Economia - Patria Moreira

Año 9. 2020.  San Juan,  Argentina. Email: patriamoreira@gmail.com      www.facebook.com/carlosbecerraart
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07 de julio de 2020

El stock en pesos subió un 11,4 por ciento en junio

Plazos fijos: La suba de la tasa dio sus frutos

Se trata de un incremento que es varios puntos superior a la inflación del mismo mes, la cual se ubicó en torno del 1,5 por ciento en junio.

El stock de plazos fijos en pesos subió un 11,4 por ciento en junio. Se trata de un incremento que es varios puntos superior a la inflación del mismo mes, la cual se ubicó en torno del 1,5 por ciento en junio, según estimaciones del mercado. El Banco Central tomó medidas claves para incrementar la rentabilidad de los plazos fijos. El resultado fue un importante aumento de estas inversiones en moneda local durante las últimas semanas.
El rendimiento mínimo de los depósitos a plazo en pesos se ubica en el 30,02 por ciento (tasa nominal anual). A su vez, el retorno de la tasa efectiva anual alcanza al 34,5 por ciento. Se trata de un rendimiento que, cuando se lo calcula en términos mensuales (2,5 por ciento), supera a la tasa de inflación mensual y permite que los ahorristas tengan ganancias en términos reales.

Ahorro en pesos
El nivel de los plazos fijos tradicionales fue de 2,3 billones de pesos a finales de junio. La cifra fue 250 mil millones de pesos más elevada que lo anotado 30 días antes. En tanto, los plazos fijos ajustados por CER pasaron de 60 a 55 mil millones de pesos.
El Central decidió en junio subir del 26,6 a 30,02 por ciento la tasa de interés mínima de los depósitos a plazo fijo de todo el sistema financiero. Se trató de una estrategia clave para fomentar el ahorro en moneda local a costa de reducir la rentabilidad de los bancos.

Menor rentabilidad de los bancos
Las entidades bancarias tienen fijado un techo de la tasa de interés que reciben por sus inversiones de Leliq del 38 por ciento. Son pocos puntos de diferencia respecto de lo que deben pagarle a los ahorristas por los plazos fijos.
El año pasado los bancos llegaron a cobrar por las Leliq tasas de interés siderales de más del 70 por ciento sin tener una contraprestación de fomento del crédito productivo. Se traba de un comportamiento especulativo para el sistema financiero. Su función principal deber ser absorber depósitos de los ahorristas para prestarlos a las empresas y los consumidores.

Límite a la especulación cambiaria
La estrategia de la autoridad monetaria de elevar la tasa de los plazos fijos fue clave para contrarrestar la dolarización y contener la volatilidad del tipo de cambio no oficial (principalmente las cotizaciones registradas en la compraventa de bonos en la bolsa).
Además se implementaron medidas para frenar la especulación cambiaria y limitar los canales de comunicación entre el dólar oficial y el tipo de cambio negociado en la plaza bursátil. Se trata de herramientas de control que se hicieron en conjunto entre el Central, la CNV y la AFIP permitiendo un fuerte descenso del dólar mep y el contado con liquidación en junio.
La cotización del tipo de cambio mep cerró en 100 pesos el 30 de junio tras haber anotado picos cercanos a los 120 pesos en las primeras semanas de mayo.

Depósitos totales
En lo que refiere al total de depósitos del sector privado –no sólo los plazos fijos-, la cifra se ubicó en 4,2 billones de pesos. Se trató de una suba del 6,7 por ciento respecto de los 30 días anteriores. Esto implica que aumentaron en términos reales.
Mientras tanto los depósitos en moneda extranjera se ubicaron en 19.105 millones de dólares con una baja de 0,6 por ciento en el mes. Por su parte los préstamos en moneda extranjera para el sector privado sumaron 7324 millones de dólares y bajaron 6,2 por ciento.

Reservas internacionales
Las reservas del Banco Central a finales de junio terminaron en 43.200 millones de dólares, con un incremento de 412 millones respecto de los 30 días previos. En el Central se tomaron medidas para evitar la disminución de las reservas.
Principalmente su puso una regulación para evitar la especulación de los importadores con las compras de divisas en el mercado oficial con el objetivo de dolarizarse al tipo de cambio comercial. Esto permitió durante junio recomponer el stock de divisas del organismo
06 de julio de 2020
Programa de Asistencia tributaria de Emergencia

Axel Kicillof anunció ayuda para pymes y comercios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó un plan de reducción de las alícuotas de regímenes de recaudación para las pymes de menor ingreso. Para las actividades que no pudieron funcionar por como las peluquerías y el turismo habrá una bonificación del quince por ciento de Ingresos

"Necesitamos producir nuevos instrumentos para acompañar a la actividad privada, tenemos que estar listos y preparados para cuando pase todo esto y así podamos ponernos a trabajar rápidamente en toda la Provincia", señaló el gobernador Axel Kicillof al anunciar medidas para atenuar la crisis económica provocada por la cuarentena. La Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP) aborda las problemáticas de distintas empresas y comercios para evitar cierres y despidos.
“Hay empresas que por su particularidad no han podido ser beneficiarias. También refiere a otras empresas que sí accedieron pero necesitan una asistencia específica”, señaló Kicillof aludiendo a los programas que ya puso en funcionamiento el gobierno nacional con el objetivo de atenuar las consecuencias de la cuarentena en la economía. Las medidas están dirigidas a las Pymes y a los comercios que reciben de lleno el golpe del aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno nacional para frenar la pandemia de Coronavirus.
“Es probable que esta batería de medida tampoco alcance, probablemente no lleguemos a todos los casos y situaciones. Pero sepan que está la voluntad y esfuerzo para generar medidas y ayudas para que nadie se quede afuera y a nadie le soltemos la mano”, agregó acompañado por los ministros de Producción, Ciencia y Tecnología, Augusto Costa, la ministra de Trabajo, María Ruiz Malec y los titulares de ARBA, Cristian Girard y el Banco Provincia, Juan Cuattromo.
“Está la voluntad de seguir en esta línea para atender a todos los sectores. Seguimos diseñando y aportando instrumentos para no dejar a nadie atrás y para cuando pase la pandemia estar listos. Mientras tanto sostener, aportar, ayudar”, destacó el gobernador desde su despacho en la casa de gobierno provincial. El ASAP se concentra en cuatro planes: un programa de asistencia tributaria de emergencia, un programa de preservación del trabajo, un programa de asistencia financiera Covid-19 y un fondo provincial para la reactivación de la cultura y el turismo.
El Programa de Asistencia tributaria de Emergencia quedó en manos de la agencia de recaudación provincial ARBA y cuenta con una reducción de las alícuotas de regímenes de recaudación para las pymes de menor ingreso. Por otro lado se estiran los plazos de quince a treinta días para la transferencia de la retención y un plan de pago para los recaudadores que tengan deudas. También lanzaron un plan de pagos para las deudas que que se crearon durante la pandemia que consiste en un plan de 18 cuotas fijas y 12 cuotas sin interés.
En el caso de de las actividades que no pudieron funcionar o sufrieron en mayor medida la falta de ingresos por el parate como las peluquerías, el turismo, entre otros, tendrán una bonificación del quince por ciento de Ingresos Brutos hasta fin de año y en el caso de las pymes del cincuenta por ciento.
02 de julio de 2020
El economista trazó un panorama sombrío, pero planteó ejes para la recuperación

La receta de Joseph Stiglitz para después de la pandemia de coronavirus

El premio Nobel remarcó que las expectativas de un rápido repunte son una fantasía y destacó los cambios a futuro que habrá en los patrones de consumo y el mercado laboral. Para el experto, será indispensable la intervención del Estado para apuntalar la recuperación, ante el "el aumento de la desigualdad" que se avecina.

"El efecto post-pandemia en las economías será anémico, no solo para los países que manejaron mal el brote, como Estados Unidos, sino a nivel global". El pronóstico lo realizó el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, quien remarcó que las expectativas de un rápido repunte son una fantasía y destacó los cambios a futuro que habrá en los patrones de consumo y el mercado laboral. El reconocido economista advirtió que "los mercados por sí solos no son adecuados para gestionar" la transformación que habrá producto del descalabro que provocó el coronavirus y planteó la necesaria intervención del Estado para apuntalar la recuperación.
Stiglitz hizo una análisis sobre el futuro de la economía en una nota que publicó en el diario británico The Guardian. Allí planteó que "la recuperación en forma de V es probablemente una fantasía".  "El Fondo Monetario Internacional proyecta que para fines de 2021 la economía global será apenas más grande de lo que era a fines de 2019", recordó.
Al respecto, Stiglitz explicó que "la macroeconomía nos dice que el gasto caerá, debido al debilitamiento de los balances de los hogares y las empresas, una serie de quiebras que destruirán el capital organizacional e informativo y un fuerte comportamiento preventivo inducido por la incertidumbre sobre el curso de la pandemia y las respuestas de política a la misma". "Al mismo tiempo -agregó-, la microeconomía nos dice que el virus actúa como un impuesto sobre las actividades que implican un contacto humano cercano. Como tal, continuará generando grandes cambios en los patrones de consumo y producción, lo que a su vez provocará una transformación estructural más amplia."

"Sabemos por la teoría económica y la historia que los mercados por sí solos no son adecuados para gestionar dicha transición, especialmente considerando lo repentino que ha sido", señaló Stiglitz y puso un ejemplo en ese sentido: "No hay una manera fácil de convertir a los empleados de las aerolíneas en técnicos de Zoom. E incluso si pudiéramos, los sectores que ahora se están expandiendo son mucho menos intensivos en mano de obra y más habilidades que los que están suplantando."

Stiglitz recordó que "las grandes transformaciones estructurales tienden a crear un problema keynesiano tradicional, debido a lo que los economistas llaman los efectos de ingreso y sustitución. Incluso si los sectores sin contacto humano se están expandiendo, reflejando mejoras en su relativo atractivo, el aumento del gasto asociado se verá compensado por la disminución en el gasto que resulta de la disminución de los ingresos en los sectores en disminución".
Entre sus pronósticos sombríos sobre el futuro, el Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia anticipó "el aumento de la desigualdad" y también que "debido a que las máquinas no pueden ser infectadas por el virus, se verán relativamente más atractivas para los empleadores, particularmente en los sectores contratados que usan relativamente más mano de obra no calificada". Expuso que como consecuencia de eso aparecerá otra caída del consumo porque la población con menos ingresos gasta proporcionalmente más que el resto en bienes básicos.
Luego Stiglitz puso la mirada sobre las políticas monetarias: "Pueden ayudar momentáneamente pero con una tasa de interés cercana a cero es imposible esperar que hagan despegar la economía a largo plazo". Y adelantó que las objeciones "conservadoras" al aumento del déficit y los niveles de deuda obstaculizarán el estímulo fiscal necesario. Explicó que quienes plantearán esas objeciones son "las mismas personas estaban más que felices de reducir los impuestos para multimillonarios y corporaciones en 2017, rescatar a Wall Street en 2008 y echar una mano a los gigantes corporativos este año. Pero otra cosa es extender el seguro de desempleo, la atención médica y el apoyo adicional a los más vulnerables".
Stiglitz apuntó que "no se podrá recuperar la economía si no se contiene el virus". Hizo énfasis en no abandonar a los sectores de menores recursos y criticó las medidas adoptadas por el Banco Central estadounidense por apoyar el mercado de bonos basura a través de compras de activos. "Es un error", remarcó.
El economista consideró que "políticas para proteger a los más necesitados, proporcionar liquidez para evitar quiebras innecesarias y mantener vínculos entre los trabajadores y sus empresas son esenciales para garantizar" una rápida reactivación de la economía.
En ese punto, Stiglitz consideró que ahora que los gobiernos están realizando gastos a gran escala para sobrellevar la crisis "el público tiene derecho a exigir que las empresas que reciben ayuda contribuyan a la justicia social y racial, mejorar la salud y el cambio a una economía más verde y más basada en el conocimiento".
"Estos valores deben reflejarse no solo en cómo asignamos el dinero público, sino también en las condiciones que imponemos a sus destinatarios", añadió y explicó que es momento de dirigir bien el gasto público para fomentar en particular las inversiones económicamente sustentables y con mano de obra intensiva. "No existe una razón económica por la cual los países, incluido Estados Unidos, no puedan adoptar programas de recuperación sostenidos y grandes que afirmen, o los acerquen, a las sociedades que dicen ser", reflexionó.
El PIB de Argentina cae 4,8 % y el desempleo aumenta a 10,4 % en el primer trimestre de 2020

Publicado:
23 jun 2020 20:58 GMT


Según cifras oficiales, la tasa de desocupación subió 1,5 puntos porcentuales respecto al período anterior.




El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina tuvo una merma de 4,8 % durante el primer trimestre del año, mientras que el desempleo trepó hasta 10,4 %, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De acuerdo a un reciente informe del organismo oficial, la tasa de desocupación subió 1,5 puntos porcentuales respecto al último trimestre del año pasado, cuando el Indec la midió en 8,9 %.

Asimismo, el nivel de actividad de la economía se contrajo 5,4 % interanual.

Vale aclarar que el último estudio de la dependencia oficial analizó ambos indicadores solo hasta fines de marzo, mes en el que la pandemia de coronavirus recién comenzaba a afectar la economía.

Las medidas de aislamiento social en el país fueron adoptadas desde el 20 de marzo, y extendidas sucesivamente hasta la actualidad.

Este martes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre el preocupante impacto de la pandemia en las condiciones socioeconómicas de Argentina, que ya presentaban graves dificultades antes de la crisis sanitaria.

La ONU estimó que, para finales de 2020, el 58,6 % de los niños del país suramericano podrían estar en condiciones de pobreza, al tiempo que se perderían entre 750.500 y 852.500 empleos.




ECONOMÍA
FMIDEUDA EXTERNA - MINISTERIO DE ECONOMÍA
21 de mayo de 2020 · Actualizado hace 7 hs


El nuevo respaldo del organismo a la negociación
El FMI sobre la deuda externa: El acuerdo argentino con los acreedores "aún puede ser alcanzado"





En otro gesto de solidaridad con el gobierno argentino en medio de la negociación con los acreedores de la deuda externa, el Fondo Monetario Internacional consideró hoy que un acuerdo que lleve al país a un sendero de crecimiento sustentable, "aún puede ser alcanzado". Sin intervenir en la pulseada entre los acreedores y el gobierno argentino, el vocero del Fondo, Gerry Rice, afirmó que la entidad “alienta a ambas partes a continuar con las conversaciones”. “Esperamos encontrar un acuerdo para establecer un camino sostenible en el futuro”, subrayó.
Si bien el representante del FMI dijo que no quiere “especular con el resultado de las negociaciones entre el país y los acreedores”, al mismo tiempo bregó para que ambas partes puedan llegar a un entendimiento. Las declaraciones del FMI llegan a horas de que se venza el plazo dispuesto por la Argentina para que los acreedores acepten la oferta de renegociación de la deuda y luego de que el fondo de inversión BlackRock propusiera a los otros integrantes de su comité de acreedores que acepten una quita mayor para llegar a un acuerdo con la Argentina.


La fecha límite pautada para el viernes podría ser nuevamente extendida, según adelantó esta semana el ministro de Economia, Martín Guzmán, ante el reciente acercamiento de los acreedores con nuevas propuestas. “Las negociaciones son un tema bilateral”, reiteró hoy el vocero del organismo multilateral al insistir en la no intervención del Fondo. Desde el comienzo de las negociaciones, el FMI se mantuvo al margen del conflicto, pero también remarcó, tal como sostiene el gobierno argentino, que un pago como el que pretendían los acreedores no era sostenible para el país.


El acuerdo con el FMI

Por otro lado, consultado por el estado de la relación entre el país y el Fondo, Rice negó la posibilidad de gestionar un nuevo programa.“Hasta ahora, no comenzamos ninguna negociación para ningún acuerdo con la Argentina”, precisó.
Y agregó: “El pedido argentino, que respetamos completamente, fue primero la realización de una consulta bajo el marco del artículo IV” (de monitoreo de variables macroeconómicas de los países miembro).

La asistencia en medio de la pandemia

El vocero del Fondo se refirió además a la crisis internacional en el marco de la pandemia de coronavirus, y precisó que el Fondo asistió ya con el nuevo programa de financiamiento de emergencia a 59 de 102 países que solicitaron este nuevo instrumento financiero de la entidad, creado para contrarrestar el impacto económico y sanitario de la Covid-19 en las economías. “Se trata de asistencia, diferente de los créditos tradicionales, sin condicionamientos ni revisiones”, aclaró.
Rice subrayó que la entidad está "comprometida en apoyar a países que afrontan una crisis de deuda insostenible", y promueve el alivio de la deuda, en especial en paíes más pobres. Recordó que la titular del organismo, Kristalina Georgieva, encabezó la iniciativa reciente aprobada por el G20 de la condonación de deudas para países más pobres, donde "20 de 73 países elegibles, ya lo han aplicado", reveló.
También, expresó que la entidad alienta al sector privado a avanzar en el mismo sentido, y al respecto precisó que el International Institue of Finance (IIF), la entidad de lobby de bancos de inversión internacionales, encabezó la promoción de la participación del sector privado, que "se muestra interesado en refinanciar la deuda más allá del 2020”.
“El Fondo está dispuesto a apoyar la iniciativa del alivio de la deuda en caso de que se considere adecuado”, expresó Rice, como lo hizo el Fondo con la Argentina en febrero de este año, tras revelar los resultados del analisis de sustentabilidad de la deuda pública del país.
HACE 6 HORAS

INFORME DE UNICEF-ARGENTINA

Por la pandemia, 750 mil niños caerían en la pobreza en la Argentina

Un estudio de UNICEF proyecta que para fin de este año habrá más de 750.000 niñas, niños y adolescentes de la Argentina que caerán en la pobreza por el impacto de la crisis. El índice llegaría al 58,6%. Piden fortalecer la protección social.




La pobreza infantil crece en la Argentina ante el impacto de la crisis desatada por la pandemia de coronavirus. UNICEF calcula que para fin de este año habrá más de 750.000 niñas, niños y adolescentes de la Argentina que caerán en la pobreza.

En el segundo semestre de 2019, llegaba al 53% de las niñas y niños, y podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020. La pobreza extrema podría llegar al 16,3%.

Esto implicaría que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7,7 millones; la pobreza extrema, de 1,8 a 2,1 millones.

Así lo advirtió hoy UNICEF con proyecciones basadas en estimaciones de la caída del Producto Bruto Interno (PBI) estimada en 5,7 puntos del PBI, y de la Encuesta permanente de Hogares del INDEC, como parte del estudio “Efectos del COVID-19 sobre la pobreza infantil y la desigualdad en Argentina”.

En las villas o en barrios populares, la incidencia de la pobreza en 2020 alcanzará a 9 de cada 10 niñas y niños.

La pobreza aumenta significativamente cuando las niñas, niños y adolescentes residen en hogares donde la persona adulta de referencia está desocupada (94,4%), con un trabajo informal (83,9%), con bajo clima educativo (92,9%), migrantes internacionales (70,8%) o con jefatura femenina (67,5%).

Las niñas, los niños y adolescentes son las víctimas ocultas de la pandemia. Así lo consideró Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, quien ya fue recibida en Olivos por el presidente Alberto Fernández, para analizar el impacto del confinamiento en los menores.

La ubicación de la vivienda es una de las características que más incide en la desigualdad. El Registro Nacional de Barrios Populares de la Argentina indica que 4,2 millones de personas viven en estos lugares: casi el 90% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 98% no tiene acceso a la red cloacal, el 64% a la red eléctrica formal y el 99% no accede a la red formal de gas natural.

“Preocupa la combinación de elevados niveles de pobreza monetaria y estructural. Si los niños y niñas residen en viviendas inadecuadas o están hacinados, es difícil aplicar medidas de contención efectivas”, explicó Brumana.

UNICEF también destaca que el gobierno nacional implementa medidas para contener los efectos del confinamiento. La protección de ingresos de los sectores más vulnerables implicó un aumento presupuestario de 514 a 650 mil millones de pesos, un 2% del PIB estimado para 2020.

Si se incluyen otros programas de apoyo laboral o productivo, como la Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y los programas de créditos, se estima que las respuestas frente a la pandemia llegarían a los 3 puntos del PBI.

En el estudio, UNICEF plantea tres recomendaciones para fortalecer las políticas de protección social.

Señalaron que es clave mejorar el poder adquisitivo de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Ampliar la base de los programas de protección social, como la AUH, la Asignación por Embarazo y la Tarjeta Alimenta. Y la implementación de mecanismos universales que protejan ingresos y el acceso a bienes y servicios esenciales.

“Proponemos que siga implementándose el bono extraordinario de $3103 a los titulares de la AUH y la asignación por embarazo para todo el 2020. Esta medida implica que el monto total de la AUH supere la línea de indigencia”, explica Sebastian Waisgrais, especialista en Inclusión Social del organismo.

La AUH llega a 4 millones de niñas y niños. UNICEF plantea que sea un “subsistema de protección de ingresos universal y no condicionado”, ya que certificar las condicionalidades del programa será muy difícil por las medidas de aislamiento obligatorio.

7 mayo 202
Por la inflación, el dólar podría llegar a $ 182 en 2023

Si el tipo de cambio acompaña a la inflación, el Gobierno espera que los plazos fijos le ganen al verde.

El Gobierno espera que el dólar supere los $ 180 en 2023 por el exclusivo efecto de la inflación. Con el objetivo mixto de reducir los aumentos y acumular reservas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé que el tipo de cambio acompañe las subas del IPC para que Argentina no pierda competitividad por precios en sus exportaciones. Por lo tanto, si se cumplen estas condiciones, el economista espera que los plazos fijos le ganen al verde.
En su presentación para el seminario de la Universidad de Columbia "Argentina, entre el Covid-19 y la crisis de deuda soberana”, el mandamás del Palacio de Hacienda deslizó que su equipo proyecta que para fin de este año la divisa norteamericana se sitúe en los $ 85. Si se mantiene cierta estabilidad y el Gobierno consigue reestructurar la deuda bajo las condiciones de sustentabilidad que planteó, el dólar puede llegar a $ 114 en diciembre de 2021, a $ 147 en 2022 y a $ 182 en 2023, cuando finalice el mandato de Alberto Fernández.
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Esto no quiere decir que estas cotizaciones estén garantizadas, sino que en su filmina el ministro aclaró que la tasa de devaluación asume que no habrá apreciación real del peso, sino que el movimiento está explicado en un 100% por el pasaje del diferencial de inflación. Esto se traduce en que esas cotizaciones se darán sólo si el Banco Central busca que el tipo de cambio acompañe al alza de precios, pero puede ser significativamente menor si la suba del dólar lo sigue por detrás.
Por la inflación, el dólar podría llegar a $182 en 2023
Además de esto, si el Ejecutivo consigue bajar la inflación efectiva, el precio de la divisa no llegará ni cerca de los $ 182. En los últimos meses se registró una desaceleración significativa, pero en abril esto se observó principalmente por una caída en el consumo ante la falta de pago total del sueldo por parte de algunas empresas en la cuarentena y por la imposibilidad de realizar changas por parte de los trabajadores informales. Por el macrismo, cuatro de cada diez cumplen labores sin estar registrados.
En caso de que sí se cumplan estos cálculos, implicará que se le puede ganar al dólar si se ahorra en instrumentos atados a la inflación que le agregan una tasa de interés adicional. El BCRA, a cargo de Miguel Pesce, obligó a los bancos a ofrecerles a todos sus clientes plazos fijos UVA, que los privados suelen agregar un 1% de interés y los públicos más. Esta se erige como la mejor herramienta para colocar los pesos en caso de que se de este escenario.
El viernes vence la oferta que Guzmán le propuso a los acreedores para canjear los U$S 68.000 millones de bonos ley neoyorquina. “Sin reestructuración de la deuda, el valor de la deuda del gobierno de Argentina se encontrará en una senda divergente”, aclaró en la videoconferencia.
29 mayo 2020

El editorial de Roberto Navarro: Nunca Más a la baja de salarios

El conductor enfatizó en la necesidad de generar empleo, pero también nuevos productores. "Vayamos hacia un país en donde este democratizada la formación de riqueza".

Roberto Navarro se refirió al acuerdo de la CGT en el que se decidió que se bajen los salarios sin ninguna contra prestación a un 25%.
En su editorial en El Destape Radio, Navarro afirmó que la producción de alimentos está concentrada en unas pocas empresas, por lo que peligra la circulación. El conductor hizo hincapié en la necesidad de que haya otros empresarios que fabriquen los mismos artículos para que se genere competencia entre empresas locales.
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"Si alguna vez concentramos, ¿por qué no empezamos a desconcentrar?"; se preguntó Navarro y afirmó que se impediría "que nos quieran manejar la cuarentena, que nos bajen los sueldos, que se nieguen a pagar impuestos y que hagan lo que quieran".
"Si viene un nuevo mundo y no va haber empleo para todos, no solo generemos empleo, generemos productores", sostuvo y agregó: "Saquémosle ese poder de la producción a esos pocos miles y tengamos el poder dividido entre millones".
El conductor pidió que "vayamos hacia un país en donde este democratizada la formación de riqueza, no la distribución de riqueza", porque "cuando vienen gobiernos que distribuyen, llega otro que te la saca".
"No puede ser que estos tipos hagan lo que quieren con toda la masa de trabajadores", expresó Navarro y subrayó: "Tenemos que tener un proyecto que haga que nunca más en Argentina se bajen los salarios".

Dólar hoy: El blue marcó un récord histórico y alcanzó los $ 120

La reestructuración abrió un período de volatilidad en el mercado cambiario.

En una jornada marcada por la volatilidad, la brecha del dólar blue con el oficial superó el 70%, la máxima desde 2014. El tipo de cambio ilegal trepó hasta los $ 120 y superó al contado con liquidación (CCL).
Por su parte, el dólar oficial en el mercado mayorista llegó hasta los $ 66,32, con un incremento de nueve centavos en comparación al miércoles. La alteración del mercado se da en el marco de las negociaciones entre el Gobierno y los bonistas para reestructurar la deuda en moneda y legislación extranjera.
Coronavirus
Supermercados rechazarán la mercaderia con sobreprecios
En el mercado paralelo, el dólar informal subió $ 10 después del mediodía, a un máximo histórico de $ 120. En tanto, el CCL y el dólar bolsa se negocian en un rango de 114 a 112 pesos.
El Ministerio de Economía viene de anunciar el incumplimiento del pago de intereses de deuda por U$S 503 millones que vencieron este miércoles, correspondientes a tres bonos que expiran en 2021, 2026 y 2046. Se abrió un período de 30 días en los que tiene tiempo para resolver el pago.
20 de abril de 2020

La caída en la demanda por el coronavirus, la clave del derrumbe del precio del petróleo

La pandemia causa estragos en mundo financiero. La OPEP pronostica el peor derrumbe del despacho de crudo de la historia.

La OPEP espera la mayor caída de la historia en la demanda global de petróleo este año por la pandemia del nuevo coronavirus, que podría alcanzar los 6,8 millones de barriles diarios (mb/d), dice un informe de abril de la organización.
"Para 2020, el pronóstico de crecimiento de la demanda global de petróleo fue revisado a la baja en 6,9 mb/d, a una caída histórica de unos 6,8 mb/d", dice el texto. Previamente la OPEP pronosticaba un ligero crecimiento de la demanda de crudo en 0,06 mb/d.
Se agrega en el informe que "la disminución en el segundo trimestre de este año se estima en alrededor de 12 mb/d, mientras la peor contracción, de unos 20 mb/d, se observará en abril", lo que se explica por la crisis provocada por la pandemia.
"El impacto del brote del covid-19 en China en el primer trimestre de 2020 y sus consecuencias negativas para el transporte y los combustibles industriales en el país se han extendido a nivel global y actualmente afectan el crecimiento de la demanda de petróleo en la mayoría de otros países y regiones, con un impacto sin precedentes sobre la demanda global de petróleo y los combustibles de transporte en particular", afirma el documento.
De esta manera, la total demanda global de petróleo en el mundo se estima ahora en 92,82 mb/d, en 2020, según la OPEP.
Al mismo tiempo, la organización espera un mayor consumo de crudo en la segunda mitad de 2020 que en los primeros seis meses del año.
Desde el 11 de marzo, la OMS califica como pandemia la enfermedad covid-19 causada por el coronavirus, SARS-CoV-2, detectado en la ciudad china de Wuhan a finales de 2019. A escala global se han detectado más de dos millones de casos de contagio por el virus, entre ellos más de 138.400 decesos, según la universidad estadounidense Johns Hopkins. Más de 525.800 personas han superado la infección.
20 abril 2020

El Gobierno de Argentina anuncia que pagará el 50 % de los salarios de empresas en crisis

La Casa Rosada lanzó una serie de medidas económicas con el fin de "evitar que se corten los contratos de trabajo".

El Gobierno de Argentina anunció este lunes un paquete de medidas económicas destinadas a brindar apoyo a empresas y trabajadores, para contener la crisis que genera la pandemia de coronavirus.
En una rueda de prensa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el Estado se hará cargo del 50 % del salario de los empleados registrados, cuyos empleadores hayan sufrido una pérdida en la producción y las ventas.
Kulfas brindó detalles de las medidas desde la Casa de Gobierno, junto a su par de Trabajo, Claudio Moroni, en el contexto del aislamiento social obligatorio, que este 20 de abril cumple un mes.
Moroni, por su parte, aclaró que "todas las empresas", sin importar su tamaño o la cantidad de personal contratado, podrán acceder a los beneficios del programa de 'Asistencia al Trabajo (ATP)', que ya se había lanzado al inicio de la pandemia y ahora se amplió.
Además, informó sobre el lanzamiento de una línea de créditos para trabajadores autónomos, a tasa cero.
Según estimó Kulfas, esta serie de políticas tienen un costo fiscal de 107.000 millones de pesos (unos 1.600 millones de dólares), y buscan "evitar que se corten los contratos de trabajo".
De acuerdo a un informe elaborado por la oficina argentina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), este año podrían perderse entre 180.000 y 340.000 puestos laborales, dependiendo del impacto económico de la crisis sanitaria.
15 abril 2020

Alberto Fernández evalúa impuesto a las grandes fortunas como "herramienta útil" para enfrentar el coronavirus

Esta medida representaría una alícuota de 1 % a unas 15.000 riquezas en Argentina para beneficiar a las provincias del país suramericano.

El presidente argentino, Alberto Fernández, informó que se encuentra evaluando un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, como "herramienta útil" para afrontar el coronavirus.
El mandatario publicó una imagen en su cuenta de Twitter donde está reunido con su ministro de Economía, Martín Guzmán; con el diputado Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto del Parlamento, y con el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner.
Fernández afirmó en el trino que conversó con Kirchner y Heller "sobre su proyecto de impuesto a las grandes fortunas".

¿Qué se ha dicho de la propuesta?
Esta propuesta, según Página 12, se centra en un impuesto extraordinario único para las personas físicas y jurídicas que posean los mayores patrimonios del país.
La diputada de la provincia de Buenos Aires Fernanda Vallejos ha manifestado que sería una alícuota de 1 % a las 15.000 principales fortunas de Argentina, lo que permitiría recaudar unos 800 millones de dólares, que podrían representar el 50% de la asistencia a las provincias en medio de la pandemia.
La parlamentaria del partido Frente de Todos también considera que "el enorme problema de evasión que tiene Argentina" está relacionado con "las grandes riquezas". "Los argentinos declaran menos de un tercio de los activos que tienen en el exterior", reseña Política Argentina.
Previamente, Heller afirmó que el sector de salud amerita "ingentes recursos", y que "mantener los ingresos de los afectados por la crisis económica también requiere recursos" y el diferimiento de los ingresos fiscales, en algunos casos, recoge Perfil.
Debido a que debe llevarse a cabo una modificación tributaria, el proyecto debe llegar primero a la Cámara de Diputados, según ha dicho Heller. Una vez que sea conocido, la comisión que preside se reunirá para iniciar los debates.
La vicepresidenta Cristina Fernández presentó un petitorio ante la Corte Suprema de Justicia para que falle a favor de sesionar por vía virtual o remota debido a que el país se encuentra en cuarentena y como medida preventiva contra el coronavirus.
24 de marzo de 2020
Informe de la Cepal sobre el impacto de la pandemia en América latina

Coronavirus y crisis: ¿cómo afectará a la economía en la región?

La debacle económica derivada de las medidas de restricción sanitarias llega a América latina a través de varios canales. Para la Cepal, la región caería este año 1,8 por ciento.

La crisis del coronavirus se encamina a convertirse en un evento económico tanto o más grave que el estallido de la burbuja de las hipotecas subprime, en 2008. Así lo consideran varios organismos internacionales, entre ellos la Cepal, cuya secretaria Ejecutiva, Alicia Bárcena, señaló que la actual crisis “pasará a la historia como una de las peores que el mundo ha vivido”. Bárcena detalló cómo América latina se verá afectada económicamente y pidió mayor cooperación global.
“América Latina y el Caribe, así como otras regiones emergentes, se verá afectada negativamente a través de cinco canales. Un primer canal de transmisión de esta crisis es el efecto de la disminución de la actividad económica de varios de los principales socios comerciales en las exportaciones de bienes de los países de la región. China, por ejemplo, es un destino importante para las exportaciones de varias economías latinoamericanas y la Cepal estima que las exportaciones de la región a ese destino podrían caer hasta 10,7 por ciento en valor”, explicó Bárcena.
“Un segundo canal proviene de la caída en la demanda de servicios de turismo, que impactaría más severamente a los países del Caribe. Se calcula que si la prohibición de viajes a causa del virus se prolonga por uno, dos, o tres meses, la actividad turística en el Caribe, por ejemplo, en 2020 se contraería en 8, 17 y 25 por ciento, respectivamente”, agregó la titular de la Cepal. El tercer canal de transmisión se vincula a la “interrupción de las cadenas globales de valor” que afectaría en primer lugar a México y Brasil, países que importan partes y bienes intermedios desde China para sus sectores manufactureros.
La cuarta vía de impacto se relaciona con la caída de los precios de los commodities, como por ejemplo la soja, que es un producto central de la canasta exportadora argentina. En tanto, un quinto canal de transmisión se deriva de la mayor aversión al riesgo de los inversionistas y el empeoramiento de las condiciones financieras globales.
América latina y el Caribe creció a una tasa estimada de apenas el 0,1 por ciento en 2019 y antes de la crisis del coronavirus se estimaba que 2020 registrara una mejora del 1,3 por ciento. Sin embargo, la Cepal aclaró que “las proyecciones han sido revisadas a la baja significativamente en el actual escenario”. Ahora se calcula una contracción del 1,8 por ciento en la economía regional, “lo que podría llevar a que el desempleo en la región crezca en diez puntos porcentuales y el número de pobres suba de 185 a 220 millones de personas”.
23 de marzo de 2020
Anunciarán beneficios para monotributistas e informales

Paquete estatal para sobrevivir

El presidente confirmará este lunes que recibirán una suma fija, por dos o tres meses. También se suspenderán cortes de servicios por falta de pago.

Debido a la ausencia de una vacuna, la única forma para frenar la propagación del coronavirus es impulsar el aislamiento total de los ciudadanos. De ese modo, se busca aplanar la curva de los contagios y evitar que el sistema sanitario colapse. El problema es que esa medida tiene como contracara la debacle de la economía. El gobierno lo tiene claro y está haciendo todo lo que tiene a su alcance para aminorar el golpe, fundamentalmente sobre los que menos tienen. Luego de los anuncios realizados la semana pasada, este lunes será el turno de los monotributistas y los trabajadores informales que han visto reducir a cero sus ingresos por el confinamiento. También se suspenderán los cortes de los servicios por falta de pago.
Los monotributistas son unos 5 millones, mientras que los informales suman cerca de 7 millones. Según el Indec, hay 4,8 millones puestos de trabajo de asalariados sin aportes a la Seguridad Social y otros 1,9 millón de desocupados urbanos. La gran mayoría de los trabajadores “en negro” son personal doméstico, comerciantes, trabajadores rurales y empleados de la construcción y de la industria. Ninguno cobra salario público ni privado. Por lo tanto, dependen de lo que hagan en el “día a día” para vivir. El presidente Alberto Fernández aseguró este domingo que todo ese universo va a tener un auxilio del Estado.
Según trascendió este domingo, el presidente anunciará este lunes que los monotributistas de la categoría más baja y los informales recibirán una suma fija, en principio por dos o tres meses, para que puedan aguantar el vendaval que vendrá de la mano de la peor pandemia global de la que se tenga memoria. El aporte sería de 5000 pesos mensuales.
El presidente también confirmó, en una entrevista televisiva, que firmará un decreto que frenará la posibilidad de aplicar cortes en el suministro de servicios públicos por falta de pago. La medida no solo incluiría la luz, el gas y el agua sino también la televisión por cable e internet. Además, podría anunciarse también un freno a los desalojos por falta de pago.
Como parte de las medidas de contención, la semana pasada ya se anunció un plus de 3.000 pesos por única vez para jubilaciones y beneficiarios de otras asignaciones, con el fin de paliar los efectos de la emergencia sanitaria dispuesta para contener la pandemia. Según detallado Anses, el bono alcanzará al 63 por ciento de los jubilados y pensionados y a más de 4 millones de beneficiarios de la asignaciones por hijo y embarazo. También adelantaron que se contemplarán dos meses de gracia para los beneficiarios de los créditos Anses, para aliviar la presión económica en este momento de crisis.
También regirá un sistema de precios máximos por 30 días para productos encuadrados en 50 categorías de alimentos, higiene y medicamentos. Los valores de referencia que se utilizarán son los vigentes al 6 de marzo. Por lo tanto, si hubo aumentos, deberán retrotraerlos.
A su vez, hubo anuncios para que el sector productivo no colapse. El plan contempla asistencia financiera por 350 mil millones de pesos, para capital de trabajo, compra de insumos y dar liquidez a la cadena productiva. El origen de los fondos surgirá de una regulación específica del Banco Central, que permitirá financiar a través de todos los bancos del sistema unos 320 mil millones. Los préstamos, a tasa preferencial del 26 por ciento anual, serán por un plazo de 180 días.
22 de marzo de 2020

La recesión global será peor que la de 2008. El Estado, con políticas expansivas, vuelve al centro de la escena para evitar la depresión. La situación de la economía argentina

Coronavirus y crisis: la receta es emitir y más gasto público

No es tiempo ni para ortodoxos amantes del libre mercado ni para medidas tibias. Existe el riesgo de un colapso económico que exige medidas extraordinarias en todos los frentes. La pesada herencia macrista hace todo más complicado.

La economía mundial se encamina a una recesión global y mucho más profunda que la padecida por el estallido de la gran crisis financiera 2008-2009.
Esa debacle dejó enseñanzas de lo que hay que hacer para amortiguar los costos ineludibles de una crisis profunda. Políticas muy expansivas en el frente fiscal y monetario, que incluyeron la compra de paquetes de acciones de grandes corporaciones por parte del Estado para evitar quiebras generalizadas.
Para la crisis que irrumpió con la pandemia del coronavirus será necesaria tomar esas mismas medidas, y aún más audaces. Estados Unidos y la Unión Europea ya reaccionaron con el libreto 2008.
Pero se necesitarán acciones más fuertes para rescatar a la economía de la actual parálisis, inédita porque alcanza casi todos los rincones del planeta.
El freno es tan impactante que la revista británica The Economist ilustró su última edición con el globo terráqueo con el cartel "closed" (cerrado). Se estima que este fin de semana mil millones de personas pasaron confinados en sus casas.
Ahora se revaloriza el papel del Estado en el funcionamiento básico de la sociedad y retrocede el discurso del libre mercado, la desregulación y la privatización de servicios esenciales para la población, como el de la salud pública.
Es lo mismo que sucedió con la crisis de 2008, cuando los gobiernos centrales se plantearon incrementar la regulación de las finanzas. Finalmente, poco se avanzó y el maquillaje aplicado en las normas prudenciales bancarias no implicó un cambio en el paradigma económico.
El capitalismo global dominado por las finanzas se reconstruyó y siguió definiendo las reglas de juego, con Estados subordinados a sus intereses.

Paradigma
Los encuentros de los líderes mundiales del G-20 en esos años de turbulencias económica y financiera culminaban con documentos consensuados, en los cuales se recomendaban regulaciones y controles a las finanzas, incluso se apuntaba contra las guaridas fiscales y los denominados shadows bank (banca en las sombras, la operatoria oscura de las entidades con las grandes fortunas del mundo).
Cuando la economía mundial se normalizó esos postulados fueron olvidados.
En esta crisis de mayor envergadura existe la posibilidad de no repetir esa historia. Habrá que ver si el desastre provocado por la pandemia en un mundo económico financiarizado termina por generar los anticuerpos suficientes para que no se transite ese mismo camino.
O sea, que las normas de funcionamiento de una economía global, con un Estado en retirada en áreas sensible como la salud, las finanzas y la regulación de las corporaciones, sean alteradas. Si no se modifican por convicción, que sí se hagan por el miedo global y angustia social que provocó el fulminante desmoronamiento de la frágil estructura en la cual está asentada este tipo de capitalismo.
Cuando se produce un crac bursátil de semejante magnitud, con una impresionante destrucción de valor (capital ficticio) de 27 billones de dólares desde los máximos de enero pasado, el riesgo de una exacerbación del derrape se encuentra en la quiebra de pequeños eslabones de la cadena del frenesí especulativo global.
Eso fue lo que sucedió este viernes, al final del cierre de las operaciones en Wall Street, cuando se difundió la quiebra del broker Ronin Capital, con sede en Chicago y oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong. Fue intervenido por el ente de regulación del mercado porque se declaró en insolvencia por operaciones vinculadas a posiciones en futuros vinculadas al índice de volatilidad CBOE.
El riesgo de que esa caída provoque quiebras en cadena está presente, como sucedió en el 2008 con el derrumbe del histórico banco de inversión Lehman Brothers.

Excepcionales
Del mismo modo que la pandemia coronavirus exige medidas extraordinarias y extremas en materia de salud pública, como el aislamiento obligatorio, la intervención en el frente económico también reclama una serie de iniciativas excepcionales.
La economía argentina ingresó muy debilitada a esta crisis global debido al desastre dejado por cuatro años de gobierno de Mauricio Macri. Es entendible que el gobierno de Alberto Fernández, que en la actual situación de angustia colectiva necesite estar por encima de la disputa política, y la prensa cómplice, que quiere eludir sus responsabilidades, eviten hablar de la devastación macrista.
Pero eso no debe inhibir a este espacio de análisis precisar el punto de partida: una economía en recesión desde hace casi dos años, con una tasa de desempleo elevada, el fisco desfinanciado, un default virtual y, en especial, con la desarticulación de las funciones básicas del Estado. Entre ellas, las del servicio público de salud.

Desde esa precaria base material que dejó Mauricio Macri, Alberto Fernández tiene que hacer frente a un escenario de colapso de la economía global.

Debacle
En la crisis 2008 el epicentro de la debacle fue Europa y Estados Unidos, con China aislada relativamente. A nivel local, la economía marchaba a todo ritmo, creciendo a tasas chinas, con el frente de la deuda ordenado y con el Estado empezando a desplegar su presencia activa en áreas sensibles, como en la previsional y de cobertura social luego de terminar con el fabuloso negocio especulativo de las AFJP.
Ahora el derrumbe de la economía mundial es global. Los informes oficiales de producción y consumo del primer trimestre y lo estimado para el segundo son dramáticos.
En la primera mitad de este año se registrará la peor depresión económica desde la década del '30. Economistas del Deutsche Bank estiman que la caídas trimestrales del PIB de China, Europa y Estados Unidos superarán "sustancialmente todo lo registrado anteriormente, al menos desde la Segunda Guerra Mundial".
Oxford Economics calcula que la economía de Estados Unidos se contraerá a una tasa anual del 12 por ciento a fines de junio. El Instituto Internacional de Finanzas (IIF), entidad que agrupa a los principales bancos del mundo, apunta que la caída de Europa será de 18 por ciento anualizado en ese período.
Para China, el IIF calcula que en el primer trimestre el derrumbe será de casi 19 por ciento, con una fuerte recuperación a partir del segundo, para terminar el año con un crecimiento de apenas 3,5 por ciento.

Sin coordinación
Esas cifras de terror son divulgadas por la corriente dominante del mercado financiero global, y son las optimistas. Se basan en que la pandemia disminuirá en los próximos meses y que se podrá contener, para comenzar con una fuerte recuperación de la producción global en la segunda mitad del año.
De todos modos, no significará un alivio sustancial a una situación muy crítica. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que se perderán 25 millones de puestos de trabajo.
Michael Roberts, economista británico que ha trabajado de analista en la City durante 30 años, escribió en su blog que, incluso con ese escenario optimista, el golpe a las economías será contundente y que no habrá que esperar crecimiento a nivel mundial en este año. Esa situación crítica se montará en un 2019 que tuvo una desaceleración significativa, con un avance de apenas 2,5 por ciento.
El shock del coronavirus golpea al mismo tiempo a las empresas, bancos, mercados y hogares de todos los países. Primero fue a China, y luego se extendió al resto.
La economía china ya venía con un ritmo de crecimiento más lento y el coronavirus la castigará, y pese al poderoso programa de estímulo que ha empezado a implementar no podrá ser en este año el gran motor de crecimiento de la economía mundial.
Si bien aparecieron en esta última semana señales de inicio de la normalización en el funcionamiento de la economía en China, los riesgos a una recaída siguen latentes. Se encuentran en la posibilidad de nuevas infecciones al reanudarse los viajes nacionales e internacionales. O que la crisis de la pandemia en otros países deprima aún más la demanda global de partes o bienes finales chinos.
A diferencia de la crisis 2008, en ésta no se observan esfuerzos de la comunidad internacional para implementar una estrategia global de coordinación. Es un factor en contra para encontrar una salida más rápida a este desastre.
Organismos multilaterales, como el FMI, Banco Mundial, Cepal, OIT, elaboran informes sobre el impacto del coronavirus y se difunde la existencia de paquetes de asistencia, pero no aparece la voluntad de los líderes del G-20 de ordenar el caos sanitario y económico, lo que hace la situación más caótica.

Paquete fiscal
La reacción del gobierno de Alberto Fernández fue rápida en ambos frentes, en el combate a la expansión del virus y en el frente económico. La necesidad de revisar la hoja de ruta oficial , que se mencionó la semana pasada en esta columna, se concretó con una batería de medidas.
En estos días se dispusieron 30 iniciativas desde distintos ministerios, la Anses y el Banco Central. El paquete fiscal equivale a apenas un 2 por ciento del Producto Interno Bruto, calculó el economista Emmanuel Álvarez Agis.
Es una primera etapa, pero lo más probable es que esas medidas sean insuficientes y que la estrategia fiscal tenga que ser más audaz. O sea, que la expansión  del gasto público como el alivio crediticio e impositivo tenga que ser mayor. No debería haber inhibiciones conceptuales, y mucho menos por tener que enviar mensajes de prudencia a los acreedores en la negociación con la deuda.
Ahora más que antes, para poder pagar se necesitará crecer, y para poder regresar a un sendero de crecimiento se requerirá más gasto público; no prudencia fiscal.
Si los acreedores no lo entienden o pretenden una reestructuración liviana de la deuda, el default sumará una pérdida adicional a los inmensos quebrantos que ya contabilizan por el crac bursátil global.

Salida política
Economistas ortodoxos y heterodoxos conservadores dicen que no existe margen fiscal para medidas más expansivas. Es una muestra más de la notable incapacidad analítica que habitualmente dejan al descubierto, pero ahora resultan más patéticos.
Con una economía que está al borde de la ruptura de la cadena de pagos, la única forma de detener el colapso es haciendo una expansión extraordinaria en materia fiscal y monetaria.
Asustan con que habrá una mayor tasa de inflación. Son incorregibles. El derrumbe de la demanda sólo podrá ser amortiguado con emisión monetaria y más gasto público. No habrá traslado a precios por el golpe recesivo, y si hay aumentos en algunos productos básicos, el poder de intervención del Estado deberá ser aplicado con toda severidad, desde la fijación de precios hasta el control del abastecimiento.
Para evitar que la recesión, que se extenderá varios meses, no se transforme en depresión se necesita un shock de liquidez proporcionado por el Estado. La economía está desmonetizada por la recesión macrista y por la elevada dolarización de los últimos años. Necesita imperiosamente la expansión de la masa monetaria para que no se detenga el motor de la economía.
La experiencia del corralito, estallido de la convertibilidad y megadevaluación de 2001-2002 es una enseñanza imprescindible para estos momentos. La emisión de cuasimonedas fue clave para evitar la depresión y la profundización del conflicto social.
No existe margen para la tibieza ni para tomar en cuenta dogmas de la logia de economistas. Momentos extraordinarios requieren acciones extraordinarias. Tendrá costos elevadísimos autolimitarse en la intervención estatal en la economía.
Argentina tiene la triste ventaja de haber padecido una sucesión de crisis, lo que ha brindado abundante experiencia sobre cómo enfrentarlas. Se sabe que en cada una de ellas la salida no se dio siguiendo la receta de desvariados economistas, sino que se consiguió con la fortaleza política de intervenir en la economía desafiando los paradigmas conservadores.
18 de marzo de 2020
Fuerte apuesta al Estado para que la producción no se frene

La economía del Coronavirus: Paquete contra el contagio de la crisis mundial

El gobierno puso en marcha importantes recursos para evitar que la crisis mundial y las medidas de control de circulación paralicen la economía. Aliento a la producción, protección al trabajo y combate a los especuladores.

El gobierno lanzó anoche un paquete de medidas que ubica al Estado nacional en un lugar central no sólo para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus, sino también a las consecuencias que tendrá la crisis económica mundial en ciernes. "El objetivo es garantizar la producción, el trabajo y el abastecimiento", detalló Martín Guzmán, ministro de Economía, como introducción al anuncio de un conjunto de politicas que abarcan la fijación de precios máximos para un conjunto de artículos de primera necesidad, el relanzamiento de créditos Procrear para la  construcción, ampliación o refacción de viviendas, créditos a tasa subsidiada a pymes para financiar la recuperación productiva, un ambicioso plan de reactivación de obras públicas, subsidios al pago de salarios para evitar despidos y eximición de cargas patronales a sectores afectados por la restricción de viajes y exhibición de espectáculos, entre otras. "Estamos obligados a reducir la circulación, pero el sistema económico tiene que seguir funcionando", fue el planteo central de Guzmán en la presentación de las medidas que hizo junto a Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, desde Casa de Gobierno. Y se busca garantizar que la economía funcione destinando recursos del Estado a ese fin y combatiendo a quienes especulen con las necesidades de la población. Así lo expresó el presidente Alberto Fernández, quien a través de su cuenta de twitter expresó: "Estoy usando el aparato del Estado en favor de la gente (...) Sépanlo, vamos a perseguir a todo el que aumente indebidamente los precios de los elementos necesarios para cuidarnos del coronavirus".
Si la atención de la salud en medio de la emergencia sanitaria no podía reconocer límites de orden presupuestario, la necesidad de evitar que la economía se hunda en una profunda recesión a causa de estos acontecimientos, tampoco. Así lo entendió el gobierno nacional que ayer dejó de lado los objetivos de prudencia fiscal que hasta aquí habían intentado ordenar la gestión económica hasta que se resolviera un acuerdo sustentable en materia de deuda pública. La emergencia cambió el orden de prioridades. El amplio plan de protección e impulso a la actividad económica implica una inyección de recursos " para que la economía se siga moviendo y el trabajo se sostenga", tal como lo enunció Alberto Fernández más temprano en una entrevista.
Por la tarde, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y el titular de Anses, Alejandro Vanoli, habían anunciado un pago extra a jubilados y pensionados de más bajos ingresos y para las familias registradas en la Asignación Universal por Hijo. Guzmán las mencionó como parte de una misma política para atender "una situación novedosa y cambiante", y además "de dimensiones poco conocidas y que requiere medidas para proteger a la población y el sistema productivo", agregó luego Kulfas. Aclararon que al paquete de medidas que se anunciaron podrán agregarse otras en los próximos días o semanas, dependiendo de la evolución de esta crisis global. Lo resuelto y anunciado es lo siguiente:

* Regirá un sistema de precios máximos por 30 días para productos encuadrados en 50 categorías de alimentos, productos de higiene y medicamentos. Los valores de referencia que se utilizarán son los vigentes al 6 de marzo. Por lo tanto, si hubo aumentos injustificados, deberán retrotraerlos.

* Se alentará el aumento de la producción de estos artículos más la de insumos, equipamiento e implementos médicos para atender la mayor demanda.

* Paquete de asistencia financiera por 350 mil millones de pesos, para capital de trabajo, compra de insumos y dar liquidez a la cadena productiva. El origen de los fondos surgirá de una regulación específica del Banco Central, que permitirá financiar a través de todos los bancos del sistema unos 320 mil millones. Los préstamos, a tasa preferencial del 26% anual, serán por un plazo de 180 días. Se complementa con créditos del Banco Nación a tasa diferencial para productores de bienes esenciales, otro para financiamiento de producción de equipamiento tecnológico orientado al teletrabajo, y otro para ampliación de parques industriales.  

* Serán eximidos del pago de contribuciones patronales los sectores más afectados por las restricciones de circulación (esparcimiento, transporte de pasajeros, hoteles, restaurantes, etc).

* Programa de recuperación productiva (Repro): el Estado cubrirá una parte del salario para garantizar la estabilidad laboral. El seguro de desempleo será reforzado.

* Relanzamiento del Plan Procrear, con cien mil créditos para financiar construcción y refacción; y una segunda línea rápida -200 mil créditos- para pequeñas refacciones de hasta 30 mil pesos.

* Aumento de  100 mil millones de pesos al presupuesto de obra pública.

* Programa Ahora 12: se renovará por seis meses ampliado a compras on line de productos nacionales de producción pyme;

* AFIP acelerará el pago de reintegros a la exportación de firmas industriales.

Por otra parte, el gobierno les pagará a las obras sociales 4800 millones de pesos de la deuda que mantiene por el reintegro de tratamientos de alta complejidad. Está previsto que el superintendente de Servicios de Salud, Eugenio Zanarini, mantenga este miércoles un encuentro con los directores médicos de las obras sociales para colaborar en la emergencia actual.
El plan de emergencia consiste en que la gente no circule, pero los recursos del Estado sí, para que la economía no deje de funcionar.
Inflación: en febrero fue del 2%, la más baja en los últimos dos años

En un ritmo de clara desaceleración, los precios se encarecieron por debajo de los últimos meses.

En una muestra de la desaceleración y reversión de las subas desenfrenadas, la inflación de febrero fue del  2%, según el Indec. De esta manera, el aumento de precios fue el más bajo en los últimos dos años.
De acuerdo al último informe de Índice de Precios al Consumidor, el segundo mes del año marcó un ascenso del 2%. Asimismo, la variación interanual -la registrada en los últimos 12 meses- alcanzó el 50,3%.
Cabe recordar que el último alza de precios que se había mantenido por debajo del 2% fue en enero de 2018, hace 25 meses. Según el documento oficial, los mayores aumentos se dieron en los rubros restaurantes y hoteles (3,1%) y alimentos y bebidas (2,7%). A contramano, los segmentos que se mantuvieron por debajo de la línea general fueron: vivienda, agua, electricidad y otros combustible (0,6%) y salud (0,4%). De acuerdo con las cifras oficiales, el índice general acumuló en el primer bimestre un aumento del 4,3%.
En el inicio del año, el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Comercio diseñaron el relanzamiento del programa Precios Cuidados, el cual incluyó 311 productos con una predominancia de primeras marcas y una reducción promedio de precios del 8%.
La realidad marca que la fijación de referencias sirvió para detener la escalada desenfrenada. La inflación de diciembre de 2019 (último mes con Macri en el poder) había sido 3,7%, mientras que la de enero de este año fue del 2,3%, 1,4 puntos porcentuales menos. Este último informe refuerza la línea en la que se vienen moviendo los precios .En ese sentido, el Congreso viene de sancionar la Ley de Góndolas, con el objetivo de regular la competencia de marcas en los supermercados e impedir conductas monopólicas. Entre sus puntos clave, el proyecto estableció que los productos de una misma marca no podrán acaparar toda la góndola.
24 de febrero de 2020
Advertencia del FMI
El impacto del Coronavirus

La epidemia del coronavirus puede poner en riesgo la frágil recuperación de la economía mundial, afirmó Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante los ministros del Finanzas y directores de bancos centrales del G20 que se reunieron en Arabia Saudita. "La proyectada recuperación es frágil", señaló Georgieva. "El virus COVID-19 ha afectado la actividad económica en China y puede poner en riesgo la recuperación mundial”, reafirmó. "Le expliqué al G20 que incluso si se logra contener el virus rápidamente, el crecimiento de China y del resto del mundo se verá impactado", detalló. Georgieva declaró que la epidemia reducirá el crecimiento mundial en torno a 0,1 por ciento y limitará el crecimiento de China al 5,6 por ciento este año. "El G20 es un foro importante para ayudar a darle a la economía mundial una base más sólida", insistió la jefa del FMI, instando a los países miembros a cooperar para contener la propagación del virus.
18 de febrero de 2020
La medida apunta a directivos que entraron con Macri y no quieren renunciar

No habrá doble indemnización para macristas atornillados en el Estado

A través de un DNU, el Gobierno dispuso que la doble indemnización por despido no se aplicará en el sector público. La resolución facilita el desplazamiento de los jerárquicos de la administración anterior que reclaman ese beneficio para dejar sus cargos.

La doble indemnización por despido, que se implementó en diciembre en el marco de la emergencia económica, no se aplicará al caso de puestos jerárquicos que designó la gestión anterior en empresas con participación estatal. Son puestos políticos nombrados por el macrismo, pero varios de los designados en lugar de marcharse con el cambio de gobierno se mantienen atrincherados en sus oficinas. Reciben salarios de hasta 700 mil pesos mensuales, según fuentes oficiales consultadas por este diario. Las empresas u organismos que administraron terminaron vaciados o con serios problemas financieros, como Aerolíneas Argentinas, Aysa, Trenes Argentinos, Vialidad, el PAMI, Arsat y la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sin embargo, para dejar sus cargos exigen al Ejecutivo la doble indemnización, cuyo espíritu era proteger el precario empleo del sector privado. “Esa medida fue concebida para atender la situación de vulnerabilidad de los sectores más desprotegidos”, aclara el Decreto de Necesidad y Urgencia publicado este lunes para excluirlos del beneficio. Con la medida, los involucrados ya no podrán aspirar a la indemnización duplicada, mientras se analiza como llevar adelante las desafectaciones.
El gobierno anterior, promotor mediático de la meritocracia, designó en el último año a una enorme cantidad de directivos. En noviembre, un mes antes de dejar el poder, decretó aumentos de hasta 100 mil pesos y la imposibilidad de despedir personal jerárquico por cinco años. En caso de que se despidiera a alguno, había que pagarle los cinco años de servicio, sin importar desde cuándo estuviera ocupando el puesto. Ese decreto quedó sin efecto con el arribo del nuevo gobierno, pero los directivos que cumplen funciones en empresas con participación estatal buscaron aprovecharse del decreto de la doble indemnización para enquistarse en sus cargos.
Hecha la ley
En diciembre, en el marco de la situación de “emergencia pública en materia ocupacional”, el Gobierno restituyó por 180 días la obligación de pagar una indemnización doble en caso de despidos sin causa. Caído el decreto macrista de los cinco años de “estabilidad” asegurada, los directivos (presidente, vicepresidentes, directores generales y de área) comenzaron a exigir que sean encuadrados en esta decisión, ya que por sus responsabilidades en empresas estatales o semiestatales (con participación del Estado) estarían alcanzados por los convenios laborales que rigen para la misma actividad pero en el ámbito privado. “Están abulonados y lo único que hacen es erosionar económica y políticamente la actual gestión. Hay 300 directores esperando asumir pero sus puestos están ocupados y los macristas se niegan a irse”, dijo a Página/12 Juan Manuel Sueiro, secretario adjunto de la seccional porteña de ATE.
En el caso de los puestos “políticos” es habitual que ante un cambio de gestión, los directivos pongan su renuncia a disposición. Salvo casos muy puntuales, todos los designados por el macrismo intentaron abroquelarse a sus puestos o pedir sumas siderales para dejar el cargo. Tal es el caso del gerente de Recursos Humanos de Aerolíneas Argentinas, Juan Ignacio Uribe, que reclamaba a la empresa una cifra exorbitante de más de 400 millones de pesos, teniendo una antigüedad de aproximadamente dos años. En la línea de bandera hubo distintas negociaciones, con el ofrecimiento de indemnizaciones simples y mantener algunos servicios médicos.
En Vialidad Nacional muchos gerentes tampoco quieren dejar el puesto. Hay 85 altos jerarcas con salarios desde 230 mil pesos que también exigieron la doble indemnización, para rangos de gerentes ejecutivos, comunes, subgerentes, asesores con rangos de gerente y la administradora. Fuentes del PAMI informaron que tienen más de 60 cargos políticos que “están tomando una postura anti ética y no quieren dejar sus cargos”.
Tachar la doble
“La situación que se ha suscitado en el ámbito de distintos organismos y entidades del Sector Público Nacional es que altos directivos con responsabilidades jerárquicas pretenden encontrarse abarcados por las previsiones de la doble indemnización”, explicaron fuentes oficiales. En el decreto 156 publicado este lunes se recuerda que la restitución de ese beneficio estaba enfocado a proteger la “dinámica del empleo asalariado registrado privado”. “No resultan aplicables en el ámbito del Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran”, aclara la norma en el Boletín Oficial.
“Una interpretación que condujera a extender los alcances del referido decreto al ámbito del sector público nacional estaría desprovista de toda razonabilidad y, a la vez, implicaría un palmario apartamiento de la letra y el espíritu de la norma”, agrega el decreto.
“La medida deja en claro que a todos los cargos políticos no se les aplica la doble indemnización. El decreto lo que pretende es contener posibles litigios amparándose en los convenios de trabajo de la actividad que realizan pero que rige para el sector privado, con el objetivo de agarrarse de esa ley para no dejar el puesto”, explicó una fuente del área de gestión pública. “Estamos hablado de cargos con altos niveles de retribución, que llegan a 450.000, 500.000 y hasta 700.00 pesos. Cabe comparar que están por encima de lo que cobra el Presidente de la Nación, actualmente unos 300.000 pesos”, aseguró.
El decreto les quita la herramienta de reclamar por la doble indemnización pero ahora habrá que negociar con cada uno las condiciones en las que decidan dejar su cargo. Si bien hubo en algunas empresas la propuesta de un pago indeminizatorio simple, no se descarta que algunos decidan presentar la renuncia. Sin embargo, la práctica de dejar la renuncia a disposición ante un cambio de gestión, algo tradicional en este tipo de empleos, no parece ser parte de la meritocracia macrista.
18 de febrero de 2020
Kristalina Georgieva dijo que eso es posible en un acuerdo con los acreedores privados

La titular del FMI le cerró la puerta a un quite en la deuda

"Todos los miembros deben estar seguros de que el dinero que prestamos se reembolsa, para que podamos continuar brindando este colchón al mundo", aseguró la funcionaria.

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo no realizará quitas al préstamo de 44 mil millones de dólares otorgado a la Argentina. "Somos un prestamista de último recurso para aquellas naciones que están en una situación desesperada. Esto significa que todos los miembros deben estar seguros de que el dinero que prestamos se reembolsa, para que podamos continuar brindando este colchón al mundo", aseguró la funcionaria. “Nuestra redacción legal es tal que no podríamos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global", agregó Georgieva en una entrevista con la agencia de noticias Bloomberg. Las palabras de la titular del FMI buscaron darle un cierre al debate sobre la interpretación del estatuto del organismo de crédito que se había iniciado con las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner.
La vicepresidenta había señalado el sábado 8, durante la presentación de su libro en la Feria del Libro de La Habana, con respecto a la deuda argentina que con el FMI "no se puede hacer una quita porque el estatuto prohíbe hacer quita. Pero también prohíbe prestar para fugar capitales. ¿Por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del FMI entero".
El jueves pasado el vocero del Fondo, Gerry Rice, respondió a las acusaciones de Cristina Fernández y desató un cruce de opiniones y tuits con la vicepresidenta, sobre un tema en el cual ni el presidente Alberto Fernández se privó de participar.
Gerry Rice, vocero del Fondo Monetario Internacional, rechazó desde Washington los reclamos de la vicepresidenta argentina . “La quita no está permitida por los estatutos, y no sólo en el caso de la Argentina”, expresó Rice al ser consultado durante su habitual conferencia de prensa semanal, en la sede del FMI. “Puedo asegurarle a todos que no hubo violación de las reglas del FMI”, agregó en referencia al crédito stand by otorgado al gobierno de Mauricio Macri, del cual llegaron a desembolsarse 44 mil millones de dólares.
Tras conocerse los dichos de Rice, Cristina Kirchner respondió desde su cuenta de Twitter, exhibiendo la imagen del texto del Artículo VI del convenio constitutivo del FMI. Bajo el título “Uso de los recursos generales del Fondo para transferencias de capital”, allí se señala lo siguiente: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. La vicepresidenta publicó simplemente la imagen de la página que incluye ese párrafo, resaltado en amarillo, para agregar en el tuit siguiente: “Sin comentarios. Los argentinos y las argentinas sabemos leer”.
El presidente Alberto Fernández también se refirió al tema ese mismo jueves avalando el planteo de Cristina en referencia a la quita y a las responsabilidades del Fondo. “Siento que no estamos mal con el Fondo. La observación de Cristina es muy pertinente”, señaló.
Este lunes Fernández volvió a referirse a la deuda en declaraciones radiales. "El FMI ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un tomador compulsivo de crédito, que todos sabían que era para financiar la fuga de divisas", sostuvo y consideró "absolutamente cierto" el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien pidió una "quita sustancial de deuda". "Si el FMI fue capaz de todo eso, podría reflexionar y tener cuenta esto otro", aseveró el mandatario
Georgieva retomó el tema este lunes al admitir la necesidad de "analizar cuidadosamente la carga de la deuda", aunque advirtió que esa tarea "es el trabajo del Gobierno (argentino), no del FMI". "En términos generales, apoyamos mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento", agregó. La deuda que la Argentina tiene con el FMI representa el 43 por ciento del total de los préstamos que el organismo tiene otorgados a sus socios. A pesar de este entredicho que escaló públicamente, el Gobierno y el FMI reconocen que hay avances en las mesas de negociación.
17 de febrero de 2020
Temas de debate: Estrategias para potenciar el comercio exterior

Cómo favorecer la inserción internacional

La alianza con Brasil y otros países cercanos parece un paso necesario para competir desde una posición de poder regional. Sin embargo, las diferencias se imponen y frenar oportunidades.

La reciente reunión en Brasilia entre el canciller argentino Felipe Solá con su par brasileño y el presidente Jair Bolsonaro abre una serie de expectativas sobre el futuro de la relación bilateral con nuestro principal socio comercial. El vínculo entre Argentina y Brasil –más allá de las diferencias ideológicas– se encuentra atravesado por las tensiones recientes para consensuar estrategias relacionadas a los acuerdos comerciales. La postura brasileña se centra en la liberación del comercio en forma indiscriminada, en contraposición al gobierno argentino signado por el estrés financiero y la caída de la actividad –que han generado el cierre de industrias y la caída del empleo.
En este escenario, la implementación del acuerdo con la Unión Europea generaría serios problemas para diversos sectores industriales. Como consecuencia del tratado se requeriría un esfuerzo muy importante para fomentar inversiones de largo plazo, y también de políticas compensatorias a los sectores perjudicados, ambas necesarias para no ser desplazados por los productos europeos y sostener la competitividad en el mercado de Brasil.
Otro elemento determinante en la relación bilateral, pero que se amplía a los miembros del Mercosur, es el arancel externo común (AEC). Este conflicto cruza las posiciones entre el nuevo gobierno argentino y sus socios del bloque, ya que no hay acuerdo sobre cuál debería ser el valor de dicho arancel. El AEC es una tarifa que abonan todos los productos que ingresan al Mercosur y se utiliza para compensar las diferencias de productividades en las distintas partes del mundo. De esta manera, se potencian sectores sensibles generadores de empleo de calidad y productos de mayor valor agregado que, por características de la región, y ante la falta de una estrategia integral de desarrollo, no podrían competir o existir.
Pero no todo en el vínculo argentino-brasileño es negativo. Ambos mantienen una alta interdependencia comercial y productiva. El intercambio entre ambos promueve mayor participación de las pymes y posee una composición más diversificada que se ve reflejada en la preponderancia del comercio de manufacturas. La necesidad de establecer una estrategia que potencie el progreso de ambos países queda en evidencia cuando consideramos que por cada punto que crece la economía de Brasil, la nuestra lo hace en 0,25.
En la última década el comercio global se ha desacelerado y los países líderes han tenido desempeños económicos magros, en la misma línea, nuestro comercio bilateral con Brasil alcanzó su máximo en 2011. Desde ese entonces, se redujo un 48 por ciento implicando una pérdida de 4.800 millones de dólares por caída de exportaciones industriales a Brasil. Si a los resultados económicos le sumamos la baja institucionalidad y las diferencias ideológicas antes señaladas se reducen progresivamente las posibilidades de nuestro bloque.
¿Cuáles son los desafíos más importantes en los que deberíamos enfocarnos? En primer lugar, replicar la lógica del comercio intramercosur hacia fuera del bloque. Dentro del Mercosur, el intercambio comercial se compone principalmente de exportaciones industriales –70 por ciento de acuerdo a CEPAL. En Argentina, el 43 por ciento de las exportaciones manufactureras tienen al bloque como destino. Estas exportaciones con mayor valor agregado generan efectos positivos sobre el crecimiento, el empleo y los salarios en comparación con las ventas a otros destinos. Lo que sucede en relación con las exportaciones fuera del bloque es muy diferente. Ese intercambio está mayormente representado por productos de soja y derivados, mineral de hierro, petróleo, biodiesel y carnes. Es decir, productos con menor grado de elaboración.
En segundo lugar, el gran desafío del Mercosur es cómo consolidar un mercado regional que sirva de plataforma para escalar en las cadenas globales de valor con productos que incluyan el desarrollo de marca, diseño y tecnología regional. Y que, por sobre todo, garanticen la complementación y especialización de los socios. Para que la competitividad de la región se vuelva un activo del Mercosur necesitamos profundizar la unión aduanera, avanzando en la convergencia regulatoria y la eliminación de barreras al interior del bloque que dificultan la integración y encarecen los procesos. Además, facilitaría las inversiones, el trabajo conjunto en áreas de servicios y el desarrollo de nuevas tecnologías.
El mundo en el que se proyecta el futuro del Mercosur está cambiando. Las principales potencias disputan una territorialidad en crisis donde las nuevas tecnologías protagonizan el vértigo de la competencia. No participar de esa carrera agranda las brechas, alejándonos del desarrollo y la innovación. Es en esa trama donde el Mercosur deberá insertarse con su propia lógica, y para ello será central el rol que puedan tomar instituciones de la sociedad civil como las universidades, los empresarios y los trabajadores para mejorar y profundizar la relación estratégica entre los Estados Parte.
* Coordinadora Departamento Comercio y Negociaciones Internacionales en UIA.

Los ganadores de siempre
La Europa renaciente de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial era el futuro. La Unión Europea iba a ser la consolidación de un mundo homogéneo y pujante, bajo la lógica capitalista, occidental y democrática. El tratado de Maastricht de 1992, junto con la creación y puesta en circulación del euro en los albores de este siglo, eran la culminación de un proceso virtuoso, acordado, prácticamente sin fisuras. Una Europa potencia dispuesta a demostrar que, bajo el halo de un desarrollo socio-económico y productivo común, podrían aventajar como modelo de vida al imperio estadounidense, al alicaído pero siempre vanguardista Japón, a la transicional Rusia, y a la consolidación del ‘Socialismo de Mercado’ chino.
¿Qué Europa tenemos hoy, pasadas nada más que dos décadas de aquel momento cumbre? Un pedido de clemencia para que los Estados Unidos vuelva al dialogo con Irán por el acuerdo nuclear; una Irlanda que hace caso omiso a la legislación laboral o medioambiental comunitaria para incentivar inversiones a como dé lugar; una Francia que aplica una tasa de digitalización que impacta a propios y extraños, agudizando la guerra comercial global; o los mismos británicos, que a días de pegar un portazo denostando a sus otrora ex socios, festejan un convenio con China/Huawei por la tecnología 5-G en todo el Reino Unido.
El complemento macro se nutre además de las políticas que impactan en el entramado socio-económico: los países nórdicos desmantelando lentamente el Estado de Bienestar en nombre del ‘empoderamiento del individuo’; una reconversión productiva que transfirió el valor agregado a las industrias de los países emergentes, equiparando tecnología pero con menores salarios; el pedido de ajuste fiscal a los ‘ineficientes griegos’ por parte de la propia Bruselas, que solo le interesa recuperar lo prestado a un país inviable post-crisis del año 2010, a sabiendas que las ganancias se habían concentrado en una elite política y financiera corrupta, mientras las pérdidas se terminarían socializando a través de fuertes medidas de austeridad.
Evidentemente, hay 3 ejes que mellan contra lo lógica de poder europeísta: por un lado, los resquebrajamientos intra-nacionales (inmigración, pérdida de las capacidades de los Estados de generar desarrollo socio-económico) propias de un capitalismo cada día más agresivo y desigual; por otro lado, la grave equivocación (bajo la típica dialéctica de los Organismos Internacionales) de homogeneizar las políticas inter-estatales de la Unión Europea; y finalmente, no alcanza la cooperación y las buenas voluntades para construir poder cohesionado en base a una fortaleza política y militar.
En contraposición, Estados Unidos, China y Rusia, en ese orden, si han logrado mantener o incrementar sus cuotas de poder global. Poseen claramente en su haber los puntos dos y tres. Y cuando miran hacia adentro, las debilidades generadas inherentes al sistema se las contrarresta con poder de coerción.
¿Tenemos desde nuestros lares una lógica de poder regional? En términos políticos-militares, totalmente descartado. A la pulverización de la Unasur bajo la dinámica de izquierda versus derecha que prima en nuestra región – trasvasadas por la histórica Doctrina Monroe estadounidense, se le adiciona un Mercosur que claramente nunca funcionó en plenitud. El consenso de las políticas macroeconómicas, tanto domésticas como mirando hacia afuera, quedaron siempre en el debe.
Como no hemos estado a la altura de construir poder regional, menos aún de avanzar hacia un estatus de potencia media en soledad bajo un escenario intrínseco altamente desfavorable. Las enormes problemáticas argentinas de tinte institucional, enraizadas en la corrupción y la mala praxis, han sido la norma y no la excepción en el último medio siglo. Solo existen soluciones con beneficios individuales y parciales, no para el conjunto de la sociedad. Ello se observa en el propio Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, donde los grandes grupos agroexportadores sacarán provecho una vez más de nuestras abundantes y preciadas materias primas; siempre a cambio de la compra de productos de mediana y alta tecnología, la extensión en la vigencia de patentes (especialmente las industrias farmacéuticas y la electrónica), o la posibilidad de adquirir sin obstáculos los denominados ‘metales raros’. Podemos disentir si económicamente el acuerdo será favorable para nuestra frágil macroeconomía. Lo que es seguro es que no nos servirá para construir poder real en términos de proyección global.
Pero además, las voces de los ganadores de siempre ya comenzaron a pedir cambios que impliquen la reducción de la presión impositiva y la reforma de los convenios laborales. Bajo la bien conocida doctrina del ‘esfuerzo permanente’, estos grupos explicitan, una vez más, la urgente necesidad de ser más competitivos. Salarios africanos y 50% de los niños bajo la línea de la pobreza multidimensional – sin una educación y salubridad de calidad que nos permita desarrollar un capital humano superador para el futuro -, es un cóctel perverso y explosivo que no podemos permitirnos. Pero no solo porque es inmoral para con nuestros conciudadanos: sino porque este eje socio-económico solo ayuda a sostener el círculo vicioso de la dependencia productiva, sin crear un ápice de verdadero poder económico, tecnológico y militar que nos genere, al menos, cierto respeto a nivel internacional.

** Economista y doctor en Relaciones Internacionales. Autor del Libro “La Sociedad Anestesiada. El sistema económico global bajo la óptica ciudadana.”
17 de febrero de 2020
Crédito para las pequeñas y medianas empresas

Bancos privados bajan la tasa

Bancos privados comenzarán a aplicar desde este lunes una baja en el tope a la tasa de créditos para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que pasará del 40 al 35 por ciento, aunque algunos definirán durante la semana el piso de imposición para esta política crediticia. El cambio tiene lugar luego de que el Banco Central impusiera el 35 por ciento como nuevo tope de crédito que deberán homologar las entidades bancarias que quieran acceder a la rebaja de hasta dos puntos en sus encajes.
"El viernes dejamos los sistemas ajustados para que ninguna tasa esté por arriba del 35 por ciento, y seguimos con la idea de entregar los 15.000 millones de pesos que tenemos para pymes", explicó el gerente de Planeamiento y Segmento Mayorista del Banco Galicia, Gerónimo Fresco.
En el caso del Banco BBVA, que desde el 27 de enero ofrecía al mercado préstamos al sector pyme con tasas de hasta el 40 por ciento, también se sumará a la baja de tasas para la cesión de cheques con hasta 180 días de plazo y préstamos para capital de trabajo, compra de bienes de capital y proyectos de inversión.
Otra de las entidades que se sumarán a la baja es el Banco Credicoop, que esta semana informó haber otorgado más de 8.600 millones de pesos a más de 4.500 mipymes en descuentos de cheques de pago diferido y en capital de trabajo. En esa línea, oficializaron tasas que van del 27 al 31 por ciento para el descuento de cheques y tasas que de entre el 29 y el 32 por ciento para la línea de préstamos destinados a capital de trabajo.
15 de febrero de 2020

Panorama Económico: La city está nerviosa

¿Por qué Martín Guzmán inquieta a los "mercados"?

La presentación de Martín Guzmán en el Congreso electrizó a los economistas ortodoxos y sus representantes mediáticos. La reacción de "las consultoras" frente a una postura que confronta con el discurso dominante.

El así llamado “mercado”, léase los actores económicos vinculados directa o indirectamente al poder financiero, como por ejemplo los bancos y sus economistas, los propios y los de “las consultoras de la city”, están muy nerviosos con el ministro Martín Guzmán. Alcanza con recorrer superficialmente la prensa que apoyaba al macrismo para ver cómo se repiten las viejas ideas de “falta de confianza”, creación de “malas expectativas” y el latiguillo más común: “no existe un plan económico”.
¿Cuál es la razón de tanta ansiedad y nerviosismo? La respuesta es unívoca: el ministro no muestra las cartas de la renegociación de la deuda. Entre tanto funcionario proveniente de ámbitos académicos antes que de la experiencia del tira y afloje del mundo de los traders, es decir de la ausencia de “Totos de la Champions League” en el staff, hay inversores que no son atendidos y acreedores muy fuertes a los que no se les abren las puertas de los despachos oficiales. Incluso dentro del mismo gobierno no faltan los altos funcionarios que explican en off que la estrategia de renegociación de la deuda, un dato clave del futuro económico, la conocen sólo dos personas: “Guzmán y Alberto”. Si quieren saber más los “financistas” tendrán que esperar hasta que se designen los bancos negociadores, tanto los que explotarán las divergencias al interior del FMI y de Wall Street, como los que tendrán la también ardua tarea de identificar a los tenedores de los bonos.

Sin embargo, para quien sepa leer, los indicios sobre los planes oficiales están todos sobre la mesa. Más después de la presentación de esta semana de Guzmán en el Congreso, donde el ministro pronunció una gran herejía para el discurso económico del mundo de las finanzas. Sostuvo que “de las recesiones no se sale con ajuste fiscal”. Se trata de una verdad económica de Perogrullo, de hecho es el gran aporte de la teoría económica del siglo XX aunque mejor formalizada por la vía de “la teoría de la demanda efectiva en el largo plazo”, ya que hasta los faraones sabían que construir pirámides promovía la actividad y que no necesitaban ahorrar moneda ni cobrar impuestos antes de construirlas.
Además, también es la política que practican, aunque no predican, los países más desarrollados, permanentemente en déficit interno y, en casos como el estadounidense, también externo. No obstante, la mueca de horror del establishment ante las palabras del ministro fue una sola a lo largo y ancho de la república: “Giró a la izquierda”, se escandalizaron, “fue un discurso de cabotaje”. Para colmo Guzmán dijo todavía más. Sostuvo que no era esperable alcanzar un superávit interno antes de 2023, lo que deja entrever cuáles son los años de gracia que tiene en mente en materia de pagos. Agregó también que es una alternativa que están hablando con el FMI. Si ello es así, si efectivamente existe la aquiescencia del Fondo, hasta podrían existir sorpresas cuando se conozca la meta de déficit para 2020, la que estaría bien por encima de lo previsto, un buen dato para el nivel de actividad.

"Ni agresiva ni amistosa"
El segundo componente fuerte de la exposición de Guzmán fue insistir en lo que para él es una vieja idea: lograr una renegociación sustentable. “Ni agresiva ni amistosa, sustentable”, detalló. Si bien en tiempos recientes la palabra “sustentable” fue desgastada en malos trámites, se necesita ahondar en el contexto para comprender mejor el significado del concepto en boca del ministro.
Quien se haya tomado la tarea de leer sus escritos académicos sobre reestructuraciones soberanas habrá encontrado que el novel funcionario hablaba de plazos de gracia, quitas de capital y de nivel de intereses, pero también insistía en la “sustentabilidad” como la clave para una renegociación exitosa, es decir una que no obligue a renegociar al poco tiempo. Si se piensa dos veces, se trata de una meta que sólo puede lograrse relacionando las obligaciones futuras con una visión realista sobre la capacidad esperada de la economía para generar dólares. Más allá de la palabra oficial, eso sólo es posible con una renegociación agresiva. Es aquí donde entran las relaciones de poder.
La estrategia que dejó ver hasta ahora el gobierno es “con el FMI adentro” y sin agitar la posibilidad de otras alianzas extra Occidente. Para muestra basta la “simpática” gira europea del presidente que recordó, sin maldad, a los años 90 o al Macri del G20. Otra muestra, ya con maldad, fue la innecesaria foto con Bolsonaro “para que ayude en la renegociación con el FMI”, como si Brasil tuviese real injerencia. Hablando mal y pronto, la apuesta a acordar con el FMI significa que la palabra última sobre subirle o bajarle el pulgar a la Argentina la tiene el presidente de Estados Unidos. Gracias al súper endeudamiento macrista, que la salida de la recesión sea ordenada o caótica es hoy un dato exógeno, que no depende de la voluntad interna. El problema es que el rol central del Fondo siempre fue alinear a los países a los intereses estratégicos estadounidenses. El secundario, más allá de la abierta contradicción con la letra impresa sobre sus funciones, fue financiar la salida de capitales de los países con crisis de balance de pagos, exactamente lo que volvió a hacer en Argentina a partir de abril de 2018: poner los dólares para la salida de los capitales especulativos.

CFK y el FMI
La crítica de los medios frente a las palabras de CFK respecto al rol reciente del organismo en Argentina habló de ruidos y contradicciones entre el presidente Alberto Fernández y su vice, una verdadera zoncera sobre un supuesto enfrentamiento entre un moderado y una extremista. Muy por el contrario, la ex presidenta cumplió el rol de poner en evidencia que la posibilidad de una quita sobre la deuda no es ir contra una palabra santa. Que “no puede haber quitas con el FMI” es una verdad tan relativa como que sus préstamos no se pueden ir por la canaleta de la fuga. Y si es una verdad relativa significa que también podría tratarse en forma relativa. El Fondo podría hacer una quita sin hacerla, por ejemplo otorgando un plazo de gracia sin cobrar intereses y facilitando y legitimando en el frente externo un arreglo con los privados. Esta es la optimista apuesta oficial que, según Guzmán, habría encontrado eco en el organismo.
Pero en materia económica, en este caso de dinero, no existe la buena o la mala voluntad, sólo relaciones de poder y lógicas históricas de comportamiento de los actores. ¿Tiene Argentina elementos para presionar al FMI? Relativamente. Si el país entrase en default con el Fondo sería un fracaso para la institución que destinó al gobierno de Mauricio Macri uno de sus mayores préstamos desde los acuerdos de Breton Woods. Pero además, ello obligaría al resto de los socios a una recapitalización. Y no debe olvidarse que en la administración republicana no son pocos quienes ven a los organismos financieros como un dispendio.
A diferencia de lo que ocurrió hasta ahora, es posible que un default argentino sí provoque miles de despidos en la institución. Un default es malo para Argentina porque significa una salida más larga y caótica de la recesión, pero también es malo para el FMI. Esto también forma parte de la optimista apuesta oficial. El lado pesimista, que nadie relata, es que una salida caótica significaría una fuerte pérdida de legitimidad política del nuevo oficialismo, que debe revalidarse tan pronto como el año próximo. Y las blancas también juegan. Lo que también es cierto es que elegir la vía de más ajuste sería todavía peor.

Cambio de rumbo
Finalmente queda la crítica sobre la ausencia de un plan económico, otra zoncera mediática. Es verdad que el Presupuesto 2020, donde estarán los detalles, sólo se conocerá cuando se aclare el panorama de la renegociación de la deuda, pero la baja de la inflación de enero, con política monetaria expansiva, inyección de recursos, en paralelo a la contención de precios básicos, especialmente tarifas y dólar, marcan un fuerte cambio de rumbo. También demuestra, una vez más por si hiciera falta, que la hipótesis de la inflación monetaria es un fiasco.
Al mismo tiempo, todavía faltan datos para hacer proyecciones de crecimiento, es decir, para saber cuál será el comportamiento real de cada uno de los componentes de la demanda agregada. En principio, el freno del comercio mundial y de la economía brasileña no son una buena noticia para las exportaciones, el componente que marca hasta dónde es posible “crecer con lo nuestro”. La alternativa sigue siendo el Consumo y el Gasto, que en un contexto recesivo están altamente correlacionados. La inversión, mientras tanto, es siempre una variable subordinada a la evolución del PIB. Como señaló el ministro Guzmán para sorpresa del auditorio, de las recesiones se sale gastando, no ahorrando.-
09 de febrero de 2020

Las diferencias entre el segundo gobierno de CFK y el de Macri

El estancamiento de PBI desde 2011 es utilizado por la derecha para equiparar las dos últimas gestiones nacionales. Sin embargo, son diametralmente opuestas en muchos aspectos centrales de la economía.

Una nueva falacia recorre las columnas de los analistas económicos de la prensa que sostuvo al régimen precedente. Se trata de la asimilación entre los resultados económicos del segundo gobierno de CFK y la ruinosa administración macrista. Así, para que pase de largo el desastre del neoliberalismo con miras a su eterno retorno, se recurre al subterfugio de mirar aisladamente la evolución del producto para afirmar, al final del razonamiento, que “la economía se encuentra estancada desde 2011”.
Si entre 2011 y 2015 pasó más o menos lo mismo que entre 2016 y 2019 se cumpliría entonces la máxima trotskista según la cual el kirchnerismo y el macrismo “son lo mismo”. Finalmente, cualquiera puede mirar las tablas de Excel que recopila el Indec sobre la evolución del producto y encontrar que el PIB a precios constantes de 2011 estaba incluso por encima del que quedará a fines de 2019 cuando se conozcan los datos del último trimestre del año.
Efectivamente la economía presenta, para la sumatoria de los dos períodos, un balance de estancamiento que se transforma en franca caída si se lo considera en términos per cápita, ya que la población siguió creciendo. El objetivo de asimilar los resultados de modelos opuestos, persigue que las culpas se diluyan y que la responsabilidad se remita, quizá, a un oscuro destino manifiesto expresado en ciclos de expansión y contracción tan inevitables como inmutables, una suerte de vida entre “la ilusión y el desencanto”, como poetizaron figuras egregias de la derecha económica más rancia.
Pero como cualquier estudiante del primer año de la carrera de economía sabe, la evolución del PIB, si bien es un indicador muy importante para juzgar períodos largos, dice muy poco acerca de los procesos que ocurren al interior del sistema económico. El estancamiento del tercer gobierno kirchnerista fue el resultado de que la economía se quedó sin dólares, por eso los intentos de Amado Boudou, visionario ya antes de 2011, y de Axel Kicillof, sobre el final del período, para recomponer las relaciones con los mercados financieros internacionales. En este punto la crítica es conocida. Urgido por haber tomado una economía que salía del infierno y se encontraba “en el purgatorio”, el kirchnerismo careció de un plan explícito de transformación de la estructura productiva para aumentar la provisión y el ahorro de divisas. Tardó en recuperar los fondos del sistema previsional y todavía más en recuperar el control de recursos estratégicos como los hidrocarburos, aunque intervenía activamente en el sector energético separando precios locales de internacionales.
A ello se sumó la geopolítica, la voluntad del capital financiero internacional y de Estados Unidos en particular, de castigar “el mal ejemplo” populista. Este poder se manifestó a través de los fallos a favor de los fondos buitre del extinto juez neoyorquino Thomas Griesa y el rechazo de la Corte Suprema estadounidense a abordar las apelaciones de Argentina a los fallos exóticos del magistrado, una clara decisión de política exterior. Mientras tanto, el país siguió cumpliendo sus compromisos financieros apelando a las reservas del Banco Central, acumuladas durante la expansión, y agravando a la vez su problema estructural de falta de dólares para el crecimiento. Sin embargo, durante todo el segundo gobierno de CFK, con la excepción de la devaluación que se produjo a comienzos de la administración económica del actual gobernador bonaerense, los salarios siguieron ganándole a la inflación y no se afectó mayormente la dirección de la redistribución del ingreso. Durante los 12 años del kirchnerismo todos los momentos de caída del ciclo fueron rápidamente compensados por la rápida acción estatal. El freno de la economía fue un subproducto del crecimiento desordenado y de las dificultades para recomponer el frente financiero externo. El dato clave, como ya fue explicado muchas veces, fue la reaparición de la “restricción externa” producto, otra vez, de la expansión interna, la baja de los precios de las commodities post crisis internacional de 2008-2009 y el castigo “geopolítico” de los mercados financieros. Como lo sabían y saben los principales macroeconomistas argentinos al menos desde la década del 60 del siglo pasado, esta restricción es el verdadero motor de los ciclos económicos locales. Lejos de solucionar la restricción, el macrismo la agravó disimulándola con una toma desenfrenada de deuda en divisas, al triple de velocidad de la de la última dictadura, a la vez que destruyó el sector manufacturero y demolió el poder adquisitivo de los trabajadores. Exactamente lo contrario al gobierno precedente. El resultado no fue el mismo, sino lo peor que le puede pasar a una economía: una fuerte recesión y compromisos financieros externos impagables. Unificar estos dos períodos por la evolución del PIB es supina ignorancia u operación ideológica.
Sin embargo, efectivamente el estancamiento económico relativo del segundo gobierno de CFK fue una de las fuentes del descontento que permitieron el regreso circunstancial de la tercera experiencia neoliberal. El regreso fue circunstancial porque se ganó un balotaje por apenas un puñado de votos, lo que no evitó la aguerrida toma del poder del macrismo, que gobernó como si hubiese obtenido una mayoría histórica, en buena medida gracias a la defección de muchos integrantes del campo popular.
Resulta un poco determinista, ya conocidos las fenómenos de lawfare, pressfare y, en general, de demonización sistemática de los gobiernos populares como estrategia geopolítica del imperialismo, atribuir los resultados electorales al devenir de la economía. Sin embargo, considerando el largo plazo, estas estrategias funcionan cuando hay problemas económicos. La demonización de CFK comenzó tan temprano como en 2008 a partir de la disputa con las patronales agrarias. Su vicepresidente Boudou fue escarnecido por los medios hasta el hartazgo, especialmente a partir de la disolución del sistema de las AFJP, un duro golpe para el capital financiero, pero ello no evitó el triunfo arrasador en 2011. La razón no fue precisamente la empatía con la viudez, como se escribió tantas veces, sino la continuidad de la expansión económica. Las elecciones recién comenzaron a perderse con la continuidad del estancamiento. Luego, Macri volvió a imponerse en 2017 porque hubo un fuerte estímulo a la demanda que determinó que aquel fuera el único año de crecimiento de su gobierno. Y frente al desastre económico que provocó su administración fue rápidamente eyectado, ni siquiera pudo llegar al ansiado balotaje. Retomando la conocida teoría de los tercios del electorado, un tercio kirchnerista, un tercio neoliberal o “gorila” y un tercio fluctuante, parece claro que las mareas de cambio de la voluntad popular, el pendular del último tercio, es siempre guiado, como es lógico, por el vil metal.
07 de febrero de 2020
En noviembre volvió a caer por quinceavo mes consecutivo

Empleo registrado en baja

La comparación interanual del índice de la UIA arrojó una merma del 0,2 por ciento, equivalente a 23,4 mil puestos de trabajo. El principal segmento laboral afectado fue el empleo asalariado privado.

El empleo registrado cayó en noviembre por quinceavo mes consecutivo, informó este jueves la Unión Industrial Argentina (UIA). La comparación interanual arrojó una merma del 0,2 por ciento, equivalente a 23,4 mil puestos de trabajo. El principal segmento laboral afectado fue el empleo asalariado privado, que tuvo una caída interanual del 2,5 por ciento. Esa pérdida no se llegó a compensar con la suba en el número de monotributistas y en empleados públicos.
"Al interior del empleo asalariado registrado, la industria continuó entre los sectores de mayor caída, en un escenario de muy baja producción. La contracción del empleo industrial fue del 4,4 por ciento interanual (-49.645 puestos menos)", indicó la UIA. La comparación frente a noviembre de 2015 arroja una caída acumulada del 13,5 por ciento en el empleo industrial, es decir, una pérdida de 170.166 mil puestos. El indicador de actividad industrial se ubicó en noviembre en su nivel más bajo en diez años.
También se destaca la baja de empleo en el sector de la construcción, que en los últimos meses fue el sector con mayor caída mensual del trabajo registrado. La merma fue del 1,7 por ciento mensual (-6965 puestos) acumulando una caída de 37.706 puestos en comparación a noviembre de 2018. En términos regionales, sólo tres provincias no registraron caída interanual del empleo asalariado. La provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires son las jurisdicciones más afectadas en niveles absolutos (con caídas de 42,5 mil y 48 mil puestos, respectivamente). En cambio, Neuquén tuvo una suba de 3 mil puestos de trabajo.
"El principal motivo que impulsó la caída de personal fue la disminución de la demanda. Durante diciembre de 2019, un 41 por ciento de las bajas son explicadas por esta razón, el máximo desde hace 5 años. Además, la caída de la actividad y el empleo se reflejó en la menor cantidad de empleadores. Hubo un descenso de las empresas industriales declarantes del 4 por ciento interanual, equivalente a 2197 empresas", señala el informe de la UIA.
31 de enero de 2020
Tienen hasta el lunes para aceptar o no el pago diferido

Axel Kicillof extendió el plazo para negociar con los bonistas

La provincia de Buenos Aires postergó hasta el lunes próximo al mediodía el plazo para que los bonistas otorguen su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital hasta el 1 de mayo de 2020.

El plazo vencía este viernes, pero la administración de Axel Kicillof decidió postergarlo, a la espera de captar el apoyo del 75 por ciento de los tenedores de bonos. Se trata del bono BP 21, por 750 millones de dólares, informó el Gobierno provincial, en un comunicado.
“La provincia de Buenos Aires anuncia a los tenedores de sus bonos USD 750M 10.875% con vencimiento en 2021 que ha extendido hasta las 17 (horario de Bruselas/Luxemburgo, las 13 en la Argentina) del 3 de febrero de 2020 el plazo para otorgar su consentimiento a diferir el vencimiento del pago de capital desde el 26 de enero hasta el 1° de mayo de 2020”, sostiene el comunicado.
El Poder Ejecutivo recordó que el 27 de enero último, "teniendo en consideración la compleja situación financiera existente y la voluntad de pago que siempre exteriorizó esta administración, la Provincia mejoró la oferta ya realizada a los tenedores del bono".
30 de enero de 2020
Entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas

Un alivio para las pymes: el gobierno lanzó una moratoria a diez años

El plan de la AFIP ofrece un mecanismo para frenar la asfixia financiera que experimentan las empresas, tras la crisis económica desatada por Mauricio Macri. De acuerdo con datos de la AFIP, el total de deuda de las empresas es supera los 400 mil millones de pesos. La titular del organismo adelantó también que preparan a futuro otra medida similar para las empresas más grandes.

El Ministerio de Desarrollo Productivo y la AFIP lanzaron una moratoria fiscal para aliviar a monotributistas y pymes, que incluirá una quita de hasta 42 por ciento de los intereses, condonación total de multas y planes de pago de hasta diez años. “No podemos seguir perdiendo 48 pymes por día”, resaltó el titular del ministerio, Matías Kulfas, quien hizo hincapié en las dificultades de pagos que tienen hoy en día las pequeñas y medianas empresas por la crisis económica que dejó Mauricio Macri.
Puntualmente, la moratoria permitirá pagar deudas en planes de hasta 10 años en el caso de deuda tributaria, y hasta cinco años en caso de mora por aportes previsionales. La crisis en el sector es total: de acuerdo a los últimos datos de la AFIP, entre 2015 y 2019 cerraron 24.505 empresas. El sector más afectado a lo largo de ese período fueron las micro, pequeñas y medianas empresas. Los empleadores con hasta 10 trabajadores explican el 91 por ciento del total de empresas afectadas por la crisis.
La moratoria forma parte del programa de recuperación integral impulsado por el Gobierno. Ofrece un mecanismo para frenar la asfixia financiera que experimentan las empresas y les da tiempo para ordenarse hasta tanto se recupere la situación económica. Durante el primer año, la tasa de interés será fija, del 3 por ciento mensual; y luego será variable.
En los planes de pago vigentes, sin quita porque para ello se requiere una ley del Congreso, la tasa de interés que está cobrando la AFIP es del 2,5 por ciento mensual. Se prevén planes de pago de hasta 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras, mientras que en el caso de deudas por aportes y retenciones habrá hasta 60 cuotas.
La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, remarcó la importancia de la inmediatez en la adhesión, al explicar que "la magnitud de los beneficios que se otorgan van a estar asociados a que se entre más rápidamente". Asimismo, adelantó que "en las próximas semanas vamos a estar sacando un régimen que atienda la situación de empresas más grandes que tienen deuda tributaria y previsional".

Cómo inscribirse en la moratoria
La inscripción en la moratoria comenzará el 17 de febrero y habrá tiempo hasta el 30 de abril, pero como la primera cuota vencerá el 16 de julio, representará un alivio inmediato para quienes ya tienen planes de pago y se adhieran, ya que tendrán casi seis meses de margen.
El objetivo de la medida es garantizar que los sectores más afectados dejen de caer y comiencen a recuperarse. El único requisito para entrar en la moratoria será contar con el certificado "MiPyME". En lo que va del año 42.918 de empresas ya hicieron el trámite, por lo que 608 mil firmas figuran en el Registro PyME.
Desde el Gobierno indicaron que los monotributistas que quieran adherirse a la moratoria también deberán tramitar el certificado, pero aclararon que no va a cambiar en nada su categoría frente a la AFIP.
30 de enero de 2020
El Ministerio de Economía presentó los plazos oficiales

Cómo será el cronograma de reestructuración de la deuda

La cartera que conduce Martín Guzmán dio a conocer la hoja de ruta que seguirá en la negociación con los acreedores. Lo hizo tras la media sanción de Diputados a la Ley de Restauración de Sustentabilidad de la Deuda Pública. La oferta será presentada en la segunda semana de marzo.

El Ministerio de Economía reveló anoche que la oferta para reestructurar la deuda será presentada en la segunda semana de marzo. La información fue confirmada hacia el final el cierre de la jornada en la que Diputados aprobó el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública. Los plazos fueron detallados en el “Cronograma de acciones para la gestión del Proceso de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa”, que se encuentra publicado en el sitio web del ministerio.
De acuerdo a los plazos previstos, el titular de Economía, Martín Guzmán, y su equipo, se reunirán con bonistas y acreedores para realizar reuniones informativas en la tercera semana de marzo. Hacia fin de mes, concluida la oferta, las autoridades comunicarán los resultados.
El mismo cronograma anuncia que el Gobierno recibirá a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en la ciudad de Buenos Aires entre el 12 al 14 de febrero, como parte del esquema diseñado para renegociar la deuda de 44.000 millones de dólares que el país mantiene con ese organismo.
En suma, el cronograma oficial informa que durante la primera semana de febrero la Unidad de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa invitará a los Agentes de Información, Asesores Financieros y Bancos Colocadores / Agentes de Distribución “a presentar ofertas de asesoramiento y/o asistencia” respecto del proceso de renegociación.
Guzmán presentará los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la deuda pública en el Congreso entre el 12 y 17 de febrero.
Para la segunda quincena de febrero, se hará la selección de agentes de distribución y asesores financieros a partir de las propuestas recibidas, y se firmará la Carta de Contratación con el que resulte elegido.
A partir de ahí se iniciará un periodo de 10 días de reuniones e intercambio de visiones con tenedores de la deuda pública externa, sobre la base de los lineamientos del Análisis de Sostenibilidad presentados por Guzmán en el Congreso. También se procederá a la elaboración de un informe en base a los comentarios de los tenedores de la deuda pública externa.
Para comienzos de marzo, se determinará la estructura final de la oferta con el objetivo de restaurar la sostenibilidad de la deuda pública externa, y se abrirá una instancia de preguntas y respuestas frecuentes de la oferta distribuida a través de los agentes de distribución.
En la segunda semana de ese mes se hará el lanzamiento oficial de la oferta, y habrá reuniones informativas sobre la propuesta, a través de lo que se denomina “roadshow”, probablemente en los Estados Unidos y Europa.
Durante la segunda quincena de marzo expirará el período de aceptación de la oferta; luego se anunciarán los resultados de la misma, y se iniciará la preparación de la documentación necesaria para ejecutarla.
Ayer, la Cámara de Diputados aprobó con 224 votos a favor, dos en contra y una abstención el proyecto de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Externa. El Senado deberá seguir con su tratamiento, algo que se hará la primera semana de febrero, en paralelo a la reunión que mantendrá Guzmán con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, en Roma.
24 de enero de 2020
Créditos irregulares del Banco Nación a uno de los principales aportantes de Cambiemos

El extraño raid de Vicentin: crecimiento explosivo con fondos públicos y default

La exportadora cerealera saltó del puesto 19 al 6 entre las empresas que más facturan bajo la gestión de Macri. Se endeudó con el Nación por 350 millones de dólares, nunca pagó y se declaró en default el 6 de diciembre.

La situación de la firma Vicentin, una de las mayores agroexportadoras del país, presentan tantas aristas contradictorias como sospechas sobre cuáles fueron los móviles de la maniobra que la llevaron a la actual situación. Desde el 6 de diciembre pasado, apenas un fin de semana antes de que asumiera el actual gobierno, se declaró en cesación de pagos acumulando una deuda que rondaría los mil millones de dólares. Su principal acreedor es el Banco de la Nación Argentina, con el que acumuló compromisos por unos 350 millones de dólares, cifra que supera largamente los límites que establece la normativa bancaria y que representa más del 20 por ciento del patrimonio computable de la entidad oficial. Vicentin, a través de la propia firma, de otras firmas vinculadas y de sus propios dueños, aparece como un aportante principalísimo a la campaña por la reelección de Mauricio Macri de octubre de 2019. Junto a la decisión de dejar de pagar sus deudas, los dueños de Vicentin pusieron en marcha negociaciones para vender sus plantas, operación que debía ser precedida por la aprobación de un plan de pagos de su deuda con una fuerte quita. Vicentin llega a esta situación despues de cuatro años de crecimiento vertiginoso, que la llevaron del puesto 19 en el ranking de las empresas que más facturaban en el país en 2015 (cuarta entre las cerealeras), al lugar número 6 en el ránking de 2018 (primera en su rubro, dejando atrás a Cargill, entre otras). ¿Fue una decisión política defoltear justo con el cambio de gobierno? ¿Buscaban transferir la empresa dejando un tendal de deuda no pagada con el Banco Nación como principal perjudicado? Son sólo algunos aspectos de una historia tan turbia como los intereses de quienes la pueden haber armado, una historia que apenas empieza a ver la luz.
El origen del crédito del Banco Nación a la firma Vicentín es la prefinanciación de exportaciones. Esto es, un adelanto en dólares que la firma utiliza para financiar sus operaciones (compra, acopio, traslado y procesamiento del cereal) hasta que cobra las exportaciones. En ese momento, cancela el crédito con el banco. Lo que sucedió en los últimos años, bajo la gestión de Javier González Fraga, que que Vicentín dejó de pagar el préstamo, y lo mantenía pendiente hasta la nueva campaña, pudiendo incluso ampliarlo. Por qué se le permitía operar de ese modo arbitrario a la empresa, es una pregunta que debería responder el ex presidente del Nación, quien sin embargo pese a lo inusual de semejante autorización, no aparece en ningún documento de la entidad oficial tomando parte en el asunto ni llevando su tratamiento al Directorio. Las únicas firmas que aparecen autorizando la operación son de funcionarios de nivel gerencial.
Las actuales autoridades del Banco, que encabeza Eduardo Hecker, ya abrieron sumario sobre los funcionarios de línea que viabilizaron la operatoria, que permitió que el monto de la deuda de Vicentín con la entidad se elevara hasta una cifra que se acerca a los 350 millones de dólares, según fuentes de la propia entidad. "La empresa argumentó stress financiero para declararse en cesación de pagos, pero de los balances no surge que tenga dificultades para cumplir sus compromisos, el 83 por ciento de sus ventas son en dólares, aumentó sus ventas año tras año y escaló en el ranking de la cúpula empresaria", explicó Claudio Lozano, recientemente incorporado como director a la conducción del Banco Nación, a este diario.
"El Banco ya tomó la decisión de bajar la calificación de crédito de Vicentín a Situación 4 (la anteúltima categoría, antes de "Irrecuperable", la 5) y hemos hecho las previsiones para que la entidad pueda afrontar un eventual impago; pero vamos a intentar recuperar el crédito", señaló el economista y ex diputado nacional. "El dinero es recuperable, porque la situación de la empresa le permitiría pagar, pero estamos ante una maniobra compleja, fraudulenta si se demostrara que hubo otras intenciones por las cuales se decidió no pagarle al Banco Nación", agregó. La llamativa operación de Vicentin ya había sido advertida, por lo irregular, por el propio Banco Central, que por nota reclamó en más de una oportunidad si había autorización del Directorio para semejante flexibilidad, según consta en los legajos del Nación. González Fraga jamás dejó asentada su autorización, pero se sospecha de un circuito político de decisión que actuaba en favor de la empresa de Alberto Padoan, dueño de la cerealera y muy allegado a Mauricio Macri. Padoan, por sí mismo y a través de algunas de sus empresas, realizó importantes aportes a la campaña de reelección de Macri.
Vicentin se declaró en cesación de pagos en diciembre con una deuda de más de mil millones de dólares, la mitad con acreedores del exterior, según expresaron sus autoridades. Localmente, tiene deudas financieras y comerciales. Estas últimas, con productores, acopiadores y cooperativas, principalmente. Al Banco Nación dejó de pagarle en agosto, después de las PASO. A sus acreedores comerciales el 6 de diciembre, casi con el cambio de gobierno. La coincidencia con el calendario electoral no sería casual.
Con respecto a la deuda bancaria, el Nación, con una cifra estimada en 18.500 millones de pesos, representa el 78 por ciento. El resto se reparte entre el Provincia de Buenos Aires (1600 millones), Hipotecario (700), Macro (500) y ocho entidades más por cifras inferiores.
Vicentin cuenta con dos plantas en Santa Fe (San Lorenzo y Ricardone) con 800 empleados, hoy cerradas. Controla otras 15 firmas en el país, incluido una terminal portuaria en San Lorenzo. Y tiene una asociación estratégica con la suiza Glencore, con la que comparte la firma Renova, que produce biodiesel. En más de una oportunidad, se presumió que Glencore sería la destinataria del cambio de propiedad de Vicentin. Tanto las liquidaciones de los dólares originadas en sus exportaciones como las trasferencias de dividendos a sus socios de Suiza y Paraguay son motivo de análisis por las autoridades.
20 de enero de 2020
El Gobierno dictará una nueva reglamentación favorable a las Pymes

Una ley de software que no sea solo para Mercado Libre

La reforma que hizo el gobierno de Macri a la Ley del Conocimiento favoreció a grandes empresas. Ahora los incentivos serán mayores para las pymes. Juan Grabois había polemizado por el tema con Marcos Galperín.

El Gobierno interrumpió el acceso a los beneficios impositivos para empresas vinculadas con el conocimiento, que alcanzaba principalmente a grandes firmas con créditos fiscales sobre sus exportaciones, hasta que se dicte la normativa complementaria correspondiente. El Ministerio de Desarrollo Productivo está trabajando con las cámaras del sector para delinear una reglamentación que detalle de manera más precisa las actividades alcanzadas por la Ley de Promoción de la Economía del Conocimiento y segmente el universo de empresas, favoreciendo en mayor medida a las pequeñas y medianas. Según el Boletín Oficial, se suspenden “los plazos para analizar y procesar las solicitudes de adhesión al Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento hasta el momento”. Fuentes oficiales afirmaron a Página|12 que la nueva reglamentación estará lista en dos semanas.
En mayo del año pasado el Congreso aprobó la ley que promueve las actividades productivas que tengan un uso intensivo de tecnología y que requieren capital humano altamente calificado. El caso más habitual para ilustrar es la industria del software. “Coincidimos con el espíritu de la norma, de proteger una actividad sustentable, que puede realizarse desde cualquier parte del mundo con personal altamente capacitado. Pero nos encontramos con una reglamentación muy vaga, lo que puede dar lugar a equívocos (en la inscripción)”, explicaron desde la cartera que conduce Matías Kulfas.
La ley otorga un marco tributario para ayudar a las empresas del sector a competir globalmente y que también sirva de empujón para quienes incursionan en esta actividad. La norma, que reemplaza a la antigua Ley de Software que caducó en diciembre, incluye actividades como software, biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, audiovisual, servicios geológicos y de prospección y relacionadas con electrónica y comunicaciones, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, nanotecnología y nanociencia y la fabricación bienes 4.0.
Las críticas que recibió el programa estuvieron vinculadas con la posibilidad de que grandes empresas del sector aprovecharan estas ventajas de estímulo pensadas originalmente para las pymes. El esquema de beneficios incluye desde emprendimientos unipersonales hasta gigantes de la actividad como Mercado Libre, IBM, Accenture, Chevron, Neoris, Fox, JP Morgan, Oracle, Microsoft y Mundo Loco, la productora audiovisual que pertenece a Juan José Campanella, entre otros. Esto derivó en el cruce entre el dirigente social Juan Grabois y el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín. “Si a vos te va tan bien y al resto tan mal, cuestioná tus privilegios, @marcos_galperin. Sos el tipo más rico del país pero Macri te regala el 70 por ciento de las contribuciones y el 60 por ciento del impuesto a las ganancias forzando la ley 25.922”, tuiteó en julio Grabois.
La nueva normativa reduce los costos laborales para el sector y otorga un bono de crédito fiscal transferible equivalente a 1,6 veces las contribuciones que debieran abonarse sobre ese mínimo no imponible. Este beneficio puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales, como IVA o Ganancias. Además, contempla una alícuota reducida del Impuesto a las Ganancias del 15 por ciento. Por otro lado, la ley estipula que los exportadores que hayan abonado o se le hayan retenido impuestos similares al Impuesto a las Ganancias en el país destino de la exportación, podrán deducir lo pagado contra el impuesto a las Ganancias, obteniendo un alivio fiscal. Es decir, cuanto más exporten mayores serán las ventajas impositivas.
El Ministero de Desarrollo Productivo decidió revisar los beneficios y comenzó a trabajar en la reglamentación de la ley. Desde la cámara que nuclea a las firmas del sector señalaron a este diario que colaboran con el Gobierno en la nueva redacción. “Estamos trabajando con las secretarias correspondientes”, dijo Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon.
Si bien no se descarta que se mantengan beneficios para todas las empresas sin importar el tamaño, habrá un escalonamiento para que las más chicas tengan ventajas diferenciadas. Los principales centros donde más crece la actividad están radicados en Tucumán, Resistencia, Bariloche y Posadas. Hasta el momento, la única diferenciación es que para firmas con una antigüedad menor a tres años, y categorizadas como Micro en el Registro Pyme, pueden ser elegibles acreditando solamente el 70 por ciento de su facturación anual, sin necesidad de cumplimentar otros requisitos.
20 de enero de 2020
El proyecto para cambiar las reglas previsionales del Poder Judicial y del Servicio Exterior se presentaría en el Congreso el próximo miércoles

Límites a las jubilaciones de privilegio

El Ministerio de Trabajo junto a Economía y la Anses están puliendo la iniciativa. La remuneración promedio de miembros del Poder Judicial es de 234.234 pesos para 7334 jubilados, mientras que en el Servicio Exterior el promedio es de 334.139 pesos para 688 jubilados.

El Gobierno prepara un proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio de jueces y personal del servicio exterior. El borrador está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo que conduce Claudio Moroni, quien fue titular de la Anses hasta el 2008. Sería el tema principal de las sesiones extraordinarias, previstas para el miércoles 29 de enero.
El texto final del proyecto no será enviado al Poder Legislativo hasta tanto no tenga el aval del presidente, Alberto Fernández, que estará durante la semana en Israel en su primer viaje oficial, y terminaría de pulir el sábado a su regreso.
“Él está muy encima de este tema”, afirmó a este diario un funcionario del Gobierno que está trabajando en la iniciativa. En el Congreso todavía no fueron conformadas las comisiones con sus autoridades, y hay diputados especializados en temas previsionales que se encuentran de vacaciones.

Privilegios
La modificación de las jubilaciones de privilegio fue una iniciativa del Presidente. Cuando se aprobó la Ley de Solidaridad Social en la Cámara de Diputados, Fernández publicó en su cuenta de Twitter: “Con el propósito de garantizar la igualdad, he decidido ampliar las sesiones extraordinarias del Congreso a efectos de que se aboque al tratamiento de un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y Cuerpo Diplomático”.
La media sanción había provocado una fuerte polémica porque la ley estableció la suspensión de la actual fórmula de movilidad por 180 días, y los aumentos se realizarán trimestralmente por decreto. Será una suma fija para la mayoría de los jubilados, que significará una mejora mayor de lo que hubieran percibido si se hubiera mantenido la fórmula aprobada en el gobierno de Macri.
Sin embargo, los regímenes especiales quedaron excluidos de esa suspensión, por lo que mantendrán la movilidad prevista. En los regímenes especiales que están bajo estudio se encuentran los jueces y el cuerpo diplomático.
Existe una fuerte disparidad entre el régimen general de los trabajadores del sector público y privado con el régimen especial. En el general, casi la mitad de los jubilados (3 millones de personas) perciben el haber mínimo, hoy en 14.068 pesos.
Mientras, la remuneración promedio de miembros del Poder Judicial es de 234.234 pesos, para 7334 jubilados y representan un costo fiscal de 1718 millones de pesos.
En el Servicio Exterior los montos son aún mayores. El promedio es de 334.139 pesos, para 688 jubilados y representan un costo fiscal de 257 millones de pesos al año. Así se desprende de un informe realizado por el CEPA, con datos de diciembre de 2019.

Proyecto
El objetivo del Gobierno es “achatar la pirámide” entre los ingresos del sistema previsional para establecer “un mecanismo más justo”.
El proyecto de ley para modificar los regímenes especiales está siendo trabajado en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con el Ministerio de Economía y la Anses. “Moroni es el coordinador”, aseguró una fuente del Gobierno. A fin de esta semana estaría listo el borrador, que será leído por el Presidente el sábado cuando vuelva de Israel, y así podrá ser enviado al Congreso para tratarse en las sesiones extraordinarias del miércoles 29 de enero.
El Congreso deberá modificar la ley 18.464 de jubilaciones para funcionarios del Poder Judicial y la 22.731 para el personal del servicio exterior. Los cambios deberían aplicarse para los que todavía no aportaron, y en cambio a los que ya lo hacen se les debería mantener el mismo régimen porque se consideran “derechos adquiridos”, según opinó el abogado previsional Federico Bobrovsky.
Son diversos los cambios que podrían aplicarse dado que los empleados judiciales y los del servicio exterior tienen distinta edad jubilatoria y cálculo del haber, y en algunos casos no realizan aportes al sistema previsional.
“La jubilación del Poder Judicial se calcula a partir del 85 por ciento del salario del último cargo que ejercieron, por más que lo haya prestado por algunos meses. Distinto es la realidad de 6 millones de jubilados que su haber inicial es el 40 por ciento promedio del ingreso de los últimos 10 años de trabajo”, opinó el abogado Juan Pablo Chiesa.
14 de enero de 2020
Son 4000 pesos en dos cuotas

Oficializan el bono para los empleados públicos

El Gobierno oficializó hoy el aumento salarial de 4.000 pesos para empleados públicos nacionales, que será remunerativo y se pagará en dos cuotas a partir de marzo para aquellos que cobren sueldos brutos de hasta 60.000 pesos.
A través del Decreto 56/2020 , publicado este martes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso el incremento, ya que advirtió que la "crisis económica ha deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo" de los trabajadores del sector público.
El texto establece que el aumento se cobrará en dos cuotas: la primera será de 3 mil pesos y se concretará con los sueldos de febrero, mientras que la segunda será de mil y se hará efectiva con las liquidaciones salariales de marzo. Asimismo, señala que accederán al incremento aquellos trabajadores que cobren un sueldo bruto de hasta 60 mil pesos.
"Las sumas fijas remunerativas no bonificables a las que refiere el presente decreto se considerarán a cuenta de todo incremento que pudiera otorgarse o acordarse en el marco de la negociación colectiva, durante el Ejercicio 2020", remarca la norma.
Respecto del personal de las fuerzas armadas y de seguridad, el decreto alcanza a sectores de la Gendarmería; de la Prefectura Naval; de la Policía Federal y de Seguridad Aeroportuaria; de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que depende del Ministerio de Seguridad; de las Fuerzas Armadas; y de la Policía de Establecimientos Navales.
También se verán beneficiados los empleados civiles en actividad de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y el personal del Servicio Penitenciario Federal.
Por el contrario, quedarán excluidos aquellos trabajadores que estén comprendidos "en el ámbito de Convenios Colectivos de Trabajo que prevean cláusulas de actualización automática de las retribuciones".
14 de enero de 2020

Proponen a los tenedores cancelar en mayo el vencimiento previsto para el 26 de enero  

El gobierno bonaerense busca postergar el pago de un bono  

El Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires confirmó que propondrá a los tenedores del BP21 abonar el 1 de mayo próximo los 275 millones de dólares. "El rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general", aseguró el Ministerio de Hacienda provincial.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires que encabeza Axel Kicillof propuso a los tenedores de BP21 postergar el pago previsto para este 26 de enero hasta el 1 de mayo. Para lograr esa postergación, la Provincia necesita la aprobación de los tenedores de al menos el 75 por ciento del capital en circulación de dichos bonos antes del 22 de enero.
Desde el gobierno nacional habían descartado dar auxilio financiero al bonaerense para hacer frente a los próximos vencimientos de deuda. El ministro de Economía Martín Guzmán rechazó esa posibilidad y desde su cartera aseguraron que no existe ninguna posibilidad desde lo práctico y jurídico de habilitar esa ayuda en medio de una negociación con acreedores a nivel nacional.
"Se busca abordar restricciones de pago en forma responsable"
"El 14 de enero la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones", dice la solicitada que publicó el gobierno bonaerense hoy.
Según el texto, “el propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la Provincia de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1° de mayo de 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecida para el 26 de enero de 2020".
En un comunicado, el Ministerio de Hacienda y Finanzas bonaerense recordó que el gobierno provincial “ha expresado desde el momento de su asunción su preocupación por la situación de insostenibilidad de la deuda pública y por la carga de vencimientos que enfrenta en los próximos años, producto del fuerte endeudamiento en moneda extranjera llevado adelante durante los últimos 4 años”.
“Ante la inminencia de la próxima amortización parcial de capital del bono con vencimiento en 2021, se ha iniciado un proceso de diálogo y consultas con los tenedores de dicho instrumento”, informó la cartera que conduce Pablo López.
El comunicado asegura que en las conversaciones con los bonistas hubo coincidencia sobre la “compleja situación de la deuda provincial y la importancia de buscar soluciones preventivas que minimicen pérdidas”. Ratifica que el gobierno de Axel Kicillof propone “resolver el problema inmediato proponiendo un paso que confía que el mercado considerará adecuado, justo y equitativo”.
“La propuesta de la Provincia se formula bajo el entendimiento de que el rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse”, concluye.
07 de enero de 2020
Se cobrará en operaciones realizadas desde el 23 de diciembre

La AFIP reglamentó el impuesto al dólar

Las compras de bienes o servicios en moneda extranjera que se paguen con cuentas en dólares no afrontarán el impuesto. También se mantiene exenta la compra de divisas para el pago de deudas de empresas. Los agentes de percepción del impuesto serán bancos, agencias de viaje y empresas de transporte.

La Administración Federal de Ingresos Públicos precisó el alcance del impuesto sobre la compra y gastos en dólares, el llamado Impuesto para una Argentina Solidaria e Inclusiva (País), que aplica una alícuota del 30 por ciento. El tributo se cobrará en operaciones realizadas desde el 23 de diciembre, cuando entró en vigencia la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La reglamentación aclara dos cuestiones: el tributo no se aplicará para pagos con tarjetas de crédito y débito que se realicen con una cuenta bancaria en dólares y detalló los ítems exentos del tributo, como compras médicas o científicas, aunque los contribuyentes deberán afrontarlo y luego pedir su devolución al agente de retención, como puede ser el banco. Asimismo, la reglamentación puntualizó que "no quedarán sujetas a percepción las operaciones con destino específico vinculadas al pago de obligaciones", por lo que las empresas que deban cancelar deuda en dólares no tendrán que hacer frente al impuesto.
La reglamentación vuelve a precisar que el impuesto se aplica en los casos de compra de dólares para atesoramiento, de uso de tarjeta de crédito y débito en el exterior y a la adquisición de servicios en el exterior contratados en el país, ya sea turísticos, de transporte internacional o digitales. Siempre y cuando para “cualquier etapa de la operatoria se deba acceder al mercado único y libre de cambios a efectos de la adquisición de las divisas correspondientes para su cancelación”.
La AFIP aclara un aspecto que había generado confusión: “La percepción será aplicable en la medida que se abonen en pesos las operaciones alcanzadas por el presente impuesto”, dice la reglamentación. Es decir que las compras con tarjeta de crédito y débito realizadas para adquirir algún servicio o efectuadas en el exterior, pagan el impuesto siempre y cuando la persona pague el resumen en pesos. En el caso de las tarjetas de débito y las prepagas, la percepción del 30 por ciento se calculará sobre el importe en pesos necesarios para la adquisición del bien o servicio, al tipo de cambio del día anterior al de efectuado el débito. Para las tarjetas de crédito, se calculará sobre el importe en pesos al tipo de cambio del día previo al cierre del resumen. Para atesoramiento el impuesto se aplica en el momento de la compra sobre el monto en pesos de la operación alcanzada. En el caso del uso de billeteras electrónicas para realizar el pago de un consumo en el exterior, la norma dispone que "la percepción deberá practicarse en la fecha de afectación de los fondos".
En este punto quedan establecidas las aclaratorias con respecto al turismo. La adquisición de servicios en el exterior a través de agencias y los servicios de transporte como pasajes con destino fuera del país estarán alcanzados por el impuesto. Si bien algunas plataformas internacionales que ofrecen pasajes y servicios de hotelería por internet podrían no detallar la existencia del impuesto en los precios que exhiben en sus sitios web, las operaciones serán alcanzadas por el gravamen. Cuando esto suceda, los contribuyentes observarán la percepción en sus resúmenes de cuenta. Cabe aclarar que los servicios de transporte terrestre de pasajeros a países limítrofes no están alcanzados por el impuesto. En cuanto a las empresas aéreas, finalmente están alcanzadas por el impuesto, incluso la estatal Aerolíneas Argentinas.
En cambio, si el consumidor tiene una cuenta en dólares en su banco y paga esos cargos con esa cuenta en moneda extranjera, no será alcanzado por el impuesto. Si el contribuyente abona una parte del consumo en moneda extranjera y otra en pesos, el impuesto se calculará sobre el monto abonado en moneda local. Para realizar esta configuración se deberá asignar la caja de ahorro en dólares como cuenta primaria para tomar los fondos para el pago de las tarjetas. Se puede realizar en el home banking o en forma telefónica con el banco. El cambio puede llevar 48 horas.
Antes de la reglamentación, los bancos emitieron los cierres de los resúmenes de la tarjeta de crédito consignando en forma discriminada el tributo bajo la leyenda “Impuesto País”. Si la persona pagó esos cargos en dólares con su cuenta en dólares y aun así pagó el impuesto, dado que todavía no había salido la reglamentación y no había claridad en los bancos, podrán solicitar la devolución del gravamen percibido, establece el artículo 10 de la reglamentación. Los resúmenes con cargos en dólares que tengan desagregado el impuesto, si el consumidor decide pagarlo con su cuenta en dólares, no deberá asumir el impuesto.
Los consumos en dólares efectuados antes de la reglamentación, como la compra de un pasaje, por más que sean abonados en pesos y que el resumen de la tarjeta hubiera cerrado después de la reglamentación, no deberán pagar el impuesto. Esta había sido una aclaración importante que se estableció durante el debate de la ley en el Congreso. Es que con el anuncio de que se aplicaría el tributo, se aceleraron los consumos turístico, según consignaron distintas agencias. Además, los servicios digitales del exterior, como Netflix y Spotify, tendrán un impuesto del 8 por ciento en los casos que esos servicios paguen IVA, caso contrario aplica el 30 por ciento.
Otra importante aclaración es qué pasa con las compras que quedaron exentas del tributo, como libros, tratamientos médicos y ciencia. En este caso, la persona pagará el impuesto del 30 por ciento y deberá pedir la devolución a los agentes de retención, como puede ser el banco. “Los contribuyentes deberán presentar ante las entidades con las que operan la documentación respaldatoria. Los bancos realizarán la devolución en plazos prudenciales, que variarán según cada banco”, aclararon fuentes de AFIP.
30 de diciembre de 2019
Polémica por las mediciones

Todesca versus la UCA por los índices de pobreza

El ex titular del Indec, Jorge Todesca, cuestionó hoy al titular del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia, por poner en duda el dato de pobreza del Indec.
"Es insólito que la UCA ahora pretenda anticipar los datos sobre pobreza e indigencia que el INDEC dará a conocer en marzo próximo", señaló Todesca, luego de que Salvia anticipó una brecha entre su medición y la que difundirá el organismo nacional.
El sábado, el titular del Observatorio de Deuda Social de la UCA advirtió que la pobreza del Indec llegará al 34,1 por ciento en su próximo informe, el cual tendrá datos del tercer trimestre de este año.
La estimación refleja una importante brecha entre la medición oficial y la que realizó la UCA, que estimó en los últimos días de gobierno de Mauricio Macri que la pobreza se ubica en torno al 40,8 por ciento.
27 de diciembre de 2019
Continúan las conversaciones en el Senado bonaerense. Se demora la aprobación

Resistencias de la oposición a aprobar la ley impositiva de Kicillof

La intención del gobierno provincial es aprobar el paquete impositivo antes del fin de semana. Kicillof busca disolver las objeciones enviando a parte de su equipo al parlamento para despejar todas las dudas.

Al cierre de la edición del jueves, el Frente de Todos continuaba negociando con los otros bloques de la legislatura bonaerense para que comience la sesión en el Senado en donde se trate el paquete impositivo que elaboró el gobernador Axel Kicillof. Una parte del bloque de Juntos por el Cambio cuestiona que se haya enviado la iniciativa con tan poca antelación, aunque hacia el interior de ese grupo también juegan fuerte las internas, pases de factura y lucha por asientos en el directorio del Banco Provincia. Con todo, hacia la noche todavía no se había llegado a un acuerdo para que arranque oficialmente el debate en el Senado, en donde Juntos por el Cambio tiene mayoría.
Ya sobre el cierre de la tarde, Pablo López, ministro de Hacienda, y el titular de ARBA, Cristian Girard, llegaron al recinto de la Cámara Alta dispuetos a dar todas las explicaciones que reclamaba la oposición. El gobierno provincial pretende que el paquete que conforma la Ley Impositiva 2020 sea aprobada antes del fin de semana, para lo cual Axel Kicillof le encomendó a dos de sus funcionarios de mayor confianza del equipo económico, expusieran personalmente y cara a cara con los legisladores de Juntos por el Cambio los motivos de las modificaciones propuestas y las razones de la emergencia. Hasta el cierre de esta edición impresa, continuaban las conversaciones.
El principal objetivo de la ley impositiva enviada por el Ejecutivo provincial a la Legislatura bonaerense es generar una suba en los ingresos fiscales para hacer frente a los gastos corrientes del distrito, que se componen en primer lugar de salarios, y a los fuertes vencimientos en materia de deuda que emitió la administración de María Eugenia Vidal. Buena parte de esos pasivos están nominados en dólares. En línea con la lógica que baja del paquete de emergencia que la Nación trabaja en reglamentar, el gobierno de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires también apunta a mejorar en términos relativos la posición de los sectores de menores ingresos a costa de la porción de la sociedad mejor ubicada.
La ley consta de cuatro ejes: el inmobiliario, impuesto sobre el urbano baldío, automotores y embarcaciones e ingresos brutos. La modificación que más ruido mediático generó es el inmobiliario, porque es un tributo que afecta transversalmente a toda la población pero en particular porque tiene un carácter muy progresivo, de modo que impacta más en sectores privilegiados, como los grandes terratenientes. La escala de aumentos propuesta por el Ejecutivo es la siguiente: 15 de suba cuando las valuaciones fiscales correspondientes a 2019 de la tierra "libre de mejoras" sea de hasta 260.870 pesos inclusive; 35 por ciento para las superiores a 260.870 y hasta 816.075 pesos inclusive; 55 por ciento cuando sea superior a 816.075 y hasta 3 millones de pesos inclusive y el incremento del 75 por ciento cuando el valor del campo sea superior a los 3 millones de pesos y la superficie de la tierra libre de mejoras sea superior a 2 mil hectáreas. Además, el gobierno prometió otorgar exenciones impositivas para propiedades de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera y a las de 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria en general.
Desde la oposición que lidera el bloque de Juntos por el Cambio, cuestionaron al gobierno provincial por el escaso margen para el análisis del proyecto. Por eso, a media tarde la sesión en el Senado provincia ingresó en un cuarto intermedio. En esa instancia, el ministro de Hacienda, Pablo López, junto al titular de la Arba, Cristian Girard, se presentaron ante legisladores de todos los bloques para aclarar puntos del proyecto oficial. Terminada la reunión, tampoco había acuerdo para que arranque la sesión.
“No hay impuestazo inmobiliario en la provincia dado que para el 86 por ciento de los propietarios el incremento estará muy por debajo de la inflación", señaló el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco. Este año, gobierno provincial debe afrontar vencimientos deuda por 200.000 millones de pesos, a lo que se suma un déficit de caja de otros 200.000 millones de pesos. “Se necesita como mínimo mantener la recaudación. En cuanto al inmobiliario, el 86 por ciento de las propiedades va a tener un aumento de hasta 3500 pesos en el año, que se puede pagar en cinco cuotas. Y si bien para grandes propietarios aumenta hasta un 75 por ciento, si hace en un solo pago queda igual que la inflación porque se le descuenta el 20 por ciento. Este último escalón de la alícuota se aplica para el 7 por ciento que cuenta con las más grandes propiedades urbanas y sobre unos 300 productores rurales que tiene más de 2 mil hectáreas. No sé en dónde está el impuestazo", agregó Bianco. Para los propietarios más pequeños, hay exenciones de hasta 100 hectáreas dedicadas total o parcialmente a la producción tambera. Y también para propiedades de hasta 50 hectáreas destinadas a la producción agropecuaria.
Por su parte, Girard resumió que "se busca darle progresividad al incremento de impuestos: que paguen menos los que menos tienen y un poco más los que más tienen. Con esta ley, tendremos las herramientas necesarias para recaudar y tener los recursos que se necesitan para la provincia".
Además de la suba del inmobiliario, el Ejecutivo bonaerense busca ajustar el impuesto al urbano baldío por el equivalente a la inflación registrada durante 2019. También se propone un esquema de topes segmentados según el valor de las propiedades. Para las de menor valor fiscal el aumento será del 15 por ciento, muy por debajo de la inflación, mientras que para las de mayor valor fiscal la variación anual sería incluso más del 90 por ciento. La intención es evitar la especulación inmobiliaria e incentivar la edificación.
En el caso de automotores, no se modifica la tabla de alícuotas, mientras que para las embarcaciones deportivas, se ajustan las alícuotas y se modifican los rangos, “con el fin de lograr una mayor progresividad. Pagarán más quienes posean embarcaciones de mayor valor”, dicen en el gobierno provincial. La alícuota mínima para el impuesto sobre embarcaciones deportivas será de 5,5 por ciento y la máxima se ubicaría en 13 por ciento. Para Ingresos Brutos, que afecta a toda actividad comercial, se replican las alícuotas de 2019, dada la suspensión del Consenso Fiscal (que establecía la rebaja paulatina).
26 de diciembre de 2019
El premio Nobel de Economía elogió al nuevo ministro

Joseph Stiglitz: "Argentina eligió al hombre adecuado en el momento adecuado"

Stiglitz, uno de los economistas más importantes del mundo, destacó que el flamante ministro de Hacienda es la persona idónea para sacar a Argentina del "peor de los mundos posibles" que dejó Mauricio Macri. En su diagnóstico sobre las posibles salidas de la recesión, parafraseó al presidente Alberto Fernández. "Uno no resuelve un problema de deuda excesiva asumiendo más deuda”, subrayó.

“Es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana”. Con esas palabras definió el premio Nobel de Economía 2001 Joseph Stiglitz al ministro de Hacienda Martín Guzmán, quien tendrá por delante el desafío de resolver el default virtual y sentar las bases para la negociación con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores privados.
En una columna de opinión en el diario inglés The Guardian, Stiglitz aseguró que la "Argentina eligió al hombre adecuado en el momento adecuado para reactivar la economía", en uno de los tantos elogios hacia su discípulo Guzmán, el hombre designado por el presidente Alberto Fernández para llevar adelante su política económica tras el fracaso del macrismo.
"Martín Guzmán, con quien he trabajado con frecuencia en los últimos años, es uno de los principales expertos mundiales en deuda soberana, lo que lo convierte en la persona correcta en el lugar correcto en el momento correcto", puntualizó el economista estadounidense. Más adelante, felicitó a Fernández por haber elegido “a un economista brillante y conocedor que combina la energía juvenil con una sabiduría mucho más allá de sus 37 años”.
Stiglitz recorrió la vasta carrera académica de Guzmán, quien “obtuvo un codiciado puesto en la Universidad de Columbia” tras completar su doctorado en la Universidad Brown, según repasó el premio Nobel. Stglitz señaló que, desde ese puesto, el ahora ministro de Economía “se convirtió en un experto influyente en debates cruciales sobre políticas a nivel doméstico y global”.
"Ha testificado ante el Congreso de los Estados Unidos sobre la crisis de deuda de Puerto Rico y ha hablado en las Naciones Unidas sobre la necesidad de un mejor sistema internacional para resolver las crisis de deuda soberana", destacó Stiglitz sobre el elegido por Fernández para negociar el pago de la deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con eI FMI.

El país que recibe Guzmán y los errores del macrismo
El premio Nobel hizo un análisis profundo de la economía que recibió Guzmán, el que denominó como “el peor de los mundos posibles”, pero también destacó los logros del período previo al gobierno de Macri.
“Cuando el ex presidente Mauricio Macri asumió el cargo, su equipo económico admitió abiertamente que, si bien habían heredado muchos problemas, comenzaron con una gran ventaja: un bajo nivel de deuda”, ponderó, para luego pasar a enumerar las medidas neoliberales del gobierno macrista.
Se refirió así a los “recortes prematuros e innecesariamente grandes” en los impuestos a la exportación, al pago de deudas antiguas a los fondos buitre “con retornos desmesuradamente altos e intereses a largo plazo” y a la deuda tomada en dólares. Según explicó todas estas decisiones buscaban dar “señales favorables para el mercado” para que llegue una potencial oleada de inversión extranjera que estimule el crecimiento. “Incluso en ese momento pensé que era una apuesta insensata”, recordó.
“El resto es historia. No funcionó y, a medida que las cosas iban de mal en peor, Macri agravó los errores”, continuó Stiglitz. En este punto se refirió específicamente al programa de $ 57 mil millones con el Fondo Monetario Internacional, a las medidas de austeridad, “esfuerzos de esterilización equivocados para prevenir la inflación, lo que generó un sobreendeudamiento”.
“El peor de todos los mundos posibles estaba pronto a la mano: más inflación (alcanzando casi el 60% en el año en curso), mayor desempleo (ya a doble dígito y en aumento) y la reimposición de los controles de cambio”, enfatizó.

Las medidas para salir de la crisis
Stiglitz resaltó que “no hay balas mágicas” para sanear la economía argentina, pero destacó que es “más fácil decir qué no hacer”, al reivindicar las palabras de Fernández, quien había dicho que “uno no resuelve un problema de deuda excesiva asumiendo más deuda”.
“Tampoco se resuelve un problema de recesión y desempleo imponiendo más austeridad, que en cada recesión siempre conduce a una mayor contracción económica”, complementó el premio Nobel.
De todas formas, subrayó que Argentina “debe administrar sus recursos limitados” para utilizarlos en la reactivación económica. “Hay un enorme potencial. El turismo, por ejemplo, se disparó después de la última devaluación importante. Argentina tiene universidades de primer nivel y un gran número de personas emprendedoras altamente educadas”, ponderó por último el economista.
19 de diciembre de 2019
La ley podría aportar hasta 2,2 puntos del PIB de nueva recaudación fiscal

Las claves de la nueva reforma tributaria

Con el paquete impositivo, el Gobierno busca cambiar el andamiaje de la gestión anterior, incentivar la producción y atender a los sectores sociales más castigados.

A través de la presentación del proyecto de ley de Solidaridad y Reactivación Productiva y otras medidas que corren en paralelo, el Gobierno está planteando en los hechos una reforma tributaria con la cual quiere encarar su gestión y plantarse frente a los acreedores externos y al FMI. Las principales nuevas fuentes de financiamiento son los derechos de exportación y el impuesto a la compra de dólares para atesoramiento, gastos en el exterior y pasajes. También se espera una marcha atrás con la reducción a cero de la alícuota del IVA para alimentos y el reemplazo por una devolución más acotada a través de la tarjeta de débito. Hay aumento de las alícuotas de Bienes Personales, tasa de estadística sobre las importaciones e impuestos internos a los autos. Queda en ciernes la situación de la movilidad jubilatoria, que podría reducir las erogaciones vía un achatamiento de la pirámide. Hay además cambios en el sistema de contribuciones a la seguridad social que podrían complicar a las pymes si no se plantea alguna movilidad de las escalas y del mínimo no imponible. En cuanto a otros recursos, hay una amplia moratoria para pymes, se deroga el impuesto sobre la renta financiera y plazos fijos en moneda nacional y se espera un aumento de los subsidios para contener tarifas. Una bala de plata es el espacio fiscal que podría abrir la renegociación de los vencimientos de la deuda externa.
Con el paquete tributario y otras medidas vinculadas, el Gobierno busca remover parte del andamiaje de la gestión anterior, encauzar los incentivos para impulsar la producción, sostener la situación de la franja más pobre de la sociedad y tener un plan fiscal que dé consistencia a la negociación de la deuda. El resultado global de las medidas de expansión y contracción fiscal no está claro, primero porque hay medidas todavía no definidas y en otras falta el debate y la aprobación del Congreso, pero además, el impacto en la recaudación y el gasto depende de cómo reaccione la economía en general y el consumo de determinados bienes y servicios. Sin embargo, hay estimaciones de un impacto positivo que van del 1 hasta el 2,2 por ciento del PIB.

Retenciones
En una primera instancia, el Gobierno derogó el tope nominal que puso la gestión anterior y volvió a la situación de septiembre de 2018 (30 por ciento para la soja; 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo y girasol y 5 por ciento para economías regionales y productos industriales). El proyecto de ley establece la posibilidad de subir la alícuota hasta el 33 por ciento, que aplicarían para la soja, y el maíz y el trigo pasarían a un 15 por ciento. En cambio, las retenciones a las exportaciones de petróleo bajaron del 12 al 8 por ciento, para beneficiar a las empresas que producen en Vaca Muerta (aunque antes de la eliminación de los topes de la semana pasada, la retención se había licuado por efecto de la devaluación hasta el 5 por ciento). Podría incorporarse alguna segmentación de retenciones favorable a los productores más chicos. La Mesa de Enlace quiere que haya un mínimo no imponible para que las primeras toneladas vendidas no paguen retenciones y haya devolución de Ganancias. Se estima que el nuevo esquema de retenciones podría generar un impacto positivo de entre el 0,5 al 1 por ciento del PIB.

Impuesto al dólar
Se grava con un impuesto del 30 por ciento las compras de dólares para atesoramiento y se mantiene el límite de los 200 dólares mensuales. También opera el impuesto para la compra de pasajes para viajar al exterior y gastos de servicios que se brindan desde el exterior. Economistas calculan que el impuesto al turismo y a la compra de divisas podría representar alrededor de un 1 por ciento del PBI.

Devolución del IVA
El proyecto faculta a la AFIP a establecer un régimen de reintegros para contribuyentes y pequeños comercios. Habría un reintegro total del IVA para jubilados y titulares de AUH a través de las compras con tarjeta de débito y en cambio se repondrá el IVA a los alimentos que el gobierno anterior redujo a cero luego de las PASO. El riesgo es que los precios suban de un sacudón. Comercio Interior trabaja para que los reintegros del IVA se apliquen junto al reforzamiento de Precios Cuidados y la negociación con las empresas proveedoras de alimentos para que rebajen o sostengan precios y así evitar el impacto en el bolsillo que implicará reponer el IVA. Es un tema que está bajo negociación.

Bienes Personales
Se incrementan las alícuotas partiendo de 0,50 hasta 1,5 por ciento (ahora esos números van de 0,25 a 0,75 por ciento) y se otorga la facultad al Poder Ejecutivo de duplicar las mismas para los activos financieros en el exterior. Se calcula que esta modificación podría mejorar la recaudación en 0,25 puntos del PIB.

Contribuciones patronales
El proyecto de ley elimina el sistema de suba paulatina tanto de la alícuota de las cargas sociales como del mínimo no imponible que había definido el gobierno anterior en su reforma tributaria. Ahora, las contribuciones quedan establecidas en el 18 por ciento salvo para el sector de comercio y servicios, en donde se elevará a 20,4 por ciento si la facturación supera los 48 millones de pesos anuales. Este límite es curioso porque es copia del que está en el decreto 814 del 2001 y no tiene relación con la clasificación actual de facturación de las pymes, que en el caso de la pyme comercial es de 141 millones de pesos anuales. El límite de 48 millones sólo serviría para microempresas y para pymes del sector de servicios y del agro, aunque al ser un número fijo, rápidamente quedaría desactualizado. Por otro lado, se mantiene el mínimo no imponible de 7003 pesos pero en términos nominales, sin ajuste de inflación, al igual que el mínimo de 17 mil pesos para sectores protegidos (calzado y textil).

Renta financiera
Se deroga el impuesto que gravaba los rendimientos obtenidos en el país por parte de personas humanas a partir del período fiscal 2020. Los plazos fijos vuelven a estar exentos. Los bancos celebran la noticia y esperan un aumento de las colocaciones.

Tasa estadística
Es una imposición que corre sobre las importaciones y pasaría del 2,5 al 3 por ciento para bienes terminados provenientes de países que no forman parte del Mercosur. En  mayo de este año, Macri había subido esta tasa del 0,5 al 2,5 por ciento. Quedan excluidas las importaciones temporarias.

Impuestos internos
El esquema vigente establece que sólo los vehículos de más de 1.832.000 de precio mayorista pagan una alícuota del 20 por ciento. La iniciativa contempla una alícuota del 20 por ciento siempre que el precio mayorista del vehículo supere los 1.300.000 pesos (unos 1.500.000 pesos en la vidriera) e introduce una nueva alícuota del 35 por ciento a partir del valor de 2,4 millones de salida de fábrica.

Moratoria pyme
Se otorga un extenso plan de pagos para cancelar deudas con el Fisco que se encontraban impagas con condonación de intereses en función del período adeudado y de multas. Podrá instrumentarse sobre deudas vencidas hasta noviembre 2019. Se ofrecen hasta 120 cuotas para su cancelación, siendo del 3 por ciento la tasa de interés mensual para el primer año y luego equivalente a la BADLAR para los bancos privados. “Es una buena moratoria porque condona intereses, que son una enorme mochila para las pymes, y también porque abarca a casi todas las obligaciones fiscales”, analiza Vicente Lourenzo, consultor pyme.
18 de diciembre de 2019
El mandatario contó detalles de las negociaciones en un encuentro con AEA

Alberto Fernández: "El FMI aceptó nuestra lógica de trabajo"

El Presidente almorzó con los CEO de las principales empresas. Describió una situación económica crítica y les pidió inversiones. “Hagamos algo épico que nos reconforte como seres humanos, no que reconforte nuestros bolsillos”, subrayó.

El presidente Alberto Fernández aseguró que el Fondo Monetario Internacional avala el proyecto económico que desarrolló el Gobierno. “El Fondo aceptó esa lógica de trabajo”, indicó el mandatario en un almuerzo cerrado que mantuvo con los empresarios más importantes del país.
Frente a CEOs como Paolo Rocca (Techint), Luis Pagani (Arcor), Eduardo Elsztain (IRSA) y Cristiano Rattazzi (Fiat), dijo que el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso tiene como objetivo terminar con el hambre, pero además reactivar la economía. “Hagamos algo épico que nos reconforte como seres humanos, no que reconforte nuestros bolsillos”, reclamó.
Apeló a que los empresarios inviertan y les anticipó: “En materia económica no pretendo tener un Estado intervencionista”. Ratazzi le devolvió que "va por el camino correcto, es angosto, pero en algunos meses podemos ver mejoras". El presidente de AEA, Jaime Campos, le agradeció la visita y reconoció que "no hay duda que la situación económica y social requiere de la participación plena de todos los sectores".
Fernández dedicó la primera parte de su discurso a detallar la gravedad de la situación económica y social. Mencionó que 4 de cada 10 argentinos están en el “pozo de la pobreza” y que el Estado puede llevar adelante un accionar limitado por la debilidad de las cuentas públicas. “El Estado vive una situación fiscal mucho más compleja de la que ustedes piensan. Solamente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, con el que le pagamos a los jubilados, está conformado en un 70 por ciento por papeles del Estado. El Estado se financió con los recursos de los jubilados. Cuando planteamos un mayor esfuerzo a las empresas, al agro y a la industria, lo hacemos para reconstruir esas cajas que han quedado vacías”, aseguró.
El presidente asistió con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, el secretario de asuntos estratégicos, Gustavo Béliz, y el ministro de Economía, Martín Guzman, a quien se encargó de elogiar. “No hace falta que lo presente, es un hombre de enorme inteligencia y capacidad de lectura de la realidad”, afirmó.
Contó que con Guzmán armó el plan económico y mencionó el concepto preferido de los ejecutivos: “El plan es sustentable, no es para salir de la coyuntura con la alegría del fin de año, sino para ver el mediano y largo plazo”, afirmó. En este sentido, adelantó que será el Consejo Económico y Social donde se crearán las políticas de largo plazo. Pero indicó que el mayor condicionamiento que afronta el país es el peso de la deuda, que representa el 95 por ciento del PIB.
Para graficar la problemática, hizo referencia a un chiste que había hecho con el presidente de Fiat: “Le dije recién a Rattazzi, vos imagínate si te pido 10 millones de dólares para devolverte en un año. El sabe lo que yo gano, es imposible que me vaya a prestar. Igual, la verdad es que es imposible siquiera que me preste un sólo dólar”, afirmó, y despertó risas entre los comensales.
La broma fue utilizada para graficar el problema de la deuda y volver a criticar el préstamo del FMI, el más grande de la historia del organismo multilateral. “Por eso soy tan severo con el Fondo y lo hago corresponsable de lo que nos pasa. ¿Cómo le prestaron semejante cantidad de dinero a un país y dejaron que salga del sistema financiero graciosamente. Originalmente era para pagar deuda y lo que pasó fue que se terminó duplicando la deuda”, afirmó Fernández. En este sentido, comentó que le dijo al FMI que había que “cambiar la lógica” de ajuste. “Les dijimos que nos dejen construir un plan sustentable y sobre esa base acordar cómo pagarles. No vengan con el plan de siempre porque nos va a dejar en el lugar donde estamos. Y un dato saludable: el Fondo aceptó esa lógica de trabajo, no estamos improvisando”, aseguró.
Sin hacer referencia a las medidas instauradas, que no tienen el visto bueno del empresariado, como la doble indemnización por despidos, Fernández afirmó: “En toda decisión hay alguien que estará más contento y alguien más triste”. Pero por el contrario, dijo que Argentina está “en el fondo del pozo” y que el hambre debería “avergonzar” a la sociedad. Por otro lado, llamó a los empresarios a terminar con la grieta e hizo una referencia puntual a Clarín: “No podemos seguir perdiendo el tiempo peleándonos entre nosotros, es una lucha que tenemos que tomar todos, los empresarios, el campo, mi Gobierno y los medios Héctor… lo tienen que hacer todos”. Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, lo observaba desde la mesa más cercana al atril donde exponía Fernández.
Los llamó a que “sigan invirtiendo y creyendo en el país”. Afirmó que las políticas económicas buscarán “reconstituir” el consumo y “proteger” a las empresas que producen y dan trabajo. Aclaró que el Estado no será “intervencionista”, sino que buscará equilibrar las desigualdades en los mercados. Adelantó que Vaca Muerta, la minería y el litio son temas “primordiales”, pero que el objetivo estará en dejar de exportar los recursos como materias primas, sino comenzar a venderlos con valor agregado. Le agradeció a Sergio Kaufman, que el lunes inaugurará una sede de Accenture que creará 400 puestos de trabajo. “Te voy a estar acompañando, porque quiero que todos sigan ese ejemplo”, lo elogió. Además, reveló una reunión que mantuvo con autoridades del banco Santander: Ana Botín (presidente) y Enrique Cristofani (presidente en Argentina). “Me contaron que trajeron 500 millones de dólares a Argentina para financiar exportaciones. Apostemos a eso, podemos y debemos hacerlo”, concluyó.
18 de diciembre de 2019
Cifra oficial del Indec

La canasta de pobreza se disparó 6,3 por ciento en noviembre

En un año acumula un alza de 49,2 por ciento. La canasta que mide la indigencia escaló 5,5 por ciento y también trepó 49,2 por ciento interanual.

La canasta básica (CBT) que define la línea de pobreza registró un incremento de 6,3 por ciento en noviembre y acumula un alza de 49,2 por ciento en doce meses. Por su parte, la canasta alimentaria (CBA), el indicador utilizado para medir la indigencia, escaló un 5,5 por ciento y también registra un aumento interanual de 49,2 por ciento. Ambos indicadores volvieron a dispararse debido a la remarcación acelerada de precios que se concretó luego de las elecciones ante la pasividad oficial.
El relevamiento elaborado por el Indec muestra que una familia de cuatro integrantes necesitó 37.596 pesos para superar el umbral de pobreza en noviembre. En igual mes del año pasado costaba 25.206,03 pesos, por lo cual subió en 12.389,97 pesos en un año. La canasta básica alimentaria, por su parte, trepó a 15.089,79 pesos para la misma familia, frente a los 10.122,9 de noviembre de 2018, con un alza interanual de 4966,89 pesos.
En noviembre los precios minoristas aumentaron 4,3 por ciento acumulando un 52,1 por ciento en el último año. El mes pasado las mayores subas fueron en los rubros Comunicación (7,4 por ciento), Salud (6,3), Bebidas alcohólicas y tabaco (5,6) y alimentos y bebidas (5,3). El congelamiento de los servicios domiciliarios que el gobierno de Mauricio Macri aplicó durante la campaña y mantuvo luego de las elecciones posibilitó que el índice resultara inferior a lo que marcaba la tendencia de aumentos sin control al cierre de los cuatro años del gobierno. De hecho, el menor aumento reflejado por los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9 por ciento) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5 por ciento), arrastró a la baja el incremento promedio de precios, que sin ese factor hubiera arrojado una inflación mayor al 5 por ciento en noviembre.
No obstante, en las canastas la suba fue superior al promedio de precios por la incidencia que tiene el rubro alimentos. En la variación por artículo se observó un fuerte incremento en productos frutihortícolas, carnes rojas y de panadería. Por ejemplo, bananas aumentó 48,8 por ciento, tomate redondo 37 por ciento, limón 29,5 y batata 14,6 por ciento en relación a los precios computados por el Indec en octubre. Entre las carnes, asado subió 10,8; cuadril 9,7; nalga 8,6; paleta 8,3 y picada común, 7,2 sólo en el último mes. Además, subieron fuerte el arroz blanco (8,7 por ciento), galletitas de agua (9,3) y galletitas dulces (5,3) y el pan francés (5,5 por ciento).
Luego de la devaluación posterior a las elecciones primarias, el gobierno aplicó una reducción a cero de la alícuota del IVA en una docena de artículos de la canasta básica. La medida le permitió contener parcialmente la estampida inflacionaria en septiembre y octubre, pero luego de las elecciones generales la situación se terminó de descontrolar en los supermercados.
Los formadores de precios aceleraron en las remarcaciones en noviembre aprovechándose de la pasividad oficial y previendo que el nuevo gobierno iba a intentar congelar precios a partir del acuerdo económico y social. De ese modo, llegarían a la negociación con un colchón de aumentos lo suficientemente mullido como para enfrentar los mayores controles con una mayor holgura. El nuevo gobierno comenzó a revertir parcialmente esta situación al negociar, por ejemplo, una baja de precios del 8 por ciento con los laboratorios sobre la base de los valores vigentes al 6 de diciembre.
18 de diciembre de 2019
Alberto Fernández prometió impulsar la recuperación del mercado automotor

"Créditos baratos para la compra de autos y camiones"

El presidente de la Nación participó en la sede de Smata del lanzamiento del Plan 2030 del sindicato de mecánicos, que promueve que la industria automotriz sea señalada como "sector estratégico".

El presidente Alberto Fernández anticipó que habrá créditos para la compra de autos. “El camino es ponerse de acuerdo los que producen, los que invierten y los que trabajan. Encontrar el equilibrio exacto que permita hacer de este negocio, un negocio, y darle a los argentinos lo que merecen. Pretendemos autos accesibles y precios accesibles para todos”, aseguró el mandatario en el auditorio de la sede porteña del sindicato de transporte automotor (Smata). “Lo que tienen que esperar de nosotros son créditos para la compra de autos y camiones”, aseguró.
Fernández participó del lanzamiento del plan estratégico automotor de cara al 2030. Fue una idea del secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, surgida en febrero de este año. Entre los ejes del plan presentado en Smata, uno de los puntos es el estímulo a la demanda, a través de la renovación del parque automotor, de vehículos de pasajeros y carga. Las propuestas se desarrollaron en conjunto con los fabricantes de autos (Adefa), el sector autopartistas (Afac), las concesionarias (Acara), los industriales metalúrgicos (Adimra), el sindicato metalúrgico (UOM) y la Universidad Austral. Se trata de un proyecto de ley para que se declare a la industria automotriz como estratégica. Buscarán que sea presentado en la apertura de sesiones ordinarias del año que viene. Se lo entregaron en mano al ministro de Desarrollo Productivo, Matias Kulfas, quien prometió trabajarlo durante “todo el verano”.
Fernández habló de la política comercial exterior que va a tener el Gobierno. Sobre el Mercosur, aseguró: "Nosotros vamos a hacer del Mercosur lo que es, nuestro espacio común de donde vamos a enfrentar la globalización, que es un hecho irreversible”. Y amplió: "Nosotros no tenemos problema con que el Mercosur se una a la Unión Europea, eso en la medida que no afecte nuestra industria. Si la afecta, estaríamos actuando en contra de la Argentina".
Además, se mostró crítico a la política importadora del gobierno de Cambiemos. "decir 'importamos y así somos parte del mundo' es una enorme idiotez", ya que "de ese modo destruimos la industria nacional y el trabajo". La referencia a la política exterior fue el momento de mayor ovación del discurso. En el auditorio estaba a sala llena, con la presencia de trabajadores del Smata y la Uom; gobernadores como Juan Schiaretti y Omar Perotti y, empresarios como Cristiano Rattazzi (Fiat), Miguel Acevedo de la Unión Industrial y hasta Isela Constantini, ex presidenta de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Macri.
Durante el discurso, fue interrumpido por Pignanelli, quien le pidió por la creación de un instituto automotor que sea público y privado y pueda canalizar las distintas propuestas. Fernández no lo descartó. Pidió que el Estado tenga un lugar en la mesa de negociaciones del sector. “Siempre dije que la industria es la nave insignia”, aseguró el presidente. El sector automotor emplea 650 mil personas, entre empleos directos e indirectos. El año pasado generó más de 8500 millones de dólares en exportaciones y representa el 35 por ciento de las exportaciones industriales. Argentina es el cuarto productor mundial de pick ups medianas y uno de los 28 países en el mundo que fabrica autos.
Tras el discurso de Fernández, los otros expositores fueron el ministro Matias Kulfas, Antonio Calo (UOM), Pignanelli (Smata), Gabriel López (Adefa), Ricardo Salomé (Acara), Isabel Martínez (Adimra). En el escenario había funcionarios de primera línea como el canciller, Felipe Solá, o el ministro de Salud, Gines González García. También estuvo Augusto Costa, ministro de Producción de la Provincia, y el gremialista Hugo Moyano de Camioneros. “Esto es un hito histórico, marca el inicio del acuerdo económico y social”, dijo Kulfas, y adelantó que deberán replicar estas iniciativas en otros sectores. Habló en reiteradas oportunidades de profundizar el desarrollo tecnológico en el sector y de tener “una mirada de cadena de valor”. Se llevó el proyecto de ley del sector automotriz para estudiarlo en el verano. Estuvo acompañado por Ariel Schale y Guillermo Merediz, miembros de su equipo.
El plan estratégico 2030, llamado “Acuerdo social y productivo para el sector automotor argentino” tiene metas ambiciosas. Prevé que la producción pase a 1,8 millones de unidades, una inversión de 12 mil millones de dólares, que haya 1,3 millones de personas empleadas, que las exportaciones asciendan a 46 mil millones de dólares y que en el mercado interno se vendan 1,2 millones de autos. Los años récord de estas variables se dieron entre 2011 y 2013. En la actualidad, el sector trabaja con un 75 por ciento de su capacidad ociosa. Entre los ejes del plan se destacan la impulsión de nuevas inversiones, la creación de un instituto que fomente la innovación, la fabricación nacional de autopartes
En una conferencia de prensa brindada a los periodistas, López de Adefa dijo que apoyan los créditos a la compra de autos de los que habló el presidente: “Vamos a colaborar en la promoción del mercado interno". Sobre la política externa, no se mostró en contra del acuerdo que firmó Macri con la Unión Europea, pero pidió mejorar la competitividad. “El Mercosur es la clave del negocio”, aseguró. Por su parte, el empresario Ricardo Salomé, de las concesionarias, dijo que “apoyan este nuevo ciclo que viene” aunque considera que la reactivación podría llegar recién en 2021. “Partimos de un año con números muy bajos”, aseguró.
18 de diciembre de 2019
En 120 cuotas y con seis meses de gracia

Moratoria fiscal para las pymes

El plan de 120 cuotas es para deudas en IVA, Ganancias, Bienes Personales y otras obligaciones impositivas. En deudas por aportes a la seguridad, podrá ser de 60 cuotas.

El proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, presentado este martes por el ministro de Economía, Martín Guzman, tiene un capítulo completo con los detalles de cómo será la moratoria fiscal para las pymes. El plan de pagos será para deudas vencidas al 30 de noviembre de este año y las empresas podrán acogerse hasta el 30 de abril del año que viene. Será de 120 cuotas con una tasa de interés de financiación del 3 por ciento durante el primer año. La primera cuota vencerá como máximo en julio del año que viene, por lo que las pymes tendrán 6 meses “de gracia”, tal como había anticipado el presidente, Alberto Fernández.
La medida significa un salvavidas para las pymes, que reclamaban su aplicación desde 2018. En los últimos años, las elevadas tasas de interés, el desplome del consumo y la disparada de costos producto de los tarifazos y la devaluación, implicó un cóctel letal para las pequeñas firmas. Para aliviar a las pymes, la AFIP había lanzado en agosto (gestión de Cambiemos) un plan de pagos de 120 cuotas. La adhesión a este régimen finalizó el 30 de noviembre. Empresarios y expertos en materia impositiva consideran que esta moratoria tiene muchos más beneficios que un plan de pagos.
Los detalles se encuentran en el capítulo 1 de la ley enviada por el Gobierno al Congreso bajo el título “Regularización de obligaciones tributarias”. Implica la condonación de multas que no están firmes para los agentes de retención. Y el perdón del 100 por ciento de los intereses para los trabajadores autónomos. Para las pymes habrá una exención de intereses según diferentes situaciones: para el período 2018 y 2019, la condonación de intereses se hará en los casos en que superan el 10 por ciento del capital adeudado; en 2016 y 2017, el 25 por ciento del capital adeudado; en 2014, el 50 por ciento y en 2013 y anteriores, el 75 por ciento.
Por otro lado, habrá quitas del 15 por ciento en el capital adeudado si el pago se realiza al contado. Cabe aclarar que el plan de 120 cuotas es para deudas en impuestos como el IVA, Ganancias, Bienes Personales o las restantes obligaciones. En el caso de deudas en impuestos como aportes a la seguridad, retenciones o percepciones, el plan podrá ser de 60 cuotas. La moratoria es amplia, dado que permite incluir prácticamente todas las deudas con AFIP, salvo en casos muy concretos, como la ART o el impuesto a los combustibles. La tasa de interés será fija del 3 por ciento mensual para el primer año, y luego será una tasa variable por Badlar. El acogimiento al régimen producirá la suspensión de las acciones penales.
Otra de las aclaraciones que establece la ley es que podrán acogerse entidades civiles sin fines de lucro; en el caso de las pymes, deberán contar con el certificado MiPyMe; los declarados en quiebra y los condenados con sentencia firme no podrán ingresar; se podrán incluir en el régimen la refinanciación de planes de pago vigentes y deudas de planes caducos, como por ejemplo el que lanzó Cambiemos este año tras perder las elecciones primarias en agosto. Es decir, quienes tienen un plan de pagos podrán pasarse a la moratoria, que tiene mayores beneficios.
17 de diciembre de 2019
Trepó 8,6 por ciento en respuesta al anuncio del "dólar turista"

El blue comienza a entrar en calor

La divisa en las cuevas aumentó 5,75 pesos hasta los 72,50 pesos para la venta, mientras que la cotización oficial subió apenas dos centavos a 63,09 pesos.

La aplicación de un impuesto sobre las compras con tarjeta de crédito en moneda extranjera potenció la demanda de la divisa estadounidense en el mercado paralelo. El dólar blue, el que se adquiere en cuevas de las principales arterias comerciales, aumentó 5,75 pesos (8,6 por ciento) hasta los 72,50 pesos para la venta, mientras que la cotización oficial tuvo apenas una corrección de dos centavos a 63,09 pesos. La ampliación de la brecha se debe al valor resultante del “dólar-turista”, producto del impuesto del 30 por ciento que anuncio el gobierno para los consumos en dólares con tarjeta, llevándolo –a precio de hoy—a 82 pesos. La medida oficial busca blindar las reservas el Banco Central, que este lunes finalizaron en 44.223 millones de dólares, con un retroceso de 22 millones de dólares respecto del viernes.
La reacción era la esperada. Para quien tiene que realizar un viaje hacia el exterior, las alternativas para conseguir la moneda son limitadas. El gobierno anterior dejó un límite para compra mensual de moneda extranjera de 200 dólares. La alternativa podría cubrir el resto de los costos con la tarjeta de crédito, pero sobre las extracciones o compras comenzará a regir un impuesto del 30 por ciento. Entonces aumentó la demanda en el paralelo, donde el precio se mantiene por el momento debajo del resultante de la aplicación de gravamen. En este mercado no suele haber un volumen de negocios abultado, pero tampoco eso es necesario para que haya movimientos especulativos de precios.
El envío al Congreso del proyecto para establecer el recargo del 30 por ciento se conoció durante el fin de semana y el precio en las cuevas se ajustó desde temprano en la mañana. Con el salto de este lunes, la brecha se ubica en el 14,9 por ciento, la más alta desde fin de octubre, entre la cotización oficial y el precio en las cuevas financieras. En ese momento la brecha estuvo alimentada por la especulación de que el gobierno de Alberto Fernández dispusiera un desdoblamiento cambiario, una alternativa descartada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aunque el impuesto sea una diferenciación de hecho.
Otras alternativas de dolarización que eluden los límites mensuales establecidos, también se encarecieron. El denominado contado con liquidación, el precio que surge de comprar un bono o acción en pesos para venderlo en el exterior en dólares, aumentó 2,1 pesos (2,9 por ciento) a 76,19 pesos, llevando la brecha respecto del oficial en el segmento mayorista a 27,4 por ciento. La versión doméstica, el dólar MEP o Bolsa –donde la venta se hace en el país- el aumento fue de 3,1 pesos (4,3 por ciento) hasta los 73,37 pesos.
En el mercado mayorista, donde empresas vinculadas al comercio exterior y bancos operan montos de más de un millón de dólares, la divisa operó con cierta calma. Los precios iniciaron la rueda estable y finalizó la jornada “a 59,82 manteniéndose prácticamente sin cambios respecto al cierre previo”, según el Mercado Abierto Electrónico. Por su parte, el Banco Central mantuvo la tasa de la política monetaria sin cambios respecto del cierre del viernes, a 63 por ciento anual. Con ese nivel de tasas de interés, el Cental adjudicó 124.868 millones de pesos, un monto por encima de los vencimientos (123.391 millones), lo que permitió una leve contracción de liquidez de 1476 millones. Un informe de First Capital Group, sobre la base de datos del Central, informó que los depósitos en pesos subieron en noviembre 3,4 por ciento y los nominados en dólares cayeron 3 por ciento.
17 de diciembre de 2019
El Gobierno adelantó que les otorgará una moratoria fiscal

Un salvavidas para las pymes

El plan de facilidades pasará por el Congreso. “Yo le pido a la pyme que no despida, a la vez que le doy ventajas para que su empresa crezca”, apuntó Alberto Fernández.

El Gobierno adelantó que habrá una moratoria fiscal por las “altísimas” deudas que tienen las pymes. “Van a verse muy favorecidas, fundamentalmente en su trato impositivo”, aseguró el presidente, Alberto Fernández, en una entrevista radial el domingo. El plan de facilidades de pago no podrá ser impulsado como una simple resolución de la AFIP, sino que deberá pasar por el Congreso. La moratoria sería una compensación para la pequeña empresa, que podría verse afectada por el decreto de la doble indemnización. “Yo le pido a la pyme que no despida, a la vez que le doy ventajas para que su empresa crezca”, apuntó el mandatario.
El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, brindó más detalles. Adelantó que la moratoria tendrá un período de gracia de entre 4 y 6 meses. “Les vamos a dar tiempo para crecer así después pagan sus obligaciones a la AFIP”, indicó Cafiero en una entrevista concedida al diario La Nación. También el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había hecho referencia a una medida de este tipo, durante el seminario de Techint de la semana pasada. Consultado sobre si seguirían las retenciones a las exportaciones de bienes industriales, Kulfas no lo descartó. De hecho, quedaron confirmadas el sábado con el decreto que modifica derechos de exportación. Pero en cambio, el ministro anticipó que habría un “nuevo paquete de apoyo financiero que permita ir saliendo del ahogo en el que están las empresas".
“Me parecería bien que se aplique, pero también habría que ver qué pasa con las tasas de interés para el financiamiento”, indicó a PáginaI12 Marcelo Fernández, presidente de la Confederación Empresaria de la República Argentina (Cgera). En los últimos años, las elevadas tasas de interés, el desplome del consumo y la disparada de costos producto de los tarifazos y la devaluación implicó un cocktail letal para las pequeñas firmas.
Para aliviar a las pymes, la AFIP durante la gestión de Cambiemos lanzó en agosto un plan de pagos de 120 cuotas. La adhesión a este régimen finalizó el 30 de noviembre. La medida que aún continúa es la suspensión de embargos a pymes hasta el 31 de diciembre. Empresarios y expertos en materia impositiva consideran que una moratoria tiene muchos más beneficios que un plan de pagos.
“A diferencia de un plan de pagos, la moratoria te condona temas penales, lo cual es fundamental para las pymes”, afirmó a PáginaI12 el tributarista Ezequiel Passarelli. La otra ventaja es la menor tasa de interés. “El plan de pagos es impagable”, agregó. Es que la AFIP tiene 6 años de prescripción. Por lo que podría encontrar una deuda de 2013, que actualizada a la fecha se volvería millonaria. Y a eso deberían sumarse los intereses del plan de pagos, que son del 64 por ciento anual. “La moratoria te perdona los intereses y te permite empezar a pagar dentro de los próximos 6 meses, cuando termina el período de gracia”, indicó el contador. Para explicarlo, utilizó el término que acuñó el ex ministro Hernán Lacunza. “Esta moratoria sería un reperfilamiento de las deudas de las pymes”, aseguró. Lo que quedaría por definirse es qué beneficios tendrían quienes pagaron en tiempo y forma. En la moratoria de 2016, la ventaja para “buenos cumplidores” de personas jurídicas y humanas había sido la eximición del pago de bienes personales durante 3 años.
Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), indicó que el plan de facilidades que impulsará el Gobierno es un “alivio”, y será una respuesta a un pedido que las pymes vienen realizando hace más de un año. Las deudas implicaban una “montaña” para las pymes, aseguró. “La moratoria es buena porque saca intereses que muchas veces pueden superar el monto del capital”, indicó a este diario. Según los registros de CAME, las pymes más afectadas en el último tiempo fueron las de calzado, textil y marroquinería.
Sin embargo, Cascales agregó que la moratoria debería estar acompañada con otras medidas. “La carga impositiva es tan abrumadora que las pymes caen en estos atrasos porque no pueden pagar lo corriente”, opinó. Aunque la baja de impuestos ya fue descartada por el Gobierno. Sobre la implementación de la doble indemnización por despidos, dijo que podría impactar en las pymes “más complicadas” porque les costará el doble "achicarse". De todos modos, afirmó: “La pyme es muy raro que despida gente, los puestos de trabajo que se perdieron fueron más por cierres que por despidos”.
16 de diciembre de 2019
Temas de debate: Qué consensuar en el espacio de articulación que propone el gobierno

El Acuerdo Económico y Social

El objetivo es que ayude a estabilizar la economía, pero no puede ni debe acotarse a las políticas sociales de urgencia ni a un acuerdo de precios y salarios sino también abarcar los problemas estructurales

Coordinar expectativas
El Acuerdo Económico y Social fue uno de los ejes en los que Alberto Fernández centró la campaña electoral, concibiéndolo como un componente clave del nuevo programa cuyo objetivo es estabilizar la economía. Por otro lado, la promesa de mantener un dólar competitivo y de lograr la reactivación económica contradicen la idea de utilizar el dólar o algún agregado monetario como ancla nominal para reducir la inflación. Teniendo en cuenta estas limitaciones, surge la alternativa de un acuerdo de precios y salarios como mecanismo para coordinar expectativas y poder concretar tal objetivo.
Típicamente conocida como una política de ingresos, la coordinación de los principales precios de la economía busca reducir los costos de una desinflación en términos de actividad. Además, en un contexto en el cual la economía se encuentra transitando de un régimen de inflación moderada (de entre 20 y 40 por ciento) a uno de inflación alta (más del 50 por ciento), y con acortamiento de contratos, la coordinación pareciera ser una herramienta viable y más fácil de implementar que antes, ya que gran parte de las negociaciones se dan de forma simultánea o se encuentran en un horizonte temporal cercano.
A pesar de no conocerse detalles, desde el inicio de la campaña el gobierno viene manteniendo reuniones con los protagonistas del posible acuerdo: las cámaras empresarias y los sindicatos. Estos dos actores, junto al gobierno, deberán coordinar el movimiento de cuatro precios clave de la economía: salarios, precios, tarifas y dólar. La primera disputa a resolver, será consensuar el punto de partida, teniendo en cuenta en qué nivel se encuentra cada uno de estos precios actualmente y cuál ha sido su evolución reciente.
En materia de salarios, desde abril de 2018 los salarios perdieron alrededor del 15 por ciento su poder de compra (caída que se amplía al 24 por ciento para el caso de los trabajadores informales) siendo uno de los componentes que más se retrasó y que probablemente vaya a ser el sector que oponga más resistencia a aceptar mayores pérdidas. Las tarifas, que además de ser un componente importante de los costos de producción son un determinante del salario real, crecieron por encima de la inflación en la gestión Macri. Sin embargo, desde mitad de este año la postergación de aumentos implicó un incremento del gasto en subsidios, contrariando la prudencia fiscal que exhibió Martin Guzmán en su primera conferencia de prensa, dado que será una carta crucial en la inminente renegociación de la deuda. Respecto al tipo de cambio, existe relativo consenso de que en términos reales se encuentra en un nivel competitivo, pero también en que no hay mucho margen para que se retrase tan rápidamente en un contexto de inflación elevada. Por último, desde el sector empresario también se mostrarán reacios a ceder demasiado, utilizando como argumento el desplome de las ventas y el fuerte incremento de los costos de producción (tarifas, insumos, tasa de interés).
También es indispensable enmarcar el acuerdo en un programa macroeconómico integral y consistente, que permita que el mismo sea sostenible en el tiempo. En otras palabras, para que este resulte creíble y no sea abandonado al poco tiempo de su implementación, será necesario alinearlo con una política fiscal que no ponga en jaque la renegociación de la deuda, una política cambiaria que reduzca la volatilidad del tipo de cambio, pero que no aliente la apreciación cambiaria, y una política monetaria que no bloquee la recuperación económica pero que sea lo suficientemente prudente como para evitar efectos indeseados sobre inflación. Asimismo, el éxito del acuerdo ayudará al desarrollo de las demás políticas tanto aumentando su probabilidad de éxito como reduciendo sus efectos adversos.
Por último, el acuerdo y la política macroeconómica deben permitir vislumbrar una reactivación de la actividad económica en el futuro cercano. Esta permitirá a los diferentes sectores recomponer las pérdidas incurridas en los inicios del acuerdo y facilitará la negociación inicial, dado que en contextos de contracción de la actividad y sin perspectivas de recuperación en el corto plazo, resulta más complejo coordinar perdidas que coordinar ganancias.
* Economistas UBA

¿Para qué un acuerdo?
La Argentina enfrenta un escenario complejo, eso no es una novedad. Las dificultades tienen diversos orígenes y gran transversalidad. La coyuntura muestra volatilidad macroeconómica, aumento del desempleo, caída durante 23 meses consecutivos del salario real, aumento de la pobreza, una delicada situación de las PyMEs, desplome de la producción industrial, etc. Pero es importante ver que los fenómenos que caracterizan a esta coyuntura tienen un fuerte componente estructural.
La idea de buscar un Acuerdo Económico y Social que postula el presidente Alberto Fernández desde la campaña electoral incluye la creación de un Consejo: un espacio amplio y plural que debata un acuerdo de precios y salarios pero también apunte a proponer y resolver el desarrollo. Un espacio de estas características sería fundamental para abordar los desafíos productivos que afronta el país, fundamentalmente aquellos de tipo estructural. Con relativa independencia de la emergencia en materia social y económica, el horizonte debe ser el consensuar un modelo de desarrollo económico a largo plazo. Por eso cualquier intento de Acuerdo Económico y Social no puede ni debe acotarse a las políticas sociales de urgencia ni a un acuerdo de precios y salarios. Atacar la inflación, la pobreza, el hambre y el desempleo, requerirá un abordaje integral con amplia participación de todos los actores de la economía.
Inicialmente, será fundamental detener el deterioro de los ingresos reales. Ello implica alcanzar el control de la inflación que, al menos en la tradición argentina, se encuentra íntimamente ligada a la cuestión cambiaria, y llevar a cabo políticas salariales y de ingresos. Una política exitosa en este sentido permitiría el fortalecimiento del mercado interno y un mayor dinamismo del empleo, que constituye la mejor herramienta de inclusión social en el largo plazo.
Hay dos grandes determinantes del éxito de este acuerdo. Por un lado, la amplitud en la convocatoria y la diversidad de actores intervinientes. Trabajadores, empresarios, movimientos sociales, distintos niveles del Estado, entre otros, deberían conformar un espacio diverso de debate en el que prime la búsqueda de coincidencias sobre las diferencias. La composición tiene que reflejar las heterogeneidades de la Argentina, dándole un verdadero carácter regional que valore especialmente las necesidades de los actores que están por fuera de la zona céntrica del país, un gran asunto pendiente.
El segundo aspecto decisivo es encarar un proyecto que aborde las problemáticas estructurales. En principio esto va de la mano con la restricción externa, especialmente asociada a la gran cantidad de dólares que necesita la Argentina para financiar su crecimiento y que periódicamente genera tensiones cambiarias que tienen impacto en la vida cotidiana de todos. A sabiendas de que es una problemática histórica, se deberá tratar desde un abordaje multidimensional que contemple cuestiones como la competitividad de la producción nacional y la capacidad de canalizar los ingresos hacia el consumo de bienes locales y al ahorro en instrumentos nominados en pesos.
Por otro lado, y muy vinculado con lo anterior, es importante encarar un proyecto de desarrollo industrial. Apuntalar la inversión en ciencia y tecnología, y promover una articulación con el sistema de CyT público, permitirán avanzar en mejoras de productividad y generar las condiciones para mejorar la inserción internacional de los bienes argentinos, lo que también mejoraría el frente externo. En este rubro será fundamental priorizar a los sectores PyME, grandes generadores de empleo y con gran expansión territorial.
Del mismo modo es importante que se aborde un aspecto central y hasta el momento irresuelto en la estrategia argentina de desarrollo: la política energética, tanto desde la perspectiva de su generación como de la cuestión tarifaria. También, y posiblemente implicando el aspecto de mayores desacuerdos del Acuerdo, deberá encararse la cuestión tributaria. Aquí se enfrentarán, por un lado, la necesidad de recursos fiscales para llevar adelante las políticas que permitan dinamizar la economía y mejorar la equidad, con la presión tributaria ya muy elevada y con fuertes elementos regresivos y distorsivos.
Para encarar este proceso, La premisa fundamental es alcanzar consensos, pero basados en objetivos concretos y medibles, que retroalimenten de manera positiva el compromiso de los actores con el Acuerdo. De esta manera, se podrá convertir a este acuerdo social en un espacio de debate y sobre todo acción para un verdadero programa de desarrollo nacional.
16 de diciembre de 2019
Definiciones del presidente del Banco Central

"Podemos pensar en una inflación de un dígito para finales de 2021"

"Cuando se utiliza la emisión monetaria para financiar al Estado hay que ser muy cuidadoso. Debe hacerse solo en situaciones excepcionales y con mucho cuidado", remarcó.

El flamante presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, declaró este domingo que el objetivo es bajar la inflación a un dígito para finales de 2021, al tiempo que destacó la importancia de alcanzar superávit comercial y fiscal y acumulación de reservas "como instrumentos de consolidación macroeconómica". "Podemos pensar en una inflación de un dígito para finales de 2021", sostuvo Pesce.
El funcionario resaltó que el presidente Alberto Fernández "planteó el superávit fiscal, el externo y la acumulación de reservas como instrumentos de consolidación macroeconómica. Sería una muy buena señal de consolidación". Luego agregó que "necesitamos incrementar nuestras exportaciones para poder tener un saldo de balanza comercial que nos permita atender el déficit en servicios. Siempre fuimos deficitarios en el rubro servicios de la balanza de pago, los servicios de deuda y eventualmente en la formación de activos externos".
"Hay mucha esperanza con respecto a lo que va a ocurrir con la exportación de hidrocarburos: petróleo más en el corto plazo; gas, en el largo. Algo que tiene su foco en Vaca Muerta, pero que no es solo ese yacimiento. Si sucede lo que vaticinan las empresas del sector, estaríamos hablando de duplicar las exportaciones de hidrocarburos, y sería ya una cifra interesante de exportación", sostuvo en declaraciones al diario Perfil.
Consultado sobre los adelantos transitorios que el Central podría entregar al Tesoro a lo largo de 2020, dijo que "serán los necesarios para el desempeño del Estado, que se concentrará también en mejorar los niveles de ingreso de la base de la pirámide, lo que alude a aumentos en jubilaciones, la asignación universal por hijo, al proyecto de una tarjeta alimentaria para los sectores más desprotegidos".
"Esperamos que sean los menos posibles pero los necesarios para poder atender las necesidades del Estado y los requerimientos sociales urgentes", subrayó.
El economista -que se desempeñó como vicepresidente de la entidad entre 2004 y 2014- agregó que "no bien se termine la reestructuración de deuda y de definir la cuestión de los planes sociales, vamos a poder ver cuáles son las necesidades con que tiene que asistir el Banco Central al Tesoro. Esperamos que sean las menos posibles, y que estén ajustadas al aumento de la demanda de dinero".
Sobre la gestión anterior, analizó que "pusieron el foco en combatir la inflación a través de instrumentos monetarios, de mantener la base monetaria inalterada y una tasa de interés superlativa, extraordinariamente alta en términos reales. Esto fracasó. Vamos a terminar este año con una de las inflaciones más altas de las últimas décadas".
"El gobierno anterior cometió dos errores: el primero fue creer que era fácil bajar la inflación. El segundo fue suponer que sobraban dólares. Ante procesos así, sostenidos, aparece la inercia inflacionaria y se requiere muchísimo tiempo y muchísima recesión para poder bajar la inflación inercial con tasa de interés u otros instrumentos monetarios", resaltó.
Pesce se refirió a las Leliq: "En la medida en que empieza a expandirse el crédito y de pases contra el Banco Central, el stock de Leliq va a ir bajando. Esperemos que esto vaya sucediendo el año que viene". Señaló que "si bajan las Leliq, va a haber expansión secundaria del dinero por el aumento del crédito, que hoy está constreñido por esa esterilización. Acá hay un problema de demanda de dinero".
"Con una inflación mucho más moderada que la de este año va a aumentar la cantidad de dinero, especialmente si aumenta el consumo de los sectores de más bajos ingresos. Eso va a demandar cierta monetización que puede ser cubierta con lo que se financia del sector público y la expansión por sector externo", expresó. "Pero cuando se utiliza la emisión monetaria para financiar al Estado hay que ser muy cuidadoso. Debe hacerse solo en situaciones excepcionales y con mucho cuidado", concluyó.
13 de diciembre de 2019
Solicitaron un encuentro con el ministro de Agricultura Luis Basterra

La Mesa de Enlace busca frenar un aumento de retenciones

Le presentarán a Basterra una propuesta de reforma tributaria que implique reemplazar las retenciones por el impuesto a las Ganancias.

Las entidades patronales del agro que conforman la Mesa de Enlace buscan evitar que el gobierno le aplique un aumento a los derechos de exportación de los principales cultivos. Con ese objetivo le presentarán al ministro de Agricultura, Luis Basterra, una propuesta de reforma tributaria que implique reemplazar las retenciones por el impuesto a las Ganancias. "No hay lugar para retenciones", aseguró este jueves el presidente de Coninagro, Carlos Iannizotto.
Iannizotto celebró el discurso expresado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su primera conferencia de prensa por su perfil orientado a la producción. "Vemos muy bien (a Guzmán) porque habló de producción, de agenda productiva. Lo vimos muy bien orientado. Indudablemente antes de hablar de impuestos hay que ver las variables macroeconómicas", dijo Iannizotto en declaraciones a Futurock.
El dirigente cooperativista señaló que en el actual contexto de la economía argentina "no hay lugar para retenciones" y destacó: "¡Cómo va a haber lugar si hay una situación de cierre de empresas, no hay créditos y hay una presión tributaria que de cada 100 pesos, 60 van al Estado!”. No obstante, Inannizotto no se mostró confrontativo y se esperanzó con que pronto haya una convocatoria de Basterra para iniciar el diálogo sobre los 14 puntos de debate que le había propuesto la Mesa de Enlace a Alberto Fernández cuando era candidato presidencial meses atrás. Los presidentes de la Sociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales y la Federación Agraria le volverán a acercar esa propuesta integral a Basterra.
El campo pedirá básicamente una reforma tributaria basada en impuestos a la renta, para dejar de lado "herramientas distorsivas" como ingresos brutos, impuesto al cheque, de sellos, a la masa salarial, tasas estadísticas en los insumos importados, entre otros. Proponen un nuevo esquema tributario que incluya incentivos fiscales especiales para los productores de menor escala, PYMEs, economías regionales y situaciones de emergencia.
Sobre las retenciones en particular la Mesa de Enlace propondrá dejar de lado la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo y que vuelva a ser el Congreso quien establezca aranceles y derechos de exportación, tal como lo indica la Constitución. Quieren que se cumpla el final de estos tributos en diciembre de 2020 como plazo máximo, tal la promesa que hizo la gestión de Mauricio Macri. No obstante, fue el propio Macri quien volvió a elevar las retenciones el año pasado luego de prometer que las eliminaría.
Los representantes del agro consideran que los derechos de exportación son un mal impuesto porque no tienen en cuenta la rentabilidad de los productores, desincentivan la inversión y reducen la competitividad de las exportaciones, por lo que impulsan su eliminación para todos los productos.
13 de diciembre de 2019
El último IPC de la era Macri

La inflación de noviembre fue del 4,3%  

La inflación de los últimos doce meses alcanzó a 52,1 por ciento. Este año será el primero desde 1991 que el índice de precios al consumidor supere el 50 por ciento. Las estimaciones para diciembre llegan hasta el 5 por ciento por la tanda de aumentos que autorizó Mauricio Macri antes de dejar el poder. El rubro Alimentos y bebidas fue uno de los que más trepó el mes pasado, con 5,3 por ciento y un acumulado en doce meses de 54,6 por ciento.

Por encima del alza de Alimentos y bebidas, se ubicaron los rubros de Comunicación (7,4 por ciento), Salud (6,3) y Bebidas alcohólicas y tabaco (5,6). El congelamiento de los servicios domiciliarios, en los últimos meses del gobierno de Cambiemos, luego de los drásticos híperaumentos de los últimos años, posibilitó que el índice resultara inferior a lo que marcaba la tendencia de aumentos sin control al cierre de los cuatro años del gobierno saliente. El menor aumento reflejado por los rubros Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,9 por ciento) y en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,5 por ciento), arrastró a la baja el aumento promedio de precios, que sin ese factor hubiera arrojado una inflación mayor al 5 por ciento en noviembre.
Ese resultado hubiera acercado la inflación del último mes de Macri en el gobierno a los mayores valores registrados en su mandato: 6,5 por ciento en septiembre de 2018, y 5,9 por ciento en el mismo mes de este año. Macri concluyó con una inflación interanual que más que duplicó el ritmo de variación de precios que encontró al asumir el gobierno en 2015, incluso en función de los resultados que publicaba la Dirección de Estadísticas de la Ciudad en ese último año del período kirchnerista.
Evaluado por rubro, la inflación en Salud alcanzó este año niveles alarmantes de la mano de la autorización a las empresas que venden medicina prepaga a ajustar prácticamente todos los meses sus cuotas. En noviembre, el índice de precios al consumidor del Indec reflejó un aumento del 6,3 por ciento en Salud, que completa un 63 por ciento en los once meses ya transcurridos de 2019 y el 71,6 por ciento en la comparación interanual (últimos 12 meses).
En el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, el aumento del 5,3 por ciento en noviembre, lleva la suba de los primeros once meses del año al 52,1 por ciento y la de los últimos doce meses, al 54,6 por ciento. Se observa, en la variación por artículo, un fuerte incremento en productos frutihortícolas, carnes rojas y de panadería en noviembre. Por ejemplo, bananas aumentó 48,8 por ciento, tomate redondo 37 por ciento, limón 29,5 y batata 14,6 por ciento en relación a los precios computados por el Indec en octubre. Entre las carnes, asado subió 10,8; cuadril 9,7; nalga 8,6; paleta 8,3 y picada común, 7,2 sólo en el último mes. Además, subuieron fuerte el arroz blanco (8,7 por ciento), galletitas de agua (9,3) y galletitas dulces (5,3) y el pan francés (5,5 por ciento).
La política permisiva del gobierno de Macri con respecto al comportamiento de precios de las empresas dominantes en productos de consumo masivo habilitó el abuso de estas firmas que, en las últimas semanas, aceleraron los incrementos para armarse un colchón de precios en previsión de un eventual congelamiento. El gobierno de Alberto Fernández tiene previsto convocar a empresas, sindicatos y organizaciones sociales a un acuerdo de precios y salarios, del cual no podrá quedar al margen los comportamientos evidenciados en las semanas previas por estas empresas grandes y sus consecuencias sobre los precios al público.
En CABA
El Índice de Precios al Consumidor en la Ciudad de Buenos Aires subió 4% en noviembre y acumuló un incremento de 49% en los doce últimos meses, informó la oficina de Estadística porteña. Los mayores aumentos se verificaron en los reglones de Frutas (26%), Carnes y derivados (5,1) y en menor medida de Pan y cereales (3,9). Por su parte, Transporte registró un incremento de 3,7% y en el rubro Salud se computó una suba del 4,5%, por alzas en los valores de los productos farmacéuticos y en las cuotas de medicina prepaga. En tanto, Recreación y cultura aumentó 4%, debido fundamentalmente a la suba en el abono del servicio de televisión por cable y satelital; Restaurantes y hoteles avanzó 4,1%.
El informe de la Dirección de Estadísticas porteño destaca que el rubro Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles aminoró su ritmo de suba, hasta 41,5% interanual, fundamentalmente por la postergación de ajustes en las tarifas dispuestos por el gobierno nacional.
12 de diciembre de 2019
Hay 1,2 billones de pesos que no irán a los acreedores en 2020 y financiarán la reactivación

La plata de la deuda para encender la economía

Sin espacio para aumentar el gasto público, sin emisión monetaria, la principal caja para generar políticas de expansión será la reorientación de los fondos que estaban previstos para cancelar vencimientos.

Como si fuera un GPS, el nuevo ministro de Economía, Martín Guzmán, mostró a grandes trazos el camino para revertir la delicada situación económica que dejó Mauricio Macri. Dijo que una de las rutas que podría tomar, la de la emisión monetaria, en realidad es una trampa que llevaría a la desestabilización general de las principales variables. También fue enfático en que no hay espacio para generar impulso fiscal, porque el mapa heredado no ofrece ninguna avenida ni tampoco calle ancha, sino apenas un pasaje que se estrecha por la propia recesión. Además, sostuvo que para lograr consistencia en el viaje hay que tender a conseguir superávit primario (que los ingresos del Estado superen a los gastos, sin contar los pagos de deuda). Guzmán también dijo, sin embargo, que el principal objetivo en materia macroeconómica es dejar de caer, y confirmó que habrá aumentos de emergencia para jubilaciones y asignaciones. Sin shock de emisión ni suba del gasto público, el atajo para llegar a destino será reorientar los 1,2 billones de pesos que actualmente están previstos para cancelar vencimientos en 2020. Esa será la principal caja para financiar a empresas y familias, mejorar los ingresos populares y empezar a encender la economía.
Guzmán no lo dijo expresamente en la conferencia de prensa que inauguró su gestión, pero fuentes oficiales lo anticiparon a este diario. Lo que si remarcó el ministro es que la renegociación de la deuda es fundamental para darle consistencia a un plan económico integral. Es clave no solo porque Argentina no está en condiciones de cumplir sus compromisos, como coincide todo el arco de economístas y admitía hasta el ex ministro de Cambiemos, Hernán Lacunza. La negociación con los acreedores también es esencial por este otro motivo: se necesita liberar recursos para apalancar políticas que rescaten a la producción y al mercado interno. Buena parte del margen de maniobra del año que viene surgirá de lo que se logre en esa mesa con los tenedores de bonos. El proyecto de Presupuesto para 2020 que había presentado el gobierno anterior destinaba el 19,3 por ciento de las partidas a los pagos de deuda pública. Cuando Macri había empezado su gestión en 2015, la carga era equivalente al 5 por ciento de las partidas. Es decir que en cuatro años cuadruplicó el volumen de intereses a pagar por el brutal endeudamiento que le generó al Estado. Sobre gastos totales estimados en 6,2 billones de pesos, para deuda pública estaban previstos 1,2 billones. Guzmán pretende no gastar nada de eso el año que viene y repetir el escenario en 2021. Esa fuente de financiamiento indirecta pactada con los bonistas sería la más importante en el arranque del programa económico.
Quedan otras dos que el ministro no mencionó, pero que también aparecen en el radar. La primera es incrementar la recaudación fiscal con nuevas cargas de retenciones a las exportaciones, tanto del complejo agropecuario como de la minería, bajando las de la industria. También se analiza aumentar los ingresos por Bienes Personales, gravar las ganancias extraordinarias de los bancos y a quienes blanqueron y dejaron el dinero fuera del país. Finalmente, la última es una reasignación de partidas con una orientación pogresiva del gasto público. En lo inmediato, el GPS manda a rescatar la plata que era para la deuda.
12 de diciembre de 2019
El ministro de Economía anticipó las bases para el nuevo modelo
Martín Guzmán: "Venimos a resolver el virtual default"

En su debut, el ministro de Economía anticipó que habrá medidas para sectores vulnerables a través de una ley y contó en qué punto está la negociación con el FMI y los acreedores privados.

Cambios en las prioridades y nuevos instrumentos económicos para intentar revertir la profunda crisis que atraviesa el país. Martín Guzmán presentó el miércoles los lineamientos generales para lo que será su gestión al frente del Ministerio de Economía. El flamante funcionario anticipó el envío de un proyecto de ley con medidas de protección para la población más vulnerable, la creación de una unidad especial para hacerse cargo del proceso de renegociación de la deuda y la puesta en marcha de una comisión conformada por ex secretarios de Finanzas que lo asesorará. “No tenemos una propuesta rimbombante. Venimos a resolver el problema de virtual default que dejó la administración anterior”, lanzó Guzmán al precisar que las conversaciones con fondos de inversión y el Fondo Monetario Internacional ya comenzaron. "Las decisiones las vamos a tomar nosotros. Este programa es nuestro", sentenció al marcar un quiebre con el vínculo subordinado que mantuvo el gobierno saliente con el FMI. El economista, que no abundó en precisiones sobre los plazos para las negociaciones ni las medidas paliativas, confirmó que Argentina conservará el esquema de restricciones para la compra de moneda extranjera. “Para que la economía se lo pueda sacar de encima, se tiene que tranquilizar”, graficó al referirse al cepo cambiario.
Durante una conferencia de prensa, Guzmán desestimó la continuidad del programa de austeridad vigente y anticipó mejoras en el nivel de ingreso de los jubilados, uno de los sectores más afectados por la crisis. El titular del Palacio de Hacienda, sin embargo, hizo hincapié en el limitado espacio con el que contará el gobierno de Alberto Fernández para impulsar la actividad a través de la expansión del gasto y la inversión. Con esa fórmula, el ministro descartó la implementación de un “ajuste brutal” sin descuidar la obsesión de los acreedores privados y multilaterales con la obtención de un resultado fiscal primario superavitario. Destacó además la necesidad de contar con un excedente de dólares por el frente comercial.
“Venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. Estamos en una situación de fragilidad extrema navegando por un fino corredor. Armamos un programa para frenar la caída dadas las restricciones que enfrentamos”, graficó el economista, quien como señaló el Presidente sostuvo que “para poder pagar hay que tener capacidad de pago y para eso la economía se tiene que recuperar”.

Pagar la deuda
“No queremos tener una posición de confrontación para resolver la situación de virtual default en la que se encuentra el país”, lanzó Guzmán al retomar los lineamientos ofrecidos por el presidente durante su intervención ante la Asamblea Legislativa. “Hay consultas con bonistas privados en marcha”, precisó el ministro, quien no hizo referencia a las urgencias financieras que experimentan las jurisdicciones subnacionales como la provincia de Buenos Aires y el municipio de Rio Cuarto.
Las negociaciones con los acreedores privados quedarán en manos de un área denominada Unidad Especial para la Gestión de la Sostenibilidad de la Deuda, que contará con la colaboración de la comisión asesora de ex funcionarios del área. “Esto no es sobre la base de una disputa sino una relación constructiva con todos los acreedores. Tenemos que tranquilizar a la economía y propiciar su recuperación. Tenemos que definir senderos de superávit fiscales primarios y resultados comerciales que sean consistentes con la estructura de deuda modificada”, sostuvo el funcionario, que eludió de ese modo referirse al tema con conceptos como “reestructuración”, “reperfilamiento” o “renegociación”.
El economista aprovechó la conferencia para desmarcarse de los lineamientos para la negociación que presentó a fines de noviembre, cuando todavía se desempeñaba como investigador durante una conferencia organizada en Suiza por la agencia para el desarrollo económico de la ONU. Entonces, Guzmán planteó como escenario posible reducir a cero los pagos de intereses y capital de la deuda entre 2020 y 2021 con el objetivo de recuperar margen de maniobra para volver a crecer y así garantizar la capacidad de repago a los acreedores.
“La presentación en Ginebra no tiene por qué representar mi posición como ministro. Es una presentación académica. No tomaría nada de eso como referencia a lo que vamos a hacer”, expresó Guzmán al señalar que “no vamos a permitir dilatar el problema e ir sobre una dinámica desestabilizante de más recesión y más deuda. Esa es la brújula”.

FMI
Con el FMI las conversaciones bilaterales iniciaron antes de que el funcionario fuera confirmado en su cargo el viernes pasado. Antes de regresar de manera permanente a la Argentina tras once años en Estados Unidos, el economista se reunió con la mandamás del Fondo, Kristalina Georgieva. "El FMI reconoció el fracaso del programa anterior”, reveló Guzmán al reiterar que “no contamos con el financiamiento para que haya expansión fiscal”. Al referirse a los más de 12.000 millones de dólares del acuerdo que restan por desembolsarse, el ministro reiteró que “no tiene sentido recibir más desembolsos del FMI a efectos de servir la deuda en una situación como la actual. Hay evidente insostenibilidad con la deuda pública”. No obstante, dejó abierta la puerta al mencionar que “si el FMI tuviera otra posición y prestara para hacer obras que mejoren la capacidad productiva y financiar el desarrollo sostenible estaríamos hablando de otra historia y los fondos serían bienvenidos”.

Vulnerables
El paquete de medidas para “lidiar y proteger a la población más vulnerable y reestablecer condiciones para frenar la caída” será remitido al Congreso en los próximos días. El proyecto de ley se denominará de solidaridad y reactivación productiva. El equipo de Guzmán que lo acompañó ayer durante la conferencia trabaja junto con la Jefatura de Gabinete, carteras como Desarrollo Productivo y Desarrollo Social, y organismos como la Anses, en los detalles de la iniciativa que el nuevo oficialismo pretende validar durante las sesiones extraordinarias.
“Lo que se ha hecho durante el Gobierno de Macri con las jubilaciones es inaceptable y muy grave. En el único año que la economía creció se decidió cambiar la ley (de movilidad) para no compartir los frutos con las jubiladas y jubilados”, expresó el ministro en el único anticipo que ofreció sobre las medidas bajo elaboración. “Fue una apuesta irresponsable”, definió el economista al cuestionar las políticas implementadas durante la gestión de Cambiemos, a las que definió como “un modelo que fracasó, en cada lugar donde se implementó generó más vulnerabilidad”.
10 de diciembre de 2019
Las medidas que planea el próximo Banco Central

Bajará la tasa, pero será gradual

La medida no redundará en un impulso a la inversión, la exportación o la innovación sino en un alivio para que las empresas recuperen capital de trabajo.

La nueva conducción del Banco Central entiende que no será necesario un recorte abrupto en las tasas de interés para comenzar a movilizar el crédito. Una “baja moderada” en el costo del financiamiento será definida en lo inmediato por el directorio de la autoridad monetaria que desde el martes encabezará Miguel Pesce. El relajamiento inicial en las tasas será accesorio a la mejora en la demanda interna que, en la visión de las próximas autoridades del BCRA, constituye el factor determinante para movilizar el crédito. La medida, reconocen, no redundará en un impulso a la inversión, la exportación o la innovación sino en un alivio para que las empresas empiecen a recuperar acceso al capital de trabajo. El relanzamiento de las líneas de crédito para la inversión productiva que fueron desarticuladas por el gobierno saliente hasta su eliminación definitiva en 2018 estará sujeto a la negociación del acuerdo económico y social que convocará el presidente electo Alberto Fernández.
La tasa de interés de referencia que heredará la gestión a cargo de Pesce asciende al 63 por ciento. Los elevados niveles de tasas –nominales y reales- conformaron uno de los elementos centrales del fallido programa de ahogo monetario con el que el trio de banqueros centrales cambiemitas compuesto por Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris intentó controlar la inflación. Los valores máximos se registraron en septiembre después de las PASO cuando la conducción del BCRA elevó hasta 86 por ciento el rendimiento de sus letras de liquidez. Las tasas para el instrumento de corto plazo que funciona como referencia para el sistema financiero local exhibieron un promedio que superó el 70 por ciento hasta las elecciones. A partir de entonces, con el endurecimiento de las restricciones para la compra de dólares (mecanismo que continuará vigente), la autoridad monetaria comenzó a reducir las tasas hasta el 63 por ciento vigente.
Una de las primeras medidas que tomará la nueva conducción del BCRA será acelerar el recorte aunque advierten que el factor determinante para reactivar el crédito será la demanda interna. “No hay que esperar movimientos violentos de la tasa sino una baja moderada que ofrezca algún alivio para financiar capital de trabajo a través de instrumentos extendidos como el descuento de cheques que representan una urgencia de las empresas afectadas por la crisis. El recorte en las tasas acompañará la mejora en las expectativas de la demanda que es el factor determinante para la expansión del crédito”, explican entre quienes se preparan para conducir el BCRA.
Entre los directores que acompañarán Pesce en el BCRA reconocen que, más allá del alivio inicial, pretenden poner en marcha un programa de financiamiento para la inversión productiva similar al implementado en 2012. Entonces, la conducción de la autoridad estableció que los bancos debían prestar al menos una porción equivalente al 5 por ciento de sus depósitos privados en créditos de mediano y largo plazo para inversiones.
Los banqueros privados consideran inevitable la implementación de un programa de esas características pero quienes ocuparán a partir del martes las oficinas del segundo piso de Reconquista 266 enfatizan que la iniciativa será parte de las negociaciones del acuerdo económico y social. La mejora en las condiciones de acceso al crédito –plazos y tasas- será uno de los instrumentos que llevará el gobierno a la mesa de negociación en la cual se pretende alcanzar un acuerdo de precios y salarios que permita poner un el freno a la escalada inflacionaria.
Antes de asumir como banquero central Pesce visitó el lunes al presidente saliente de la entidad, Guido Sandleris. Desde el BCRA describieron al breve encuentro entre los dos economistas como una “reunión cordial donde se repasaron cuestiones fundamentales de la entidad”. El menguado nivel de reservas internacionales, la marcha del financiamiento al Tesoro a través de los adelantos transitorios, la dinámica macroeconómica y algunos aspectos determinantes para el funcionamiento interno del banco fueron los ejes de la reunión que mantuvieron los banqueros centrales.
09 de diciembre de 2019
El último beneficio de Mauricio Macri a las prepagas: les baja los aportes patronales

A un día de dejar el poder, el Presidente le da un nuevo guiño a las empresas, que obtendrán un aumento del 60% de sus cuotas en lo que va del año.

El Gobierno dispuso este lunes incluirle a las empresas de medicina prepaga y mutuales de salud la reducción de las contribuciones patronales que ya rigen para el resto de las entidades del sector, con destino a la seguridad social. La decisión se tomó por medio de un decreto del Ministerio de Salud y Desarrollo Social, publicado este lunes en el Boletín Oficial.
El Poder Ejecutivo justificó esta medida al señalar que "en razón de la situación crítica y de emergencia sanitaria que obstaculiza el debido cumplimiento de las obligaciones impositivas y de la seguridad social, resulta necesario incluir en los alcances de la medida a los sujetos que desarrollen como actividad principal servicios de seguros de salud (incluye medicina prepaga y mutuales de salud) y servicios de asociaciones".
En octubre último, por medio de otro decreto, la Casa Rosada elevó de 7.003,68 a 17.509,20 pesos -retroactivo al primero de agosto- el mínimo no imponible salarial por trabajador del sector de salud; así, las empresas pagan las contribuciones sobre el excedente salarial de ese último monto. Este valor aumenta y se actualiza anualmente por el Indice de Precios al Consumidor que mide el INDEC, hasta diciembre de 2021.
Ese beneficio incluyó a los servicios de hospitales, los de atención ambulatoria realizados por médicos y odontólogos, de prácticas de diagnóstico y tratamiento, servicios integrados de consulta, diagnóstico y tratamiento, servicios de emergencias y traslados y otros relacionados con la salud humana y a las obras sociales, de acuerdo con el texto oficial.
Ahora, con el decreto publicado este lunes, el Gobierno extendió a "Servicios de seguros de salud- incluye medicina prepaga y mutuales de salud" la mayor reducción de las contribuciones patronales. Otros sectores que tienen este beneficio son el textil y el de calzado y marroquinería, entre otros.
04 de diciembre de 2019
Un estudio internacional sobre conocimiento financiero de la población

Argentinos ignorantes en finanzas y expertos en inflación

En la Argentina, la principal forma de ahorro es guardar los dólares en casa. El conocimiento de los argentinos sobre inflación supera largamente al de los países centrales, pero está entre los peores en reconocimiento de formas de financiamiento e instrumentos financieros alternativos de inversión.

Sólo el 24 por ciento de los argentinos reconoció haber ahorrado en el último año y la forma de ahorro principal es debajo del colchón, pese a que pasaron casi dos décadas del corralito. A pesar del aumento en la morosidad de las familias , menos de la mitad sabe lo que es refinanciar el saldo de una tarjeta de crédito. Argentina está entre los peores puestos a nivel internacional en conocimientos financieros. En el único punto que encabeza es en el saber sobre la definición de inflación y el cálculo del poder adquisitivo.
Así se desprende de un documento difundido por el Ministerio de Hacienda de la Nación, titulado “Plan Nacional de Educación Financiera”, que tiene como objetivo mejorar los conocimientos financieros de las personas y las empresas para acceder o utilizar servicios financieros. La difusión del informe se realiza en un contexto de sobreendeudamiento de las familias e imposibilidad de financiamiento para las empresas, con los niveles de tasas de interés más elevados del mundo.

Ahorro al colchón
El informe presenta un diagnóstico de la educación financiera en Argentina. En cuanto al ahorro, el comportamiento financiero es muy negativo con respecto a los demás países. Sólo el 24 por ciento de los argentinos encuestados dijo haber ahorrado en los últimos 12 meses. El promedio de los países del G20 fue del 64 por ciento, en México del 53 por ciento, y en Brasil del 30 por ciento. La encuesta la realizó en 2017 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y consideró los mecanismos de ahorro formales e informales. El mismo año, un trabajo del Banco Central informó que el 29 por ciento de los argentinos declaró haber ahorrado en los 12 meses previos. La cifra presenta grandes variaciones según nivel socioeconómico, ya que la mitad de las personas del nivel ABC1 (clases altas) declaró haber podido ahorrar.
Entre los que declararon haber podido ahorrar, la forma de ahorro principal, en un 58 por ciento, fue en el hogar, ya sea en una alcancía o debajo del colchón. Le siguió en un 37 por ciento el ahorro a través de dejar el dinero en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Sólo un 12 por ciento lo hizo en moneda extranjera y en último lugar, con un 2 por ciento, a través de productos de inversión. Desagregada, la proporción de ahorro en el colchón no presenta casi variaciones entre distintos niveles socioeconómicos: lo hizo en un 62 por ciento el nivel ABC1, correspondiente a clases altas y medias, y en un 63 por ciento el nivel D1, correspondiente a clases bajas.
Los datos corresponden al 2017 y se difunden a 18 años de la implementación del traumático corralito, el 3 de diciembre de 2001. Analistas consideran que será difícil recuperar la confianza en un contexto en el que el Gobierno termina su mandato con un reperfilamiento de títulos en pesos, que sólo impacta al sector privado , ya que las provincias fueron excluidas.
En la actualidad, los instrumentos de ahorro son limitados: con el llamado “súper cepo”, el Banco Central permite comprar 200 dólares por mes, y las tasas de interés de plazo fijo se encuentran por debajo de la inflación. Si bien el 73 por ciento de los encuestados tienen conocimiento del plazo fijo, un mecanismo tradicional de ahorro, no ocurre lo mismo con herramientas más sofisticadas, como inversiones en títulos públicos o fondos comunes de inversión.
En cuanto a los productos financieros, sólo 8 son conocidos por más del 50 por ciento de los encuestados: se trata de las tarjetas, los depósitos, las cuotas y los plazos fijo. Sin embargo, menos de la mitad (46 por ciento) escuchó hablar sobre el financiamiento de los saldos con tarjeta de crédito. Esto representa un problema, ya que la morosidad en este aspecto se duplicó en 4 años.
En el comparativo internacional del índice de educación financiera desarrollado por el Banco Central y por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Argentina está en el puesto 37 de 39 países. De todas formas, en materia de conocimiento sobre inflación, somos los campeones mundiales. El 91 por ciento tiene conocimientos sobre la definición de inflación, mientras que en el promedio de los países del G20 es del 77 por ciento. Algo similar ocurre con el cálculo del poder adquisitivo: el 69 por ciento de los argentinos tiene este conocimiento, mientras que en los países del G20 es del 53 por ciento. Este año, la inflación interanual alcanzará el 55 por ciento y se transformará en la cifra más alta desde 1991.

Banqueros y educadores
El objetivo del programa de educación financiera es aumentar la confianza en el sistema financiero formal y mejorar los hábitos de planificación financiera. Establece acciones para llevarse adelante desde este año y hasta 2023. Una de ellas es incorporar contenido de educación financiera en la currícula de escuelas secundarias, a través del Ministerio de Educación. Esto traerá una polémica acerca de qué y cómo se enseñará, y cuál será el rol de los sectores privados financieros en la educación de las aulas. De hecho, el documento detalla todos los organismos locales e internacionales que participaron en el armado, desde la Anses hasta la OCDE. Además, reconoce que participó el sector privado con “importantes contribuciones y comentarios”. Entre las empresas participantes se encuentran Prisma, Mastercard y asociaciones bancarias como ABA y ADEBA.
03 de diciembre de 2019
El Gobierno reconoció que desconocía la suba de aranceles

"Fue inesperado, no tuvimos ninguna señal"

Dante Sica, ministro de Producción, y el canciller Jorge Faurie se reunieron de urgencia para intentar obtener más información. La medida afecta exportaciones por 700 millones de dólares.

El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de volver a imponer aranceles para las exportaciones de acero y aluminio tomó por sorpresa al gobierno argentino y al brasileño. El ministro de Producción, Dante Sica, aseguró que el anuncio fue “inesperado” y que activaron todos los canales de diálogo para obtener alguna precisión de la medida, ya que no hubo ningún comunicado formal más allá del mensaje de Trump en Twitter. Por su parte, Jair Bolsonaro aseguró que tiene “un canal abierto” con Trump, por lo que si considera necesario lo llamará telefónicamente para intentar volver atrás sobre la medida.
"Fue un tema inesperado, no existía ninguna señal ni hacia nuestro gobierno, ni hacia el de Brasil, ni al sector privado, respecto a cambios en el acuerdo con Estados Unidos", aseguró Sica en declaraciones a la agencia estatal Télam. El ministro de Producción y Trabajo se mostró sorprendido por la decisión del presidente de restaurar los aranceles, cuando en mayo del año pasado el gobierno norteamericano había exceptuado a la Argentina en la medida.
Una vez conocido el mensaje de Trump en su cuenta de Twitter, Sica se reunió con Jorge Faurie, ministro de Relaciones Exteriores, para analizar el curso de acción. La primera medida que tomaron fue solicitar entrevistas con sus pares de Estados Unidos y con el embajador Fernando Oris de Roa. "Estamos activando todos nuestros contactos en Washington para tener alguna precisión más. No sabemos cuál es la magnitud de esa declaración ni cómo impacta en los acuerdos vigentes", aseguró Sica.
Las nuevas reglas de juego tienen un impacto económico en las condiciones comerciales, dado que las exportaciones de acero y aluminio alcanzaron los 700 millones de dólares anuales en 2018, según cifras provistas por el Ministerio de Producción y Trabajo. Y en lo que va de 2019 las ventas superaron los 500 millones de dólares. “El sector privado está en ascuas con respecto a esto y ya empezó a evaluar el impacto sobre niveles de producción, a la vez que activaron sus contactos internacionales con las cámaras representativas”, agregó el ministro, en sus últimos días al frente de la cartera económica.
Además, las autoridades del Ministerio de Producción llevan a cabo gestiones con el gobierno brasileño para definir "una posición y acciones conjuntas", según comunicaron desde la Secretaría de Comercio Exterior. A su vez, contactaron a referentes del sector privado para trabajar sobre el impacto que podría ocasionar esto en las exportaciones. José Urtubey, empresario de la Unión Industrial Argentina, dijo en declaraciones radiales que esto perjudica a la industria local. Exigió a las autoridades económicas "repensar" y "reflexionar" sobre cómo funciona la economía global y criticó al gobierno saliente por su impronta de liberalizar el mercado a los productos importados.
Por su parte, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, intentó mostrar tranquilidad. Adelantó que abordará el asunto con su ministro de Economía, Paulo Guedes, antes de dar una respuesta oficial. “Si es necesario, llamaré a Trump, tengo un canal abierto con él”, agregó en conversación con periodistas en el Palacio da Alvorada, la residencia presidencial en Brasilia. Más tarde, en una entrevista radial, dijo que no considera la decisión como una "represalia" y adelantó que buscará hablar con Trump para que "no penalice a Brasil". Cree que "casi seguro" el mandatario estadounidense escuchará su solicitud, según publica el diario Folha de San Pablo.
Trump justificó su decisión al asegurar que las devaluaciones del peso y del real afectan negativamente la competitividad de los agricultores y fabricantes de Estados Unidos. En Brasil, el real se devaluó 9,45 por ciento desde el inicio del año, y luego 5,7 por ciento en noviembre. En Argentina, la mayor devaluación durante 2019 se dio después de las elecciones primarias de agosto, cuando el dólar saltó más de 30 por ciento, al pasar de 45 a 60 pesos.

¿Amigos?
Desde Estados Unidos también se expresaron acerca de la medida arancelaria. "Incluso nuestros amigos y mejores aliados tienen que vivir con las mismas reglas", aseguró Wilbur Ross, secretario de comercio estadounidense durante una entrevista en Fox Business. El funcionario fue consultado por la causa de la decisión, dado que Bolsonaro es un gran promotor y aliado de Trump. "Lo que le preocupaba a Trump es la devaluación de la moneda brasilera, es un factor a tener en cuenta, porque a menor tipo de cambio, los productos que ingresan son más baratos, algo teníamos que hacer", respondió.
Los patentamientos cayeron 35,5 por ciento en noviembre

Derrumbe de la venta de autos

El cierre del mandato de Mauricio Macri marca el peor año para las ventas de vehículos cero kilómetro desde 2005. En noviembre se patentaron 25.624 unidades, lo cual implica una caída del 35,5 por ciento en la comparación interanual. En once meses, la merma acumulada es del 43,4 por ciento frente al mismo período del 2018, mientras que la comparación con once meses de 2015 arroja una caída del 28 por ciento. El resultado automotor se explica por el fuerte encarecimiento de los vehículos, ligados a la cotización del dólar, junto a las altas tasas de interés que restringen la posibilidad del financiamiento, mientras los salarios corren por detrás a la inflación y hay fuerte incertidumbre económica general que hace postergar decisiones de gasto en bienes durables. "Las cifras de noviembre muestran que el mercado profundiza la caída, por eso necesitamos en forma urgente medidas para cambiar el rumbo de nuestro sector”, dijo Ricardo Salomé, presidente de Acara, que reúne a los concesionarios. En tanto, Rubén Beato, secretario general de la entidad, completó indicando que "venimos de un año muy difícil, en el que a la caída sostenida de la demanda se ha sumado la voracidad fiscal de algunos distritos, que incluso nos han obligado a tributar fuera de lo que establece el nuevo Código Civil de la Nación. El caso de la provincia de Buenos Aires es el más grave". Los empresarios contradicen el discurso oficial, que pondera un supuesto alivio fiscal desplegado en estos años. Entre enero y noviembre se patentaron 438.230 unidades en el mercado local. El dato queda muy por debajo de la marca de los últimos años. Durante la gestión de Macri, entre enero y noviembre de 2016 se patentaron 669.345 unidades; en 2017, 853.404 y en 2018: 774.715 unidades. Durante el segundo mandato de CFK, se patentaron 803.622 unidades en once meses de 2012; 904.707 en 2013; 656.602 en 2014 y 611.051 en 2015. En 2009, año afectado por el estallido de la peor crisis económica global desde el crack de Wall Street en 1929, el mercado argentino patentó 491.602 unidades. Es necesario retrotraerse hasta 2005 para encontrar un número menor al nivel de las ventas actuales.
La marca de mayor participación en el mercado local en lo que va del año es Volkswagen, con 66.189 unidades, el 15,4 por ciento de la plaza. La caída interanual de las ventas de la marca alemana es del 42,3 por ciento. Volkswagen vendió en el mismo período de 2011 un total de 165.226 unidades en el mercado local, 2,5 veces el volumen actual de ventas. En el caso de Chevrolet, las ventas entre enero y noviembre acumulan 48.225 unidades, una caída interanual del 50,7 por ciento. Si se compara frente a 2011, la merma es del 62,5 por ciento (127.809 unidades). Para Renault, las ventas entre enero y noviembre acumulan 60.737 unidades, una caída interanual del 44,7 por ciento, similar a la baja frente a 2011.
El fuerte retroceso del mercado interno de autos explica las suspensiones masivas y decisiones de discontinuar inversiones por parte de las empresas automotrices y los despidos y cierres de firmas autopartistas. El panorama es aun más complejo por la decisión política del gobierno de Brasil de avanzar en la liberalización comercial y reducir la protección arancelaria del Mercosur frente a países extrazona, esquema que es clave para el sector automotor.
Distinto es el caso de Toyota, que este año acumula ventas por 62.014 unidades, una baja del 30,4 por ciento frente al mismo período de 2018. Pero en 2011, la marca japonesa vendía en el país 35.230 unidades. El crecimiento tendencial se explica porque arrancó de un piso muy bajo y ganó mucha participación de mercado gracias a la buena aceptación de la pick up Hilux y los autos, Corolla y Etios. De hecho, Toyota es una de las automotrices menos afectadas por las suspensiones de personal.
02 de diciembre de 2019
Informe del grupo Pharos sobre la situación en el conurbano

La crisis alimentaria que deja Vidal

Un estudio realizado para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires revela que familias que eran de clase media hoy piden comida, que en los comedores aumentó la presencia de adultos mayores y que emergieron enfermedades por falta de vacunas y patologías que se creían erradicadas.

Un estudio cualitativo realizado por el Grupo Pharos para la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires consultando a referentes sociales y funcionarios de varios municipios del conurbano sobre la situación alimentaria de la población revela que "familias que nunca habían pedido comida hoy sí lo hacen" y "que se trata de una problemática que afecta a miembros de una clase media incipiente que en los últimos años dejó de serlo o que cayeron en la pobreza". El trabajo, para el que se hicieron entrevistas en los partidos de Almirante Brown, General San Martín, Moreno, Hurlingham, Lomas de Zamora y Florencio Varela, concluye que "los merenderos y comedores, donde antes era habitual la asistencia de jóvenes de hasta 16 o 17 años, hoy también reciben a personas de la tercera edad, abuelos y padres de familia" y que para muchas de las personas que allí acuden el alimento que reciben "es la única ingesta alimenticia del día".
De la muestra surge también que la crisis y los problemas alimenticios se agravan en el caso de los niños, lo cual queda en evidencia porque "los centros de salud están registrando menores con bajo peso y se ha incrementado el nivel de ausentismo escolar, ya que los padres no mandan a sus hijos a la escuela por carecer de zapatillas, ropa, útiles escolares, entre otros elementos indispensables".
La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que busca garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos y su titular es el abogado Guido Lorenzino.
Como parte de su tarea, la entidad realizó un relevamiento para conocer de primera mano el impacto de la problemática en la alimentación y la salud de los sectores más vulnerables, construyendo un mapa de la crisis desde la óptica de los comedores, las organizaciones sociales y los técnicos de los municipios. El propósito fue "conocer las percepciones de los referentes comunitarios y los funcionarios locales respecto de la situación alimentaria que atraviesan las familias del Conurbano, especialmente las que concurren a las áreas sociales, comedores o merenderos" y poner de manifiesto "las estrategias que se llevan adelante para resolver esta problemática".
De acuerdo a la información recogida por la Defensoría, los municipios afirman que los pedidos de alimentos se fueron incrementando desde diciembre de 2015 y "actualmente están al punto límite para atender a las familias debido a la explosión de la demanda desde abril de 2018". Los consultados coinciden en que no sólo aumentó el número de merenderos y comedores, sino que también confirman el dato de que hay más gente solicitando asistencia alimentaria.
La investigación revela además que "los graves problemas relacionados al acceso a la alimentación golpean directamente a la salud de la población, que está muy deteriorada producto de que emergieron enfermedades por falta de vacunas, además de observarse el surgimiento de patologías y enfermedades que se creían erradicadas".
Otro de los datos que surgen del estudio es que las familias han modificado sus hábitos alimentarios y, entre otros rubros, se ha disminuido significativamente el consumo de carne. El trabajo refleja además que "se redujo de forma preocupante el consumo de leche, mientras aumentó muchísimo la ingesta de harinas" produciendo obesidad en niños por no tener una dieta equilibrada. A lo anterior se agrega que las proteínas fueron sustituidas por arroz o fideos, llegando al extremo de que "las madres dejan de comer para priorizar el alimento de sus hijos".
Las penurias materiales tienen también consecuencias en lo psicológico. El informe de la Defensoría de Buenos Aires expresa que existe preocupación en las familias "por no encontrar alternativas laborales y los hombres y mujeres se sienten muy castigados y cohibidos". Al repasar los dichos de los entrevistados se rescata que "la vergüenza es el sentimiento más mencionado cuando se describe el estado en el que llegan los grupos familiares a los comedores".
Existen no obstante ámbitos de resistencia y solidaridad que asoman para intentar salir de la crisis. Es así que las familias se reúnen para compartir alimentos cuando no abren los comedores y, entre otras iniciativas, organizan trueques de servicios por alimentos.
El mismo estudio resalta además la reaparición del "cirujeo" en el que están involucrados muchos niños y jóvenes y el resurgimiento del llamado "tren blanco" para llegar hasta la ciudad de Buenos Aires en busca de alimentos o desechos que puedan aportar algún recurso económico. También existen ollas populares, acampes y diferentes modalidades de trueque que tienen por objetivo final conseguir alimentos.
Con este escenario y como resultado de las políticas adoptadas por el gobierno nacional y provincial, el mayor peso para atender a la crisis recayó sobre los municipios que tuvieron que responder ante la demanda de alimentos.
Ante la situación Guido Lorenzino afirmó que “se necesita un gran acuerdo de todos los sectores, el Estado, las cámaras empresarias, las organizaciones sociales y de la economía popular, los sindicatos y la Iglesia para generar políticas públicas que permitan el acceso universal a los alimentos".
02 de diciembre de 2019
Lo comunicó a través de Twitter y afirmó que será aplicado "con vigencia inmediata"

Trump vuelve a arancelar la importación de aluminio y acero de Argentina y Brasil

Estados Unidos volverá a aplicar aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de la Argentina y Brasil debido a la “masiva devaluación de sus monedas”, según anunció el presidente norteamericano Donald Trump, a través de Twitter.
"Brasil y Argentina han devaluado fuertemente sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores", escribió el titular de la Casa Blanca. "Por lo tanto –prosiguió-, con vigencia inmediata, restableceré las tarifas de todo el acero y aluminio que se envíe a Estados Unidos desde esos países".
En los mensajes publicados a través de la red social, Trump también dio instrucciones a la Reserva Federal para que “actúe” al respecto, a fin de que los países “no se aprovechen de nuestro dólar fuerte” para comerciar sus productos.
“Esto hace que sea muy difícil para nuestros fabricantes y agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojar - ¡Fed!”, insistió.


02 de diciembre de 2019
Volvieron a subir naftas y prepagas y en el supermercado las remarcaciones no paran

Despedida con una última suelta de precios

Las petroleras anunciaron este domingo una nueva suba de hasta 6,5 por ciento en el valor de los combustibles y en apenas un mes el incremento llega al 17,8 por ciento. Las prepagas treparon otro 12 por ciento.

Luego de haber iniciado la gestión diciendo que combatir la inflación iba a ser una tarea fácil, el presidente Mauricio Macri se va del gobierno echando cada día más leña al fuego de los precios. Las petroleras anunciaron este domingo una nueva suba de hasta 6,5 por ciento en el valor de los combustibles y en apenas un mes el incremento llega al 17,8 por ciento. Además, comenzó a regir otro aumento de 12 por ciento en las cuotas de las prepagas y en el año el ajuste es de 61 por ciento. En el rubro alimentos la situación directamente está fuera de control con subas generalizadas ante la pasividad de un gobierno que nunca se preocupó demasiado por controlar precios, pero que, según advierten las asociaciones de consumidores, desde la derrota en las elecciones pareciera haber tirado la toalla definitivamente.

Naftas
Luego de la derrota en las elecciones primarias, el gobierno anunció un congelamiento del precio del crudo y los combustibles para intentar revertir el resultado, pese a que el dólar había subido 25 por ciento al día siguiente de las PASO. Una vez consumada la victoria de Alberto Fernández en primera vuelta, la reacción fue exactamente la contraria. A comienzos de noviembre se autorizó un incremento de 5 por ciento pese a que el congelamiento todavía no había terminado. A mediados de noviembre, cuando se puso fin al control, llegó otro incremento de 5 por ciento y ahora un nuevo retoque de hasta 6,3 por ciento con el que las empresas se anticipan al acuerdo de precios y salarios que busca impulsar el próximo gobierno. De este modo, en apenas un mes la suba llega casi al 18 por ciento.
En la Ciudad de Buenos Aires, la petrolera YPF que concentra el 55 por ciento del mercado aumentó la nafta súper de 50,19 a 53,34 pesos (6,3 por ciento) y la premium de 57,94 a 61,54 pesos (6,2), mientras que el gasoil común lo ajustó de 46,99 a 49,94 pesos (6,3) y el premium de 54,99 a 58,44 pesos (6,3 por ciento). En el año, YPF incrementó 43,3 por ciento su nafta súper, 41,9 por ciento la nafta premium, 43,3 por ciento el gasoil común y 43 por ciento en gasoil premium.
La brasileña Raízen, que controla las estaciones de servicio de la marca Shell informó, por su parte, que subió la nafta súper de 50,64 a 53,99 pesos (6,3 por ciento), la premium de 58,56 a 62,39 pesos (6,5), el gasoil común de 49,34 a 51,99 pesos (5,4) y el gasoil premium de 55,98 a 59,39 pesos (6,1 por ciento). En el año, Raizen su nafta común un 42,1 por ciento, la premium un 41,8, el gasoil común 44,5 y el gasoil premium un 41,5 por ciento.
A su vez, Axion, la marca que le disputa el segundo lugar a Shell, informó que en la Ciudad de Buenos Aires la nafta súper trepó de 50,29 a 53,67 pesos (6,7 por ciento), la premium de 58,34 a 61,98 pesos (6,2), el gasoil común de 48,28 a 50,98 pesos (5,6) y el gasoil premium de 55,85 a 59,13 pesos (5,9 por ciento). En lo que va del año, el aumento acumulado en las estaciones de la Ciudad de Axion es de 41,6 para la nafta común, 40,1 por ciento para la nafta premium, 41,7 por ciento el gasoil común y 40,8 por ciento el gasoil premium.

Prepagas
Este domingo entró en vigencia el nuevo aumento de 12 por ciento autorizado a las prepagas. Es la sexta suba consecutiva: 5,5 por ciento en julio, 6 en agosto, 6 en septiembre, 4 en octubre, 4 en noviembre y ahora 12 por ciento. También hubo subas en febrero (5,5) y en mayo (7,5). De esta forma, en todo 2019 hubo ocho aumentos que acumulados ascienden al 61 por ciento, una cifra mayor a la inflación, que se espera que ascienda al 55 por ciento, según el Banco Central.
Con esas subas porcentuales, el precio de una prepaga llega hasta 12 mil pesos para un joven de 30 años en un plan premium. Para el caso de un matrimonio con dos hijos menores a 21 años, asciende a 35 mil pesos. Como informó PáginaI12, esto equivale al pago de un alquiler de un departamento de 4 ambientes en el barrio porteño de Recoleta, Así se desprende de datos proporcionados por ElegiMejor.Net, una plataforma online que compara planes de medicina prepaga. Se trata de precios para personas en relación de dependencia, que por ley no pagan el IVA y pueden derivar aportes. Para afiliados particulares o autónomos, los valores suelen ser un 10 por ciento superiores.

Alimentos
En los supermercados las últimas semanas ya parece una zona liberada para las ramarcaciones. Los precios de almacén, congelados, perecederos, perfumería y limpieza subieron un 10 por ciento en las últimas dos semanas en un contexto donde las remarcaciones se producen cada vez más seguido.
La canasta navideña de este año llega con un aumento promedio del 56,4 por ciento respecto de 2018, según el relevamiento de Consumidores Libres. Los principales aumentos fueron para los frutos secos, como avellanas, almendras y nueces, con alzas de entre 75 y 85 por ciento. Esto encareció también la elaboración del pan dulce, que secunda en el ranking con un aumento del 63,1 por ciento, según el estudio que realiza la asociación que conduce Héctor Polino.
En el caso de la carne, para este verano los frigoríficos anticipan que la carne vacuna al público subirá en promedio un 40 por ciento y lo justifican en la presión que ejerce en los precios internos la mayor demanda desde China. Otro factor es el menor control sobre la cadena comercial.
El gobierno lo oficializó a través del decreto 796/19

Excluyen a las provincias del reperfilamiento

Esto significa que cobrarán en tiempo y forma los títulos públicos nacionales que tengan en su poder. Con estos cambios, el sector privado es el único que se verá impactado por la reestructuración de la deuda de corto plazo.

El Gobierno excluyó a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires del reperfilamiento de deuda. Esto significa que cobrarán en tiempo y forma los títulos públicos nacionales que tengan en su poder. Con estos cambios, el sector privado es el único que se verá impactado por la reestructuración de la deuda de corto plazo, anunciada por el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, a fines de agosto . Cuando pasaron solo 3 meses de ese anuncio, el Gobierno admite que la aplicación generó “desequilibrios financieros” en distintas jurisdicciones.
Además de las provincias y la Ciudad, serán excluidas del reperfilamiento sus entes descentralizados. Así lo indica el texto del decreto 796/2019, publicado este viernes en el Boletín Oficial: "Exclúyese de la postergación prevista en el Decreto N° 596 del 28 de agosto de 2019, a los títulos representativos de deuda pública nacional de corto plazo, cuya tenencia registrada al 31 de octubre de 2019 y titularidad a la fecha de pago corresponda a la Administración Pública No Financiera de las Provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comprendiendo a estos efectos su Administración Central, Organismos Descentralizados, Fondos Fiduciarios, Cuentas Especiales e Instituciones de la Seguridad Social", puntualizó el DNU.
Por su parte, el texto también detalla qué pasará con los títulos cuya fecha de pago original ya venció. “Serán cancelados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se reciba esa información o de la publicación del presente decreto, la que ocurra última", detalla. Además, el decreto también ordena a las provincias a informar al Ministerio de Hacienda los detalles de los títulos: el valor nominal original, el intermediario financiero, la titularidad, la depositaria local en la que estén registradas las respectivas tenencias y las Claves Únicas de Identificación Tributaria (CUIT) bajo las cuales registran los títulos comprendidos.
El reperfilamiento de la deuda de corto plazo en pesos fue una de las primeras medidas de Lacunza al asumir en Hacienda, en un contexto de volatilidad del tipo de cambio y desplome diario de las reservas del Banco Central. Fue una de las decisiones de Lacunza que recibió más cuestionamientos ya que acrecentó la corrida bancaria por el temor de muchos sectores a ser los próximos en la fila. Esta situación terminó derivando luego en la aplicación del primer "cepo" cambiario anunciado el 1 de septiembre.
A 3 meses del reperfilamiento, el Gobierno admite ahora que la aplicación generó “desequilibrios financieros en algunas jurisdicciones locales y condiciona el cumplimiento de las obligaciones a cargo de ellas”. Esperan que esta decisión adoptada contribuya al “fortalecimiento de las autonomías de esos entes, a la sustentabilidad de sus esquemas fiscales y a su pleno funcionamiento”.
Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que este decreto es “bueno” para las provincias, dado que se normaliza el pago de LETES y LECAP, según consignó la agencia estatal Télam. “Queda pagarles aproximadamente un 25 o 30 por ciento del monto original, equivalente a unos 350 millones de pesos que se cancelarán en moneda local. No quedaba tanto porque se les fueron recomprando a las provincias que tuvieron vencimientos y tenían deudas que pagar”, agregaron.
Ni los sectores de altos ingresos son ajenos a renunciar a las primeras marcas

Contra la inflación, la opción es ir a marcas más baratas

La estrategia de los consumidores es migrar a segundas o terceras marcas, un comportamiento que se fue extendiendo desde 2016 a la fecha, indican los estudios de mercado.

Las llamadas "primeras marcas" en el consumo masivo pasaron de representar el 69 por ciento del mercado nacional en 2015 al 61 por ciento en la actualidad. Esa diferencia fue cubierta por el avance de las segundas y terceras marcas y las marcas propias de los supermercados. "Las caídas de consumo registradas durante la mayor parte de los últimos cuatro años tienen un correlato con la inflación: a más inflación, menor consumo. Y aunque se registran impulsos de consumo intentando proteger el poder adquisitivo -comprando electrodomésticos, materiales de construcción o pasajes en cuotas para quienes no quieren resignar escapadas-, el salario siempre acaba perdiendo frente a la inflación, y esto se refleja en el traslado hacia marcas B, C o marcas propias", indica Guillermo D’Andrea, Director del Centro de Liderazgo en Mercados y Retail del IAE Business School, escuela de negocios de la Universidad Austral.
El informe la IAE marca que los sectores de más altos ingresos -ABC1- registran algún movimiento hacia marcas B e incluso hacia marcas propias, aunque se trata de un segmento que apenas representa un 10 por ciento del consumo total. En este grupo también sube la participación de productos más saludables, naturales, orgánicos y sustentables. En cambio, en los niveles medio bajo y bajo, que absorben el 87 por ciento del consumo, hay una fuerte migración hacia opciones más económicas. En este segmento se incluye a los 4 millones de titulares de la Asignación Universal por Hijo, 5 millones de asignaciones familiares, buena parte de los 7 millones de jubilados y el millón y medio de pensionados.
Según los estudios de la consultora Scentia, en las categorías de pañales y pizzas congeladas hay cambios hacia marcas B; en dulce de leche, crema y leche chocolatadas, hacia B y C, y en quesos, margarinas, congelados de carne, sardinas y puré instantáneo la tendencia es a moverse hacia marcas propias. "Es posible que las primeras marcas descubran que la marca propia es un viaje de ida para muchos consumidores, especialmente luego de la conducta novedosa de la actual caída persistente de consumo, en que varias primeras marcas parecen haber optado por cambiar volumen por precio, remarcando por sobre la inflación e incluso anticipando nuevos rebrotes, realimentándola en tanto perdían ventas. Refugiarse en el ABC1 difícilmente puede ser una estrategia de largo plazo para marcas de consumo masivo. Otras volvieron a la vieja fórmula de reducir tamaños, contenidos y envases, apuntando a retener clientes con el menor desembolso", evaluó D’Andrea.
Alberto Fernández recibió al embajador de Estados Unidos

Con promesas de colaboración

Prado visitó a Fernández junto a sus colaboradores y reiteró su disposición a ayudar con el FMI. Venezuela y Bolivia en la agenda.

El presidente electo Alberto Fernández recibió en sus oficinas al embajador de Estados Unidos, Edward Prado, con las formalidades del caso, que incluyó la presentación de los equipos de que trabajarán en el vínculo bilateral. La embajada norteamericana informó luego su predisposición a colaborar con el próximo gobierno y habló de los deseos de mantener en pie la "relación duradera" entre ambos países. Obviamente, en el encuentro se hizo un repaso de la convulsionada situación regional en la que el presidente electo dejó en claro su rechazo a una intervención extranjera en Venezuela y que lo sucedido en Bolivia fue un golpe de Estado, por lo que no habrá reconocimiento para la presidenta de facto Jeanine Añez, que no será invitada a su asunción. Por caso, a Nicolás Maduro tampoco.
"Lo más importante acá es lo gestual. No hicimos con ninguna otra embajada lo que se hizo con Estados Unidos, está claro que el vínculo con la Casa Blanca está en el tope de las preocupaciones para Alberto", comentaba uno de sus colaboradores, que recordaba el antecedente del llamado que le hizo Donald Trump unos días atrás. Aunque en esa ocasión quedó la idea de organizar una reunión bilateral, eso no se tocó en el encuentro de ayer y parece difícil que se concrete antes de fin de año dada la agenda de urgencias que deberá atender Fernández en cuanto asuma la presidencia. Pero, como en aquel diálogo, los norteamericanos de nuevo expresaron la intención de su Gobierno de colaborar en las negociaciones que vaya a encarar con el FMI.
Hubo dos partes de la reunión, en la primera no estuvo Fernández. Arrancó con el próximo canciller Felipe Solá, el muy factible embajador en Washington Jorge Argüello, el futuro jefe de Gabinete Santiago Cafiero y quien será encargado de Asuntos Estratégicos o algo en esa línea, Gustavo Beliz. Prado llegó acompañado de sus cuatro principales consejeros: la consejera general MaryKay Carlson, el consejero político Chris Andino, el económico Tim Stater y el cultural Silvio González. En ese tramo repasaron algunos temas generales sobre la relación bilateral en un tono cordial.

Beliz, por ejemplo, quiso saber sobre la continuidad de las misiones militares norteamericanas y de las "bases" que en su momento se dijo que Mauricio Macri había permitido instalar en el país. Pero los visitantes se excusaron diciendo que los temas militares corrían por otra cuerda, aunque aseguraron que no había bases en el país, sino simplemente misiones de entrenamiento que se hacían tanto aquí como en Estados Unidos. "En general la reunión fue en tono risueño, incluso se hicieron algunos chistes", comentó uno de los participantes.
Luego de ese tramo de presentación y repaso de temas bilaterales, llegó Alberto Fernández. Respecto al tema Venezuela, repitió algunos de los conceptos en los que dijo haber coincidido con el asesor especial de la Unión Europea para este tema, el veterano diplomático español-uruguayo Enrique Iglesias. "Hay que avanzar en una salida institucional negociada", definió. Lo mismo que su oposición a un bloqueo comercial porque eso significaría profundizar la crisis humanitaria que vive Venezuela. Iglesias se reunió el lunes con Fernández y ayer mismo, más temprano, con Solá. El diplomático se mostró sorprendido por lo visto en Venezuela, en donde dijo haber palpado lo que sea tal vez la crisis humanitaria más profunda vivida por un país sudamericano. Por eso, coincidieron, sería peligroso un movimiento que complique más lo que allí se vive.
Respecto al tema Bolivia, Solá recordó el repudio al golpe aprobado en la Cámara de Diputados a instancias del bloque del peronismo. Por eso, subrayó que no habría reconocimiento para Añez, ni será invitada a la jura del 10 de diciembre. No obstante, dijeron que si hay una salida pactada entre todas las fuerzas políticas para una nueva convocatoria a elecciones, la apoyarán.  Quedó claro que tanto en lo referido a Venezuela como a Bolivia la posición de Fernández es bien diferente a la del Departamento de Estado, pero los participantes del encuentro aseguraron haber encontrado comprensión de parte de la Embajada. La nueva gestión busca un equilibrio: una posición regional de línea progresista pero no necesariamente confrontativa con Washington, a la manera de Uruguay y México.
Apenas sobrevoló la cuestión del terrorismo. No quedó claro si hizo falta alguna aclaración en el encuentro pero los colaboradores de Fernández dejaron en claro que no está en sus planes analizar la derogación del decreto de Macri que declaró a Hezbollah como organización terrorista. Fue exactamente lo que días atrás le respondió el presidente electo a la embajadora de Israel, Galit Ronen, pero por algún motivo luego hubo versiones periodísticas que afirmaron lo contrario. Si bien en su momento desde el peronismo rechazaron que Macri califique así a una organización que tiene representación política en el gobierno del Líbano, ahora, revertir eso significaría entrar en una disputa innecesaria para una gestión que arranca con muchas urgencias que atender.
ECONOMÍA
21 de noviembre de 2019

El proyecto de Nielsen para blindar la exportación de hidrocarburos
Vaca Muerta: libre giro de divisas y retención cero
para las petroleras

El proyecto está siendo debatido y tuvo cuestionamientos internos, de quienes opinan que no son necesarias tantas ventajas para atraer inversiones.


Hay fuerte debate entre los especialistas del sector energético alrededor de un posible nuevo marco normativo con importantes beneficios para las petroleras que inviertan en Vaca Muerta. Guillermo Nielsen, economista de consulta de Alberto Fernández, planteó la idea de avanzar en los primeros días de gobierno con un nuevo esquema normativo para blindar las inversiones en Vaca Muerta e incluso circula un borrador de proyecto de ley con esas ideas. El “régimen para el desarrollo del gas natural licuado y sus actividades vinculadas” contempla la estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal, garantía cambiaria y derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación, acceso a divisas y giro de utilidades al exterior, devolución del IVA asociado a bienes de capital e infraestructura y deducción del impuesto a las Ganancias en gastos de exploración. Sin embargo, otros especialistas aseguran que no es necesario ofrecer tantos beneficios, sino que la clave pasa por determinar un sendero de precios competitivos y conseguir financiamiento para YPF.

La producción de hidrocarburos en los yacimientos no convencionales de Vaca Muerta para la exportación aparece como una posible generación alternativa de dólares genuinos y de renta para sostener el desarrollo de un programa industrial. Sin embargo, la posibilidad de exportar masivamente gas natural licuado está todavía lejos, ya que más del 90 por ciento se coloca en el mercado interno. La cuestión radica en cómo dar impulso a las inversiones de YPF y de otras empresas petroleras para seguir incrementando la producción y pasar a la fase exportadora. Este debate se da en un contexto de virtual cierre del mercado financiero internacional para la colocación de deuda soberana argentina y un escenario interno de alta inflación con escasa tolerancia para aplicar un sendero creciente de precios de las naftas.

El primer punto del borrador de proyecto de ley que el equipo de Nielsen estaría impulsando, con aprobación del mundo petrolero, es la estabilidad fiscal nacional, provincial y municipal para las empresas que invierten en gas. “La estabilidad fiscal alcanza a los impuestos directos, tasas, cargos y contribuciones, así como también a los derechos, aranceles u otros gravámenes a la importación o exportación”, dice la norma. “Cualquier alteración al principio de estabilidad fiscal dará derecho a los perjudicados a la compensación automática junto a intereses compensatorios”, agrega. El segundo punto consiste en la garantía cambiaria, que “alcanza al régimen cambiario vigente en la fecha de celebración del contrato de inversión –entre la petrolera y el Estado—hasta su terminación, incluyendo sin limitación el derecho de libre disponibilidad de la totalidad de las divisas provenientes de la exportación sin obligación de repatriación de divisas, el acceso a divisas y giro de utilidades al exterior”.

El proyecto también contempla la devolución del IVA asociada a la compra, importación y/o elaboración de bienes de capital o realización de obras de infraestructura y la deducción del impuesto a las Ganancias de gastos e inversiones en estudios geológicos, geofísicos y petrofísicos y perforación de pozos exploratorios, entre otros. Por otro lado, las importaciones de bienes de capital e insumos estarán exentas del pago de derechos de importación, aranceles de importación y tasas. La norma establece en cero las retenciones a la exportación de gas natural licuado. Adicionalmente, las regalías de los proyectos aprobados por el nuevo marco normativo serían del 5 por ciento en los primeros diez años y 10 por ciento en los diez años siguientes, para luego llegar a la alícuota general del 12 por ciento. Se contempla la posibilidad de dirimir conflictos entre las empresas y el Estado en tribunales internacionales.

El especialista Andrés Repar, del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz (IESO), es crítico de una iniciativa de ese tipo. “La estabilidad ata de manos al Estado en su política industrial. El supuesto blindaje de la actividad va en contra de la actividad misma. Lo importante es la relación con los precios internacionales, porque Vaca Muerta tiene una producción lo suficientemente interesante para atraer inversiones, no se necesita blindarla ni crear una zona franca. Lo que se necesita es conseguir financiamiento para YPF”, sostiene Repar.

Para Esteban Serrani, investigador Conicet en Idaes-Unsam, “el principal tema es cómo se construye un sendero de precios a la oferta. Como para que la inversión hidrocarburífera en exploración y explotación, que está en dólares, sea sustentable en el mediano plazo para un precio doméstico. Y el tema es cómo se armoniza un precio en dólares para la oferta y un precio interno desacoplado de la dinámica del tipo de cambio. Hay que ver el grado de déficit fiscal que el Estado está dispuesto a tolerar para financiar esa brecha. Ese es el esquema de mediano plazo que hay que pensar y articular".
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