevo diagnóstico sobre la situación financiera del país, el Fondo Monetario Internacional vaticinó que la economía se contraerá este año producto de “las estrictas políticas” de ajuste aplicadas por el Gobierno que afectarán sobre todo a la demanda interna.

“La economía argentina se contraerá en 2019 ya que las estrictas políticas dirigidas a reducir los desbalances van a ralentizar la demanda interna”, sostuvo hoy el Fondo Monetario Internacional. El diagnóstico sobre el impacto recesivo del programa de austeridad que implementa el gobierno fue incluido en la actualización del Panorama Económico Global del FMI. El informe del organismo multilateral no incluye nuevas cifras para Argentina aunque asegura que el país volverá a crecer el próximo año. Las últimas estimaciones difundidas en diciembre prevén una contracción del producto de 1,7 por ciento en 2019 y una recuperación de 2,7 por ciento durante 2020. La incertidumbre financiera y la disputa comercial entre Estados Unidos y China, son los principales riesgos identificados para las economías emergentes como Argentina.
Las estimaciones para el crecimiento global fueron revisadas a la baja. El FMI pronostica que este año la economía mundial marcará un alza del 3,5 por ciento que representa una reducción de 0,2 puntos porcentuales frente a las estimaciones realizadas en octubre pasado. La recesión argentina figura entre las razones que llevaron al Fondo a recalcular sus cifras. “Este patrón de crecimiento refleja la persistente disminución en la tasa de crecimiento de las economías avanzadas junto con una caída transitoria en las economías emergentes durante 2019, reflejando las contracciones en Argentina y Turquía, así como el impacto de las acciones comerciales sobre China y otras economías asiáticas”, sostiene el documento del FMI al explicar la revisión a la baja de sus proyecciones para la economía global.
Argentina ya recibió alrededor de 28.090 millones de dólares del préstamo solicitado al FMI. En apenas seis meses, ingresó una suma equivalente a la mitad del préstamo. La llegada de próximos desembolsos está condicionada al cumplimiento del estricto programa de ajuste fiscal y monetario, cuya implementación ha sido acompañada por la profundización de una recesión con alta inflación y aumento del desempleo. Desde el organismo indicaron a este diario que las estimaciones revisadas para el país serán difundidas dentro de algunos días junto con el resto de las economías de la región. Un documento publicado la semana pasada por el FMI recomendó a la Argentina reducir la tasa de sustitución: la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro. Refugiada detrás de la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, la propuesta implica reducir el ingreso que reciben los nuevos jubilados.
Las 26 personas más ricas del mundo acumularon en 2018 lo mismo que 3800 millones

Los que ganan fortunas con la crisis

Oxfam, una organización no gubernamental que trabaja a nivel internacional, detectó que el año pasado se aceleró el proceso de concentración de la riqueza. Hoy presentará los datos en Davos. La Argentina está inmersa en la misma dinámica.

No todos pierden con las crisis. A lo largo de los diez años transcurridos desde el estallido de la gran recesión de 2008, la cantidad de billonarios se duplicó. No solo aumentaron en cantidad sino que esos acaudalados cada vez se quedan con una porción más grande de la torta. Durante 2018, las 26 personas más ricas del planeta acumularon una fortuna equivalente a la de los 3800 millones de personas que conforman la mitad más pobre de la población mundial. Las cifras revelan una aceleración en el proceso de concentración de la riqueza ya que durante 2017 hicieron falta 43 billonarios para concentrar tanta riqueza como media humanidad. Las estimaciones realizadas por la organización no gubernamental Oxfam responden a dos fenómenos: el deterioro de los sectores más vulnerables y el crecimiento de los recursos controlados por las personas más ricas. Argentina está inmersa en la misma dinámica. Las mediciones difundidas la semana pasada por el Indec evidencian que la participación de los asalariados argentinos en el producto se redujo 4,7 puntos en el tercer trimestre de 2018. Como reflejan las estimaciones globales que hoy serán presentadas en el Foro Económico Mundial; la caída en el poder adquisitivo, el empeoramiento en las condiciones laborales y la destrucción de empleo tuvieron como correlato un incremento de 4,8 puntos en la participación de las ganancias de los empresarios nacionales.
El informe de Oxfam estima que la riqueza apropiada por los billonarios de todo el mundo creció en 900.000 millones de dólares durante 2018. Las cifras equivalen a 75.000 millones de dólares por mes, 2500 millones de dólares diarios, 104 millones de dólares cada hora o 1,7 millones por minuto. Con semejante ritmo, en doce meses las fortunas de las personas más ricas del planeta acumularon cerca de dos PBI de Argentina.
Los grandes empresarios que estarán esta semana en la localidad suiza de Davos para participar del tradicional foro son algunos de los beneficiarios de ese acelerado proceso de concentración. No fue magia. La investigación explica que el crecimiento patrimonial de los billonarios estuvo acompañado por una reducción del 11 por ciento en la riqueza correspondiente a la mitad más pobre de la población mundial. Una dinámica similar a la inducida por el gobierno de Mauricio Macri desde el año pasado con la implementación del recesivo programa de austeridad y reformas.
Envenenados
A diferencia de las últimas dos ediciones, el presidente Macri no asistirá al evento que tres años atrás utilizó para presentarse en sociedad. El foro tendrá como protagonista al flamante mandatario brasileño, Jair Bolsonaro. “La desigualdad contribuye a ‘envenenar’ el clima político. La brecha entre ricos y pobres está contribuyendo a avivar el autoritarismo. En lugar de trabajar para reducir la fractura entre ricos y pobres, algunos líderes optan por criminalizar a los migrantes, a otros grupos étnicos, a otros países, a las mujeres y a las personas en situación de pobreza”, advierte el informe de Oxfam.
Aunque el mandatario argentino no viaje a Suiza, el gobierno estará representado por una nutrida comitiva de funcionarios, intentando evacuar los interrogantes electorales y económicos que les presenten banqueros internacionales y administradores de fondos de inversión. La apuesta del programa económico de Cambiemos que será expuesto en Davos no reside en relanzar el consumo interno sino en recuperar la confianza perdida del sistema financiero internacional. No hay que ser adivino para saber que renovarán su compromiso con el ajuste fiscal y prometerán una victoria cambiemita en la contienda electoral.
Propuestas
El documento de Oxfam ofrece, en esta edición, tres recomendaciones para combatir la desigualdad. Aunque algunos elementos pueden parecer dirigidos a las economías más pobres del planeta, las recomendaciones no reconocen fronteras. La primera consiste en “universalizar la provisión gratuita de servicios públicos como la salud y la educación que funcionen también para las mujeres y las niñas”. A contramano de las exigencias de los organismos multilaterales como el Banco Mundial y el FMI, reclaman “dejar de apoyar la privatización de los servicios públicos”.
La segunda sugerencia apunta a reducir la brecha de ingresos entre varones y mujeres. “Liberar tiempo a las mujeres reduciendo los millones de horas no remuneradas que dedican cada día al cuidado de sus familias y sus hogares”, sostiene el informe. Desde esa perspectiva, las tareas de cuidado no remuneradas representan un obstáculo para la calidad del trabajo de las mujeres, ya que afecta la cantidad de horas que pueden estar empleadas y, por lo tanto, limita sus ingresos. En América latina las mujeres realizan el 73,5 por ciento del trabajo de cuidado no remunerado. En promedio dedican 2,8 veces más tiempo que los hombres a esas tareas que no suelen ser reconocidas como trabajo. Por eso, Oxfam postula la necesidad de “invertir en servicios públicos como el abastecimiento de agua, la red eléctrica y las guarderías para reducir el tiempo que dedican las mujeres al trabajo de cuidados no remunerado”.
El tercer item busca limitar los abusos que se canalizan a través de la red global de paraísos fiscales y financieros. “Poner fin a la carrera a la baja en la tributación de las personas más ricas y las grandes empresas. Gravar la riqueza y el capital a niveles más justos”, indica el documento que también propone avanzar en la creación de un mecanismo internacional que guíe las reestructuraciones de deuda soberana.
Capturados
La captura de los Estados a manos de las elites económicas opera como un mecanismo para garantizar la continuidad y sostenibilidad del proceso de concentración económica. “El problema no es la creación de riqueza sino cómo la repartimos. Si queremos ser contundentes en la lucha contra la pobreza y la desigualdad es importante limitar la influencia de las elites en el manejo del Estado y el diseño de las políticas públicas”, señaló a este diario Rosa Cañete, coordinadora regional del programa de Lucha contra la Desigualdad y la Captura del Estado de Oxfam. “La concentración de riqueza en pocas manos va unida a la concentración de poder. Ese poder es utilizado por las elites económicas para que las políticas los privilegien”, indicó la economista española al enfatizar la influencia de esos sectores en el diseño de las políticas fiscales y tributarias.
El organismo publicó un documento que reclama un haber inicial más bajo para ahorrar gastos

El FMI pide pagar menos a los futuros jubilados

El número dos del organismo, David Lipton, presentó anteayer en Tokio un informe con las recomendaciones del Fondo para los distintos países sobre los sistemas jubilatorios. A la Argentina le plantea expresamente disminuir el ingreso inicial de los jubilados.

El Fondo Monetario Internacional vuelve a la carga con la reforma del sistema previsional. Después de la modificación de la fórmula de movilidad de las jubilaciones, la eliminación de las moratorias para crear una pensión por vejez equivalente al 80 por ciento de la mínima, incrementar la edad de retiro para las mujeres más vulnerables y habilitar la venta de los activos del FGS de la Anses para financiar el déficit, llega el turno del ajuste en el cálculo de la jubilación inicial. Un documento publicado esta semana por el FMI recomienda a la Argentina reducir la tasa de sustitución: la relación entre el haber inicial y el salario promedio previo al retiro. Refugiada detrás de la necesidad de garantizar la sustentabilidad del sistema, la propuesta del staff del Fondo implica reducir el ingreso que reciben los nuevos jubilados. La misma sugerencia corre para Brasil, donde el flamante gobierno ya se comprometió a una reforma que, entre otras transformaciones, incremente la edad jubilatoria y dé lugar a las AFJP. Las autoridades del FMI proponen además que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales”. En línea con esos preceptos el gobierno promociona los seguros de vida y retiro (ver aparte).
“Para lidiar con los costos del envejecimiento, muchos países implementaron significativas reformas de los sistemas de pensiones a lo largo de los últimos años. Las reformas apuntan en gran parte a contener el crecimiento en el número de jubilados, modificando los parámetros clave del sistema; por ejemplo, incrementando la edad de jubilación, endureciendo las reglas para acceder, reduciendo el tamaño de las pensiones a través del ajuste en el cálculo de los beneficios”, explican los técnicos del FMI al relanzar las habituales recomendaciones del organismo en materia previsional. Los autores del documento titulado “El futuro del ahorro: el rol del diseño de los sistemas de pensiones en un mundo que envejece” consideran, sin embargo, que los cambios no fueron suficientes. Por eso, explican, se necesitan “reformas adicionales”. Las sugerencias no son generalidades sino que tienen destinatarios puntuales que se precisan entre paréntesis. A la Argentina y Brasil les corresponde “reducir la tasa de sustitución”.
La sugerencia del Fondo no es novedosa. El ajuste de las jubilaciones iniciales formó parte del listado de propuestas desarrollado en su primer informe del Artículo IV realizado después de una década. Para enfrentar las dificultades financieras exacerbadas por las políticas del gobierno, el documento publicado en noviembre de 2016 proponía: 1) modificar la movilidad jubilatoria, 2) incrementar la edad de jubilación de las mujeres, 3) separar presupuestaria y administrativamente la seguridad social de la asistencia social, 4) incrementar la participación laboral y 5) reducir la tasa de sustitución. Consumados los primeros dos puntos con graves consecuencias para la capacidad de compra de los jubilados y mayores niveles de exclusión entre los adultos mayores, el organismo retoma sus propuestas. Dos años atrás aconsejaba reducir la tasa de sustitución promedio del 72 por ciento al 60 por ciento, una quita de más de 10 puntos. ¿Cómo? Una posibilidad es reducir el coeficiente de la determinación del haber que multiplica cada año de aportes (hoy es 1,5).
“La recomendación de reducir la tasa de reemplazo muestra que el FMI no solo pretende ajustar la cobertura del sistema, sino que también busca que los nuevos jubilados tengan un menor haber”, advertía entonces un informe del ITE de la Fundación Germán Abdala, donde señalaba que “la instrumentación de una iniciativa en este sentido tampoco parece estar exenta de riesgos de mayor litigiosidad”.
El nuevo documento del FMI es lo que se denomina una Staff Discussion Note. La investigación fue elaborada por los técnicos David Amaglobeli, Hua Chai, Era Dabla-Norris, Kamil Dybczak, Mauricio Soto y Alexander Tieman. Como sucede con la mayoría de las publicaciones del organismo, la portada incluye una “renuncia de responsabilidad” donde indica que las visiones expresadas en el documento no necesariamente representan al FMI. No es el caso. La presentación en sociedad del documento anteayer en Tokio estuvo a cargo de David Lipton, subdirector gerente del FMI y hombre fuerte en la estructura de poder como representante de Estados Unidos. “¿Cuál es nuestra recomendación? Instamos a los países a pensar bien los sistemas de pensiones y las redes de protección social más efectivos, y después poner en marcha las reformas necesarias”, comentó el número dos del organismo que encabeza la francesa Christine Lagarde.
“Odio sonar como el FMI en este punto, pero hay países cuyos generosos sistemas públicos de pensiones pueden llevar a las finanzas públicas a una difícil situación. Deben considerar pasos como limitar las jubilaciones tempranas que reduciría las vulnerabilidades de largo plazo”, expresó Lipton. Sin hacer referencias específicas, el documento reclama, siempre en pos de la sustentabilidad, “reducir la generosidad de los sistemas públicos”. El mecanismo para lograrlo es que los trabajadores activos “se preparen para el futuro ahorrando más y extendiendo sus vidas laborales”.
La inflación de 2018, 47,6 por ciento, es la más alta desde 1991

No fue magia el record de inflación de Macri

La devaluación, producto de la inconsistencia del esquema macroeconómico del Gobierno, los tarifazos y la falta de controles sobre los formadores de precios dispararon la inflación del año pasado a su mayor nivel en casi tres décadas.

La inflación fue del 2,6 por ciento en diciembre a nivel nacional, con lo cual llegó en doce meses a un 47,6 por ciento, el mayor registro en 27 años. El 2018 fue el año de más alta inflación si se tiene en cuenta todo el período de convertibilidad –salvo el año de su inicio–, el período de la Alianza, la crisis de 2001 y los tres gobiernos kirchneristas. Este logro del gobierno de Cambiemos no fue un acto de magia, sino que fue tejido en años previos en base a un deterioro cada vez más marcado de la situación externa que estalló en abril pasado, fue acompañado por tarifazos y falta de control de parte del Estado de precios sensibles para el bolsillo. La inflación produjo un deterioro generalizado de las condiciones de vida y fue además determinante en el giro del escenario político en contra del oficialismo y del hundimiento de la economía nacional.
Si bien en noviembre y diciembre la inflación se moderó frente a los meses explosivos previos, sigue muy alta (ver aparte) y el BCRA comunicó que “debido a que la política monetaria actúa con rezagos, a correcciones de precios regulados y acuerdos salariales pendientes, se espera que la inflación mensual se mantenga en estos niveles en los próximos meses”. Es decir, la autoridad monetaria reconoce que la inflación tardará al menos todo el verano en mostrar mayor moderación, y será consecuencia de una recesión cada vez más profunda.
Del impacto de la avalancha de precios el año pasado, una cuarta parte se explica por alimentos y bebidas, que subió un 51,2 por ciento en doce meses. Según el Indec, el kilo de harina estaba hace un año 11 pesos y el mes pasado llegó a 30 (suba del 172 por ciento), mientras que el arroz blanco pasó de 22 a 38 pesos (77 por ciento). Durante 2018, se duplicó el precio de los fideos tipo guiseros, de 20,50 a 41 pesos y el pollo subió de 39 a 64 pesos (64 por ciento). El aceite de girasol de 1,5 litros pasó de 55 a 98 pesos (78) y el sachet de leche, de 22,80 a 33,50 pesos (47,0).
Una de las particularidades de la economía argentina es que los alimentos son la base de las exportaciones. El dólar tiene incidencia en la formación interna de los precios porque los molinos harineros, la producción de arroz, los frigoríficos, las aceiteras o los tambos no tienen por qué vender más barato en el mercado interno que en el mercado externo.
El año pasado comenzó con un dólar de 18,95 pesos y terminó en 38,83 pesos, un avance punta a punta del 105 por ciento. Y el Gobierno nacional acompañó la tensión inflacionaria con un refuerzo en la quita de subsidios en servicios públicos, con lo cual alimentó directamente el alza de precios. El rubro vivienda, agua y electricidad subió el año pasado un 45,7. Pero además, esos incrementos porcentuales fueron aplicados por parte del Gobierno sobre valores que no eran los de 2015, por lo cual las boletas se volvieron un rubro sensible en el presupuesto familiar.
El transporte creció un 66,8 por ciento a nivel nacional por el impacto conjunto de la quita de subsidios en colectivos, trenes y subte junto a la suba de la nafta. A comienzos de 2018 el boleto de colectivo que actualmente cotiza 17 pesos en el Area Metropolitana estaba 6,50 pesos. Hace un año, el litro de nafta super en las estaciones de YPF cotizaba 22,6 pesos y actualmente está en 37 pesos, un 64 por ciento más.
El rubro de salud anotó un avance del 50 por ciento a partir del encarecimiento de los medicamentos y del alza en las cuotas de la medicina prepaga. Muchos remedios también están ligados a la cotización de la moneda norteamericana, al tiempo que las cuotas de las prepagas avanzaron un 40,8 por ciento a lo largo del año pasado. El capítulo de equipamiento y mantenimiento del hogar subió un 50 por ciento, también impulsado por el dólar, que afectó a los principales insumos metalúrgicos y a las variantes importadas. Prendas de vestir y calzado subió un 33,1 por ciento; comunicación, 55,3 por ciento y recreación y cultura, 43,4.
Más importante aún que la variación nominal de los precios es el deterioro en términos reales de los ingresos, es decir, cómo salarios, jubilaciones y asignaciones familiares quedaron relegados frente a los precios. La jubilación mínima arrancó 2018 en 7246 pesos y ahora está en 9300 pesos, una suba del 28,3 por ciento, al igual que el alza registrada en la Asignación Universal por hijo (AUH), que pasó de 1412 pesos por niño o niña a los 1816 pesos actuales. Los jubilados quedaron fuertemente afectados por la inflación, mientras que los titulares de la AUH recibieron bonos compensatorios por la pérdida de poder adquisitivo, aunque ahora arrancan el año con ingresos reducidos ante el nivel actual de precios.
El salario real promedio del sector privado registrado, según el Ministerio de Trabajo, acumuló hasta octubre de 2018 una caída del 10,9 por ciento. En peor posición están los trabajadores no registrados, que ascienden a un tercio de los trabajadores y mucho peor, los desocupados.
Axel Kicillof reveló que haría si volviera al Ministerio de Economía

El diputado de Unidad Ciudadana analizó el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri.

El diputado por Unidad Ciudadana y ex ministro de Economía, Axel Kicillof, analizó el modelo económico del gobierno de Mauricio Macri y reveló qué decisiones tomaría si fuera funcionario nuevamenete.
En diálogo con el programa Navarro 2019, que se emite por El Destape Radio, el legislador señaló los errores del modelo de Cambiemos para explicar que cambios habría que introducir.
"Todo esto es evitable si la política económica cambia. Hay factores deteriorados como la distribución del ingreso, las condiciones de vida, el empleo, la producción, la industria", expresó.
Y continuó: "Macri le bajó a todos los argentinos el salario, comparando una inflación de casi 50 % el año pasado y las paritarias rara vez llegaron a 30 %. Hay menos plata en los bolsillos, menos compras. La política deliberada de este Gobierno es bajar los salarios".
En relación a los cambios a implementar, Kicillof indicó que "indudablemente hay que hacer una recomposición de los ingresos y los salarios", al tiempo que señaló que "hay que rever el tema de las tasas de interés".
Asimismo, el ex ministro de economía manifestó que "hay que segmentar y poner acceso al financiamiento para los sectores productivos" a través de "un Estado inteligente".
Por otro lado, el diputado nacional se refirió al aumento en los servicios públicos: "Las tarifas tienen que ser razonables, no pueden estar dolarizadas".
Por último, Kicillof dejó un duro mensaje para el Gobierno: "Este gobierno traicionó a la clase media. Le está sacando la plata a los que menos tienen para dársela a los ricos, concretamente es una redistribución de la riqueza". Y concluyó: "No se puede tener un estado estúpido y bobo".
Por segunda vez desde que gobierna Macri, la economía suma recesión y alta inflación

La caída del PIB en el tercer trimestre fue del 3,5 por ciento, que se suma a la baja de 4 puntos que se había anotado en el trimestre anterior. En nueve meses la contracción llega a 1,4 por ciento, pero hasta el FMI dice que bajará más.

Por segunda vez durante el gobierno de Cambiemos, la economía entró formalmente en recesión en el tercer trimestre del año. El Producto Interno Bruto (PIB) se contrajo 3,5 por ciento respecto de igual período del año pasado, lo que se suma a la caída del 4 por ciento interanual del segundo trimestre, informó ayer el Indec. Técnicamente se considera que una economía está en recesión cuando registra dos trimestres consecutivos en baja. Si a eso se agrega una alta inflación, el proceso se denomina “estanflación”, que es la situación actual de la Argentina. La destrucción del Producto asciende al 1,4 por ciento interanual para el acumulado de los primeros nueve meses, mientras que las estimaciones oficiales y del Fondo Monetario auguran cerrar 2018 con un retroceso de entre 2,4 y 2,6 por ciento, mientras que la inflación se ubicará en torno al 48 por ciento. El desplome del consumo público y privado, de la inversión y las importaciones explican el pésimo desempeño de la actividad económica entre julio y septiembre, lapso dentro del cual se registró una fuerte devaluación de la moneda hasta tocar los 42 pesos y un alza de tasas de interés hasta 73 por ciento para contener la corrida cambiaria.
El primer proceso de destrucción de riqueza al que llevaron las políticas del macrismo fue en 2016. Comprendió el segundo trimestre (abril-junio) con una caída del PIB del 3,4 por ciento, el tercer trimestre (-3,8 por ciento) y el cuarto (-2,1 por ciento). Según las estimaciones del Gobierno plasmadas en el Presupuesto 2019 y en las proyecciones del FMI, esta recesión será aún más extensa y profunda, llegando a dilatarse al menos hasta junio próximo. En términos de deterioro económico y social, la crisis actual será más delicada porque la mayoría de los indicadores siguen por debajo de los niveles que tenían en 2015, con lo cual nunca hubo una recuperación que permitiera retomar aunque sea el punto de partida.
El Gobierno redobló para el año próximo la apuesta a un modelo de fuerte ajuste fiscal y contracción monetaria para lograr el déficit cero, con lo cual aspira a asegurarles al FMI y a los inversores privados el repago de la deuda. El resultado de esa estrategia es una fuerte caída de la actividad, potenciada por una corrida cambiaria que elevó en un ciento por ciento el valor del dólar, una sequía que complicó la cosecha exportable y el flujo de divisas y un portazo de los mercados financieros al financiamiento del Estado.
La oferta global de bienes y servicios, compuesta por la producción nacional más las importaciones que equivalen a la capacidad instalada, se retrajo en el tercer trimestre 5,1 por ciento interanual a precios constantes. El resultado se explica por “la caída del 3,5 por ciento del PIB y de 10,2 por ciento en las importaciones de bienes y servicios reales”, detalla el informe del Indec. En la demanda global se destacan en el trimestre las disminuciones del 11,2 por ciento en la formación bruta de capital fijo (inversión), de 4,5 por ciento del consumo privado, de 5 por ciento del consumo público y de 5,9 por ciento de las exportaciones de bienes y servicios reales. Pese a que la caída del PIB fue algo menor respecto al -4 por ciento interanual del trimestre anterior, en términos desestacionalizados hubo caídas entre el tercer y segundo trimestre: consumo privado (-4 por ciento), consumo público (-1,5 por ciento), inversión (-8,1 por ciento) e importaciones (-7,5 por ciento).
Nunca arreció la lluvia de inversiones prometida por Cambiemos como motor de crecimiento y este año, producto de la desprotección del mercado interno y el congelamiento del consumo, se contrajo en todas sus variantes. Según explicó el Indec, se registraron bajas de 1,5 por ciento en la inversión en construcciones, de 2,4 por ciento en “otras construcciones”, de 13,3 por ciento en maquinaria y equipo y de 36 por ciento en equipo de transporte. En este caso la apuesta oficial fue a los programas de Participación Público-Privada, que el Gobierno congeló ayer por la disparada del riesgo país. “Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional decreció 18,7 por ciento y el componente importado, 10,5 por ciento. En equipo de transporte el componente nacional se retrajo 35,3 y el importado, 36,7 por ciento”, según el informe que difundió el Indec.
La sequía se hizo sentir en el valor agregado del sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que en conjunto decreció 5,2 por ciento en el tercer trimestre respecto a igual lapso del año anterior. Por su parte, la pesca exhibió un crecimiento interanual de 7,3 por ciento y la explotación de minas y canteras cayó 0,1 por ciento. La industria manufacturera, que junto con la construcción son las actividades más golpeadas en los últimos tres años, tuvo una baja en el tercer trimestre de 6,6 por ciento. La construcción mostró una baja de 0,8 por ciento y la actividad del sector servicios (electricidad, gas y agua) creció 1,4 por ciento. El comercio mayorista y minorista y reparaciones evidenciaron una caída de 8,9 por ciento, pero la intermediación financiera y de los otros servicios observó un crecimiento de 5,1 por ciento.
Crisis récord: con Macri, la pobreza en Argentina es la más alta en una década

Según datos de la Universidad Católica, el indicador se disparó al 33,6% en el tercer trimestre. Respecto a la última medición, aumentó un 5% y representó el número más alto en 10 años.

La pobreza se disparó al 33,6% durante el tercer trimestre y fue la más alta de la última década, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica (UCA). Respecto a las últimas cifras, el indicador aumentó casi el 5%.
Según los datos difundidos, en Argentina existe un 33,6% de personas que viven por debajo de la línea de la pobreza mientras que hay un 6,1% que se encuentran en la indigencia. Esto constituye un estimado de más de 13,2 millones de personas que sufren la pobreza.
Los números arrojados por el índice se realizan en unos 5.800 casos de todos los conglomerados urbanos del país con más de 80.000 habitantes. Además, tomó en cuenta una muestra por ingreso, aunque tuvo datos más ampliados de la situación de las personas pobres o indigentes.
En el primer semestre de 2018, el Indec informó que el 19,6% de los hogares en la Argentina está por debajo de la línea de pobreza, lo que comprenden al 27,3% de las personas. Dentro de este conjunto se distingue un 3,8% de hogares indigentes que incluyen 4,9% de las personas.
Las consecuencias del macrismo: de un año a otro hay 2.2 millones nuevos de pobres

La cantidad de pobres en Argentina pasó de 11,4 millones a 13,6 millones, y la de indigentes, de 2,3 millones a 2,47 millones.

La promesa de "pobreza cero"de Mauricio Macri durante la campaña de 2015 quedó fuera de lugar cuando se observa que el nuevo informe de Universidad Católica Argentina (UCA) indicó que el 33,6% de la población es pobre mientras que el 6,1% es indigente.
A partir de estas cifras y teniendo en cuenta que para el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) la población urbana de la Argentina alcanza a 40,5 millones, son 2,2 millones las personas que ingresaron a la pobreza y 170.000 a la indigencia del 2017 al 2018.
Debido a los desaciertos económicos del equipo de Macri, la fuerte devaluación y las políticas de ajuste del Gobierno durante este año, la cantidad de pobres en Argentina pasó de 11,4 millones a 13,6 millones, y la de indigentes, de 2,3 millones a 2,47 millones.
Asimismo, la UCA aclaró en el informe que "en 2018 cerca de la mitad de los hogares declararon que sus ingresos no fueron suficientes para cubrir sus gastos" y subrayó que “esta tendencia negativa se observa con niveles diferenciados para todos los grupos sociales, destacándose la amplia incidencia registrada en el estrato de trabajadores marginales".
Desde la UIA reconocen: "Me equivoqué en apoyar el cambio"

El ex presidente de la entidad, Héctor Méndez, fue muy crítico de la actual gestión y dijo que la economía está en un momento "catastrófico".

Héctor Méndez habló este martes en el programa “Crónica Anunciada” en El Destape Radio. El empresario y ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Hector Méndez, dijo estar "totalmente decepcionado" con la gestión de Mauricio Macri. El industrial sostuvo que "la gente esperaba un cambio y cambió poco y nada". Además, añadió que la crisis económica y la devaluación lo "afectaron patrimonialmente".
Además agregó que “si bien no se tocó fondo, los números son catastróficos”. El empresario además dijo que, según el contexto ve difícil una pronta recuperación.
Méndez criticó duramente al gobierno y considera que no hay un “expertise en la conducción actual”.
El ex titular de la UIA, también especificó que la medidas económicas “no fueron consultadas con los diversos sectores. A la larga esto se paga.Si el gobierno no demuestra soluciones si no se ven propuestas no veo una actitud pero estos son los resultados el efecto de esa causa”. Y sentenció: “Es un gobierno soberbio”.
Respecto a la pregunta de los conductores sobre si cree que existe un fin ulterior en el gobierno de querer cambiar el rumbo económico, Méndez dijo: “No me imagino que sea tan inteligente como para que sea tan planeado, solo es producto de la incapacidad”.
Respecto a la llegada de inversiones fue contundente: “Al país no llegan las inversiones porque no son confiables, yo por ejemplo no hago inversiones acá. Se termina pagando un alto precio”. Y expresó desilusionado: “Votamos por un cambio que no se realizó, me siento totalmente decepcionado con este gobierno”.
Causa los cuadernos
Respecto a la causa de los cuadernos, Méndez dijo: “Por primera vez se da una situación a fondo. Si no hay una cacería de brujas es bueno que haya una profundización de los problemas pero tampoco tiene que pensar que pensar que todos los empresariosson iguales”.
Para finalizar expresó: “He sido crítico con el gobierno anterior, no me arrepiento. Uno está para ser una voz de lo que considera incorrectas. Desde mi sector nunca pensamos que íbamos a tener estos resultados, me equivoque en apoyar “el cambio” si las cosas no están bien hay que ser crítico. Las cosas no están bien, esto está claro”.
Según un informe privado, la devaluación llegará al 34 % en 2019 y el dólar superaría los $50

El Presupuesto que aprobó el Congreso estableció un tipo de cambio por encima de los $ 40 para el año que viene.

La consultora Ecolatina, fundada por el ex ministro de Economía Roberto Lavagna, publicó un informe con duros pronósticos económicos para 2019.
Según publicó el diario El Cronista, desde Ecolatina proyectan que "la incertidumbre acerca de quién será el próximo Presidente y las dudas acerca del repago de la deuda potenciarían las presiones cambiarias". Esto se traduce en un dólar que podría cerrar el 2019 a $ 51,50.
En relación a los servicios públicos, la consultora estipula aumentos de agua, electricidad y gas en el primer cuatrimestre, al tiempo que en agosto habría incrementos en la electricidad y en octubre del gas.
Ecolatina establece que habrá un aumento de entre 32-33 % sobre las tarifas en el marco del cumplimiento del acuerdo con el FMI. Sin embargo, no descartan la influencia que puedan tener las elecciones en las medidas a tomar.
Respecto a las expectativas salariales, informa que los salarios formales comenzarán el año con significativos aumentos producto de la cláusula de revisión impuesta en muchas negociaciones paritarias de este año, con un aumento promedio del 35%.
Sin embargo, el estudio señala que los ingresos reales volverían a retroceder el próximo año, con una caída promedio de alrededor del 2 % i.a.
El aumento del mínimo no imponible será del 28,3 por ciento, 20 puntos por debajo de la inflación

Siguen pagando Ganancias 1,6 millón de empleados

La promesa de que los asalariados no pagarán el Impuesto a las Ganancias va quedando en el olvido. La actualización del mínimo no imponible para 2019, 28,3 por ciento, aunque es superior a las paritarias más bajas, quedó muy por debajo de la inflación.

El mínimo no imponible de Ganancias será el año próximo de 38.301,85 pesos de salario de bolsillo neto para solteros y de 50.667,76 pesos para casados con dos hijos. Estos montos reflejan un aumento de 28,29 por ciento de los pisos actuales, el cual se desprende de la actualización anual a octubre del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). La actualización del mínimo se ubicará al menos 20 puntos por debajo de la inflación estimada para el cierre de este año, que será cercana al 50 por ciento, e impactará principalmente en aquellos pocos sectores en los que las paritarias lograron romper el techo del 30 por ciento, como los trabajadores comercio, bancarios, camioneros y químicos, entre otros. En estos casos se espera que haya un aumento en la cantidad de empleados alcanzados por el impuesto, pero se compensaría con una disminución de aquellos que tuvieron una paritaria inferior y los trabajadores despedidos. “Los que lograron compensar algo de la pérdida de poder adquisitivo este año, esa recomposición ahora se la lleva Ganancias”, señaló a este diario Hernán Letcher, titular del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Desde que asumió Cambiemos la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que paga Ganancias creció 53 por ciento hasta los 1.638.433 empleados.
Cada vez más lejos de la promesa de campaña de que ningún trabajador pagará Ganancias por su salario, el Gobierno logró en tres años duplicar la cantidad de asalariados en relación en dependencia alcanzados por este impuesto. En 2015 tributaron por Ganancias en total 1.071.734 trabajadores en relación de dependencia, mientras que al año siguiente esa cifra aumentó a 1.366.902 y en 2017 volvió a crecer hasta 1.757.008. “Las cifras a octubre evidencian que 1.939.994 contribuyentes pagan Ganancias, de los cuales 1.638.433 corresponden a trabajadores en relación de dependencia, lo que representa un aumento de 566.699 respecto de hace tres años”, explicó a este diario Adrián Caneto, ex director de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo.
La cantidad total de contribuyentes alcanzados fue de 750.652 personas (había 1.189.342 en 2015), según el informe que presentó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el Senado el año pasado. El resultado de tres años de macrismo es que el porcentaje de empleados que pasó a pagar este impuesto se elevó del 13 a 20 por ciento sobre el total de los trabajadores formales. “Siempre tuvimos como iniciativa establecer un corte en el universo de empleados registrados para que el porcentaje de los trabajadores que paguen Ganancias no supere el 10 por ciento”, agregó a Página/12 el ex funcionario.
El año próximo comenzará a regir la actualización del mínimo no imponible a partir de un ajuste del 28,29 por ciento del Ripte. Ese indicador se utiliza para actualizar una vez por año el mínimo no imponible y las deducciones del impuesto a las Ganancias del año siguiente. La Secretaría de Seguridad Social actualizó ayer su informe con el dato correspondiente a octubre, que arrojó una mejora mensual de 5,2 por ciento y de 28,29 en términos interanuales. Con este dato se computa el piso de Ganancias, que pasará para un soltero o soltera sin hijos de los 29.855,68 pesos actuales a 38.301,85 (46.146 pesos de ingreso bruto) desde enero. En el caso de casados con dos hijos el mínimo se traslada de 39.494,71 a 50.667.76 pesos (61.046 en términos brutos). En ambos casos incluyendo el proporcional del salario complementario anual o aguinaldo. También se computan otros cobros adicionales, como el bono de fin de año.
El cálculo se basa en que el mínimo de todo el año pasará de 388.123,88 pesos de este año a 497.924 pesos en 2019, sobre lo que se podrán aplicar las deducciones que aumenten ese piso. Para cada hijo menor de 18 años la deducción aumenta de 31.461 a 40.361 pesos anuales. La deducción por cónyuge pasará a 80.034 pesos, siempre que no cuente con un ingreso anual superior a 85.848 en todo el año (6603 pesos por trece meses contando aguinaldo). En el caso de los autónomos, este año tributan a partir de los ingresos que superan los 200.753 pesos y pasará a 257.546 a partir de enero del año próximo.
El impacto de la acotada suba del piso a partir del cual un contribuyente es alcanzado por el impuesto recaerá principalmente en aquellos sectores que lograron una mejor recomposición de sus ingresos frente a una inflación que rondará el 50 por ciento. El promedio de los salarios del sector registrado acumula en los últimos doce meses un aumento de 24,4 por ciento medido a septiembre, como consecuencia del incremento de 25,3 del sector privado registrado y de 23 del sector público, según el informe del Indec. “No va a haber grandes cambios en el número. Probablemente el Ripte tenga una variación un poco por encima respecto de los aumentos de salarios que se den en el marco de la renegociación de algunas paritarias pero va a ser marginal”, señaló Letcher.
El dólar se dispara por tercer día consecutivo

El aumento se percibió en el arranque de la jornada cambiaria en el Mercado Abierto Electrónico (MAE). Los bancos privados también tienen la divisa en alza.

Por tercer día consecutivo el dólar abrió la semana en alza y cotiza a más de $ 39 en bancos privados. En el mercado mayorista la moneda estadounidense pegó un salto de 70 centavos esta mañana en el arranque de la jornada cambiaria en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).
El billete se ubicaba en los $ 37,60 para la compra y $ 38,15 para la venta en el mercado mayorista.
En el caso del mercado minorista, el valor más alto lo ofrecen los bancos Ciudad y Galicia con una cotización de $ 39.30. Por detrás se ubica el banco Santander con un valor de $ 39.03 y los bancos Nación y Provincia a $ 39.
El Banco Francés vende la moneda internacional a $ 38.94, al tiempo que el Superville lo ofrece a $ 38.80 y la casa de cambio Magitur a $ 38.70. Los valores más bajos se obtienen en las casas de cambio Alpe, con un monto de $ 38.30 y Montevideo, con una cotización de $ 38.20.
El Banco Central anunció ayer los nuevos límites de la zona de no intervención cambiaria y eliminó el piso de la tasa de interés del 60%, justificando esa decisión en la caída en las expectativas de inflación.
La tasa perforó el piso en la licitación de Leliq realizada a las 14:15, al ubicarse en el 59,1%. Así la tasa rompió un nivel que había cruzado 98 días atrás, cuando el 30 de agosto el entonces presidente del Banco Central, Luis Caputo, la llevó al 60 % como herramienta de emergencia para frenar una nueva corrida contra el peso.
Aseguró que buscará avanzar con Bolsonaro en un acuerdo Mercosur-Unión Europea

Macri quiere más importaciones

“El Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo”, sostuvo el jefe de Estado, quien insistió en promover un entendimiento comercial con la UE. La apertura importadora viene castigando a numerosos sectores industriales. Advertencia de eurodiputados.

El presidente Mauricio Macri aseguró que el mandatario electo brasileño Jair Bolsonaro quiere avanzar con el megaacuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El recambio de autoridades en el país vecino volvió a hacer tambalear la postergada firma del tratado que comenzó a negociarse hace más de dos décadas. Pero durante la conferencia celebrada ayer en Casa Rosada, Macri afirmó que Bolsonaro le confirmó que Brasil quiere avanzar en las negociaciones con el bloque europeo. PáginaI12 accedió a un reporte comisionado por el bloque de eurodiputados de izquierda donde aseguran que el acuerdo facilitará los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y el lavado de dinero. “Se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados”, advierte el documento que hoy será presentado en el Parlamento Europeo.
“Claramente es un acuerdo muy demorado. Todos somos conscientes que es una gran oportunidad”, sostuvo Macri al indicar que mantuvo conversaciones sobre el acuerdo con las autoridades de Francia, Alemania y España. A los reparos del establishment brasileño para avanzar se suman las exigencias europeas en materia de flexibilización arancelaria así como la resistencia francesa frente a la apertura del mercado de carnes y las indicaciones geográficas para denominar productos según su procedencia.
“El Mercosur ha sido el bloque más cerrado del mundo y eso significó un crecimiento menor al de muchas otras regiones”, consideró el mandatario argentino. Las afirmaciones presidenciales contrastan con el desempeño reciente de los países del bloque donde los procesos de expansión económica con mejoras distributivas no fueron acompañados por la profundización de la apertura comercial sino por el fortalecimiento de sus mercados internos. La desregulación que promueve Macri choca además con las políticas proteccionistas asumidas por Estados Unidos desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
A pesar de la convicción del gobierno argentino para avanzar en el acuerdo de libre comercio existe una tímida oposición del sector industrial local. Los empresarios señalan que la apertura a la competencia europea tendrá consecuencias irreversibles en el ya golpeado sector manufacturero. El tratado que Macri impulsa sin éxito hace tres años pone en riesgo 11 de cada 100 empleos en actividades fabriles. La investigación impulsada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde del Parlamento Europeo suma una nueva dimensión sobre los riesgos asociados al acuerdo: la facilitación de los flujos financieros ilícitos.
A partir del análisis de los borradores del acuerdo el informe asegura que “se limitarán los controles de capitales y los servicios financieros especulativos serían liberalizados”. El estudio fue elaborado por los investigadores argentinos Verónica Grondona, Magdalena Rua y Martín Burgos. El texto advierte además que “al mismo tiempo podría limitar las posibilidades de elaborar listados de guaridas fiscales y tomar medidas contra ellas en materia fiscal y prevención del lavado de dinero”.
El reporte estima que los países del Mercosur exhiben un stock de riqueza financiera offshore superior a los 853 mil millones de dólares. De acuerdo a las estimaciones, la región experimentó un promedio anual de flujos salientes entre 2008 y 2017 de 56,4 mil millones anuales.
“Un nivel muy alto de dinero que sale del bloque, privando a los países de dinero que no es re-invertido ni es fiscalizado”, sostienen los investigadores, para quienes los riesgos asociados al acuerdo no están limitados a los países sudamericanos. “El riesgo de inestabilidad financiera es alto, particularmente considerando que son flujos que tampoco son fiscalizados. El acuerdo puede exacerbar el problema para las dos partes”, advierte.
Tras la cumbre del G20, el dólar cerró a $ 37,61

En la apertura semanal del mercado cambiario, la divisa estadounidense retrocedió más de un peso. Además, el Banco Central volvió a realizar una fuerte licitación de Leliq.

En la apertura semanal del mercado cambiario, el dólar cayó más de un peso y cerró a $ 37,61, de acuerdo al promedio realizado por el Banco Central. El tipo de cambio disminuyó $ 1,19 respecto al jueves.
Tras la cumbre del G20, la moneda estadounidense cotizó $ 35,57 para la punta compradora y $ 37,61 para la vendedora. La operatoria contó con un volumen negociado en el mercado de contado que superó los U$S 305 millones.
Cabe recordar que los mercados financieros permanecieron cerrados el viernes por el encuentro internacional, que reunió a las principales economías del mundo en la capital del país sudamericano.
En otro aspecto, el Central volvió a concretar la habitual licitación de Leliq y colocó $ 160.231 millones con un rendimiento promedio del 60,27% y una tasa máxima de corte del 60,49%. El vencimiento de este título de deuda fue de $134.844 millones.
Por segundo día consecutivo, el gobierno toma una astronómica deuda

Lo comunicó por medio del Boletín Oficial. Esta vez serán bonos de La Nación en dólares y bonos del Tesoro en pesos.

El gobierno nacional volvió a tomar deuda externa por segundo día consecutivo. Esta vez, la administración del presidente, Mauricio Macri, emitió bonos de la Nación por 2.300 millones de dólares y 36.500 millones de pesos.
"Disponer la emisión de los “BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES 8% VTO. 2020”, por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses dos mil trescientos millones (V.N.O. USD 2.300.000.000)", detalló el gobierno que comunicó que el vencimiento será en un año y seis meses, es decir después de que finalice la administración de Macri.
"Disponer la emisión de los “BONOS DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADOS POR CER 8,5% VTO 2022”, por un monto de hasta valor nominal original pesos treinta y seis mil quinientos millones (V.N.O. $ 36.500.000.000)", comunicó por medio de la Resolución Conjunta 31/2018. En el caso de esta deuda en pesos, el vencimiento es el 29 de noviembre de 2022.
El miércoles, el gobierno había emitido deuda por 1.150 millones de dólares y de 15.000 millones de pesos.
El sistema jubilatorio argentino, en el último puesto de un ranking internacional

De entre 30 países, Argentina tiene la peor jubilación, teniendo en cuenta variables como la cobertura y las condiciones de vida de las personas jubiladas.

Con una jubilación mínima que hoy se ubica en unos magros $8.637, el sistema previsional argentino se posicionó en el último puesto de entre 30 países en un ranking a nivel global. De esta forma, Argentina es el país con peores jubilaciones luego de que el Congreso apruebe la reforma previsional en diciembre del 2017.
El dato surge de un estudio elaborado por Roberto Salomón de la consultora Econométrica, basado en una publicación del Australian Centre for Financial Studies que analiza y compara los sistemas de pensión de 30 países, según informó Ámbito.com.
En el índice global de pensiones, el régimen argentino tiene un puntaje de 38,8 y se ubica debajo de naciones con altos niveles de pobreza como India, México, Corea, Brasil, Perú y Colombia. Dinamarca, en cambio, obtuvo el primer lugar, seguida por Holanda.
Los criterios tomados para elaborar este indicador son la cobertura, la sustentabilidad y la integridad. En cuanto a la cobertura, se tienen en cuenta los beneficios y derechos que cada sistema jubilatorio asigna a las personas más pobres, además de la distribución del ingreso.
Además, se incluye el nivel de ahorro familiar y el de propiedad de la vivienda, ya que, según indica el estudio, dichos factores representan una fuente importante de seguridad financiera en paralelo a la jubilación.
Por otra parte, también es un factor clave para este índice el porcentaje de la jubilación mínima en relación con el salario promedio, al igual que el mecanismo de ajuste desde el Estado a través del tiempo. En torno a estos parámetros, Argentina ocupó quinto lugar más bajo, sólo por arriba de Singapur, México, India, y Malasia.
El sistema previsional, que incluye todos los gastos sociales del Estado como las jubilaciones, es un punto clave de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El organismo global ha pedido a la Argentina que haga un fuerte ajuste para acomodarse a sus políticas económicas recomendadas, y, si el Gobierno cede, significaría un contundente recorte en los ingresos de los sectores más débiles.
Por qué se disparó el dólar?

El tipo de cambio se disparó $ 1,50 por la decisión del Gobierno de acortar la semana y la cercanía al final del año.

El dólar se recalentó y rozó los $ 40 en la semana del G-20. La cumbre de los presidentes fue una de las razones de la disparada de $ 1,50 de hoy, por la decisión de Mauricio Macri de acortar los días hábiles, lo que motivó el adelanto de operaciones. Sobre el final de la jornada, una caída en el sistema informático generó un diferencial entre los precios de venta y compra del billete.
El tipo de cambio terminó el lunes a $ 39,90, luego de continuas mermas mínimas de la tasa de interés que ensayó el Banco Central en las últimas semanas. En línea con los lineamientos del FMI, la autoridad monetaria disminuyó levemente el rendimiento de las Letras de Liquidez licitadas, al punto que cerró en 61,2%. Había alcanzado el 73% a comienzos de octubre, cuando el presidente de la entidad, Guido Sandleris, usó esta herramienta para calmar el mercado de cambios.
Pese al paso de tortuga de Sandleris, al no apoyarse en un modelo productivo, el desarme de la bicicleta financiera fue un tiro en la culata. La semana pasada no fueron absorbidos cerca de un cuarto de las Lebac, parte de la cual presionó hoy por la suba del dólar.
La declaración del jefe de Estado del feriado del viernes por el G-20 y la incertidumbre en torno a los transportes que generó el PRO para el jueves concentrará más intercambios de monedas en los primeros tres días de la semana. Esto incrementó el volumen de hoy 33% a U$S 724 millones.
Sumado a esto, sobre el final de la rueda, a las 14, se cayó el sistema del mercado abierto electrónico (MAE), lo que dejó a los operadores del mercado por momentos solamente comunicados por vía telefónica. Este inconveniente ayudó a distorsionar el normal movimiento de las cotizaciones en el mayorista y aumentó las brechas entre las puntas compradora y vendedora.
El Gobierno endeudó al país por otros $40 mil millones

Así lo estableció el gobierno por medio de una resolución que publicó en el Boletín Oficial. Representa mil pesos más para cada argentino.

El gobierno nacional tomó deuda hoy por 40 mil millones de pesos, que equivalen a mil pesos por cada argentino. La decisión es tomada por medio del lanzamiento de letras del Tesoro Capitalizables y de Letras del Tesoro ajustadas por CER, variable atada a la inflación.
Mediante una resolución conjunta de la secretaría de Finanzas y de Hacienda, el gobierno dispuso en el artículo uno del documento la emisión de Letras del Tesoro Capitalizables en pesos con vencimiento el 22 de febrero por un monto de $30.000.000.000.
En el artículo dos, la Casa Rosada establece la emisión de 10.000.000.000 pesos en Letras del Tesoro en pesos ajustadas por CER con vencimiento también 22 de febrero de 2019.
Sin contar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la deuda externa acumulada por el gobierno de Mauricio Macri acumulada desde 2015 trepó hasta los U$S 100.000 millones.
En 2019, si se divide el monto entre los 40 millones de argentinos, cada persona tendría una deuda individual estimada en $ 300.000.
Deuda externa: gracias a Cambiemos, cada argentino debe $300.000

Entre 2015 y 2018, la deuda se disparó por U$S 100.000 millones. En 2019, se pagarán más de $ 1.100.000 por minuto en conceptos de intereses.

La deuda externa acumulada por el gobierno de Mauricio Macri acumulada desde 2015 trepó hasta los U$S 100.000 millones. En 2019, si se divide el monto entre los 40 millones de argentinos, cada persona tendría una deuda individual estimada en $ 300.000.
Tras el acuerdo rubricado con el FMI, por U$S 57.100 millones a cambio de un fuerte ajuste, el Gobierno continuó con la toma de deuda en dólares a través de otros mecanismos. El ministerio de Hacienda ya inició un programa de licitación de Letras del Tesoro para asegurarse más divisas.
Entre 2015 y 2018, la deuda se disparó por U$S 100.000 millones. En 2019, se pagarán más de $ 1.100.000 por minuto en conceptos de intereses, de acuerdo a las estimaciones del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
El próximo año, el Gobierno deberá pagar $ 598.000 millones. Según informes consultoras privadas, la proporción de la deuda respecto al PBI alcanzará a fin de año el 93%.


El Gobierno modificó el Presupuesto para darle $5 mil millones a las empresas de gas

Es en compensación por la devaluación, que originalmente iban a pagar los usuarios en 24 cuotas.

El Gobierno nacional dispuso el incremento de la partida destinada a subsidiar a las empresas de gas por casi 5 mil millones de pesos, en concepto de la compensación que originalmente iban a abonar los usuarios en 24 cuotas y que despertó una fuerte polémica.
Así salió publicado este viernes en el Boletín Oficial, a través del DNU 1053 que modifica al Presupuesto 2018. Producto de la inflación (que ya araña el 40%), el Gobierno se vio obligado a aumentar los gastos de este año más que lo previsto.
Y entre ellos, está el concepto de transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes, que destinará 4,88 mil millones de pesos más a las empresas privadas de gas.
La normativa establece que "el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio".
De los casi 5 mil millones de pesos, unos 781 millones van a ir a las productoras de gas convencional, 1.650 millones a las productoras de gas no convencional y 2.236 millones a empresas distribuidoras. El resto se divide en otros planes de fomento a la producción.
Recesión y recortes como plan

Lo que se viene con el Presupuesto

El Gobierno prevé para 2019 una nueva contracción del PBI, con recortes de partidas en términos reales para obra pública, salud, educación, cultura y vivienda, entre otros. La única partida que aumenta más que la inflación es para pagar deuda.

El Presupuesto para 2019 admite que la economía seguirá en recesión, con una estimación de caída del PBI del 0,5 por ciento, aunque hasta el Fondo Monetario anticipa una baja mayor, del 1,7 por ciento. Con el objetivo de alcanzar la meta de equilibrio fiscal primario, el Gobierno llevará a cabo una fuerte reducción de partidas para obras de infraestructura, salud, educación, vivienda y desarrollo urbano (por ejemplo, cloacas y agua potable), entre otras. El proyecto define una reducción equivalente a un punto del PBI en el gasto social, con lo cual el recorte real alcanzaría al 10 por ciento en tan sólo dos años. El stock de deuda alcanzará el año próximo los 315.698 millones de dólares y el pago de intereses representará el equivalente a 596.000 millones de pesos, con un alza interanual del 50 por ciento.
Déficit cero. El compromiso del Gobierno con el FMI fue acelerar la meta de equilibrio fiscal, sin contar el pago de intereses de deuda que aumentará un 50 por ciento el año próximo. En el plan de gastos y recursos se establece una contracción económica que pueda llevar el déficit del 2,6 por ciento de este año a cero el próximo. El foco será reducir el gasto en términos reales. La recaudación de impuestos nacionales y contribuciones a la seguridad social crecerá 38,9 por ciento y superará los 4,8 billones de pesos en el cálculo oficial.
Dólar. Según el Presupuesto, el dólar se ubicará en promedio a 40,10 pesos, un precio que alcanzó a fines de agosto último y que derivó en una política monetaria aún más contractiva que estabilizó momentáneamente el tipo de cambio. Se dispuso congelar la base monetaria y aplicar un esquema de bandas de flotación del dólar con actualización mensual respecto a la evolución de la inflación. Este programa se anunció luego de que se presentara el Presupuesto. Para el 2020 el precio del dólar está previsto en 44,30 pesos; para 2021, a 48,20 y 2022, a 50,50.
Inflación. Luego de cerrar este año con una variación de entre 45 y 50 por ciento, la proyección estimada en el Presupuesto es de 23 por ciento para el final del ejercicio 2019. Esto significa la evolución a doce meses medida en diciembre, lo que arroja un promedio de 34,8 por ciento. Para este año se estima en la ley cerrar en 42 por ciento.
Recesión. El panorama económico del año próximo será recesivo. Con una caída del consumo privado de 1,6 por ciento y una retracción de la inversión del 9,7 por ciento. A esto se suma el descenso de la inversión pública y la puesta en marcha de obras en el marco del programa de participación público-privada. Por el lado de los ingresos, la apuesta es a un incremento de recaudación por una buena cosecha de cereales y oleaginosas y, con menos importaciones por la recesión, se pretende reducir el déficit de cuenta corriente en un 50 por ciento, hasta los 9900 millones de dólares, lo que equivale a 2,2 puntos del PBI. No habrá suba adicional de retenciones y se mantiene en 30 por ciento el tope de derechos de exportación a la soja y en 12 para el resto de los productos.
Gasto. El total previsto será de 4,1 billones de pesos, lo que supone un aumento nominal de 27,4 por ciento respecto de 2018, contra una inflación promedio proyectada de 34,8 por ciento, lo que representa una caída de 13 por ciento en términos reales. El gasto primario se ajusta 24 por ciento (nominal) y los recursos para planes sociales aumentan en 32 por ciento, ambos por debajo de la inflación. En términos reales, la reducción del gasto será del 6 por ciento en servicios sociales, del 23 por ciento en educación y cultura, del 48 por ciento en vivienda y urbanismo, de 20 por ciento en promoción y asistencia social, de 8 por ciento en salud, de 17 por ciento en ciencia y técnica y del 20 por ciento en agua potable y alcantarillado.
Deuda. Es la única partida que le ganará a la inflación el próximo año. Las necesidades de financiamiento ascienden a 38.900 millones de dólares, que se reparten en 2500 millones de nueva deuda, 20.100 millones de vencimiento a refinanciar, 11.700 millones del acuerdo con el FMI y otros 4600 millones de organismos internacionales. La deuda pública a fin de año representará el 87 por ciento del PBI de 2019, con un stock de 315.698 millones de dólares. El pago de intereses será de 596.000 millones de pesos, con un alza de 50 por ciento.
El campo estalló contra el Gobierno: "Nos llama para hablar pelotudeces"

El presidente de CRA, Dardo Chiesa, expuso la molestia del agro por las últimas medidas del Gobierno.

El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), una de las entidades que integran la Mesa de Enlace, disparó munición gruesa contra el Gobierno nacional y aseguró que solo los llaman para "hablar pelotudeces".
En declaraciones, Dardo Chiesa cuestionó la degradación del ministerio de Agroindustria a secretaría y dijo que "no queda claro" el rol de Luis Etchevehere como funcionario.}
”El gobierno llama para hablar pelotudeces y nos enteramos por la radio de las retenciones al agro o bienes personales, no puede ser”, bramó el dirigente rural.
En este último año, el Gobierno instauró retenciones a todas las exportaciones equivalentes a 4 pesos por dólar para productos primarios y 3 pesos para servicios e industrias.
Inclusive, el dirigente advirtió que podría haber eventos climáticos que afecten a la "cosecha récord" que espera el Gobierno para apuntalar la recaudación y el presupuesto, y reconoció: " Con la carne en el kirchnerismo teníamos más rentabilidad que ahora”.
Respecto del nuevo rol de Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Chiesa recalcó: "Hemos perdido un espacio con la secretaría de Agroindustria porque no participa de las reuniones de gabinete. No nos queda muy en claro las atribuciones de la Secretaría de Agroindustria".
El Gobierno le da beneficios impositivos a las petroleras para explotar en Tierra del Fuego

Además del tarifazo y los precios dolarizados, las empresas de energía consiguieron un nuevo beneficio del Gobierno.

El Gobierno nacional le otorgó beneficios impositivos a empresas para la explotación de hidrocarburos en Tierra del Fuego, en medio del ajuste fiscal y tras el tarifazo energético que garantizó costos dolarizados para las compañías.
Así salió publicado este miércoles en el Boletín Oficial, a través del decreto 1049/2018. El mismo vuelve a otorgarle los beneficios de zona franca para las nuevas explotaciones en gas y petróleo que se realicen en la isla.
En 1972 se sancionó la ley que establecía a Tierra del Fuego como zona franca. Esto permitía que las empresas que se instalasen allí no pagarían IVA, Ganancias, impuestos internos, entre otros. Sin embargo, en 2012, y por decisión del Gobierno de fomentar otro tipo de producciones, se eliminó la producción de hidrocarburos de las actividades beneficiadas impositivamente.
En aquel momento, el gobierno de Cristina Kirchner explicó que la medida de retirarle los beneficios impositivos se debía a "que el petróleo y el gas no pueden ser tomados simplemente como un commodity de exportación (...) sino que debe otorgárseles un tratamiento acorde al crecimiento del país, con cada vez mejor distribución del ingreso, con participación de los trabajadores y con cada vez mejores estándares de vida para toda la población".
Ahora, el gobierno de Mauricio Macri vuelve a otorgarle ese "premio fiscal" a las empresas productoras de gas y petróleo, que han recibido diversos beneficios del Gobierno, como la garantía de una renta dolarizada por sus explotaciones y el tarifazo en servicios públicos.
Precisamente, el Gobierno fue duramente criticado cuando quiso recargar a las facturas de gas el costo de la devaluación a los usuarios con un pago en 24 cuotas. El motivo era el pago a las empresas productoras de gas que por contrato ganan en dólares.
Finalmente, el Gobierno salió de la polémica abonando la diferencia de la cotización del dólar de forma retroactiva con un bono que pagarán todos los contribuyentes.
El Gobierno vuelve a tomar deuda en dólares

Pese al préstamo del Fondo Monetario, el gobierno nacional vuelve a emitir deuda en dólares en letras del Tesoro.

El gobierno nacional dispuso de la emisión de 1.350 millones de dólares en letras del tesoro, en una decisión que vuelve a endeudar a la Argentina pese al préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI).
" Disponer la emisión de “LETRAS DEL TESORO EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES CON VENCIMIENTO 10 DE MAYO DE 2019”, por un monto de hasta valor nominal original dólares estadounidenses hasta un mil trescientos cincuenta millones (VNO USD 1.350.000.000)", comunicó el gobierno nacional.
Por medio de la resolución 28/2018, el gobierno dispuso que la fecha de emisión será el 16 de noviembre y el vencimiento el 10 de mayo de 2019, es decir un plazo de 175 días.
El 20 de junio pasado, el FMI envió los primeros 15.000 millones de dólares. La mitad de ese monto fue utilizado como respaldo presupuestario.
Bono cantado

El Gobierno firmó el decreto que establece un pago obligatorio de 5000 pesos, en dos cuotas, para el sector privado y acordó extenderlo a los estatales nacionales. La CGT se mostró conforme con el bono para compensar el derrumbe salarial producido por la devaluación y la estampida de precios. El Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales seguirán adelante con el paro

El presidente Mauricio Macri firmó ayer el decreto que establece un bono de 5000 pesos con carácter excepcional y obligatorio a trabajadores del sector privado, surgido de un acuerdo con la CGT y cámaras empresarias para paliar la pérdida de poder adquisitivo a raíz de la alta inflación. La suma no remunerativa, que cobrarán privados bajo convenio, podrá ser pagada en dos cuotas o más –en caso de que la actividad evidencie una situación de crisis–, computarse a cuenta de la reapertura de paritarias de este año y, para aquellos que no trabajan jornada completa, será proporcional a las horas trabajadas. Los ingresos no recibidos por la pérdida de poder adquisitivo este año, es decir, la diferencia entre la inflación y lo que subieron los salarios, se ubica entre 25.000 y 50.000 pesos según el sector que se analice. Tan inocuo como el bono, el decreto establece también la formalidad de exigirle a las empresas “notificar” al Ministerio de Producción y Trabajo la decisión de realizar despidos con diez días de anticipación, medida que regirá hasta el 31 de marzo. Esta obligación no rige para la construcción. El decreto no alcanza a los trabajadores del sector público nacional, aunque el Gobierno acordó con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) incorporar el bono a la reapertura de su paritaria (ver aparte). Los trabajadores públicos provinciales y municipales, los empleados agrarios y de casas particulares quedaron fuera de la compensación.
El Gobierno acordó la propuesta con la CGT para desactivar la amenaza de un nuevo paro general, previsto para la segunda quincena del mes, y puso a sus funcionarios a trabajar en un bono que con el pasar de los días se fue devaluando cada vez más. El primer anuncio, sin más precisiones que el monto de 5000 pesos, fue suficiente para abortar la medida de fuerza. Desde el sector empresario, de todos modos, pusieron el grito en el cielo por la imposibilidad de pequeñas y medianas empresas de afrontar la reparación. La tarea oficial se enfocó en diluir técnicamente el acuerdo sin reactivar el descontento cegetista.
En el primer artículo del decreto se establece una asignación no remunerativa “que ascenderá a la suma de 5000 pesos” y que se pagará en dos cuotas: la mitad con el haber de noviembre y el resto con el de enero. Sin embargo, en el tercer artículo se aclara que “podrán adecuar la implementación de lo dispuesto en el presente decreto en materia de plazos y montos (hasta completar los 5000 pesos) para aquellas actividades o sectores que se encuentren especialmente en crisis o declinación productiva”. No se establece cuál será el criterio para definir esta condición que parecen compartir casi todas las ramas productivas. Otra salvedad es que cuando la prestación de servicios fuere inferior a la jornada legal o convencional –es decir, no se trabaja jornada completa–, la asignación será “en forma proporcional, de acuerdo a los mecanismos de liquidación previstos en el convenio colectivo”.
En el caso de que se hayan reabierto paritarias, se podrá computar el bono como parte de la mejora: “Las partes signatarias de los convenios colectivos de trabajo podrán establecer que las sumas referidas en el artículo 1 se computen hasta dicho monto, a cuenta de las sumas que pacten en concepto de revisión salarial”. Se refiere a los aumentos ya acordados o los que se negocien a futuro por la reapertura de paritarias de este año. La incorporación de los 5000 pesos como parte de la mejora salarial adquirirá carácter remunerativo, aclara el decreto.
La medida dispone además “un procedimiento” por el cual los empleadores, antes de aplicar despidos sin justa causa en contratos de trabajo por tiempo indeterminado, deberán comunicar la decisión al Ministerio de Producción y Trabajo con diez días de antelación. La medida regirá hasta el 31 de marzo. “El ministerio, de oficio o a petición de parte, podrá convocar al empleador y al trabajador junto con la asistencia gremial pertinente, a fin de celebrar durante el plazo fijado las audiencias que estime necesarias para considerar las condiciones en que se llevará a cabo la futura extinción”, detalla el artículo siete del decreto. En el último capítulo se exceptúa del “mecanismo” para evitar despidos a personal de la construcción, uno de los sectores más castigados y con mayor nivel de caída de puestos de trabajo.
Tanto desde la CGT “amigable” como desde el Gobierno pretendieron mostrar este acuerdo como equilibrado y repitieron la idea de que “nadie quedó contento del todo” con el resultado final. Se supone que en toda negociación las partes ceden y, por eso, nadie queda conforme absolutamente. Pero en este caso no hay conformidades porque la solución no equilibra la situación de los trabajadores y para algunas empresas es imposible de afrontar. En el medio, la tarea oficial se enfocó en diluir el impacto del acuerdo sin reactivar el descontento cegetista. Esa labor quedó plasmada en el decreto que se publicará hoy en el Boletín Oficial, luego de que Macri lo firmara ayer, según confirmaron los ministros de Educación, Alejandro Finocchiaro, y de Seguridad, Patricia Bullrich.
Paritarias y bono, abajo de la inflación

(Des)arreglo en el Estado

Los estatales también tendrán su bono y un adicional que se abonará en dos veces a partir del año próximo. Según acordaron el Gobierno y el gremio de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), los trabajadores del sector público tendrán una recomposición salarial de 5 por ciento con el haber de enero y otro 5 por ciento con febrero y a fin de este año recibirán el plus de 5000 pesos con el aguinaldo de diciembre. El acuerdo fue rubricado por el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; el ministro de Producción, Dante Sica; el secretario de Trabajo, Jorge Triaca, y el titular del UPCN, Andrés Rodríguez (foto). También se acordó normalizar las escalas salariales en todos los escalafones para los 140.000 trabajadores estatales. Se trata de la tercera reapertura de paritarias del sector en el año y aún así también perdió contra la inflación.
En un escenario de aceleración de precios por la corrida cambiaria, el personal público, como otros gremios, reabrió la discusión salarial. La primera paritaria de los estatales enrolados en UPCN comenzó a regir en junio, con un bono de 2000 pesos ese mes y un aumento del 15 por ciento, otro 3 por ciento en julio, 6 por ciento en agosto y 3 por ciento en septiembre. La reapertura (o gatillo) estaba prevista para marzo del año próximo. Tras el salto devaluatorio de mitad de año, se reabrió la paritaria a finales de agosto con dos bonos, uno de 2000 pesos que se cobró en octubre y otro de 4000 el mes pasado, y se combinó un aumento de 15 por ciento en el ítem de presentismo. Pese esto, la pérdida del poder adquisitivo en el año fue de 14,4 por ciento, lo que traducido en pesos para compensar la diferencia acumula un rojo de 51.733 pesos, según la estimación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En ese momento, se había acordado que las partes volvieran a reunirse en febrero para revisar la posibilidad de nuevos aumentos.
En esta tercera reapertura de la paritaria se sumó un bono de 5000 pesos y un aumento salarial para compensar una parte de la licuación salarial. Para los estatales de UPCN el bono es remunerativo pero no bonificable. Esto implica que el monto se computa para los aportes de Seguridad Social pero no se toma en cuenta para actualizar la antigüedad o el pago del aguinaldo, informaron desde el la jefatura de Gabinete. Otra diferencia con los privados es que el bono se pagará en una sola cuota en diciembre. Junto al bono, el gremio y el Gobierno acordaron un aumento de 5 por ciento con el haber de enero, que se pagará en febrero, y otro 5 por ciento en febrero, que se pagará en marzo.
Diez motivos para marchar este miércoles contra el Presupuesto 2019

El Presupuesto 2019 condensa el ajuste del gobierno y el FMI, en acuerdo con los gobernadores, contra trabajadores, mujeres y jóvenes. Las conducciones sindicales a pesar de las críticas, casi en su totalidad estarán ausentes en el reclamo en las calles.

La lucha contra la reforma previsional, la pelea por el derecho al aborto y la lucha estudiantil movilizaron a miles en todo el país por demandas específicas. Este miércoles esa enorme fuerza que se vio en las calles a lo largo de todo el 2018 podría haber confluido en el Congreso. Sin embargo, las direcciones sindicales -tanto semioficialistas como semiopositoras- lo impedirán. Se convertirán así en cómplices del ajuste que implica el Presupuesto 2019. Un presupuesto acordado entre gobernadores peronistas y macrismo, bajo las órdenes del Fondo Monetario Internacional. Un presupuesto de ajuste que empuja a una nueva crisis social a millones de trabajadores y trabajadoras.
Aunque en la dirigencia sindical sobran las palabras contra el ajuste y el ataque al nivel de vida de la población, no hay ningún llamado a acciones verdaderamente contundentes que puedan derrotar esta política de ajuste. Aunque las CTA convocan a movilizar y habrá paro en gremios como ATE, eso está muy lejos de las medidas de lucha que se necesitan para enfrentar el acuerdo entre Macri, el FMI y los gobernadores. Sin ir más lejos, el gremio más numeroso de la CTA-Yasky, CTERA, que nuclea a cientos de miles de docentes, no llama a parar.
Este miércoles el sindicalismo combativo estará en las calles, como ocurrió a lo largo del año. El Frente de Izquierda marchará y llama a movilizar. Esa fuerza es la que, dentro del recinto se opuso claramente al Presupuesto. Es la misma que también estuvo en la calle con fuerza el pasado 24/10, cuando la ley se trató en Diputados.
Sobran los motivos para movilizarse. El Presupuesto es un claro ataque al conjunto de los intereses obreros y populares, en interés del gran capital financiero. Aquí planteamos diez motivos para rechazar este presupuesto.
1) El FMI digita la economía. El préstamo del organismo que se amplió a U$S 57.610 millones sólo tiene como destino garantizar el pago de la deuda a los especuladores, y ni siquiera se está seguro de que alcance. Mientras tanto, se exige un recorte del presupuesto de $ 360 mil millones (los ingresos aumentan 43% mientras los gastos lo hacen 24%) que recae sobre las espaldas de los trabajadores. Este ajuste en los ingresos y gastos del Estado vino acompañado de una fuerte devaluación, una caída del salario real que llegará a 20 puntos en diciembre, fuertes tarifazos, un congenlamiento del crédito con tasas de interés altísimas y un parate a la actividad que ya está implicando menores puestos de trabajo. El FMI tiene su oficina en el Banco Central desde donde digita el rumbo a seguir por Guido Sandleris y también por el alumno diez Nicolás Dujovne.
2) Recorte en Educación:Tomando la inflación, caen 10 % los fondos para Educación y Cultura. Esto implica 77 % menos para infraestructura escolar, 39 % menos para formación docente, 35 % menos en becas para estudiantes. Para la universidad pública es un ajuste de un 18 % acumulado entre 2018 y 2019. En Ciencia y Técnica el recorte es de 5,3 % real.
3) Recorte en salud: La Salud es otra de las grandes perdedoras con el nuevo presupuesto. La partida destinada a ese fin sufre un recorte de 4 % en términos reales (comparado con la inflación de 34,8 %). Los fondos para 5 hospitales nacionales que tratan enfermedades complejas caen un 17 %. Las erogaciones destinadas a la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, sufrirá un recorte del 42,5 % y la Dirección de Promoción de la Salud y control de Enfermedades No transmisibles tendrá un recorte en términos reales del 35,8 % de los recursos.
4) Recorte a los jubilados, los niños y los niñas y liquidación del FGS: El gobierno prevé avanzar con la liquidación de los fondos de la Anses al ritmo de 0,4 % del PBI por año, tal como acordó con el FMI. Así también, recorta 11 % los recursos reales destinados a la Asignación Universal por Hijo (AUH), limita el otorgamiento de la ya muy baja Pensión Universal para el Adulto Mayor (que es el 80 % de la jubilación mínima) en función de "características socioeconómicas", y avanza en poner restricciones al plus de haberes y asignaciones por zona Austral.
5) Más tarifazos: Los subsidios a los servicios públicos se reducen un 31 %. Como se garantiza que las empresas privatizadas no pierden, eso se traducirá en aumentos de tarifas. Recortes en vivienda: caen 17 % los fondos reales para el gasto en Vivienda y se reducen las transferencias de capital para obras de infraestructura.

6) Recorte a las mujeres y diversidades: Se reducen un 18 % los recursos reales para el Instituto Nacional de las Mujeres y un 55 % en el Plan de Prevención y Erradicación de la Violencia hacia las mujeres. De conjunto sólo el 0,13 % del presupuesto total irán al financiamiento de programas vinculados a derechos de las mujeres y la diversidad sexual, equivale a menos del 1 % de todo lo que se va a destinar a intereses de deuda a especuladores.
7) Recorte sobre trabajadores estatales: Se congela el ingreso de trabajadores al Estado y se establece un recorte de los salarios en términos reales, que ya cayeron 18 % desde 2015.
8) Cada vez se paga más deuda: Pero mientras inducen este ajuste sobre el pueblo trabajador, $600.000 millones se destinan al pago de deuda pública. La partida destinada al pago de intereses de la deuda es el rubro que más aumenta: 49 % (y 10,4 % en términos reales).
Este dinero equivale a 4 veces el gasto anual en Salud; 2,6 veces el de Educación; 13 veces el de Ciencia y Técnica; el 38 % del gasto en jubilaciones y pensiones y 21 veces el de Vivienda. A su vez, con ese monto se podrían construir 50 mil jardines de infantes o 10 mil escuelas o 500 hospitales.
9) En las provincias los gobernadores también pactaron el ajuste: El gobierno nacional estableció un acuerdo con 18 de los 24 goberandores, expresado en la adenda al Consenso Fiscal. Como parte de ese acuerdo, el Presupuesto incluye un fondo de $ 6.500 millones para compensar a las provincias al traspasarle los subsidios al transporte, a cambio de mayores beneficios a empresas con recortes impositivos y ajustes en los gastos provinciales.
10) Se profundizan los desequilibrios y crece la deuda: Mientras se pagan cada vez más intereses de deuda, la deuda pública no para de crecer. Algunas consultoras estiman que llegará a más de 90 % del PBI a fin de año. A esto hay que sumarle la deuda "cuasifiscal" del Banco Central, implementada para sostener una equilibrio ficticio con el dólar.
Pero además, el Presupuesto 2019 establece que las necesidades financieras brutas hacia 2019 son de U$S 38.900 millones, de los cuales faltaban cubrir U$S 22.600 millones. El nuevo acuerdo con el FMI, incluidos los mayores desembolsos, alcanza sólo para la mitad. Los técnicos del Fondo consideran que "la deuda es sostenible, pero no con una probabilidad alta". Esto indica que irán a la caza de exprimir más al pueblo trabajador para pagar la deuda con la última gota de sudor.
La CGT, conforme con el bono que rechazaron los sectores combativos

Gremios con diferentes reacciones

Sin pronunciamiento oficial, desde la central obrera dejaron trascender su conformidad con el bono al que se sumaron los estatales. Desde el Frente Sindical, las CTA y los movimientos sociales anunciaron que seguirán adelante con el paro.

El Gobierno extiende el “bono” findeañero en cuotas a estatales y fuerzas de seguridad. La CGT parece conforme por haberle arrancado “algo” a la administración macrista a cambio de “paz social” y así “levantar” la amenaza de una nueva huelga general. Pero el Frente Sindical para el Modelo Nacional (FSMN), junto a las otras centrales sindicales (las CTA Autónoma y de los Trabajadores) y movimiento sociales consideran que el bono es un mero paliativo que no cubre la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores formales, que deja afuera a jubilados, organismos estatales descentralizados –como INTA y Anses–, y a los trabajadores informales que representan un 40 por ciento de la población económicamente activa, en medio de la incertidumbre anunciada de las pymes para afrontar el pago. Los sectores gremiales más duros buscan confluir en un paro durante este mes al margen de la dirigencia cegetista, mientras ambas CTA se movilizarán mañana frente al Congreso en contra del Presupuesto de ajuste del FMI, para volver a coincidir en la calles con el Frente que encabeza Hugo Moyano el 30 de noviembre en medio de la cumbre del G-20 en Buenos Aires.
Aunque sin pronunciamiento oficial, en la CGT se muestran conformes con el bono y por ahora lograron alinear a los gremios que todavía responden al binomio de conducción. Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estaciones de servicio) encabezaron las negociaciones con el Gobierno y ofrecieron como moneda de cambio desactivar otro paro general, del que no estaban convencidos de llevar adelante.
El beneplácito que expresaron de los estratégicos gremios de la UTA y la UF con el bono, colaboró con despejar las intenciones de parar que esgrimían otros sindicatos de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). El acuerdo al que arribó ayer UPCN, que recibirá el bono de 5000 pesos en diciembre y un adicional del 10 por ciento (5 en enero y 5 en febrero) a la partidaria anual del 15 por ciento que habían sellado el gremio en sintonía con las viejas aspiraciones del Gobierno, aplacó el descontento de los estatales que en principio quedaban marginados.
En tanto, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también se garantizó el disciplinamiento de sus subordinados en la previa de dos manifestaciones contra la política económica del Gobierno que se realizarán una mañana frente al Congreso y la otra el 30, en medio de la cumbre del G20. Las cuatro fuerzas que dependen de su cartera (Policía Federal, la Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura) recibirán el bono y un aumento adicional similar al de los estatales.
Pero un sector importante de los gremios cegetistas y las dos CTA consideran insuficiente el bono, al que bautizaron como apenas un “paliativo”. Desde la FSMN, que encabeza el sindicato de Camioneros conducido por Hugo y Pablo Moyano, Arnaldo Pignanelli (Smata) y Sergio Palazzo (Bancarios) junto a otros 60 gremios, señalaron a PáginaI12 que “los 14 o 15 puntos que le llevamos al Consejo Directivo de la CGT eran mucho más extensos y amplios que un bono adicional que deja afuera a jubilados y organismos descentralizados del Estado”. “Nosotros planteamos la reapertura total de las paritarias y frenar los despidos”, agregaron.
“Mañana (por hoy) vamos a reunirnos con los senadores de la oposición para manifestarle, como lo hicimos en Diputados, la postura del FSMN en contra del Presupuesto de ajuste impuesto por el FMI. Por el cambio de modelo económico, en contra de la inflación y por frenar los despidos, que es crucial”, dijo el canillita Omar Plaini a PáginaI12.
“El bono es insuficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo del salario, tras la devaluación y con paritarias por debajo de la inflación, además de no contemplar a todos los trabajadores. No incluye a los jubilados ni al 40 por ciento de los trabajadores no registrados, ni se sabe a que trabajadores estatales alcanza, como tampoco a que sectores productivos privados ya que hay empresarios pymes que dicen que no pueden pagarlo”, añadió el docente bonaerense Roberto Baradel a este diario, quien evaluó que “el bono ni siquiera es un paliativo”.
Baradel igual confirmó que la CTA se movilizará mañana frente al Congreso para manifestar en contra del Presupuesto 2019 del Gobierno, algo que incluye un paro de ATE. Mientras que trabaja en conjunto con la otra CTA y el FSMN en una medida de fuerza conjunta. Aunque el trazo fino de la propuesta de esta central sindical se definirá el 27 de noviembre, en un plenario de secretarios generales que acompañará el recambio de la dirección nacional de la CTA de los Trabajadores. “Igual ya hemos acordado con otras centrales sindicales que nos movilizaremos en contra de la política neoliberal del Gobierno durante la cumbre del G20”, completó Baradel.
“El bono termina escondiendo la precarización salarial que estamos atravesando y la paritaria a la baja que firma Andrés Rodríguez (UPCN) con el gobierno de Macri. Nos quieren dar un bono para tratar de darle oxígeno al gobierno y no se trata de eso, se trata de darle oxígeno a los trabajadores”, completó en declaraciones radiales el dirigente de ATE, Daniel Catalano, también de la CTA de los Trabajadores.
Desde la CTA Autónoma se sumaron a los cuestionamientos. “Cualquier plata que se le dé a los trabajadores y trabajadoras en un momento de crisis como la que estamos atravesando sirve”, arrancó su secretario general, Pablo Micheli, pero enseguida marcó que “para recuperar lo perdido en 2018 los trabajadores deberíamos cobrar un bono de 70 mil pesos”.
Micheli también le apuntó a la cúpula de la CGT por las causas que motivaron la negociación y el levantamiento del paro que habían anunciado como parte de un plan de lucha. “Sé que hubo conversaciones entre el Gobierno y la CGT que no fueron públicas, para que no prospera la obligatoriedad de presentar las declaraciones juradas”, dijo, y agregó: “Si en la ley de Etica Pública no aparece el tema de la obligatoriedad (de presentar las declaraciones) es una vergüenza”.
Standard & Poor’s también le bajó la nota a la Argentina

El mercado le da la espalda a Macri

La calificadora de riesgo advirtió sobre la fragilidad de la economía y señaló que "ha habido una erosión del perfil de la deuda". Lo mismo había hecho la semana pasada FitchRatings, otra de las grandes evaluadoras.

El mercado volvió a darle la espalda a Mauricio Macri. Esta vez la mala noticia para el Gobierno llegó de Standard & Poor’s, la calificadora de riesgo que le bajó la nota a la deuda de largo plazo de la Argentina. La decisión va en el mismo sentido que la tomada a mediados de la semana pasada por FitchRatings y da cuenta de la fragilidad de la economía argentina.
La calificación de Standard & Poor’s  para la deuda argentina era hasta hoy B+ con perspectiva estable. La nota ahora pasó a B.
“Ha habido una erosión del perfil de la deuda argentina, de la trayectoria de crecimiento económico y de la dinámica de inflación tras los reveses en la implementación de su desafiante programa de ajuste económico”, enumeró la calificadora de riesgo para justificar su determinación.
Standard & Poor’s no descartó incluso que el escenario económico pueda empeorar todavía más. Al respecto señaló que “podríamos volver a bajar las calificaciones durante los próximos 12 meses si acontecimientos políticos negativos inesperados o la implementación irregular del programa de austeridad económica del Gobierno daña más la confianza de inversionistas, empeorando el acceso del Gobierno al financiamiento de mercado y presionando potencialmente la moneda, lo que afectaría la dinámica de inflación”.
Hace cinco días fue FitchRatings quien le bajó el pultar a Macri. Los economistas de esa firma dedicada a analizar el grado de solvencia de emisores de bonos, ya sean públicos o privados, advirtieron que la economía argentina es mucha más débil que la previamente estimada, además de abrir dudas acerca de la promesa del Gobierno de alcanzar un equilibrio fiscal permanente.
Esa calificadora, que le puso a la deuda argentina la misma nota que ahora le asignó Standard & Poor’s, estimaron que la recesión dificultará el objetivo oficial del Déficit Cero y que ha empezado a influir la elevada incertidumbre electoral.
Dicho en otras palabras, lo que FitchRatings y Standard & Poor’s hacen es adelantarle a grandes fondos de inversión internacional, bancos globales y grandes operadores del mercado que Argentina puede declarar un nuevo default en 2020, cuando se agotará el dinero provisto por el Fondo Monetario Internacional.
EL PLAN ALAS CORTADAS

Macri apuntó contra Aerolíneas Argentinas. Cuestionó los aportes estatales a la línea de bandera y volvió a agitar los fantasmas privatizadores como respuesta a medidas gremiales. Los sindicatos reclaman por convenios incumplidos y acusan al Gobierno de vaciar la empresa para favorecer a las low cost.

“Aerolíneas debe poder volar sin pedirles plata al resto de los argentinos”, aseguró ayer el presidente Mauricio Macri durante la   inauguración de un hotel en Pilar. El mandatario aprovechó el conflicto gremial que enfrenta la línea de bandera con los gremios aeronáuticos por incumplimientos en la actualización de los salarios de los trabajadores (ver aparte) para volver a dar rienda suelta a su inconsciente privatizador. “Desde que Aerolíneas se estatizó, el Estado tiene que poner plata todos los meses para que funcione. Todas las líneas aéreas que funcionan acá y la mayoría del mundo no requieren que los ciudadanos de ese país, en este caso los argentinos, pongamos plata todos los meses”, aseguró Macri. La política de cielos abiertos que llevó a cabo el Gobierno bajo el lema de Revolución de los Aviones implicó desfinanciar y descapitalizar –con venta de unidades– al Grupo de Bandera (Aerolíneas y Austral) y facilitar las condiciones para que se establezcan firmas extranjeras que operan en el segmento low cost. Estas empresas se despreocupan por la conectividad del país, que Aerolíneas debe atender cubriendo rutas aunque no sean rentables.
“Ni siquiera quieren privatizarla, lo que buscan que es que quiebre y que el mercado vacante sea ocupado por las empresas con las que ahora compite”, aseguró a PáginaI12 el ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde. “Y ahí están firmas como Flybondi y Norwegian para cuando se vaya Aerolíneas”, se sumó en diálogo con este diario el secretario de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Pablo Biró.   
La existencia de empresas estatales desvela al mandatario tanto como la final de Boca y River. En la previa del balotaje presidencial, Macri sumó en su listado de cosas que “no iba a hacer” –como devaluar, quitar subsidios y acercarse al FMI–, la privatización de las empresas en manos del Estado argentino. “YPF y Aerolíneas seguirán en manos del Estado, pero bien administradas”, aclaró rápido de reflejos cuando el focus group del momento apuntaba a defender esa posición. Pero a los pocos meses de asumir lanzó su primera advertencia, asegurando que los subsidios a la aerolínea equivalían a “dos jardines de infantes por semana”. Ayer dijo que los mil millones de pesos de salarios que representa la empresa “son más de dos metrobuses, que es un medio de transporte que usa la mayoría de los argentinos”. No solo no se crearon jardines a ese ritmo, sino que se cerraron escuelas técnicas y se redujo el presupuesto en Educación e Infraestructura para asegurar el pago de intereses de la deuda que tomó el macrismo. El vaciamiento de Aerolíneas nunca se detuvo. “Lo que confiesa es que después de tres años no han podido administrarla bien. En los primeros años de gestión de Cambiemos el precio del combustible les bajó estrepitosamente. Ahora subió pero aún está por debajo de los niveles de 2015”, explicó Recalde.
En momentos en que se debate en el Congreso un presupuesto de ajuste inédito a pedido del Fondo, el presidente Macri aseguró que “no es justo que el 95 por ciento de los que no usan los aviones tengan que pagar para que Aerolíneas funcione”. En realidad, el porcentaje de utilización de este canal de transporte, el único acceso en el caso de localidades no turísticas, se hace cada vez menor por la crisis económica y la devaluación que llevaron a que el mercado se achique. Hasta junio pasado el sector aerocomercial mantenía una tendencia de crecimiento –aunque descendente– en la cantidad de pasajeros, aunque el ahogo a Aerolíneas se hacía ya evidente. En junio la aerolínea nacional registró una caída interanual de 17 por ciento en la cantidad de pasajeros con destinos internacionales, un 23 por ciento menos en regionales y 5 por ciento menos en vuelos de cabotaje, según cifras de la Empresa de Navegación Aérea Argentina que depende del Ministerio de Transporte. Junio fue el último mes de crecimiento generalizado y desde entonces y por primera vez en diez años comenzó caer el mercado. “Y encima la torta se reparte entre más empresas”, detalla Recalde.
“Aerolíneas Argentinas, producto de la devaluación, del aumento del precio del petróleo, aumentó nuevamente su necesidad de financiamiento”, dijo ayer Macri. Si bien reconoció que los problemas de la línea de bandera son heredados del desaguisado económico de Cambiemos, apuntó contra los reclamos de los trabajadores. “Les pidió a los gremios de Aerolíneas que se sienten con las autoridades de la empresa para encarar negociaciones, para que la empresa no requiera más aportes del Estado nacional para su funcionamiento, una utopía para cualquier línea de bandera”, señaló Macri. “No pasa por el costo laboral. Se puede mejorar la rentabilidad y la competitividad, a pesar del ahogo presupuestario y caída en las ventas. Lo que pasó es que decidieron que no crezca al ritmo que lo venía haciendo. Por eso ya anunciaron devolver dos Airbus 340 y todos los Embraer que compramos en su momento para volver a alquilar”, criticó el ex titular de AA. El Gobierno también forzó la sesión de hangares, pistas y hasta Austral fue trasladada de Aeroparque a Ezeiza.
El costo de Aerolíneas Argentinas apenas supera el 1% de la corrida cambiaria de Macri

El Presidente se mostró preocupado por el costo que tiene sostener a la aerolínea de bandera que su gobierno gestiona. Pero no dice lo mismo de otros gastos de los cuales es más responsable.

Mauricio Macri arremetió contra Aerolíneas Argentinas, en medio del paro de pilotos por el no pago de la cláusula gatillo de las paritarias del sector. El Presidente se mostró preocupado por el costo de la empresa estatal que, según afirmó, la usan "solo el 5% de los argentinos" y comparó lo que sale con el costo de construir metrobuses.
"El último mes, Dujovne tuvo que girar mil millones de pesos para el pago de salarios. Esos son más de dos metrobuses, que usan la mayoría de los argentinos", dijo Macri, mientras el ministro de Hacienda y Finanzas asentía con la cabeza.
Sin embargo, el Presidente no reparó en el costo que tienen otras medidas o consecuencias de sus políticas, que superan ampliamente el de una empresa que permite conectar distintos destinos del país. Tierra del Fuego, por ejemplo, solo se puede acceder por vía aérea ya que por tierra hay que entrar y salir del territorio chileno.
Los "mil millones" mensuales de salarios que horrorizaron a Macri equivalen a 12 mil millones anuales, o poco más de 327 millones de dólares. Un número que queda muy chico si se lo compara con, por ejemplo, los poco más de mil millones de dólares que la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que el Estado dejaría de recaudar en 2018 por la baja de retenciones, antes del impuesto de emergencia que dispuso el Gobierno en medio de la corrida.
Los 12 mil millones de pesos que costaría Aerolíneas también quedan muy chicos contra los 100 mil millones de pesos que le recortaron a la ANSES, los jubilados, por la reforma previsional. Esto equivale, al tipo de cambio actual, a unos U$S2,7 mil millones al año menos.
Inclusive, lo que el Estado gasta por mes en Aerolíneas es lo que hoy tiene que destinar por día al pago de intereses de Leliq, el instrumento de corto plazo que paga una altísima tasa de interés para frenar la disparada del dólar.
Y esta misma disparada de la divisa le costó a las reservas del Banco Central poco más de 28 mil millones de dólares en el año, si se descuentan los dos préstamos del FMI, cuyo último programa totaliza unos U$S56.300 millones hasta 2021.
La divisa subió a 36,72 pesos
Más dólar, menos tasa

Después del feriado bancario, el dólar cerró ayer con una suba de 12 centavos, a 36,72 pesos, en un contexto favorable en los mercados internacionales después de las elecciones en Estados Unidos. La lectura de los inversores en ese país fue que el resultado de equilibrio parlamentario permite apostar a instrumentos financieros de mayor riesgo con algo más de margen. Los índices bursátiles de Wall Street terminaron con mejoras del 2 por ciento en el Dow Jones y del 2,4 en el Nasdaq. Ese buen clima se replicó en la Bolsa porteña con una suba del 1,4 por ciento, en tanto que los bonos argentinos operaron con mayoría de alzas y el riesgo país descendió a 599 puntos básicos. El Banco Central aprovechó la situación para producir otra baja de la tasa de interés de las Leliq, que quedó en su menor nivel en cinco semanas.
Las reservas de la autoridad monetaria dieron la nota con una caída de 581 millones de dólares por el pago de intereses del Bonar 2014. El stock retrocedió a 53.486 millones. Pero el Central celebró que por tercera rueda consecutiva pudo bajar la tasa de las Leliq a 7 días, cuyo corte promedio se ubicó en 67,43 por ciento anual, por debajo del 68,19 previo. En la licitación, el BCRA adjudicó 167.158 millones de pesos, contra vencimientos por 263.933 millones, ya que se sumaron las transacciones de una semana atrás con los vencimientos del día anterior, cuando hubo feriado bancario.
En consecuencia, se liberaron al mercado unos 97.000 millones de pesos, por lo cual los inversores no descartan que hoy se pueda producir alguna reacción con el valor del dólar. En el mercado mayorista, la divisa tocó ayer un máximo de 35,90 pesos, 30 centavos más que el lunes, pero terminó con un tibio avance de apenas dos centavos, a 35,67 pesos.
Llega una misión del FMI a la Argentina para seguir de cerca al Gobierno de Macri

La misión es encabezada por el italiano Roberto Cardarelli, luego del segundo acuerdo por 56.300 millones de dólares.

Un equipo del FMI llega este jueves la Argentina para seguir de cerca el funcionamiento de la economía y las cuentas fiscales tras acordar la ampliación del crédito Stand-By con el Gobierno de Mauricio Macri, hasta los 56.300 millones de dólares.
La misión visita el país en medio de la discusión por el Presupuesto 2019, que quedó en condiciones de ser votado el 14 de noviembre. De ese modo, el Gobierno espera mostrar avances en materia fiscal y el sobrecumplimiento de la base monetaria por parte del Banco Central.
El Presupuesto fue hecho a la medida de los reclamos del FMI, con déficit primario cero para 2019 y un fuerte recorte en la obra pública y en el empleo estatal.
La misión del Fondo es liderada por Roberto Cardarelli, el encargado de supervisar el caso de la Argentina. Según había anticipado el FMI en un comunicado, los técnicos se reunirán "con funcionarios del Gobierno y Banco Central, así como con representantes del sector privado, la academia y sociedad civil".
La próxima revisión del Fondo tendrá lugar en diciembre próximo, de acuerdo con lo estipulado.
Retroceso del 4,2 por ciento de la construcción en septiembre

La destrucción de la economía

La caída de la obra pública y el escaso entusiasmo para la inversión privada frente a la alternativa de las tasas vienen reflejándose en un acelerado retroceso en el sector de la construcción, según cifras oficiales.

La construcción anotó un retroceso de 4,2 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Así lo informó ayer el Indec. Se trata de la caída más importante en lo que va de este año y la más elevada desde febrero de 2017, cuando había marcado un retroceso de 5,6 por ciento. La venta de insumos para el sector de la construcción marcó un retroceso de hasta casi 14 por ciento. El empleo del sector bajó en 13 mil personas respecto del mes anterior.
La devaluación y el aumento de los costos son dos elementos que frenan las decisiones de edificación del sector privado. A esto se suma la apuesta del sector público de ajustar el desequilibrio fiscal, lo que provoca el freno de la obra pública. El combo es recesivo y el sector de la construcción lo empezó a sentir en la segunda parte de este año. En los primeros meses de 2018 se llegaron a registrar incrementos de la actividad del 19,3 por ciento, que ahora se transformaron en caídas del 4,2. La construcción es un sector pro cíclico, lo que implica que si la economía crece este sector crece aún más, pero si el PBI cae, el sector se reduce todavía más.
El despacho de insumos para la construcción registró importantes pérdidas interanuales en septiembre. El rubro de cales bajó un 13,8 por ciento, mientras que el de cemento Portland anotó una merma de 10,6 por ciento, el de pinturas para la construcción del 7,4 y el de pisos y revestimientos cerámicos 5,4. Otros bloques con importantes retrocesos fueron ladrillos huecos (-9,4 por ciento), asfalto (-1,9), artículos sanitarios de cerámica (-3,5), placas de yeso (-1,1) y hierros redondos y aceros para la construcción (-1,0). En contraste, se destacó el avance de yeso (12,7 por ciento) y del rubro que agrupa grifería, tubos de acero sin costura y vidrio (11,3).
En lo que refiere a los puestos de trabajo del sector, se registraron en agosto 441.134 personas en actividad, cuando había 454.170 el mes anterior. Esto indica que hubo una pérdida de 13.036 empleados. En la comparación interanual, se precisó que en agosto de 2017 había 441.120 trabajadores, una cifra casi idéntica al a de este año.
El Indec realiza una encuesta para conocer cuáles son las perspectivas de los referentes del sector. El resultado del último informe fue poco optimista para los próximos meses, en los que se espera mayor caída para la actividad. Sólo el 7,3 por ciento de las empresas respondió que esperan entre octubre y diciembre un mayor dinamismo en la construcción privada. La cifra alcanza sólo al 1,5 por ciento para los encuestados a los que se les preguntó si esperan aumentos de obra pública. El 70 por ciento de los referentes cree que en los próximos meses seguirá en baja.
Los empresarios evaluaron diferentes factores para explicar las perspectivas negativas. En el caso de la obra privada, aseguraron que los principales elementos que frenan el sector son la caída de la actividad económica (PBI), la inestabilidad de los precios, el atraso en la cadena de pagos y la falta de crédito. Los empresarios pidieron en la encuesta reforzar las políticas públicas destinadas a la estabilidad de los precios y a los créditos para la construcción.
La preocupación de los empresarios es clara. Los datos macroeconómicos no ayudan a tomar decisiones de inversión para estimular el sector. Este año la inflación será la más elevada de los últimos 25 años, mientras que el aumento de la cotización del dólar supera el 100 por ciento, lo cual distorsiona los precios relativos. Las medidas aplicadas para intentar frenar la corrida cambiaria fueron una fuerte suba de la tasa de interés de referencia, que se ubica en torno del 68, lo cual vuelve difícil el acceso a los préstamos para construir y para comprar vivienda.
Empleo y producción industrial, en caída

“La crisis se agudiza”

De acuerdo a los datos relevados por la Encuesta de Expectativas correspondiente al tercer trimestre de 2018 realizada por la organización Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, “la agudización de la crisis económica está impactando decididamente en el entramado productivo nacional, poniendo en riesgo la producción local y el empleo”. Señala la entidad en su informe que el 88 por ciento de los encuestados –en general, pequeños y medianos empresarios industriales– afirmó que su desempeño, en términos de ventas, fue malo o regular durante el período en estudio. El dato es concordante con el bajo uso de la capacidad instalada.
Las respuestas recogidas por la entidad indican que 7 de cada 10 empresarios consultados aseguraron que la utilización de la capacidad instalada se ubicó por debajo del 60 por ciento. “Este fenómeno se encuentra en sintonía con lo reflejado en las estadísticas oficiales: en el mes de agosto, la utilización de la capacidad instalada, de acuerdo al Indec, se ubicó en el 63 por ciento”.
Este cuadro de situación tuvo su correlato con los resultados de la encuesta en materia de ocupación. “Los datos respecto del empleo resultan alarmantes”, señala el informe de Empresarios Nacionales. El 76 por ciento de los encuestados respondió que no había incorporado nuevos trabajadores en el tercer trimestre del año, mientras que suma un 83 por ciento la proporción de los que no piensan ampliar su nómina en el último trimestre del año. En tanto que el 55 por ciento, es decir más de la mitad, redujo las horas extra de trabajo y el 15 por ciento admitió haber suspendido personal en el tercer trimestre.
Tampoco hay expectativas de que los actuales males sean pasajeros. La crisis del sector industrial, en la visión de sus propios protagonistas, es algo más serio que una tormenta. El 81 por ciento de los empresarios que respondió a la encuesta espera que la situación económica durante el resto del año siga “Mal” o “Muy mal”. El 63 por ciento, en tanto, considera que la depresión “no podrá ser revertida durante el próximo año”.
La producción fabril se derrumbó 11,5 por ciento en septiembre, el mayor descenso en dieciséis años

Barrido y limpieza

El ajuste oficial arrasa con la producción industrial, que se derrumbó en septiembre un 11,5 por ciento, la peor caída en 16 años. Los textiles, ligados al mercado interno, encabezan la debacle con una baja del 24,6 por ciento.

La actividad industrial anotó un derrumbe histórico del 11,5 por ciento en septiembre respecto de igual mes del año pasado. Se trata de la mayor caída interanual desde julio de 2002, cuando hubo un retroceso del 12,2 por ciento. En lo que va del año, la industria acumula una baja de 2,1 por ciento respecto de igual período de 2017. Los datos fueron informados ayer por el Indec y entregan un panorama más negativo de lo que había estimado el equipo económico. El FMI proyecta que este año la economía caerá 2,8 por ciento, en tanto que en 2019 la contracción será del 1,7 por ciento. En el documento oficial se precisó que los sectores fabriles más afectados por la crisis económica fueron el textil, caucho y plástico, sustancias y productos químicos y refinación de petróleo, entre otros. Las perspectivas de las empresas no son optimistas. Una cada tres espera reducir personal antes de diciembre.
El desequilibrio de la economía afecta fuertemente a todos los sectores de la actividad. La rama manufacturera es una de las más comprometidas. La pérdida de producción de los distintos rubros fue notable. El sector textil que produce esencialmente para la demanda interna computó en septiembre una pérdida inédita del 24,6 por ciento interanual, con una baja de 10,5 por ciento en nueve meses contra igual lapso de 2017. El bloque de hilados de algodón se contrajo en septiembre 18,7 por ciento, mientras que el de tejidos lo hizo en 29,1 por ciento. Otro sector mercado internista como edición e impresión bajó un 21,6 por ciento, al tiempo que la industria del tabaco cayó un 15,8, papel y cartón bajó 8 por ciento, y refinación del petróleo, el 11.
La caída del sector alimentos también fue importante. Se anotó un retroceso del 3,2 por ciento. El bloque de azúcar y productos de confitería marcó una baja de 10,6 por ciento, en tanto que molienda y cereales cayó 8,8 por ciento; bebidas, -8,6, y carnes blancas, -0,5. En contraste, se anotó un incremento del 1,2 por ciento en carnes rojas, del 5,5 por ciento en lácteos y del 6,6 por ciento en yerba mate.
El rubro de caucho y plásticos, que tiene un fuerte encadenamiento con la producción automotriz, marcó una contracción del 20,4 por ciento. En el sub rubro neumáticos la baja alcanzó a 16,3 por ciento y en manufacturas de plástico, a 21,3. En el complejo de autos la disminución fue de 15,7 por ciento. En el sector automotor se registran pérdidas por las menores ventas en el mercado local, en tanto que la leve mejora en las exportaciones a Brasil no alcanzan a compensar la evolución de la demanda interna. La devaluación y las elevadas tasas de interés en pesos son elementos claves para explicar el deterioro del sector. En octubre, la cámara de terminales automotrices, Adefa, adelantó que la producción cayó 11,8 por ciento.
La metalmecánica, excluida la industria automotriz, anotó una disminución del 20,5 por ciento y fue una de las ramas con mayores retrocesos el mes pasado. El sector de minerales no metálicos, en tanto, computó bajas del 3 por ciento, en donde sobresalió la caída de 7 por ciento de vidrio, de 3,2 de cemento y 1,8 de otros materiales para la construcción. El parate de la edificación privada y pública fue una clave para explicar el retroceso de esta rama (ver aparte).
En cuanto al sector de sustancias químicas, la pérdida se ubicó en el 4,7 por ciento. Hubo una baja de 8 por ciento en el bloque de productos químicos básicos, de 17,5 por ciento en detergentes, jabones y productos personales, de 56,9 por ciento en fibras sintéticas y artificiales (que se utilizan para la industria textil) y 6,5 en materias primas plásticas.
El indicador de actividad industrial del Indec se compone por 12 ramas. Se registraron pérdidas de producción en 11 y la única con aumentos fue metálicas básicas (2,7 por ciento), que estuvo impulsada por el incremento del 2,8 por ciento del acero crudo y del 2,0 por ciento del aluminio primario. En ambos casos las subas se originan en la mayor colocación de productos en mercados externos, aunque disminuyen las ventas al mercado interno, explica el informe del Indec.
Las caídas de la industria arrancaron a partir de mayo. Ese mes el retroceso había sido de 1,2 por ciento interanual, mientras que en junio fue de 8,1 por ciento, en julio de 5,7 por ciento, en agosto de 5,6 y en septiembre se alcanzó el pico de caída con 11,5. Para los referentes de la actividad la situación es crítica y no se muestran optimistas. El Indec realiza una encuesta sobre las perspectivas de los empresarios para los próximos meses. El 60,7 por ciento de las empresas espera una baja de la demanda en el último trimestre de 2018, mientras que 54,7 por ciento de las firmas no cree que aumente el ritmo de sus ventas de exportación. Esto lleva a las empresas a limitar sus planes de inversión porque no esperan consumo que les justifique ampliar la producción.
La encuesta de perspectivas del Indec deja en claros otros problemas estructurales. El principal está puesto en el mercado de trabajo. Una de cada tres firmas espera reducir su dotación de personal en el último trimestre de 2018. Los despidos y cierres de establecimientos productivos son una noticia corriente semana a semana. En agosto, según datos de la Secretaría de Trabajo, se perdieron 4200 puestos fabriles, en tanto que en ocho meses del año la contracción fue de 33.100 empleos industriales y desde que asumió Mauricio Macri, de 98.200.
En medio de la crisis, los lecheros van al paro por paritarias

Atilra reclama una recomposición acorde con la inflación, mientras que las cámaras empresariales ofrecen un 32%.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) anunció un paro para este jueves a causa de la falta de acuerdo en la negociación paritaria.
El gremio lechero exige que las empresas reconozcan la inflación total de 2018 y no solamente la de septiembre, y como protesta además se abstendrán de trabajar horas extras y feriados.
En tanto, el Consejo Directivo Nacional del sindicato explicó que la decisión se debe a que las cámaras empresarias "expresaron la intención de reconocer únicamente la inflación del mes de septiembre de este año, que el Indec marca en el 32,4%".
"Es decir, que están ofreciendo un adicional del 17,4% al 15% que nos habían ofrecido en el primer acuerdo, que serían pagaderos entre los meses de octubre, noviembre y diciembre", se dijo.
El comunicado de Atilra señaló que "la propuesta no es suficiente", porque previamente "se había acordado reconocer en la renegociación la inflación total de 2018".
Ante esta situación, el sindicato decidió seguir desarrollando las tareas laborales "exclusivamente como lo marca el Convenio Colectivo de Trabajo 2/88, absteniéndose de trabajar los francos semanales, ya sea sábado, domingo o feriados, correspondientes al diagramado, como así también la abstención total de trabajar horas extras y/o feriados y generar una retención del débito laboral por 24 horas el próximo 8 de noviembre".
Los jubilados, en su peor momento: el ajuste de Cambiemos les destruyó los ingresos

Con las proyecciones de inflación para este año, el poder adquisitivo podría caer un 19%.

La crisis económica golpeó de lleno al bolsillo de los jubilados desde que Mauricio Macri asumió la presidencia hace tres años. Sin embargo, este año mostrará la peor contracción: si se compara los haberes jubilatorios contra la inflación estimada para 2018, el poder adquisitivo caerá 19%.
A inicios de 2015, un informe del Banco Mundial destacó que Argentina brindaba la jubilación mínima más alta de América Latina, la cual equivalía a U$S 442. Sin embargo, en los últimos tres años la situación empeoró claramente.
En 2016, las jubilaciones perdieron por nueve puntos frente a la inflación, mientras que el año pasado se registró una leve recuperación de tres puntos. A pesar de eso, con una proyección de inflación que ronda 47%, en 2018 los haberes jubilatorios podrían perder hasta por el 19%.
La crisis ya se reflejó en estadísticas internacionales: El índice global de pensiones de Melbourne, de la consultora Mercer, compara 30 países con más de 40 indicadores para medir su adecuación, sustentabilidad e integridad. Argentina se ubicó en el último lugar, con 38,8 puntos; muy por detrás de sus vecinos de la región, como Chile (con 67,3 puntos), Colombia (con 61,7 puntos), Brasil (con 54,8 puntos).


Sociedad Rural: "El campo está en alerta, no apoyamos al gobierno de antemano"

Daniel Pelegrina afirmó a El Destape Radio que "las retenciones han sido un paso atrás".

El titular de la Sociedad Rural, Daniel Pelegrina, advirtió que "el campo está en alerta porque no resiste más impuestos" en relación al gravamen inmobiliario impulsado desde la provincia de Buenos Aires, al tiempo que exigió: "Las provincias y los municipios deben hacer un ajuste para equilibrar el déficit fiscal".
”No apoyamos al gobierno nacional de antemano"
En diálogo con el programa de radio Crónica Anunciada, que se emite por El Destape Radio, Pelegrina subrayó que "las retenciones han sido un paso atrás del gobierno y el incremento en la presión fiscal no nos satisface", y exigió un recorte por parte del Estado. "Las provincias y municipios tienen que hacer un ajuste para mejorar el índice del déficit fiscal", reclamó el dirigente agropecuario.
Además, criticó la política monetaria del Gobierno nacional: "Con este tipo de cambio atrasado las economías regionales no pueden funcionar". En este sentido, remarcó que "las altísimas tasas de interés son un problema, no se pueden hacer inversiones y los productores se paralizan".
Por último, Pelegrina se distanció del Gobierno de cara a las elecciones 2019: ”No apoyamos al gobierno nacional de antemano, vamos a hablar con todos los candidatos a ver que mirada tienen sobre el campo".
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